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  • Cocaína: todo a la vez en todas partes. Cómo la producción de la droga se extiende a Centroamérica y Europa

    Cocaína: todo a la vez en todas partes. Cómo la producción de la droga se extiende a Centroamérica y Europa

    Los narcotraficantes están redibujando el mapa de la cocaína en el siglo XXI: los cultivos se expanden al norte hacia Centroamérica, mientras que los laboratorios para procesar droga han cruzado el Atlántico hacia Europa.

    En febrero del año pasado, la policía colombiana interceptó la llamada de un individuo sospechoso de traficar droga.  Estaba organizando una venta al por mayor de cocaína a un comprador en México. El tipo alardeaba de que tenía una cantidad importante disponible; un producto que podía entregar en Denver, Miami y por todo el Caribe.

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    Por Jonny Wrate (OCCRP), David Espino (El Universal), Jody García (Plaza Pública), Angélica Medinilla (Agencia Ocote), Enrique García (Ojoconmipisto), Víctor Méndez (Narcodiario), Arthur Debruyne, Yelle Tieleman (Follow the Money), Brecht Castel (The Knack), Juanita Vélez

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    Apenas una década antes, las drogas venían siempre de Colombia o de las regiones andinas de Perú o Bolivia. Pero los tiempos han cambiado. La coca de la que hablaba el sospechoso había sido cultivada en Guatemala, un país a 2,000 kilómetros al noroeste de los grandes países productores y que tradicionalmente ha servido de punto de parada para los traficantes.

    La coca «dio buen resultado», le dijo el hombre a una persona que parecía ser su socio en el negocio, indica la transcripción de la llamada interceptada. El hombre aseguró que tenía «un centenar de cajas de zapatos blancos de alta gama» –código que se usa para hablar de kilos de cocaína- así como «cocineros» listos para empezar a trabajar en Guatemala y México.

    La conversación, identificada en la filtración masiva de correos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, es una prueba más de una tendencia, tan nueva como poco conocida, que está reestructurando el tráfico global de cocaína: la relocalización de la producción más allá de las zonas andinas tradicionales hacia Centroamérica.

    Esta evolución ha sido impulsada por varios factores, especialmente por la fragmentación de los grupos que controlaban el tráfico. Tras el acuerdo de paz de 2016, el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abrió la producción de cocaína tanto a grupos nuevos como a otros ya establecidos, que experimentaron con nuevas técnicas y cadenas de suministro. Las conversaciones interceptadas a este individuo en Bogotá, por ejemplo, fueron grabadas durante una investigación sobre un grupo disidente de las FARC.

    Para una mejor comprensión de la tendencia, OCCRP y sus socios han analizado los documentos filtrados, que han corroborado con documentos judiciales, entrevistas con expertos y reportería sobre el terreno en cinco países.

    Datos obtenidos del ministerio del Interior de Guatemala mediante una solicitud de información pública muestran que el cultivo de coca se ha disparado desde que en 2018 se informó sobre la primera plantación detectada en el país. Una expansión similar se está produciendo en países vecinos, como Honduras y México, según muestran datos de esos países, mientras que Belice detectó en diciembre de 2022 la primera plantación de coca en su territorio.

    Distribución de las plantaciones de coca detectadas por las autoridades en Centroamérica desde 2017.

    Los periodistas descubrieron que, lejos de salir perdedores con esta nueva tendencia, los colombianos -que históricamente han controlado grandes porciones del tráfico- están exportando su experticia y haciéndose un nicho con los nuevos desarrollos en Centroamérica y más allá.

    Esta investigación muestra cómo el procesamiento de la cocaína también está siendo relocalizado. En paralelo al aumento de la demanda en Europa, Asia y África, los laboratorios han empezado a dejar atrás Colombia y a cruzar el Atlántico. Decenas de nuevos laboratorios son localizados cada año en Europa Occidental. Uno de estos, descubierto en Países Bajos y dirigido por un traficante colombiano conocido como ‘el Rey de la heroína de Nueva Jersey’, podía producir hasta 200 kilos de cocaína al día.

    La aparición de laboratorios en Europa y en otros lugares se ha visto facilitada por técnicas innovadoras de transporte, entre ellas métodos sofisticados para camuflar cocaína líquida en prendas textiles u otros materiales, lo que hace que esos envíos sean más difíciles de detectar.

