Genero: JUSTICIA

  • José, Rosa y Eduardo: la vida a paso lento por las calles de Ciudad de Guatemala

    José, Rosa y Eduardo: la vida a paso lento por las calles de Ciudad de Guatemala

    Cada mañana José Ecuté engrapa pequeñas bolsas con manías y dulces  a un cartón. A sus 75 años camina casi tres kilómetros, desde la zona 6 hasta el centro de la zona 1 en la Ciudad de Guatemala, para venderlas. Cada bolsita cuesta un quetzal y debe vender suficientes para reunir los 400 que paga por la habitación donde vive y para comprar alimentos que la dueña del inmueble le ayuda a cocinar. En su pequeño cuarto están todas sus pertenencias: un colchón, dos fotografías, dos gorras, dos camisas, un pantalón y dos pares de zapatos. También tiene un pequeño radio viejo, pues le gusta escuchar marimbas.

    José fue un joven energético y trabajador, hijo de una familia que tuvo 12 hijos. Solo pudo estudiar hasta sexto primaria y en su juventud aprendió a conducir. Eso le aseguró un trabajo durante décadas. Todo cambió cuando sus ojos se llenaron de cataratas y solo pudo costear la operación de uno. Vive parcialmente ciego del ojo izquierdo y ahora no tiene licencia de conducir ni un trabajo más estable.

    Al lado de las estanterías prácticamente vacías del cuarto de José Ecuté, cuelga el cartón con los dulces y manías que sale a vender todos los días.

    En la actualidad, sus únicas fuentes de ingresos vienen de los dulces que vende en la calle, de la caridad de quienes lo ven caminando por la ciudad y de la amistad con uno de sus vecinos, un veinteañero que recolecta electrodomésticos descompuestos para extraer el cobre y venderlo como material reciclado.  

    En la pandemia, José fue una de las personas que, con un retazo de tela blanco salieron a las calles para pedir ayuda. A esta iniciativa se le llamó las «banderas blancas».

    «Me daba pena pedir dinero, así que una hija me regaló una máquina para pegar las bolsas de plástico y llenarlas de manía. A la gente le gusta más eso y de buen corazón me ayudan», cuenta. 

    A José se le humedecen los ojos. Fuera de su vista, dice, está saludable. El hombre de la tercera edad recuerda con tristeza que tenía una casa propia que  tuvo que dejar porque lo extorsionaban. La propiedad está abandonada.

    «No todos tenemos la dicha de tener lo que necesitamos, entonces debemos buscar la forma de encontrar la comida y gracias a Dios he encontrado formas de alcanzar esa ayuda», relata. 

    José Ecuté, de 75 años, está parcialmente ciego de su ojo izquierdo, del cual no ha podido costear la operación de las cataratas que padece.

    Una repostera sin estufa

    Rosa María de Flores camina con pasos lentos y pesados. Tiene 63 años y vive sola en una vecindad de la zona 6, en un pequeño y frío cuarto donde solo tiene una cama, una estufa que no funciona y un par de maletas con ropa de segunda mano que vende en el mercado local.

    Cada mañana le pide a su arrendataria que le permita cocinar algo para el desayuno. Luego va a un parque cercano para hacer ejercicios que le ayuden con su movilidad y, tras eso, prepara los objetos o prendas que pueda vender en la calle con la esperanza de recolectar el dinero para pagar su renta y quizás, eventualmente, reparar su estufa. En ella preparaba postres, como aprendió en un curso en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), para venderlos calientes en la calle, algo que le permitía tener más ingresos.

    Durante las tardes y noches, Rosa prende un radio que encontró en un paquete de enseres que le regalaron para vender. Con un poco de música ocupa el tiempo en hacer adornos o centros de mesa con envases de vidrio de café, botones, CD’s viejos o cualquier objeto que tenga a la mano. También los vende para costear sus alimentos.

    «Cuidar mi salud es lo que más me empuja a salir a vender», dice Rosa.

    Rosa María de Flores, de 63 años, en su habitación en un vecindario en la colonia Santa Luisa en zona 6, al lado de su cama y una estufa sin funcionar.

    Caminar en la calle para no morir 

    Eduardo Gómez López tiene 82 años y es originario de Santa Rosa. Cada madrugada sale de una pequeña habitación en la zona 1, donde vive solo para caminar a paso lento en las calles y recolectar monedas que le dan quienes van con prisa a sus trabajos. Luego, Eduardo se dirige a la Iglesia La Parroquia Santa Cruz, en la zona 6, a la parada de buses donde los conductores ya lo conocen y le dan permiso de subirse a pedir dinero.

    Al igual que José y Rosa, conseguir dinero en la calle es su única fuente de ingresos ahora. Eduardo fue albañil y plomero, pero por su edad y problemas de salud ya no encuentra trabajo.

    «Salgo a conseguir monedas para mi comida y para la renta, que son 400 quetzales mensuales. La gente me conoce en la calle, me llaman abuelo, y me ayudan», relata.

    Eduardo evita estar de noche en la calle y trata de volver a su habitación como mucho a las cinco de la tarde. A las 7 suele estar ya dormido en ese cuarto donde no hay más que un colchón, una mesa y un par de prendas de vestir.

    «Para mí la tercera edad es un poco difícil porque ya no se puede desempeñar un trabajo. Yo trato de mantenerme activo en lo que puedo», cuenta.  

    Eduardo Gómez López, de 82 años, sale de su cuarto hacia las calles y buses del centro de la Ciudad de Guatemala para pedir dinero y sobrevivir.

     José, Rosa y Eduardo no cuentan con pensiones estatales ni seguro médico. Sin embargo, José y Eduardo hacen gestiones para recibir apoyo económico en diferentes organizaciones privadas e instituciones públicas. Los tres  suplen sus necesidades de cada día caminando por la calle y dependen de la voluntad de quienes los voltean a ver.

     Una comunidad de amigos

    En estas tres historias hay algo más en común. Los tres son beneficiarios de Sant’ Egidio, un grupo de voluntarios y creyentes católicos que lleva más de tres décadas trabajando en Guatemala para apoyar a personas en situación vulnerable, como ancianos y niños de comunidades pobres.

    Los domingos cada quince días, la comunidad organiza un desayuno en la Iglesia San Sebastián, la que en el pasado dirigió Juan José Gerardi, asesinado por militares tras publicar el informe que reveló las masacres y matanzas cometidas durante el conflicto armado interno contra la población indígena de Guatemala.

    Cada dos semanas, uno de los salones de la casa parroquial se convierte en un punto de encuentro, compañía y amistad para decenas de ancianos que viven sus años entre la precariedad y la soledad.

    «Esos domingos yo me siento feliz porque sería muy triste no tener comunicación con nadie. Tengo más ambiente y amistades de personas de la tercera edad, como yo», explica Eduardo.

    Cada quince días decenas de personas de la tercera edad acuden a la Casa Parroquial San Sebastián para compartir un desayuno, actividad organizada por Sant’ Egidio, un grupo de voluntarios y creyentes católicos.

    Juan José González, voluntario desde hace 28 años en la comunidad Sant’Egidio, relata que el trabajo tiene expectativas más allá de solo entregar víveres y visitar a las personas de la tercera edad porque «todos somos ancianos en potencia». También planean crear proyectos donde las personas tengan acceso a un trabajo porque todavía se sienten útiles para la sociedad.

    «Alguien es pobre también cuando vive en soledad. Creemos que apoyando a los ancianos construimos una sociedad menos indiferente. Tenemos la esperanza de que en el futuro podamos tener una casa familiar, no un asilo porque allí se les institucionaliza y parecen cárceles, sino un lugar donde vivan con derechos y libertad», dice.

    Mónica Escobar Ladd, responsable del servicio de los ancianos en esta comunidad de voluntarios explica esta situación así: «una persona que ha podido tener una vida “normal”, cuando llega a ser anciano pierde muchas cosas, incluso casi sus derechos porque la sociedad los hace de menos, considera que ya no son productivos, que no sirven, que si ya no tienen fuerzas y hay que cuidarte eres un peso, en lugar de reconocer la gran riqueza que significa la sabiduría de los años y el tiempo vivido y lo que se puede compartir».

    La comunidad Sant’Egidio está abierta a recibir donaciones de víveres, medicina o enseres que les permitan seguir visitando y apoyando a las personas de la tercera edad en Ciudad de Guatemala. Para contactarles se puede seguir este enlace o escribir directamente a: santegidioguatemala@gmail.com.

  • Violaciones tras las rejas

    Violaciones tras las rejas

    Al momento de ser violadas tenían entre 12 y 16 años. La mayoría fueron escogidas por redes sociales y trasladadas en taxis, mototaxis y buses, bajo engaños o amenazas, a cuatro cárceles de hombres en Guatemala. Varias de ellas fueron abusadas sexualmente por más de un agresor y otras permanecieron en el lugar hasta 48 horas. 

