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  • El dilema de los sancarlistas en sedes departamentales durante la pandemia: «Comer o pagar internet»

    El dilema de los sancarlistas en sedes departamentales durante la pandemia: «Comer o pagar internet»

    En los departamentos, estudiar una carrera universitaria es como tirarse al agua y nadar en un «mar de dificultades». Al igual que el resto de problemas nacionales, la llegada de la pandemia dejó en evidencia innumerables debilidades de la educación pública universitaria y la necesidad de dotar con recursos a los 21 centros regionales con los que cuenta la Universidad de San Carlos. Un préstamo podría mejorar las condiciones de los centros regionales, pero la AEU lucha para que no lo modifiquen y |conviertan en un cheque en blanco.

    Como si hubiera sido una premonición, el año pasado, la Universidad de San Carlos sondeó la postura de la población estudiantil a nivel nacional respecto a la posibilidad de sustituir las clases presenciales por las virtuales. El estudio estuvo a cargo del Departamento de Registro y Estadística y logró la participación del 74% de la población estudiantil nacional. Según los resultados obtenidos, la mayoría (68%) se inclinó aún por los métodos de educación presenciales. Una cuarta parte por la metodología semipresencial y apenas un 6% por la educación en línea.

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    Desde mucho antes que el primer caso de COVID19 fuera oficial en territorio guatemalteco, para muchos estudiantes perseverar en una carrera universitaria ya era como nadar contra corriente, contra la falta de recursos e instalaciones. Pero ahora, para algunos, es una tarea imposible desde que la educación migró a las plataformas virtuales.

    En promedio, una tarjeta de recarga de internet de 10 quetzales soporta menos de una jornada de clases virtuales.

    Centro Universitario del Sur. Foto: Facebook

    Carol Medrano tiene 22 años, es originaria de Quiché y vive en la comunidad Xesic I, ubicada en Santa Cruz del Quiché. Un municipio en el que, según el último censo poblacional, el 67% de la población no utiliza servicio de internet y el 76% no tiene acceso a una computadora. Los datos explican por qué para Carol el paso de la educación presencial a la virtual sobrepasó sus posibilidades económicas y la obligó a suspender sus estudios de forma indefinida. Carol cuenta que 150 quetzales de internet móvil le alcanzaba para soportar dos sábados de clases virtuales de 6am a 7pm.

    A pesar de ser estudiante en plan fin de semana, recibir clases virtuales suponía un gasto exagerado para ella y su familia. Especialmente, porque la crisis económica se agudizó durante el segundo trimestre del año. Carol forma parte del grupo de personas sin acceso a internet residencial en Santa Cruz del Quiché, en donde las familias priorizan los gastos para servicios básicos o para cubrir los costos de alimentación. Además, a Xesic I no llega la cobertura de los servicios de internet más populares.

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    Nadie estaba preparado

    En mayo de este año, estudiantes de asociaciones y unidades académicas realizaron una encuesta a más de 12 mil estudiantes de la ciudad y sedes regionales sobre el impacto de las medidas implementadas por el Consejo Superior Universitario (CSU), específicamente, la nueva modalidad de clases virtuales.

    Los resultados evidenciaron la brecha de acceso a tecnologías y dispositivos entre la población estudiantil de la ciudad de Guatemala y la de centros departamentales. El 56% de estudiantes de sedes departamentales utiliza solamente celular para acceder a internet. Cabe aclarar que la facilidad de lograr conexión depende del territorio en el que residen.

    La mayoría (70%) accede a internet a través del servicio prepago. Además, siete de cada diez estudiantes con servicio residencial son del campus central.  Según el sondeo, en ese entonces, solo 1 de cada 10 estudiantes dijo tener garantía de poder seguir pagando el servicio de internet para seguir recibiendo clases virtuales. El 91% de población en centros regionales, en cambio, reconoció que no podría sostener esos gastos por mucho tiempo.

     

    «Si uno elige estar en la USAC es porque no tenemos tantos recursos. Yo nunca he tenido malas notas, en serio, pero las clases en línea, los fallos de las plataformas, por las lluvias acá la luz que se va a cada rato, los problemas de señal acá en la comunidad me hicieron tomar la decisión de dejar mis estudios por un tiempo. No fue una decisión tan fácil», cuenta Carol.

    Hasta hace algunos meses, Carol cursaba el cuarto semestre de la carrera de Pedagogía. Hasta hace algunos meses, también, Carol tenía un trabajo estable, pero lo perdió en medio de la crisis económica provocada por la pandemia. Era empleada de una librería.

    En la población universitaria, un poco más de la mitad de los estudiantes trabajan, de estos hombres y mujeres reflejan un porcentaje similar, según una encuesta realizada por el Departamento de Registro y Estadística.

    Durante los primeros meses del 2020, José Colaj, originario de la aldea Chitalul, en Quiché, se sumó al rubro de personas que además de estudiar, trabajan. La pandemia golpeó las finanzas de su familia, dedicada totalmente al comercio informal.  Por esa razón, aceptó una oferta laboral que le dificultó seguir el ritmo de sus clases a distancia. Sumado a eso, relata José, la aldea en la que vive no tiene señal ni energía eléctrica estable. «Espero que no sea algo definitivo y pueda retomar el próximo semestre», dice José.

    «Las paredes todavía están agrietadas e incluso, trataron la manera de darle una remodelación pero fue mínima, solo taparon las grietas»

    Los gastos de José en recargas de internet rondan los 200 quetzales mensuales. Sin embargo, cuando necesita descargar libros o insumos extras para sus clases, la cuota se eleva. «No es factible pagar un servicio residencial de internet -explica- apenas estoy sustentando ese gasto de las recargas porque yo pregunté por un plan residencial y lo que no tengo es dinero para la conexión, para eso sí se gasta más y además yo sé que ya van a terminar las clases y un contrato de internet no me serviría después».

    Definitivamente, ni los estudiantes, ni la Universidad, ni los docentes, estaban preparados para migrar de las clases presenciales a una modalidad virtual que exige el uso de plataformas. Especialmente, en un país donde el acceso a dispositivos electrónicos, internet y electricidad no alcanza a toda la población urbana ni rural. Tampoco la Universidad ha tenido la capacidad de compensar esas limitaciones.

    «Lo que hemos intentado es ser flexibles con los estudiantes que no pueden acceder a las clases. Llegué a un punto donde del 100% de mis estudiantes, solo la mitad podía acceder a las clases, los demás tenían problemas de conectividad, problemas económicos y problemas por trabajo», cuenta uno de los docentes de CUNOR.

    Según Anabella Giracca, experta en temas de educación, «si el estudiante no puede llegar a la universidad, es la universidad la que tiene que hacer todos los esfuerzos para llegar al estudiante». Esto implica, realizar acciones de descentralización y ser un brazo que debe extenderse para llegar a la mayor parte de la población.

    Eso, agrega, va más allá de contar con sedes regionales en el país. Implica también garantizar un nivel académico alto y recursos que faciliten el proceso de aprendizaje, «deben hacerlo con calidad y pertinencia, garantizando la igualdad y equidad», concluye.

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    Antes de la pandemia las sedes ya tenían problemas

    «La verdad es que uno ingresa a la Universidad de San Carlos con mucha emoción y te vas a topar con un mar de problemas. Nos dicen que estamos en mejor universidad de Guatemala, pero se nos olvida que estamos en la peor equipada, con menos presupuesto, con muchos problemas», así es como Edgar Batres, estudiante del Centro Universitario de Occidente, ubicado en Mazatenango, resume su frustración, y la de muchos otros estudiantes, ante la falta de recursos e instalaciones adecuadas para los universitarios guatemaltecos.

