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  • Pagar una prueba privada, la opción más eficiente durante la pandemia

    Pagar una prueba privada, la opción más eficiente durante la pandemia

    Argentina y Uruguay ofrecen la opción de realizar pruebas gratuitas en hospitales privados. En Guatemala sólo pueden optar a una gratuita cuando ya presentan síntomas. Una investigación coordinada por la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (PALTA).

    En Guatemala, 111 laboratorios privados, 22 del Seguro Social y 17 de la red nacional procesan las pruebas para confirmar si una persona tiene COVID19. Pero el tiempo que tarda el sistema público en dar una respuesta ha llevado a los capitalinos a acudir a la primera opción.

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    Un informe de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID19 (Coprecovid) del pasado 1 de septiembre, confirmó que la mayoría de los exámenes se realizan en el departamento de Guatemala, es decir, en la ciudad y áreas vecinas. Y estas son procesadas por laboratorios privados.

    El 59% de las 229, 067 pruebas realizadas en el país entre el 19 de febrero al 25 de agosto fueron en la capital y 12 de los municipios vecinos, según datos proporcionados por el Sistema Gerencial de Salud (SIGSA) a través de una solicitud de información pública.

    De acuerdo con la Coprecovid, Guatemala con 16.3 millones de habitantes, dato del censo 2018, debería realizar una tasa de 0.4 pruebas que equivalen a 6,785 pruebas diarias por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, el Ministerio de Salud se ha mantenido entre el 0.1 y 0.2, en su pico más alto, alrededor de 2,000 a 3,000 por día y concentradas en la metrópoli. El dato en las áreas rurales es de 0.1 de pruebas diarias que equivale a 1,685.

    «La mayoría de pruebas en el departamento de Guatemala son realizadas por el sistema privado, seguidas por el Ministerio de Salud, tercero por el Seguro Social. Eso es diferente a lo que vemos en los otros departamentos, la mayoría de ellos están por debajo de la tasa», dijo Edwin Asturias, director de Coprecovid, en una conferencia de prensa.

    El Ministerio de Salud registra 109 centros autorizados para realizar pruebas en 19 de los 22 departamentos del país. El Progreso, Santa Rosa y Baja Verapaz están fuera. El 49% de estos laboratorios privados se concentra en ocho municipios metropolitanos, incluida la ciudad de Guatemala, de 340.

    En el sector público la situación es distinta. Existen 151 centros de salud, distribuidos en los 22 departamentos, para realizar los test de antígeno, pero la cobertura no llega a todas las comunidades. Por ejemplo, en Huehuetenango cinco clínicas están en la cabecera departamental y uno en Chiantla que dista siete kilómetros. Los habitantes de los 30 municipios restantes deben viajar al casco urbano para saber si tienen COVID19.

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    Pruebas gratis que salen caras

    Seis integrantes de la familia Barrientos, que viven en la zona central de la ciudad de Guatemala, se hicieron la prueba para detectar al nuevo coronavirus. Cinco de ellos salieron positivos y uno murió. Los primeros en enfermarse fueron los padres, Luis y Marisol, de 64 y 63 años, respectivamente.

    El viernes 7 de agosto, poco después de celebrar su cumpleaños, Marisol comenzó con fiebre, diarrea y tos. El sábado, su esposo presentaba los mismos síntomas, pero ninguno puso atención. El martes 11, Evelyn, una de sus hijas y enfermera de profesión, pasó toda la noche con fiebre y decidió el miércoles ir al Parque de la Industria para que la examinaran. Se trata del primer hospital temporal habilitado por el gobierno para atender a los pacientes con COVID19, con una capacidad de 319 camas. Le practicaron una prueba de antígeno y tres horas más tarde le dieron el resultado: positivo.

    El jueves 13, Diego Lorenza, paramédico y esposo de Evelyn, llevó a sus suegros y a otros dos miembros de la familia que compartían la misma vivienda a este centro para que les hicieran la prueba. Aunque comenzaba su primer día de cuarentena por prevención, decidió hacerlo.

    «En el Parque de la Industria se quedaron solo las mujeres, mi suegra y su nuera. Yo llevé a los dos hombres (padre e hijo mayor) al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) donde quedaron internados hasta que les hicieran las pruebas. Los cuatro salieron positivos», contó Lorenzana.

    Sin embargo, solo los padres quedaron hospitalizados en centros distintos, ambos con oxígeno. Los acompañantes de ambos, pese a ser positivos, fueron enviados a sus casas para cumplir la cuarentena.

    El IGSS atiende a los pacientes cuando tienen síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dificultad de respirar, pérdida de olfato o pérdida del gusto y en algunos casos diarrea. En el caso de los asintomáticos, estos deben primero pasar una cuarentena voluntaria por 15 días e interrumpir el aislamiento si hay signos de la enfermedad para ser atendidos.

    El Seguro Social utiliza tres tipos de pruebas: dos son de biología molecular (PCR). Una se lleva a cabo por medio del protocolo Charité y dura aproximadamente cuatro horas. La otra es la GeneXpert que se procesa en 45 minutos. La tercera opción, practicada a los Barrientos, es de detección de antígeno donde los resultados se entregan en 15 minutos. Los tres exámenes son realizados por hisopados ya sea nasofaríngeo u orofaríngeo.

    Con pocas pruebas los departamentos desconocen su situación real

    La lentitud del sistema público

    Del 16 de abril al 12 de agosto, el ministerio de Salud y el IGSS compraron 88,519 pruebas moleculares. De estas, 26,546 son de la marca Genexpert-CEPHEID y fueron importadas de Estados Unidos por Labymed S.A. Esta misma compañía suministró otras 1,729 unidades de PCR  (con el método charité) de Biofire (Estados Unidos).

    El resto se compró a Productos Roche (Suiza); ATP Diagnóstica, Abbot (Abott) y Seegen (Corea); Diagnostica Kapris, Qiagen (España); Kron Científica, Atila (Estados Unidos).

    Sin embargo, a mediados de junio varios trabajadores del Laboratorio Nacional de Salud dieron positivo al nuevo coronavirus, por lo que todo el personal fue enviado a cuarentena para evitar la propagación del virus, esto retrasó aún más la entrega de resultados para los pacientes que acudieron al sistema de salud público. Algunas personas recibieron su diagnóstico mes y medio después y otras, nunca se enteraron sí estuvieron contagiadas.

    Uno de esos casos ocurrió el 8 de junio, cuando un equipo del Centro de Salud de Amatitlán llegó a una embotelladora del lugar para testear a varios empleados, alertados por otros compañeros que salieron positivos días antes. El esposo de Julia de Nolasco fue uno de los examinados ese día quien obtuvo su resultado, positivo.

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    Después del hisopado lo enviaron a su casa por 15 días. «Le dijeron a mi esposo que lo llamarían para darle el resultado, pero se lo entregaron hasta el 27 de julio (49 nueve días después). Era positivo y ya se había curado. Tampoco le dieron un comprobante», comentó. Ella supone que también se contagió porque tuvo los mismos síntomas y guardó cama, pero nunca quiso acudir al médico.

    «La presa de pruebas llegó hasta 8 mil, pero ya no existen pruebas pendientes de ser procesadas», dijo Edwin Asturias, director de Coprecovid, mientras mostraba a principios de este mes la gráfica que demuestra el avance en la entrega de resultados.

    Otro caso, que ejemplifica los retrasos es el de Sucely Zelada, secretaria en un juzgado de Quetzaltenango, quien se hizo la prueba el 21 de junio en el centro de salud porque tuvo contacto con un compañero de trabajo que dio positivo, pero el resultado nunca llegó. «Llamé y llamé para que me dieran el resultado, no fue así. Aún espero la respuesta», dijo.

    Quetzaltenango dispone de un servicio de salud público en cada uno de los 24 municipios y seis lugares más para quien pueda pagar el examen, cuatro de ellos localizados en la cabecera departamental. Este territorio superó el 4 de septiembre los 4 mil 783 casos, el segundo más afectado por la pandemia después de Guatemala con 42 mil 927 contagios.

    El Ministerio de Salud publica en su portal solo los casos confirmados. Si una persona se hace la prueba y muere, su caso será registrado hasta conocer los resultados del test. Esto puede demorar entre dos días hasta dos semanas, según registros de la cartera.

    Pagar la opción más eficiente durante la pandemia

    Según los datos de la Coprecovid, las pruebas procesadas por los laboratorios privados superan la tasa mínima de 0.4, pues han realizado hasta 0.6 que equivale a 10,155 test diarios. Sucely Zelada no pudo pagar los 1,000 quetzales (131.58 dólares) que costaba. «Verifiqué cuánto cobraban y uno vive al día con su presupuesto», contó.

    Los laboratorios y hospitales privados, al igual que el sistema de salud público y el Seguro Social, también ofrecen pruebas moleculares o PCR y de antígeno. Estas últimas permiten un resultado más rápido y aunque están aprobadas por el ministerio no tienen el 100 por ciento de confiabilidad. En ocasiones es necesario tomar otra muestra para asegurar el diagnóstico. Ambas se realizan por medio de hisopado.

    Mientras que las moleculares requieren de un análisis en un laboratorio que puede tomar como mínimo 24 horas, según la capacidad del servicio. Los precios oscilan entre 400 a 3,200 quetzales (entre 52.63 y 421.05 dólares). Todo depende del tiempo de entrega del resultado y del proveedor del servicio.

    En las clínicas de CIAM –un servicio que presta el banco GyT Continental, el tercero más importante del país–, ofrecen las pruebas de antígeno por 400 o 950 quetzales (52.63 y 118.75 dólares) dependiendo de la urgencia, si la desea en un par de horas o puede esperar al día siguiente. Las de PCR están en 950 y 3,000 quetzales (125 y 394.73 dólares), la diferencia es porque la segunda incluye un panel respiratorio, una prueba que permite analizar hasta 17 virus más y que tienen 99% de confiabilidad. Aquí los pacientes no necesitan presentar síntomas para acudir a la clínica, como sucede en los hospitales públicos y en el Seguro Social.

    El servicio Blue Medical ofrece pruebas de antígeno a 395 quetzales (51.97 dólares), la molecular PCR a 795 quetzales (104.60 dólares) y la PCR más panel respiratorio a 3,200 quetzales (410.05 dólares). La primera con el 84% de confiabilidad y las siguientes con el 100%.

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    Julio Prado, un abogado que labora en la ciudad, fue a este laboratorio en donde se hizo la prueba de PCR de 795 dólares (104.60 dólares) y salió positivo. «Tuve diferentes síntomas que confundí con alergias. Por fortuna cuento con los recursos económicos para pagarla». Después del diagnóstico consultó con tres médicos que le recomendaron reposo en su residencia.

    La salubrista y diputada del partido de oposición Semilla, Lucrecia Hernández, informó que el 48% de pruebas registradas del 20 de julio al 2 de agosto fueron analizadas en laboratorios privados y criticó que el 71 por ciento de estas eran de antígeno.

    «Salud hace más PCR. El IGSS y los centros privados hacen más pruebas de antígeno. Según lineamientos del ministerio, las pruebas de antígeno negativas deberían confirmarse con PCR, pero no creemos que se haga así», cuestionó.

    Coprecovid anunció este mes el uso de pruebas serológicas que miden anticuerpos, estas no detecta si existe la infección, pero indican si existió con anterioridad.

    Al 9 de septiembre Guatemala registraba 78,721 casos confirmados de COVID19, 2,890 fallecidos y 263,085 casos tamizados, incluyendo pruebas de Salud Pública, Seguro Social y privados, con una proporción de 30.3% de casos positivos.

    En Argentina y Uruguay se pueden realizar pruebas gratuitas en el sistema privado. En el primero, el gobierno emitió un decreto para asegurar la gratuidad en las pruebas en hospitales privados, pero no en laboratorios privados. Mientras que en Uruguay existe un sistema público-privado que garantiza las pruebas PCR gratuitas. Si los pacientes quieran hacerse una prueba por fuera del sistema, deben pagar 128 dólares en promedio por un estudio a domicilio.

    Personal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) realiza pruebas a trabajadores del Congreso de la República, el 20 de agosto de 2020. Crédito: Dafne Pérez.

    Sin acceso a las pruebas pagadas

    La familia Barrientos cotizó pruebas para Luis y Marisol a 400 quetzales (52.63 dólares), pero de acuerdo con Diego Lorenzana, yerno de ambos, los hijos prefirieron guardar el dinero en caso de necesitarlo para medicamentos por si sus padres salían positivos y debían pasar la cuarentena en la casa.

    «La primera opción era un laboratorio privado, pero nadie se animó y dejaron pasar los días». No hubo aislamiento ni distancia social por falta de espacio. Siete personas compartían la habitación de doce metros cuadrados. La empresa donde trabaja Diego pagó una prueba de antígeno, el jueves 13 fue a Blue Medical, y salió negativo.

    El sábado 22, Marisol regresó a su casa recuperada. La familia esperaba que Luis fuera dado de alta el domingo, pero murió de un paro cardiorespiratorio. Lo enterraron en ese lapso de seis horas que ordena el ministerio de Salud, ninguno de sus familiares pudo siquiera identificar su cadáver.

     

    *Nota de redacción: El tipo de cambio promedio utilizado en esta nota es de Q7.6 de las compras y consultas realizadas a Guatecompras entre mayo y agosto.

     Este reportaje, elaborado por Ojo con mi pisto, forma parte de una investigación regional, liderada por la red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red PALTA), que integran Datasketch de Colombia, El Faro de El Salvador, La Diaria de Uruguay, La Nación de Argentina, Ojoconmipisto de Guatemala, OjoPúblico de Perú y PODER de México, y apoyada en parte por Hivos y Open Contracting. Para leer sobre el sistema de compras y contrataciones de América Latina también puedes ingresar al sitio de la Red Palta. Con el apoyo de Hivos y Open Contracting.

  • Lejos de cumplir 18 de 23 indicadores que la OMS sugiere para reabrir

    Lejos de cumplir 18 de 23 indicadores que la OMS sugiere para reabrir

    El desconfinamiento, que empezó hace un mes, implica un repunte de los casos de COVID19. Así lo ha reiterado Edwin Asturias, director de la Coprecovid. Para definir el momento preciso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugería tomar en cuenta 23 indicadores epidemiológicos. Cuando empezó la desescalada en Guatemala, no se cumplía ninguno. Hoy, solo tres: disminuyeron las muertes durante las últimas tres semanas, es posible la declaración inmediata de los casos confirmados y existen equipos de respuesta rápida. Además, por falta de datos actualizados, hay incertidumbre sobre la disminución de muertes intrahospitalarias por otras enfermedades que no sean COVID19 y por neumonía.

    En julio Plaza Pública le pidió a Asturias que calculara las probabilidades de que Guatemala satisficiera para agosto los 23 requisitos. Un mes después evaluamos qué se cumplió y qué tan lejos estamos: pocas pruebas positivas, ¿bajo? nivel de contagio, ¿ligero? exceso de muertes por neumonía, ¿mínimo? rastreo y seguimiento de casos sospechosos y de contactos de personas con COVID19.

    Hay dos trabas para hacer los cálculos. Una, el Ministerio de Salud y otras instituciones del Estado son débiles generando información. Los datos que se ofrecen en el tablero del ministerio son de casos tamizados, positivos y fallecidos. «No hay información disponible sobre ocupación de camas, índice de rotación de camas, atención a personas en estado crítico o moderado por COVID19», dijo Karin Slowing, médica y experta en desarrollo, integrante del Laboratorio de Datos.