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    Estos son casos de violencia sexual reales identificados por autoridades judiciales. Esta investigación de Nuestras Historias, Plaza Pública, Ruda, Prensa Comunitaria, Factor 4 y CONNECTAS recopiló los casos de 12 adolescentes víctimas del mismo patrón criminal: ante la mirada inútil y la falta de aplicación de la norma por parte de las autoridades penitenciarias, bandas delincuenciales las ingresaron a las cárceles para violarlas entre 2016 y 2024. 

    El equipo tuvo acceso a los expedientes de los casos, de los cuales solo uno tiene sentencia e involucran a una mujer. Por esa razón, y por los riesgos que aún corren las víctimas, el reportaje omite detalles específicos de cada uno de los casos. 
    Las investigaciones de las autoridades dejan en evidencia la estructura criminal que está detrás de cada adolescente violentada sexualmente en las cárceles. No se tratan de delitos por oportunidades. Las víctimas fueron movilizadas de zonas urbanas a otros municipios, departamentos o frontera del país. Los expedientes también muestran cómo en todos los casos los criminales pagaron por los traslados y la vestimenta que usaron las jóvenes para ingresar a las prisiones, así como por la captación que realizaron las proxenetas y por no dejar rastro de la visita. En al menos una ocasión también pagaron por el alcohol y las drogas que obligaron a ingerir a dos víctimas. 

    Por el momento, los agresores sexuales identificados involucran a cuatro pandilleros del Barrio 18, el hijo de un narcotraficante y dos reos vinculados con él. Esos reclusos, por el poder económico que ostentan y por el temor que infunden, ejercen control en las prisiones donde están recluidos, de acuerdo con varias de las fuentes consultadas.

    En las estructuras dirigidas por estos grupos, las proxenetas eran las encargadas de identificar a las adolescentes físicamente, obtener información sobre su entorno familiar o escolar, conocer sus necesidades económicas y afectivas.  Todas eran mujeres, tenían edades entre 19 y 35 años, cinco están en prisión preventiva y enfrentan un proceso judicial.  Ellas se encargaban de buscar el transporte para las adolescentes, acompañarlas hasta la entrada de la cárcel, pagar sobornos a los agentes penitenciarios y en ocasiones fingir que eran sus familiares.  Las proxenetas también dejaban a las adolescentes entre cinco horas a dos días dentro de las cárceles, posteriormente volvían por ellas y les pagaban para que regresaran a sus casas, generalmente por sus propios medios. 

    Para este reportaje se entrevistó a fiscales, policías especializados, un juez, exministros de Gobernación, organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y querellantes en varios de los casos que investiga la justicia. Todos advierten que es un problema más grande de lo que los datos permiten ver. 

    Por cada víctima de trata con fines de explotación sexual rescatada, treinta más son explotadas de forma clandestina y se encuentran ocultas, según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

    “Este es un tema de corrupción en primer lugar.  (También) es un tema de falta de infraestructura física moderna que permita que los reos puedan ser clasificados de acuerdo a su peligrosidad mínima, mediana, gran peligrosidad; en las que efectivamente el personal de seguridad y administrativo sean mucho más capacitados y profesionales y se utilice toda la tecnología de punta para los controles de los reos”, explica Julio Rivera Clavería, abogado y exviceministro de Seguridad en el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina. 

    En el último año la policía ejecutó dos operativos para rescatar a las víctimas y desmantelar las estructuras que permiten la explotación sexual de adolescentes en las cárceles.  En estas diligencias fueron acusados: 33 agentes penitenciarios, 11 miembros de bandas delictivas y siete reos. 

    Carlos Figueroa, fiscal contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP), hace referencia a los operativos y explica que este es un delito que ha perdurado en el tiempo. “Esto hay que verlo como un fenómeno que se ha suscitado en la sociedad durante varios años. No hay que verlo como un caso aislado, porque estos casos generalmente empiezan pequeños y terminan siendo unos monstruos. La trata de personas no solo da la posibilidad de investigar delitos conexos, como el lavado de dinero, sino también la participación de las personas en las diferentes fases del delito, por ponerle un ejemplo: el captador”, dice Figueroa. 

    En abril pasado, 31 diputados ponentes de las bancadas Semilla, Unidad Nacional de la Esperanza, Cabal, Azul, Visión con Valores, Voluntad Oportunidad y Solidaridad firmaron la iniciativa de Ley 6384, que pretende evitar este delito. En la justificación de esta propuesta se advierte que “los casos de violaciones de personas menores de edad dentro de los centros de privación de libertad han ido en aumento exponencialmente (…) son ingresadas por adultos y han sido víctimas de delitos de violencia sexual o trata de personas”.  

    Pese a que estas acciones de las autoridades advierten de un problema sistemático, esta investigación evidencia que no existen registros oficiales que permitan establecer la verdadera magnitud de este delito. Ni siquiera de estos 12 casos, que el propio Estado investiga, hay registros en la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) ni en las entidades encargadas de investigar y prevenir la explotación sexual y la trata de personas.

    El primer caso que se conoció fue en octubre de 2009, cuando se publicó la investigación periodística “Niñas y adolescentes son violadas en sector 11 del Preventivo”, en Diario La Hora, que reveló cómo la pandilla del Barrio 18 reclutaba y explotaba sexualmente a adolescentes. En ese año fungía como director de la DGSP, Eddy Morales y cuatro meses después asumió como ministro de Gobernación, Carlos Menocal, quienes intentaron controlar las acciones ilícitas de los presos.  

    Morales recuerda que realizaron requisas permanentes junto al bloqueo de la señal telefónica para controlar los centros penitenciarios. Implementaron nuevos anillos de seguridad que consistían en revisar a la visita antes de su ingreso a Fraijanes y al Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18. Además, no permitieron el ingreso de menores de edad a las prisiones (solo hijos de los privados de libertad) y regularon las visitas íntimas: la mujer debía acreditar que era esposa del reo. 

    “Bajo ese esquema empezamos a recuperar los centros, se hicieron traslados conforme a la ley.  A las estructuras criminales no les pareció y es aquí donde empiezan las amenazas y los ataques”, dice Morales. 

    Las medidas tomadas provocaron que, en junio de 2010, grupos de pandillas decapitaran a cuatro personas y colocaran las cabezas en puntos estratégicos del país con notas escritas a mano que decían: “Esto está sucediendo por todos los malos tratos e injusticias que hay en
    las cárceles del país. Si usted no le pone mayor interés y dedicación a los malos tratos que hay en las cárceles del país, de lo que acontezca en adelante hacemos responsables al Ministerio de Gobernación y al Sistema Penitenciario y a…”. 

    Los mensajes y asesinatos perduraron. Incluso los criminales dejaron el cuerpo desmembrado de una mujer frente a una radio popular de la capital guatemalteca. Para la fecha se presumía que el cuerpo era de una trabajadora del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18. También asesinaron al agente penitenciario Henry Giovani Estrada.  Los reclusos acusaban al ministro de la Gobernación y a Morales de “violar sus derechos”.

    Ilse Álvarez, doctora en Criminología y exviceministra de Seguridad entre 2005 a 2007, considera que el poder de estas bandas se debe a que la DGSP no puede ejercer control interno en las prisiones, debido al hacinamiento y al déficit de guardias penitenciarios, “los guardias tienen miedo a los privados de libertad”, resume Álvarez.

    Hasta la fecha nada, sobre el poder del crimen tras las rejas, ha cambiado. Solo en 2024 se conocieron públicamente 10, de los 12 casos que están en manos del sistema de justicia, lo que evidencia que las violaciones a adolescentes en las cárceles no ha parado y que las medidas de control para el ingresos se quedaron cortas ante un problema mucho mayor: la corrupción de agentes carcelarios.

    Descontrol y una política errónea 

    El análisis de los 12 casos judicializados deja en evidencia que, si la ley que regula el uso de teléfonos e internet en las cárceles se hubiese aplicado, ninguna de estas violaciones hubiese ocurrido. Nueve de las víctimas fueron seleccionadas y contactadas por redes sociales. Desde allí los mismos criminales “las enamoraban”, prometían regalos y les decían que con ellos nada les faltaría. En esos casos esto funcionó bajo engaño, las adolescentes no sabían que hablaban con un preso, además el agresor se ocultó bajo un nombre, fotografía y edad falsa.  En los otros tres casos no se les prometió nada, simplemente fueron amenazadas de muerte vía WhatsApp y por teléfono si no se trasladaban al lugar que ellos le indicaban. 

    Ilustración: Diego Sánchez

    Las tres víctimas amenazadas fueron abordadas por proxenetas que les ofrecían amistad y apoyo. Luego, fueron secuestradas o trasladadas bajo coerción. La coordinación de los traslados, horarios e ingresos a las cárceles también advierte de una coordinación telefónica entre los agresores y sus intermediarios.  