    Según el Ranking Mundial de Universidades 2018 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en España, la Universidad de San Carlos se ha mantenido como la mejor universidad del país. Para la población estudiantil sancarlista el aporte de la Universidad a las comunidades del área rural y población más vulnerable, los proyectos e investigaciones de campo, respaldan esa ponderación.

    «Nosotros decimos que es la mejor Universidad por cada uno de esos factores que la distinguen de las otras Universidades», dice Edgar. A pesar de eso, relata que estudiar con recursos escasos no ha sido fácil. No es el único que ha nadado contra la corriente durante los últimos cinco años de carrera universitaria. A 249 kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, las condiciones en el centro universitario ubicado en San Marcos no son tan distintas a las de Mazatenango.

    Centro Universitario de Nor Occidente. Foto: Facebook

    Menfil de León, Secretario General de la Asociación de Estudiantes en San Marcos, hace un esfuerzo por no extenderse tanto para hablar de las deficiencias de la sede universitaria a la que asiste que, por cierto, no cuenta con instalaciones propias. «Es difícil mencionar algunas de las necesidades porque la verdad son muchas», advierte y da paso a una larga lista de observaciones.

    El centro de San Marcos opera desde inicios de los años 70, pero está ubicado en un edificio propiedad del Ministerio de Salud desde finales de los 80, gracias a un usufructo por 50 años. Ese edificio ha resistido el paso del tiempo y el terremoto que derribó decenas de casas la mañana del 12 de noviembre de 2012.

    Ese día, cayeron sobre los pupitres varias de las planchas que formaban parte del techo instalado en las aulas. «Las paredes todavía están agrietadas e incluso, trataron la manera de darle una remodelación pero fue mínima, solo taparon las grietas», cuenta De León.

    No es por desear el mal, agrega, pero si viene otro temblor como ese, el edificio en donde ha recibido clases por 5 años no resistiría.

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    Educación sin instrumentos

    A las aulas del centro de San Marcos las bautizaron como «gallineros». No son más que espacios prefabricados de paredes de tabla yeso con techos de lámina en donde los estudiantes reciben clases, aunque resultan demasiado pequeñas para cubrir las necesidades de la población de más de 6,400 estudiantes que asisten al centro.

    Tampoco hay laboratorios aptos para las carreras de ingeniería, ni medicina. Al hacer una comparación con los recursos disponibles en el Campus Central, la brecha tecnológica con los centros regionales es más visible para los estudiantes de carreras que requieren trabajos técnicos. Por ejemplo, las ingenierías.

    Roger Villegas es estudiante de Ingeniería en Agronomía en Santa Cruz del Quiché. Él, junto a sus compañeros de carrera, viaja más de 150 kilómetros hacia el Campus Central para realizar análisis de suelo, de agua u otras sustancias. «Acá no tenemos algún laboratorio que nos permita hacer un trabajo de calidad, no tenemos instrumentos, no son laboratorios que funcionen para la carrera», dice.

    Mientras tanto, los estudiantes de medicina en Huehuetenango recurren al uso de sus propios cuerpos para realizar prácticas vinculadas al cuerpo humano y para identificar los organismos vitales. «Tienen que pintarse el cuerpo para simular maniquíes. Como no tienen cuerpos falsos, esqueletos o modelos de corazones, las tareas que les dejan es pintar el cuerpo e identificar el fémur, por ejemplo», explica López.

    La última renovación que tuvo el único laboratorio de la sede ubicada en Cobán, no fue por decisión administrativa, sino por «causas naturales».

    El año pasado, un árbol cayó sobre el laboratorio y dañó el techo de asbesto (un material prohibido en Europa y reconocido como dañino para la salud, sus fibras afectan los pulmones y pueden provocar cáncer), que fue sustituido por láminas. En otras circunstancias, quizá no habría hecho ninguna remodelación, apunta uno de los docentes del lugar.

    En Cobán, Totonicapán o Quiché, los estudiantes asisten a las instalaciones tipo escuelas. La mayoría son aulas de concreto con techos de lámina o materiales similares.

    Centro Universitario de Oriente. Foto: Facebook

    De los 21 centros regionales, los que están ubicados en San Marcos, Zacapa, Jutiapa, Chimaltenango, Totonicapán, Sololá, Sacatepéquez y Retalhuleu no cuentan con infraestructura propia. El resto sí, y es la única ventaja que presumen frente al resto de sedes pero comparten una serie de limitaciones: el acceso a servicios básicos, laboratorios, bibliotecas y equipo tecnológico.

    Los centros regionales universitarios, en teoría, responden a la necesidad de desconcentrar la población universitaria, los servicios universitarios, las funciones de la universidad, diversificar y democratizar la enseñanza superior, para permitir un mayor acceso de la población a la Universidad. Eso es lo que reza la Ley Orgánica de la USAC. Sin embargo, en la práctica están lejos de lograr ese objetivo.

    Desde el Centro Universitario de Nor Occidente (CUNOROC), ubicado en Huehuetenango, Luis López, representante estudiantil y estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales, relata la experiencia de estudiar en un edificio que pareciera haber sido pensado para carreras de producción agrícola y agronomía. «Por la infraestructura de ese momento se nota que está pensada para esas carreras porque son aulas como las de primaria. En realidad, solo son cuartos a lo largo, como salones grandes, un aula detrás de la otra», relata.

    Cuenta también que son aulas heredadas de hace algunas décadas. Son comparables a las que utilizan los estudiantes de la sede de Petén, Escuintla o San Marcos, en donde la población estudiantil ha desbordado a las instalaciones. En Huehuetenango, en el primer semestre, un docente da clases a 125 estudiantes en un aula de 60. En Cobán, poco más de 100 estudiantes se acomodan en clases hechas para 40 alumnos. Otros toman las clases desde el pasillo.

    Según datos proporcionados por el Departamento de Registro y Estadística de la USAC, en 2020 la población universitaria asciende a 199,606 estudiantes. La mitad de ellos inscritos en centros departamentales o extensiones universitarias fuera de la ciudad. Es decir, en los 21 centros regionales con los que cuenta la Universidad, extensiones y sedes departamentales de Humanidades, distribuidos en todos los departamentos del país.

    Al igual que los laboratorios, otro recurso al que ya se han resignado a no tener acceso son las bibliotecas. O al menos alguna biblioteca funcional.

    En Huehuetenango o San Marcos, los estudiantes dicen que se asemeja más a una bodega de informes de proyectos universitarios pero no cumple la función de una biblioteca como fuente de información e investigación para estudiantes. Tampoco hay computadoras o centros tecnológicos. El único espacio que se asemeja a esto fue construido por iniciativa y financiamiento de los mismos estudiantes. Si el acceso a servicios básicos como agua y luz es escaso, tener acceso a internet inalámbrico, por supuesto, no es una opción.

    Mishell Villegas, estudiante del profesorado de Matemáticas y Física, por su parte, cuenta que hubo que hacer una colecta entre docentes y estudiantes para comprar sus propias lámparas.

    La respuesta de la Universidad ante la precariedad de sus sedes regionales es simple: Con el presupuesto actual es imposible pensar en invertir en mejores instalaciones y equipo.