    Otra dificultad es la capacidad del Sistema de Salud para hacerle frente a la enfermedad. Los casos aumentan de manera acelerada. «El COVID19 crece exponencialmente, pero nuestro poder de respuesta como personas es lineal. No podemos duplicar esfuerzos cada ocho días», comentó el matemático guatemalteco Pedro Morales Almazán, catedrático en la Universidad de California.

    Nota de edición del 11 de septiembre a las 12:00 horas: Por error los indicadores 4 y 19 se establecieron como incumplidos. Sin embargo, pese a la valoración de Edwin Asturias, director de la Coprecovid, la información muestra que sí se alcanzaron. Por falta de datos actualizados, se consideran inciertos los indicadores 6 y 9.

  • Con pocas pruebas los departamentos desconocen su situación real

    Con pocas pruebas los departamentos desconocen su situación real

    El presidente Alejandro Giammattei afirmó que la tendencia de contagios de COVID19 se mantiene a la baja, esto por el descenso de casos en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango. Sin embargo, el número de pruebas efectuadas no alcanza el número mínimo y esto impide conocer el desarrollo de la pandemia.

    En las últimas cadenas nacionales, el presidente Alejandro Giammattei presentó un futuro positivo a partir de los datos proyectados en el tablero del Ministerio de Salud. En agosto realizaron 92,960 pruebas, en promedio fueron 2,998 pruebas diarias. Esta última es una cifra que no presume, pues no cumple las pruebas mínimas prometidas.

    Al menos 16 empresas sin experiencia vendieron Q24 millones en alimentos a municipalidades

    Edwin Asturias, director de Coprecovid, indicó el 9 de julio que la meta era realizar 5,000 pruebas de coronavirus diarias. El 29 de julio fue la fecha con más pruebas procesadas, ese día hicieron 5,151. Con pocas pruebas es difícil confiar en que la curva efectivamente va hacia la baja, porque un mayor número permitirá conocer más casos positivos. Los cinco departamentos con menos casos registrados a nivel nacional son Jalapa, Sololá, Baja Verapaz, Quiché y Totonicapán. Tres de ellos (Quiché, Sololá y Jalapa) tienen las tasas de tamizaje más bajas del país. Tamizaje se refiere a la cantidad de pruebas aplicadas para la detección de COVID19, ya sean de tipo antígeno o molecular (PCR).

    Como demuestran las gráficas, en los cinco departamentos con más casos reportados no hay cifras de muestro que permitan alcanzar las 5,000 pruebas diarias.

    Totonicapán tiene más casos confirmados entre los cinco departamentos con menor número de infectados, pero tiene una tasa de tamizaje muy baja. Lo mismo sucede en Escuintla, a pesar de ser el tercer departamento más afectado del país, tiene la tasa de tamizaje más baja en comparación con Izabal o Sacatepéquez.

    Uno de los factores que provoca la baja cantidad de pruebas aplicadas puede ser la poca adquisición de las mismas. Según el portal de Guatecompras, para el Hospital de Escuintla han comprado 2,000 pruebas desde el mes de julio, en el caso del Hospital Temporal de Santa Lucia Cotzumalguapa adquirieron 2,000 pruebas desde junio, esto a pesar de ser los centros principales de atención del departamento. «No se puede determinar la verdadera situación porque solo se están tamizando aquellos que tienen síntomas, entonces seguimos en la misma. No sabemos cuán diseminada está la infección en las comunidades» dice Karin Slowing, médica y experta en desarrollo y salud pública.

    Menos casos, más muertes

    Según el tablero la cantidad de fallecidos diarios disminuyó desde agosto. Hasta el 30 de agosto había 2,760 personas muertas, la mayoría registradas en el departamento de Guatemala, que representan el 58.8% de fallecidos. Algunas áreas del país tienen menos casos reportados, pero presentan una mayor tasa de letalidad. Este término se refiere al aproximado de fallecimientos en relación con la cantidad de personas contagiadas de COVID19.

    Totonicapán registra un 5.79% de letalidad, pero a nivel nacional registra el 0.93% de los casos totales. Esto quiere decir que las personas infectadas del departamento tienen mayor probabilidad de morir, un dato que resulta alarmante para las regiones, porque al reflejar pocos casos se debería tener menor probabilidad de fallecer, pero ocurre lo contrario. «La alta letalidad está relacionada con dos cosas, los casos que no se detectan temprano, sino que llegan las personas muy enfermas a los servicios de salud; y no hay suficientes equipos de salud a mano» indicó Slowing.

    Las pruebas son de laboratorios privados

    A simple vista se podría pensar que la cantidad de casos es menor a la cantidad de tamizajes aplicados en cada departamento, es decir, que se tiene un mayor control de los contagiados, pero al comparar con los datos arrojados por el censo de 2018, se observa que no se abarca una tercera parte de la población de los departamentos con menos casos registrados.

    En la estrategia de rastreo hay desigualdad. De acuerdo con la cantidad de pruebas realizadas del 20 de julio al 2 de agosto, el 48% de pruebas aplicadas son por laboratorios privados. Lucrecia Hernández Mack el 11 de agosto señaló que el 28% las efectuó el Ministerio de Salud y 24% el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). «La mayoría de la población no puede pagar una prueba, y sabemos que son los más pobres los que tienen mayores posibilidades de contagiarse del virus… Pareciera ser que hay desigualdad en la estrategia de testeo» señaló Kevin Martínez Folgar, epidemiólogo.

    Las pruebas en laboratorios privados pueden costar desde Q400 de tipo antígeno, hasta Q3,270 de tipo PCR.

    La prevención se logra con más pruebas

    Con la escasez de datos y baja aplicación de pruebas se debería tener mayor precaución, pero las restricciones son cada vez más leves. Ahora incluso permiten los servicios religiosos hasta de una hora y ya iniciaron las pruebas para reanudar el transporte extraurbano. Por la falta de conocimiento los focos de contagio apueden crecer.

    «La experiencia de todos los países que han manejado exitosamente la epidemia, señalan que, sin un tamizaje y aplicación de pruebas masivas, sistemáticas y continuas, hay riesgos. Los riesgos no solo de segundos brotes, sino que la apertura económica, no sea realmente segura» menciona Slowing.

    COVID19 se ensaña con la juventud guatemalteca

    Con la apertura de centros comerciales, el zoológico y diversos centros recreativos se piensa en el colectivo que la nueva normalidad se acerca, sin considerar que los verdaderos datos no han sido presentados. «Las consecuencias no son documentadas, quedan subregistradas y la sociedad con una percepción que no hay problema» dice Slowing.

  • COVID19 se ensaña con la juventud guatemalteca

    COVID19 se ensaña con la juventud guatemalteca

    Al inicio de la emergencia se planteó que tener mayoría de población joven en Guatemala era un factor de protección. Pero la evolución de la pandemia hace sonar una alerta más: en comparación con los primeros países afectados, en Guatemala los jóvenes mueren en mayor proporción. Así lo muestran la letalidad y la mortalidad en personas de entre 20 y 59 años. La presencia de enfermedades crónicas sin diagnosticar, la desnutrición y la debilidad del sistema de salud incrementan la vulnerabilidad.

    En Guatemala 141 personas entre 30 y 39 años han muerto por COVID19. Casi el 1% de los 15,864 casos confirmados entre personas de esa edad. Esta proporción de letalidad es elevada. En España es del 0.26%. Es decir que por cada 400 personas infectadas solo una muere.

    «Las estadísticas del Ministerio de Salud sobre el porcentaje de muertes por grupo de edad, deberían coincidir con las tasas de mortalidad que se conocen del virus en otros países. Se sabe que el virus puede afectar más a gente mayor», asegura Juan Miguel Goyzueta, un economista que analizó los datos de muertes por la pandemia en Guatemala.

    «En Europa las personas de edad avanzada son las que más mueren por el virus. En Guatemala llama la atención que una proporción alta de fallecidos son menores de 50 años», afirma.

    Aunque hay menos casos detectados, la mortalidad por COVID19 de Guatemala está entre las más altas en la población entre 30 y 39 años y es de las menores a partir de los 70 años

    Hasta el 9 de agosto en Guatemala murieron 2,296 personas por COVID19. Como ocurre con el resto de los países afectados por la pandemia, la mayoría de los fallecidos son mayores de 60 años. Acá suman 1,192 y representan el 54.64% de las muertes reportadas por el Ministerio de Salud Pública.

    Ya lo sabemos: Hay más probabilidades de morir por COVID19 mientras más avanzada es la edad. Pero ahora tenemos cifras locales para cinco meses y hay datos sobre mortalidad en Guatemala que difieren comparados a otros países. Mientras que el 15% de las personas infectadas entre 60 y 69 murió, entre la población mayor de 80 años el porcentaje se incrementa hasta el 24% [uno de cada cuatro casos confirmados].

    Entre menores de 60 años, Guatemala no cumple con las descripciones sobre la posible mortalidad del inicio de la pandemia. El 18% de las personas fallecidas tenía entre 40 y 49 años. Por cada cien contagiados confirmados en ese grupo, han muerto casi tres. Los fallecidos entre 50 y 59 años son el 22% del total, y letalidad es del 7%.

    Trabajadores de una funeraria transportan el féretro de una mujer de 75 años fallecida por coronavirus, el 28 de mayo, desde la morgue del Hospital General San Juan de Dios

    A simple vista los números de muertos menores de 60 años en Guatemala parecen bajos, pero son altos en comparación con otros países. En España, por ejemplo, uno de los países europeos más afectados por la pandemia, la letalidad se concentra en mayores de 60 años. A finales de julio, cuando los casos acumulados eran de 258,760 y las defunciones 20,585, los muertos entre 40 y 49 años representaban el 1.06% del total y moría el 0.57% de los contagiados. Las personas entre 50 y 59 años que fallecieron eran el 3.22% y la letalidad del 1.45%.

    «Estamos analizando esta situación. Una de cada cuatro personas que muere por COVID19 en Guatemala es joven», dijo Edwin Asturias, director ejecutivo de la Coprecovid. «Una de las razones es que la mayoría de la población es joven. Son ellos quienes más se infectan y, por lo tanto, los que más mueren. Otra situación puede ser los problemas de desnutrición y pobreza que afectan al país», afirmó.

    En comparación con países más cercanos y en vías de desarrollo la letalidad en Guatemala también es más alta. En Honduras es del 0.68%, en Costa Rica de apenas 0.08%, en Colombia del 0.44% y en Perú del 0.54%. De hecho, el porcentaje en Guatemala para personas entre 30 y 39 años es similar al de mayores de 50 años en España y Costa Rica, y entre 40 y 49 en Colombia.

    En Colombia, las personas muertas entre 40 y 49 años son casi la mitad que en Guatemala y en ese grupo la letalidad es del 1.45%. Además, las personas muertas entre 50 y 59 años son el 14.19% (8 puntos porcentuales menos que en Guatemala) y letalidad es del 3.61% (la mitad que acá).

    Los datos son similares en Chile. Los jóvenes mueren menos. Pero en ese país sudamericano la letalidad se acerca más a la situación de España. En las personas entre 40 y 49 años es de 0.52% y entre 50 y 59 años de 1.72%.

    La letalidad más alta entre la población joven se encuentra en Guatemala. Sin embargo, la situación de los países latinoamericanos es peor frente a los de Europa. Acá la pandemia afecta muy fuerte a este grupo poblacional. La pobreza, la desigualdad, precariedad y la debilidad de los sistemas de salud es una característica compartida, además el control de la pandemia ha sido….

    Respecto a la población, menos casos y más muertos

    La letalidad por COVID19 depende del número de pruebas y de la capacidad de identificar y registrar los casos en cada país. La OMS alertó que por esa razón es difícil hacer comparaciones de letalidad y de tasas de mortalidad.  

    Según el tablero del Ministerio de Salud, en Guatemala se han tamizado 193,147 casos. El 71% (138,780) han sido en personas entre 20 y 59 años. La mayoría en los departamentos de Guatemala, El Progreso y Sacatepéquez.

    Solo en esos departamentos se ha logrado superar los dos mil casos tamizados por cada 100,000 habitantes. Las pocas pruebas hacen incierto el panorama. No sabemos con seguridad cuál es la situación de la pandemia en el país. No tenemos seguridad de si hay pocos casos o muchos sin ser detectados. La falta de certeza también implicará el subregistro de personas fallecidas con el virus pero que, al no haber sido detectadas, no integrarán la lista oficial de víctimas por COVID19.

    De hecho, hay un desfase entre los datos que maneja el Ministerio de Salud sobre las muertes por COVID19 y las que se registran en el RENAP. Esto porque existen diferentes criterios para determinar cuál es la causa principal del fallecimiento de una persona. Durante la primera semana de julio, por ejemplo, el RENAP registraba 1,318 personas muertas por el virus, mientras el Gobierno 947. La diferencia era de 371, un 39 %.

    Un operador sanitario del MPSPAS se prepara para la realización de una prueba de hisopado en una tienda de la colonia San Ignacio, el sábado 18 de mayo

    En comparación con otros países de Latinoamérica, la prevalencia del virus entre la población joven en Guatemala, es decir, el número de personas que lo adquirieron respecto del total de la población, es bajo.

    Pero hay más muertes.

    En personas entre 30 y 39 años, la tasa de casos acumulado desde por cada 100,000 habitantes es 642.22. Es decir que, por cada 100,000 personas de esa edad, 642 adquieren el virus. Entre los países latinoamericanos de la comparación, solo lo mejora México. Ahí es de 590.32. En el resto es tiene peores registros: Costa Rica 736, Honduras 794, Colombia 1,231, Perú 2,146 y Chile 3,027.

    Los datos son parecidos entre la población entre 20 y 29 años y entre 40 y 49 años. La tasa es menor. Hay menos casos. La diferencia se profundiza en cuanto se incrementa la edad. Los datos sugieren que en Guatemala los mayores de 60 años se están enfermando menos, o que se están detectando menos, mientras que en el resto de los países latinoamericanos (con excepción de Costa Rica), lo hacen más.

    Aunque hay menos casos detectados, la mortalidad por COVID19 de Guatemala está entre las más altas en la población entre 30 y 39 años y es de las menores a partir de los 70 años. Por cada 100,000 personas entre 30 y 39 años mueren cinco. Al igual que la letalidad, la mortalidad nacional supera al resto de Latinoamérica, con excepción de México y Perú, donde es casi el triple y más del doble, respectivamente.

    Costa Rica presenta la menor mortalidad (0.6) por debajo de España (1) e Italia (0.9), dos de los países europeos más afectados por la pandemia. Honduras y Colombia se encuentran cerca de Guatemala, pero todavía con menos casos, con 5.4 y 5.6 cada uno.

    «El virus no discierne por edad y hace más vulnerables a ciertas personas», dice Karin Slowing, médica y experta en desarrollo y salud pública. «La diseminación del COVID19 entre la población puede estar más generalizada de lo que esperamos, por lo que más jóvenes se infectan y más tienen consecuencias graves», puntualiza.

    Una población joven pero enferma, sin atención de salud y sin datos

    El Censo de Población y Vivienda de 2018 determinó que en Guatemala la mayoría de la población es joven. El 42% tiene entre 15 y 39 años, 16% entre 40 y 59 y apenas el 7%, 65 o más. Este dato se manejó con esperanza al inicio de la pandemia.

