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  • Cuatro alarmas: los primeros pasos hacia un Estado policial (análisis legal de la Ley de ONG)

    Es más de lo que parece. Las reformas de la Ley de Organizaciones No Gubernamentales contienen una serie de alarmas que afectan mucho más que la libertad de asociación y la libertad religiosa (como nos ha informado estupendamente Danilo Carías). También están en riesgo la autonomía personal, la universitaria, la intimidad, y son los primeros pasos hacia un Estado policial.

    Para llegar a esta conclusión se utilizó el examen de proporcionalidad, un test adoptado por la Corte de Constitucionalidad (CC) para revisar la constitucionalidad y legalidad de las leyes. Como lo ha hecho notar la CC, este test se divide en cuatro fases: razonabilidad, idoneidad, necesidad y balanceo.

    La razonabilidad analiza los criterios teleológicos y normativos de la ley, es decir, si la ley guarda consistencia con la Constitución y las ideas de justicia e igualdad. Esto se observa usualmente en las justificaciones del Congreso para aprobarla.

    La idoneidad se refiere a la capacidad de una ley para cumplir con su propósito (en otras palabras, si los medios utilizados son los adecuados).

    No es solo para fondos públicos. La ley expande esta supervisión a cualquier fondo particular sin justificación.

    La necesidad consiste en la revisión de si hay otros mecanismos legales que ya cumplen con ese cometido y, si los hay, si los nuevos mejoran los existentes. Además, se apunta a los derechos fundamentales que pueden ser afectados por una nueva ley.

    Y por último está el balanceo, en el cual se busca medir si los medios se adecuan a los fines de la ley analizada. Debo mencionar que este último paso tiene su sustento en el artículo 44 de la CPRG: «Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza».

    Vamos, entonces, fase por fase.

    En defensa de la libertad de asociación

    Sobre la razonabilidad. Las justificaciones del Congreso para aprobar esta ley se observan en la exposición de motivos y en el dictamen favorable de la Comisión de Gobernación. La justificación del dictamen, en específico, se basa en el uso de fondos públicos por parte de las ONG, teniendo a la Contraloría General de Cuentas como supervisora.

    Sin embargo, la ley aprobada expande esta supervisión al uso de cualesquier fondos por parte de las ONG sin justificación.

    Si bien es cierto que el Estado tiene la obligación de garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y el desarrollo, esta ley no se encuadra dentro de tales supuestos: más parece una limitante a grupos no gubernamentales para que no acepten ayuda extranjera ni actúen donde el Estado se ha quedado corto. ¡Primera alarma!

    Podría servir como mecanismo para identificar y catalogar a las personas por su afiliación sindical o religiosa, así como los colegios a los que envían a sus hijos, los proyectos de investigación de universidades…

    Sobre la idoneidad. En cuanto a la revisión de ONG, cabe decir que el Estado les está atando una camisa de fuerza. Esto se ve al establecer sus «tipos» (artículo 4), los cuales pueden incluir sindicatos y colegios profesionales por el vocabulario amplio que utiliza (artículo 17), lo que las pone bajo un estado de discrecionalidad amplio del Estado no solo para inscribirlas (artículo 5), sino también para decidir sobre el cumplimiento de sus funciones (artículo 21) y, ultimadamente, su cierre.

    Bajo esta supervisión se puede asignar la capacidad de disolver una ONG por motivos de «orden público» (artículo 21), lo que deja una puerta abierta al abuso de autoridad por el vocabulario amplio. ¡Segunda alarma!

    Jimmy Morales profundiza su antiproyecto: acusa a la ONU y pide auditar a Cicig

    Sobre la necesidad. Aquí detallamos los mecanismos que ya existen y los potenciales derechos fundamentales que se afectarían. Sobre los mecanismos que ya existen, el colega Edgar Ortiz hizo un recuento y análisis de muchas leyes e instituciones que ya existen y que ya cumplen con esta finalidad. Continuando con lo segundo, queda claro que la libertad de asociación se puede vulnerar.

    Sin embargo, por la apertura que la ley otorga en su aplicación y en la supervisión de los libros y el manejo de su dinero, otros derechos entran en el análisis. Por el control que pudiera llegar a haber sobre la organización, podría servir como mecanismo para identificar y catalogar a personas por su afiliación sindical o religiosa, así como los colegios a los que envían a sus hijos, los proyectos de investigación de universidades, etc. Estos son los primeros pasos necesarios para un Estado policial, lo que tiene un impacto en todos los ámbitos de la intimidad de la persona. ¡Tercera alarma!

    Sobre el balanceo. El costo de una ley entrometiéndose en la intimidad de las personas y la creación de mecanismos de verificación de ONG con vocabulario amplio hacen hacer sonar muchas alarmas de sospecha e inconstitucionalidad. Ya existen leyes que regulan lo mismo y con menos intromisión en la intimidad y en otros derechos fundamentales. Por esto mismo es un retroceso crear nuevos mecanismos que hagan más restrictiva la inscripción de ONG y desprotejan a las organizaciones frente al Estado. Así, vulnera el artículo 44 de la CPRG. ¡Cuarta alarma!

    Como ya expresé, esta ley puede ser un paso hacia la creación de un Estado policial: vulnera muchas facetas de la autonomía, ya que es un Estado que restringe. Y esto es una afrenta al carácter garantista de nuestra Constitución.

     

    Carlos Arturo Villagrán es investigador del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar.

  • En defensa de la libertad de asociación

    El precio de la libertad es la eterna vigilancia. La frase está trillada, pero es pertinente en esta oportunidad.

    Ayer, en medio de una movida condenable, una facción del Congreso de la República incluyó la aprobación de la redacción final y por artículos de una reforma a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales. Lo hizo en medio de un pronunciamiento sobre el coronavirus.

    Varios diputados razonaron sus votos en contra tras considerar que no habían tenido la oportunidad de leer con detenimiento y analizar la propuesta legislativa, puesto que llegó hasta esa fase del proceso de formación de ley en la legislatura pasada, y porque consideraban que esta normativa atentaba contra la libertad de asociación y otras libertades civiles.

    La libertad de asociación es una de las más preciosas libertades de los seres humanos. Todas las formas de asociación civil son cuerpos intermedios entre los individuos y el Estado. Le restan poder al leviatán. A menos que reciba fondos del erario público, el Gobierno no tiene por qué intervenir en el desarrollo de las actividades que realizan estas entidades. Solo deben rendirles cuentas a sus donantes y a sus asociados en el cumplimiento de sus fines.

    ¿Bajo qué justificación el Mingob, la SAT o la CGC vigilarán que los bienes de las fundaciones y de las oenegés se empleen conforme su destino si no reciben fondos públicos?

    Esta disposición abre la discusión sobre puntos interesantes como la publicación de donantes en un registro público, buena medida en aras de la transparencia. Ahora bien, la mayoría de las medidas son negativas. Por ejemplo, se les permite a entidades como la Superintendencia de Administración Tributaria, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio de Gobernación solicitar la disolución de asociaciones y organizaciones no gubernamentales en sede administrativa, y ya no solo al Ministerio Público, que es el ente constitucionalmente encargado de la persecución penal.

    ¿A cuenta de qué va a tener la CGC la capacidad de solicitar la disolución de una asociación que no recibe fondos públicos (artículo 21)? ¿Vamos a darle esta potestad al Ministerio de Gobernación cuando no cuenta con la independencia requerida, como es el caso del MP? ¿Bajo qué justificación el Mingob, la SAT o la CGC vigilarán que los bienes de las fundaciones y de las oenegés se empleen conforme su destino si no reciben fondos públicos (artículo 19)?

    Muchas personas aplauden ahora que el Gobierno tenga su signo político. Imaginen ahora que un gobierno autoritario de otro signo o revolucionario, como en el caso de los regímenes nicaragüense y venezolano, tuviese la potestad de disolución de asociaciones tras considerar que son contrarias a la ley o al orden público o de determinar cuándo una organización no emplea sus bienes conforme a su destino bajos sus propios criterios.

    Esta normativa tiene impacto negativo en otras libertades, como la religiosa y la de expresión. Desde el punto de vista de la derecha liberal, esta libertad reviste una importancia fundamental a la luz del principio de subsidiariedad, expresado como tanta libertad como sea posible, como tanto Estado como sea necesario: máxima que expresa una limitación para que el Gobierno no intervenga en las actividades que pueden realizar los individuos por sí mismos o por medio de asociaciones.

    Como dice el profesor Glenn Cox, para que exista liberalismo tiene que haber buenos liberales.

    El florecimiento de las asociaciones civiles es una de las características de un sistema republicano y liberal. Así lo señalaba uno de mis pensadores favoritos después de su paso por los Estados Unidos en el siglo XIX, Alexis de Tocqueville, en su Democracia en América: «Los estadounidenses de todas las edades, condiciones y formas de pensar se unen constantemente en asociaciones, cientos de estas: religiosas, morales, serias o de ocio; generales o particulares; grandes o pequeñas. En esta forma crean hospitales, prisiones y escuelas en todas partes. Donde se ve tomando acción al Gobierno en Francia o a un noble en Inglaterra, ten por seguro que en los Estados Unidos percibirás a una asociación».

    La salvaguarda de la independencia de las asociaciones protege la libertad individual y contribuye al bien común. En forma pertinente indicó el abogado Mario Archila que no debemos dejar llevarnos por la finta del título de la normativa, pues no solo aplicará para organizaciones no gubernamentales, sino que tendrá un impacto en todo el aparato jurídico de las asociaciones en nuestro país, incluyendo las fundaciones en algunos aspectos.

    A veces toca nadar contra corriente en este país polarizado en el que algunos creen que todo es blanco y negro. Siempre serán necesarias las voces que después de un análisis a conciencia planteen argumentos y defiendan sus ideas, en este caso las de la libertad, porque, como dice el profesor Glenn David Cox, para que exista liberalismo tiene que haber buenos liberales.

  • La comisión anticorrupción de Giammattei será un fracaso, a menos que…

    La comisión anticorrupción de Giammattei será un fracaso, a menos que…

    La Comisión, como debemos llamarla según el acuerdo gubernativo que le da vida, no funcionará. En sí misma servirá para poco. Es un instrumento débil y efímero, pero nos ofrece una oportunidad: movernos hacia un modelo más sólido. Hay varios detalles que el Presidente puede tomar en cuenta para mejorarla.

    Toda causa ardua necesita sus adalides. Las personas que dirigen cruzadas son importantes para el éxito. En la lucha contra la corrupción, cruzada formidable, deben contar con los arrestos para abordar un problema que afecta a los intereses delincuentes. Con eso se enfrentan. Sumen instituciones débiles y una arraigada tradición de violencia política y entenderán que se necesitan almas muy especiales para hacer de este tipo de acometidas empresas exitosas.

    Las personas son importantes, sí, «voluntad política» lo llaman. La Cicig fue pocas veces incómoda para el sistema político guatemalteco hasta que la dirigió el temerario fiscal Iván Velásquez, curtido en batallas colombianas de narco y corrupción. Movido por unas circunstancias nacionales e internacionales ajenas a él, decidió perseguir a estructuras de poder antes intocables, con consecuencias de sobra conocidas.

    Pero es preciso mirar más allá de personas.

    Las comisiones anticorrupción improvisadas suelen ser un fracaso. De las innumerables figuras institucionales de este tipo, los casos de éxito se cuentan con los dedos de una mano. La causa no es la falta de valentía de sus miembros en las decenas y decenas de países donde se han implementado. Sin un diseño institucional adecuado hasta el más galletudo de los quijotes se puede sentir impotente.

    Eliott Ness convertido en un lindo gatito

    Los autores que abordan el fenómeno de la corrupción en general y de comisiones en específico han encontrado algunas características que explican el éxito de unas y el fracaso de otras. Un breve repaso nos ayudará a entender de qué hablamos.

    Las comisiones anticorrupción deben ser autónomas, independientes de los intereses políticos. Esto significa que se debe construir un muro de protección a su alrededor para evitar que la capturen los intereses corruptos.

    Esto nunca es fácil. Nada garantiza en la vida la pureza pero hay mecanismos que ayudan. El primero de esos es la manera en la que se elige a quienes dirigen la institución y la capacidad de decisión que se les otorga.

    ¿Cómo puede Giammattei asegurar la gobernabilidad y no morir en el intento?

    Para ilustrarlo con el caso más conocido por los chapines pongamos de ejemplo la Cicig. El Secretario de Naciones Unidas, un actor externo a Guatemala, y por lo tanto a su sistema político, se encargaba de nombrar unilateralmente a quien dirigiría la Comisión (se guardaban formas diplomáticas de aceptación del nombramiento pero eso no estaba en el convenio) y se establecía con esa persona un contrato por cuatro años. Una vez nombrado, el acuerdo le daba autonomía e independencia, incluso con respecto al propio Secretario, para organizar la institución y tomar decisiones sobre los procesos de investigación. Ese modelo de actor externo con derecho a veto, externo, permitió que los diversos comisionados tuvieran, en principio, libertad de acción frente al resto del sistema político.

    Los comisionados son juez y parte

    Otra forma de darle autonomía es imponer unos requisitos exigentes para el cargo. Eso reduce la arbitrariedad de quien nombra, y obliga a que existan criterios no solo políticos sino también de mérito. Si además se ofrece claridad en los criterios de destitución, y periodos largos y estables de ejercicio del mandato, mejor que mejor. Imagínense el efecto que tendría una Fiscal General que pudiera ser removida en cualquier momento de su cargo por el Presidente, como por otra parte sucedía antes. El Presidente podría siempre utilizar de forma directa su poder para impedir que lo investiguen quien debería hacerlo. La esencia de la impunidad.

    Las comisiones anticorrupción deben tener recursos abundantes y garantizados. En la medida de lo posible manejados como propios. Muchos son los casos en que un instrumento de este estilo simplemente fue desfinanciado para que dejara de existir en la práctica. Además, la lucha contra la corrupción no es barata. Un presupuesto escueto convierte al más curtido Eliott Ness en un lindo gatito.

    Las comisiones anticorrupción deben tener capacidades legales de peso («dientes», que se dice). Solo así pueden imponer sus políticas a actores reticentes. Poco importa que las políticas sean preventivas o persecutorias. Si la labor es de coordinación o sus conclusiones son sugerencias, lo normal es que otra clase de intereses se impongan.

    Guatebala

    Las comisiones anticorrupción que funcionan son de largo plazo. Para muestra, de nuevo, Cicig. Muy poderosa en lo demás (un modelo autónomo, recursos propios, fuerza en sus capacidades de investigación…) pero un fracaso en última instancia. Dejó de existir pues el modelo de renovación bienal forzaba a una negociación política cada dos años que se daba o en un contexto de choque (2015, 2019) o en un contexto de complacencia con el poder (2009, 2011, 2013). Al final resultó que 2017 fue una renovación coyuntural y atípica, que se montó en la fuerza que Cicig tenía en ese momento.

    La temporalidad mató al que parecía un modelo exitoso. Por eso debemos pensar en diseños que permitan reemplazar a la autoridad, si comete errores, se excede o se desgasta, pero que sobreviva la institución. De cualquier forma, es necesario pensar en periodos más extensos y en un distinto tipo de proceso de terminación para que no sea tan fácil acabar con una entidad central. A Jimmy Morales le bastó no firmar una carta para verla morir.

    «Porque me da la real gana»

    La Comisión, como el mismo Acuerdo Gubernativo de la Presidencia de Giammattei nos pide que la llamemos, no tiene ninguna de las características de éxito antes señalada.

    O lo que es lo mismo: tiene todos los componentes posibles para el fracaso.

    Los miembros de la Comisión son puestos a dedo por el Presidente y puede quitarlos sin ninguna dificultad. El director ejecutivo depende directamente de él y lo nombra sin mayores requisitos, ninguno de ellos meritocrático. Como son nombrados un día pueden ser destituidos el siguiente sin que el Presidente tenga por qué justificar su remoción con algo más allá de «porque me dio la real gana».

    La Comisión Anticorrupción depende del presupuesto asignado por el gobierno y puede ser ahogada instantáneamente. Si algo nos enseñó Cicig (y toda experiencia anticorrupción que en el mundo ha sido) es que esta clase de entidades tienen que soportar una fuerte presión por parte de los corruptos, que en sistemas capturados como el nuestro equivalen a los poderosos. Desde el Congreso o la propia Presidencia se puede muy fácilmente desinflar los esfuerzos. Solo imaginen si pudieran haber tenido estas dos ramas de Gobierno la posibilidad de dejar sin dinero a Cicig.

    Al estar constituida por un Acuerdo Gubernativo es jurídicamente endeble. Hoy lo firmas y mañana lo revocas. Sin una ley detrás que le dé respaldo es difícil verla como nada más que una comisión coordinadora, incapaz de torcer la mano a los receptores de sus potenciales políticas. Los comisionados son juez y parte, pues mucho de lo que pudiera emanar de la Comisión debería ser implementado en las entidades que ellos dirigen. El Ministro de Gobernación que es comisionado, por ejemplo, es una figura clave al tener bajo su cargo muchas políticas de transparencia y en teoría dirige a la dirección ejecutiva: un cargo político menor él suyo propio. No es el diseño más recomendable.

    Giammattei: primera dosis de cesarismo

    Nótese que ni siquiera hemos entrado a valorar qué tipo de labor haría esta comisión, tema que daría para un mayor desarrollo. Este tipo de instrumentos pueden estar concentrados en lo penal, en lo preventivo o en reformas más profundas. Hay algunas, como la de Hong Kong, que tienen un modelo universal que comprende todas las modalidades. La Comisión, la «nuestra» es de naturaleza en principio preventiva y concentrada en el Ejecutivo.

    El instrumento, en definitiva, deja todas las esperanzas en manos del presidente Alejandro Giammattei y su voluntad, su bondad y su valentía. En un sistema capturado, con fragmentación en el Congreso e intereses corruptos vivos y coleando las probabilidades de avanzar no son las mejores. Incluso si el presidente Giammattei fuera el soldado anticorrupción más aguerrido del siglo XXI en poco tiempo se quedaría sin mucha fuerza para cumplir su cometido. Poco importará también que Óscar Dávila, el recién nombrado director ejecutivo, sea alguien con una buena labor en el Ministerio Público o cercano a la Embajada de EEUU. Esta verdad lo es para Agamenón y su porquero. Una ballena, y la captura del Estado lo es, se come poco a poco y entre muchos.

    Luis Arreaga: La lucha contra la corrupción en Guatemala sigue; «es una amenaza a nuestra propia seguridad»

    Existe, sin embargo, una luz de esperanza. Si y solo si la intención de Giammattei es profundizar la lucha contra la corrupción y entiende la Comisión como un paso hacia un modelo más contundente, entonces ciertos avances coyunturales y gestos pueden ayudarle.