    Según Juan Carlos Palencia, director financiero de la Universidad, el 95% del presupuesto total de la USAC está destinado exclusivamente al pago de salarios, casi un 5% a materiales, suministros y servicios básicos. «Decir que hay tal vez un 2% del presupuesto para inversión, sería mucho», estima.  

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    En la última asignación presupuestaria, la Universidad recibió 2,597,678, 757 de quetzales. La suma del presupuesto asignado a los 21 centros ubicados en departamentos representa el 12.87%. La sede con mayor asignación es la de Quetzaltenango, con el 3.10% respecto al presupuesto total. Esa sede, es la que registra mayor población estudiantil cada año (17 mil 900 estudiantes aproximadamente). En contraste, para las sedes de Retalhuleu y Sacatepéquez destinan el 0,06% y 0,09%, respectivamente.

    Luego, en el transcurso del año, los centros deben solicitar ampliaciones extraordinarias para cubrir todos los gastos. En Huehuetenango, por ejemplo, cada año solicitan ampliaciones para la carrera de Medicina, que no figura en la asignación inicial. Esa carrera, según el presupuesto, no existe.

    Según Palencia, los techos presupuestarios de las unidades ejecutoras de la USAC no han sido modificados desde hace cuatro años. En cambio, sí ha aumentado la población estudiantil que creció en 14,537 estudiantes en ese período. También cada centro inauguró nuevas carreras, sin que estas cuenten con un presupuesto asignado.

    «Yo en ningún momento me opongo a un crecimiento de la universidad en su cobertura, pero se han abierto carreras fuera del techo presupuestario de las unidades. Son carreras que han tenido buena aceptación y cerrarlas significaría un daño social muy grande. Por eso se ha mantenido la cobertura, por eso necesitamos hacer asignaciones adicionales al presupuesto», agrega.

    Dentro del presupuesto total, más de 261 millones de quetzales son destinados a los programas de docencia. A pesar de eso, el atraso en el pago de docentes es un problema constante en los departamentos. Marvin Herrera, coordinador académico de CUNOROC, narra que es algo que ocurre cada año y que se debe a los atrasos en la asignación de recursos. Es un problema que incluso ya se ha normalizado para los docentes.

    La sede de Cobán, por ejemplo, no podría solventar todos los gastos con el presupuesto ordinario que le asignan cada año. Para cubrir el total de sus necesidades necesita que se inyecten aportes extraordinarios para cubrir el déficit presupuestario. El salario de algunos docentes depende de esos aportes y deben esperar sus pagos por meses.

    Desde el Centro Universitario del Norte, en Cobán, uno de los docentes internos que antes de ser catedrático, fue estudiante en esa sede universitaria, lo explica de esta forma: «A los docentes interinos, que somos la mayoría, nos contratan cada seis meses: de enero a junio y de julio a diciembre. Empezamos a trabajar en enero y nos pagan hasta marzo y en el segundo semestre, hasta octubre».

    Para atender estos problemas, la Universidad ha recurrido a medidas de austeridad, según lo explica el director financiero. A pesar de eso, asegura, el Ministerio de Finanzas ha recortado algunas asignaciones adicionales que han atrasado algunos pagos de salarios. 

    «Es por eso que escuchan que hay contratos atrasados. Se trata de personas contratadas para impartir cursos que se crearon fuera del techo presupuestario y nos queda el compromiso de buscar financiamiento para esos pagos», dice Palencia.

    El debate por el préstamo de 120 millones de dólares

    Para algunos grupos estudiantiles, como la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León (AEU), la aprobación de un préstamo millonario entre la Universidad y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) podría ser el primer paso para el fortalecimiento de los centros universitarios menos favorecidos en infraestructura y recursos. Por esa razón, promovieron su aprobación y ejecución, con la condición de que cumplan parámetros de transparencia y calidad de gasto.

    El préstamo por 120 millones de dólares entre el Estado de Guatemala y el BCIE fue aprobado en abril de 2019. En las últimas tres décadas, se aprobaron dos préstamos al BCIE como parte de un programa de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo para la Universidad de San Carlos. Con este último concluiría la tercera fase de ese proyecto.

    En el artículo 5 del decreto quedó establecida la distribución de los recursos de la siguiente forma: 0% para gastos administrativos, 90%para infraestructura, maquinaria o equipo, priorizando los centros universitarios departamentales y 10% para estudios de pre factibilidad, preinversión o planificación. Especialmente, en temas de seguridad alimentaria, educación a distancia, sostenibilidad ambiental, agroindustria y diversificación agrícola.

    Hasta el año pasado, el rector Murphy Paiz prometía destinar el 50.60% de los recursos a los centros departamentales y escuelas no facultativas. Pero desde 2020, inició los cabildeos para modificar el decreto y eliminar ese artículo que garantiza que los recursos serán utilizados en infraestructura y equipo. Si eso sucede, los fondos no tendrían un destino específico y la USAC tendría un cheque en blanco para usar los recursos.

    La propuesta del rector ha despertado un debate entre estudiantes sobre la conveniencia de ejecutar estos recursos. Si bien hay un consenso en la importancia de invertir en la mejora de la infraestructura y equipo para las sedes más lejanas a la Universidad, el desacuerdo gira en torno a cómo utilizarán realmente esos recursos que, además, engrosarían la deuda pública del país. Ese temor, incluso, llevó a un grupo de estudiantes a tomar las instalaciones de la rectoría en las primeras semanas de septiembre de 2019 para manifestar su descontento. «Este es un gobierno universitario que busca endeudar a la población con otros 120 millones de dólares sin garantía de inversión para Centros Universitarios, cuando no exige el 5% Constitucional del presupuesto para la Universidad», argumentan.

    La Asociación de Estudiantes en San Marcos, uno de los centros más afectados por las condiciones de su infraestructura, respaldan la aprobación de ese préstamo, pero también entienden las preocupaciones sobre la transparencia en el manejo de recursos.

    «Estamos de acuerdo porque no tenemos espacios recreativos, laboratorios, aulas adecuadas, las instalaciones son pequeñas. Estamos de acuerdo en que vale la pena invertir en educación», explica De León, representante estudiantil.

    Sin embargo, reconoce que no todos los estudiantes de la sede comparten la postura. «Es cierto, matiza, yo entiendo que es un préstamo grandísimo, es un dineral pero pueden pasar muchos años para que volvamos a tener la oportunidad de mejorar las condiciones en las que estudiamos».

    «Es que hay duda de que haya intereses de Murphy Paiz o de diputados distritales para favorecerse en sus constructoras. Muchos centros necesitan el dinero y es necesario, el problema, es que no se nos está garantizando que se nos va a solventar las necesidades, dejan muchos vacíos y es posible que no cubran las peticiones de los estudiantes», añade Edgar Batres, en la sede en Mazatenango.

    La AEU ha promovido una discusión entre estudiantes del campus central y sedes departamentales para llegar a un consenso sobre el préstamo millonario. La postura de la Asociación está definida: es urgente la aprobación final del préstamo, pero con la garantía de que se priorizará la descentralización y desconcentración de recursos.

    «Este préstamo se generó hace más de 10 años, principalmente para recuperar los centros regionales. Inicialmente la idea era destinar la mitad del dinero para los centros. Sin embargo, luego el porcentaje se redujo», explica Laura Aguiar, secretaria de la AEU.

    En medio de ese debate, nuevamente, los centros departamentales van quedando fuera de la toma de decisiones y sus necesidades ampliamente conocidas parecen no ser prioritarias para las autoridades universitarias.