    Uno de los primeros y más importantes estudios fue el elaborado por el Imperial College de Londres. Hizo proyecciones para el Reino Unido y Estados Unidos a partir del impacto del virus en China. Se esperaba que letalidad para personas entre 30 y 39 años sería del 0.08%, entre 40 y 49 del 0.15%, y entre 50 y 59 del 0.60%. Guatemala se encuentra muy por encima de esos porcentajes.

    Una consideración importante desde el inicio de la emergencia fue que si bien los jóvenes se podían contagiar (nadie es inmune al virus), se esperaba que soportaran y sobrevivieran más a la enfermedad.

    «Yo pensé que la conformación de la población iba a ayudar, y que sería un factor protector, pero la evidencia está diciendo que no, dice Slowing». «Esto nos demuestra que somos una sociedad enferma. Es dramático ver que la resistencia natural de los jóvenes está siendo mermada». Para ella la causa está tanto en los malos hábitos como en la desigualdad y pobreza, que ocasiona desnutrición en una buena proporción de la población.

    El tráfico intenso en el centro de Chimaltenango, al atardecer del 30 de noviembre 2016

    Una de las principales razones por la situación vulnerable de las personas jóvenes es la presencia de enfermedades crónicas desde temprana edad. Según el epidemiólogo Kevin Martínez Folgar, Guatemala es un país que propicia que la gente se enferme. «En la ciudad, por ejemplo, hay condicionantes para desarrollar este tipo de enfermedades que no se presentan en otros lugares. En San José, Costa Rica, la gente no tiene temor a que la asalten, puede caminar por las calles o movilizarse en bicicleta», afirma. «Esto sumado a una mala calidad de vida, con altos niveles de contaminación ambiental, predispone a las personas a padecer de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobrepeso, e hipertensión a edades mucho más tempranas que si lo hubiera desarrollado en otro lado», puntualiza el epidemiólogo.

    Estas enfermedades unidas al COVID19 crean un escenario fatal. «Comorbilidades» es el término exacto. Slowing expone este criterio: «Es la consecuencia de la malnutrición tanto en déficit como de patrones de consumo de alimentos llenos de azúcares y grasas. También afecta el alcoholismo, la nicotina y la falta de ejercicio».

    La existencia de comorbilidades fue una preocupación desde el inicio de la pandemia para las poblaciones de países en vías de desarrollo. En estos lugares la mayoría de población vive en pobreza o pobreza extrema, y los sistemas de salud son débiles y sin capacidad de atención.

    El guatemalteco Diego Alburez, investigador del Instituto Max Planck de Investigación Demográfica en Alemania, participó en un análisis sobre la incidencia de otras enfermedades en el desarrollo de la pandemia para países que no integran el primer mundo. Se publicó en junio.

    «Al inicio solo se tenía información de Europa, Estados Unidos y China. Los datos sobre la distribución de la mortalidad en los distintos grupos de edad eran de países desarrollados. Pero en los que están en vías de desarrollo y con ingresos bajos, hay condiciones que subyacen a la edad y al envejecimiento. Las más importantes son las comorbilidades», afirma.

    Soldados del ejército brasileño realizan desinfección en el área del Cristo Redentor, el 13 de agosto, para la reapertura del punto turístico prevista para el próximo sábado en la ciudad de Rio de Janeiro (Brasil)

    El estudio tomó datos de Brasil y Nigeria, previó que las enfermedades crónicas agravarían la situación para personas jóvenes durante la pandemia. «Si esta influencia es considerable, las diferencias entre las poblaciones sugieren que las personas más jóvenes en países de ingresos bajos y medianos pueden tener un riesgo sustancialmente mayor de enfermedad grave por COVID19 que las personas de la misma edad en entornos de ingresos altos», afirma.

    Además, en los países en vías de desarrollo, como en Guatemala, las enfermedades crónicas se presentan a temprana edad y facilitan la muerte por COVID19. «Personas que tenían comorbilidades en Guatemala ya se murieron. No lograron llegar a edades avanzadas porque no existe un sistema de salud que les atienda y permita seguir vivos», dice Alburez.

    Esto puede explicar por qué las tasas de prevalencia y de mortalidad por COVID19 en Guatemala se invierte en comparación con otros países a partir de los 70 años. Mientras acá mueren más jóvenes por cada 100 mil, en adultos mayores son menos. La tasa de mortalidad acá es de 101.1, 58 menos que en Honduras y 77 menos que en Colombia.

    «Como Guatemala no ofrece la sobrevivencia de su población enferma, porque no existe un buen sistema de salud, podemos pensar que la gente que llega a una edad adulta es muy resiliente”, explica Alburez.

    El epidemiólogo Kevin Martínez Folgar coincide con este criterio. Dice que el porcentaje de población joven en Guatemala se explica porque no hay oportunidades de sobrevivencia para llegar a una edad adulta. «Que haya más jóvenes que ancianos no es azar. Desde hace mucho no dejamos que la gente llegue a edades avanzadas. Por una u otra razón fallecen y muchas veces es por enfermedades crónicas no tratadas», afirma.

    Sin política de prevención y sin datos

    En Guatemala no solo hace falta la capacidad para atender a las personas con enfermedades crónicas. El enfoque en la cura y no en la prevención temprana es grave. «Esta sociedad invierte poco en mantener sana a su gente. Tenemos un sistema de salud que no está detectando previamente los riesgos y manejándolos antes de que lleguen a fases complejas», afirma Slowing. «Ahora mismo los parques están cerrados, pero están abiertas las tiendas de comida chatarra. ¿En dónde se divierten los jóvenes? Esto crea estilos de vida poco saludables», asegura.

    De acuerdo con Martínez Folgar, la detección de las enfermedades crónicas llega tarde, hasta el momento en que las personas presentan síntomas fuertes. «En Guatemala las personas descubren que tienen diabetes o hipertensión porque les dio un dolor de cabeza tan fuerte que se desmayaron o porque ocurrió algo. Entonces ya es demasiado tarde», afirma.

    Desde el principio de la pandemia, en marzo, y durante el toque de queda, las cadenas de restaurantes de comida chatarra siguieron funcionando gracias a la fórmula del servicio a domicilio

    A eso se suma la falta de datos sobre enfermedades crónicas entre la población guatemalteca. En 2006 se hizo la única encuesta de diabetes, hipertensión y factores de riesgo de enfermedades crónicas. Solo abarcó a la población de Villa Nueva y determinó que el 2.44% de jóvenes entre 20 a 40 años no sabía que padecía hipertensión o estaba en la fase temprana de esa enfermedad. Lo mismo sucedió con jóvenes con diabetes. El 2.75% ignoraban que la padecían.

    «Hay muchas cosas que no conocemos todavía, como la exposición previa de la población a otras enfermedades. En Guatemala hacen falta sistemas robustos de información. Es frustrante», dice Alburez.

    El futuro frente al virus

    En Guatemala la alta letalidad de jóvenes por COVID19 requiere de transformaciones profundas en el sistema de salud, el acceso a los recursos, sobre todo a la alimentación, y en mejorar los hábitos de vida.

    Mientras tanto, para reducir la mortalidad son necesarias medidas inmediatas para proteger a la población, una de ellas es la detección temprana de casos por COVID19 para que las personas reciban atención desde el inicio, y no hasta cuando presenten dificultades para respirar.

    «Es necesario un tamizaje y rastreo activo de casos de base comunitaria para identificar a la población en riesgo. En el corto plazo lo único que se puede hacer es la detección temprana», dice Slowing. «Este virus no se irá ni en diez meses. Tenemos que aprender a convivir con él y eso implica cambios de fondo en el sistema de salud para la prevención de enfermedades», concluye Slowing.

     

    *Los datos sobre la pandemia se tomaron, en el caso de España, Italia y Suecia de los informes de la primera semana de agosto. Guatemala, Colombia y Chile del 9 de agosto. México, Honduras, Costa Rica, Perú del 11 de agosto.

  • Guía para comprender el COVID19 en Guatemala

    Guía para comprender el COVID19 en Guatemala

    Hace cinco meses el ritmo de vida de los guatemaltecos cambió. Se creó un miedo colectivo a infectarse y formar parte del quebrantado sistema de salud. ¿Qué implica el COVID19?

    Guatemala superó los 50 mil casos. Desde el principio cada familia tomó diversas medidas de protección, añadieron a su compra mensual artículos de higiene, medicamentos, mascarillas…

    En 2017 el Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó la canasta básica vital por Q.8,127.92, a este monto se tendrá que sumar un listado de costos adicionales por cada proceso que implica prever o estar infectado.

    Etapa 1: Prevención

    Las medidas más promovidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye hábitos constantes de higiene y el uso de desinfectantes.

    El producto principal es la mascarilla, las N95 fueron recomendadas para personal de salud o persona en contacto directo con pacientes infectados, en caso de estar sano en un ambiente no contaminado se recomienda las quirúrgicas o reutilizables de algodón de 12 a 14 capas.

    Para un uso adecuado la OMS recomienda las siguientes medidas:

    • Lavarse las manos antes de colocarla.
    • Ajustarla al rostro sin dejar aberturas, y evitar tocarla durante su uso.

    Quitarla por medio de las cintas; en caso de humedecerse o dañarse desecharla.

    Etapa 2: Posible contagio

    Al presentar síntomas asociados con COVID o estar en contacto con alguien infectado es recomendado realizar una prueba para detectar el virus.

    Las pruebas de diagnóstico cuentan con dos tipos: moleculares y de antígeno. Molecular se refiere a las que detectan el material genético del virus, son más conocidas como PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa); de antígeno son las que muestran proteínas específicas en la superficie del virus.

    Según la OMS son más recomendadas las moleculares (PCR) ya que muestra si se está o estuvo contagiado. Las pruebas de antígeno tienen mayor margen de error porque necesita que el virus este activo en el paciente, por lo que se recomienda efectuar este tipo de pruebas al tener síntomas o al quinto día de estar expuesto a un caso confirmado.

    El Ministerio de Salud hace ambos tipos de forma gratuita. Este es el proceso:

    • Su caso debe ser catalogado como sospechoso, al tener síntomas (fiebre mayor a 38°C, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, problemas gastrointestinales, etc.) o haber tenido contacto con un paciente infectado.
    • Los grupos prioritarios son pacientes con factores de riesgo, diabetes, enfermedad cardiovascular, persona mayor de 60 años, mujer embarazada, recién nacidos, trabajadores de salud, etc.
    • Se le realizará la prueba de antígeno con hisopado.
    • Si da positivo, se tendrá como caso confirmado.
    • Si da negativo o indeterminado, se aplicará la prueba PCR.

    Cada una de las pruebas realizadas la acompaña una ficha epidemiológica y el área encargada la registrará en Epiweb.

    Algunos hospitales y laboratorios clínicos privados pueden hacer pruebas de diagnóstico. En general, sus requerimientos son:

    • Llenar el formulario epidemiológico indicado.
    • Ingresar el paciente por la emergencia.
    • Pagar por adelantado.
    • Agendar la cita.

    Cada una de las pruebas se entrega en un rango de 24 a 48 horas.

    Según el proceso descrito por el Ministerio de Salud, se efectúan los dos tipos de pruebas para tener un resultado certero y no se aplican muestras de control en casos recuperados.

    «El hisopado no es que sea incómodo, es doloroso, siento que un poco traumático. A mí me localizó el Ministerio de Salud Pública, fue cuando todavía ellos no estaban tan saturados… llegaron dos doctores y un enfermero a la casa. Con toda la vestimenta del caso me hicieron una pequeña entrevista, mi nombre, edad, dónde trabajaba, cuándo había empezado con los síntomas y me hicieron la prueba; esa fue la primera, la primera de cinco». Elizabeth García, 50 años, recuperada de COVID.

    Etapa 3: Síntomas leves

    «La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario», indica la OMS. Un caso leve puede hacer la cuarentena en casa. Un médico debe recetar medicamentos para aliviar los síntomas. Hasta el momento no hay cura o vacuna para el COVID19.

    En Guatemala, el Ministerio de Salud entregará kits con medicamentos que alivien los síntomas. El precio estimado de cada paquete es 50 quetzales. Incluye acetaminofén, ibuprofeno, loratadina, ivermectina, clorfenamina, sulfato de zinc, suero oral, aspirina infantil, vitamina c y vitamina d.

    La ivermectina ha generado debate. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que no hay certeza de que beneficie a los pacientes. Es importante no consumir ivermectina de uso veterinario, indicada para tratar parásitos en algunas especies. Es peligrosa.

    La Food and Drug Administration (FDA) de EEUU menciona que algunos de los efectos secundarios asociados con ivermectina son sarpullidos, vómitos, hinchazón de rostro y extremidades, baja repentina de presión arterial, lesión hepática (hepatitis), entre otros.

    «Está diseñado para matar los parásitos del cuerpo, pero recordemos que nosotros tenemos ciertas sustancias que también nos ayudan a nuestro sistema inmune, el problema es que cuando lo consumimos a dosis muy elevadas llega y acaba con todo; incluso podría favorecer a que tu inmunidad disminuya y te puede predisponer a que te dé el virus». Jennifer Salguero, doctora en primera línea de atención a pacientes con COVID.

    Etapa 4: Hospitalización

    Según la OMS, «alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen COVID19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar». Siendo la principal razón por la que se recurre a la hospitalización; a partir de los datos de China se estima que los pacientes en estado grave tardan en recuperarse de dos a ocho semanas.

    En el ámbito público la atención es gratuita, pero debido a la precariedad del sistema, el 8 de junio el Ministerio de Salud aceptó que sanatorios y hospitales privados dieran tratamiento a pacientes infectados. Muchos colocaron sus restricciones y requerimientos financieros previos al ingreso.

    «El Ministerio brilla por su ausencia, nunca me vinieron a supervisar. Yo me cuidé por mis propios medios y asistí a un hospital privado, tuve que pagar todos los gastos (Q30,000), no hubo ayuda de nadie» Herman García, 47 años, diabético, recuperado de COVID.

    Etapa 5: Muerte

    Los procesos de inhumación y despedida de seres queridos durante la pandemia son distintos; los protocolos obligan a trasladar con rapidez el cuerpo, sin tener una última despedida. En esta situación las funerarias y cementerios adaptaron sus servicios.

    El cementerio público, La Verbena, es el lugar para personas que murieron por COVID, aquí yacen las personas que no tienen espacio en un cementerio privado o quienes no fueron reclamados por sus familiares. Según normativas no es permitido el ingreso de ningún familiar al entierro, la mayoría se despiden en la puerta.

    En un cementerio privado, con trajes de protección y lineamientos estrictos permiten, que entre uno a cinco familiares puedan ingresar a despedirse de su ser querido, todo sujeto a las reglas del establecimiento.

    «No haber podido despedirse del familiar en el hospital ni enterrarlos de manera digna es un daño que no estamos listos para afrontar». Fredy Peccerelli, director de la Fundación de Antropología Forense (FAFG).

     

    Conforme a los montos cotizados, independientemente se trate de obtener ayuda por el sector público, deben incurrir en gastos adicionales para poder solventar la enfermedad, el salario mínimo actual es de Q2,742.37; para cubrir estos gastos mínimos se necesita más del doble del sueldo.