    Bukele en El Salvador quiere proyectar que ha optado por esa estrategia. Como efecto político, para crear la sensación de estar dando resultados inmediatos publicitó a bombo y platillo un convenio risible con la OEA. E insinúa que el modelo con fuerza y autonomía, con el apoyo de Naciones Unidas, esta en camino. Si este componente no se concretara, todo quedará en nada. Dar golpes de efecto no solo es conveniente sino deseable si hay un objetivo estratégico ulterior. De lo contrario, son fuegos artificiales.

    De tomar este camino, el camino serio, el camino de ir en serio, el dilema de nuestro Presidente se resume en dos opciones: puede optar por presentar una comisión nacional permanente, o presentar una Cicig 2.0. con mejoras y nuevas funciones preventivas.

    Ojalá a partir de ahora el debate se centre en cómo seguir avanzando.

    Una golondrina no hace verano y un acuerdo gubernativo no sirve, salvo milagro, para luchar contra la corrupción. Y si hay prodigio, sería uno demasiado efímero para las necesidades de nuestro país.

     

    Este análisis es una colaboración entre Image result for logo plazapublica" y   .
  • «Ingenuo», «idealista» y «prágmático»: El acuerdo político de las bancadas pequeñas

    «Ingenuo», «idealista» y «prágmático»: El acuerdo político de las bancadas pequeñas

    Los bloques BIEN, CREO, PAN, Semilla, URNG y Winaq anunciaron, inmediatamente después de tomar posesión en el Congreso, un pacto político “para priorizar los intereses comunes que la población demanda”. Entrevistamos a Bernardo Arévalo, de Semilla, y Evelyn Morataya, de BIEN, para entenderlo mejor.

    El martes, en medio de las celebraciones de investidura en el Congreso, el Ejecutivo y el Parlamento Centroamericano y del alboroto por el futuro del expresidente Jimmy Morales, y casi sepultado por el anuncio de una rocambolesca Junta Directiva del Legislativo, tuvo lugar un gesto menor pero significativo, e inédito: seis bancadas pequeñas, integradas por 26 diputados, varios de ellos primerizos, anunciaron una coalición tierna pero ambiciosa. Es una alianza que, sin siquiera soñar con presidir el organismo, busca instalar una agenda estratégica en el debate parlamentario.

    El primer eje es el de institucionalidad democrática y de justicia del Estado, que concretan en reformar las leyes Electoral y de partidos políticos, de Servicio civil, de Contrataciones, del Sector justicia, del Organismo Legislativo, y de Orden público, y la promulgación de un Código de ética del Congreso y una Ley de la Policía Nacional Civil.

    El segundo eje pretende mejorar la capacidad del Estado para orientar y financiar un desarrollo socioeconómico equitativo e incluyente. Aquí, nombran una Ley de Aguas, una de Competencia, una de Leasing, y reformar la del Presupuesto.

    Por último, el tercer eje pasa por fortalecer al Estado para que garantice «los derechos de la ciudadanía, las mujeres, las comunidades y los pueblos que conforman la nación guatemalteca». ¿Sus objetivos? Legislación de protección de los Derechos Humanos, legislación de Pueblos indígenas, reformas educativas, un sistema nacional de protección de la niñez y la adolescencia, y una ley para proteger a la primera infancia.

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    Anunciar objetivos tan maximalistas por parte de una reunión tan heterogénea exige tener un punto de audacia, y otro de suicida.

    «Es una feliz coincidencia esta reunión de partidos», dice Evelyn Morataya, que reaparece en el ámbito político casi dos décadas después de haber sido Primera Dama, durante el gobierno de Alfonso Portillo. «Empezamos a conversar con un grupo de 26 diputados al que también se sumó Eduardo Zachrisson, del PAN, y encontramos muchas coincidencias en lo que buscamos en esta legislatura 2020/24. Esperamos que el acuerdo pueda sostenerse, aunque sea en esta agenda mínima que hemos presentado, porque es más amplia».

    «No es un grupo cerrado», explica Bernardo Arévalo, el jefe de bancada de Semilla. «Uno no puede descartar que haya diputados que a título individual se quieran sumar, o bancadas que en algún momento lo quieran hacer. Pero claro, se espera que haya cierta demostración clara de que estamos aquí por este tipo de objetivos.»

    ¿Por qué este acuerdo? ¿Por qué este anuncio el primer día? ¿Qué pretenden? Aspiran, con esta agenda, a marcarle el paso, al menos parcialmente, a un organismo del que representan el 16.25%.

    Creen que el hecho de que ser bancadas minoritarias en un Congreso dividido en 19 bancadas, con una sola grande (la UNE) y de que comparten objetivos con respecto a la impunidad y la corrupción de los fines del Estado, les obliga a buscar marcos de acuerdos de colaboración y refuerzo recíproco para «tener un mayor nivel de incidencia en los debates, en los posicionamientos, en la definición de agendas», «desde distintos ángulos programáticos, ideológicos», un argumento que ambos repiten.

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    El pacto no limita los objetivos en los que cada bancada trabajará durante los próximos cuatro años. Solo subraya los que abordarán prioritariamente y en conjunto. «Hay temas que no están dentro del acuerdo, pero que vamos a seguir trabajando y activando. El principio sería que esto se haga sin que entre en contradicción con lo que se está trabajando en el marco de esa agenda compartida», amplía Arévalo «Ninguno de nosotros renuncia a la capacidad de iniciativa o de presentar autónomamente y de relacionarse con cualquier otro partido alrededor de los distintos temas.»

    ¿Por qué estos partidos y no otros?

    Arévalo: Unos teníamos conversaciones por algún lado con cierta gente, y esos habían hablado a su vez con otros y decían que habían manifestado las mismas inquietudes y preocupaciones. Se dio de una manera gradual. No fue que un día nos sentamos 26 y acordamos esto. Esto viene trabajando desde el mes de octubre o noviembre del año pasado: reuniones, a veces bilaterales, a veces colectivas, discutiendo qué se puede hacer, la ambición, el alcance, la discusión de los temas, cuáles serán los principios, cómo se relaciona con el propio programa.

    Morataya: No todos los diputados y diputadas que llegan al Congreso están tan preocupados por promover una agenda legislativa. Hay veces que no se busca trabajar por el beneficio colectivo, con sentido de conciencia social. Varios diputados entrantes empezamos a hablar en la inducción que nos ofreció hace semanas el Congreso y vimos que coincidíamos en el interés por una ley de Aguas, por ejemplo. Semilla, Creo, Winaq, URNG coinciden. Para nosotros es la principal oferta política. Y acordamos impulsarla. Entre esos, hay otros 134 diputados que se verán motivados a sumarse. Es más fácil llegar a acuerdos de esta manera.

    BA: La conversación empezó como algo informal. Nos preguntábamos qué hacer ahora que íbamos a estar juntos. En lo que uno se fija primero es en el primer año: junta directiva, comisiones… Pero muy rápido convergimos en que en realidad no nos interesa el primer año. Buscamos operar sobre un horizonte estratégico. Este es un acuerdo que esperamos mantener para cuatro años. La ambición de esta agenda es grande incluso para cuatro años. La Ley de Aguas no la vamos a poder sacar en seis meses. Lo que nos ha motivado es la convicción de que se debe rescatar la lógica de trabajo parlamentario, que se ha ido perdiendo por la naturaleza transaccional (por llamarlo de una manera elegante) que se ha impuesto en los últimos dos años, que tenemos que empezar a plantear los temas en términos técnicos y desde nuestras diferencias ideológicas, pero siempre con el fin del interés público. Suena muy manido, muy banal, pero hemos caído en que algo tan sencillo como que las instituciones operen en busca del bien común es fundamental. Y todos creemos que rescatarlo es factible y necesario.

    ¿Por qué asegura que esa lógica viene de hace dos años?

    BA: Se agudizó hace dos años.

    El acuerdo incluye a seis bancadas que van del centro derecha a la izquierda. ¿Qué tan fuerte es la amalgama que las une en esta iniciativa y cómo van a lograr mantenerlas juntos?

    EM: Es difícil asegurar que 26 personas, 27, 30, nos vamos a poner de acuerdo siempre. Es parte de este ejercicio democrático tener la madurez para converger en un interés común. Cada bloque va a esforzarse por mantenernos unidos, porque no solo en materia legislativa hay que tomar decisiones fundamentales. Hay que elegir cortes, Tribunal Supremo Electoral, hay que fiscalizar. No es imposible. Habrá momentos en que no nos pongamos de acuerdo, pero en lo esencial y en lo fundamental es un gran ejercicio de respeto, de tolerancia, de inclusión. Y quiero decir que no nos sentimos mejores que quienes no están en este acuerdo. Esto es un inicio y lo hemos hecho público al principio, casi como una invitación a los demás.

    BA: No tenemos garantía. Va a ser un ejercicio cotidiano de comunicación traducida en compromiso. Hemos discutido en algún momento, por ejemplo, la Ley de Aguas. ¿Qué tenemos en común? Que creemos que es urgente. ¿Estamos de acuerdo en la posición? No. ¿Creemos que debemos tener una posición unificada? Tampoco. Deberíamos tratar de alcanzar el mayor acuerdo posible, después de eso cada uno de nosotros puede llegar a aportar lo que crea oportuno. Pero estas diferencias no deben ir por encima de la necesidad fundamental de que el país cuente con una ley de Aguas. Y así, con todo.

    Una ley de aguas para el país de Nunca Jamás

    Tienen un programa con una agenda legislativa con cuyos títulos probablemente la mayoría de los partidos y sectores se sientan de acuerdo, en general. Que se necesita una ley de Aguas es algo que apoya desde Winaq hasta el Cacif. El problema es de contenidos. Por eso pregunto qué tanta unidad hay con respecto a este pacto y cómo van a gestionar los choques por los contenidos.

    BA: No está planteado desde la perspectiva ideológica, sino programática. Ahí va a va a ser mucho más fácil, porque va a haber menos espacio para la diferencia. Por ejemplo, un código de ética del Congreso, que es urgente. Y va a haber otros temas en los que el compromiso implica mucho trabajo de sentarse a la mesa, trabajar y empezar a discutir. Está la Ley de Pueblos Indígenas. El tema de la discriminación histórica y el racismo en este país es fundamental y no estamos diciendo «ya tenemos todos una misma posición sobre el tema». Lo que sostenemos es que el país no puede seguir sin discutir seriamente el tema y asumimos nuestro compromiso para hacer que esta discusión tenga lugar. Seguramente vamos a mantener diferencias y en algunos de los casos, a la hora de la votación, votaremos diferente. Pero colaboraremos para que esté en la agenda.

    EM: También es más fácil discutir o llegar a consensos entre seis bloques. Si no podemos superar diferencias, imagínate los 19 bloques que integran el Congreso. Hay que aprender a hablar. Queremos demostrar que tenemos la capacidad de poder llegar a acuerdos políticos en materia legislativa.

    En lo que uno se fija primero es en el primer año: junta directiva, comisiones… Pero no nos interesa el primer año. Buscamos un horizonte estratégico

    BA: Hay un artículo de Rodolfo Neutze en elPeriódico, jefe de bloque de CREO, que habla de que quienes creemos en que este país tiene que cambiar y que tiene que dejar esta deriva de corrupción terrible que ha existido, tenemos que empezar a colaborar. No va a ser fácil. Hay una buena dosis de ingenuidad porque sin ingenuidad…

    EM: Y de idealismo.

    BA: Porque sin idealismo uno no asume este tipo de retos. Pero también hay una buena dosis de realismo para saber que este acuerdo no se va a implementar automáticamente. Sabemos que va a ser tarea diaria.

    Entiendo entonces que no se trata de un acuerdo sobre contenidos ni que aspiran a votar todos homogéneamente…

    Ambos: Sí, sí aspiramos…

    Pero inicialmente se trata solo de un mecanismo por el que se comprometen a marcar una agenda de debate en el Congreso, a ejercer un poco de Junta Directiva paralela.

    EM: Al final, hay que someterlo todo a mayor discusión, apertura y al poder del voto dentro del Legislativo. Pero sí es una aspiración nuestra que la agenda que publicamos con los puntos básicos [cambia el tono de voz formal], que, por cierto, creo que nos faltó incluir un poquito más de salud…

    [Arévalo sonríe.]

    Ya empiezan las grietas…

    [Arévalo suelta una carcajada.]

    EM: No fue un desliz. Tuvimos días complicados y nos faltó tiempo para que el acuerdo fuera más completo. No es que no queramos trabajar más allá de lo publicado, sino que queríamos dar el mensaje. Esta nueva generación de reformas también es importante para no ir a un proceso electoral como el que acabamos de celebrar. Si no logramos todo, por lo menos que hayamos alcanzado la Ley de Competencia, la Ley de Aguas, una reforma electoral y alguna otra.

    BA: Tenemos un método para ir generando ciertos niveles de consenso y lo vamos a desarrollar.

    ¿En qué consiste?

    EM: El diálogo.

    BA: «Yo no te invito a una negociación, te invito a una conversación. Vamos a ver si hay algún interés en hacer que esto construya, suba un poco de nivel y vaya a más». Si hubiéramos invitado hace dos meses a una negociación, no hubiéramos llegado a nada.

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    EM: Aquí no hay puestos, no hay dinero, no hay transacciones. No nos ofrecemos nada más que el acompañamiento legislativo.

    BA: La agenda no es ni limitativa ni exhaustiva. Y tiene que compatibilizarse con la que está siendo dictada desde otros espacios, por otros intereses y tenemos que empatar con ella. Podríamos identificar una de estas leyes como la que más nos interesa a nosotros, pero puede ser que venga otro que nos obligue a decir «bueno, esta es la que nosotros queremos, pero esta es la que está en discusión ahora. Tratemos de empezar a trabajar alrededor de estos temas».

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    ¿Han priorizado ya algunas de esas y otras iniciativas de ley por importancia? ¿Han establecido un cronograma? ¿O están todas al mismo nivel?

    BA: Lo que ustedes han visto es lo que hay. Ese es el acuerdo y tenemos que seguir trabajando para traducir esto en un plan de acción. Vamos a tener que operar en una realidad que no depende de lo que nosotros queremos que sea, y entonces vamos a empezar a jugar.

    ¿Tienen idea de cómo encaja ya esta agenda con las otras del Congreso?

    BA: Estamos esperando la primera reunión para empezar a discutir sobre eso. Ya hay un insumo sobre la mesa: tenemos discursos del presidente del Congreso, tenemos las iniciativas del presidente de la República.

    EM: También otros partidos políticos tendrán buenas iniciativas para el país, a los cuales nosotros nos vamos a sumar. Este es un gran ejercicio de madurez política, es un ejercicio, como decía Bernardo, quizá muy ingenuo, de querer unirnos. Pero qué bueno que haya ingenuidad en el Congreso, porque eso también nos hace falta.

    BA: La palabra era «idealismo» y al final los valores sólo se pueden rescatar desde el idealismo, no desde el cinismo.

    EM: Y los hechos.

    BA: Se necesita ser práctico, ser realista, pero los ideales son fundamentales para orientar la acción política y tenemos que hacer un ejercicio de recuperación ética. ¿Cómo recuperó la ética si no recupero los ideales? La máxima expresión del cinismo es la mercantilización de todo.

    EM: En los hechos vamos a ir demostrando…

    BA: ¡O no! ¡Ese es el reto!

    EM: Los hechos. Eso dará fe. Y si podemos ser un pequeño ejemplo de la cultura del debate y de un buen ejercicio de democracia, eso será un gran resultado para nosotros.

    ¿Cómo van a evitar que les arrolle la realpolitik? Una coalición de 26 diputados frente a Congreso de 160 y además 26 diputados que, según ustedes, no tienen otro tipo de recursos con los que negociar, ¿qué posibilidad tiene de mover a un Pleno acostumbrado por décadas a actuar con otra lógica?

    BA: Primero, tenemos un Congreso que es 75 % de nuevas personas. Eso no quiere decir que el 75 % no tenga claro a qué viene. Pero sí que hay un momento de oportunidad en la medida en que el peso de la rutina y de alguna manera se diluye. Segundo, existe una demanda de la sociedad, que espera otro tipo de actitud dentro del Congreso de la República. No creemos que somos Los 7 fantásticos, que vamos solitos a transformar, pero sí que podemos ser articuladores hacia adentro y hacia afuera de este tipo de voluntades. La mitad de los artículos de prensa de las últimas dos semanas hablan de la necesidad de empezar a construir consensos, de que empecemos a dejar la polarización. Hagámoslo en principio entre nosotros alrededor de una agenda.

    Nueve rostros que dirigirán el Congreso en 2020

    Con un 75 % del Congreso nuevo y con un presidente manejando ese discurso de articulación y de transformación, la Junta Directiva elegida ayer [por el 14 de enero] y encabezada por el partido oficial parece sugerir que la lógica sigue siendo la misma.

    EM: Esto será una constante. No podemos controlarlo. Pero sí tenemos control sobre nuestro propio actuar. Nuestro voto ahí está. Queremos trabajar para que se vea al Congreso de una forma distinta. Quizá no se verá a los 160 diputados de una forma distinta, eso sería casi imposible. Pero qué importante que la población empiece a distinguir lo bueno de lo malo.

    BA: Más allá de lo simbólico, de lo didáctico, aquí una cuestión muy pragmática. Cada bloque tiene su propia agenda, pero nuestros bloques, medianos en el contexto actual, no están en capacidad de fijar el tono en el que va a discurrir la actividad parlamentaria, a diferencia de los que establecen las juntas directivas. Si vamos juntos nuestra incidencia será mayor. Efectivamente, hay algo de idealismo que nos impulsa, pero sumamente pragmático. Si nosotros no intentamos empezar a cambiar esas normas y empezar a cambiar ese discurso y articular mejor estas fuerzas, ya pensando en votos, en comisiones, en votos, en pleno, atomizadamente no lo vamos a lograr.

    ¿Sirve también esta coalición para vetar las iniciativas de otros?

    BA: Son cuestiones que vamos a ir discutiendo. Puede servir también para tareas de fiscalización.

    EM: El trabajo legislativo nos va a dar la pauta de hasta dónde vamos a necesitarlos. Mi esperanza es que la misma coyuntura nos haga estar juntos en recuperar y dignificar el trabajo del Congreso.

    ¿Qué lecciones extraen de la mucho más pequeña coalición que se llamó el Frente por la Transparencia?

    EM: No pretenderemos ser lo mismo. La nuestra va sobre una agenda legislativa más definida. No quisiera calificar la anterior coalición. Prefiero concentrarme en lo que podemos alcanzar en un momento político totalmente distinto y con actores distintos.