    En ninguno de estos casos se cumplió el reglamento de visitas a las cárceles, donde se establece que debe existir parentesco entre el recluso visitado y el niño, niña o adolescente que entra. Por ejemplo, una de las adolescentes ingresó para tener relaciones sexuales con “su novio”.  Entró acompañada de una proxeneta que no acreditó ningún vínculo familiar entre la adolescente y el reo que visitaba. A cambio le pagó Q25 (tres dólares) a los agentes penitenciarios para que evadieran esa disposición. Pero estos tres dólares no se comparan con los Q25,000 (3,000 dólares) que han pagado pandilleros con mayor rango dentro de la estructura criminal para que adolescentes pernocten hasta por tres días, explica un exfuncionario del Mingob, que pide el anonimato. 

    Las entrevistas realizadas reflejan que en una ocasión un agente penitenciario que cuidaba el ingreso a una de las prisiones donde se han identificado casos de explotación sexual, le cuestionó a una adolescente si “iba a prostituirse”. Ella le dijo que sí. Aun así, le permitió el ingreso y la dejó desprotegida. No la registró en el sistema, tampoco le pidió su certificado de nacimiento que acreditara su edad, ni el parentesco con los reos a los que visitaba. Además, en Guatemala, las relaciones sexuales entre un adulto y una persona menor de 14 años, edad de la víctima, están prohibidas y tipificadas como violación. Y, para remate, la prostitución no es permitida en las cárceles, las visitas íntimas solo están autorizadas para las cónyuges o parejas.

    Ilustración: Diego Sánchez

    La omisión fue peor en el caso de las últimas dos víctimas conocidas, explotadas sexualmente después del establecimiento del Protocolo de Atención Especializada a niñas, niños y adolescentes con referentes familiares privados de libertad en los diferentes centros de prisión preventiva y de cumplimiento de condena a cargo de la DGSP.  La normativa, vigente desde 2022, además de la norma básica que ya dicta el reglamento de visitas, establece que se deben registrar los ingresos y egresos de menores de edad, debe estar acompañado permanentemente de un familiar o responsable y la visita debe estar supervisada por el personal penitenciario. 

    Los expertos coinciden en que el eslabón clave de la DGSP que permite la ejecución de este y otro tipo de delitos son los agentes penitenciarios. Situación que empeoró en 2015, cuando los guardias fueron ascendidos a directores y subdirectores de centros de detención por orden de la exministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, a quien se le contactó telefónicamente, se le enviaron mensajes y audios por WhatsApp, pero no respondió. 

    Ilustración: Diego Sánchez

    A criterio del investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Walter Menchú, no existe carrera penitenciaria que tenga perfiles especializados porque los agentes pueden estar en la custodia de reclusos, en las carceletas, en vigilancia o traslado de reos.  Su formación es de seguridad y no de dirección y gestión. “No es por denigrar al guardia, pero no ha sido capacitado, formado, ni ha llevado cursos en ese trabajo en específico. Entre esa mezcla que es guardia y luego es director, lo rotan y lo mandan de nuevo a guardia. Es dañino para la institución”, argumenta.

    Para el abogado Julio Prado, quien trabajó en la Fiscalía contra el Crimen Organizado, en la Unidad contra Trata de Personas del MP entre 2007 a 2011, “tiene que ver con la falta de una adecuada policía penitenciaria que vive en condiciones difíciles, poco favorable para que sea una policía transparente y hay un eje que no hay que dejar por fuera que es que la masculinidad está presente tanto en esos cuerpos policiales como en las autoridades e internos. No se ve a las víctimas como tales, sino que seguramente lo que se ve es a una persona que está haciendo ganancias lícitas dentro del penal a través de la explotación sexual. Eso tiene que ver por la forma en que los hombres ven a las mujeres, como objeto”. 

    Actualmente, tras los operativos del último año, las autoridades penitenciarias han puesto a disposición del MP a 33 agentes penitenciarios involucrados en estos casos, pero tras contar con una medida sustitutiva y quedar en libertad (por lo menos hasta que se compruebe su culpabilidad o inocencia en las acusaciones en su contra) han regresado a la institución en áreas donde no tienen contacto con los reos.  Además,  el actual director de la DGSP, Sergio Vela, asegura que supervisan el ingreso de menores de edad a las prisiones y capacitan al resto de su personal sobre este tema. Vela también explicó que han mantenido conversaciones con las dos empresas de telefonía que funcionan en el país, para bloquear la señal de celular y evitar el acceso a datos. 

    Las autoridades también aseguran que están tomando medidas para mejorar el perfil del agente penitenciario.  A inicios de noviembre, la viceministra de Seguridad, Claudia Palencia, comentó que entre las medidas tomadas para controlar las cárceles se incluyen la evaluación de los guardias y nuevos protocolos de actuación. Para Palencia el principal problema del sistema carcelario es la corrupción. Vela, por su parte, informó que en 2025 implementará la carrera penitenciaria para formar a los guardias, quienes, admite, hasta hoy continúan como directores de centros carcelarios, a excepción de Renovación 1.

    La magnitud del abuso

    En el año 2018, el MP conoció la primera denuncia de explotación sexual del caso “Adolescentes en peligro” y estableció una serie de prioridades que consistían en brindar seguridad a las menores de edad que fueron víctimas de grupos del crimen organizado, por eso el ente investigador estableció plazos para ejecutar órdenes de aprehensión y realizar allanamientos, dice el fiscal Figueroa. 

    Sin embargo, no existen registros de las 12 víctimas en el Ministerio de Gobernación a cargo de la DGSP ni en la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), a quienes se le requirieron estadísticas de denuncias o número de víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Las unidades de información pública del MP tampoco cuentan con la información, argumentaron que “no es posible determinar si los hechos ocurrieron en las cárceles a nivel nacional, ya que el SIFT (Sistema Informático Fiscal y Técnico) es un área técnica y no de análisis criminal”. Solo la Procuraduría de Niñez y Adolescencia confirma el registro de 10 de los 12 casos que tienen las organizaciones sociales. 

    Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, una organización social que promueve la transparencia en la gestión pública, califica la falta de registros como una “irregularidad”, porque las instituciones deberían documentar lo qué sucede y evitarlo.

    Ilustración: Diego Sánchez

    “Las instituciones que competan se deben sentar y trabajar conjuntamente como Estado, no deben tener ese pimponeo de evasión de responsabilidades, tiene que haber un liderazgo.  El liderazgo lo debe llevar el Ministerio de Gobernación, empezar a coordinarse como levantar la información y construir esos registros”, argumenta Marroquín. 

    Prado inició la investigación de explotación sexual de adolescentes en el año 2009, pero cuenta que enfrentó una serie de desafíos como el silencio de posibles testigos, impulsado por la capacidad de las pandillas de infundir miedo.  En ese año una adolescente fue violentada tan gravemente que fue rescatada por los bomberos en la cárcel y trasladada a un hospital para su atención médica. El abogado buscó a las víctimas por medio de los posibles trasladados que realizaron tres cuerpos de socorro, pero tampoco obtuvo información.  No continuó con la investigación porque sus funciones dentro del MP cambiaron. 

    Los bomberos trasladan a reos, guardias o visitantes cuando ocurren hechos de violencia o de otra índole, debido a que por falta de personal médico y de enfermería no pueden ser atendidos dentro de los penales, sino en los hospitales públicos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

    En seguimiento a este antecedente, el equipo consultó a los Bomberos Voluntarios, Municipales y  Departamentales, pero dijeron que tampoco tienen registro de estos casos. “Esa estadística es inexistente en nuestros archivos, ya que cuando llegan los paramédicos de Bomberos Voluntarios, entre sus funciones no está determinar la causa de lo sucedido, sino atender al paciente y trasladarlo a algún nosocomio, será el Ministerio Público quien, por sus métodos de investigación, pruebas científicas, en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, determinarán las causas de este suceso”, respondieron los Bomberos Voluntarios. 

    Los casos de explotación sexual revelados este año involucran a 33 agentes penitenciarios, que han sido acusados únicamente por incumplimiento de deberes y no por trata de personas. La Fiscalía se abstuvo de comentar sobre las razones de esta acusación porque argumenta que está pendiente la audiencia de etapa intermedia y no puede revelar los aspectos técnicos que se discutirán.

    Sin embargo, para el abogado Marco Antonio Canteo, consultor nacional e internacional en procesos de reforma judicial, con más de 20 años de experiencia, en casos de explotación sexual de menores de edad se debe aplicar la ley adecuadamente: “Este tipo de fenómenos criminales tan graves, como lo es la trata de personas en los centros carcelarios, cuando se trata de niñas y adolescentes, necesita que las autoridades le den prioridad. Para ello no valen excusas como vacíos en la legislación, que se confundieron, que hubo un error de interpretación, no cabe.  Se trata de obligaciones internacionales y nacionales que todas las autoridades del Estado, incluyendo los operadores de justicia deben cumplir”. 

    En cambio, Zoel Franco, abogado experto en temas de privación de libertad y quien laboró por 17 años en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), una entidad que realiza investigación jurídica social desde 1994, explica que las primeras imputaciones se realizan con base a los indicios identificados, pero en las diferentes etapas de investigación los delitos podrían cambiar y esto podría reflejarse en el acto conclusivo de la investigación. 