    El tráfico de drogas ha vivido un «momento de innovación» en los últimos años, que va desde «cómo mejorar las redes, el uso de las herramientas y las redes sociales para comprar mayores cantidades», explicó Leonardo Correa, coordinador del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de las Naciones Unidas a OCCRP.

    Cuando se produjo el desarme de las FARC, grupos de disidentes mantuvieron sus intereses en el tráfico de drogas, señalan los expertos. Mientras tanto, otras bandas, como los albaneses o los serbios, han incrementado su presencia.

    El resultado es que el tráfico de cocaína está ahora «mucho menos centralizado», explicó Laurent Laniel, analista en el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías.

    «Más gente está implicada y eso genera más oportunidades de hacer contactos y más ideas sobre rutas y métodos de tráfico», añadió Laniel.

    De la mano de estos nuevos territorios de cultivo, la llegada de la planta de coca amenaza con más oleadas de violencia sobre comunidades que llevan décadas sufriendo a manos de los narcotraficantes o de las autoridades estatales.

    Cómo en Guatemala se empieza a producir pasta para cocaína

    La historia de la cocaína

    Después de que los europeos comenzaron a extraer el alcaloide de las hojas de coca en el siglo XIX, la popularidad de la droga se disparó, apareciendo en productos comerciales como remedio para el dolor de garganta o la Coca-Cola.

    Hace un siglo, los Países Bajos eran el mayor productor mundial de cocaína. Después de que Estados Unidos prohibiera esa droga en la primera mitad del siglo XX, la cocaína era traficada desde laboratorios legales en Europa a través de Colombia y Honduras.

    El resto del mundo siguió a Estados Unidos en su veto a la cocaína. Pero la popularidad de la droga le abrió una oportunidad al crimen organizado para responder a la demanda – y ganar millones.

    Desde la prohibición, la producción de cocaína se ha concentrado históricamente en tres países andinos –Colombia, Perú y Bolivia– donde la planta es considerada sagrada por algunas comunidades indígenas.

    Perú fue durante un tiempo epicentro de la producción ilegal, hasta que las políticas antidrogas de Estados Unidos llevaron a los traficantes colombianos a recortar el riesgo cultivando la planta en su propio país. El aumento de incautaciones en el marco de la «Guerra contra las Drogas» los empujó después a enviar la droga al norte por tierra a través de México y Centroamérica.

    Desde entonces, el tráfico ha animado a poderosos grupos criminales, que en ocasiones son cómplices de las autoridades. En 2022, por ejemplo, el antiguo presidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos, donde las autoridades lo acusan de proteger a un narcotraficante que tenía un laboratorio de cocaína en el país.  Su juicio está programado para el próximo año.

    Los nuevos confines de la cocaína

    Ubicado entre densos bosques y plantaciones de café en la verde región mexicana de Costa Grande, el pueblo de El Porvenir parece, a primera vista, abandonado. Con apenas una docena de casas, sus escasas calles están desiertas y su cancha de baloncesto languidecía al sol cuando los reporteros lo visitaron la primavera pasada.

    Pero este apacible pueblo se asienta en uno de los numerosos nuevos territorios fijados por un narcotráfico en expansión.

    Una casa en El Porvenir, un pueblo del estado mexicano de Guerrero donde se han multiplicado los cultivos de coca.

    Durante décadas, las comunidades locales han plantado cannabis y amapola en esa región, junto con otros cultivos como cocos o mangos. Pero tras el hundimiento de los precios del café en la década de los 90, los cultivos ilegales se convirtieron en una de las pocas opciones rentables. Hoy, con los precios del opio hundiéndose a causa de un cambio de consumo en Estados Unidos hacia el fentanilo, muchos ponen sus esperanzas en la coca.

    «Es una nueva economía: diversificación de los cultivos ilícitos», dijo Arturo García Jiménez, un líder comunitario, a El Universal, medio aliado de OCCRP.

    De las 171 plantaciones de hoja de coca destruidas en México entre 2020 y 2023, solo 13 no se encontraban en la región de Costa Grande, en el estado de Guerrero, según información de los militares mexicanos. La mayoría estaban localizadas en ‘ejidos’, áreas de propiedad comunitaria como El Porvenir.