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    Los centros regionales son olvidados, resalta Aguiar, no son tomados en cuenta. «Es parte del problema que todo está centralizado. Acá en la sede central hay muchísimas deficiencias, pero en los centros regionales hay mil problemas más», asegura.

    Plaza Pública solicitó un acercamiento con el rector de la universidad para conocer su postura sobre esta problemática, pero al cierre de este reportaje no hubo respuesta.

  • Origen de la AEU

    Origen de la AEU

    La organización estudiantil sancarlista ha participado en la política nacional desde 1898, cuando se formó la Juventud Médica, asociación organizada en respuesta al surgimiento de un «grupo de estudiantes de medicina» llamado Juventud Guatemalteca, que decía apoyar la candidatura de Estrada Cabrera a la presidencia.

    Con poco más de tres décadas de refundación de la USAC como universidad laica, en 1899 surgen las primeras manifestaciones satíricas para burlarse de los políticos (Huelga de Dolores). En el mismo año nace la Sociedad El Derecho, que para 1901 impulsaría el primer congreso centroamericano de estudiantes universitarios.

    El 14 de enero de 1920, al calor de la coyuntura política, 88 estudiantes fundan el Club Unionista, con el cual viajan por la región con el objetivo de gestionar apoyo para derrocar a Estrada Cabrera tras su cuarta elección fraudulenta.

    Tras el derrocamiento y los límites que el partido unionista ponía a los estudiantes, el 22 de mayo de 1920 estos fundan la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) con un planteamiento claramente político: «Actuar decididamente en la política nacional fuera de los partidos» (Álvarez, 2012).

    Para 1901, los estudiantes se contraponen al planteamiento panamericanista que Estados Unidos promueve en la región y optan por asistir al congreso latinoamericanista en México y plegarse a las reformas universitarias de Lima y Córdova.

    Los próximos años se fortalecerá la Huelga de Dolores como herramienta de denuncia a través de la sátira y la cultura.

    Para 1942, la coyuntura política se enfebrecía de nuevo. Unos estudiantes de Ciencias Jurídicas autodenominados los Esquilaches reactivan la Sociedad El Derecho, motivan y articulan a los estudiantes de otras unidades académicas y el 7 de noviembre de 1943 refundan la AEU como una organización federativa de las asociaciones estudiantiles sancarlistas.

    Para 1944, la AEU, en asamblea, respondiendo a imposiciones de Jorge Ubico a la universidad, entrega un ultimátum al presidente: presiona llamando a huelga hasta que el Gobierno ceda a sus peticiones.

    Los meses posteriores, las movilizaciones de los estudiantes, del magisterio y de otros grupos sociales lograrían el derrocamiento de Ubico, evitarían la permanencia en el poder de Ponce Vaides y lograrían elecciones presidenciales democráticas: un conjunto de acontecimientos conocidos como la Revolución del 44.

    Los estudiantes y los profesionales jóvenes constituyen el Frente Popular Libertador, partido que, junto con el Partido Nacional Renovador (del magisterio y aliados), postula a Juan José Arévalo a la presidencia.

    Tras el triunfo de Arévalo, muchos estudiantes asumieron puestos públicos y promovieron programas y políticas de beneficio social y de modernización estatal.

    Cuarenta y seis años le tomó a la organización estudiantil madurar como actor político a principios del siglo pasado. Los universitarios, aglutinados en asociaciones desde su participación política, construyeron junto con el pueblo un gobierno que hoy recordamos como la Primavera Democrática en Guatemala.

     

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    Bibliografía

    Álvarez, Virgilio. (2012). Conventos, aulas y trincheras: universidad y movimiento estudiantil en Guatemala, vol. 1. «La ilusión por conservar». Guatemala: Editorial Universitaria.

     

     

    La Huelga de Dolores en los años 1920 (foto de Joaquín y José Barnoya encontrada en Wikipedia).

  • Un día en la USAC

    Cuando una quisiera salir en defensa de la Universidad de San Carlos (USAC) y decir que no, que en esa casa de estudios no sucede lo que sus detractores dicen, ¡zas!, pasa algo que viene a echar por tierra cualquier buena intención. Y los hechos, a pesar de todo, se imponen.

    Sucede que este pasado jueves 27 de julio se organizaron, para las 5 de la tarde y de manera simultánea, dos actividades en la Escuela de Ciencia Política. Quien lo ve de lejos diría que en dicha unidad académica (pequeña, por cierto, en comparación con otras que hay en la sede central) la intelectualidad se mueve. Una de dichas actividades fue la cátedra magistral dedicada a Edelberto Torres-Rivas (aunque él no estaba presente, pues llegó por la mañana a otra actividad) en un salón, mientras en otro se llevaría a cabo un conversatorio con entrada libre sobre la realidad de Venezuela. Para esta última, entre otros, llegó a la universidad Gloria Álvarez, quien finalmente no participó en el conversatorio, pero quien a su vez invitó a la comunidad venezolana en el exilio, grupo que sí se hizo presente.

    Pues bien, la cuestión se desbordó en el conversatorio. Una vez que hablaron los panelistas, el director Marcio Palacios les dio la palabra a los representantes de la comunidad venezolana en el exilio. Estos no pudieron hablar porque los simpatizantes del Gobierno venezolano, también presentes, empezaron a abuchearlos y acusarlos de «terroristas». Y no solo no les permitieron expresarse, sino que prácticamente los sacaron del salón y los persiguieron por los alrededores de la Escuela de Ciencia Política. A todo esto, a los estudiantes de la escuela no les quedó más que correr detrás de ambos grupos y colocarse en medio de los dos para evitar que se agredieran físicamente. Paralelamente, o un poco antes, aparecieron algunos representantes de la Huelga de Dolores de la Facultad de Derecho, unos encapuchados y otros no, algunos armados con unos instrumentos para electrizar, diciendo que no permitirían la participación de Gloria Álvarez en el evento porque ella había dicho recientemente que los estudiantes sancarlistas «son unos parásitos». Detonaron en las afueras una bomba cuando iniciaron su plantón y otra cuando se fueron. En medio del tumulto y el relajo que se causó allí, los organizadores, según testimonio de los mismos estudiantes de la escuela, desaparecieron y no hicieron nada por calmar la situación ni los ánimos de los participantes. Todo fue caos y desorden.

    Para las 8 de la noche, por otro lado y por otras causas (o quizá por las mismas —nunca se sabe—), la salida de la USAC era imposible. Alguien (y no sería raro que fuera allegado a algún personaje poderoso con deseos de venganza) tuvo la brillante idea de enviar dos camiones y a sus respectivos trabajadores para que, a la hora de mayor afluencia vehicular en la salida de la universidad, quitaran el pavimento de una de las calles más transitadas, la que da vía al Periférico en dirección norte. A las 11 de la noche todavía estaban por salir de esta casa de estudios más de la mitad de los vehículos allí estacionados. Y eso que no hay dinero para realizar dichos trabajos, según dicen las autoridades.

    Si todo esto no fuera tan surrealista y espeluznante, podríamos reírnos un poco. Pero no.

    Como el resto de la sociedad, la universidad está tomada o por las mafias o por los politiqueros de turno o por los arribistas o por los que por su propia mano tratan, como siempre, de aprovecharse de una u otra forma para obtener fama, fortuna y demás a costa de lo verdaderamente importante que debe prevalecer de la USAC: la visión académica y el cumplimiento del artículo 82 de la Constitución, que la coloca como una de las instituciones que debe velar por la solución de los problemas nacionales. Estos acontecimientos no se darían si la universidad proyectara respeto a los ámbitos interno y externo.