    BA: Una diferencia básica entre el Frente por la Transparencia y el Acuerdo es el contexto. En la legislatura pasada, dada la correlación de fuerzas y los juegos de poder, los colegas del Frente tuvieron que actuar reactivamente, concentrándose en la defensa de ciertos temas críticos que se veían amenazados por los gestores de la corrupción; en la actual legislatura, parecieran existir condiciones para una acción más proactiva. Pero en ambos escenarios, es la determinación y la capacidad de articulación interpartidaria lo que posibilita una acción con resultados.

  • Diez leyes que el Congreso ha relegado

    Diez leyes que el Congreso ha relegado

    En 2019 la agenda legislativa quedó detenida por la campaña electoral y las interpelaciones a los ministros de Desarrollo Social, Salud y Comunicaciones, hubo pocos acuerdos entre las bancadas. En los últimos días del periodo ordinario, la alianza que reúne a poco más de 80 diputados pasó con facilitad la Ley de Aceptación de Cargos. En cambio, para los temas de niñez y adolescencia víctima de violencia o de abuso sexual, no hubo interés.

    1.    Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia

    La iniciativa 5285 busca sustituir a la Secretaría de Bienestar Social y a la Procuraduría de Niñez de la PGN por un Sistema Nacional de Protección Integral. Pasó la segunda lectura en el pleno, pero no se volvió a incluir en la agenda.
    Lee la iniciativa aquí

    2.    Reducción de la Desnutrición Infantil

    La iniciativa busca poner orden a la participación de las entidades vinculadas al tema en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan). Quedó en segunda lectura.
    Lee la iniciativa aquí

    3.    Ley de Creación del Procedimiento para Delitos de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

    Propone agilizar los procedimientos penales para que estos casos se resuelvan en dos audiencias en lugar de once: Primera declaración y otra para el procedimiento alternativo. Avanzó en segunda lectura.
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    El anti proyecto del gobierno de Jimmy Morales avanza

    4.    Acoso sexual, sexting y grooming

    Busca reformar la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas para adicionar al Código Penal los delitos sobre acoso sexual, sexting y grooming (ciberacoso sexual a menores de edad).
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    5.    Trabajo decente para trabajadoras y trabajadores domésticos

    Quedó en segunda lectura la ratificación del convenio internacional sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, de la Organización Internacional del Trabajo. Busca dignificar a este gremio, reconocer su derecho a asociación, eliminar el trabajo forzoso, abolir el trabajo infantil, eliminar la discriminación, entre otros.
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    6.    Préstamo por 60 millones de dólares para el MP

    Contrato de préstamo con el BID por hasta US$60,000,000.00 para el «Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público». Quedó en segunda lectura.
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    La batalla por el transfuguismo

    7.    Estado de Calamidad

    Por ausencia de los diputados a las sesiones, dos veces se frustró la declaratoria de Estado de Calamidad pública por los deslizamientos en las colonias Regalito de Dios y Nueva Esperanza, Ciudad Peronia, Villa Nueva.

    8.    Comisión de búsqueda de víctimas de desaparición forzada

    Establece una comisión para planificar y ejecutar las labores de búsqueda de víctimas de desaparición forzada (por agentes del Estado) y otras formas de desaparición. En 2016 pasó en segunda lectura.
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    9.    Protección a las niñas víctimas de violencia sexual

    Propone restituir los derechos de las niñas y adolescentes víctimas de violencia y explotación sexual y trata de personas. Una comisión falló en contra y otra no ha resuelto el dictamen.
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    10.    Día Nacional de las Víctimas de violencia y esclavitud sexual y doméstica

    Decreta el 26 de febrero de cada año como el Día Nacional de las Víctimas de violencia y esclavitud sexual y doméstica, en reconocimiento a las víctimas del caso Sepur Zarco.
    Lee la iniciativa aquí

  • Cobro revertido: ¿por qué es tan crucial y sospechosa la reforma que introduce la aceptación de cargos?

    Cobro revertido: ¿por qué es tan crucial y sospechosa la reforma que introduce la aceptación de cargos?

    El Congreso de la República aprobó el martes unas reformas legales que pueden trastornar cómo se concibe el proceso penal. Las modificaciones son parte de su deterioro. Si miramos la superficie, podríamos decir que están pensadas para propiciar impunidad, y seguramente acertaríamos. Pero también es necesario analizarlas integralmente para reflexionar sobre su origen y alcances, porque fisuran los fundamentos éticos que han gobernado nuestro proceso penal moderno.

    Uno de los principales fines del proceso penal aceptados es la averiguación de la verdad de un hecho penal. ¿Qué necesita un juez para hacer responsable a una persona de un hecho y bajo qué reglas dictamina? ¿Cómo lo da por probado? Eso ha dado lugar a diversas respuestas en la Historia.

    La creación de procesos penales no puede analizarse aisladamente. Por lo general responde al tipo de régimen político instaurado. Antes y en la dictadura, el preponderante era el llamado sistema inquisitivo, que aspiraba a reconstruir una verdad a cualquier costo. En él, cualquier medio de prueba era válido y permitido. Se aceptaba todo tipo de confesiones, e incluso la tortura, para conocer el delito y sus circunstancias.

    Las enmiendas aumentan las sospechas de que la reforma responda a los intereses particulares de los diputados o propicie impunidad para los sindicados en casos de corrupción

    El gran cambio de paradigma procesal fue instaurado mediante los llamados sistemas acusatorios, más propios de la democracia sustancial, y el respeto a los derechos fundamentales de los sindicados. En este sistema, no todo es válido para llegar a la verdad. Tanto la presentación de pruebas como su valoración dependen de reglas conocidas por todos los implicados.

    Así, no es posible condena alguna si en el proceso no se muestran pruebas legítimas producidas por investigadores independientes de los jueces. Es bajo esta lógica que la Constitución Política de la República de Guatemala prohíbe expresamente las declaraciones contra uno mismo y contra los parientes. Es una especie de garantía: ya no todo es válido para lograr saber la verdad.  

    Defender la sociedad

    Guatemala fue uno de los primeros Estados que, producto del nuevo régimen constitucional, se inclinó en 1992 por un código de características acusatorias. Por este, el juez dejó de reunir las funciones de investigar y juzgar y se prohibía condenar a nadie sin una investigación reglamentada.

    Pero esta apuesta no fue suficiente…

    Sobre la mora judicial y la gestión de casos

    …Porque, en realidad, no pasó del plano formal. Al entrar el Código en vigor se hicieron innumerables esfuerzos pecuniarios, sobre todo por parte de donantes internacionales, para instaurar un proceso penal acusatorio. Más allá de la implementación, el proceso penal debía ser sostenible, en capacidades y logística, pero también financieramente: había que invertir, había que pagarlo.

    La lógica dictatorial nunca valoró y menos invirtió en un poder judicial que asegurara las condiciones mínimas (los mínimos democráticos) para que los jueces pudiesen juzgar, los fiscales acusar y los abogados defender.

    Ley de Aceptación de Cargos: admitir responsabilidad para reducir la pena

    El sistema procesal penal siempre tuvo escasa capacidad de respuesta. No es casual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le haya señalado al Estado de Guatemala un sinnúmero de violaciones en acceso a la justicia. No es casualidad que los indicadores de impunidad hayan tocado en su momento el 98 o 99% de impunidad, según distintas fuentes.

    Ante la falta de recursos para hacer sostenible el sistema de justicia penal, el Código ha experimentado modificaciones diseñadas en buena medida para priorizar los escasos recursos con los que contaba el Organismo Judicial. Así, se instauraron procedimientos alternativos, sobre todo para delitos de escaso impacto social. En teoría debían solucionarse de manera más sencilla y en menos tiempo y, por ende, aumentar la cantidad de casos que podía atender un mismo órgano jurisdiccional.

    Simone Dalmasso

    Así se crearon la mediación[1], en 1997, figuras procesales como el criterio de oportunidad, en 2002 y el procedimiento abreviado, de 1997, y se restringió sumamente el tipo de delitos al que se les podían aplicar, entre otras cosas. Y también apareció en 2011el procedimiento para delitos menos graves. Todos se desarrollaron en pos de simplificar el proceso y resolver los casos, todos se sujetaron a condiciones particulares, y todos rindieron un éxito cuestionable, porque fallaron en su gran objetivo: reducir la mora judicial y con esto el índice de impunidad, que nunca ha sido menor al 93%.  

    El procedimiento abreviado requiere un análisis particular. Aquí es preciso que el sindicado “acepte” su responsabilidad en los hechos que se le imputan, a solicitud del Ministerio Público y para delitos en los cuales el ente fiscal considere que la pena no deba exceder los cinco años. De intenciones nobles, el procedimiento abreviado fue el primero procedimiento en el cual la condena dependía únicamente de la aceptación del hecho por el sindicado.

    ¿Es posible reparar lo irreparable? Sobre la justicia transicional y la justicia premial

    La dramática incapacidad del sistema de justicia para gestionar los casos y brindar respuestas en plazos razonables es uno de los argumentos con los que se justifica la iniciativa de la ley de aceptación de cargos desde hace años. Si el acusado acepta los cargos, se ahorran los recursos que se hubieran usado en investigar para un debate, y en celebrar numerosas audiencias. Al acusado, a cambio, se le otorga un premio. Pero el premio depende de tres condiciones: que se declare culpable y ahorre recursos a la administración de justicia; que se comprometa a declarar como testigo; y que repare el daño.

    ¿En qué consiste la lógica premial?

    El derecho procesal premial, propio de sistemas acusatorios, en los que el órgano fiscal tiene disponibilidad de la acción penal (a saber: puede decir acusar o no, solicitar beneficios o no) implica obtener un beneficio a cambio de colaborar con la investigación de estructuras criminales. Es decir, quien colabora recibe un “premio”. También en estos sistemas tiene el sindicado facultad de declararse culpable a cambio de una pena en el rango bajo de las posibles, aunque no necesariamente rebajada.

    De más está decir que no solo son sistemas de una tradición jurídica deferente a la guatemalteca, en principio incompatibles por el papel que en este desempeñan jueces y fiscales, sino además pertenecen a Estados con instituciones democráticas consolidadas, en las que, aun así, se cometen abusos contra los sindicados, y en los cuales las víctimas y su derecho a la verdad están casi por completo invisibilizados.

    El sistema procesal penal guatemalteco recoge el derecho premial mediante el criterio de oportunidad. Este implica una “oportunidad” para un sindicado que colabora con la justicia: el Ministerio Público puede abstenerse de ejercer la acción penal y continuar con el proceso. A diferencia de la aceptación de cargos y del procedimiento abreviado, este no supone la aceptación de ningún hecho. A él se han acogido diversos colaboradores eficaces relevantes en tiempos recientes.

    Aquí no se perdona a nadie

    El procedimiento para aceptar cargos parecía responder a ambos fines: obligaba al sindicado a declarar como testigo ante un eventual caso contra alguna estructura en la cual participaba y le premiaba además de esto, por renunciar a “etapas procesales”.

    Las reformas que aprobó el Congreso este martes abandonan la lógica premial y la sustituyen por una meramente procedimental. El “premio” se otorga únicamente en función de simplificar el procedimiento, facilitar una sentencia y ahorrar recursos, sin ninguna base sustantiva de ayudar a esclarecer otros crímenes y tampoco para esclarecer suficientemente el hecho. Se propone que la sentencia sea un mero proceso silogístico formal: aceptación igual a sentencia.

    Todo esto, como en otros sistemas de los que este bebe, podría suponer abusos contra los sindicados pero también podría terminar invisibilizando a las víctimas y su derecho a la verdad.

    Contra la lucha contra la impunidad

    Todas las falencias del sistema quedaron expuestas a partir de los casos de corrupción iniciados a partir de 2015. Quienes nunca creyeron que deberían enfrentar el sistema de Justicia finalmente se encontraban frente a los jueces, y entonces, se presentó una preocupación inusitada respecto al sistema procesal. Se aisló la discusión sobre las causas integrales por la cuales el sistema de justicia no es todo lo eficaz que debería y se convirtió en un debate sobre plazos y si lo jueces abusaban de su poder, no en un debate sobre si existen las condiciones mínimas para atender un caso complejo, o de la situación general del sistema y su falta de recursos.

    En esa línea, se plantearon propuestas y alternativas para mejorar la gestión y capacidad del sistema de justicia para responder en plazos razonables y la Corte Suprema de Justicia presentó una iniciativa. Aquella iniciativa fue distorsionada, despojada de sus intenciones y aprobada por el Congreso este lunes, con el voto de 81 diputados (uno más de los necesarios) entre los que se encuentran varios que, por sus problemas actuales con la Justicia, podrían beneficiarse de estas reformas en próximamente. Los mejores propósitos encontraron así las peores acciones: la normativa premia de forma desproporcionada la aceptación de cargos, con el supuesto fin de descongestionar el sistema de justicia, y exonera al confeso de la obligación de colaborar con el Ministerio Público.

    Lo que significa que alguien puede declararse culpable, ver reducida su pena, y quedarse con lo robado u obtenido por vías fraudulentas

    Con esa justificación, desafortunadamente sustentada, se pretende convertir el sistema procesal penal en un mero validador del dicho del sindicado. ¿Por qué? Porque al Ministerio Público (del que ya no depende si se premia o no al sindicado) se le veda investigar el hecho y todas sus circunstancias de la forma más precisa posible del hecho punible, puesto que, según la etapa procesal, podría aun no haber avanzado. 

    Las enmiendas aumentan las sospechas de que sea la reforma, ya cuestionada en sus intenciones iniciales, responda a los intereses particulares de los diputados que la aprobaron o que propicie impunidad para los sindicados en casos de corrupción. Lo que fue eliminado del proyecto original, y también lo agregado (y que va más allá del aumento desproporcionado en el beneficio) devela esas intenciones.

    Ley de Aceptación de Cargos: admitir responsabilidad para reducir la pena

    Por ejemplo, las reformas limitan aún más las funciones del Ministerio Público que, además de no poderse oponer a la aceptación de los cargos, se enfrenta a que su tipificación o calificación jurídica pueda ser cambiada por el juez, “si la evidencia no fuera suficiente”.

    Si bien el juez conoce el derecho y dentro del proceso “normal” tiene facultades para dar una tipificación distinta, en este caso es obvio que, en algunas fases procesales, como la primera declaración, el Ministerio Público aun no contará con la “evidencia suficiente”, lo que permitiría al juez, estimar que el hecho merece una tipificación menos grave que la dada por el Ministerio Público. Eso reduciría aún más la pena razonable y previsible.   

    Esteban Biba/EFE

    Además, la aceptación de cargos impedía también el beneficio de la conmuta[2]. Es decir, no se podía otorgar dos beneficios por un mismo hecho. El Congreso eliminó esta prohibición. Así que quien haya cometido un delito cuya condena máxima es de diez años o menos puede aceptar los cargos en primera declaración, y automáticamente se le conmutaría la pena.

    La reforma no permite la aceptación de cargos en el caso de los delitos cometidos contra la libertad e indemnidad sexual, asesinato, parricidio, femicidio, secuestro, delitos contenidos en la ley contra la narcoactividad. Pero sí permite hacerlo en el caso de los delitos normados en la Ley contra la corrupción, Ley contra la delincuencia organizada o la Ley de lavado de dinero u otros activos, que son los que más recientemente han afectado a los diputados y sus patrocinadores. El Congreso no justifica el motivo por el que estos sí se pueden beneficiar.

    Puede interpretarse como más explícita la intención afectar la lucha contra la corrupción si se tiene en cuenta que se eliminó la obligación de restituirle al Estado los beneficios del delito. El proyecto original contenía la siguiente estipulación: “Todo incremento patrimonial originado en la comisión de hechos delictivos, salvo derechos de las víctimas, se entenderá como constitutivo de agravio público en favor del Estado”. Ese requisito para optar al beneficio ha sido eliminado. Lo que significa que alguien puede declararse culpable, ver reducida su pena, y quedarse con lo robado u obtenido por vías fraudulentas.

    Como es fácil apreciar de esta última modificación, el Congreso consumó un golpe dirigido a la lucha contra la impunidad y corrupción. Un golpe que no es solo producto de la embestida de los poderes y las mayorías a principios democráticos de igualdad ante la ley, sino también producto del abandono histórico y la falta de medios con que cuentan jueces, fiscales y defensores públicos para hacer un trabajo efectivo.

    Es pronto para prever qué alcances o efectos tendrá la modificación al proceso penal, pero podría incuestionablemente suponer un retroceso a la forma y los fines con los que fue concebido. En ese contexto debemos preguntarnos, ¿es una sentencia justicia?, ¿debe ser alcanzar rápidamente una sentencia el fin último del proceso penal?


    [1] Medio procesal que facilita la solución de conflictos penales de acción privada (no interviene el Ministerio Público, solo la víctima) o dependiente de instancia particular (se necesita denuncia para el Ministerio Público pueda actuar) como la estafa mediante cheque.
    [2] Beneficio otorgado por regla general en los delitos cuya pena no es mayor de cinco años, que consiste en pagar una cantidad entre Q. 5 y 100, por cada día de prisión.
  • Así negociaron reformar el financiamiento electoral ilícito

    Así negociaron reformar el financiamiento electoral ilícito

    El Congreso reformó el delito de financiamiento electoral ilícito. El cambio beneficia a varios políticos que lo impulsaron, como Orlando Blanco (UNE) o el presidente Jimmy Morales, y líderes empresariales acusados de corrupción. Este es el recuento de cómo sucedió y cómo el siguiente punto de agenda será el permitir que los tránsfugas concurran a elecciones.

    El Congreso reformó el delito de financiamiento electoral ilícito. El cambio beneficia a varios políticos que lo impulsaron, como Orlando Blanco (UNE) o el presidente Jimmy Morales, y líderes empresariales acusados de corrupción. Este es el recuento de cómo sucedió y cómo el siguiente punto de agenda será el permitir que los tránsfugas concurran a elecciones.

    En la parte alta del hemiciclo, el diputado oficialista Juan Manuel Giordano Grajeda y Felipe Alejos Lorenzana, jefe de bancada de Todos, chocaron sus puños discretamente mientras observaban el tablero de votación. El Congreso había aprobado la reforma al delito de financiamiento electoral ilícito con 89 votos a favor y 12 en contra, y el gesto era la pequeña celebración de un tránsfuga recurrente y de un congresista asediado por investigaciones de corrupción tras semanas de cabildeo por el artículo 407 N del Código Penal y por el 205 Ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que busca modificar el transfuguismo y permitiría a varios legisladores migrar a otra agrupación política para los comicios electorales de 2019.

    Ambos tenían en parte lo que querían: aunque el transfuguismo aún no está en agenda, varios diputados aseguran que buscarán que se apruebe el próximo miércoles.

    Las votaciones por el 407 N pasaron rápido y sin la necesidad de que los operadores se movieran en búsqueda de votos. Ya tenían los números. Por momentos, algunos diputados no votaban y algún colega llamaba su atención en medio de risas.