    Los narcotraficantes en la región imponen la expresión latinoamericana «plata o plomo». Es decir, o cooperas o mueres. Investigaciones académicas y periodísticas muestran cómo estos grupos suelen amenazar a miembros relevantes de esas comunidades, como médicos o profesores, antes de abandonar cuerpos mutilados en las cunetas, así como asesinar y secuestrar a los que no se someten o pagan su ‘impuesto’.

    Para muchos residentes, es mucho más seguro trabajar a las órdenes de las bandas, explicó García. Al ser los únicos compradores de la producción, los grupos criminales pueden ordenar qué cultivos ilegales quieren y cuánto van a pagar por ellos.

    El líder comunitario explicó a OCCRP que, años atrás, un trío de colombianos llegó a la zona. Cree que trajeron las plantas de coca que ahora han proliferado, y que posteriormente compraban las hojas a los cultivadores.

    «Ellos son técnicos. No les importaba el rendimiento y la calidad», explicó García a OCCRP. «Lo que quieren es producir y producir».

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    El tráfico de cocaína sigue una senda de asesinatos y desplazamientos forzados conforme los distintos grupos compiten por el control territorial. En marzo, el comisario de Corrales, un ejido a 15 kilómetros al norte de El Porvenir, dijo al periódico mexicano Milenio que la población entera de una de sus comunidades había huido después de que un grupo criminal que no identificó secuestrara e hiciera desaparecer a tres personas.

    Milenio identificó Corrales como uno de los numerosos ejidos que han caído bajo el control de un grupo criminal conocido como La Familia Michoacana, conocida por sus ejecuciones y decapitaciones. Después de que los vecinos huyeran, el Ejército mexicano destruyó casi una hectárea de coca en el ejido, muestran datos obtenidos por OCCRP.

    En El Porvenir, el Ejército irrumpió buscando coca en septiembre del año pasado. Un cultivador local de café recuerda cómo el pueblo “se llenó de soldados” y cómo los drones sobrevolaban sus cabezas durante las redadas. Cuando los militares se fueron, cuenta, los campesinos simplemente trasladaron las plantas montaña arriba.

    «El cultivo se va a quedar», indicó García. «La destrucción que está haciendo el Ejército es simbólica en comparación con el territorio cultivado».

    Efecto «globo»

    La relocalización realizada por los cultivadores de El Porvenir es un ejemplo a pequeña escala de lo que los expertos denominan el «efecto globo». Si se presiona la producción de cocaína en un lugar, simplemente se va a mover hacia otra zona, como si fuera el aire en un globo. Si se aplasta a un grupo criminal, otro aparecerá para ocupar su lugar.

    Dinámicas similares están en parte detrás del auge de la producción en Centroamérica. Para cuando se produjo el acuerdo de paz con las FARC, por ejemplo, el grupo rebelde controlaba el 40 por ciento del comercio global de cocaína, según una estimación del centro de pensamiento y medio de comunicación InSight Crime. Pero en lugar de perjudicar la producción, la división del grupo rebelde creó lo que la agencia antidrogas de la ONU describió como un «mercado libre» más competitivo, diverso y compartimentado.

    «Hay una especie de vacío en el mercado que no sólo afecta a Colombia», dijo Correa, coordinador del SIMCI. «Los territorios, las rutas que tenían las FARC, eso sí se interrumpió… y dio lugar a que se piense que es posible hacer esto en otras partes».

    Los incentivos económicos también han ayudado a impulsar el cultivo hacia el norte. Correa dijo que un kilogramo de cocaína se vende en Colombia por 1,700 dólares mientras que podía alcanzar los 15,000 dólares cuando llega a Centroamérica. Al producir cocaína más cerca del punto de venta, los traficantes pueden beneficiarse de precios más altos y al mismo tiempo evitar gastos de transporte y otros costos, así como reducir los riesgos de que su producto sea incautado en tránsito.

    Países que solían servir principalmente como puntos de tránsito ahora se están convirtiendo en productores, y el cultivo a menudo se concentra a lo largo de rutas de tráfico establecidas en áreas remotas u otros lugares donde la presencia del Estado es limitada.

    Miembros del ejército guatemalteco erradicando arbustos de coca en una operación en el departamento de Izabal en agosto de 2022.