  • Un mes de la nueva cúpula de Salud: olvidar a Monroy y ensayar salidas

    Un mes de la nueva cúpula de Salud: olvidar a Monroy y ensayar salidas

    Hace poco más de un mes el presidente cambió la cúpula de salud: destituyó a Hugo Monroy y nombró a Amelia Flores y su equipo. La necesidad de ejecución y estrategia apremia. El ministerio ha tenido que resolver los nudos que dejó la gestión previa. Con una pandemia que nos ahoga, ¿ha sido suficiente?

    El 19 de junio Amelia Flores y su equipo recibieron el Ministerio de Salud. Tomaban las riendas de un ministerio fundamental para enfrentar la pandemia del coronavirus, y recibían con la institución con un saco de malas decisiones, fuegos activos y discrecionalidad generados por la administración de Hugo Monroy. 

    Poco se sabía de Flores, pero las credenciales profesionales del equipo, el consenso contra su antecesor y la urgente necesidad de mejorar la gestión generaron un clima de opinión a su favor. Los guatemaltecos estaban urgidos de dirección y apoyo, y el presidente, de legitimidad, criterio y capacidad.

    Aunque en otras circunstancias un mes es poco tiempo, este momento lo gobierna la urgencia y le imprime sus estándares. Las nuevas autoridades tienen la enorme tarea de poner el sistema de salud al día.

    Quiénes son los encargados

    Flores buscó un equipo experimentado en gestión pública y administración. Ella misma había sido viceministra técnica y estuvo a cargo del Laboratorio Nacional de Microbiología.

    Edwin Montúfar, viceministro de atención primaria, ha brindado asesoría técnica a nivel nacional e internacional en salud pública. Francisco Coma, viceministro de hospitales, que viene del sector de las aseguradoras, cuenta con experiencia en administración de servicios de salud. Nancy Pezzarossi, a cargo del viceministerio administrativo, ha laborado en todos los niveles de salud pública del país, siendo parte del sistema de salud por más de 30 años. Y, como viceministra técnica fue designada Victoria Garcés, que recientemente renunció al cargo por motivos de salud.

    ¿Cumplirá Guatemala los criterios de la OMS para reabrir el país? Asturias responde

    Para Lucrecia Hernández, diputada de Semilla y exministra de salud, un aspecto clave para cualquier ministerio entrante es contar con un equipo capaz, de confianza y un plan de acción. Hernández tiene la impresión de que las nuevas autoridades cuentan con las capacidades para liderar el ministerio. En esto coincide Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, el centro de pensamiento de los empresarios organizados, a quien le parece evidente el cambio entre la administración de Monroy y Flores. Los nuevos responsables, a su juicio, tienen mayor capacidad y mejor conocimiento de la situación nacional de salud. Esto les ha permitido priorizar acciones de cara a la pandemia, indica.

    «Tiene que orinarle las cuatro esquinas al Ministerio de Salud y al mismo Presidente», dice la diputada Hernández Mack

    Hernández, no obstante, advierte que no se trata solo de la cúpula ministerial, pues necesitan asegurarse de mandos medios capaces y alineados con la estrategia: los encargados de gerencia general, recursos humanos, planificación estratégica, jurídica, entre otros. En ese sentido, le resulta preocupante haber escuchado que el Presidente haya decidido sobre puestos en espacios clave del ministerio sin consultar a las nuevas autoridades. Se refiere a la llamada unidad 286, que se encargará de la ejecución de los préstamos para construcción de bajo las órdenes de la Secretaría General de la Presidencia y que estará a cargo del exministro Monroy.

    La versión que el Ministerio de Salud ofreció a Plaza Pública por escrito es que el Presidente no ha hecho nombramientos sin el visto bueno del Ministerio y que la unidad 286, señalada por Hernández, es coordinada por el Ministerio de Salud, sin más detalle.

    Los nuevos miembros de la cartera de salud durante su presentación oficial, el 19 de junio.

    Hernández cree que la ministra Flores debe pelear sus espacios y límites. «Tiene que orinarle las cuatro esquinas al Ministerio de Salud y al mismo Presidente, ponerle condiciones respecto al plan, equipo y decisiones, aspectos básicos para hacer caminar la institución y alinear a la gente», pues «de nada sirve el resto de los mecanismos, si los encargados no quieren implementarlos», advierte.

    La cadena del domingo, en la que la ministra apareció arrumbada a una parte oscura por Giammattei, el ministro de Economía y el comisionado de COPRECOVID, le dejó a María Eugenia Luarca, especialista en comunicación estratégica, la impresión de que estaba cediendo su protagonismo: «lo del podio tiene importancia. Si (la ministra) es incapaz de entender que su papel como rectora de la crisis sanitaria más grave en muchos años no se reduce a dirigir lo técnico, y cruza lo político, no ha entendido nada. Su papel es sentarse en una mesa de ministros defendiendo un sistema de salud, que es un fracaso desde hace mucho. Si lo hace bajando la cabeza, puedo imaginar su silencio en las discusiones que nos llevaron a que el país se abra aún con todos los indicadores en rojo. Pelear ese espacio en el podio nos dice que está haciendo hasta lo imposible» expresó la comunicadora.

    ¿Hay un plan? ¿Es acertado?

    El sistema de salud tiene la mitad de una cama y menos de un médico por cada mil habitantes. La cúpula ministerial no es responsable de este rezago histórico, pero sí arrancó con la misión de desarrollar una estrategia coherente que minimizara esas limitaciones y ofreciera asistencia médica a los posibles infectados por COVID19. Esto, en compañía de la Comisión presidencial para la atención al Coronavirus (Coprecovid), dirigida por Edwin Asturias.

    El Ministerio de Salud indicó a Plaza Pública que su estrategia tiene tres propósitos: la compra y descentralización del análisis de pruebas (con énfasis en las de tipo PCR), ampliar y fortalecer los servicios de atención a pacientes moderados y graves, y la atención primaria en salud. La Coprecovid, por su parte, desarrolló la estrategia que desde el lunes se maneja en función de semáforo de alertas, que se guía por el número de contagios en un período de 15 días y el porcentaje de pruebas positivas por municipio. La Coprecovid y el MSPAS coordinarán el tablero, y los alcaldes, las restricciones.

    El director ejecutivo de la Coprecovid, Edwin Asturias, durante una entrevista, el 17 de julio.

    Hay distintas críticas a esa propuesta. Karin Slowing, salubrista y especialista en gestión pública, subraya su dispersión. «No hay plan. Lo tendrán en su cabeza, pero la ciudadanía es ignorada pues no se discute, como se les ha solicitado desde el inicio. No lo tenía Monroy, ni ellos tampoco», advierte. Slowing considera que están llenos de buenas intenciones, pero la ejecutoria no es buena y no existe un documento que contenga la estrategia. El Ministerio se limita a indicar que su plan cubre prevención, contención y respuesta, sin más detalles.

    La diputada Leslie Valenzuela, que lidera los esfuerzos en salud para la bancada UNE, cuestiona la lógica del semáforo, porque abre unos municipios mientras cierra otros. Se pregunta cómo se evitará que el virus viaje con el flujo de personas entre localidades. «Los municipios que concentran la actividad económica están en rojo, y las personas se van a mover de municipios menos contaminados a estos, esparciendo el virus».

    Asturias: «La estrategia no pasa por la ampliación hospitalaria, sino por la atención primaria»

    La estrategia aún no tiene respuesta a este argumento. Valenzuela tampoco. No ve alternativa estratégica, pero pide que todo movimiento en el tablero se apegue a los criterios establecidos en el acuerdo 146-2020 del Ministerio de Salud. «Ahí se establecen recomendaciones y fases que responden a criterios técnicos, y no a juicios antojadizos como el llamado a portarse bien del Presidente», señala.

    Estrategia para desescalada a restricciones por COVID19, según el acuerdo 146-2020

    Fase/criterioCasosSospechososProporción de pruebasOcupación de camasProteción personalActividades
    Fase 0: Preparación (14 días consecutivos)Descenso de casos nuevosDescenso de reportesMenos de 20% de pruebas positivasOcupación al 80% del totalPara 5 díasFuera de domicilio, actividades de riesgo bajo
    Fase 1: Inicio desescalada (14 días consecutivos)Descenso de casos, después de fase 0Descenso de reportesMenos de 15% pruebas positivas después de fase 0Ocupación al 65% del totalPara 10 díasServicios de mostrador, restaurantes, deporte profesional, hoteles sin zonas comunes
    Fase 2: Apertura IntermediaCero casos 14 días después de fase 1Descenso reportesMenos de 10% después de fase 1Ocupación menor al 65%Para 15 díasActividades previamente suspendidas
    Fase 3: Nueva NormalidadCero casos 14 días después de fase 2Descenso reportes0% en 14 días, tras fase 2Ocupación menor al 65% Apertura general
    Disposiciones en centro de trabajo
    • Registro de empresa en Distrito de Salud Pública
    • Clasificación de empleados en alto y bajo riesgo
    • Distancia de 1.5 metros entre personas y consumidores
    • Lavabos y gel
    • Transporte y/o teletrabajo para empleados de alto riesgo
    • Toma de temperatura
    • Reporte de casos COVID a MSPAS, y monitoreo de casos
    • Aislamiento de sintomáticos
    Fuente: elaboración propia con base en acuerdo 146-2020 MSPAS

    Salud indica que consideran este acuerdo como un marco para el desarrollo de la estrategia, pero que ven el 187-2020 (presentado el domingo bajo la lógica del tablero) como el insumo más actualizado respecto al comportamiento de la pandemia.  

    Otra de las dudas que se plantea a la estrategia es que depende de los esfuerzos de Salud para adquirir pruebas, distribuirlas e incluso procesarlas a nivel regional y local. En una entrevista con Plaza Pública, Asturias dijo que esperan obtener las pruebas y habilitar 12 laboratorios en el corto plazo, y 10 más cuando resuelvan la falta de termocicladores (los termocicladores procesan las pruebas de alta sensibilidad, pero actualmente escasean en el mercado mundial). Esto incrementaría la velocidad y producción de resultados, mejorando la información en el tablero.

    La ministra Flores lo ratificó en una conferencia de prensa reciente que se cotizan 500,000 pruebas en el mercado internacional, además de reactivos y termocicladores.

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    Ante el arranque de la estrategia, las críticas arrecian. Nancy Sandoval, salubrista y presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, dijo en el programa de radio Temas y Debates que no hay un solo elemento para arrancar con el semáforo. Dijo que no se puede comenzar el desconfinamiento cuando hay días que se procesan 256 pruebas y más de 50% son positivas, que no hay camas suficientes para pacientes críticos, y que se ignoran los reclamos de médicos que denuncian la saturación de sus hospitales. «No se pueden tomar decisiones a control remoto, que vayan a ver al campo lo que sucede», advirtió.

    la ministra Flores se ha apresurado a explicar el 35% del presupuesto para compras y contrataciones de COVID19 ya está comprometido

    Las reacciones políticas tampoco esperaron. El partido Semilla calificó el semáforo como una medida improvisada, que depende de dos cosas que no están listas: un sistema de pruebas y registro de contagios que a la fecha no se tiene. La Bancada de UNE considera urgente reabrir, pero lamenta que se haya hecho con un sistema de salud colapsado, sin medicinas ni pruebas. Le atribuyen la responsabilidad al presidente Giammattei.

    La necesidad de pruebas, de activar el equipo de rastreadores, de equipar hospitales y de educar a la gente para prevenir contagios, ponen de nuevo el foco sobre el Ministerio de Salud y sus unidades ejecutoras (hospitales, clínicas y centros de salud).

    ¿5 % en un mes debe verse como un logro?

    Quizá la principal crítica a la pasada cúpula ministerial se dirigió a su incapacidad para realizar compras de forma efectiva. Esto generaba escasez de pruebas de COVID19, de reactivos para los laboratorios, y de insumos de protección y medicamentos para los hospitales de campaña, entre otras cosas.

    Un informe realizado por la Bancada Semilla denota que del 13 de marzo (cuando se aprobó el decreto 12-2020) al 21 de junio, el Ministerio de Salud Pública sólo había ejecutado el 3.74% de los 1,694 millones de quetzales asignados al programa 94, partida presupuestaria asignada para atender la emergencia de COVID19. Según Semilla esto se daba por incapacidad, pues los errores en las bases de licitación provocaban que uno de cada dos concursos no fuera adjudicado. Lo anterior mientras directores y médicos tanto de hospitales nacionales como de campaña se quejaban de la ausencia de material de protección, de la falta de pago, y del hacinamiento.

    Desde que la nueva administración asumió el mando del ministerio, la ejecución presupuestaria se ha agilizado. Algo.

    La semana pasada Diálogos, un laboratorio de innovación en políticas públicas, informaba que para el final de junio, la ejecución había ascendido a un 8%, y hoy, 27 días después, se observa una ejecución del 11.76%: 194 millones de quetzales en total, según datos de SICOIN.

    ¿Puede considerarse un logro de la nueva administración haber ejecutado un 5 % del presupuesto COVID en un mes?

    Para Karin Slowing, no. A su juicio, este es un logro de la exviceministra Quiroa, quien recibió el viceministerio con una ejecución de un 0.6% y generó las bases y concursos para llevarlo al estado actual. «Quitarle el mérito a ella para subir otro perfil es incorrecto», advierte.

    El ex Ministro de Salud, Hugo Monroy, durante una breve rueda de prensa, al finalizar la interpelación por la UNE, en la sede del Congreso, el martes 14 de abril.

    Hernández sí se lo atribuye a esta cúpula. «Era un acumulado, pero la decisión final de pagar y comprar es de ellos, pues los anteriores no habían aprobado ni firmado nada». Zapata, de Fundesa, coincide, pero agrega que no sólo se trata de la ejecución, sino de la priorización de insumos para la pandemia. «Desde mayo el Ministerio de Finanzas había hecho un procedimiento para hacer compra fuera del país, pero la administración pasada no lo implementó. Este ministerio lo hizo, ejecuta de forma más estructurada», expone.

    Ante ese 11% la ministra Flores se ha apresurado a explicar el 35% del presupuesto para compras y contrataciones de COVID19 ya está comprometido. El 65 % restante puede ser aún más problemático, porque no hay certeza de que se vaya a renovar el estado de calamidad, y sin este, los procedimientos serán todavía más lentos.

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    Hernández Mack explica que «las prórrogas han sido cada vez más difíciles, de la urgencia nacional se pasó a las tres lecturas y algunas bancadas dicen que ya no van a apoyar. Se ha desaprovechado el estado de calamidad, vamos para cinco meses y no se han dado las cosas. Son 1,700 millones provenientes de deudas, se fijaron programas, se permitieron compras por excepción, pero no hay nada». Al respecto, la Bancada UNE comunicó que no aprobarán de nuevo el Estado de Calamidad, dada la ineficiencia y opacidad en la gestión de los recursos asignados a la pandemia.

    La pelota no está del lado del ejecutivo ahora que la necesidad apremia. La carga de Monroy le pesa a un ministerio «con buenas intenciones». Sin insumos, los médicos pueden tener mucha voluntad, pero pocas herramientas para tratar pacientes COVID19. Por eso, urge activar otras acciones en el marco de la estrategia de atención a contagiados.