    En el ámbito interno, a pesar de todo, hay muchos (ojalá cada vez fueran más) que todavía luchan por darle prioridad a lo académico, por rescatar todo lo bueno, loable, magnífico, heroico, honesto y respetable que en el seno de la USAC ha surgido a lo largo de sus más de 300 años de vida.

    Lo triste y lamentable es que por ahora, así como se ve, la tarea de rescate de la USAC es una labor titánica, casi imposible. Esta no es más que el reflejo del país entero, que al parecer se hunde con todo y sus instituciones de manera irremediable.

  • La USAC: el cuco de los enemigos de lo público

    Los voceros del orden establecido y los protagonistas de los realities políticos de las redes sociales divulgan y profesan que, por el deterioro académico y la corrupción en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la institución ha dejado de retribuirle a la sociedad lo que recibe, lo cual es un razonamiento falaz y a su vez uno de los puntos discursivos de los enemigos de lo público. Lo adversan, pero lucran con él encantados.

    Hemos asistido al gran fracaso de la introducción de los negocios de privados en las instituciones públicas, que terminó finalmente en corrupción sistémica, en el secuestro del Estado, en la presencia de organismos internacionales en el país por la perpetuación del subdesarrollo, en nuestra conversión en un narco-Estado, en servicios deteriorados y en instituciones políticas incapaces de realizar sus funciones por la infiltración de los intereses ilegítimos e ilícitos de grandes empresarios y de corporaciones que vieron en lo público su cuenta de banco: compraron voluntades, traficaron influencias, desfalcaron, sobornaron y crearon contratos sobrevalorados.

    Asistimos al fracaso neoliberal que proponía reducir lo público y solo logró debilitarlo. Financiaron políticos corruptos, participaron en el intercambio de favores y optaron por la gestión privada sin lograr resultados significativos. Los servicios administrados por privados continuaron siendo anillos para dedos tercermundistas[1]. No contentos con ello, siguen queriendo defenestrar las pocas instituciones públicas que sí funcionan. Sí, a pesar de la contrainsurgencia, de las comisiones de postulación, de la configuración de la San Carlos como trampolín político, a pesar de los pesares, sigue funcionando. En reiteradas ocasiones ha sido catalogada como la mejor universidad del país (y cuando no, como la segunda mejor) por diferentes rankings universitarios que se realizan alrededor del mundo. En América Latina, por ejemplo, la USAC continúa siendo un referente para las ciencias exactas y sociales.

    Lo anterior no significa que se deba ignorar la corrupción, y menos que deba ser impune. La corrupción en la San Carlos debe ser investigada por el Ministerio Público (MP) y, si compete, también por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Pero se rescata la sobrevivencia institucional. Se valora el hecho de que, a pesar de estar inmersa en los vicios de este país, aún otorgue buenos servicios educativos en diferentes dimensiones de la vida universitaria. La corrupción que ha alentado el deterioro académico es una de las grandes razones por las cuales la San Carlos no hace de mejor manera su trabajo. Lo que no quiere decir que no exista retribución. Está completamente documentado que lo sigue haciendo y también está totalmente claro que debe hacerlo mucho mejor.

    La USAC no ha abandonado su mandato constitucional. Constantemente analiza la realidad y propone soluciones para superar los problemas nacionales. Basta con consultar los portales de los departamentos de investigación de cada una de las facultades y escuelas no facultativas, sus centros de documentación o la biblioteca central. Algunas de las retribuciones de la USAC se pueden encontrar en la Ley de Vivienda, en los estudios sobre las aguas y el ordenamiento territorial, en sus propuestas para mejorar el sistema de transporte, en los estudios mensuales de la revista Análisis de la Realidad Nacional del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (Ipnusac). También están los resultados diarios, mensuales y anuales de miles de estudiantes sancarlistas que, mediante el ejercicio profesional supervisado (EPS), devuelven con creces (al triple, según datos oficiales de la rectoría del 2013) lo que recibieron de la población y sus impuestos a través de asistencia técnica y profesional en todo el territorio nacional.

    Los medios no siempre comunican los éxitos de la USAC con la misma fuerza con que comunican sus tropiezos. Es parte de la lógica nacional de defenestrar lo público, lo cual es una deshonestidad intelectual y legitima un sistema que ha fracasado rotundamente, ese conjunto de formas de hacer las cosas que solo ha pulverizado el desarrollo del país. Está en el ADN institucional de la universidad superar sus problemas. Por eso no se ha parado. El movimiento estudiantil camina para recuperar la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU). La disidencia racional y la oposición a los corruptos del Consejo Superior Universitario (CSU) continúan articulándose, y los esfuerzos de investigadores y profesores por poner la academia y la autonomía universitaria (la real) en el centro de las unidades académicas han resistido las represalias y la invisibilización.

    Algunas universidades e instituciones académicas jamás sufrieron persecución sistemática de sus estudiantes e investigadores. Sin embargo, no han logrado salir del anonimato internacional. Aparentemente no tienen corrupción, pero tampoco superación académica. El tema clave, entonces, es elevar el nivel general de la educación superior; democratizar la San Carlos; reimpulsar la educación pública parvularia, primaria y secundaria, y asociarse con los colegios y las universidades privadas para fomentar el conocimiento científico en conjunto. Hay que destruir de una vez por todas las falacias y los discursos que quieren acabar con todo lo que no genera riqueza en pocas manos.

     

    ***

    [1] Cabe aclarar que hay que construir instituciones públicas eficientes y fortalecer las capacidades de los privados, pero hay que asociarse con los honestos, con los empresarios que quieren desarrollo.

  • Universidad maya (1)

    En varias oportunidades, el actual rector magnífico de la Universidad de San Carlos (USAC), Carlos Alvarado Cerezo, ha hecho declaraciones, mantenido silencios desafortunados o asumido posiciones superficiales ante la compleja y complicada realidad del país, con lo cual refleja lo que muchos analistas e intelectuales han señalado en varias oportunidades respecto a la intrascendencia de la máxima casa de estudios en los últimos años, que así ha perdido su relevancia constitucional, académica, cultural, política (en el buen sentido de la palabra) y moral.

    En cierta oportunidad se manifestó contra la creación de la universidad maya, una obligación legal del Estado derivada de los acuerdos de paz. Ante los problemas graves que sufren las comunidades, las autoridades ancestrales y los líderes comunitarios que defienden la vida y los territorios, se nota la ausencia de posiciones de tan alta autoridad, al punto de que resultan siendo algunas universidades privadas las que han desempeñado un papel relevante ante la problemática sociopolítica y ambiental que deriva de la tendencia extractivista del Estado. En el proceso de reforma de la USAC han aflorado los intereses de grupo que el rector representa, no los intereses de la comunidad universitaria ni del país. Y en esa lucha de poder entre roscas y élites la reforma no avanza. Y lo poco que ha avanzado ha tenido como restricción aceptar la desmonopolización o descentralización, así como la equidad de género y de pueblos en la representación y en el proceso mismo.

    Recientemente, los medios de comunicación divulgaron sus declaraciones en contra de la reforma constitucional al sistema de justicia. Argumentaron cualquier cosa, menos los intereses que defienden, como el control y uso de las comisiones de postulación para posicionarse en puestos clave de la política nacional y de cercanía a los recursos del Estado y servir así, a saber si inconscientemente, a las élites tradicionales del poder, que han mantenido un férreo control del Estado como si fuera su finca.