    Precisamente, esto fue lo que ocurrió en una sentencia de 2018, donde una mujer fue condenada por trata de personas.  Bajo amenazas de muerte captó y trasladó a dos adolescentes para ser explotadas sexualmente en la cárcel El Boquerón. 

    Inicialmente, esta mujer fue acusada por inducción al abandono del hogar, pero el delito fue modificado por el juzgado por trata de personas y se le condenó a 11 años de cárcel. En el proceso se confirmó que hubo captación, traslado y acogida con fines de explotación sexual.  No se trataba solo de una inducción al abandono del hogar.  El MP argumenta que desde el inicio del proceso solicitó que fuera ligada a proceso por trata de personas.

    De momento las autoridades del Mingob y de la DGSP confían en que los protocolos de seguridad que implementarán en la cárcel con el nombre Renovación I (una de las 23 a su cargo), marcará cambios en la administración de las prisiones.  

    Por su parte, la vicepresidenta Karin Herrera, una de las funcionarias que ha impulsado la iniciativa 6384, a través de los diputados oficialistas, comenta que espera que la normativa sea aprobada por el Congreso de la República.  El proyecto de ley recibió dictamen favorable el pasado 24 de octubre. Sin embargo, el avance de la normativa depende de las prioridades que establezca el Organismo Legislativo. 

    A 15 años del conocimiento público del primer caso de explotación sexual en una cárcel guatemalteca, solo ha sido sentenciada una proxeneta. Mientras, el control de las prisiones y la corrupción de los agentes penitenciarios, todavía representan un reto para las autoridades de la DGSP y del actual gobierno.

  • «Nunca conocimos a ese vato, pero lo amamos»

    «Nunca conocimos a ese vato, pero lo amamos»

    Melani Coyoy:

    Con unos metros de distancia y separados por una malla, conviven un partido de fútbol y un concierto de rap. Sentados en sillas plásticas, un grupo pequeño observa el concierto. Aplauden y escuchan con atención las rimas de quiénes se suben al escenario de concreto. Al lado, varios hombres no saben si ver el concierto o dar instrucciones a los jugadores que están en la cancha frente a ellos. Atrás del escenario y del partido, hay una escuela donde varios grafiteros hacen murales.

    Todo ocurre en el mismo lugar. La escuela, la cancha, los murales, el concierto y el lugar tienen algo en común: A Mario Alioto López Sánchez.

    Sonido ambiental:

    ¡Mario! – ¡Alioto! – ¡Mario! – ¡Alioto! -Si yo digo Mario, ustedes dicen -Alioto

    Melani Coyoy: Mario Alioto López Sánchez era un estudiante de derecho en la única universidad pública de Guatemala: la Universidad de San Carlos o Usac. También  participaba en la asociación de estudiantes de su carrera.

    Nació el 11 de junio de 1974 y murió cuando tenía 20 años, el 12 de noviembre de 1994.

    En aquella época había protestas por el aumento al pasaje en transporte público. Las rutas de 65 centavos aumentarían a un quetzal y las de 90 centavos, a un quetzal con 25. Los estudiantes se organizaron para bloquear una de las entradas de la Usac, en la avenida Petapa de la zona 12 de la capital.

    Había tensión. Los estudiantes se exponían solo por el hecho de manifestar, pero no imaginaron lo que estaba a punto de pasar.

    Francisco Sánchez:

    No pensamos que fuera a entrar la policía, se logró detener el avance de un carro de policías que tiraba agua, ¿verdad? Bueno, empezamos a ingresar a la universidad y pues abrió fuego la policía.

    Melani Coyoy:

    Francisco Sánchez, mejor conocido como Paco, es integrante  de la fundación H.I.J.O.S Guatemala, una organización dedicada al rescate de la  memoria histórica. Paco estuvo ahí, en las manifestaciones que empezaron el 11 de noviembre de 1994, un día antes que muriera Mario Alioto

    Francisco Sánchez:

    Recuerdo que empezamos a tratar de correr para pues evidentemente salvarnos y varios compañeros cayeron heridos. Recuerdo que se trataba de regresar, pero la gente decía que era imposible regresar porque estaban abriendo fuego.

    O sea en la entrada de la Petapa antes, no sé cómo está, hay un parqueo al lado izquierdo. Entonces muchos en grupo nos resguardamos ahí y estábamos así como sentados en el suelo y empezamos a ver que del lado de la de la colonia de enfrente, había policía como acostada y en las paredes (que nosotros estamos ahí se) empezaron a recibir impactos de bala, verdad.

    Melani Coyoy:

    La universidad es una entidad autónoma. Sin embargo, la policía entró. Los agentes eran de la recién creada Fuerza de Reacción Inmediata de la Policía Nacional. Faltaban dos años para la firma de la paz en Guatemala y no existía la Policía Nacional Civil.

    Este es un audio extraído de «Claveles y Esperanza» un documental que hizo la asociación Comunicarte. En las imágenes se ve a un estudiante con sangre en la cara y a dos policías custodiándole.

    En la siguiente escena hay al menos 20 policías agazapados, algunos con escudos y bastones. Otros  apuntando con armas. Incluso se ve a un periodista en la misma posición para tomar fotos a los policías.

    Quien se queja por no poder respirar es Mario Alioto López Sánchez. Está en el suelo y no puede levantarse, sus pantalones están rojos por su propia sangre. Tiene una  herida en la pierna izquierda. Los policías pasan y le dejan sobre las piernas un escudo de plástico que dicen en letras blancas «policía».

    Mario, como puede, se quita el escudo varias veces.

    Mario Escobedo:

    Puedo recordar que hubo un momento en que la asociación de estudiantes universitarios, luego de la muerte de aquel, hubo una revaloración de cosas. A nosotros nos invitaron a participar en la reunión. Y entonces se hablaba de cuál era el sentido que tenía que tener el movimiento estudiantil. Si era de seguir adelante, de tomarse un impasse y pensar bien las cosas. Entonces hubieron tantas posiciones que las manifestaciones siguieron. Y ahora  no solo se sumaba la cuestión del transporte sino reivindicar la situación especial de Mario Alioto López Sánchez.

    Melani Coyoy:

    Mario Escobedo era estudiante de sociología en 1994. Aunque no conocía a Mario Alioto más que por las reuniones de estudiantes en las que coincidían, fue al  funeral que organizó la familia en su hogar.

    Mario Escobedo:

    Yo recuerdo, yo sí llegué a su casa. Llegamos varias personas, se llenó, era una barbaridad de gente que había en ese momento. Tal vez ahí sí, uno se da cuenta, quién era Mario Alioto porque mucha gente llegó por él y hablaron sobre él y cómo lo conocieron. cómo inicio,  él era muy joven.

    Melani Coyoy:

    Las agresiones y el asesinato de estudiantes universitarios no era algo nuevo en Guatemala. Era parte de la represión estatal. Sin embargo, en el caso de Mario Alioto, los medios de comunicación habían registrado imágenes de la gravedad de sus heridas y varias personas habían sido testigos de los golpes que le dio la policía cuando estaba herido en el suelo.

    Había pruebas. La violencia estaba documentada.

    María del Rosario Acevedo:

    Utilizando también el megáfono que en ese momento portaba, pese a haber recibido la advertencia de los periodistas de que si seguía golpeándolo lo iba a matar.  Y al persistir en esta actitud le provocó al agraviado trauma torácico abdominal en cuarto grado, quien falleció el 12 de noviembre de 1994 como consecuencia de los hechos relacionados, actitud dolosa cometida por usted, que tipifica los delitos de lesiones leves, lesiones graves y asesinato.

    Melani Coyoy:

    Era agosto de 1997 y en el debate público por el asesinato de Mario Alioto, María del Rosario Acevedo, fiscal del Ministerio Público le hablaba al policía Carlos Venancio Escobar Fernández, quien fue acusado como autor material.

    Como autores intelectuales fueron acusados: Danilo Estuardo Parrinello Blanco, que era ministro de gobernación. El Coronel Alfredo Mérida, viceministro de gobernación y Salvador Figueroa, Director de la Policía Nacional. Los funcionarios fueron condenados a 10 años de prisión, pero apelaron la condena y fueron absueltos.

    A Escobar Fernández lo condenaron a 30 años de prisión, luego le redujeron  la pena a 10.

    30 años han pasado desde el asesinato de Mario Alioto. Quizá su historia se haya diluido mientras contamos otras violencias, otras formas de represión, pero en la zona 4 de Villa Nueva, su nombre está por todos lados.

    Ahí se encuentra el asentamiento Mario Alioto López Sánchez, una comunidad que empezó cuando varios trabajadores tomaron el lugar para vivir en él. La cancha de fútbol y la escuela que están a la entrada también llevan su nombre.

    Según la Municipalidad de Villa Nueva, en el asentamiento vivían aproximadamente 55,000 personas en 2019. Ahora se ven casas de varios niveles, tiendas, ventas de comida y una comunidad organizada, que no existían cuando el asentamiento inició en 1995.