    Sin respiradores ni médicos temporales, quieren dar atención primaria

    Como contaron dos jefes de médicos del Hospital San Juan de Dios, la estrategia de atención a pacientes COVID19 tenía como base las 3,000 camas prometidas por el presidente el Hospital del Parque de Industria, además del Hospital de Villanueva y otros cuatro centros emergentes que lo reforzarían. Los hospitales nacionales (Roosevelt y SJD) servirían únicamente como puestos de estabilización y de pacientes, que, en caso de agravar, se trasladarían a los centros especializados.

    Pero el pobre desempeño del Parque de Industria generó la saturación de pacientes hacia los hospitales nacionales. Aunque ya cuentan con más insumos de protección, la falta de personal y el mal estado del equipo no les permite salvar muchas vidas, cuenta Gamaliel Velásquez, intensivista en el Parque de Industria.

    El médico asegura que, por fin, después de tres meses, tienen protección pagada con dinero del Ministerio de Salud y no de donaciones. Pero aún hay problemas a nivel de insumos. «No hay tomas de oxígeno en las áreas COVID 1, y 2 (de moderados), y ahora todos lo necesitan. Este sólo se pensó para intensivo. Se les da asistencia con tambos, pero estos no generan la presión requerida por los pacientes», explica.

    Instalaciones del hospital temporal del Parque de la industria en marzo

    Intensivo también tiene limitaciones, tanto de espacio como de equipo y personal. «Solo tenemos 36 camas en seis módulos y alrededor de 24 ventiladores. Estos son donados, pero la mitad son de mala calidad». A ello agrega la ausencia de recurso humano, pues sólo son doce médicos, haciendo turnos de tres días.  «Necesitaríamos doce médicos al día, 48 o 60 médicos especialistas sería ideal. Pero sólo hay doce. Y además, renunció personal de enfermería­», explica.

    La falta de médicos y de equipo ha causado muertes, advierte el doctor. «El turno pasado vimos morir a un paciente porque no había un ventilador para él. Sólo pudimos aliviar su dolor.»

    Aunque el ventilador tampoco da mucha esperanza. La mayoría de los que lo necesitan, mueren. Que él sepa, solo «cinco pacientes han salido vivos del intensivo, desde hace 2 meses­».

    Duelo sin cadáver: La muerte en soledad durante la pandemia

    Autoridades y médicos de los hospitales nacionales siguen manifestando al gobierno su descontento, pidiéndoles seriedad, insumos, pero, sobre todo, ideas que permitan el desfogue de pacientes. Casi cada semana.

    De momento, la Coprecovid y el viceministerio de atención primaria del Mspas se enfocan en el tratamiento para infectados leves y moderados. Las autoridades presentaron un kit de medicamentos para pacientes leves, a fin de que puedan atender los primeros síntomas de COVID19 en casa. El ministerio planteó como meta entregar por lo menos 100,000 kits, que pretenden empezar a distribuir esta semana.

    Asturias le dijo a Plaza Pública que trabaja con el viceministerio de atención primaria para que el primer y segundo nivel de salud puedan diagnosticar contagios en su fase temprana, provean kits y seguimiento clínico a quien se contagie. Esto disminuiría el flujo de pacientes a hospitales. El viceministro manifestó que trabaja en ampliar el número de camas para moderados y graves, y en adquirir ventiladores.

    En Guatemala hay una cama de hospital por cada 2,000 habitantes

    Echar adelante estas acciones resulta urgente. Los pacientes siguen llegando a hospitales saturados y con poca capacidad de respuesta. «Ningún hospital de campaña puede con los pacientes críticos», advierte la diputada Hernández Mack, de Semilla. Para la diputada Valenzuela, de la UNE, esta situación debió ser considerada para la apertura: abrir sin expresar con claridad la situación del sistema de salud «es condenar a la población a la muerte».

    Ambas creen que los decretos publicados que buscan agilizar de contratación de médicos extranjeros y estudiantes con EPS pueden ayudar a resolver la escasez de médicos, algo con lo que el intensivista Velásquez es escéptico: «Además de que no les pagan y de que la situación ya es difícil, se agrega que vengan a quitar restricciones. Han de pensar: “¿Para qué me voy a arriesgar si al gobierno no le importa?” La apertura es totalmente incoherente con lo que vivimos en Parque de Industria».

    Finalmente, ¿tenemos más y mejor información sobre los avances del COVID19?

    Pocos días después de asumir el mando, Flores tomó dos medidas inmediatas para dar un giro en la estrategia de comunicación. La primera, cambiar la hora de corte de procesamiento de pruebas de las 15 horas a la media noche del día anterior, y la segunda, dejar de hacer el reporte diario de COVID19. Las conferencias se usan para transmitir aspectos estratégicos, y por un tiempo, los casos diarios se trasladaban sólo a través de redes sociales.

    Pero a mediados de Julio, Flores anunció que dejarían de dar reportes diarios para hacer del tablero de comunicación la principal herramienta de información sobre contagios, decesos y pruebas de COVID19.

    Renap registra 371 más fallecidos por COVID19 que el Ministerio de Salud

    Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, hay un salto cualitativo en la calidad de información sobre el avance del COVID19. «Pasamos de la conferencia de prensa diaria, sin datos, sin seguimiento, a una herramienta que permite al ciudadano saber cómo va la enfermedad, de forma ágil y transparente».  

    Sin embargo, el tablero también ha despertado críticas. No sólo por las fallas en el lanzamiento, sino también por los súbitos cambios en el registro de casos confirmados, activos y recuperados.

    En el caso de los confirmados, las autoridades de salud justificaron el incremento en errores humanos cometidos en las bases de datos. Y en el caso de activos y recuperados (que pasaron de 9,000 a 23,000 casos, quedando los positivos en poco más de 12,000), Lorena Gobern, jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud, explicó que se hizo el cambio como resultado de un análisis que arrojó que el 90% de los fallecidos lo hacían 21 días después de los primeros síntomas. Todos los que superan ese umbral se catalogan como sanos. Se ajusta si hay variaciones.

    Dos jefes del San Juan de Dios: «El Centro Médico Militar, ¿por qué no se ocupa? En lo privado hay otras 400 camas»

    El colectivo Laboratorio de Datos, que analiza la evolución de la pandemia, indicó que el tablero no satisface las expectativas y que lejos de ser una herramienta que ofrezca información para el análisis independiente, es un instrumento de visualización. Creen que el riesgo es que se convierta en una caja negra, es decir, una forma de ocultar información y utilizarla a conveniencia del gobierno. Además, creen que debe haber otros mecanismos de comunicación para quienes no tienen acceso a internet.

    Hernández critica que se haya atribuido el error en los registros a problemas de digitación y no a una alteración de datos, lo que oculta posibles delitos de las anteriores autoridades (negligencia, omisión o incumplimiento de deberes). También lamenta que se haya dejado de dar el reporte diario de casos, pues se requieren capacidades muy especializadas para conocer y aprovechar la información que da el tablero.

    El balance final muestra un equipo capacitado y con “buenas intenciones”, pero que no logra concretar un plan ni superar los rezagos que dejó la administración de Hugo Monroy, o los compromisos políticos del partido de gobierno.

  • La emergencia del Hospital General San Juan de Dios: estampas de una normalidad forzosa

    La emergencia del Hospital General San Juan de Dios: estampas de una normalidad forzosa

    A pesar de la excepcionalidad vivida durante los últimos cuatros meses por la pandemia del COVID19, la emergencia en uno de los hospitales más importantes de Centroamérica sigue fiel a su trayectoria histórica. La realidad que se reproduce a diario frente al portón que la custodia, y en el patio de entrada a las salas rojas, capta la emblemática precariedad, trágica y dramática a la vez, que vive la mayoría de la población desde siempre.

    Viernes 26 de junio, media mañana. Dos mujeres llevan horas frente al portón cerrado de la emergencia, miradas firmes, postura cansada. Una se llama Roxana Aguirre, tiene 27 años y vive en la zona 6 de Mixco; la otra es Gilda Huertas, tiene el doble de la edad de Roxana, madre de cuatro hijos, residente en la zona 3 capitalina.

    Las dos mujeres no tienen nada en común a parte del hecho de compartir el mismo espacio, cada una con una bolsa negra en la mano. En la de Roxana luce un papel blanco con el nombre de la madre, Gladis Amparo Aguirre. El papel de la bolsa de Gilda, en cambio, es anaranjado y lleva el nombre de Pedro Felipe Solís, el esposo. Los nombres corresponden a pacientes internados en la emergencia de enfermedades respiratorias.

    Gladis Aguirre lleva 12 días internada. En un principio, acudió al hospital por una neumonía severa, aunque la primera prueba de COVID19 resultó negativa. Ahora es una paciente más positiva, pero en condiciones graves. Pedro Solís, diabético de 61 años, en cambio, acaba de pasar diez días internado en el área roja. Ambos pacientes se comunicaron con sus familiares para pedir ayuda, en el hospital no estaban recibiendo suficiente comida. «¡¿Cómo pueden reponerse si no comen bien?!» reclama preocupada la esposa de Solís. Gilda Huertas y Roxana Aguirre, esposo y madre en peligro de vida, denunciaron esa mañana que, desde el lunes anterior, dejaron comida a sus familiares pero hasta ese día supieron que no la recibieron. Los dos dramas familiares se consumen casi desapercibidos entre la muchedumbre, una mañana en época de COVID19, en uno de los perímetros más emblemáticos de la ciudad.

    Renap registra 371 más fallecidos por COVID19 que el Ministerio de Salud

    En efecto, el pedazo de la novena calle A, entre la avenida Elena y la primera avenida del centro histórico de la ciudad capital, ha sido desde siempre el teatro de una paradójica concentración de humanidad en medio de la emergencia: vendedores ambulantes, pacientes, personal de funerarias, indigentes y transeúntes comunes haciéndose a un lado cada vez que pasa una ambulancia, sirenas desplegadas, zigzagueando entre los puestos de venta que ocupan las vías preferenciales, la mayoría de las veces con la prisa de llevar alguna víctima de enfrentamiento armado o algún ebrio accidentado.

    De hecho, la Emergencia de Adultos del Hospital General San Juan de Dios, conocida por ser el teatro de «bolos y balas», es desde el principio de la pandemia la Emergencia para pacientes con síntomas respiratorios. El acceso de emergencia para todas las demás patologías de adultos lo trasladaron a las puertas de Consulta Externa, temporalmente suspendida.

    Familiares de pacientes hacen fila frente a la ventanilla de información de la emergencia, en la mañana del 26 de junio, mientras vendedores ambulantes pasean en búsqueda de clientes

    En resumidas cuentas, el letrero pegado al portón con la nueva indicación de atención sintomatológica es lo único que difiere de lo habitual. Por supuesto, ahora el personal médico y los bomberos que llevan los enfermos visten los trajes blancos que ya entraron en el imaginario colectivo.

    La dinámica frente al portón de la emergencia sigue respetando la paradójica norma de siempre. A primera hora de la madrugada, ese viernes 26 de junio, antes de que Roxana Aguirre y Gilda Huertas llegaran con sus provisiones alimenticias, Isabel García ya tenía lilsto su puesto de ventas al lado de un indigente que todavía no resucitaba del sueño alcohólico de la noche; el vendedor de algodones ya había recorrido la calle unas tres veces; las cabras lecheras ya habían alimentado a varios transeúntes. A pesar del alto riesgo de contagio por el ir y venir de pacientes con síntomas respiratorios, frente a la emergencia del San Juan de Dios la pintoresca realidad sigue sin cambiar.

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    Poco a poco, crece la fila de familiares que esperan frente a la ventanilla de atención, al lado del portón. La línea llega al otro lado de la calle, se cruza con la de pacientes que necesitan el análisis de muestras en la clínica privada. En el medio, hay una mezcla de humanidad que resume la cosmovisión chapina en época de COVID19: vendedores de refacciones y granizadas compiten con los comerciantes de mascarillas; pastores de iglesias apocalípticas reparten palabras de consuelo y terror a la vez, exhortando a la conversión a cualquiera que cruce la vista. Al lado los indigentes empiezan su rutina diaria pidiendo una ayuda económica.

    Mientras, llega el camión a recoger los desechos infecciosos del hospital de la noche anterior, para frente al portón y los operadores empiezan a subir contenedores rojos con el símbolo de «Peligro» a la vista, nadie se altera mínimamente, algunos se apartan, aunque sólo para fingir un poco de sentido común. La inercia del lugar se altera sólo cuando llega una ambulancia de algún seguro privado o, mucho más a menudo, de los cuerpos de bomberos que llevan a un paciente.

    Personal de la empresa de manejo de residuos bioinfecciosos Ecotermo recolectan los desechos del día anterior a la par de algunos familiares de pacientes, por la mañana del 12 de junio

    A pesar de la actitud resiliente de las personas, el drama se consume por todas partes: bajo una lluvia torrencial, mientras unos empleados del hospital y familiares de pacientes empujan a una ambulancia del Ministerio de Salud que se quedó sin carga de batería, frente a la emergencia, del otro lado de la calle, un reducido grupo conformado por familiares y amigos íntimos del señor Marroquín se despiden del cuerpo del difunto, frente a la entrada de la funeraria Molina, el 02 de junio.

    Lo egresaron como «supuesto caso de Covid» debido a que la muerte llegó antes del resultado de la prueba, el cuerpo del fallecido es velado por la esposa y los dos hijos en la entrada de la funeraria en el breve lapso de tiempo en que realizan los trámites funerarios. El primogénito de la víctima se pone el traje sanitario incluído en el precio del entierro exprés, y se prepara para acompañar el ataúd del padre al cementerio. La lluvia cesa justo cuando el carro fúnebre desaparece de la vista de los familiares del señor Marroquín.

    Duelo sin cadáver: La muerte en soledad durante la pandemia

    La densa normalidad frente al portón gris de la emergencia sigue sin alteraciones hasta el atardecer. Las imposiciones del toque de queda facilita un desalojo prematuro de los puestos de ventas y de buena parte del tráfico de personas que circuló todo el día.

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    El reloj marca las 6 de la tarde, Glenda Flores lleva cuatro horas esperando en el patio de la emergencia para poderse realizar una prueba. Esperará otras cuatro para poderlo lograr, después de que el hospital volviera a abastecerse, y dos días más para que le confirmaran si es positiva. Flores es secretaria de un centro médico de la zona 10, lleva ya dos meses de haber aceptado «voluntariamente» la reducción de su salario, a 800 quetzales mensuales. Residente en la colonia San Pedrito de la zona 5 capitalina, logra pagar el alquiler de 1.500 quetzales y los 1,000 de las colegiaturas de los dos hijos gracias al sueldo de su esposo, carpintero. Con el dinero que gana logra comprar comida para todo el mes. Hasta el momento ha sobrevivido al COVID19, y sigue sobreviviendo a la precariedad de su vida.

    Antes de que la oscuridad caiga por completo frente al letrero rojo de la emergencia, la novena calle A está completamente vacía, la atmósfera se vuelve más tétrica y desolada: desaparecidos los algodones multicolores de la extraña feria popular del día, el portón se vuelve más alto, menos accesible aún.

    Afuera quedan las almas en pena de quienes viven en la calle; el patio de la emergencia, entre el portón y el ingreso a las salas de urgencias, es ahora un limbo oscuro, un interregno que separa la desolación de la calle y el sufrimiento de los pacientes que por ahí pasan, aquellos que todavía no saben cuál será su destino, si después del resultado de la prueba, serán condenados a pasar el umbral de la zona roja o no. Mientras tanto, esperan, aguantando el ansiedad, tan cerca de una estructura de atención médica y tan abandonados a sus destinos.