    La jugada empezó a estar clara el martes cuando la Comisión Pesquisidora que veía el antejuicio contra el mandatario por el caso de financiamiento electoral ilícito presentó su informe. Desde las reuniones iniciales, varios de sus integrantes cuestionaban si se podía acusar a alguien por un delito tipificado en un artículo que debía ser aclarado, según orden de la CC. Los congresistas, algunos de los cuales acusan de prevaricato a los magistrados de la Corte salvo cuando sus resoluciones les son útiles, recomendaron al pleno concluir el proceso legislativo para reformar el 407 N. Además lograron que no se le retirara la inmunidad al presidente Jimmy Morales.

    Cada quien le ofrecía al otro las reformas que necesitaban: unos querían quitarse de encima cargos de financiamiento anómalo y otros poder reelegirse, contra la ley actual

    El informe que elaboró una comisión pesquisidora para razonar si había que quitarle la inmunidad al mandatario, fue lo que abrió la puerta para hablar ya en público de la reforma al delito e incluirla en agenda.

    El plan original era aprobar el miércoles la reforma a la LEPP que pretendía que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no tuviera la potestad para cancelar partidos y al día siguiente aprobar el 407 N. Algunos diputados señalaron que se hablaba de trueques de leyes. Cada quien le ofrecía al otro las reformas que necesitaban: unos querían quitarse de encima cargos de financiamiento anómalo y otros poder reelegirse, contra la ley actual. Pero no se ponían de acuerdo en qué aprobar antes, porque los unos no se fiaban de los otros. Lo cierto es que el día que discutieron la LEPP, los diputados no aprobaron ninguna enmienda. Incluso el congresista Oliverio García Rodas tomó la palabra para decir que dejaran de votar porque no había acuerdos de nada y eso era evidente. Por cada votación únicamente obtenían entre 30 y 50 de los 105 votos requeridos.

    El jueves también parecía que nada cuajaba, tras el mal sabor de boca del día anterior. Los diputados aprobaron un punto resolutivo. Parecían listos para irse cuando la moción llegó a la secretaria. La presentó Marco Lemus Salguero, de la UNE: incluía el 407 N. El secretario de la Junta Directiva, Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (FCN-Nación), leyó el documento de manera inentendible. No fue sino hasta que el número de iniciativa apareció en el tablero de votación que se supo de qué se trataba.

    Simone Dalmasso/Archivo de Plaza Pública

    Los congresistas observaban la pantalla. Óscar Argueta Mayén, de la UNE, volteaba a verla y luego contemplaba a sus colegas con una gran sonrisa dibujada en el rostro. Contrastaba con su aspecto del día anterior, cuando salió molesto del hemiciclo porque su enmienda para la LEPP fue rechazada. El resultado de la votación fueron 93 votos a favor y 21 en contra de la moción.

    Los tres diputados señalados por financiamiento electoral ilícito: Blanco Lapola, Nineth Montenegro Cottom (Encuentro por Guatemala), y Roberto Villate Villatoro (independiente), votaron en contra de que se alterara el orden del día. Los dos primeros se retiraron del hemiciclo. Villate se quedó en el pleno. Siguió el tercer debate, una enmienda, la votación del artículo con la enmienda incluida, el agregado de un segundo artículo, y luego redacción final.

    Después de cada votación Estuardo Galdámez observaba qué colegas no marcaban aún y gritaba sus nombres. Risas.

    Andrea Villagrán, de Todos, recordó que había diputados en el pleno con un claro conflicto de interés por el tema de financiamiento electoral ilícito: “Se está ofreciendo una amnistía para que se haga cualquier cosa el día de las elecciones”, señaló, y subrayó que faltaba por resolver el amparo que ella solicitó el  24 de julio para revisar cómo se discutió esta reforma.

    Pero entonces alguien pedía la palabra para razonar el voto y argumentar que únicamente hacían lo que la Corte les pidió desde febrero. Sonrisas mezcladas con apretones de mano disimulados para esconderlos de la prensa. Eran felices.

    En este ambiente aprobaron el decreto 23-2018. Por primera vez en meses, los congresistas anti-Cicig se retiraban del hemiciclo con una victoria bajo el brazo.

    Finalmente, el Congreso aprobó las modificaciones a las sanciones por financiamiento electoral ilícito, contenidas en el 407 N, y creó un nuevo delito contenido en el 407 O, con el cual se regula el financiamiento electoral no registrado.

    En menos de una hora el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) se pronunció acerca de las reformas al financiamiento electoral. Los empresarios manifestaron que las normas aprobadas responden a lo resuelto por la CC. “Se trata de una medida positiva para que los aportes lícitos puedan otorgarse a las organizaciones políticas que participarán en la contienda. La transparencia es un elemento indispensable para este proceso democrático que se aproxima”, finaliza el comunicado.

    Por el caso de Financiamiento Electoral Ilícito del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), hay seis grandes empresarios, muy estrechamente vinculados con la patronal, que están ligados a proceso: Felipe Bosch Gutiérrez, Fraterno Vila Girón, Salvador Paiz del Carmen, José Miguel Torrebiarte Novella, José Guillermo Castillo Villacorta, y José Andrés Botrán Briz. El ex director del Movimiento Cívico Nacional (MCN), Rodrigo Arenas Echeverría, también se encuentra involucrado en este caso.

    Simone Dalmasso/Archivo de Plaza Pública

    La politóloga Gabriela Carrera consideró que la modificación al 407 N coincide con un momento en que hay una “moral ciudadana un poco golpeada” y otros temas que reducen el escrutinio sobre el Congreso. Primero, la atención se volvió hacia las visas no renovadas del personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), luego a la reestructuración del Ministerio Público (MP), y por último a la caravana de migrantes que nació en Honduras.

    El 407 N como el inicio del #PactoDeCorruptos  

    No es la primera vez que los diputados intentan reformar el artículo 407 N. Ocurrió ya el 13 de septiembre de 2017, cuando modificaron el Código Penal, en un movimiento que los exoneraba de culpas y de cárcel, pero también liberaba a buena parte de la población penitenciaria. Los legisladores se vieron forzados por una ciudadanía enfurecida a dar marcha atrás. Este incidente también lo recordó Alianza por las Reformas en un comunicado al señalar que ese fue el día que se fraguó el denominado Pacto de Corruptos entre el oficialismo y varias bancadas.

    La agrupación de sociedad civil señaló que con las reformas “se suprimió el delito de financiamiento electoral anónimo contemplado en el artículo 407 N del Código Penal con la intención de librar de responsabilidad penal directamente al presidente Jimmy Morales y a los secretarios generales de los partidos políticos”. También señalan que los congresistas con un “claro conflicto de interés” no deberían haber votado.

    El artículo, no obstante, sí debía ser reformado. Lo dijo la CC cuando les lanzó una tabla de salvación a los diputados: les exhortó a modificar el delito de financiamiento electoral ilícito porque no estaba clara la diferencia de castigos entre el financiamiento electoral ilícito proveniente del crimen organizado y el narcotráfico y el financiamiento electoral no registrado.

    Era su oportunidad.

    El Congreso conformó una comisión que discutió las penas que debían enfrentar los acusados y la responsabilidad que debía tener el secretario general de un partido. En ese momento, los legisladores Roberto Villate Villatoro (independiente) y Orlando Blanco Lapola (UNE) ya habían perdido su inmunidad, acusados por el Ministerio Público (MP) de este mismo delito cuya reforma estaba ahora en manos de sus colegas.

    Bezares: Es un intento para crear un “manto de impunidad”

    La comisión tardó en dictaminar. Querían nueve firmas limpias, sin voto razonado, para evitar cuestionamientos, pero no las conseguían. En mayo, el diputado de la UNE Óscar Argueta buscaba esforzadamente las firmas de los colegas que integraron la comisión. Cuando las consiguió, obtuvo apoyo para una resolución que, según un análisis de la Fundación Myrna Mack, buscaba “impunidad” porque dificultaba la persecución penal.

    El abogado Carlos Bezares se refirió a la reforma del financiamiento electoral ilícito como un intento para crear un “manto de impunidad”. Además, señaló el claro conflicto de interés de este Congreso para aprobar la reforma al 407 N. El jurista asegura que el procedimiento puede ser impugnado, pues los diputados que forman parte de los partidos señalados de financiamiento electoral ilícito no deberían haber votado. Es el mismo argumento que señaló Villagrán durante el pleno previo a la aprobación.

    Bezares recordó que el llamado de la CC a cambiar el 407 N podría haber caído en oídos sordos, como ha sucedido en otros casos. La Corte, según explicó, exhortó a modificar el delito de tortura. El Legislativo sigue sin hacerlo. También se les ha pedido a los congresistas revisar la Ley de Minería y varios temas relacionados a las consultas populares. “Se rompe la teoría de la legislación, que establece que se debe velar por intereses generales y no por los de un grupo”, aseguró.

    El fiscal de Delitos Electorales, Oscar Schaad, dijo que aún analiza qué efectos tendrá la reforma.

    Financiamiento electoral ilícito v. transfuguismo: ¿qué vendría primero?

    Las últimas semanas habían sido de pugna densa entre el grupo de los tránsfugas y la UNE. El meollo del asunto era simple. El primer grupo buscaba aprobar primero el 205 Ter (transfuguismo) y luego el 407 N (financiamiento electoral). El otro quería que fuera al revés. La matemática dice que el orden de los factores no altera el producto. Eso no aplica en una política llena de desconfianza, incumplimientos y traiciones.

    La UNE es clave para el transfuguismo, cuya modificación requiere de 105 votos, y sin el partido de Sandra Torres los tránsfugas no tienen esperanza. Ellos lo saben y por eso decidieron usarlo para negociar los votos para el financiamiento electoral ilícito, una reforma que les resulta más urgente que la LEPP. Blanco Lapola perdió su inmunidad en marzo tras ser acusado de este delito por el Ministerio Público (MP). Pero los tránsfugas se habían negado a apoyarlo mientras no tuvieran su objetivo asegurado.

    Simone Dalmasso/Archivo de Plaza Pública

    Siguieron semanas de un cabildeo intenso por parte del grupo de los tránsfugas, encabezado por la diputada de Alianza Ciudadana (AC), Delia Emilda Bac Alvarado, y el independiente, Hugo Fernando García Gudiel. Durante el pleno también se pudo observar a Alejandra Carrillo de León (independiente) y a Giordano Grajeda (FCN-Nación) operar este tema.

    El proceso mostró la falta de confianza y desorganización entre los bloques. Cada sesión se veía a Bac y a García Gudiel, moverse entre sus compañeros. Alguien, cualquiera, corría a la secretaría para dejar un fólder con una supuesta moción privilegiada que nunca se conocía.

    “Aún no hay números”, contestaba cualquier congresista consultado.

    En la siguiente sesión se repetía todo otra vez.  

    A veces, era la UNE la que creaba expectación.

    “Era el 407 N”, se murmuraba en los pasillos del Legislativo. Pero tampoco cuajaba nada. El orden de los factores sí alteraba el producto.

    El lunes, al salir de la reunión de jefes de bloque, Blanco Lapola aseguró que el 407 N no había sido incluido en agenda por falta de consensos. Pero que en cuanto lo hubiera, llegaría al pleno.

    La tensión fue tal que un miércoles, a media aprobación de la LEPP, Mario Taracena acusó a varios diputados de solo estar preocupados con el transfuguismo cuando había más temas que ver de la ley electoral. Acto seguido, él y la bancada salieron del pleno y rompieron cuórum.

    El debate sobre el financiamiento electoral se retomó a puerta cerrada hace un mes. Los diputados esperaron a que pasara la crisis del Ejecutivo para evitar la presión ciudadana y los reflectores sobre ellos. Luego, como caído del cielo, vino el anuncio del TSE acerca del proceso de cancelación de la Unión del Cambio Nacional (UCN) y Encuentro por Guatemala. Leopoldo Guerra, del Registro de Ciudadanos del Tribunal, también anunció que seis expedientes más estaban en análisis, entre los que se encuentran Todos, el Partido de Avanzada Nacional (PAN), y Convergencia. La amenaza a otros partidos erizó la piel de muchos diputados y los engranajes empezaron a funcionar. Los consensos empezaron a verse el martes cuando se archivó el antejuicio contra el presidente y la comisión mencionó la reforma al 407 N. 

    Aunque los jefes de bloque de la UNE, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), AC o del Movimiento Reformador (MR) negaron esta de clase de condicionamientos cruzados y aludían a falta de acuerdos aislados, otros diputados refrendaron la existencia de esas negociaciones. La próxima semana vendrá la segunda parte. El 205 Ter aún está en juego. Es probable que luego de la aprobación del 407 N, la UNE de la opción de voto libre a sus diputados y así ofrezca los suficientes para que el transfuguismo obtenga los 105 congresistas necesarios para salirse con la suya.

  • Defender la sociedad

    Defender la sociedad

    Es urgente crear una coalición para defender la sociedad del protofascismo.

    Este ensayo, si bien se organiza como una crítica de la pospolítica,[1] tiene un único objetivo: expresar la urgencia de crear una coalición amplia compuesta por la mayor cantidad de sectores sociales y políticos interesados en defender la sociedad. Esta urgencia nace de la amenaza de un tipo de “protofascismo” que gravita hoy en torno a la defensa de la impunidad y el denominado pacto de corruptos que, fácticamente, tiene tomadas las riendas de los poderes ejecutivo, legislativo y parte del judicial.

    El hilo conductor para pensar una articulación así pasa por los antagonismos generados por la relación violencia de Estado-sociedad. En este sentido, recupero la posibilidad de una política que cuestione el discurso que insiste en que vivimos en un mundo posideológico, caracterizado por un consenso ficticio y la aparente domesticación del desacuerdo expresado por los sectores sociales que históricamente sufren de la violencia de Estado. Propongo ubicar el debate sobre lo político en relación con la construcción de una democracia basada en el disenso.

    Se defiende con ello la siguiente tesis: es imposible pensar que lo político haya sido superado mientras el Estado ejerza formas concretas de violencia en contra de la sociedad. Es decir, de quienes se oponen a los intereses de los sectores más poderosos que, ya sea en el escenario o tras bambalinas, gobiernan. Así, la crítica de la violencia es esencial. Ésta implica atender cómo la violencia planificada, administrada y ejercida por el Estado ha sido diseñada para impedir que los sectores populares organizados participen en la política. Me interesa avanzar un argumento que se ha planteado ya hace algún tiempo relacionado con el imperativo de retornar a lo político en esta coyuntura de lucha contra la corrupción y la impunidad.

    Más allá de la pospolítica: antagonismo y violencia de Estado

    La lucha contra la corrupción reintrodujo el debate sobre la pospolítica. No pretendo atender aquí todos los argumentos esgrimidos a favor o en contra. Me interesa únicamente señalar que ese debate ha girado en torno al siguiente postulado: la lucha contra la corrupción nos ubica en un presente en el cual las diferencias ideológicas han quedado superadas. Con ello, es importante generalizar la moderación del pensamiento, fortalecer la formación en administración pública y arraigar referentes éticos en los individuos que componen las clases política y tecnocrática.

    Si bien hay algo muy valioso en esa última idea (ya que es innegable la importancia de mejorar las bases éticas y la formación de los administradores públicos), la pospolítica no ha funcionado en la práctica. Además, ha dado pocas muestras de abrir la posibilidad de crear una coalición como la que se propone para defender la sociedad. La pospolítica ha perdido de vista la naturaleza antagónica y contradictoria de lo político, que es inherente a las relaciones entre Estado y sociedad, y que en el presente se expresa cristalinamente en lo que Mónica Mazariegos identifica como la tensión fáctica entre las formas de justicia premial y el derecho penal del enemigo.

    Como señala Mazariegos, la justicia premial se entiende como “aquella que ‘premia’ a los ‘arrepentidos’ que luego de haber participado directa o indirectamente en ciertos delitos, deciden colaborar con las investigaciones confesando su responsabilidad, contando sus testimonios, aportando información detallada y toda clase de pistas que contribuyan con el esclarecimiento de la verdad judicial”.

    Una de las características más visibles de la justicia premial es que en la práctica se aplica casi exclusivamente a las élites económicas. Como se ha indicado ya, el modelo público confesional que ahora se ha puesto en la palestra con el mea culpa de los dirigentes empresariales en lo que catalogan, erróneamente, como una forma de justicia transicional, es una muestra de ello.

    Por el otro lado, el derecho penal del enemigo da cuenta de cómo los sectores populares organizados son duramente castigados por una lógica jurídica que los trata como “enemigos”. En muchísimos casos, se han dado detenciones ilegales y arbitrarias a líderes sociales que pasan prolongados períodos de tiempo en prisión, acusados maliciosamente de delitos que no gozan de medidas sustitutivas (y en caso en los que sí son aplicables, los jueces se resisten a conferirlas). Para ellos, además, es impensable considerar algún tipo de criterio de oportunidad que permita resolver los conflictos sin la necesidad de aplicar la violencia del Estado. Este panorama se agrava en tanto el castigo de la persona se deriva no de la consumación del delito, sino de la peligrosidad que el individuo supuestamente representa.

    Se observa, por tanto, un doble vínculo, profundamente arraigado en la Historia, que es tensionado por esas dos prácticas desiguales del derecho, y que expresa uno de los antagonismos esenciales de la sociedad guatemalteca.

    Lo político, pues, significa poner en el primer plano del debate la oposición central generada en torno a las formas en que el Estado aplica la violencia que considera legítima y cómo quedan supeditadas al acceso a un poder político, social y económico del que carecen la mayoría de guatemaltecos.

    Al no considerar el doble vínculo y su respectivo antagonismo constituyente se han incrementado las suspicacias de aquellos que no ven reflejados sus posicionamientos en el postulado central de la moderación inherente a la pospolítica.

    Más aún, la pospolítica ha girado en torno a una retórica moralizante en la que las posiciones políticas de quienes sufren directamente la violencia de Estado se equiparan a la del fascismo. Es decir, aquellos expresan desacuerdo ante la violencia arbitraria del Estado y las empresas quedan tildados de extremistas del mismo modo que aquellos que claman por su exterminio.

    Dicho de otro modo, el punto de partida de la pospolítica es erróneo. Al tiempo que promueve la justicia premial, aniquila el debate sobre los usos de la violencia del Estado en contra de los sectores populares organizados, que debería ser central para entender lo político. Formas de violencia que además son consideradas legítimas en tanto quedan inscritas en el procedimentalismo legalista.

    Antagonismo: violencia de Estado e historia

    La omisión del debate sobre el antagonismo que fundamenta lo político es central para la reproducción ideológica (en el sentido de la falsa conciencia) que hace posible la permanencia de la violencia de Estado a lo largo de la historia.