    En Honduras, tras el golpe militar del 2009, la producción de cocaína creció rápidamente en las regiones de Colón y Olancho, ambos puntos clave en la ruta tradicional de la droga hacia el norte. El análisis de OCCRP muestra que en Guatemala, sólo dos de las 217 plantaciones de coca encontradas entre 2018 y finales de 2022 no estaban en el noreste, una zona escasamente poblada, específicamente en la región de Izabal, conocida desde hace mucho tiempo como base de operaciones para los traficantes locales.

    A veces, este cultivo se introduce de manera velada. Alan Ajiatas, fiscal especial de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad de Guatemala, dijo a Guatemala Leaks – socio de OCCRP – que su oficina está investigando casos en los que el cultivo fue introducido a los agricultores sin que les revelaran que era coca.

    «Les dijeron: ‘es un producto que les va a servir y les vamos a pagar por el resultado mucho’», indicó Ajiatas. «Entonces la gente comenzó a sembrar desconociendo qué era».

    Estos nuevos cultivadores aún están muy lejos de los productores andinos. La agencia antidrogas de la ONU estima que el año pasado se plantaron 230.000 hectáreas de coca en Colombia, lo que equivaldría a más del dos por ciento de la superficie total de Guatemala. A finales del año pasado, las autoridades guatemaltecas sólo habían destruido unas 110 hectáreas de cultivo y las mexicanas unas 39.

    Pero la producción está en constante expansión. Los productores experimentan con los cultivos para ver dónde se afianzan, explican expertos y autoridades. Algunas plantaciones han surgido en lugares como las selvas de Panamá o el montañoso estado mexicano de Chiapas, para luego desaparecer. Este año también se encontró coca por primera vez en rincones remotos del estado mexicano de Michoacán.

    «Buscan lugares donde se pueda desarrollar mejor este cultivo», dijo a El Universal Ludwig Reynoso, secretario general del Gobierno del Estado de Guerrero, que precisó que el producto local «todavía no tiene la calidad necesaria, como la coca que se siembra en Colombia».

    Y no es sólo el cultivo el que está cambiando, como lo demuestran acontecimientos recientes al otro lado del Atlántico.

    Los cocineros trotamundos de Colombia

    En julio de 2020, un grupo de colombianos llegó en un autobús con los vidrios oscuros a una escuela de equitación en el pueblo holandés de Nijeveen.

    Dentro de los establos les esperaban sus nuevos jefes, un grupo criminal de 10 individuos basados en los Países Bajos. Habían construido el laboratorio de cocaína más grande jamás visto por las autoridades, capaz de producir hasta 200 kilogramos de droga por día, según muestra el expediente de la Fiscalía y la posterior condena.

    El 11 de agosto de 2020, la policía holandesa detectó el mayor laboratorio de cocaína jamás encontrado en el país. Se escondía en una escuela de equitación en el pueblo de Nijeveen.

    Por lo menos 13 colombianos – 11 de los cuales llegaron en avión para ese trabajo – pasarían los siguientes 10 días extrayendo, procesando y empaquetando una cantidad equivalente a una tonelada métrica de cocaína, indicó la Fiscalía. Al llegar, les dijeron que entregaran sus teléfonos y los encerraron, indican sus testimonios.

    Los cocineros trabajaron para un compatriota colombiano, Alejandro Cleves Ossa, quien a su vez respondía a los líderes afincados en Holanda, indica la orden de captura.

    El colombiano Alejandro Cleves Ossa, condenado por administrar un laboratorio de cocaína en una escuela de equitación en Nijeveen, un pueblo holandés.

    Cleves, que a los 23 años ya había sido apodado el ‘Rey de la heroína de Nueva Jersey’, había sido extraditado de Colombia a Estados Unidos y encarcelado por tráfico de drogas en 2010. Le concedieron libertad anticipada en 2018. A los dos años, se había mudado a los Países Bajos para coordinar la producción de cocaína en representación de un capo en Colombia, revela un documento de la policía holandesa obtenido por Follow the Money, socio de OCCRP.

    Las autoridades holandesas hicieron una redada en la escuela de equitación de Nijeveen en agosto de 2020. Cleves fue declarado culpable en marzo de 2022 y condenado a cuatro años de prisión. No respondió a un cuestionario sobre su pena y si iba a apelar.