    José Víctor Tucubal, 80, yace tirado frente al portón de la emergencia, en espera de auxilio, en la noche del 11 de junio. Su hijo, Antonio, regresará media hora después para apoyarlo con los trámites de ingreso a la emergencia

    Frente a la imposibilidad de documentar lo que realmente sucede dentro de los salones rojos, donde el personal médico se entrega ejemplarmente más allá de su compromiso salarial a combatir el flagelo del siglo, el escenario de abandono tétrico que se respira alrededor de una de las estructuras púbicas más importantes de Centroamérica muestra una similitud notable con el Infierno dantesco, en el que la lejanía de Dios que tortura las almas condenadas al sufrimiento eterno descrito por el escritor, es parecida al sentimiento de abandono del Estado por parte de las personas condenadas, por el insistente perdurar de los síntomas de tos y fiebre, a acudir a la estructura ruinosa del hospital público, sin certeza ninguna de que sus vidas vean salvación terrenal.

    Custodiando el portón de acceso al inframundo no está la infernal mirada de Caronte, sino los angélicos ojos negros y almendrados de Estéfany López, 28 años y dos hijos pequeños que la esperan en casa, cuidados por la abuela, cada dos días, ya que las restricciones para desplazarse entre departamentos ofrecen a la empleada del Ministerio de Salud la posibilidad de realizar turnos de 48 horas de trabajo seguido y elevar con 200 quetzales cada vez el sueldo de 2.700 que recibe por exponerse al contagio cuando atiende a pacientes y personal médico en entrada y salida. Al igual que Glenda Flores, los cientos de pacientes que van y vienen a diario de la estructura hospitalaria, y todo el personal médico y sanitario que lucha a diario en condiciones desesperadas, aguanta con mucho orgullo y dignidad, ofreciendo una sonrisa de consuelo a todos los que cruzan el umbral maldito.

    Iris Pichillán, 40, luce feliz con su nueva mascarilla recién recibida, por la noche del 10 de junio. Lleva 3 años de vivir en la calle y ahora suele pasar las noches en el mercado del colindante barrio de El Gallito, zona 3

    El reloj marcaba las 8 de la noche del 11 de junio, José Víctor Tucubal, 80 años, se acerca a la emergencia a pie, casi cargado a espaldas por su hijo, José Antonio. Los dos se detienen frente al portón y el joven desaparece en la oscuridad para regresar una media hora después, ahora con una bolsa de ropa y un par de documentos del padre.

    En la espera, el anciano se desploma al suelo, le cuesta respirar. Viéndolo así tirado, bocarriba, no sería difícil confundirlo con uno de los indigentes que pueblan las aceras. Un joven que espera a su abuela recién ingresada al patio de la emergencia se deja llevar por la compasión y, sin pensar en el peligro del contagio, socorre al anciano, llama la atención del guardián de turno que, a su vez, pide ayuda entre el personal médico, completamente protegidos por trajes, caretas y bolsas de plásticos a los zapatos, rompen con el protocolo del hospital y salen a atender al moribundo fuera del perímetro de la emergencia. Con una silla de ruedas ingresan a un paciente más, sin saber si logrará vencer a esta pandemia.

  • Los 5 proveedores más adjudicados durante el Estado de Calamidad

    Los 5 proveedores más adjudicados durante el Estado de Calamidad

    Estas empresas destacan como las más beneficiadas para proveer productos y servicios durante los últimos cuatro meses, tiempo que ha durado el Estado de Calamidad para la emergencia de la COVID19. En este periodo las adjudicaciones a estos proveedores suman 224.9 millones de quetzales.

    El presidente Alejandro Giammattei decretó Estado de Calamidad el 6 de marzo. Esta modalidad permite, entre otros, agilizar las adquisiciones con el fin de atender la crisis de manera urgente. Es por esto que las entidades del sistema público utilizan esta modalidad de compra. Sin embargo, el gobierno cuenta, a sus escasos siete meses de gestión, con múltiples señalamientos de corrupción y abastecimiento precario de insumos para el personal médico.

    COVID19 En 5 gráficos: La mortalidad ha crecido en la capital pero no en el país con respecto a años anteriores

    En este contexto, el analista de datos independiente, Francisco Ruiz, desglosó los registros obtenidos del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). Con esa información, Plaza Pública elaboró un listado de las cinco empresas más beneficiadas desde el 6 de marzo hasta el 21 de julio basado en el portal de compras y contrataciones del Estado, Guatecompras.

    Las cinco compañías de este listado han proveído diversos productos, entre ellos se enlistan insumos médicos, equipo de protección física y equipo hospitalario. Cada una destaca por vender productos de una gama específica.

    Labymed, S.A. es la empresa más beneficiada durante el Estado de Calamidad. La compañía recibió 92.6 millones de quetzales por 404 concursos ganados. Esta sociedad ha vendido pruebas para detección de COVID19, principalmente.

    Un encargado del Ministerio de Salud realiza una prueba para detectar COVID19 en la tienda de la colonia San Ignacio, zona 7 de Mixco, el sábado 16 de mayo

    El contrato que la hizo protagonista de varios titulares de prensa es el otorgado para comprar 120,000 pruebas de antígeno para detectar el virus. El monto de la adjudicación fue de 23.7 millones de quetzales. Además, es cuestionada por la donación de una máquina útil únicamente para procesar las pruebas que ellos venden.

    Con una diferencia marcada, el segundo lugar de la lista lo ocupa Productos Roche, S.A. con un monto de 42.7 millones de quetzales en 170 eventos. La especialidad de este proveedor es la venta de productos para laboratorio.

    Los montos de las últimas tres empresas apuntan diferencia notable con las primeras. Distribuidora Guatemalteca, S.A. (Disgua) recibió 37.8 millones de quetzales para proveer equipo de ventilación en la mayoría de adjudicaciones. Aunque representa el tercer lugar, Disgua obtuvo esa cantidad por tan solo 22 eventos. Es decir, ganó pocos concursos, pero mejor remunerados.

    Así gasta el gobierno los fondos para la crisis por COVID19

    En el cuarto puesto, Guatecompras ubica a Oxi Rent, S.A. con 29.9 millones de quetzales en 124 eventos. Esta compañía proveyó insumos o artefactos relacionados con oxígeno, como ventiladores y similares. Por último, está Biológicos y Farmacéuticos, S.A. con una cantidad total de 21.7 millones de quetzales por 26 eventos, la mayoría para adquirir productos de limpieza y desinfección.

    NIT Proveedor Monto total Concursos
    1 30428378 Labymed, S.A. Q 92,651,316.60 404
    2 1700510 Productos Roche, S.A. Q 42,761,617.08 170
    3 79839665 Distribuidora Guatemalteca,S.A. Q 37,861,700.00 22
    4 12511862 Oxi Rent, S.A. Q 29,935,244.81 124
    5 84449497 Biológicos y Farmacéuticos, S.A. Q21,722,981.31 26

     

  • Asturias: «La estrategia no pasa por la ampliación hospitalaria, sino por la atención primaria»

    Asturias: «La estrategia no pasa por la ampliación hospitalaria, sino por la atención primaria»

    El líder de la estrategia para «pilotear» la pandemia ofrece aquí sus impresiones estratégicas, valora (a veces con autocrítica y a veces no) algunas medidas del Ejecutivo, alaba a la nueva cúpula de Salud, desconfía del censo 2018, y se muestra preocupado por la «división» que ha encontrado en el país.

    ¿Qué ha mejorado en la estrategia o la ejecución para que las proyecciones de la Universidad de Washington -modelo que ustedes utilizan en sus informes- hayan cambiado tanto en dos semanas y diferido el pico hasta octubre?

    Hay un momento inicial y un momento que la epidemia está consolidada. Todas las epidemias de infecciones en el mundo han sido inicialmente movidas por los superspreaders: contagiadores rápidos y eficientes. Ha pasado en las epidemias de VIH, de otras enfermedades infecciosas, y en el caso de coronavirus no es muy diferente.

    ¿Quién es el supercontagiador acá? Es el que se mueve más, el que tiene más contactos, el que desafía las reglas del juego. Lo que pasa mucho en una epidemia -y por eso análisis lineales no pegan- es que ese es el contagiador y hace que haya muchos casos al inicio. En España sabemos que solo se infectaron un 5 %, en la ciudad de Nueva York, 20 %. Esa primera onda que vimos es de susceptibles que se mueven más. Pero esos susceptibles comienzan a agotarse y las personas toman conciencia de que hay una gran probabilidad de infectarse, toman medidas, se restringen, se educan. Y eso hemos visto en Guatemala.

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    Desde hace seis o siete semanas he visto un cambio muy importante en la gente: cada vez veo más mascarillas, la están usando bien, se la quitan menos. Entonces la curva ahora se aplana. El crecimiento de la epidemia es más lento. Vemos este mismo efecto en la predicción del uso de camas. Es muy bueno porque esperábamos un pico muy, muy grande. Pero bajamos, y ahora van disminuyendo la transmisión y el contagio. Es una gran ventaja. No quita que va a haber muchos infectados. Pero permite que el sistema de salud no se sobrecargue tanto.

    ¿Eso significa que ha habido un aprendizaje natural de la población, no un cambio en la estrategia o la ejecución?

    El cambio en la estrategia ha sido tener mejores datos, una respuesta ordenada, haber abandonado estas encerronas que teníamos de dos días o cuatro días. Nos confinábamos un rato, y después abríamos. Cada vez que nos encerrábamos, lográbamos 90 % de disminución de la movilidad, pero inmediatamente veíamos un pico enorme. Si esta reducción hubiera sido sostenida, habríamos aplanado la curva. Tenemos menos de esas encerronas, que no nos ayudan mucho, y vamos mostrando detalles de largo plazo: vamos a tener menos movilidad en los vehículos, vamos todos a comprender que el aforo debe ser menor, que usted tiene que medir su oficina y decidir cuántas personas pueden estar en esa oficina. Lo que nos va a ayudar es tener claras las reglas de cómo debemos manejarnos en nuestra comunidad y nuestro trabajo y en contacto con otras personas.

    Se está hablando del semáforo, pero también de todo lo que falta para poder medir sus indicadores básicos en todo el país. ¿A qué plazo funcionará?

    El semáforo comenzará a funcionar el 27 de julio. Lo necesitamos para aprender a manejarlo en el proceso. Alguien me puede decir: «Pero no están todas las pruebas que necesitamos». Así es. Tal vez tampoco están todos los rastreadores que necesitamos, ni el sistema de salud está preparado en todas partes. Pero tenemos que comenzar a entender el proceso en el que nos metemos. Ahora hay alguna ventaja en el hecho de que muchos municipios tal vez queden en amarillo, y que puedan moverse mientras levantamos el sistema. Por ahorita las pruebas se han concentrado en la región central. Se está moviendo rápidamente a Escuintla, hacia algunas zonas de Quetzaltenango y de los puertos. Por supuesto que tenemos problemas ahí, pero vamos aumentando las pruebas. Los test casi siguen la necesidad, tenemos cantidades limitadas.

    ¿Qué problemas trae instalar el semáforo en municipios en los que todavía se carece de la capacidad de medir?

    Puede que lo pongamos en amarillo cuando debiera ser naranja, pero tenemos otras maneras de medir qué está pasando. El coronavirus es silencioso en el sentido de que mucha gente se puede contagiar y no tener síntomas, pero hay una parte de él que se expresa y vamos a poder detectar si hay brotes. Y por eso es que la prueba de antígeno es vital. Quizá dé un falso negativo, pero detectó tres verdaderos. Tener un antígeno en el centro de salud de esa comunidad lejana va a ser más importante que una prueba molecular en el hospital.

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    Hay algunos especialistas que están planteándose si el municipio es la unidad geográfica que debería tomarse, porque hay regiones que funcionan como un solo municipio en cuestión de flujo de personas. ¿Por qué escogen el municipio?

    Porque toda la organización del sistema funciona a nivel municipal.

    ¿Se puede hacer de otra manera más apta?

    No es que no se pueda hacer de otra manera, pero tenemos que planear aquí para los siguientes 12, 18 meses. No vamos a estar en estado de calamidad toda la vida. Tenemos que volver a nuestro orden jurídico regular en el que es muy importante el municipio porque ahí hay una autoridad local que puede regular el proceso. Va a ser muy difícil que un alcalde como el de Mixco le dé instrucciones al de la Ciudad de Guatemala, a pesar de que todo el contexto de la zona metropolitana funcione como una sola. Pero el alcalde de Mixco debiera tener la posibilidad de proteger a su población si necesita protegerla.

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    ¿Es posible que haya municipios vecinos en el que uno esté muy mal y cerrado y perjudique al otro, que esté abierto…?

    Sí.

    …O, por ser una suerte de ecosistema, ¿van a estar parecidos, como vasos comunicantes?

    Va a haber mucho de esta interrelación, de interdependencia. Un ejemplo: Quetzaltenango quería restringir la entrada, pero resulta que los municipios con más infección (Almolonga y Zunil) son los que proveen más a su mercado. ¿Cómo decide Quetzaltenango si cierra la entrada de otros municipios cuando depende de ellos para el día a día? ¿a qué ha llevado esto? A pedirles que mejoren en Almolonga y Zunil, y al mismo tiempo que no cierren del todo, sino que solo vean las regulaciones para evitar el contagio. Esas interrelaciones son muy importantes y tienen que partir de los alcaldes y los distritos de salud. Los jefes de distrito y de área de salud son los que tienen la investidura de parte del Ministerio de Salud.

    Ustedes han dicho que aún están conversando con las municipalidades sobre las restricciones y los indicadores. ¿Cuáles son los principales acuerdos y desacuerdos?

    Hay varias cosas importantes. Siempre que queremos usar un indicador tenemos que saber qué población usamos. Tenemos el problema de que el censo del 2018 no es muy confiable. Se está haciendo todo un trabajo para determinar cuál es la población. El Ministerio usa las proyecciones del Censo 2002, pero hay partes que no están optimizadas. Hay que llegar a esos puntos de acuerdo.

    ¿Es mejor la proyección de hace 16 años que en el censo de 2018?

    Para algunas ciudades, sí.

    ¿Para cuáles?

    Para las ciudades más grandes, como la Ciudad de Guatemala. No es que sea mejor, pero pareciera que hubiéramos podido proyectar el de 2002 y hubiera sido lo mismo. Y eso nos dice que ese censo 2018 tiene problemas muy serios en las ciudades grandes. Hay reportes de que hasta el 20, 30 % de la población no se no se dejó censar.

    ¿Cómo va a ser el plan de rastreo? Sobre todo, en esas nuevas áreas.

    Tiene que partir de la estructura de atención primaria, es una estructura débil. Sabemos que la cantidad de gente actual no es suficiente y ahí los rastreadores se tornan en una parte importante, porque son la amplificación de ese sistema. Para esta función en muchos países se han usado estudiantes que han terminado la secundaria. Aquí pueden ser bachilleres en salud, gente entrenada. El Ministerio está tratando de definir los criterios.

    ¿Cuántos aspiran a contratar?

    Un rastreador por cada 5,000 habitantes. Por lo menos necesitamos entre 5 y 7,000 rastreadores.

    ¿Van a priorizar zonas?