    Primero, las configuraciones estatales coloniales y, después, el Estado finquero, desplegaron instrumentos para mantener subyugadas a las poblaciones originarias. Instrumentalizar la violencia que se les aplicaba servía, casi siempre, a una lógica económica construida sobre el abuso y el irrespeto a la humanidad de sus víctimas. Éstas fueron forzadas a participar de modelos socioespaciales de producción que aseguraban lo que algunos académicos denominan acumulación originaria. Se desplegó, pues, una razón de Estado que calculaba las formas e intensidades de violencia necesarias para propulsar la economía capitalista, mediante el sostenimiento de relaciones económicas primitivas basadas en la semiesclavitud y la servidumbre. Con ese fin, se buscó incesantemente reducir y sujetar a las poblaciones originarias a los pueblos de indios, a las encomiendas y, siglos más adelante, a las fincas.

    Lo político significa debatir la oposición central generada en torno a cómo el Estado aplica la violencia que considera legítima y cómo eso depende del acceso a un poder del que carecen las mayorías

    Las poblaciones subalternizadas, especialmente los pueblos originarios, fueron vilificadas por más de cuatro siglos. Primero, se les vio como bestias rústicas aptas para el trabajo obligatorio y esclavo y, algunas décadas después de la invasión, finalmente, la corona les consideró súbditos (de segunda categoría en la práctica) con derechos restringidos, que rara vez trascendían los límites locales y comunitarios. Esta mejoría relativa se logró solo por la intermediación incesante de “defensores de indios”, como Bartolomé de las Casas o Francisco de Vitoria, quienes estuvieron detrás del espíritu de las leyes nuevas que prohibieron la esclavitud de los “indios”. Estas transformaciones, sin embargo, nunca se materializaron en finalizar los abusos de la violencia colonial. Por el contrario, se logró mediante ellas mantener una estabilidad relativa a lo largo de toda su duración.

    Ya con las condiciones dadas por la república, la violencia de Estado se tradujo en la creación de leyes que obligaron a grandes contingentes de población indígena a trabajar en las fincas cafetaleras. Se crearon los sistemas de endeudamiento, se introdujo el alcohol, se expropiaron tierras comunitarias y se obligó a pueblos enteros a trabajar forzosamente en la creación de la infraestructura necesaria para sacar adelante al capitalismo finquero. La finca, el modelo que significaba desarrollo y prosperidad para unos, era en la práctica una condena a la servidumbre para las mayorías.[2]

    En cada uno de esos momentos, el Estado y sus aparatos de violencia (y de legitimación de ella) operaron no con el fin de crear una sociedad justa, sino por el contrario, con el de crear y defender los privilegios de unos a costa del sufrimiento y la muerte de otros. No es sino hasta la década del 44-54 que se produjo una anomalía nunca antes vista. Esta anomalía se tradujo en aspectos como la creación de las leyes de los trabajadores, a quienes se les permitió defender sus derechos, se creó el sistema de seguridad social, y se dio inicio a la reforma agraria.

    Todo apuntaba a que la historia de la violencia en Guatemala daría un giro. Por primera vez se pudo vislumbrar un horizonte de posibilidades en el que la participación política se hacía viable para quienes habían sido objeto histórico de la violencia de Estado. Por primera vez podía considerarse que el Estado no solo representaría un instrumento de ejercicio de la violencia necesaria para crear “riqueza” económica, sino un soporte para todos aquellos que lo habían sufrido durante tantos siglos.

    Pero llegó el anticomunismo, las dictaduras militares, la violencia contrainsurgente y, nuevamente, el efímero sueño quedó suspendido.

    Politización: de la anomalía a los alzamientos

    Historizar el antagonismo sirve para pensar la politización. Hay que evitar, sin embargo, lecturas mecanicistas. Lo más probable es que una multiplicidad de causas se encuentre subyacente a los alzamientos del siglo XX. Es importante considerar, a pesar de ello, que todas estas causas pueden estar relacionadas, de una u otra forma, con la violencia que el Estado ejerció contra la sociedad después del 54.

    Hay que ser muy obcecado para asumir que las raíces del conflicto armado interno se entierran en algún tipo de intencionalidad guerrerista, especialmente cuando se piensa en aquellos actores que se opusieron al yugo dictatorial del anticomunismo y la contrainsurgencia. Hacer una homologación entre violencia contrainsurgente y la sublevación de los pueblos es igual o más reduccionista que proponer que aquellos se alzaron debido al fantasma marxista (y sus derivaciones) inseminado desde las organizaciones revolucionarias en la mentalidad de los guatemaltecos. Los procesos políticos de ese medio siglo fueron diversos y complejos y en ellos se encauzaron una variedad de perspectivas y formas de pensamiento que excedían por mucho al mero pensamiento marxista.

    El derrocamiento de Jacobo Arbenz se convirtió en el parteaguas que da inicio a una de las épocas más oscuras de nuestro pasado. Un período de tiempo que llegaría a su momento más tenebroso a inicios de los años 80, con los genocidios perpetrados por el Estado contrainsurgente en contra de los pueblos originarios. Cientos de miles de mujeres, ancianos, niños y hombres inocentes fueron fulminados por la violencia de Estado. Los relatos son duros y terribles y han quedado ahí, registrados para la posteridad.

    Las aldeas modelo operaron como un tipo poscolonial de reducción de las poblaciones indígenas. El fin, nuevamente, era mantenerlos controlados y, eventualmente, asegurados para el avance del modelo económico que entonces ya daba algunos indicios de modificarse. Se reinventaba, pues, una práctica arraigada en la colonialidad que fue readaptada al capitalismo finquero. Nada nuevo bajo el sol, en apariencia.

    Del Estado contrainsurgente pasamos al Estado de seguridad. Violencia, al final de cuentas.

    Como un modelo muy particular de poder blando, fueron introducidas las iglesias evangélicas fundamentalistas para ganar, como se decía en ese entonces, los corazones y las cabezas de aquellos a quienes se subyugaba.[3] Con una mano, el Estado destruía y quemaba aldeas hasta sus cimientos. Con la otra, prometía guerra humanitaria, construía nuevas aldeas que quedaban bajo su control y llevaba la “buena nueva” dada por la gran alianza establecida entre desarrollo, progreso y mesianismo religioso. No solo era imposible pensar en la justicia, sino que el Estado se encargó de garantizar esa imposibilidad tanto en el plano material como en el espiritual.

    Sumado a esto, desde la segunda mitad de los años 50, la persecución, desaparición y asesinato de jóvenes de clase media e intelectuales se convirtió en la vida cotidiana para todos aquellos que disintieran de los regímenes dictatoriales. Movilizaciones muy similares a las de 2015, como las jornadas de marzo y abril del 62, fueron silenciadas a sangre y plomo. Más adelante, la persecución contra académicos e intelectuales se agudizó tanto, que los años 70 pueden considerarse como la generación perdida (o desaparecida). La muerte, la tortura, el dolor y el sufrimiento reemplazaron la posibilidad de la democracia (que en sí es entendida como el mecanismo con el cual es posible defender los disensos).

    Los relatos de quienes optaron por la clandestinidad dan cuenta de la complejidad subyacente a las subversiones y los alzamientos. La decisión de ir a la guerra de muchos jóvenes mestizos de sectores medios, y de amplios números de indígenas se debía en parte al cierre de espacios políticos que inicia en el 54 y que se deja ver en la despiadada represión que se desplegó durante largas décadas de duelo y dolor. A esto se suman innumerables relatos de los entonces jóvenes guerrilleros que optaron por la vía armada debido a la imposibilidad de llevar una vida digna más allá del modelo dominante. El Estado los tenía sujetados a vivir y morir en las fincas y para muchos de ellos, la única decisión soberana que podrían tomar en sus vidas era la de morir en la guerra, en sus propios términos.[4] Incluso el factor religioso desempeñó un papel central en el alzamiento de muchos.[5] Y, finalmente, también hubo quienes se levantaron en armas por la inspiración del marxismo y sus derivados. Pero estos no fueron todos y es muy improbable que hayan sido mayoría.  

    En síntesis: la violencia de Estado estaba ahí, desde siempre, expresándose como la manera de gestionar el antagonismo constitutivo y central de lo político en Guatemala. La multiplicidad de las sublevaciones se desencadenó, de una u otra forma, ante la presencia de esa violencia que ha sido instituida y es instituyente de lo político; esa violencia que sedimentó en la vida cotidiana a lo largo de los siglos.[6] 

    A pesar del neoliberalismo

    El desenlace de lo anteriormente expuesto corresponde a esas pocas partes de la historia que hemos atestiguado en mi generación. De los cientos de miles de víctimas civiles del conflicto armado interno, la gran mayoría fueron indígenas. La saña para torturar y asesinar a indefensos marcó la dureza con que la violencia de Estado se desplegó, con el fin de mantener el orden de las cosas. En ese orden, el Estado no defendía a la sociedad, sino los privilegios que las élites nacionales habían forjado por más de cuatro siglos. Era, pues, violencia creada para defender violencia; la forma en que el antagonismo no solo pervivió, sino que se llevó a los límites.

    En un traslape histórico de por lo menos treinta años, el proyecto contrainsurgente poco a poco hilvanaría las condiciones de posibilidad para la implementación del Estado neoliberal. Éste se caracteriza por la socialización de los costos y la privatización de los beneficios. Se crea un discurso de desarrollo ideológicamente invertido que por un lado cuestiona cínicamente el papel de los monopolios y los oligopolios en las sociedades modernas mientras por el otro les otorga a las corporaciones monopolistas las empresas nacionales con proyección de interés general para la sociedad, criminalizando a los que disientan del modelo.

    En otras palabras, se desarrolló y recurrió a formas más sofisticadas y menos descarnadas de violencia de Estado. Del Estado contrainsurgente pasamos al Estado de seguridad. Violencia, al final de cuentas.

    Sin embargo, los asesinatos selectivos continuaron y con el despliegue paulatino del neoliberalismo el derecho penal del enemigo coaguló como otra forma más de violencia de Estado. Los usos maliciosos del derecho se convertirían en la norma para tratar a los líderes comunitarios y populares. La violencia del Estado contrainsurgente poco a poco se nombró de modo distinto. Se hablaría, desde entonces, de estabilidad, de reglas claras, de contraterrorismo, de guerra preventiva.

    El antagonismo evolucionó de los modelos de acumulación originaria creados durante la época colonial y el capitalismo finquero hacia lo que algunos autores llaman modelos de acumulación por desposesión, encarnados empresas típicamente neoliberales como las mineras e hidroeléctricas.[7] En tan solo tres décadas, la infraestructura ideológica, política y jurídica creada por escuelas de pensamiento neoliberal, el consenso de Washington y los programas de ajuste estructural devendrían en la creación de mecanismos de desterritorialización y reterritorialización de la geografía.

    Industrias como la energética, la minera y los monocultivos se convirtieron en la nueva finca. La diferencia ahora es que ya no es imprescindible en todos los casos mantener bolsones de capital laboral pasivo (ejércitos de trabajadores temporales esperando la oportunidad para capitalizar sus economías domésticas o saldar sus deudas) como sí lo hacían las fincas. Los trabajadores en abandono que fueron expulsados de las fincas quedaron a la intemperie, a merced del hambre y el desarraigo. Después de cinco siglos de funcionar como la piedra angular del enriquecimiento de las élites económicas, las poblaciones que fueron víctimas de la violencia de Estado pasaron a ser desechables. Una nueva forma de violencia se iba instituyendo, definida ahora por la usurpación y el abandono.

    A pesar de ello, desde la firma de la paz se logró crear una institucionalidad muy básica que, si bien no regresaba aquello que le fue despojado a la sociedad en 1954, por lo menos permitía la emergencia de posiciones políticas que supuestamente no serían reprimidas del modo en el que se hizo durante la guerra. La posibilidad de imaginar un porvenir emancipado de los vicios y abusos del pasado se hizo, en apariencia, nuevamente viable. A pesar del neoliberalismo y su traslape con el proyecto contrainsurgente, a lo largo de estos veintidós años de paz, se lograron crear y mantener espacios de participación y organización que vale la pena considerar y defender. Estos, si bien no han tenido el apoyo institucional, son muy importantes ya que mantienen sedimentado lo político desde la mirada de los pueblos. Por mínimos que sean, se han producido avances. Uno de ellos es que podemos imaginar retornar al debate de lo político y problematizar el papel del Estado en el ejercicio de la violencia que lo constituye.

    “Poco” antes de la reconfiguración cooptada estaba lo político

    Cuando se desencadenaron los pocos debates de orden sociológico sobre la corrupción y su relación con la cooptación del Estado surgieron infinitas interrogantes. El esencial giró en torno al antagonismo que el Estado ha tenido históricamente con la sociedad: la violencia. En otras palabras, lo más relevante de este debate no ha girado en torno a la excepcionalidad de la corrupción, sino a cómo la violencia de Estado ha sido una constante a lo largo de la historia. Es más, se ha de considerar cómo esa constante es la esencia misma de lo político.

    Autores como Garay y Salcedo-Albarán han hecho análisis muy finos de un fenómeno que denominan la reconfiguración cooptada del Estado. Ésta se entiende como la captura instrumental de las reglas del juego y las instituciones que pueden enmarcarse no solo en los límites formales del Estado, sino también incluir a medios de comunicación, la sociedad civil, los partidos políticos y el sistema de justicia.[8] A esto se suma lo propuesto por autores como Matilde González que, entre otros, han demostrado cómo el Estado se configura a partir de un proceso de captura que le es inherente. En otras palabras, empíricamente hablando, se puede observar que el Estado nace a partir de la articulación de redes de poder que se organizan con la intención de atender a fines que no necesariamente coinciden con el bien general de la sociedad. Por el contrario, la sociedad se ve sometida a los intereses de pequeños sectores que no dudan en utilizar la violencia de Estado para asegurar su posición de privilegio.

    Por eso, cuando en el contexto de la lucha contra la corrupción se propone la necesidad de trascender las ideologías para entrar en un momento pospolítico se comete un grave error analítico derivado de una omisión empírica de enormes proporciones: la historia.

    Defender la sociedad: el retorno de lo político

    Sin embargo, no hay que tirar el agua del balde con el niño adentro. Hay algo en el pensamiento pospolítico que no puede despreciarse. En sí, hay mucho sentido en el objetivo estratégico de imaginar un mecanismo que permita crear una coalición que articule la mayor cantidad de sectores interesados en defender la sociedad. Y con la sociedad, aquí, se está pensando en todos los que han padecido de la violencia de Estado y no solo los que se han valido de ella.

    La lucha contra la corrupción ha abierto ventanas de oportunidad. Con los casos de financiamiento ilícito y corrupción solo los más cínicos se atreven a negar que el estado ha sido cooptado por las élites económicas (legales e ilegales) y sus operadores de violencia. Lo que se discute en este momento ya no es si la cooptación es una excepción, sino su caldo de cultivo. La hipótesis que se ha manejado a lo largo de este ensayo respalda esa idea. Un breve recuento de la historia de la violencia de Estado da elementos de juicio para probarlo. La violencia de Estado siempre ha estado presente y ha dado el basamento fundamental del antagonismo que evidencia la imposibilidad de escapar de lo político.

     Dadas esas condiciones, es poco viable pensar en una coalición que se articule desde la pospolítica. Para que funcionara, sería necesario recurrir al peor de los revisionismos para adecuar la historia obviando completamente el antagonismo entre violencia de Estado y sociedad, y eso se ubica peligrosamente cerca del fascismo. Si nos interesa defender la sociedad, es imperativo retornar a lo político. Como se señalaba al inicio, el doble vínculo que representa la justicia premial y su tensión con el derecho penal del enemigo pone en evidencia que la violencia de Estado se encuentra a la orden del día.  El antagonismo que se ha venido reciclando a lo largo de la historia parece estar cuajando ahora en formas de legitimación de la opresión de los sectores subalternizados de la sociedad guatemalteca. No solo es que lo político haya retornado, es que nunca se ha ido.

    Lo político: una coalición antifascista

    Entonces, si realmente hay intención de crear una coalición para defender la sociedad hay que pensar varias cosas. Claro que es fundamental imaginar un objetivo estratégico que podría perseguir la creación de mecanismos institucionales que no solo garanticen el bien común, sino que también estimulen el debate político de las disputas derivadas de la estructura de antagonismos que fundamentan el poder, superando los usos privados y estatales de la violencia.  Se piensa entonces en defender la sociedad como multiplicidad; es decir, el diseño de políticas que realmente (pero realmente) limiten los usos arbitrarios de la violencia de Estado y que permitan abrir aún más las posibilidades de disentir y oponerse. En otras palabras, pensar un futuro en el que los usos del derecho no se encuentren supeditados a la acumulación de capitales económicos, políticos y sociales, sino que estimulen la práctica del disenso como eje central de la democracia y como condición de posibilidad de la justicia.

    Pero para llegar a esto, primero hay que asegurar algunas cosas. Deleuze y Guattari proponen en Mil Mesetas que el Estado fascista no solo es un Estado totalitario, sino aquel que ha sido dominado por el poder de la máquina de guerra[9]. En este sentido, el riesgo que se corre en la actualidad emana de la desesperación de aquellos actores aglutinados en torno al pacto de corruptos. No es poco probable que realmente estén considerando soltarle la rienda a los operadores de la muerte, que asesinaron ya a cientos de miles en el pasado. Eso nos sumergiría en una política retrógrada que imposibilitaría cualquier esperanza de avanzar como sociedad.

    Las alarmas deberían de estar sonando al considerar no solo cómo la violencia de Estado ha sido instrumentalizada a lo largo de la historia, sino poniendo sobre el tapete las propuestas de ley anti ONG y contraterrorismo, el incremento de asesinatos de líderes comunitarios, la expulsión de diplomáticos, las amenazas de muerte solapadas contra funcionarios de Naciones Unidas y periodistas de medios masivos e independientes, así como la alineación del gobierno con los sectores religiosos fundamentalistas más reaccionarios y virulentos.

    Y si la mirada histórica no basta, si estos acontecimientos de la coyuntura no nos conmueven, simplemente hay ver hacia Honduras, que no está demasiado lejos. Prácticamente diez años de golpe, clausura, fraudes, violencia política, censura, represión y el horizonte no ofrece nada bueno ni en el corto, ni en el mediano plazo. Eso es lo que urge prevenir en este momento.

     Todos, desde quienes apuestan por las propuestas refundacionales, la asamblea constituyente plurinacional, aquellos que acuerpan visiones social demócratas, liberales, e incluso tecnocráticas nos confrontamos hoy ante el imperativo de profundizar la democracia como un reto antifascista. Si emerge el fascismo, todo aquello que anhelamos como horizonte de posibilidades, desde nuestros posicionamientos políticos e ideológicos, como futuro, como progreso, como sueños, será imposible. No es, entonces, solo la lucha contra la corrupción, sino una oposición profunda al retorno de la muerte como política. Y si no nos ponemos de acuerdo en ese mínimo, llevaremos las de perder.