    Hay que entender que los procesos eleccionarios de la máxima casa de estudios han sido politizados, igual que la academia, la cual ha sido postergada y ha incumplido con su obligación constitucional como alma mater. Dinero de dudosa procedencia y prácticas antidemocráticas de las roscas que tradicionalmente han medrado cerca del poder universitario y han heredado privilegios, oportunidades, clientelismo y acarreos de votantes explican por qué la USAC no aparece en posiciones importantes en los rankings académicos de Centroamérica, no digamos de América o del mundo.

    En ese sentido, yo, como universitario de la San Carlos, durante 30 años en el ámbito estudiantil, administrativo, docente e investigativo, digo que el rector (o la mayoría de los que han ocupado el cargo, con honrosas excepciones) puede ser legal, pero no legítimo. En consecuencia, no avalo sus declaraciones en contra de las reformas constitucionales ni otras vertidas en contra de la desmonopolización de los estudios superiores y de la creación de la universidad maya, pues él no representa los intereses de otras posiciones científicas, técnicas, políticas y culturales ante la realidad del país, como debe ser en las instituciones universitarias.

    En esas condiciones es comprensible el proceso de privatización de los estudios universitarios, impulsado por los rectores, las autoridades y los docentes de la USAC, que ha convertido los estudios superiores en una mercancía en vez de un derecho humano. También es comprensible la demanda de una universidad maya, cuyos primeros planteamientos hicimos en la década de los 80 del siglo pasado con el extinto académico Enrique Sam Colop y cuyo documento quedó en las oficinas de la Unesco en Guatemala. Válidos son también los proyectos ya en funcionamiento (o a punto de empezar a funcionar) de las universidades Ixil, Kaqchikel, K’iche’ y Mam como una necesidad legítima ante la monoculturalidad, el estancamiento colonial de la USAC y la mercantilización de las universidades privadas.

    En la próxima entrega explicaremos con más profundidad las razones históricas, culturales, políticas y académicas del surgimiento de las demandas de desmonopolización de la educación pública universitaria y del acceso a dichos estudios de pueblos y sectores excluidos, toda vez que las encuestas del Instituto Nacional de Estadística señalan que, del total de la población universitaria de la San Carlos, solo el 10 % son pobres. Y lo mismo podría decirse de la población indígena. Por ello se justifica la creación de la universidad maya y de otras que sean de carácter público.

  • Nuestros referentes también son nuestras conciencias (a Carlos Guzmán-Böckler, «in memoriam»)

    Nuestros referentes también son nuestras conciencias (a Carlos Guzmán-Böckler, «in memoriam»)

    Carlos Guzmán-Böckler nació en el oriente del país el 6 de agosto de 1930.

    Abogado, sociólogo, intelectual, sancarlista, huelguero, hombre de mundo y lucido. Ante todo lucido. Estuvo siempre del lado de los olvidados y los excluidos. Reivindicó desde la academia y desde su acción política sus cosmovisiones y sus derechos. Escribió varias obras con el ojo crítico de quien quiere un país mejor, respeta su diversidad y busca integrarla al desarrollo. A lo largo de su vida utilizó criterios científicos para explicar los procesos sociales e históricos de Guatemala. Debatió hasta el cansancio el marxismo ortodoxo y se burló con argumentos del peor de los conservadurismos, esos que han cohabitado con los autoritarismos que han aniquilado, matado y humillado. Puso en el centro de la mesa novedosas discusiones sobre la colonización de nuestras mentes y el profundo racismo que se encontraba en la relación indígenas-ladinos.

    Producto de conversaciones sobre el pasado, de los actos de terror que nunca deben repetirse y de la necesidad de mantener intacta la memoria, escuché a mis papás decir que los homenajes también debían hacerse en vida. Después de tanto sufrimiento y de tanta lucha por las calles y las aulas de este país, únicamente nos habían quedado las plaquetas, los bustos y los cementerios para honrar a los nuestros, a los que en sus campos de acción habían dejado sus huellas y sus ideas imborrables. En octubre de 2016, a Andrea Rodríguez, Andrés Gutiérrez, Ricardo Laparra, Amparo Gómez y Kevin Fernández (integrantes de la Comisión de Cultura de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencia Política —AECP—) se les ocurrió la brillante idea de llevar al auditórium de la escuela al profesor Guzmán-Böckler para que disertara sobre su libro Donde enmudecen las conciencias.

    Se empezaba a organizar la disertación cuando el secretariado de la asociación y Acción Crítica decidieron aprovechar la llegada de Guzmán-Böckler a la que fuera su primera casa de estudios superiores para homenajearlo. Así se hizo. El día que llegó don Carlos a la unidad académica que él ayudó a fundar lo recibimos y despedimos con una obra in situ, boleros, flores y cohetes. Quién diría que tres meses después estaría despidiéndose de la vida. Me quedo con la frase más coherente y contundente que dijo aquella mañana: «Nuestra mente ha sido moldeada por los centros de estudios de otros lugares que nada tienen que ver con nuestra realidad». La claridad de estas palabras nos servirá para seguir afrontando los días que vendrán en la academia y en las luchas sociales.

     

     

    Guzmán-Böckler falleció el 31 de enero del presente año, el día que se conmemoraba un aniversario más de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), su alma mater. Los comprometidos con la ciencia y la sociedad deben celebrarse y despedirse juntos. Pero, además de poético, también es un grito de alerta, ya que se fue una de las personas que más aportaron a las ciencias sociales el día que recordamos integralmente a la USAC, lo cual implica recordar la decadencia académica en la que está sumida la universidad. La partida de don Carlos nos pone en alerta. La avanzada universitaria que se niega a ver la muerte de la histórica casa de estudios debe intensificar el rescate de la universidad pública, y dicho reto debe asumirse como un deber ético, social, político y cultural.

    No cabe duda de que los homenajes se hacen en vida, y me alegra que los estudiantes de la escuela y los que decidimos hacer política estudiantil hayamos podido honrarlo (y ahora despedirlo) con academia y dignidad. Como reza el mensaje de duelo de la AECP: «La genialidad de su obra trascenderá en la historia como uno de los pilares de la interpretación social guatemalteca […] Es imperativo, entonces, releer y revalorizar sus contribuciones a la ciencia como tributo a su vida y continuación de su legado». Doctor Carlos Guzmán-Böckler, gracias por tanto. Seguiremos llevándolo en el corazón de las ciencias sociales. ¡Hasta siempre!

  • Recuperemos lo que nos pertenece

    Más que un logro para los estudiantes y el inicio de una necesaria limpieza de nuestra amada USAC, la recuperación de la AEU es un mensaje a todo el pueblo de Guatemala: debemos reclamar lo que nos pertenece y echarlo a andar de nuevo.

    Durante 36 años de guerra se implementó una serie de estrategias contrainsurgentes que buscaban erradicar la organización social y, con ella, las luchas por un país más justo. Secuestro de instituciones, cultura de miedo para no participar y desconfianza hacia quien piensa distinto para no articular son solo algunas estrategias que vemos cómo se replican en el día a día en Guatemala.

    El verdadero reto a vencer tanto para los estudiantes sancarlistas como para el país en general es la cultura contrainsurgente, esa que te hace desconfiar del que creció en condiciones distintas a las tuyas, la misma que te hace odiar al que llama la atención, pues en la guerra quien llama la atención pone en riesgo a los demás.