    Sí, hay un análisis de la cantidad de personal de salud que tenemos en los diferentes lugares. Las áreas del país y municipios del país donde haya menos personal de salud, probablemente necesitarán más rastreadores para complementar lo que el personal puede hacer en esa zona.

    ¿Y ese plan de rastreo va de la mano con el de descentralización de pruebas o son independientes?

    Son al mismo tiempo. La función de los rastreadores es ir a detectar los contactos y, parte de su capacidad, debiera ser tomar un hisopado y regresarlo a un centro de pruebas para que podamos tener el diagnóstico.

    Algunos han manifestado inquietud acerca del incentivo perverso que puede ser para las municipalidades el semáforo, en el sentido de que, para no pasar a un grado de cierre mayor, se manipulen los datos. Entiendo que podría pasar si quedara en la mano de las municipalidades.

    Pero va a ser función de Salud.

    ¿Cuál va a ser la función de las municipalidades?

    El semáforo implica ciertas capacidades de restricción. Por ejemplo, las municipalidades en la mayoría de lugares están encargadas de dejar operar el transporte público. Entonces, si mi municipio está entrando a una zona de contagio alta, es la municipalidad la que puede decir si deja que su transporte urbano público se movilice o no.

    ¿Cuándo vamos a tener acceso a los datos abiertos de la epidemia?

    Yo espero que no pase el fin de semana sin que tengamos esos datos abiertos.

    [El sábado, un día después de esta entrevista, el Ministerio de Salud publicó el nuevo tablero. En sus primeras horas experimentó constantes problemas y fue objeto de múltiples críticas de toda índole. La más articulada, la de Lab de Datos. Además, un cambio de miles en las cifras de casos totales y sobre todo de recuperados sembró más dudas acerca de la validez de los datos. El Ministerio de Salud lo explica aquí.]

    Hace un par de días usted lanzó una crítica a los datos presentados por Cacif sobre el impacto económico. ¿Podría explicarla?

    Mi crítica era eminentemente técnica. Sé que el impacto económico que esta pandemia ha tenido sobre los negocios, las empresas y la sociedad entera es enorme. No tengo la menor duda. Pero como una persona que maneja datos, también puedo analizar cuándo un estudio está tratando de ver dos curvas y asociarlas en una relación de causa-efecto. Y eso es lo que en epidemiología llamamos «falacia ecológica».

    «Hay una necesidad económica de esa apertura, pero también hay razones sociales».

    Una falacia ecológica significa que yo, por ver una curva que parece estar pegada a la otra, asumo que A causa de B, cuando no hay necesariamente una asociación. Mi crítica al estudio se basaba en el hecho de que se usaba la movilidad como una manera de saber si eso estaba impactando los negocios. Y por supuesto que uno puede decir que la movilidad está asociada con lo otro. Pero si uno quisiera hacer realmente el estudio profundo, debería saber cuánto ha dejado de contribuir cada individuo y tener una muestra y proyectar basado en esta muestra.

    ¿De qué sectores están viniendo las inversiones más fuertes?

    De toda la población. Después de cuatro meses todo el mundo siente la necesidad de tener por lo menos una idea de cómo vamos a comenzar a reabrir. Lo bueno es que la población está tomando conciencia de cuáles son aquellas cosas que están basadas en evidencia y que nos dictan cómo nos debemos comportar. Por supuesto, no todos hemos tomado conciencia. Siempre habrá personas que fallen y eso va a ser lo que dicte o no que la epidemia continúe.

    Y por supuesto no toda la población tiene el acceso a las altas esferas para pedir la reapertura.

    Por supuesto, claro.

    ¿Quiénes son los que más están empujando en esa dirección?

    Hay una necesidad económica de esa apertura, pero también hay razones sociales. Las iglesias tienen ya esa necesidad de convivir con sus feligreses. La gente siente la necesidad de esa espiritualidad tan importante para ellos. Y esa no es una presión de componente económico: tiene un componente social muy grande.

    Pero, por ejemplo, en la Alianza Evangélica rechazaron la solicitud de una diputada de reabrir las iglesias.

    Completamente de acuerdo con ellos. Es un sector que se analiza a sí mismo y sabe cuál es su papel en la reapertura. Saben que a ellos no les toca el turno inicial. Dado que el contagio se produce en la congregación de personas, esa aglomeración va a tener que volver de una manera más lenta.

    También está el sector educativo: todos queremos regresar a las universidades y los niños deben regresar a las escuelas. Tenemos la presión de los mismos programas de salud pública: debemos seguir inmunizando a los niños, ir a ver dónde están los desnutridos, atender al diabético que no ha podido llegar a sus citas, atender al paciente renal que ahora le cuesta llegar a sus diálisis. En fin, yo no creo que la presión solo sea económica. Hay una presión social importante.

    Ha recibido múltiples análisis sobre la economía guatemalteca para valorar qué sectores abrir antes y después. ¿Qué sabe hoy que no supiera cuando vino, y qué le sorprendió más?

    Lo que me ha sorprendido más es que realmente hemos estado al frente de un cierre parcial. Guatemala nunca se cerró por completo, salvo algunos días. Y hay sectores que han podido sostenerse con menos ingresos sin una caída drástica. Hay otros que han sufrido muchísimo.

    No puedo dejar de ver que los restaurantes, aunque se hayan reinventado, han sufrido una buena caída. Algunos centros comerciales han sufrido también. Pero que a veces veo que a pesar de ese cierre parcial hemos logrado mantenernos a niveles de la curva que no se comparan a lo que pasó con Honduras o México o Brasil. Y eso es interesante. Espero que de aquí a unos meses el análisis de nuestra estrategia va a ser interesante. ¿Qué dictó que este país se comportara como se comportó y pudo pilotear esa epidemia?

    ¿Y cuál es su hipótesis?

    A pesar de que decimos que somos una población no educada, yo creo que somos un grupo humano muy interesante en términos de su disciplina. A veces nos cuesta aceptar la disciplina, pero cuando la hacemos nuestra, la seguimos. Y lo puedo ver en la movilidad de los de las zonas indígenas del país. Cuando uno analiza la movilidad de los departamentos indígenas del país, se han encerrado más y se han movido menos que las ciudades, o los centros más urbanos.

    Hay ciudades que mostraban menor movilidad antes de la restricción por placa que después. Con la prohibición incrementó el número de personas que se mueven, de ahí se derivan dos preguntas. La primera es por qué cree que, en ciertas ciudades, como Quetzaltenango, se ha disparado la movilidad.

    El pico y placa no es una herramienta perfecta para disminuir la movilidad. A veces puede concentrar más personas. Pero permite una cosa en ciudades grandes: movilidad más rápida. Estar en pico y placa en lo que nos ha ayudado es que ahora uno tarda 30 minutos cuando antes tardaba una hora y media o dos horas en transportarse. Y esa es una gran diferencia, porque a pesar de que puede que vayamos más en el carro, el hecho de que estemos en el espacio encerrados menos tiempo hace más bajo el contagio.

    Por supuesto que yo mismo no puedo comprobarlo, pero puedo argumentar. Sí, tal vez hay más personas por vehículo, pero hay menos probabilidad de que ese contagio ocurra porque dura menos tiempo. Y segundo, hay una buena cantidad de personas que deciden que ese día van a trabajar desde casa. Produce un efecto positivo sobre la movilidad de la mayoría de personas y nos ha ayudado también acostumbrarnos a un tráfico mucho más fluido que nos permite que las cosas operen de una manera más regular.

    Usted me ha contestado la pregunta que le iba a hacer después, no la que le hice. ¿Por qué cree que unas ciudades han reaccionado de esa manera mientras que otras no?

    Creo que algunas tienen más necesidad de movilidad. Otra cosa interesante es que pareciera haber más placas impares que pares. Es una cuestión fascinante. Usted puede salir los días impares y está mucho más lleno que el día par. No me pregunte cómo es que hay más placas impares que pares, pero esa es la realidad.

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    Sabemos que al principio se redujo la movilidad de personas entre 3 y un 5 %. Ahora he visto lugares en los que incluso se ha incrementado en las dos últimas semanas. En los primeros días la empresa Social Analytics mandó investigadores a los semáforos a contar cuánta gente venía en los vehículos no polarizados y el promedio era de cuatro personas, incluyendo furgonetas. Todo parece apuntar a que se incrementó la cantidad de personas por vehículo. ¿Su argumento es que ese riesgo lo contrarresta la duración menor del traslado?

    Y, además, a pesar de que vayan más personas en el mismo vehículo van personas que se conocen. Eso es una gran ventaja. Si te mantienes dentro de tus círculos, es menos probable que tengas una infección de afuera. La solución a esa aglomeración en pico y placa no depende del pico y placa, sino del transporte público, una forma esencial de una movilidad que en Guatemala decidimos interrumpir.

    Hay mucha preocupación científica con respecto a cómo el transporte público puede contribuir al contagio. En estudios hechos en Asia durante las epidemias de influenza, el transporte público contribuía a veces 10 %, a veces 30 %. Pero tenemos muchos de estos estudios se hicieron cuando no teníamos restricciones en el transporte público. Cuando no disminuíamos el aforo en el transporte público y cuando no usábamos mascarillas. Las pruebas de Transurbano y del Transmetro nos han llevado a ver que hay una intención de que esos transportes puedan operar de una manera correcta.

    Hay un movimiento incipiente que propone una nueva movilidad, sobre todo con ciclovías. ¿Lo están considerando como política pública inmediata?

    Tengo la impresión, por mis conversaciones con el alcalde Quiñones, de que hay un interés muy grande en promocionar esas ciclovías y, de hecho, creo que ya han comenzado con varias importantes. Pareciera ser que este es el momento ideal para hacer ciclovías.

    Miguel Hernán, un epidemiólogo español que trabaja en la Universidad de Harvard, dijo allá por marzo que ya no tenía sentido mantener cerrados los aeropuertos, dado que la transmisión de país a país ya había ocurrido. ¿Tiene sentido mantener cerrado La Aurora?

    Probablemente es necesario que lo abramos pronto.

     

    ¿Antes del 15 de agosto?

    Tiene que ser ordenado.  Guatemala recibió sus casos iniciales por el tráfico internacional y quisiéramos hacerlo de una manera que pudiéramos estar preparados para evitar que ese contagio se vuelva a dar.

    ¿Qué diferencia hay entre la cúpula de Salud de ahora y la anterior?

    La ventaja de tener un grupo de salubristas expertos que han trabajado en Ministerio de Salud antes y que tienen mucha experiencia en gestión, que han estado 25 años en las trincheras de salud pública. Aquí no hay improvisación, hay gente muy capaz que sabe trabajar hombro a hombro con los salubristas. Han estado en esas trincheras antes y se sienten muy comprometidos con los que están aquí.

    ¿En qué se ha notado en concreto ese cambio?

    En todo. La rapidez con que han comenzado a hacer cambios importantes, desde el Sistema de Información Epidemiológica, el sistema de compras, la habilidad para planificar, para gestionar la salud pública con resultados, el ordenamiento que le están dando a la rectoría del Ministerio de Salud y la facilitación rápida de muchos procesos. Y más importante, dignificar lo que el salubrista tiene que estar haciendo y apreciar el trabajo que están haciendo.

    ¿Usted tuvo algo que ver con el nombramiento de esta cúpula?

    El Presidente es quien nombra a la cúpula del Ministerio y tuvimos la oportunidad de platicar con él y discutir las posibilidades que él tenía en mente. A mí me pareció que la decisión del presidente fue una decisión muy acertada.

    Lo pregunto de otra manera: ¿Usted sugirió el nombre de la ministra o de alguno de sus viceministros?

    Fue una decisión que el Presidente tomó con ayuda de la Coprecovid y parte de otras personas del Gobierno que conocían gente experimentada.

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    En Fíjese Que hablamos con un doctor del Parque de la Industria que decía que todavía no había cobrado, nos queda la duda de si son casos aislados o es sistemático. ¿Qué porcentaje del personal que está atendiendo la crisis tiene problemas contractuales?

    Según lo que ha reportado la ministra, mi entendimiento es que el 98 % de los médicos han recibido su pago. Existían por lo menos tres o cuatro médicos. Un médico estaba en Cobán, Alta Verapaz, y no podía terminar de firmar su contrato. Otros médicos para los que faltaba terminar procesos administrativos. Creo que 96 o 97 % de las enfermeras también están pagadas. El proceso de contratación de personal en Guatemala es lento y lleno de requisitos. Es un país que llena de requisitos y papeles. Pudiera ser un proceso más eficiente. Pero en el afán de evitar la corrupción hemos creado una serie de pasos muy difíciles. A pesar de eso, creo que la cúpula del ministerio actual redujo los procedimientos, algo así como de 18 a cinco procedimientos para el contrato de personas.

    Al principio ustedes dijeron que se habían manipulado datos del Ministerio de Salud. Luego recularon un poco y dijeron no, que fueron errores de recolección. ¿Por qué ese cambio?

    La Coprecovid emitió el informe. Cuando uno veía las curvas reportadas al público versus las curvas que venían del sistema Sigsa, había momentos en que los datos no coincidían. Pocos, pero estaban ahí. Ya en el análisis de la situación vimos que la manera como se daba el sistema de reporte era parte del problema. Había serios problemas, en cómo la ficha epidemiológica fue creada. De hecho, vamos a ver en los próximos días ya la corrección final de esa curva epidemiológica. Hubo casos que estaban ahí, pero que no se miraban porque no aparecían el resultado final alguien no había hecho el clic del resultado final pero había hecho clic de una prueba positiva. Y eso en la formulación y el diseño de la ficha epidemiológica, una ficha de entrada, es un error muy básico.

    El jefe de Epidemiología, Sagastume, dijo que el ministro había ocultado datos. ¿Mintió Sagastume?

    Es importante preguntarle a Sagastume esto. Si él tiene evidencia que respalde que el Ministerio de Salud falseó los datos o cualquier error, tiene la obligación de denunciarlo.

    En un artículo que usted publicó esta semana en Prensa Libre, decía: «Eventualmente, cuando muchos de nosotros estemos infectados (dos de cada tres) este riesgo de otras olas bajará». A mí me pareció que estaba hablando casi de aspirar a la inmunidad de rebaño. Entiendo que no es así. ¿Cómo recontextualiza esa idea?

    Yo no estoy a favor de disparar una epidemia para lograr la inmunidad de rebaño. Ha sido una política devastadora para los países que la tomaron: con mucho más muertos de los que se esperaban. Y lo vemos en Brasil. Suecia pudo de alguna manera controlarlo, pero tuvo mucho más muertos que sus vecinos. Inclusive en algunos estados conservadores de Estados Unidos hemos visto que una estrategia disimulada de ese tipo ha rebotado de una manera muy, muy dramática. A lo que yo me refería es al hecho de que es muy claro que las infecciones van a continuar y va a haber repuntes. No podemos confiar en que llegamos a esa primera ola, bajamos la ola y ya todo se acabó.

    «No estoy a favor de disparar una epidemia para lograr la inmunidad de rebaño».

    Mientras no haya vacuna y exista el 80 %, el 70 % de la población susceptible, vamos a seguir teniendo olas. La clave es el pilotaje de la epidemia: cómo mantener ese nivel de contagios controlado de una manera que la menor cantidad de guatemaltecos sea infectada, y que podamos atenderlos bien en el sistema de salud.

    ¿Cuántos laboratorios hay en el país y cuántos vamos a tener?