    Esto implica emprender un reto que hasta el momento ha sido poco considerado y que se plantea como enorme y complejo: una coalición amplia que se ancle en la crítica de la violencia de Estado y que busque el aseguramiento de las condiciones de posibilidad para alcanzar el bien común y la democracia de disenso. El espectro es extenso, ya que considera organizaciones campesinas e indígenas, alcaldías indígenas, comunidades en resistencia, partidos políticos (que no sean parte del pacto de corruptos, claro), organizaciones de mujeres, colectivos LGTBQ, profesionales, sectores religiosos, e incluso, empresarios “modernizados”. Una vez estemos seguros de que el retorno de la política de muerte ha dejado de ser una amenaza, podremos disputar nuestras diferencias ideológicas en la democracia profunda. Pero antes, tendremos que estar seguros de que no nos arrebatarán el futuro, otra vez.

    Léase esta reflexión como un llamado urgente por defender no solo lo poco que logramos, sino todo aquello que podemos alcanzar: una sociedad en la que quepamos todos; un mundo en el que quepan muchos mundos (diría Marcos). Una coalición es, en definitiva, un paso necesario para asegurar la posibilidad de un futuro para todos, un proceso que no ha de ser visto únicamente como un imperativo que decanta del momento electoral, sino como el primer gesto para crear un nuevo pacto; un pacto en el que el Estado cesará ya, de una vez y por siempre, de ejercer violencia arbitrariamente en contra de aquellos que disienten. Si la mayoría de sectores organizados están de acuerdo en ese punto fundamental, si estamos preparados para ver lo político en sus propios términos, quizás entonces, se logre por primera vez una política que sirva para defender la sociedad.

    Por una democracia del disenso

    A lo largo de este texto se ha desplegado un argumento central: es imposible asumir una posición que se defina a partir del fin de lo político (o la pospolítica) que no nos conduzca eventualmente a la reemergencia del fascismo.

    Más que un proceso que permita generar articulaciones amplias mediante la exaltación de los elementos vinculantes de los posicionamientos políticos múltiples, el enunciado central de la pospolítica cancela las posibilidades de encuentro, en tanto es esencialmente negacionista de los procesos históricos que han caracterizado la relación antagónica entre violencia de Estado y sociedad (como se ha visto arriba, la corrupción no es la excepción sino la norma de la violencia de Estado).

    Es decir, la pospolítica, más que una herramienta para articular un proceso que profundice la democracia, la pone en riesgo.

    Historizar el antagonismo entre violencia de Estado y sociedad permite comprender las implicaciones fundamentales que constituyen lo político. Lo político, pues, se expresa como las formas en las que la violencia de Estado ha sido aplicada para negar a amplios sectores de la sociedad, en especial contra las poblaciones originarias).

    Lo político, además, se manifiesta como la permanente emergencia del disenso o el desacuerdo; es decir, del modo en que esos sectores han resistido y luchado por sobrevivir y prevalecer ante los embates de la violencia de Estado. Parafraseando a Ranciere, lo político hace que la democracia ponga en el centro, antes que el gobierno mismo, la voz de aquellos que históricamente “no cuentan”.

    Proponer un modelo democrático que obvie la permanencia en el tiempo del antagonismo, es decir, una democracia pospolítica, es una imposibilidad que impide contrarrestar la reemergencia de prácticas fascistas. Si bien la pospolítica se opone discursivamente al fascismo, la ausencia de una mirada dirigida a la historia concreta de la violencia permite la generación de las condiciones de posibilidad para que éste renazca. En otras palabras, el fascismo es una manifestación de mayor intensidad del tipo de violencia de Estado que ha antagonizado históricamente con la sociedad. Eso es, en síntesis, el flujo de la máquina de guerra que se apodera del Estado y que suelta las riendas para ejercer violencia sin control contra la sociedad.

    En contraposición, un modelo de democracia que posicione en el centro el imperativo de lo político se plantea como un horizonte que permitirá no perder de vista la historia de la violencia, su ejercicio contemporáneo y su potencial disminución y eventual extinción. De ahí que un primer elemento articulador de una democracia basada en lo político es dado por la oposición absoluta al fascismo y las fuerzas de destrucción y muerte que en el pasado ha desplegado desde el Estado.

    Una democracia de esta naturaleza, cuestiona y redefine (y eventualmente detiene) las formas cómo el Estado ejerce violencia en relación con el despliegue de racionalidades económicas determinadas. Esto es, un debate en el cuál el cálculo racional no es dado por la generación de mayor enriquecimiento a costa del ejercicio de la violencia contra grupos de la sociedad, sino, por el contrario, el análisis situacional profundo que ampare a aquellos sectores con menor acceso a los capitales (económicos, sociales y políticos) que tradicionalmente determinan la dirección hacia donde el Estado ejerce violencia.

    Una democracia de disenso, en este sentido, se convierte en el eje que puede contribuir a profundizar el bien común más allá del mero cálculo costo (social) beneficio (privado).

    Este modelo de democracia requeriría en sí un compromiso serio por parte de aquellos interesados en formar esa amplia coalición antifascista, especialmente del lado de los empresarios interesados, ya que esto se traduciría en renunciar al aprovechamiento del Estado para el mantenimiento de sus privilegios monopólicos y oligopólicos que antagonizan con la sociedad.

     

    El título de este ensayo se inspira en el curso dictado por Michel Foucault entre 1975 y 1976 en la cátedra “Historia de los sistemas de pensamiento” del Colegio de Francia. ate tiene ya varios años de estar en la palestra internacional. Como reacción a los postulados del fin de la historia esgrimidos a inicios de los años 90, tras el fin de la Guerra Fría, emergieron una gran cantidad de voces críticas. De los pensadores contemporáneos más importantes que han abordado esta crítica se encuentran Žižek, Badiou y Ranciere. También es importante anotar que esta crítica no se dirige al movimiento situacionista, ni a los “artivistas”, ni a las corrientes de pensamiento autonomista como las promovidas por Negri, que retoman la nomenclatura de la pospolítica.
    [2] Para tener una perspectiva más profunda de este fenómeno se recomienda consultar los trabajos de McCrery “The Rural Guatemala”; Palma y Gómez “Romper las Cadenas. Orden Finca y rebeldía campesina: el proyecto colectivo Finca la Florida”; Castellanos Cambranes “Café y Campesinos en Guatemala”; González “Modernización capitalista, racismo y violencia: Guatemala, 1810-1930”.
    [3] Se recomienda consultar el trabajo de Virginia Garrard-Burnet llamado “Terror en la tierra del espíritu santo”.
    [4] Se recomienda consultar la tesis de maestría de Juan Carlos Mazariegos “The war of proper names: histories of civil war, indigenous rebellion, and genocide in Guatemala.”
    [5] El trabajo de Ricardo Falla sobre rebeldía en el Quiché es esencial en este sentido. También los trabajos de Karen Ponciano sobre religiosidad y politización han hecho un enorme aporte en avanzar estas ideas.
    [6] Claro que estas formas de resistencia son tan viejas como las violencias del Estado. Desde la colonia había quienes hablaban del temor que causaba la “violencia de indios” desplegada a partir de lo que Severo Martínez llamó los motines de indios. Eso, llegó a convertirse en parte central del imaginario racista que ha formado el Estado guatemalteco y que ha servido de justificación para prolongar las matanzas en despliegue de fuerzas que nunca han sido recíprocos. Además, si se quiere tener una aproximación a fondo de la multiplicidad de formas de alzamiento y resistencia a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se recomienda leer el texto editado por el doctor Manolo Vela Castañeda, titulado “Guatemala, la infinita historia de las resistencias”. Sergio Palencia también ha hecho aportes importantes para pensar la rebelión indígena en Guatemala.
    [7] Se recomienda consultar el trabajo de David Harvey sobre acumulación por desposesión
    [8] Se recomienda consultar el capítulo 1 del libro Narco Tráfico, Corrupción y Estados, elaborado por Garay y Salcedo-Alarán
    [9]Cuando Paul Virilio define el fascismo no por la noción de Estado totalitario, sino por la de Estado suicida, su análisis nos parece profundamente justo: la denominada guerra total aparece así no como una empresa de Estado, sino como la empresa de una máquina de guerra que se apropia del Estado y hace pasar a través de él un flujo de guerra absoluta que no tendrá otra salida que el suicidio del propio Estado”. Deleuze y Guattari, Mil Mesetas
  • ¿Qué podemos aprender de las sociedades mayas para pensar un Estado diferente? El ejemplo de Los Copones

    ¿Qué podemos aprender de las sociedades mayas para pensar un Estado diferente? El ejemplo de Los Copones

    ¿Puede el ejemplo de Los Copones, un conjunto de comunidades q’eqchi’ de Ixcán, Quiché, servir de referencia para pensar formas alternativas de organización social y estatal y con ello quebrar con el ideario de falsa unidad surgido con el proyecto liberal criollo-ladino del siglo XIX aún vigente?

    En 2015 comenzó a hacerse evidente para la mayoría de la población la necesidad de transformar no solo el Estado sino la forma en que la sociedad se organiza. Las propuestas de reformas constitucionales de 2016 pretendían modificar levemente el sistema estatal de 1985, que tiene sus raíces en aquel liberal de 1871. Prácticamente todas abrevan en aquel ideario liberal de finales del siglo XIX, sobre todo en el principio de construcción de un sistema unitario.

    En un trabajo previo resumí cómo aquel proyecto liberal cimentó y popularizó la idea de que el Estado de Guatemala únicamente puede existir en forma centralizada y unificada: una sola autoridad, una sola constitución y cuerpo de leyes, un solo modelo económico y, aunque ahora se cubra bajo el manto de la multiculturalidad, una sola identidad (étnica). Dichos principios, aunque modificados, persisten hasta la fecha. Incluso las propuestas más radicales para formar el Estado  siguen siendo pensadas, con algunas excepciones, bajo el prisma liberal post-1871. Sin duda J. Rufino Barrios estaría muy orgulloso de los alcances de su proyecto. Una de las propuestas de reforma constitucional en 2016 precisamente pretendía modificar este rumbo y legalizar algo que existe en la práctica, y ha existido prácticamente desde el inicio de las sociedades complejas en este territorio: el pluralismo jurídico.

    Pero este pluralismo es solo uno de los aspectos que se pueden aprender de la amplia riqueza, complejidad, antigüedad y efectividad de las sociedades mayas que habitan en Guatemala y de sus formas de organización.

    Yo creo que podemos aprender mucho, por ejemplo, de Los Copones.

    Los Copones son un grupo de comunidades q’eqchi’ —amaq’[1] como se denominan a sí mismas— que abarcan un territorio en el extremo sureste del municipio de Ixcán, en el departamento de Quiché. Ixcán  es hoy considerada una región multiétnica, pero el extremo sureste lo ocupa población  q’eqchi’ en más de un 90%, y se instalaron allí hace por lo menos 250 años.

    Los dos siglos y medio (documentados) de habitación q’eqchi’ en Los Copones podrían parecer poco  si se considera el tiempo que otras comunidades mayas han vivido en sus territorios. Pero este caso es un buen ejemplo de cómo las dinámicas de habitación y transformación comunitarias van más allá de la mera contabilidad de años. Ese «más allá» tiene que ver, en buena medida, con cómo funcionan las formas de organización social mayas. Los Copones es un caso paradigmático por:

    1. Las dinámicas etnolingüísticas en la región durante los últimos siglos. De ser un territorio ocupado por población ch’olana durante varios cientos de años, las dinámicas coloniales le impusieron pasado el siglo XVI una política de reducción a pueblos que implicó el traslado masivo de población ch’ol a los centros poblados q’eqchi’ en y alrededor de Cobán, Carchá y Chamelco. Ambos grupos no eran desconocidos entre sí, y poseían siglos de estrecha interacción.

    2. La «pax dominica» en la región de la Verapaz durante la Colonia. A diferencia de otras regiones americanas, la región de la Vera Paz o Verapaz (que incluía los actuales territorios de Alta y Baja Verapaz, Izabal, Petén y el norte de Quiché) fue administrada por la orden dominica durante los tres siglos de dominio colonial. Las condiciones que crearon permitieron que las sociedades indígenas de la región (q’eqchi’, ch’ol-ch’olti’, poqomchi’, itza’ y mopan) se desarrollaran en grandes espacios de autonomía que no fueron modificados sino hasta bien entrado el siglo XIX.

    3. La organización social y la distribución espacial. Las poblaciones indígenas de la región compartían las formas de organización comunes a todos los pueblos mayas, particularmente los del altiplano, en al menos dos de sus tres niveles (chinamit / molab’ / molam y amaq’).[2] Esta organización, sin embargo, se expresaba de una manera diferente, y daba preeminencia a la descentralización y el uso de grandes espacios, que además les permitían controlar grandes extensiones de territorio que, desde finales del Clásico (900/1000 NE), había tenido una reducción considerable de población. Las epidemias y las reducciones coloniales intensificaron este proceso, y del siglo XIX en adelante el sistema finquero en la región más al sur permitió su continuidad aunque con otras características.

    4. La «q’eqchi’ización» de la Verapaz. Al momento de la llegada de los dominicos, los q’eqchi’ eran un pequeño grupo enclavado en el centro de la región, pero además eran el grupo con las urbanizaciones más importantes y su papel en la llamada «conquista pacífica» fue fundamental. Dicho papel y posterior alianza les permitieron ser el centro del control político de la región. A partir del siglo XVI y, especialmente, a partir del siglo XVIII, comienza la transformación progresiva de las poblaciones ch’ol en la Verapaz, un cambio debido en parte a las epidemias, las guerras y los procesos de reducción. Este último fenómeno es el que dio pie a la proceso de «q’eqchi’ización» de los habitantes ch’ol reducidos en los pueblos coloniales, así como la habitación progresiva — o retorno como los mismos q’eqchi’ lo llamaban y llaman aún hoy—  de las tierras habitadas por los antepasados ch’ol.[3] Hoy los q’eqchi’ son el grupo maya de Guatemala que más kilómetros cuadrados ocupa, aunque — como un recordatorio de su organización semi-dispersa—  no son el grupo maya con más hablantes.

    5. El mundo de la finca. La Verapaz fue un terreno fértil para poner en marcha el sistema agroexportador decimonónico, fundamentalmente el café. A diferencia de la otra región de importancia — la bocacosta suroccidental—  en la Verapaz las fincas literalmente «cayeron encima» de las poblaciones q’eqchi’, aprovechando el patrón de organización semi-disperso y la ausencia de títulos (o deslegitimándolos). De esta manera en la compra-venta de fincas de la región se incluía cuántos «mozos colonos» vivían dentro de ellas.[4] Irónicamente este sistema reforzó algunos patrones de organización social q’eqchi’,[5] mientras factores como la quebrada geografía, la feraz vegetación y la poca y dispersa población permitieron la reproducción de las comunidades q’eqchi’ más alejadas de los centros germano-ladinos.

    Todos los experimentos republicanos posteriores a 1821 —a excepción del período de la «Pax Carrera» de Rafael Carrera y los conservadores entre 1839 y 1871—  han ignorado e incluso procurado destruir las formas alternativas de organización social.[6] Al triunfo de los liberales ladinos altenses en 1871 se le sumó, además del proyecto liberal-monista en sí, el racismo «científico» en boga, un desprecio hacia las poblaciones mayas que habían apoyado el desmantelamiento del Estado de Los Altos en sus dos ocasiones (1840 y 1848), codicia hacia las extensas tierras indígenas , y un deseo de borrar todo el pasado colonial, que implicaba la destrucción del sistema de las «dos repúblicas» (de «indios» y de «españoles / criollos / ladinos») y la homogenización de las formas de organización social bajo el paraguas de un Estado omnipresente. En la práctica, sin embargo, no pudieron dejar de trabajar con todos los demás sistemas ya existentes, una contradicción que continúa hasta el día de hoy.

    El espejo de obsidiana: Los Copones como heterarquía flexible

    Los espejos de obsidiana, algo común durante la época prehispánica en el área mesoamericana, tienen un «reflejo oscuro»: es decir, es posible ver el reflejo de lo que se le coloca enfrente, pero éste se ve oscurecido, ligeramente modificado, por el color negro del mineral. Los Copones refleja como un espejo de obsidiana la organización social maya en general: es a la vez identidad y diferencia de un modelo general que no existe como tal en ningún caso, solo sus variaciones históricas, culturales y regionales.

    La región de Los Copones siempre tuvo una importancia económica y cultural de primer orden para las sociedades prehispánicas: era tanto un punto de control, de navegación (tanto el río Copón como el Chixoy ya son navegables en esta sección), como un punto clave de intercambio cultural entre las poblaciones mayas del altiplano y de las tierras bajas.[7] Dicha interacción probablemente significó núcleos de población lingüísticamente diferenciados pero profundamente relacionados entre sí, dinámica que se prolongó hasta el período colonial. La reducción a pueblos colonial, como se dijo antes, modificó el panorama social de la Verapaz, y provocó que para el siglo XVIII comenzara la rehabitación de las regiones más alejadas, como Los Copones, bajo el argumento del aumento de población, de las «cargas concejiles» y del «retorno a la tierra de los antepasados.» [8]

    El comportamiento de esas poblaciones, al menos como se puede rastrear desde el siglo XVIII, ha seguido la dinámica chinamit / molam – amaq’. A diferencia del altiplano, acá el patrón es semi-disperso, y no urbanizaciones (que implementarían a partir de 1980 los militares). Se trata de poblaciones en lento pero ininterrumpido crecimiento, que abarcan regiones alrededor de los ríos y, cuando las fincas y el Estado con sus concesiones arbitrarias se acercan, progresivamente se internan hacia el Ixcán y la Zona Reina.

    A mediados del siglo XIX el ya amaq’ de Los Copones ve progresivamente su crecimiento hasta que la concesión de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) a milicianos ladinos de Chinique de 356 caballerías de tierra justo sobre el amaq’ transforma su dinámica. La Zona Reina ya estaba parcelada en fincas, y durante el siglo XX los cambios implican ampliar las redes comerciales hacia Uspantán y Cobán (a finales de siglo hacia Playa Grande), recibir a más q’eqchi’ que huían del sistema finquero, las dinámicas de expansión y contracción territorial sin perder la identidad local como amaq’, y el inicio del conflicto por la propiedad de la tierra de Los Copones, un conflicto que actualmente se está dirimiendo en la Corte de Constitucionalidad entre el amaq’ y la Municipalidad de Chinique.

    Estos mapas muestran este proceso.

    Estos ilustran la extensión y conocimiento del territorio y las dinámicas comerciales más allá de Los Copones.