    El sumario del caso ofrece una visión inédita del funcionamiento de estos nuevos laboratorios, que desde hace una década empezaron a aparecer con mayor frecuencia fuera de Sudamérica, algunos de ellos en lugares tan remotos como Australia y Senegal. La policía holandesa ha desmantelado más de 60 laboratorios de este tipo desde 2018.

    Mensajes encriptados, intercambiados en la ya desaparecida herramienta de comunicaciones EncroChat, hackeada por la policía y citados en la orden de arresto, muestran que la banda, basada en los Países Bajos, había recorrido una variedad de sitios antes de decidirse por la escuela de equitación.

    «El lugar es perfecto», le escribió un miembro del grupo a su suministrador de cocaína en Colombia.

    «Ahora nos podemos volver locos», respondió el hombre.

    Mensajes posteriores sugieren que el proveedor colombiano envió más de 1.5 millones de euros a sus socios en los Países Bajos para invertir en el laboratorio, aunque el documento judicial no indica si finalmente la transferencia se realizó.

    Para al menos uno de los miembros de la organización holandesa, este era su primer intento para entrar en el negocio de la cocaína tras llevar varios años operando un laboratorio de metanfetamina en los Países Bajos con unos mexicanos. La búsqueda de alternativas más rentables le hizo volverse «adicto» a la idea de procesar cocaína ya que ahí estaba «el dinero real», indica su sentencia, que cita sus mensajes de EncroChat.

    La organización holandesa que construyó el laboratorio de Nijeveen —uno de los tres que manejaban, según la orden de captura— añadió una capa de sofisticación tecnológica extra al proceso: incorporaron generadores industriales y calderas hechas a medida y, además, insonorizaron los establos y los equiparon con un sistema de purificación de aire para evitar que los olores químicos llamaran la atención.

    No está claro cuánto costó el laboratorio, pero dos expertos entrevistados por OCCRP estimaron que construir instalaciones similares podría costar entre 200,000 y 500,000 euros. En los chats hackeados citados por la policía, un miembro holandés de la banda especuló que su jefe había invertido un total de 2 millones de dólares en uno de sus laboratorios.

    Distribución de laboratorios de cocaína detectados en las provincias de los Países Bajos entre 2021 y 2022. Datos de la policía neerlandesa.

    La ubicación ofrecía otra ventaja. En Sudamérica, los productores de drogas suelen tener dificultades para obtener precursores químicos de alta calidad, como el permanganato de potasio. Pero en la Unión Europea, los grupos criminales, que cuentan a menudo con décadas de experiencia en la producción de drogas sintéticas, pueden obtener las sustancias químicas directamente de productores legales.

    Varias condenas en tribunales holandeses por casos similares muestran que estas compras a menudo son manejadas por intermediarios que afirman que los productos químicos se utilizarán para actividades legales como la restauración de arte.

    Los chats hackeados del caso Nijeveen muestran que miembros de organizaciones holandesas hablaban de gastar entre 300,000 y 400,000 euros en «líquidos», una referencia a precursores químicos, cuando el laboratorio estaba en construcción.

    «Los holandeses lo tienen todo, puertos, redes de distribución, ubicaciones, productos químicos. Pero carecen de experiencia. Los colombianos tienen el producto y la experiencia», explicó a OCCRP Martin van Nes, fiscal principal de tráfico de cocaína en los Países Bajos. «Se podría decir que es casi un matrimonio de conveniencia».

    Los periodistas han descubierto que esta experticia es un producto de exportación apetecido. El traficante radicado en Bogotá cuyo teléfono fue interceptado no sólo envió un equipo de «cocineros» a Guatemala para procesar su cocaína centroamericana, sino que también habló de mandarlos a trabajar a Amsterdam.

    Otros han sido enviados a hacer trabajos similares en España. Un cocinero de cocaína colombiano que trabajaba en un laboratorio en las afueras de Madrid le dijo a Narcodiario —socio español de OCCRP— que lo contrataron para gestionar un equipo de seis personas y le pagaron alrededor de 450 euros por «unidad», que es como se suele denominar cada kilogramo producido. (Más detalles en el recuadro).

    «Es lo que sabemos hacer bien», dijo el cocinero, hablando bajo condición de anonimato. «Nací en una región donde esto es el día a día de cada familia y se aprende antes a trabajar con la coca que a leer o escribir».