    En el sistema de salud pública tenemos probablemente alrededor de unos 12 laboratorios trabajando. Se nos han unido varios laboratorios de universidades académicas. Por lo menos dos o tres. Y sabemos de varios laboratorios privados que ya están levantando su capacidad para hacer una cantidad de pruebas enormes. Este va a ser un esfuerzo público privado clave. En el proceso de descentralización, el Ministerio le apuesta a otros diez laboratorios moleculares con la idea de fortalecer esas áreas que tienen menos pruebas ahora.

    ¿Los privados también están descentralizados?

    Correcto. En la parte más rural, hay capacidades desde el punto de vista de antígeno, uno que otro molecular. La mayoría de la capacidad molecular está la capital.

    ¿Cuándo podrán hacer las 5,000 pruebas al día?

    Ese mágico número está basado en la capacidad mínima que debemos tener. Si pudiéramos el día de hoy traer los termocicladores, haber construido los laboratorios pequeños que necesitamos en las áreas y tener a los químicos biólogos que necesitamos, las tendríamos mañana.

    Lo que impide que eso pase es el hecho de que tenemos que competir con una serie de países a nivel internacional para comprar esos termocicladores. El Ministerio ha contactado a los proveedores internacionales. Todo lo que conlleva después no puede pasar de un día a otro. Va a pasar en las próximas semanas porque lo queremos hacer bien.

    Usted dijo que el promedio del retorno de las muestras pasó de 15 días a entre 2 y 5. ¿Cómo se logró esa mejora?

    Con la descentralización. El hospital de Quetzaltenango ha sido fortalecido. Ahí hay varios laboratorios, inclusive privados. Las áreas de salud comienzan a hacer sus propias pruebas de antígeno. La descentralización ya está ocurriendo. Antes, el laboratorio nacional de referencia era el único en que se permitía que se hicieran las pruebas. Rápidamente se saturó y comenzó a haber un retraso. La solución fue usar el antígeno, que nos llevaba a que los hospitales puedan tener un resultado casi inmediato. Y segundo, a levantar la capacidad de otros hospitales. Por supuesto que no es perfecto. Si uno se va a Huehuetenango, el laboratorio más cercano que tienen es Quetzaltenango y puede que todo el proceso dure cinco o siete días.

    ¿Cómo ha evolucionado la forma de muestrear para las pruebas y cómo ha afectado eso los resultados de positividad?

    Ante la mayor cantidad de casos, las personas que se están muestreando son más gente sintomática. Al muestrear gente sintomática, el porcentaje de pruebas positivas es más alto. Pero eso ha pasado en todas las partes del mundo. Todos los países nos hemos dado cuenta de que no podemos hacer pruebas a todos. Es un desperdicio de pruebas cuando estamos tratando de ampliar nuestra capacidad municipios que necesitan esas pruebas. Hay que tener una prioridad. Y en esa prioridad tenemos primero a quienes están llegando hospital con necesidad de hospitalizarse, al personal de salud que puede ser infectado con estos virus, a las personas que llegan con riesgo, y de ahí vamos los sintomáticos y, si tuviéramos suficientes pruebas, debiéramos estar haciendo pruebas para algunas personas que probablemente sospecha que estuvieron con un caso. A pesar de eso, hemos hecho pruebas en brotes. Tenemos que comenzar a acostumbrarnos a ese rastreo de los brotes, que va a ser tan importante.

     

    Esas dos estrategias han sido bastante consistentes a lo largo de la pandemia. Quizás la que destaca (y no sé si la han descartado) es esa que siguieron en mercados.

     

    Respondía en ese momento a la estrategia de contención. Se pretendía identificar a los positivos y llevarlos a algún lado donde pudiéramos aislarlos del resto de la población. Y fue muy lenta la transición hace pensar que esos casos ya eran comunitarios. Puede revisar mi opinión: Yo pensaba que eran transmisiones comunitarias y por tanto no servía de mucho estar tratando de agarrar a un positivo y llevárselo a otro lugar.

    ¿Y qué tan rastreados tienen ahora los conglomerados de contagios?

    Cuando la epidemia llega a este punto tan alto como el que tenemos en los departamentos, la posibilidad de rastreo se vuelve más problemática.

    ¿Se atrevería a dar un porcentaje?

    Rastreamos aquellos brotes que nos reportan. Si hay un brote en una empresa, en una maquila, en un mercado, en el Congreso de la República, entonces vamos a investigar el brote.

    Desde el principio de la pandemia el Gobierno se ha desdicho múltiples veces en torno a las capacidades que estaban creando. Por ejemplo, camas. El presidente habló de 3000 en el Parque de la Industria y a duras penas hoy, si no me equivoco, tenemos una décima parte. ¿Cuántas habrá cuando termine todo lo que pretenden construir?

    Según tengo entendido, hay programadas otras 300 camas. En este momento tenemos 1800 camas para COVID10 aproximadamente. El Seguro Social tiene 2200 camas para COVID y hay posibilidades de ampliar más. Pero creo que la estrategia no está en la ampliación hospitalaria. La estrategia está en la atención primaria.

    Explíquese.

    Otros países con sistemas muy robustos de atención primaria de salud, como Costa Rica, Paraguay, Uruguay, nos han mostrado que, si usted puede detectar estos casos tempranamente, si acerca el diagnóstico a las comunidades y si lo acompaña de un manejo temprano en casa, se puede disminuir la posibilidad de que alguien se complique. Y como no se complica su probabilidad de llegar a los hospitales es menor.

    Mientras hemos aumentado tremendamente (y nos ha servido mucho) la cantidad de camas que hemos añadido, es tiempo de comenzar a preocuparnos por la otra parte: disminuir el flujo de pacientes severos hacia los hospitales y manejarlos antes, cuando están comenzando de infectarse o cuando tienen los síntomas iniciales. Eso nos ha funcionado siempre para cualquier infección. Si podemos detectar los tempranos y tratarlos temprano, o por lo menos seguirlos tempranamente, evitamos la complicación.

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    Hay algunas personas que están sugiriendo la tasa de utilización de camas como uno de los indicadores para el semáforo. ¿Es este el motivo por el que lo descartan?

    No es que lo descartemos. Está entre los indicadores de desescalada. La ocupación de camas de intensivo es parte de acuerdo 146-20. Es uno más, pero estamos tratando de utilizar indicadores muy simples. El problema con el indicador de ocupación de camas es que depende de la dualidad entre el sistema de atención primaria y el sistema de atención hospitalaria. Si usted fortalece su sistema de atención primaria es posible que disminuya la ocupación de camas. ¿Le dice esto que hay menos contagios? No necesariamente. Pero en lo que fortalecemos el sistema, los indicadores que hemos planteado probablemente sean mejores para poder pilotear la pandemia.

    ¿Qué es lo que le ha funcionado mejor a usted en este tiempo al frente de Coprecovid?

    El tener una conversación muy sincera y verdadera con la población y con los diferentes sectores, tener realmente la claridad que tenemos todos un compromiso por sacar al país adelante y que ellos puedan tratar de confiar en que estamos al frente de esto porque realmente creemos que se puede mejorar.

    ¿Y qué ha fracasado?

    Bueno, yo no creo que haya fracasado todavía.

    ¿Pues en qué va rezagado?

    Siempre yo quisiera que las cosas fueran más rápidas, vamos rezagados en que pudiera haber habido planes antes que estamos construyendo en este momento en que la epidemia está en su parte más alta.

    ¿Qué le ha frustrado más? ¿Qué le ha preocupado más?

    Me sigue preocupando mucho la división en el país.

    ¿A qué se refiere?

    Muchos segmentos y grupos de población que todavía no ven esta epidemia como algo de lo que solo vamos a poder salir con una crítica constructiva y con una claridad muy grande de que aquí no importan los sesgos, la religión ni mis posiciones ideológicas, sino que aquí lo que interesa es cómo todos salimos de este virus y podemos manejarlo bien.

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    ¿A qué se refiere con crítica constructiva?

    Para mí es cuando alguien me dice lo que pudiera estar haciendo mejor, pero se ha puesto en los zapatos de la ministra de Salud, en de los médicos que están al frente y en los del comerciante que está sufriendo, en los zapatos del guatemalteco que tiene que trabajar a pesar de que decimos que se quede en casa; y entiende esa perspectiva, hace la crítica, pero también aporta al país.

    ¿Siente que el Congreso hace eso?

    El Congreso tiene su papel y no es suficiente el dar fondos para el combate a la epidemia. Hay un liderazgo muy importante de cada uno de los legisladores, que ser ejercido en tiempos de pandemia.

    Si tuviera que hacerse una autocrítica por estos casi dos meses, ¿cuál sería?

    Que, a pesar de todo, sigo siendo un optimista.

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    ¿Eso es autocrítica o es como cuando a uno le preguntan en una entrevista de trabajo cuál es su problema y la respuesta es «perfeccionista»?

    ¿Qué le digo? El optimismo a veces puede ser un problema.

    ¿En qué sentido?

    Bueno, porque uno no se deja de decepcionar.

    Si ve como un problema no dejarse decepcionar es porque cree que tirar la toalla sería lo apropiado.

    No, no creo que es lo apropiado. Pero en estas batallas hay momentos muy difíciles, de cuestionamiento de qué tanto podemos realmente unirnos y trabajar en pro del país. Pero soy un firme creyente en este país y en su gente.

    ¿Cuál ha sido el momento más difícil?

    Yo creo que todavía no he tenido un momento más difícil.

    ¿De los que ha tenido?

    [Ríe.] El momento más difícil esta vez fue [piensa17 segundos] haber dejado la familia un rato para venir a luchar con algo de una dimensión muy distinta de lo que pensé.

    Un equipo de seis directores

    La Coprecovid reunirá cinco directores de área más el director ejecutivo. Todas las contrataciones están aún en trámite. Estos son los nombres de las personas elegidas:

    Director Ejecutivo: Dr. Edwin Asturias

    Director Jurídico: Licenciado Julio Saavedra

    Director Inteligencia Epidemiológica: Dr. José Carlos Monzón

    Directora Investigación Aplicada: Dra. Mirella Barrientos

    Directora Gestión Intersectorial: Dra. Saskia Bunge.

    Dirección Comunicación Estratégica, Gustavo Berganza

  • COVID19 En 5 gráficos: La mortalidad ha crecido en la capital pero no en el país con respecto a años anteriores

    COVID19 En 5 gráficos: La mortalidad ha crecido en la capital pero no en el país con respecto a años anteriores

    En la ciudad de Guatemala, hemos superado las 150 muertes en un solo día, cuando en 2018 y 2019 nunca habían sobrepasado las 90. En el país, hubo una disminución brusca al inicio de la pandemia, pero ahora las cifras nacionales han vuelto a niveles parecidos a los de 2018 y 19. Esto despierta muchas preguntas.

    Los análisis de mortalidad fueron de los primeros análisis estadísticos que se realizaron en la historia. Sin embargo, en Guatemala se les ha dado poca importancia y se ha dejado de aprovechar para desarrollar intervenciones de salud pública. Con RENAP, se ha logrado mejorar la recolección unificada de la mortalidad y natalidad del país. No obstante, el retraso desde que ocurre la defunción hasta que es registrada aún es una limitante. Estos tiempos varían dependiendo de dónde ocurre la defunción.

    La mayoría de las muertes son registradas al menos tres semanas después de ocurridas, a nivel nacional. En la ciudad de Guatemala, la mayoría se registran con una semana de retraso.

    Renap registra 371 más fallecidos por COVID19 que el Ministerio de Salud

    La recolección de los datos de mortalidad comienza cuando se llena el informe y se registra ante el RENAP, que emite un certificado de defunción para que la persona pueda ser enterrada en alguno de los cementerios autorizados en el país. Cada mes, el INE recibe todos los registros realizados durante ese mes (sin importar en qué fecha fallecieran). A pesar de que recibe los datos cada mes, el INE espera 11 meses luego de que finaliza el año para realizar el consolidado final y publicar la base de datos en su sitio de web oficial.

    El INE limpia, codifica y publica de las estadísticas vitales. A través de solicitudes de acceso a la información pública es posible acceder a los datos del RENAP para poder tener una visión general de los conteos de mortalidad.

    Gráfico 1

    Muchos países están utilizando la mortalidad como un indicador indirecto del impacto que ha tenido COVID19 en sus territorios. El 13 de marzo de 2020 se oficializó que existía un primer paciente de COVID19 en Guatemala. Pero en nuestro caso, en lugar de ver un aumento en la mortalidad a causa de esta pandemia, los datos muestran primero un descenso y poco a poco un restablecimiento hasta alcanzar una cifra semejante a la de la línea de base.

    Duelo sin cadáver: La muerte en soledad durante la pandemia

    Gráfico 2

    En la ciudad de Guatemala (Gráfico 2), el exceso de mortalidad parece claro, dado que se sale de la tendencia de los años anteriores. Sin embargo, aún es muy pronto para asegurar este exceso, una posible explicación de esta tendencia es que, dada la pandemia, algunas personas pudieran estar migrando a la ciudad de Guatemala en búsqueda de atención médica, lo que explicaría ese aumento de la mortalidad en la ciudad, sin un aumento en la tendencia nacional. Ahora, suponiendo lo contrario, es decir, que estas muertes sean de habitantes de la ciudad de Guatemala, podríamos creer que este aumento se contrarreste con mermas en otros lugares (Gráfico 1).

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    Gráfico 3

    Cuando analizamos por semana epidemiológica, en los diferentes grupos de edad (Gráfico 3), muestran diferencias relevantes. El grupo mayor de 40 años está sufriendo una mayor carga de mortalidad. Pero entre los menores de 5 años, adolescentes y adultos jóvenes la disminución en la mortalidad es importante. La mortalidad en estos grupos de edad ha sido generalmente causada por accidentes de tránsito y actos de violencia. A modo de hipótesis se puede plantear que las medidas de aislamiento como el toque de queda, aislamiento social, recomendaciones de lavado de manos podrían haber tenido un efecto benéfico entre los jóvenes.

    Sobrevivir a una ciudad y una pandemia desde el basurero de la zona 3

    En la Ciudad de Guatemala, el cambio es bastante notorio (Gráfico 4), con un incremento en la tendencia desde los mayores de 20 años. Aun no sabemos si esto es real, o si será un sesgo detectado por la posible migración en búsqueda de atención en salud.

    Gráfico 4

    Por otro lado, un fenómeno que atrajo atención y despertó sospechas en los primeros meses de la pandemia fueron las muertes repentinas en la vía pública. Muchos se preguntaban si no se trataba de muertes por COVID19. Los datos por lugar de fallecimiento muestran un aumento en muertes en domicilio, y una disminución en la mortalidad hospitalaria, probablemente por el miedo de la población a contagiarse en los hospitales. Las muertes en la vía publica aún están dentro de las tendencias encontradas en años anteriores.

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    Gráfico 5

    En conclusión, aún es muy pronto para entender qué causó el beneficio en los jóvenes, y el aumento en los mayores. Cuando el INE pueda brindarnos pronto la codificación de estas causas de muerte y otras variables como el municipio de residencia y no sólo el de ocurrencia de defunción, lo que nos permitirá conocer más sobre el impacto que ha tenido la pandemia en nuestro país.

    Este análisis fue gracias al apoyo de la Asociación Diálogos. Los datos de Renap se obtuvieron a través de la bancada Semilla.