    Gandhi se preguntaba cómo era que 100 000 soldados ingleses podían mantener sometidos a 350 millones de indios. Lo mismo sucede en nuestro país: unos cuantos miles de oportunistas se mantienen aprovechándose de las instituciones que deberían asegurarnos bienestar. Por esta razón, nuestra lucha no debe ser contra los corruptos, sino por aprender a trabajar juntos y por recuperar lo que nos pertenece.

    Pero recuperar nuestras instituciones no significa únicamente sacar a quien las tiene secuestradas. También implica participar, fiscalizar y promover los mecanismos adecuados para que estas no sean tomadas de nuevo. Son millones los guatemaltecos que esperan educación, salud y vida digna a través de instituciones de Gobierno que velen por su bienestar.

    Es por esto que no basta estar cómodos detrás de un escritorio criticando lo que no entendemos, tampoco quedarse observando con morbo y esperando ver cómo fracasan los que se atreven a hacer algo. Si queremos cambiar Guatemala, el reto empieza desde nuestras prácticas.

    Seamos críticos ante las propuestas y exigentes en la ejecución, pero evitemos ser destructivos con lo que es distinto o no entendemos. Cuando comprendamos la importancia de aglutinarnos por causas comunes, lograremos derrotar a quien se aprovecha de nosotros. #UnidosVenceremos.

  • Reforma universitaria por la transparencia

    Las altas autoridades de la Universidad de San Carlos (USAC) se presentaron esta semana ante los jefes de los distintos bloques de diputados para insistir en la rápida aprobación del préstamo que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le tiene prometido para dar paso a la llamada tercera fase del programa de inversión e infraestructura de esa institución pública.

    De todos es conocido que el crecimiento de la matrícula en la USAC es desordenado y casi exponencial. Los programas de fin de semana se multiplican sin mayor control, sin que se les exija una evaluación externa de las necesidades por cubrir y los resultados que se desea obtener. Los centros universitarios, creados desde la lógica de constituir centros de desarrollo tecnológico regional directamente vinculados a los procesos económicos de las distintas regiones, se han convertido en centros departamentales de formación profesional en los que, pese a los esfuerzos de profesores y estudiantes, la misma institución los ve como propuestas académicas de segunda categoría, aunque en carreras como Medicina y Agronomía los estudiantes deban pagar altas colegiaturas, como en cualquier universidad privada, mientras sus colegas capitalinos gozan de enseñanza gratuita y de mucha mejor infraestructura.

    Se ha perdido la ilusión de que los centros universitarios sirven para potenciar el desarrollo local. Ahora son muestra y consecuencia de la vida profesional de cada ciudad en la que sobreviven. Compiten en calidad y cobertura con las universidades privadas, que no se caracterizan por privilegiar la calidad académica como parte de sus objetivos.

    El pedido al Congreso de la aprobación del préstamo tiene carácter urgente, aunque no llegó acompañado de una clara y detallada justificación de esa urgencia, como sería de esperar de una institución para la cual la excelencia académica y la seriedad profesional deberían ser marcas. Los diputados no pudieron conocer mediciones de demanda y oferta, mucho menos de la urgencia que para el desarrollo regional tiene cada una de las construcciones. Cuando el rector se refirió a que estas inversiones permitirían atender a más estudiantes, la afirmación fue tan gruesa como decir que ayer llovió más que anteayer sin que se ofrezca información milimétrica sobre la cantidad de agua caída por minuto.

    Es evidente que en todos los lugares donde se construyen aulas se atenderá a estudiantes, pero no queda claro si servirán para desahogar aulas superpobladas o para atender a estudiantes de nuevas carreras. En todos los casos, esa suposición de atención a más alumnos no está acompañada de la estimación cuidadosa del número de docentes que se incrementarán para lograrlo, mucho menos de los costos que eso implica y de las fuentes para satisfacerlo. En dónde y en qué parte de su edificio invertirá, por ejemplo, la Escuela de Ciencia Política casi un millón de dólares en infraestructura en un año es un gasto que debería haber llegado detallado hasta el último centavo.

    Un préstamo adquirido por el sector público significa comprometer recursos de toda la ciudadanía, pues el Congreso no solo está dando su aval, sino también está aprobando que la universidad gaste por anticipado esos recursos públicos. Debe el Congreso, en consecuencia, actuar con cuidado, mucho más si consideramos que ha sido la misma USAC la que apenas el año pasado abanderó concentraciones contra la corrupción y el uso inadecuado de los recursos públicos y sirvió de portavoz a las críticas que con fundamento se hicieron contra varios diputados.

    Si la USAC exige calidad y eficiencia en el gasto, es a todas luces evidente que la que debe dar el ejemplo es la administración superior de esa institución. No se pueden encabezar marchas contra la corrupción y, al presentar un pedido de recursos públicos anticipados, hacerlo con la mayor displicencia e irresponsabilidad técnica, tal y como se observó en la presentación de esta semanas.

    No pueden las autoridades universitarias esconder su gestión de los recursos públicos bajo el manto protector de la autonomía, considerando una ofensa y hasta una agresión que desde el Parlamento se les solicite utilizar cuanto antes las plataformas y los mecanismos aprobados para transparentar el gasto público, tal el caso del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicóin) y de Guatecompras. El Congreso no tendría que exigir eso como algo que cumplir durante la gestión del préstamo. La situación actual del país demanda que, desde ya, instituciones como la USAC hagan uso de esos recursos para que todos los ciudadanos interesados en conocer el proceso de ejecución puedan hacerlo. Esconder información es fuente de duda y corrupción, y las autoridades universitarias, por presentarse a reelección en los próximos eventos electorales, no pueden mostrarse como gestores públicos del pasado: con prácticas opacas en la gestión de los recursos institucionales.

    Los diputados exigen, además, el cumplimiento de una promesa año con año aplazada: la realización de la reforma universitaria. En realidad, eso sí es pedirle peras al olmo, pues, si bien tal proceso camina, aunque sea a pasos de tortuga, es evidente que, de ser presidida por las autoridades, será una reforma para no cambiar nada sustancial. El Congreso de la República tiene la oportunidad, mediante sus distintas comisiones y órganos de dirección, no solo de convocar al debate y a la discusión de reformas profundas a la Ley Orgánica de la USAC (decreto 325-1947), sino, aprovechando el momento reformista que actualmente vivimos, de promover la constitución de un efectivo sistema nacional de educación superior mediante la cual se revisen tanto la Ley de Universidades Privadas (decreto 82-87) como las que en contenido y forma, más que promover la investigación científica, la han castrado (decretos 63-91 y 73-92).

    Es necesario tener claro que la USAC no es una isla autosuficiente en el país. Ella es parte de un sistema de educación superior y de producción científica que urge constituir y reglamentar en beneficio de la sociedad y de su futuro. La anarquía y el desorden que existen en la educación superior en su conjunto solo favorecen a los que en las instituciones públicas y privadas apenas buscan satisfacer sus intereses particulares y los de sus grupos.

  • Lista de pendientes

    Poco a poco Iván Velásquez y Thelma Aldana evacúan la agenda. Las tareas en esa agenda son todas iguales: encontrar con cuidado la punta del hilo y comenzar a deshacer el ovillo del crimen, de la corrupción enquistada en el Estado.

    Su tarea —sobre todo para el comisionado Velásquez y sus colaboradores en la Cicig— no será terminar de desenmarañar cada hilo, cada caso de los muchos que nos ahogan. Eso nos toca a nosotros, los ciudadanos. En la plaza y en la opinión pública, con la denuncia y en los tribunales, en las urnas y desde los partidos políticos.