    En resumen, la expansión de las comunidades se dio por un proceso dual: 1) nuevas comunidades de habitantes recién llegados de origen q’eqchi’ que rápidamente se emparentaban con los antiguos comunitarios, y; 2) por segregación de los primeros molam, cuyos habitantes más jóvenes fundaban nuevas comunidades en las cercanías. Los jornales que exigían algunos ladinos de Chinique se daban cada cierto tiempo y de manera eventual, e incluso algunos de estos ladinos llegaron a casarse con mujeres q’eqchi’, de modo que ahora hay varios descendientes de ellos totalmente q’eqchi’ e integrados al amaq’, defendiendo incluso la postura comunitaria frente al litigio territorial con la Municipalidad de Chinique.

    Actualmente el amaq’ contiene 36 comunidades y al menos tres más en proceso, antiguas miembros de Los Copones al norte de la Zona Reina.[9]

    Este breve recorrido histórico permite sacar algunas conclusiones:

    1. El amaq’ de Los Copones no es el mismo que aquel que comenzó en el siglo XVIII.
    2. Cualquier amaq’ se nutre de población foránea que llega a quedarse, así como su legitimidad como forma de organización está relacionada a los vínculos internos que existen entre sus miembros.
    3. El territorio del amaq’ se inserta entre otras formas de organización territorial dominantes y legales para el sistema estatal guatemalteco, como las fincas y los municipios. El amaq’ se traslapa con éstos, más que desplazarlos o competir abiertamente.
    4. A pesar de no ser la organización oficial para el Estado, el amaq’ es la forma legítima para muchas comunidades del país (aunque no siempre le llamen de esa manera), especialmente las mayas como la de Los Copones, significando un verdadero quebradero de cabeza para un sistema concebido como homogéneo y totalizador, y
    5. El amaq’ como tal puede seguir cambiando en el futuro, tanto en términos territoriales (ampliándose o contrayéndose), identitarios (permitir que otras comunidades no-q’eqchi’ o no mayas se integren a éste), como de centros y grupos de poder, y no por ello dejar de ser el mismo amaq’.

    Estos puntos resumen lo que las formas de organización mayas tienen en común: se trata de un sistema de jerarquías múltiples relacionadas entre sí, en el que existen varios mandos con igual o equivalente autoridad. Es un sistema flexible, abierto, en el que conviven diferentes escalas de poder que rotan y permiten la innovación. Esto es lo que llamamos heterarquía. De cómo estos sistemas pueden ser una alternativa para pensar un Estado y una sociedad guatemalteca diferentes, es de lo que trata el último apartado.

    El komon amaq’ como alternativa estatal

    A diferencia del Estado liberal guatemalteco surgido en 1871 y aún vigente, la tríada chinamit/molam-amaq’-winaq ofrece formas de interacción y salidas sistémicas que permiten la innovación y la pluralidad sin afectar la lógica intrínseca.

    Son construcciones ideadas para mantenerse durante siglos, no para responder a los proyectos nacionales y económicos de elites del momento. Esta diferencia fundamental es la que marca quizás el carácter de ambos sistemas. Los Estados piensan conservarse como tales por siglos, mientras un amaq’ piensa en cambiar y así seguir siendo lo-mismo-pero-diferente por siglos.

    Sin embargo los sistemas mayas son vistos como poco funcionales e inadaptables a poblaciones muy amplias.

    Esto es relativo ya que cada nivel superior al chinamit es en realidad una copia a la vez que una complejización del anterior.

    Además está la evidencia histórica: en el centro de México un sistema con niveles similares logró unificar a varias entidades que, en total, sumaban alrededor de veinte millones de personas al momento de la invasión española.[10] En el altiplano de Guatemala estas organizaciones lograban aglutinar a por lo menos dos millones de personas.[11] Podrá parecer poco, pero si se pone en perspectiva ya no lo es: al momento de la Revolución de octubre de 1944 esa era precisamente la población total de Guatemala. Y veinte millones es más que toda la población de la República de Guatemala al día de hoy.

    Es evidente que la humanidad en su conjunto se ha transformado en los últimos cinco siglos, y por ello replicar tal cual aquellas formas del siglo XVI o coloniales podría ser algo contraproducente. Pero es precisamente lo que han hecho las comunidades mayas. No solo se encuentra el ejemplo de Los Copones (que podría ser pequeño en tamaño y población para tomarlo como ejemplo de organización estatal) sino también el de entidades sociales más grandes: San Miguel Totonicapán (135 mil personas), Momostenango (130 mil personas), Nahualá (65 mil personas), Chichicastenango (110 mil personas) y Sololá (65 mil personas).

    Precisamente San Miguel Totonicapán, Momostenango y Nahualá forman parte de una región k’iche’ más amplia de donde se parte para sugerir un neologismo que ayude a explicar estas nuevas formas de organización: komon amaq’.[12]

    El komon amaq’ sería un conjunto de amaq’ estrechamente relacionados entre sí, pero sin necesariamente estar centralizados. Esta forma de organización equivaldría a una región o a un Estado, similar al winaq posclásico.

    ¿En qué se diferencia un komon amaq’ a un winaq? En primer lugar en su centralización, ya que los winaq eran bastante centralizados mientras el komon amaq’ es más una «federación descentralizada» de amaq’. Y en segundo,  en que con el término de komon amaq’ se evita caer en el anacronismo de utilizar un término que, si bien es de uso común en los idiomas mayas de hoy (winaq), su sentido político se perdió desde el siglo XVI.[13] El amaq’, por otra parte, se ha ido transformando durante los últimos cinco siglos, adaptándose a las nuevas situaciones, de allí que considero posible usarlo en la actualidad con su sentido antiguo aunque adaptado al presente.

    Sin embargo los procesos de transformación estatal más recientes solo han tomado en cuenta las formas de organización social mayas de forma parcial. Dentro del debate actual sobre reformar el Estado se discutió si incluir los sistemas jurídicos indígenas como parte del andamiaje estatal guatemalteco. Se trataba de buscar el reconocimiento a una realidad negada desde 1871, pero que fue común durante la época colonial y en la época prehispánica, y que ha estado vigente con  altibajos durante toda la existencia del Estado de Guatemala.

    A pesar de ello fue precisamente esta propuesta la más atacada por diferentes sectores, que la tachaban de atentar con la unicidad estatal y jurídica, de «dividir a los guatemaltecos» y  polarizar aún más a la sociedad.

    En realidad estos escenarios ya existen y lo único que se buscaba era hacer constitucional algo que se encuentra presente en leyes ordinarias y que, además, ya es aplicado y reconocido legalmente en muchas partes del país. El debate no prosperó, las autoridades indígenas retiraron su propuesta y de todos modos el resto de reformas se estancó. Lo del pluralismo era la excusa, aunque también era el elemento más peligroso para muchos sectores.

    Paralelamente en 2015 comenzaron a surgir con más fuerza voces que plantean la transformación total del Estado. Desde organizaciones históricas hasta colectivos de reciente formación (todos ellos involucrados en las jornadas de 2015) se han planteado diferentes propuestas de organización estatal.

    Aunque algunas de ellas han retomado algunas formas de organización mayas, la mayoría de estas propuestas responden más a los propios orígenes de estos colectivos y sus lógicas de movimientos sociales de cómo debe ser el Estado y cómo debe organizarse la sociedad en su conjunto; posturas que a su vez son herederas del liberalismo y del socialismo, pero no por ello malintencionadas.

    Sin embargo podría haber otras razones, tales como el desconocimiento de las formas de organización mayas, la formación política de los ponentes de las propuestas de reforma, la no aceptación de la complejidad de las formas de organización social mayas, que supondría la delegación y rotación de liderazgos, y un racismo cubierto de buenas maneras que implicaría ignorar, minimizar o de plano excluir propuestas desde los pueblos mayas (que sería lo menos, en teoría).

    En un escenario así se hace necesario el diálogo y la negociación pero considerando a las autoridades y comunidades mayas como pares, como una forma de lograr unificar posturas de acción en un contexto de respeto a las formas que han existido incluso desde antes del surgimiento del Estado moderno que se pretende reformar. Ese diálogo ya demostró su fuerza en el tema del pluralismo jurídico, pero es necesario profundizarlo.

    Dentro de esta dinámica de propuestas y del pensar alternativas viables es que se inserta lo hasta ahora expuesto en este trabajo. Un sistema de komon amaq’ permitiría organizar todo lo que ahora es Guatemala en una especie de «Estado federado» pero con características diferentes a las de otros Estados similares:

    a) territorios cambiantes (aunque no tan rápido como se pensaría);

    b) autoridades rotativas y «por cargo»[14];

    c) heterarquía (múltiples poderes intercalándose los unos con los otros);

    d) descentralización de fondos y las formas y accesos a ellos;

    e) pluralidad de sistemas jurídicos (posiblemente unificados en una carta común, símil de una constitución), y;

    f) sistema de elección por consenso más que por mayorías (no se elige hasta no llegar a un acuerdo, similar y a la vez diferente a las democracias parlamentarias).

    Esto no implicaría una sustitución total: aquellas comunidades mayas y no-mayas que quisieran plantear formas diferentes de organización podrían hacerlo, pero éstas y aquellas sí deberían estar dentro de una lógica de komon amaq’, es decir una organización «federal» estatal con las características propias del amaq’, para de esta manera garantizar la heterarquía y además respetar la diferencia (que ya son aspectos clave de todo amaq’ pasados y actuales), sin subordinar unos a otros.

    Esta propuesta de un conjunto de komon amaq’ como sustituto del Estado nacional guatemalteco  es sobre todo un punto de partida para discutir y pensar la sociedad y el Estado de una forma diferente a la que la tradición liberal y occidental ha formado durante décadas.

    Por su misma naturaleza debe ser un proceso de reflexión que parta desde los contextos locales para después ir ampliándose, y no a la inversa. Significa dejar la comodidad de las posiciones asumidas, de las certezas concebidas y entrar a conocer, a «traspasarse» más que a «traducir» a las otras sociedades, y a partir de allí construir lo diferente.

    La eficacia de estas formas de organización mayas es tal que ni quinientos años de sistema colonial y republicano, racismo, explotación, despojo e intentos de exterminio han podido minar en su totalidad. Al contrario, estas comunidades y sus sistemas han sabido adaptarse, tomando aspectos de lo nuevo y traduciéndolos a sus propios términos, a su propia lógica.

    La invitación a los no-mayas (y a poblaciones mayas que quizás ya perdieron muchas de sus características de organización antiguas) es a conocer estas formas de organización, no para instrumentalizarlas ni reducirlas, sino para aprender de ellas y su larga historia comunitaria. Y, sería lo ideal, para considerarlas como una alternativa viable, efectiva y lógica dentro de sus propias comunidades.

    El caso de Los Copones es solo uno de muchos que existen y han existido en el territorio que ahora es Guatemala. Conocerlo y comprenderlo pero, sobre todo, lograr la empatía con estas comunidades es quizás el primer paso para la aceptación de formas diferentes de organizarse, de pensar, de vivir y de convivir. La historia de larga y compleja duración de Los Copones, al igual que la de otras comunidades mayas, es un recordatorio de la importancia de comprender las dinámicas locales desde los propios términos de los comunitarios, que además abren la puerta para pensar de manera diferente la realidad. La «traducción como equivocación» de Strathern, Viveiros de Castro y de la Cadena[15] es verdadera: jamás se va a poder comprender todo lo del Otro culturalmente diferenciado, pero la empatía y el diálogo es el primer paso para la aceptación en la diferencia y para, quizás, comenzar a construir un país y una sociedad diferentes ya existentes en otras escalas y tiempos.

     

    Portada de La construcción de un amaq’ moderno

    Sobre el autor: Diego Vázquez Monterroso es autor del libro La construcción de un amaq’ moderno: Los Copones, Ixcán, Quiché (1760-2015). (Guatemala: Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar, y Editorial Cara Parens, 2017), que estudia  cómo se han transformado las comunidades en estos dos siglos y medio.

    Sobre este ensayo: Este trabajo forma parte de una investigación más amplia cuyas primeras reflexiones se presentarán próximamente en el Perfil de Investigaciones del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar, IDGT-URL.

     

     

     


    [1] Un amaq’ es uno de los niveles de organización maya del altiplano. Brevemente los tres niveles de organización se describen utilizando la terminología k’iche’: chinamit, amaq’ y winaq. La unidad básica –chinamit– es el modelo bajo el cual se van organizando los niveles superiores, aunque con modificaciones que ayudan a lidiar con la complejidad interna de éstos. El chinamit puede ser entendido como un conjunto de familias extendidas, emparentadas o no entre sí, que controlan un determinado territorio, poseen jerarquías internas, desarrollan especialidades económicas compartidas y – en su mayoría – rinden culto a entidades sagradas particulares, además poseen un origen común real o creado. Los niveles de amaq’ y winaq siguen el mismo patrón, pero la complejidad y la extensión territorial aumentan. En el altiplano guatemalteco únicamente se conocen con certeza tres winaq en el siglo XVI: el K’iche’ de Q’umarkaj, el Kaqchikel de Iximche’ y el Kaqchikel Chajoma’ / Aqajal. Posiblemente los tz’utujil del lado sur del lago de Atitlán, conformados por los amaq’ Tz’ikinajay y Tz’utujil, durante algunos momentos conformaron otro winaq. Algunos ejemplos de la amplia bibliografía sobre el tema son: Hill, Robert y John Monaghan, Continuities in Highland Maya social organization: ethnohistory in Sacapulas, Guatemala. (Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 1987); Hill, Robert, «Social organization by decree in Colonial Highland Guatemala», Ethnohistory, 36, nro. 2 (1989); Carmack, Robert, Evolución del Reino K’iche’. (Guatemala: Cholsamaj, 2001 [1981]); Braswell, Geoffrey, «K’iche’an origins, symbolic emulation, and ethnogenesis in the Maya Highlands, A.D. 1450-1524», en The Postclassic mesoamerican world, editado por Michael Smith y Frances Berdan. (Salt Lake City: The University of Utah Press, 2003); Akkeren, Ruud van, «El chinamit y la plaza del Posclásico: la arqueología y la etnohistoria en busca del papel de la casa del consejo», en XIX Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2005, editado por Juan Pedro Laporte, Bárbara Arroyo y Héctor Mejía. (Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnología, 2006); Maxwell, Judith y Robert Hill, Kaqchikel chronicles: the definitive edition. (Austin: University of Texas Press, 2006); Vásquez Monterroso, Diego, «Organizaciones sociales posclásicas y coloniales indígenas», en Los caminos de nuestra historia: estructuras, procesos y actores, editado por Leticia González Sandoval. (Guatemala: Universidad Rafael Landívar, 2015).
    [2] Molab’ y Molam son los equivalentes regionales (el segundo q’eqchi’) al chinamit del altiplano.
    [3]Sin autor, Documentos dominicos. (Cobán: Centro Ak’ Kutan, s.f.), 50. Se refiere a censos llevados a cabo en 1786, 1807 y 1819.
    [4]González-Izás, Matilde, Modernización capitalista, racismo y violencia: Guatemala (1750-1930). (México: El Colegio de México, 2014), 402.
    [5]González-Izás, Modernización capitalista, 410-414. Se refiere específicamente al trabajo llevado a cabo por David Sapper a finales del siglo XIX.
    [6]Ver, por ejemplo: Taracena Arriola, Arturo, «La civilización maya y sus herederos. Un debate negacionista en la historiografía moderna guatemalteca», Estudios de Cultura Maya, Vol. 27 (2006), 43-55; González Alzate, Jorge, La experiencia colonial y transición a la independencia en el occidente de Guatemala. Quetzaltenango: de pueblo indígena a ciudad multiétnica, 1520-1825. (Mérida: Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2015), 47 y ss.
    [7]Análisis del arqueólogo y ceramista Raúl Ortíz, citado en Vásquez Monterroso, La construcción de un amaq’ moderno, 42-45.
    [8]Sin autor, Documentos dominicos. Un análisis de esta información aparece en Akkeren, Ruud van, Xib’alb’a y el nacimiento del nuevo sol: una visión posclásica del Colapso maya. (Guatemala: Piedra Santa, 2012).
    [9]Cecilia Vázquez, comunicación personal (Ciudad de Guatemala, 2018).
    [10]Borah, Woodrow y Sherburne Cook, The indian population of Central México, 1531-1610. (Berkeley y Los Ángeles: University of California Press, 1960).
    [11]Lovell, George, Christopher Lutz, Wendy Kramer y William Swezey, “Strange lands and different peoples”: spaniards and indians in Colonial Guatemala. (Norman: University of Oklahoma Press, 2013), Capítulo 9.
    [12] El autor agradece al lingüista k’iche’ Juan Zapil Xivir su apoyo para el desarrollo de este término.
    [13]Robert Hill, comunicación personal (Ciudad de Guatemala y Nueva Órleans, 2016).
    [14]«Por cargo» implicaría que no percibirían un salario, y serían las mismas comunidades que representan quienes les ayudarían a sufragar diferentes gastos como habitación, vivienda, transporte, alimentación y otros similares, a la manera en que se hace en las comunidades mayas tradicionales. A la vez todos los cargos serían revocables.
    [15]Citados en de la Cadena, Marisol, Earth beings: ecologies of practice across Andean worlds. (Durham y Londres: Duke University Press (epub),  2015), Story 1, 49 de 62.
  • Consuelo Porras: “Jimmy Morales es un buen aliado contra la corrupción”

    Consuelo Porras: “Jimmy Morales es un buen aliado contra la corrupción”

    A Consuelo Porras se le ha ubicado como una aspirante que podría ser del gusto del presidente Jimmy Morales. “Uno de los valores más preciados del ser humano es la justicia”, dice, al explicar sus inicios en el derecho. De profundas convicciones religiosas, pone en valor su experiencia en el Ministerio Público. Es la segunda ocasión en la que llega la nómina de la que se escogerá Fiscal General.

    Las personas dedicadas al derecho suelen ser huesos duros de roer para el entrevistador. La Corte tiene mucho de batalla dialéctica y los letrados son hábiles en el arte de eludir las preguntas comprometidas y anestesiar la conversación para sacarla de terrenos hostiles. María Consuelo Porras Argueta, nacida en San Juan Comapala, Chimaltenango, en 1953, hace honor a sus más de 35 años dedicados al ámbito de la justicia. Responde a todo afablemente, sin perder la sonrisa, con seguridad, pero regateando las interrogaciones para no decir una palabra más alta que la otra.

    La actual magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), escogida por la Corte Suprema de Justicia en 2016, es una de las seis aspirantes a sustituir a Thelma Aldana en la Fiscalía General de Guatemala. Su suerte está en manos del presidente Jimmy Morales —aunque ella, por sus profundas convicciones religiosas, prefiera hablar de la voluntad de Dios—, así que parece lógico que no deje caer una sola crítica a su gestión: ni por los dos antejuicios solicitados por el Ministerio Público (MP), ni por su voluntad de expulsar al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez. Se centra en aspectos técnicos. Pone en valor su conocimiento de la institución. Es la segunda vez que llega al último peldaño tras superar la Comisión de Postulación. Hace cuatro años, el entonces presidente, Otto Pérez Molina, prefirió a Aldana antes que a ella y a los otros cuatro candidatos. Esta vez espera que Morales la prefiera a ella, antes que a sus colegas.