    Wilbert Lorenzana:

    Yo vengo a Mario Alioto desde que tenía 9 años, entonces estoy desde el 16 de octubre de 1995, un día después de haber tomado estas tierras.

    Melani Coyoy:

    Wilbert Lorenzana, conocido como Wallace, recuerda cómo inició el asentamiento que pronto cumplirá 30 años.

    Fue en un terreno enorme que había esperado a ser ocupado por un proyecto del Banco Nacional de la Vivienda Los espacios ya estaban medidos, pero la obra nunca había prosperado.

    Algunos trabajadores del gobierno ocuparon el terreno y la noticia se extendió entre otras personas que trabajan en maquilas cercanas o simplemente aquellos que buscaban un lugar dónde vivir.

    Los primeros días fueron duros, no había mucho con qué protegerse del frío de la noche, pero ese sería el hogar de Wallace  por muchos años.

    Wilbert Lorenzana:

    Yo recuerdo que el primer día mi techo fueron las estrellas, o sea, literal el cielo. Ese día qué buena onda, que no llovió, pero sí, recuerdo que fueron las estrellas un cielo no sé oscuro, pero había luz, no, no recuerdo que hubiera luna.  Y así nos tocó a muchos, (o sea) literal cuatro paredes y no sé unas 10 ó12 yardas de nylon del más grueso, digamos, y eso era lo que con lo que forraban como su primer espacio para poder, vivir, ¿verdad?, para poder estar.

    Melani Coyoy:

    Dice Wallace que las personas no construyeron de inmediato porque nada les aseguraba que se reconociera como suyo.

    Wilbert Lorenzana:

    Este primer territorio, digamos en tomarse tenía bases. Entonces, estaba el monte súper alto, pero cuando tú chapeabas entonces encontrabas las bases, entonces ya te decía cuál eran los límites de tu terreno. Pero como todavía no había como tanta infraestructura, digamos entonces la bandita, o sea, con paralitos y todo eso iba como haciendo sus cercos.

    Entonces vos venías y podías pasar (de una) de un lote a otro como: permiso y pasadas en el patio del otro y ya y: ¿qué tal?, buenos días.

    Melani Coyoy:

    Wallace estudió ahí, en la escuela Mario Alioto.

    Wilbert Lorenzana:

    El periodo escolar de 1996, nosotros ya recibimos clases acá. Entonces ellos, o sea, las personas que se organizaron para tomar las tierras, ya venían organizados y ya traían como esa planificación que era muy importante que elos chavitos y las chavitas que estuviéramos acá, no perdiéramos ese año de estudio, ¿verdad? Porque iba a ser (como) difícil tú mudarte. Digamos, en mi caso, de la ciudad para el pueblo, verdad, ¿eh? No conocer, digamos, la zona, no identificar todavía las cosas, entonces iba a ser como muy difícil, entonces ellos trajeron la educación también. Entonces fue muy importante porque tuvimos dónde educarnos desde el principio.

    Melani Coyoy:

    La familia de Wallace venía de la colonia La Florida, en la zona 19 de la capital. Habían escuchado de la organización para la toma de las tierras y decidieron unirse.

    Wilbert Lorenzana:

    A mi papá le tocó ser representante de sector porque eso era una parte de la organización, o sea todos los sectores tenían dos responsables, digamos de cara a cara. Entonces  de un lado de la de la cuadra había un representante y del otro lado, entonces todas las semanas se sesionaba y habían rondines para cuidar y algo bien peculiar, acá si había algún tema de inseguridad se sonaba un silbato. Y a la hora de escuchar ese silbato, todo se alertaban y ya sabían que algo estaba pasando, entonces era como el silbato servía para dos cosas, o sea,  si podía salir a ayudar, salías ayudar y si no la otra ‘resguardate’ porque algo está pasando.

    Melani Coyoy:

    Wallace acompañaba a su papá a las reuniones de organización. Ahí escuchó el nombre de Mario Alioto. Más adelante se interesó en los movimientos artísticos dentro de la comunidad.

    Así llegó a Ikí Balam. Un grupo de jóvenes dedicados al arte, especialmente al teatro, que entretenía y formaba a los jóvenes del asentamiento Mario Alioto. Era un lugar de tregua, así lo explica Brayan Cordova.

    Brayan Córdova:

    Un grupo de chavas y de chavos, que se juntaban a hacer arte y hacer la paz, o sea, estar en paz, haciendo arte. En el contexto más real de la situación es que llega Miguel Gaitán aquí a Alioto a través de unos procesos que le estaba haciendo, procesos que estaba haciendo en la cárcel y que a través de eso le permite a él poder entrar en contacto con familiares como con nenes, nenas, familiares de las personas que estaban en la cárcel. Un poco la idea es como poder hacer algo para que esas infancias tengan otras posibilidades de compartir. Y en ese juego, pues básicamente lo que sucede es que dentro de ese espacio de formación de Ikí Balam confluyen gente que está organizada en una pandilla y en otra y se da esta especie como de tregua, vamos decir, para que la mara pueda estar allí para convivir y aprender.

    Luego eso trasciende a una segunda generación que es a la que yo me integré, va un poco viendo a todos.

    Melani Coyoy:

    El arte llevó a Miguel Gaitán a la comunidad de Alioto pero desacuerdos con el grupo le hicieron alejarse.

    Brayan llegó a Ikí Balam entre fascinado por lo que veía y en búsqueda de un poco de paz.

    Brayan Córdova:

    Llegué al mundo de Ikí Balam a través de los zancos, o sea, como de cautivarme a través de los zancos. Y  al día de hoy sigo haciendo los zancos. (por eso estoy maquillado, porque los zancos anoche. Y a partir de eso como juntando las otras historias va, como a decir los de los desmadres en la casa porque los conflictos en la casa por parte de mis abuelos eran como desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche, va.

    Entonces era como prefiero salir a la calle y en ese salir a la calle es estar en Ikí  Balam, como tener la posibilidad de vos estar haciendo malabares, aprendiendo a hacer zancos o haciendo monociclo, haciendo otras cosas que por ahí sí eran la distracción del momento, va. Como para no estar inmerso en otro tipo de violencia.

    Melani Coyoy:

    Como Brayan, muchos otros llegaron a Ikí Balam.

    El grupo de teatro tomó relevancia, sus obras contaban la cotidianidad que vivían actrices y actores, pero también las personas que los veían.

    Sin embargo, el proyecto se disolvió luego de presentarse en 2013 con dos últimas obras. «La danza de la vida» y «La ronda de la verdad». Brayan recuerda que llegó a ellas porque a Ikí Balam también lo alcanzó la violencia de la que tanto buscaban alejar a los jóvenes.

    Brayan Córdova:

    De hecho yo entro a la «Danza de la vida»  justamente porque el Señor Estilos, el Chucky, lo asesinaron aquí en la colonia, junto a otros cinco compañeros de nosotros. Y no había quien supiera el papel y yo me los había de la de la A la Z, me sabía ese personaje. Entonces entré a ese último montaje por eso porque teníamos compromisos.

    Trabajamos como para Caldeh para estas otras organizaciones y la idea era básicamente como poder seguir llevando ese mensaje de que ser joven no es un delito.

    Vista de la cancha de fútbol en la colonia Alioto, el asentamiento humano más grande de Guatemala con 55.000 habitantes, ubicado en el municipio de Villa Nueva. EFE

    Melani Coyoy:

    La familia de Brayan llegó a Alioto, un año después que se ocupara el terreno, antes vivían en El Mezquital, en la zona 12 de Villa Nueva.

    Brayan Córdova:

    De hecho, yo llegué, creo que la parte plana de Mario Alioto cuando llegamos ya está un poco más organizada. Pero luego vino la otra parte que es la invasión de ‘mártires del pueblo’, toda la montaña, porque básicamente era una montaña de cipreses y pinos. Y eh, sí Alioto estaba más organizado. Eran champitas igual, va. Eran champitas.

    Siempre recordamos la escuela de madera, te sentabas en una tabla con block y allí estudiabas, luego eran duralitas que te sentabas y se hacían polvo. Todo lo que hoy ves como esta como esta onda de concreto eran árboles.

    Melani Coyoy:

    En Ikí Balam Brayan conoció el nombre de  Mario Alioto. El grupo de teatro le acercó a la historia del estudiante que le había dado nombre a todo lo que le rodeaba. La comunidad ha crecido pero siguen recordando su llegada al asentamiento.

    Desde 2022 se realiza el Festival Todos somos Alioto y participan desde las iglesias que tienen presencia en el barrio, hasta deportistas, graffiteros y artistas de la música para conmemorar la llegada de sus familiares a lo que ahora es su comunidad.

    El primer año que se hizo el festival,  Brayan investigó más sobre Mario Alioto para un diseño que anunciaría el evento.