    La «base miserable» del tráfico de cocaína

    Los «cocineros» de cocaína trabajan en unas condiciones que las autoridades califican de insalubres e inhumanas. Los turnos son largos y los trabajadores a menudo duermen y comen en los sitios de producción.

    Narcodiario, socio de OCCRP, entrevistó a un colombiano que llegó a España para procesar cocaína. Dijo que había estado fabricando la droga desde que era niño, y que aceptó el trabajo en parte porque: «Es lo que sabemos hacer bien».

    Explicó que un amigo de la región del Putumayo, al sur de Colombia, lo recomendó. Antes de viajar, la banda le pidió el pasaporte y le gestionó todos los vuelos y la documentación.

    «Sólo me trasladé a Cali, donde en una agencia de viajes te entregan tickets de avión, Bogotá-París, París-Portugal. Viajas como turista y no tienes que hacer nada, están todos los documentos preparados», añadió.

    Dijo que lo recogieron de madrugada en Madrid y lo llevaron a una granja, donde pasó 15 días viviendo y trabajando en el laboratorio. Los gases podían ser intensos: «Tienes que salir a respirar, aunque ya estamos muy acostumbrados».

    No se les permitían las comunicaciones, recordó, y compartían habitaciones con literas. Un cocinero les preparaba arroz, carne y papas.

    El trabajo puede ser peligroso: un laboratorio clandestino en los Países Bajos explotó en marzo de 2020, matando un rebaño de ovejas y contaminando el aire y el suelo a su alrededor.

    Pocos de los beneficios de ese negocio llegan a los cocineros. Los colombianos detenidos en un laboratorio en Galicia, en el noroeste de España, dijeron a la policía que apenas les habían prometido unos pocos miles de euros por el trabajo.

    «Son la base miserable de este criminal negocio que genera miles de millones de euros de beneficios», declaró a OCCRP Emilio Rodríguez Ramos, inspector jefe de los Grupos de Respuesta contra el Crimen Organizado en Galicia.

    El hombre afincado en Bogotá al que la policía colombiana interceptó sus comunicaciones ofreció otro ejemplo de maltrato. Después de que los cocineros que mandó a Guatemala empezaran a negociar directamente sus salarios con un cliente mexicano, les amenazó con quitarles el pasaporte. «Deben entender que son empleados», le dijo a otro miembro de la banda, según la transcripción de la escucha.

    Cargamentos camuflados

    La transformación en la producción y elaboración de cocaína se ha visto impulsada por unos métodos de transporte cada vez más sofisticados.

    Gran parte de la pasta base de cocaína llega a Europa oculta en productos legales. Esto puede implicar mezclarla en plástico fundido que luego se vuelve a moldear o disolver la cocaína en líquidos y verter la mezcla para «impregnarla» en ropa u otros materiales.

    El uso de estas técnicas, que aparecieron por primera vez a principios de la década de 2000, han aumentado considerablemente en los últimos cuatro años, señala Jorrit van den Berg, científico forense holandés.

    «La escala de estas operaciones también ha aumentado», afirma van den Berg. «El contrabando de cocaína en material de transporte se ha convertido en un segundo gran flujo hacia Europa».

    Laboratorios desmantelados por la policía española.

    «Cees», un holandés de 44 años condenado en 2021 por dirigir un laboratorio de metanfetamina en el que empleaba a cocineros latinoamericanos, le dijo a OCCRP que también se había planteado montar un laboratorio para extraer cocaína de materiales impregnados. La idea, señaló, era evitar costes -como tener que sobornar a funcionarios portuarios o pagar a personas para que forzaran los contenedores de transporte- y compensar así las recientes caídas de precios debidas a la sobreproducción en Colombia.

    «Tiene más sentido desde el punto de vista económico», dijo Cees a OCCRP, que aceptó ser identificado sólo por su apodo. «Han estado produciendo tanto [en Sudamérica] que los precios al por mayor han bajado».

    En una investigación conjunta con autoridades británicas y holandesas, los fiscales colombianos le siguieron la pista a un grupo delictivo transnacional que planeaba exportar cocaína mezclada con productos como aceite de palma, carbón vegetal, café y fertilizantes. No está claro si estos planes se llevaron a cabo.