    Tiene sentido, como hasta ahora, buscar los hilos en las madejas más obvias. Deshilachar los nudos que están a mano: el gobierno corruptísimo de Pérez Molina y Baldetti, un Congreso cínico y procaz, un gabinete ladrón.

    Se hace obvio, sin embargo, que de allí parten zarcillos hacia otras marañas. Como bobinas, dos comienzan a girar mientras los investigadores tiran del hilo. Primero el empresariado, que convirtió los contratos del Estado en la excusa perfecta para ganar plata sin competir y que pervirtió las leyes y las instituciones para proteger esa incompetencia. Comienza también, ¡al fin!, a ceder la madeja del monopolio de los medios de comunicación. Allí está la punta del hilo de las lesivas y opacas concesiones de la TV y la radio, esos tratos vendepatrias que entregaron por décadas la voz, la información y la conciencia de la sociedad entera a unos pocos malintencionados a cambio de que allanaran el camino al palacio para el pícaro de turno. El tema es importantísimo no solo por recuperar el equilibrio en las elecciones. La democracia necesita una prensa que nos refleje en nuestra diversidad, en nuestras diferencias. Además de recuperar concesiones, hay también que desenmarañar una Ley de Telecomunicaciones que margina la radio comunitaria y reconocer la lesividad leguleya que dejó al Estado sin ancho de banda para atender el interés público. Toca espantar a la canalla que quiere quedarse con más radiofrecuencias en la más grande opacidad.

    Pero es apenas el principio. Porque luego están los temas en que se ha encontrado el hilo, pero aún no se devana. Como el Ejército —sí, todo él—, donde la abundancia, el poder y la opacidad tienen décadas dándose cita en latrocinio impune. ¿Cuánto tendremos que esperar para ver un oficial digno, que se niegue a seguir ese juego vil y lo denuncie?

    Como la corrupción municipal. Tantas localidades —grandes, medianas y pequeñas, las hay en todas las escalas— sofocadas por un cacique ladrón —criollo, ladino, indígena, los hay para todos los gustos— que con nombre de alcalde abusa sin control ni medida y a cambio da solo bagatelas y kermeses. Alcaldes que evaden su responsabilidad para con el agua limpia, la salud, la educación y drenajes que funcionen.

    Finalmente están los pendientes, para los cuales el tiempo, la información o la oportunidad no han dado lugar —aún— de encontrar ni la punta del hilo. No porque el ovillo no exista. Simplemente porque no puede hacerse todo a la vez. Pienso en la Universidad de San Carlos, llamada a mejores cosas, que concentra el 5 % de todos los dineros públicos, pero a cambio rinde pocas cosas buenas y muchas malas. Pienso en sus líderes, que comercian apoyos políticos en una burbuja autocomplaciente y opaca mientras apañan la trampa política y falsean el mandato de llegar a los más necesitados.

    Pienso también en el sindicalismo mercante, que instrumentaliza al trabajador, cuyas justas y urgentes necesidades tornaron en moneda para transar con políticos y autoridades. Un sindicalismo de consigna vacía, chantaje y tráfico de puestos.

    Finalmente estamos usted y yo, ciudadanos, cuando hacemos trampa. No porque vengan tras nosotros doña Thelma y don Iván con sus escuchas telefónicas y sus investigadores acuciosos. Somos poca monta. Pero somos muchos y nuestras corruptelas cuentan. Los miles de abusos laborales, como el dueño del restaurante que se queda con las propinas del personal. Los millones de evasiones, como la factura no exigida y la factura negada. Allí, cotidianamente, anudamos la maraña de una sociedad corrupta. Damos verdad al lema que dice que #EsElSistema.

    Así que tengan Iván Velásquez y Thelma Aldana larga vida, brazo fuerte y ojo claro, que sus esfuerzos sirven mucho y en tantas cosas. Y que detrás vengamos los ciudadanos honrando su empeño con el nuestro.

  • El camino del deterioro académico (la continuidad de la USAC en las comisiones de postulación)

    El Diálogo Nacional: Hacia la Reforma de la Justicia tiene que ser cada vez más enriquecedor. Y para que valga la pena precisa de los diferentes sectores comprometidos en los cambios graduales y profundos que necesita el país.

    Las reformas constitucionales al sistema de justicia son un paso fundamental para comenzar a cambiar nuestro modelo de Estado. Convertir las instituciones relacionadas con la justicia, capaces de investigar y desarticular redes de corrupción, es, en estos tiempos de tejer redes interinstitucionales, regresarles la integridad y la funcionalidad a las instituciones del Estado. En el marco del Diálogo Nacional, hay que hablar sobre propuestas técnicas, pero también sobre las razones que llevaron a la carencia y a la debilidad de nuestras instituciones. Dos de las variables para explicar la crisis institucional residen en la ineficiencia del sector justicia y en las decisiones políticas que hicieron de las instituciones un mercado electoral cada vez que corresponde elegir a sus directivos (y estos, a su vez, a las autoridades intermedias).

    Las comisiones de postulación, por ejemplo, las vendieron como un beneficio democrático porque permitía la participación de diferentes instituciones en la designación de funcionarios públicos. Se creyó ilusamente que este aparente modelo multisectorial de elección permitiría mejorar la calidad en las designaciones de funcionarios para las direcciones de instituciones clave. En el caso de la Universidad de San Carlos, de nuestra alma máter, significó su politización y permitió que se introdujeran grupos de poder con intereses oscuros que configuraron redes de corrupción para incidir desde la universidad en las elecciones de magistrados y de otras altas autoridades. Estas comisiones convirtieron a la USAC en un órgano electoral que elige funcionarios públicos mediante prácticas clientelares. Incluso se llegó a cooptar representaciones ante el Consejo Superior Universitario (CSU) para asegurar su estructura delictiva y a expandir su influencia en otros espacios a través de sus operadores políticos, como ha sucedido en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

    Pero tampoco hay que confundir la participación de la USAC en las comisiones de postulación con sus representaciones técnicas en las instituciones del Estado. Las segundas, contrarias a la primera, son un verdadero beneficio democrático que debemos reforzar porque permite que los representantes de la USAC tomen decisiones políticas en función de propuestas académicas dirigidas a solucionar los problemas del país. Entre elegir funcionarios públicos y tomar decisiones para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas y económicas (ahora sí desde acciones multisectoriales) hay una gran diferencia. Lo primero está vinculado a la deliberada compraventa de los votos y lo segundo a la academia.

    La autonomía universitaria, que defenderemos siempre, no es un blindaje para asegurar impunidad. La universidad ha sido trascendental en la formación educativa de los guatemaltecos. Ha sido una aliada histórica de las causas justas de la población. Es autosuficiente y capaz de retomar el camino perdido. Pero no es una isla ni un Estado dentro de otro. Requiere del funcionamiento del resto de las instituciones para mejorar y modernizarse. Es un reto, una obligación y una cuestión de desarrollo integral que las instituciones estatales que operan en el sistema de justicia desarticulen las mafias que en contubernio con grupos delictivos de choque han deteriorado la organización estudiantil, la academia y el rol de la USAC en la vida política del país.

     

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    * Escrito por Luis Guillermo Velásquez y expuesto parcialmente por Jeffry Oquelí, representante de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, en el conversatorio con el comisionado Iván Velásquez sobre reformas al sistema de justicia llevado a cabo en el edificio M5 de la ciudad universitaria el 20 de mayo de 2016.