    Brayan Córdova:

    Me enteré a través de esas entrevistas que vi y todo, que de hecho una compañera de Mario Alioto fue la que acompañó este proceso también de toma de tierra. Y que gracias a su sugerencia, se decide que este lugar lleve su nombre va y me parece chilero, porque todos hablamos de Alioto y mis respetos para Alioto, pero yo digo esta comadre que lo propuso es como pfff, ¿me entendés?. Es como bendita mujer, va vos.

    Melani Coyoy:

    La mujer a la que Brayan quiere honrar al mencionarla y a la que le gustaría conocer por darle nombre a su comunidad, es Miriam Estela Chavay, co fundadora del asentamiento Mario Alioto.

    En el documental ¡Alioto vive! Miriam cuenta por qué propuso el nombre de su compañero:

    Melani Coyoy:

    Hay estigmas alrededor de los asentamientos en Guatemala. Se les acusa de elevar las cifras de violencia en el país, se les llama  «zonas rojas» –

    Brayan Córdova:

    Un poco de pena, va vos. Un poco de eso de sentir la censura desde otros espacios también.  Entonces reconozco que un momento Mario Alioto para mí no era como nombrable porque ni siquiera el uber, ni existía va vos, pero ni el taxi quería entrar va.  Me acuerdo que para ir a pedir trabajo también era una constante como ah, miren no le podemos dar trabajo. ¿por qué? Porque sos de Mario Alioto básicamente.

    Melani Coyoy:

    Han pasado 30 años desde que Mario Alioto López Sánchez fue asesinado por el Estado mientras protestaba. Mario tenía 27 días de haberse convertido en padre.

    En su último año de colegio, antes de ir a la  universidad, conoció  el asentamiento La Joyita y empezó a interesarse en trabajar con comunidades precarizadas. También participaba en un proyecto del Centro de Acción para los Derechos Humanos (Caldh) para que comunidades desplazadas por el enfrentamiento armado interno regresaran a un lugar que fuera suyo.

    Mario pudo llegar a ser abogado pero murió asesinado por el Estado. Brayan y Wallace lo vieron en su escuela, su cancha y su comunidad, otras generaciones también lo harán.

    Para Brayan el nombre de Mario Alioto tiene un significado mayor:

    Brayan Córdova:

    Fuaaaa, Mario Alioto. Mi vida entera. O sea, ayer decíamos en un chat que tenemos, que nunca conocimos a ese vato, pero lo amamos.

  • B410: la historia de un fabricante de empresas fantasma y el maestro que prestó su protocolo

    B410: la historia de un fabricante de empresas fantasma y el maestro que prestó su protocolo

    David Barrera era un desconocido cuando estalló el caso La Línea. Su nombre apenas resaltó en aquellos tiempos, aunque según su mentor, José Arenales Farner, se giró una orden de captura en su contra y le obligó a él a presentarse ante el Ministerio Público para explicar que no tenía nada qué ver con las sociedades creadas para ocultar dinero proveniente de la defraudación aduanera. 

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    Este año Barrera volvió a salir a la luz por el caso B410, con mucha más fuerza y mayor protagonismo. Y no por casualidad vuelve a llamar la atención hacia su antiguo jefe y el hermano de éste. 

    La madre de todas las defraudaciones

    La estructura B410 es el entramado de empresas diseñada para evadir 800 millones de quetzales en impuestos entre 2021 y 2023. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) descubrió la red porque no declaraba el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni el Impuesto Sobre la Renta (ISR), y por la resistencia que pusieron muchas de las compañías para ser fiscalizadas. Argumentaban la pérdida de sus archivos. 

    Los auditores de la SAT primero detectaron a varias constructoras que incurrían en omisos. Empezaron a investigarlas y encontraron que compartían el mismo notario o representante legal, el número de teléfono, la dirección, colonia Banvi II zona 7, los mismos socios. Además, coincidía en la alteración de documentos (como recibos de servicios) que usaron para registrarse.

    Todo eso condujo a los investigadores de la SAT a localizar las 410 compañías que conforman el caso de evasión tributaria más grande, hasta ahora, en la historia del país. Según la SAT, 30 de esas empresas han proveído al Estado y a la vez adquirieron bienes o servicios ficticios de la red B410. La evasión de este pequeño grupo suma hasta la fecha 517.2 millones de quetzales, pero esa cifra puede crecer. 

    La SAT presentó el 13 de agosto la primera denuncia en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera por la posible comisión de delitos tributarios y potenciales delitos vinculados contra 35 contribuyentes. Envió una copia a la Contraloría General de Cuentas y otra al Ministerio Público. Al día siguiente hizo público el caso en una conferencia de prensa.

    El 8 de octubre la SAT presentó avances del caso B410.

    Un mes después, el 10 de septiembre, amplió la denuncia penal por la presunción de la comisión de los delitos tributarios del mismo grupo B410, esta vez contra 206 compañías. 

    «Intentamos hacerle auditoria a estas empresas, pero muchas de ellas se negaron bajo el argumento de una denuncia de pérdida de papelería. Sus ventas son de 5 mil millones de quetzales. El hecho de que su contabilidad no esté al día y que se haya perdido la papelería resultan excusas de verdad tontas», dijo Marco Livio Díaz, jefe de la SAT, en una conferencia del ocho de octubre. 

    Díaz explicó que, si los empresarios hubieran atendido las auditorías y presentado la papelería incluso hubieran logrado convenios de pago, pero al tratar de evitarlo fueron descubiertas. «Todas las compañías que tienen esos tratamientos ante una fiscalización son tratados como defraudadores de impuestos, evasores de impuestos. Eso significa que si hay una diferencia no los llamamos a una conciliación tributaria, sino que presentamos demandas penales en contra de ellos», señaló Díaz. 

    La mega estructura está vinculada con Alter Ego, una sociedad constituida en Belice, y con David Francisco Barrera Maldonado el abogado que representa a más de la mitad de las empresas. Él aprendió a constituir sociedades a los 22 años cuando trabajó como asistente del abogado José Arenales Farner, hermano de Alejandro, el decano de la facultad de Derecho de la Universidad del Istmo (UNIS). 

    El abogado que une las empresas del caso B410

    El aprendiz y su maestro

    El nombre de Barrera Maldonado no fue revelado por la SAT sino por una nota publicada en eP Investiga dos días después de que se desveló el caso. Según el portal Guatecompras, este abogado tiene representación en 320 compañías. 

    Se graduó de abogado y notario en la universidad Da Vinci, tiene una maestría en Derecho Mercantil y Corporativo en la Universidad de San Carlos y aparentemente cursa un posgrado en la facultad de Derecho en esa misma casa de estudios, según un listado de alumnos publicado en la página de la Usac. Nació el 11 de marzo de 1984 y creció entre la colonia Amparo y la Bethania, zona 7, a la vecindad de la colonia Banvi II, dirección que años después usó de referencia para el entramado empresarial. 

    Su bufete se llama Barrera Legal abogados & notarios y estaba ubicado en el sexto nivel de la torre Masval zona 9. La oficina la compartía con su colega José Luis Oropín, también involucrado con las empresas de la red B410, y con José Alexander Ortíz Ruíz, exmagistrado hasta este año de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal. Ortíz también tenía ahí su bufete, «Ortíz, Recinos & Asociados». Se buscó a Ortíz, pero no atendió la solicitud de entrevista.

    El lugar fue allanado por el MP en agosto como seguimiento a la denuncia de la SAT. Después de esas diligencias judiciales cambió su dirección a unas ofibodegas en Mixco y retiró su perfil público de la página del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Mantiene un silencio escrupuloso y aunque fue buscado por Plaza Pública para que ofreciera su visión en esta nota, prefirió no hablar. 

    Su mentor fue José Arenales Farner y le enseñó el oficio cuando Barrera todavía era universitario.

    Arenales Farner se graduó de abogado y notario en 1997 en la Universidad Francisco Marroquín. Es hermano menor de Alejandro, el decano de la facultad de Derecho de la Universidad del Istmo (Unis) y exintegrante de las Comisiones de Postulación para Cortes de este año y de Fiscal General, tres años atrás.

    Luego de graduarse José trabajó para su hermano en el bufete Arenales & Skinner-Klee entre 1997-2002. Después se independizó e instaló su propia oficina en zona 10. En 2006, aproximadamente, publicó una convocatoria para contratar asistente. Después de entrevistar a varios aspirantes decidió contratar a David Francisco Barrera Maldonado el ahora notario del caso B410.

    Barrera era entonces estudiante de segundo año de Derecho en la universidad e iniciaba su carrera. «David Barrera aprendió mucho de ser abogado conmigo. Estuvo siete años conmigo», dijo el abogado, José Arenales Farner, en una entrevista con este medio.

    Crear sociedades y venderlas a quien las solicitara era una de sus principales actividades. Por aquella época tenía clientes eventuales y fijos, Legalsa era uno de esos. «Yo las armaba relativamente fácil. Una constructora me pedía como una sociedad al mes más o menos porque compraba terrenos que quería desarrollar», contó. 