    Según un informe interno que resume las conclusiones de la investigación, un dúo de químicos formado por padre e hijo ayudaba a procesar la cocaína y luego la insertaba en estos productos legales en laboratorios clandestinos colombianos. Antes de exportar la droga, la banda enviaba cargamentos de prueba de carbón sin adulterar a puertos europeos para testear los controles aduaneros de cada país. Ambos fueron detenidos, en un operativo donde 27 personas fueron arrestadas, de las que 19 están apelando.

    Una vez al otro lado del océano, la droga se extrae mediante técnicas como el lavado con agua y disolventes del material portador impregnado. En el laboratorio de Nijeveen, el equipo extrajo primero la base de cocaína del carbón en el que se había mezclado y luego la cristalizó antes de envasarla, dejándola lista para la venta. Jorrit van den Berg, el científico holandés, explicó a OCCRP que la sofisticada naturaleza de este tipo de camuflaje ha hecho que algunas de las técnicas de detección estándar resulten ineficaces.

    Sacos de carbón vegetal impregnado de cocaína incautados por las autoridades españolas en Medina del Campo, Valladolid, en abril de 2021.

    Pero acertar con la receta no es fácil. Un grupo de traficantes, conocido en los medios de comunicación como el «cártel de Morfhox», experimentó con formas novedosas de eludir la detección en sus envíos a Estados Unidos y Europa, incluido el envío de un kilogramo de cocaína líquida a las Bahamas, destaca una acusación colombiana contra el grupo.

    Sin embargo, cuando un miembro de la banda en las Bahamas intentó devolver la droga a su estado original después de que le enseñaran la «fórmula» perfecta, solo consiguió extraer 40 gramos. Decenas de miembros del grupo fueron detenidos en Colombia en 2018 (él y otras personas están apelando).

    Freek Pecht, coordinador antidrogas de la policía holandesa, explicó que los colombianos que llegan a Europa eran a menudo los mismos que escondían la cocaína en el material portador impregnado, porque conocían el «código específico» para «desbloquear» los envíos.

    «Si manipulas con esa receta y las cosas van mal, obtendrás un rendimiento mucho menor o dañarás todo el lote y te quedarás sin nada», declaró a Knack, colaborador de OCCRP.

    Este año, la policía española desmanteló un laboratorio en Galicia, en el noroeste del país. En Europa es la primera estructura de gran tamaño en la que se produce directamente cocaína a partir de un cargamento de pasta base, el rudimentario producto elaborado por los propios cultivadores.

    Como en Nijeveen, el laboratorio gallego podía producir hasta 200 kilos de cocaína al día.

    Distribución de laboratorios de cocaína detectados en municipios españoles entre 2012 y 2022. Datos obtenidos del Ministerio del Interior mediante solicitud de información por InfoLibre.

    La pasta base de coca es más barata que los productos más trabajados. Como resultado, procesarla hasta convertirla en cocaína en Europa reduce las pérdidas si un cargamento es incautado. También supone un mayor margen de beneficio del lado europeo, donde mil kilos de cocaína pueden generar hasta 80 millones de dólares, afirma un análisis de Global Initiative, una organización no gubernamental enfocada en el crimen organizado.

    «El fenómeno se va a extender de forma exponencial debido fundamentalmente a lo rentable del negocio», explicó Emilio Rodríguez Ramos, jefe del grupo de policías españoles que descubrieron el laboratorio, a Narcodiario.

    Van Nes, el fiscal neerlandés, dijo que las autoridades en Amberes y Rotterdam han estado incautando mucha más cocaína en los últimos años, y que es lógico que los narcotraficantes reaccionen. Intentan «repartir el riesgo, igual que lo haría cualquier inversor de bolsa sensato», variando métodos, rutas y puertos.

    «Entre las organizaciones criminales y las fuerzas de seguridad es el juego de nunca acabar del gato y el ratón», recalcó.

    Análisis de datos por Ignacia Velasco.

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    Sobre el proyecto

    Este artículo es parte de ‘NarcoFiles: el nuevo orden criminal’, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, que explora cómo innova y cómo se extiende por el mundo.

    El proyecto, liderado por OCCRP con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con medios de todo el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.

     

  • Cómo en Guatemala se empieza a producir pasta para cocaína

    Cómo en Guatemala se empieza a producir pasta para cocaína

    Guatemala se enfrenta a la siembra de coca desde 2018, cuando se localizó la primera plantación. Cinco años después, el país da indicios de empezar a producir pasta base de cocaína. Las autoridades aún no capturan a ningún narcotraficante vinculado a la siembra, sólo algunos campesinos.