    Graduada de Abogada y Notaria, con maestrías en Derecho Penal y Gestión Jurisdiccional, la aspirante pone en valor su experiencia en el MP. Comenzó en la institución en 1996 y llegó a ser jefa de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal. En 2004 pasó al Organismo Judicial, cuando fue elegida Magistrada de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones en Antigua. Desde 2016 es magistrada suplente en la Corte de Constitucionalidad.

    Esta entrevista se realiza el martes 17, dos días antes de que el MP y la Cicig presentaran la investigación sobre presunta financiación irregular de FCN-Nación. En caso de resultar elegida, Porras tendrá que lidiar con un caso que señala directamente al presidente Morales.

    ¿Por qué quiere ser Fiscal General?

    Mi motivación siempre es estar al servicio de mi sociedad. Amo a Guatemala, tengo la experiencia, la capacidad, la trayectoria de desempeñarme en varias instituciones del Estado que me dan la fortaleza y la capacidad para poder desempeñarme en el Ministerio Público (MP).  

    ¿Cuáles son los cinco puntos más importantes de su plan de trabajo?

    Estimo sumamente necesaria una revisión y readecuación del modelo de gestión. Es importante considerarlo a manera de tener una investigación eficiente. Revisar todos los protocolos de investigación e incorporar más investigadores. No necesitamos que el denunciante, el agraviado, la víctima, tenga que estar yendo a ratificar su denuncia al MP. Nos corresponde iniciar una investigación aún de oficio. Muchos no tienen el acceso económico de trasladarse a buscar hasta el MP para ratificar su denuncia, y mientras no vayan a ratificar no se inicia la investigación. También valoro la importancia que tiene los pactos que podemos tener con los países del Triángulo Norte (de Centroamérica). La delincuencia ha traspasado fronteras. No se puede quedar única y exclusivamente una persecución penal a nivel nacional. Tenemos que cooperar con El Salvador, con Honduras.

    «Mi motivación siempre es estar al servicio de mi sociedad. Amo a Guatemala, tengo la experiencia, la capacidad, la trayectoria de desempeñarme en varias instituciones del Estado».

    Paralelamente, tenemos la profesionalización y el estímulo del recurso humano. Creemos muy importante que cada fiscalía tenga sus profesionales para el área que va a atender. No solo para litigios sino también sus investigadores. No podemos depender de una DICRI (Dirección de Investigaciones Criminalísticas) como una institución única a nivel nacional. Tenemos que crear bastantes DICRIS en cada fiscalía. En definitiva: preparación y profesionalismo tanto del agente fiscal como de los investigadores. Paralelamente, hacer buen uso de las instituciones que por mandato de ley tienen que incidir en la investigación como es la Policía Nacional Civil (PNC). No vamos a trabajar separados, sino que vamos a conjuntar. Lo primero que se está pensando es tener presencia del MP en todas las zonas rojas donde se están dando tantísimos hechos delictivos. No podemos esperar mandar a las personas a recabar la información una, dos, tres horas después. Tenemos que administrar bien los recursos. Si la policía ya tiene una subestación en tal zona, ¿por qué vamos a crear otra vez otro gasto para el MP? Incluso con la presencia se va a ver un poquito más de respeto. Es deber también del MP la prevención del delito. En la medida en la que tengamos la política adecuada de prevención vamos a reducir la mayor parte de hechos delictivos. Otro de los ejes que tenemos, es evitar la revictimización de las personas. La incidencia en el delito de violación a las mujeres a las niñas ha sido alta. Podemos hacer uso de los mecanismos legales para que estas personas no se encuentren en los órganos jurisdiccionales con su victimario. Queremos que sea una única instancia, una única oficina, la que le brinde todo el apoyo, y que se puedan tomar todas sus declaraciones por la vía de videoconferencia.

    ¿Qué presupuesto necesitará para cumplir sus planes?

    No soy de las personas que está pensando en más presupuesto. Hay que examinar exactamente si las personas que actualmente cuenta el MP están bien utilizadas o no. Se va a ir ubicando lo más esencial, lo más necesario en cada una de las fiscalías, fortalecer donde hace falta y crear nuevas agencias. La meta inmediata es tener presencia en todas las zonas rojas en nuestro país para evitar está delincuencia común. Paralelamente, sobre la base de esta evaluación interna que hagamos, vamos a ver hasta cuántas agencias a nivel municipal tenemos capacidad de poder abrir con las mismas personas que tenemos. Primeramente, hacer buen uso de lo que ya tenemos. Luego, sobre la base de esta evaluación y ubicación de las personas, ya estaríamos viendo cuánto tenemos disponible para poder incorporar al renglón de contratación de personal.

    ¿Cuál será su equipo de trabajo? ¿Quiénes son los fiscales que considera imprescindible conservar?

    El equipo de trabajo, en primer lugar, va a reconocer al personal eficiente que tiene el MP. No se puede pensar llevar gente que a veces no conocen la institución y dejar de apreciar la gente buena que tiene el MP. Van a ser parte de mi equipo los fiscales reconocidos que hay que premiar por su alta trayectoria, experiencia, capacidad. Son los más indicados de incidir en la política de persecución penal porque son los que la conocen.

    No necesitamos que el denunciante, el agraviado, la víctima, tenga que estar yendo a ratificar su denuncia al MP.

    ¿En qué dará continuidad al trabajo de la actual fiscal, Thelma Aldana, y en qué se distanciará?

    En principio, el seguimiento del trabajo que se ha venido dando es una obligación constitucional y legal. No nos podemos apartar porque el mandato es muy claro en la Constitución y en la ley: tenemos la acción penal y la persecución penal. Paralelamente a eso, ir mejorando las cosas que, por tiempo por cualquier otra circunstancia, pues no se logró hacer. Vamos a continuar el cumplimiento de las funciones que tiene el MP asignadas. Tenemos que seguir adelante, fortalecer lo que se ha hecho en la mejor medida y manera que se pueda.  

    ¿Valora positivamente los cuatro años de Aldana al frente del MP?

    Totalmente. Siempre he sido de las personas que advierte los avances cada institución tiene. Yo he trabajado con cuatro o cinco fiscales anteriormente. A todos se les tiene que dar el mérito porque sí se ha trabajado. Yo valoro de sobremanera los esfuerzos que la licenciada Aldana ha hecho por el MP.

    ¿En qué cuestiones concretas se diferenciará?

    Tal vez no diferente, sino que lo que hay que implementar es lo que está haciendo falta de implementar. Póngale el punto del sistema penitenciario. Hay que tocarlo, porque hemos visto que ha rebasado la capacidad y muchas veces hay personas que tienen cinco o seis años y tal vez la pena esperada es de tres años. Hay que hacer la revisión judicial para que se vea cómo se va ubicando de mejor forma a esas personas. El aspecto preventivo al que yo le voy a entrar con mucha dedicación, creo que esto permitirá reducir al máximo todos los procesos. Creo importantísimo que cada fiscalía tenga su equipo de investigadores. Eso también es otra fortaleza que quiero yo adicionar. Vamos a establecer cuántos investigadores tiene el Ministerio Público versus cuántos fiscales.

    ¿Se va a reunir con Thelma Aldana para darle continuidad a su gestión?

    Yo pienso que es lo más indicado, tener el período de transición para que verdaderamente se conozca de cerca todos los resultados que ella ha dado a la sociedad guatemalteca en el MP.

    ¿Cómo valora el papel de la fiscalía y de la Cicig en la lucha contra la impunidad y la corrupción?

    Creo que están cumpliendo con su mandato. Es aplaudible que ambas las instituciones estén haciendo los mejores esfuerzos para contrarrestar la corrupción.

    ¿Será la lucha contra la corrupción uno de los pilares de su gestión?

    Totalmente. La impunidad, la corrupción y todos los hechos que afecten y atenten contra la seguridad de nuestros ciudadanos.

    ¿Qué giro personal le dará a la lucha contra la corrupción?

    Mi capacidad, mi trayectoria, el conocimiento que tengo de las instituciones que conforman el sector justicia. Por ser guatemalteca, tengo el deseo de que Guatemala alcance la paz y la armonía.

    ¿Cómo valora el trabajo de Iván Velásquez?

    Totalmente acertado. Muy bueno, con mucha decisión, con mucho aporte y, sin lugar a dudas, ha sido de mucho beneficio para Guatemala.

    «Es aplaudible que ambas las instituciones estén haciendo los mejores esfuerzos para contrarrestar la corrupción».

    Por el contrario, el Gobierno ha intentado sacarle del país. ¿Cómo lo valora?

    No puedo tener una apreciación en ese sentido porque, acuérdese usted, que cada funcionario pensamos totalmente diferente. Mi apreciación frente a la pregunta anterior fue muy concreta. En cuanto a la segunda, son decisiones que tienen cada uno de los funcionarios del país.

    El MP ha solicitado en dos ocasiones retirar la inmunidad a Jimmy Morales. ¿Cómo deja eso la relación con el presidente de la República?

    Yo pienso que no tiene nada que afectar, porque cada institución está haciendo lo suyo en cumplimiento de las funciones que le corresponden. Todos los funcionarios estamos sujetos a planteamientos y cualquier antejuicio. Siempre en todo proceso hay partes. Unas van a estar satisfechas y otras insatisfechas. Son todos estos mecanismos legales que permiten que un país verdaderamente tenga democracia. En este caso, cualquier petición que se haga está en cumplimiento de los deberes y funciones que tienen las instituciones. No nos tiene que afectar ni molestar a los funcionarios el recibir una crítica o un antejuicio. Ya sabrán los órganos jurisdiccionales si verdaderamente es pertinente o no.

    ¿Cree que Jimmy Morales es un aliado contra la corrupción?

    Pensaría que sí. Financieramente, él ha apoyado muchísimo al MP. Siendo la parte económica un factor decisivo para poder desempeñarse las funciones, entonces es un buen aliado contra la corrupción. Si él no hubiera tenido interés en colaborar con el MP, sencillamente no le amplía el presupuesto. Sin embargo, se ha advertido que, con buen vino tino, con mucha responsabilidad y con mucha entrega él dijo “vamos a apoyar a los sectores de la justicia”.

    ¿Cuál cree que debe ser la relación entre el Fiscal General y el presidente de la República?

    Tiene que ser una relación de respeto, de independencia, guardando cada uno las funciones que constitucional y legalmente tienen. La Constitución nos da a cada uno de los órganos que conformamos el sector de Estado nuestras funciones. Consecuentemente, cada uno las tenemos que cumplir a cabalidad, con el respeto mutuo, garantizando la independencia de poderes. En este caso, si cada uno hace lo que debe de hacer en forma responsable, en forma contundente, con profesionalismo, no vamos a tener ningún inconveniente.

    ¿Cree que debe renovarse el mandato de la Cicig?

    Si tengo la concepción de qué es importante el apoyo de la Cicig, pienso que la continuidad es importante. Consecuentemente, si se ha logrado lo que se ha logrado, con el apoyo de la Cicig, la Cicig sí tiene que colaborar con Guatemala con el MP por motivos de la investigación.

    Todos los funcionarios estamos sujetos a planteamientos y cualquier antejuicio.

    ¿Se imagina un escenario en el que el gobierno no renueve el mandato de la Cicig?

    Esas sí son ya decisiones de otro nivel. No le podría yo contestar por el señor presidente.

    En caso de que no se renovase, ¿cómo le afectaría a sus planes? ¿cómo plantearía la transición?

    El MP tiene que tener la responsabilidad de tener la capacidad de la investigación. Es la institución que por mandato de ley guatemalteca tiene que responder al cumplimiento de sus obligaciones. Cada uno tenemos que cumplir con lo que nos corresponde. De ahí también la importancia que tiene el eje de profesionalizar, porque tenemos buenísimos fiscales.

    ¿Cuáles son sus aspiraciones para ampliar la cobertura del MP?

    Altas. Primero, con el personal que tenemos. Luego, con el presupuesto que tenemos. También es importante advertirle que las fiscalías actualmente que están liquidando no pueden tener carácter permanente. Porque el mensaje que estamos dando es: “señores fiscales de las demás fiscalías, dejen procesos pendientes y no tengan pena porque como tenemos fiscalías liquidadoras, después vienen la cantidad enorme de procesos que ustedes no pueden salir a la fiscalía liquidadora”. A ellos se les va a señalar una vigencia determinada y hasta ahí. La obligación de las fiscalías y las agencias es poner su trabajo al día. Si no, eso es impunidad también. Solo con el personal de las fiscalías que ahora están dentro de la liquidadora tenemos un gran grueso de personal que va a ser redistribuido a la manera de conformar las agencias o fiscalías dependiendo de las necesidades del servicio que hagan falta.

    La justicia transicional ha sido una línea clave de trabajo en los últimos tres fiscales. Usted, ¿cómo lo va a afrontar?

    Igual que los fiscales que me anteceden.

    Desde 2009 se ha reducido el número de homicidios, que es una de las mayores preocupaciones de los guatemaltecos. ¿A qué adjudica ese descenso?

    Hay varias causas. En primer lugar, puede que las instituciones estén más organizadas. Cuando estuve en la sala de la Niñez y Adolescencia teníamos mucha relación con la subsecretaría de Bienestar Social, encargada de los adolescentes en conflicto con la ley penal y, de veras, nosotros teníamos mucha interacción para ver cómo mejorar todos los protocolos de investigación, tratamiento y de protección para los adolescentes. Ellos tienen alta visión de organización, tienen investigados, tienen el mapeo de todas las personas que se dedican a delinquir. El profesionalismo en nuestros investigadores y en nuestros policías ha surtido sus efectos. También los integrantes de la Policía Nacional Civil, a nivel de aprehensión, a nivel de prevención, sin lugar a dudas han incidido en que haya reducción. Por el otro lado se han abierto ciertos espacios laborales, eso también colabora a que la gente tenga una ubicación.

    A pesar de ello, las tasas de impunidad están a niveles muy altos. ¿Cómo trabajará para combatir este indicador?

    Yo siento que es muy fácil. En primer lugar, me parece importantísimo la interacción con todas las instituciones del Estado. Ya no es justicia, ya es Estado. Todos debemos responder a la función que la ley nos está otorgando.

    ¿Cómo va a desarrollar su colaboración con la SAT?

    Tengo conocimiento de que ya hay una agencia que trabaja directamente con esta institución. Si alguien incumple, inmediatamente accionar. No podemos retardar ninguna acción que debe ser oportuna y precisa para evitar estos márgenes de impunidad.

    Hay arrestados que han protestado por el tiempo que se alarga la prisión preventiva y consideran que no se respeta el debido proceso.

    Hay que hacer la revisión precisa en cada caso. En materia judicial, cada caso es un caso, no podemos atribuir como situaciones generales a todos los casos, eso no es cierto. Cada caso tiene sus propias incidencias procesales, que a veces lo hacen ser más tardado o menos tardado. En conformidad con lo que establece el artículo 151 de la Constitución, el MP tiene que velar por el cumplimiento de la ley. Tenemos que velar porque se cumplan los plazos establecidos en la ley.

    La semana pasada se denunció una filtración desde el MP y la Cicig que impidió el arresto de tres personas que iban a ser detenidas por un caso de corrupción. ¿Qué plantea para evitar este tipo de situaciones?

    En principio, revisar el acuerdo interinstitucional que se ha firmado. Si es lo más conveniente la vía electrónica para este tipo de situaciones y, si no, pues que se haga personal, para que la persona que directamente recibe esta notificación y la entrega para hacerla efectiva sea responsable a manera de seguir quién es el responsable. Si se da por esta vía no podemos descartar que se puede dar por un lado o por el otro por cualquier institución, pero es más complicado darle seguimiento. Habría que revisar la pertinencia o no del acuerdo que tienen suscrito.

    ¿Comparte la calificación de “terrorista” que plantea aplicar el ministerio de Gobernación para las pandillas?

    Tendríamos que analizar el tema en su profundidad. A veces no puede uno precisar “sí” o “no” sin tener verdaderamente la profundización del estudio permanente en la materia.

    Tenemos que velar porque se cumplan los plazos establecidos en la ley.

    ¿Cómo plantea abordar la problemática de estas estructuras criminales?

    En principio, preventivamente. Son seres humanos que necesitan nuestro apoyo como sociedad guatemalteca. Creo que es sumamente importante poderles dar esas oportunidades de vida. Quiero, de alguna manera, hacer una propuesta pública a nivel Estado de cómo vamos a contrarrestar, a través del aspecto preventivo, a este sector de la población sobre la base de esta propuesta. Esperando que tenga acogimiento a nivel nacional se va empezar a trabajar con mucho entusiasmo, mucha responsabilidad, mucha mística y mucho corazón.

    Usted es una persona creyente. ¿Cómo influye la fe en su actividad?

    En los valores.

    ¿Cómo comenzó a interesarse por el Derecho?

    Toda la vida me ha gustado. La filosofía de vida de vida de mis padres fue ser justos. Desde que nacimos hasta que crecimos vienen a nuestras conciencias ese gran valor de justicia. Eso fue lo que me inclino a seguir Derecho. Me encanta, ya que uno de los valores más preciados del ser humano es la justicia.

    Es la segunda vez que está en la nómina de la que el presidente debe elegir Fiscal General.

    Eso prueba que me gusta la investigación. Estoy en la Alta Corte por misericordia de Dios, por esfuerzo, por mi trayectoria. Tengo más de 35 años de ejercer la profesión en diferentes ámbitos.

    ¿Qué diferencia hay respecto a la última vez?

    Igual pensamiento tenía la primera. Dije: “bueno, siendo de las mejores clases calificadas, tengo una oportunidad, porque la ponderación tiene su mérito porque recorrido”.

    Es usted contratista del Estado, ¿cree que genera eso algún problema para su postulación?

    No soy contratista del Estado. Yo tuve un contrato 029 en el Organismo Judicial, porque el doctor (Josué) Baquiax me llamó para ver si podía prestarle asesoría en materia constitucional al OJ. Como es una de las materias que a mí me encantan, yo acepté hacer el contrato. Fueron dos meses, como mucho tres. Luego él me llama y me dice: “he pensado en usted para la supervisión real de tribunales”, donde me nombraron. Fue el contrato 029 por dos meses, no soy contratista del Estado.

    ¿Qué relación mantiene con Blanca Stalling?

    Ninguna.

    Se ha publicado que fue una de las personas que hizo cabildeo por usted para acceder a la CC.

    Quién cabildeo por mí y quién no, nunca lo supe, en primer lugar. Si alguien me hubiera cabildeado, yo fuera la titular de la Corte de Constitucionalidad, pero como no hubo cabildeos, entonces soy la suplente.