    Para cumplir con la demanda de sociedades anónimas que le pedían sus clientes utilizaba como socios fundadores o representantes legales a Barrera, su asistente; Oswaldo Enrique Balaña Portillo, el contador: y a una mujer que trabajaba con Arenales en la Escuela de Buceo. 

    «(Barrera) ni siquiera sabía hacer sociedades, pero yo lo tenía como representante legal (…) Yo siempre le daba algún incentivo porque el sueldo era muy bajo. Siempre se quejó del sueldo. Él decía que era casado y tenía un hijo», recordó.

    Arenales explicó que tomar a cualquier persona y colocarla como socio o representante no era ilegal y que al vender las sociedades ya era el nuevo cliente quien las cambiaba o no de nombre, pero como asegura que sus compradores eran de «buena fe» no le ve problema a este mecanismo. 

    Sin embargo, ese aprendiz se convirtió en su hombre de confianza porque con el tiempo se encargaba de todo. Ya sabía que la dirección que se utilizaba para registrar las empresas, que era la del bufete, en zona 10, y las personas que debía usar para inscribir las sociedades. Así que, Arenales solo llegaba dos o tres veces por semana a firmar el protocolo. El abogado pasaba más tiempo, según comentó, vendiendo pallets de madera en un local entre El Progreso, y el cruce para las Verapaces y dejaba la oficina a cargo de Barrera.

    El negocio quebró y regresó a atender su bufete. En 2015, cuando sucedió la captura de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, y el encarcelamiento del expresidente, Otto Pérez Molina, a causa del caso de defraudación aduanera, La Línea, Arenales Farner dice que entre las sociedades implicadas en la evasión apareció una vinculada a David Barrera. 

    Según el abogado, Barrera vendió dos sociedades a dos de sus clientes y las registró en la dirección que usualmente utilizaban, pero las facturó y cobró a escondidas suyas. Él se enteró cuando fue citado por el Ministerio Público (MP) junto a un constructor y a otra firma de abogados, quienes adquirieron esas sociedades, para establecer la relación que todos tenían con Barrera. 

    Arenales dijo al MP y a sus clientes que esas empresas no fueron registradas en su protocolo y que aparentemente las constituciones se realizaron sin su conocimiento. «Me generó tantos problemas. Él dejó de ir a mi oficina porque ya sabía en el lío que me había metido. (Barrera) Tenía dos órdenes de captura en ese entonces», aseguró.

    Se solicitó el registro de denuncias contra David Barrera en el MP a través de un correo enviado a la Unidad de Acceso a la Información, pero respondieron que se tenía que presentar una carta autorizada por él para poder entregar los datos. También se le pidieron esos mismos datos al jefe de prensa del Ministerio, Juan Luis Pantaléon, pero al cierre de la nota no contestó.

    Además, se intentó contactar a Barrera vía telefónica, por correo y en la nueva dirección que hasta hace unos días aparecía pública en el directorio del Colegio de Abogados para conocer su versión y no respondió.

    Esta no fue la única empresa relacionada a Arenales y Barrera que tuvo problemas.

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    Mismo problema en otras sociedades

    En archivos hemerográficos se encontró que al menos dos empresas que fueron constituidas por el abogado Arenales Farner y una más que vinculaba a estas tuvieron problemas judiciales en 2016. Canyon Group, S.A. fue investigada por la fiscalía contra el lavado de dinero luego de que intentó comprar por 285 mil 289 quetzales los aguacates Hass que subastaba la Secretaría Nacional de Extinción de Dominio de la finca del expresidente Otto Pérez Molina. 

    La representante legal de Coral Gables Business Group, Rebeca Cordón, fue ligada a proceso penal por el arrendamiento de un edificio al Seguro Social por 1.8 millones de quetzales por unas instalaciones que nunca llegaron a ser utilizadas. 

    Mientras que, Halifax Limited, S.A. registrada por otro notario, pero que compartía dirección con Canyon Group fue acusada en el caso Cooperacha por ser la arrendataria de dos helicópteros que pertenecían al binomio presidencial (Pérez Molina y Baldetti) a pesar de que no tenía capital para ser propietaria de las aeronaves. Ambas empresas estaban ubicadas en una casa particular en la que nadie atendió ni a los fiscales ni a la prensa. 

    En cuanto a David Barrera su nombre figuró en medios en 2019 cuando Corporación Klondie, S.A. de la que era representante legal presentó una licitación por más de 110 millones de dólares para construir, instalar y operar cinco parques fotovoltaicos para el Instituto Nacional de Electrificación (INDE). La empresa actuaba en nombre de Scatec Solar, una compañía noruega que participaba en el evento. El negocio no se consumó debido a varios señalamientos de corrupción durante el proceso y la Corporación fue liquidada y clausurada en julio de 2022. 

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    El hermano del mentor de Barrera

    Alejandro Arenales Farner es decano de la Facultad de Derecho de la UNIS desde hace dos años. Es abogado y doctor en Derecho con 69 años de edad. En su extensa carrera ha integrado comisiones de postulación en cuatro ocasiones. En 2019 y 2024 para elegir magistrados para Cortes y en 2008 y 2022 para Fiscal General. 

    El decano de la Universidad del Istmo, Alejandro Arenales, durante la comisión de postulación para elección de nómina de aspirantes a magistrados de Corte de Apelaciones.

    Además es asesor legal del Banco Promerica una entidad financiera con presencia en Latinoamérica y El Caribe. Aunque no tiene ninguna vinculación con la red B410 ni con el bufete de su hermano, Promerica también ha tenido problemas con la SAT. En 2022 la Superintendencia acusó a Edgar Rolando Bran Alvarado, gerente general y representante legal del Banco de defraudación tributaria y casos especiales de estafa, según consta en un boletín de la Corte de Constitucionalidad (CC). Así que, solicitó el arraigo de Bran; el embargo precautorio de cuentas bancarias monetarias, de ahorro y de plazo fijo en moneda nacional y extranjera, y el embargo con carácter de intervención de la empresa, pero la CC denegó la petición.

    Aparte de ese caso entre 2018 y 2022 Promerica tuvo cuatro procesos más en el Juzgado de Primera Instancia Penal especializado en Materia Tributaria y Aduanera en los que se le impusieron varias multas e intereses que suman Q43 millones 646 mil 937.  Consultadas al respecto, tanto la gerencia del banco como el Departamento de Comunicación de la SAT prefirieron no responder. 

    El Departamento Jurídico de la SAT indicó que no atendería la solicitud de ampliar la información respecto a estos casos.

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    Empresas de Arenales y el B410  

    Aunque José Arenales explicó que se separó de David Barrera hace alrededor de 10 años, el caso B410 puso en duda ese extremo porque una empresa que denunció la SAT fue constituida por él hace 18 años. 

    La sociedad es Calakmul que facturó 420 mil quetzales al Estado por arrendamientos a la Municipalidad de Guatemala y la Dirección General de las Artes. El abogado reconoció que constituyó esa empresa en 2006, pero que después la vendió a su colega, Rafael Humberto Garavito Gordillo, quien a su vez la puso al servicio de otro cliente. 

    Calakmul, S.A. tiene registrada su dirección en zona 10 donde anteriormente estaba el bufete de José Arenales. Otra compañía denunciada por la SAT es Kaizen Inc. la cual vendió al gobierno 2 millones de quetzales. Esta se encuentra en la colonia Banvi II en donde también se registra el domicilio de Arbenz S.A., y donde se registró la mayoría de las empresas involucradas en el caso B410. 

    Arbenz, S.A., es otra sociedad que también aparece constituida por Arenales, según datos del Registro Mercantil, pero él niega haberla constituido. «Esa no está en mi protocolo. Jamás, si yo soy contrario a Arbenz. Cómo voy a dejar que hicieran una (sociedad) con nombre Arbenz si yo soy de derecha 100% (…) Eso me preocupa muchísimo, que David me pasara algo para firmar», respondió. 

    Arbenz, S.A. tiene como representante a David Barrera y comparte número de teléfono con Commerce Madness, S.A. otra integrante de la estructura B410. Mientras que, Corporación I.T.C. S.A. (Intercentro.tv) que no está involucrada en el caso de defraudación y que fue fundada en 2005 tuvo a David Barrera como representante legal hasta 2021. 

    «Ninguna de esas empresas inscritas en mi protocolo tienen ninguna vinculación con el acto defraudatorio porque son empresas que yo le vendía a gente de bien. Conozco hasta cierta medida a los clientes, pero qué hagan ellos con sus sociedades ya no es un tema del abogado. Si de repente sale un criminal y yo le hice la sociedad, I’m sorry yo no sabía que era un criminal», contestó.

    El abogado José Arenales dijo que analizaba denunciar a Barrera porque continúa utilizando direcciones y teléfonos -de su antigua oficina- para las sociedades que vende y por la creación de Arbenz, S.A.. 

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    Sociedades para evadir impuestos

    Abelardo Medina economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) explicó que la compra-venta de sociedades es legal y es una práctica común en Guatemala y en otros países, pero que la falta de control por parte del Registro Mercantil, la SAT y la Contraloría General de Cuentas permite que abogados, contadores y tramitadores usen a cualquier persona como socios fundadores o representantes legales y coloquen direcciones falsas para registrar una compañía. 

    «Lo que sucede es que estos esquemas de empresas que son más fantasmas que Gasparín son montados con el propósito expreso ya sea de defraudar al Estado o a alguna empresa privada para simular ventas que no se realizaron o con el propósito expreso de evitar el pago de impuestos a través de aparentar que hay muchos compradores y vendedores», comentó. 

    Otra debilidad de las instituciones dijo es que se toman acciones legales solo cuando descubren a los contribuyentes y las sanciones se diluyen porque no hay medidas drásticas para frenar esa práctica. Eso permite a los creadores de empresas como a quienes las adquieren a jugar un poco con la suerte de pasar o no desapercibidos por las autoridades. 

    En relación a los notarios indicó que, aunque como dijo el abogado José Arenales los notarios no son responsables del uso que sus clientes les den a las sociedades, por ética no deberían incurrir en la construcción de estas redes. 

    Según el experto la implementación de medidas rigurosas, como la verificación de las direcciones fiscales y la confirmación personal con los socios o representantes legales debería ser obligatorio para la conformación de una empresa. Sin embargo, aunque la SAT audite y sancione a los evasores estos pueden borrar sus faltas con solo ponerse al día en el pago de impuestos. Medina teme que las penas no sean más drásticas porque probablemente alcanzarían a grandes empresarios. 

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    La SAT tiene esperanzas

    Marco Livio Díaz aseguró en octubre que la SAT ha inhabilitado a 30 contribuyentes del régimen del IVA y del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), pero que 11 de esos ya fueron rehabilitados. Nueve por un amparo que obtuvieron de una Sala de Apelaciones y dos porque solventaron su situación tributaria. 

    Sin embargo, hay 21 amparos más presentados de los cuales solo uno ha sido negado. «Tenemos una discrepancia muy seria con la Sala sobre las facultades que tiene la SAT de deshabilitar a los contribuyentes en el régimen del IVA, a pesar de que la Ley Orgánica y el Código Tributario nos dan esa potestad», señaló. 

    La Sala del Ramo Penal en materia Tributaria y Aduanera que ha amparado a los empresarios es presidida por Luis Fernando Aroche Arrecis. El magistrado integra esa Sala desde 2017 cuando quedó como vocal II, en 2023 fue electo por primera vez como presidente y en octubre de este año obtuvo la reelección. 

    Díaz explicó que en Guatemala solo hay dos tribunales especializados en materia tributaria por lo que se deberían crear más para atender la demanda. Confía en que la Corte de Constitucionalidad en repetidas ocasiones les ha dado la razón para sancionar a quienes tienen omisos por lo que ya apelaron los amparos otorgados a las sociedades y esperan tener un fallo a su favor.

    Marco Livio Días, superintendente de administración tributaria, y Oscar Hernández, intendente de fiscalización, durante una conferencia de prensa.

    «Este amparo yo creo que es provisional que la Corte nos va a dar la razón y los vamos a volver a deshabilitar así que esto será un compás de espera mientras ejercemos las acciones legales que corresponden», reiteró. También comentó que el MP ha hecho allanamientos y les ha requerido más información por lo que la investigación está en marcha. 

    Hasta el ocho de octubre, la SAT había realizado embargos que ascienden a 106.4 millones de quetzales y 440 mil en dólares; y contabilizaban 24.1 millones de quetzales recaudados en pago de impuestos de las empresas del B410 que se acercaron a solventar sus casos. 

    A pesar de esos avances, David Barrera continúa libre y hasta la fecha el MP no ha girado orden de captura en su contra, por lo que todavía no se puede establecer quién fue el principal cliente de las sociedades que creó para evadir impuestos y simular compra ventas.

  • 99 audiencias y 150 testigos después, una sala de apelaciones dice que otro tribunal debe juzgar a Lucas García

    99 audiencias y 150 testigos después, una sala de apelaciones dice que otro tribunal debe juzgar a Lucas García

    El juicio contra Benedicto Lucas García comenzó el 5 de abril de 2024. Siete meses después, el siete de noviembre, luego de escuchar a testigos, víctimas y peritos, el Ministerio Público (MP) solicitó 2,860 años de prisión para el exmilitar: 30 años por el delito de genocidio, 30 más por deberes contra la humanidad y 40 por cada una de las 70 personas desaparecidas durante su mandato.

    En la etapa de conclusiones del juicio, el 13 de noviembre, la defensa de Lucas García dijo al tribunal que ahora gozaban de un amparo provisional para que se conociera una solicitud de recusación. La defensa, que está a cargo del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), pedía el cambio de juzgado porque a su criterio se había mostrado parcialidad durante una de las audiencias.

    Ese día, el juzgado de mayor riesgo A, presidido por el juez Gervi Sical, decidió continuar con la audiencia. Era la número 99, ya se habían escuchado a algunas de las víctimas de violencia sexual y testigos de las masacres cometidas. Mientras la  defensa exponía sus conclusiones, la jueza vocal, Lilian Patricia Ajam se desmayó y la audiencia se suspendió.

    Aunque se había programado continuar el día siguiente, Sical anunció que no se haría  porque la jueza Ajam no se había restablecido completamente. La audiencia no fue retomada.

    El tercer juicio de Benedicto Lucas García

    Defensa de Benedicto Lucas logra recusación

    El 26 de noviembre se realizó una vista pública para conocer el amparo interpuesto por la defensa del caso. La abogada Jovita Tzul Tzul, quien es parte de la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJV), parte de los querellantes adhesivos, dijo: «estamos ante una acción constitucional evidentemente frívola que lo único que busca es dilatar el acceso a la justicia de las víctimas, víctimas sobrevivientes de grandes violaciones de derechos humanos».

    La abogada también solicitó que la sala de apelaciones tomara en cuenta que entre los más de 150 testigos que se presentaron durante el juicio hay personas de la tercera edad que son sobrevivientes de violencia sexual.

    Dos días más tarde la sala de apelaciones integrada por la magistrada presidenta Miriam Regina Brolo Salazar y los vocales Marco Tulio Pérez Lemus y Jorge Emilio Morales Quezada, aceptó la recusación.

    Ahora el Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos Cruz conocerá el caso.

    Audiencia de continuación del juicio por genocidio en el Tribunal de Mayor Riesgo “A” donde se encuentra acusado el exjefe del Estado Mayor de la Defensa, Benedicto Lucas García, el 8 de abril de 2024.

    Castellanos presidió el tribunal que absolvió a José Mauricio Rodríguez Sánchez en la repetición del primer juicio por genocidio. Castellanos Cruz y el juez vocal Jaime González explicaron en ese momento que las pruebas contra Rodríguez Sánchez no demostraban que hubiera cometido genocidio.

    Mientras que para la otra jueza vocal, Sara Yoc Yol, el exmilitar sí era culpable pues había sido nombrado desde el primer día del mandato de Ríos Montt como director de inteligencia.

    En esta ocasión, además de Castellanos Cruz en la presidencia del tribunal que juzgará a Lucas García, estará la jueza vocal Marling Mayela González. Sin embargo, aún no hay reemplazo para la otra jueza vocal, Elia Raquel Perdomo Ruano, quien fue electa como magistrada de sala.

    Si la recusación no es detenida, el caso tendría que esperar a que la Corte Suprema de Justicia nombre a un nuevo vocal.

    Una bofetada a las víctimas

    «Una recusación no significa necesariamente la anulación de un proceso»,  explicó Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODHAG. Esta organización es querellante adhesiva en el juicio.

    Rodenas dice que las pruebas deben presentarse frente a los jueces para que las evalúen y tomen una decisión. Por eso la recusación significa que  el debate debe hacerse de nuevo. «Un nuevo tribunal no puede tomar una decisión porque no se produjo la prueba frente a ellos, prácticamente significa reproducir todo un debate».

    Jacinta Ceto y Lorenza Santiago, ambas sobrevivientes del conflicto armado interno, luego de rendir su testimonio durante la audiencia de continuación del juicio por genocidio.

    Hasta ahora se habían realizado 99 audiencias en siete meses. Más de 150 testigos explicaron lo que vivieron o vieron, debiéndose movilizar para ello desde sus comunidades hasta la capital. Con el cambio de tribunal, se debe repetir.

    Sin embargo, la decisión de la sala de apelaciones puede ser impugnada por los querellantes.  «Todavía existe un plazo que se puede utilizar, estaremos dentro de ese plazo realizando la impugnación correspondiente», dijo Rodenas.

    También calificó como una bofetada la decisión de la sala de apelaciones. «Es darle la espalda a la población ixil, que son quienes han estado buscando justicia. Es decir, para ellos no hay justicia. Fue una estrategia de parte de la defensa para obstaculizar que el tribunal tomara una decisión».

    Benedicto