    «Lo que se sembró en Guatemala dio buen resultado», dice una persona identificada con un seudónimo en el expediente al que tuvo acceso Guatemala Leaks.

    La llamada fue interceptada en enero de 2022 en una investigación iniciada hace meses por la Fiscalía de Colombia. Las escuchas captaron el momento en el que dos personas investigadas por narcotráfico discutían sobre los resultados de experimentos con siembra de hoja de coca en Guatemala, un fenómeno identificado en territorio nacional por primera vez en 2018.

    Elementos antinarcóticos hicieron un reconocimiento de sembradillo de coca en la selva del Paraje Nueva Libertad Ixla, del Municipio de Cobán, Alta Verapaz. Fuente: Subdirección General de Información Antinarcótica

    En el audio quedó registrada una frase que podría tener impacto en la economía y seguridad de Guatemala: el cultivo de la materia prima para la elaboración de cocaína superó la fase de experimentación y alcanzó los «estándares de calidad» de grupos de narcotráfico vinculados a estructuras colombianas, donde además de Bolivia, Ecuador y Perú, históricamente se ha sembrado hoja de coca para la elaboración de la droga.

    Del cuartel al cártel: el coronel que ayudó a Jalisco Nueva Generación a trasegar cocaína

    La llamada es una de las pruebas más relevantes tras un fenómeno que las autoridades guatemaltecas descubrieron en 2018: el país ya no es solo un corredor para el tránsito de drogas que vienen del sur, principalmente desde Colombia, y se transportan hasta México y Estados Unidos. 

    En Guatemala grupos de crimen organizado transnacional, que todavía no han sido identificados por el Ministerio Público, experimentaron con éxito sembrar hoja de coca en el norte del país, específicamente entre Izabal, Alta Verapaz y Petén, una región que se caracteriza por ser cálida, montañosa y de lluvia abundante. La principal variante de la planta encontrada en Guatemala proviene de Perú y fue vista por primera vez en Centroamérica en 2013, específicamente en Panamá.

    La Policía Nacional Civil localizó y erradicó plantaciones de coca en Aldea las Pavas, municipio de Puerto Barrios, Izabal. Fuente: Subdirección General de Información Antinarcótica

    Honduras, que ya es considerado un «narco-Estado», vive una situación similar; en 2017 se descubrieron las primeras plantaciones, las erradicaciones van en aumento con los años sin que hasta la fecha se reporte una captura relevante para conocer las redes criminales detrás. Mientras tanto, en abril de 2022, Juan Orlando Hernández, expresidente de ese país, fue extraditado a Estados Unidos por una acusación de haber facilitado, durante sus dos períodos como gobernante, el traslado de miles de kilos de cocaína hasta el país norteamericano a cambio de ganancias millonarias.

    El inicio

    Las primeras cosechas de hojas de coca erradicadas en Guatemala, 74 mil 368 matas, fueron descubiertas en 2018 en Alta Verapaz, al noroccidente del país. 

    Desde entonces hasta marzo de 2023, las autoridades han incautado 11 millones 360 mil 266 matas de arbustos de hoja de coca. «En Guatemala el cultivo de coca ya es algo formal y establecido», asegura el coronel Rubén Téllez, vocero del Ejército del país centroamericano. 

    El Ministerio de la Defensa es parte del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala (CICNAG), que junto al Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, coordinan las acciones contra el narcotráfico en el país. Esta unidad fue creada en 2022, en el apogeo del cultivo de coca.

    Las hectáreas de hojas de coca han sido localizadas especialmente en un corredor cercano a la Franja Transversal del Norte, entre Alta Verapaz, Izabal y Petén, climas semitropicales que favorecen su crecimiento. Sin embargo, el área no es exclusiva. Este año se descubrió una plantación en Chiquimula, un hallazgo inusual que señala que ya se está expandiendo a otras regiones más calurosas del país.

    El aumento de los sembradíos ha sorprendido a las autoridades que, según entrevistas con la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional Civil, carecían de capacidades técnicas para identificar la hoja y comprender el fenómeno. Han buscado asesoría de Colombia y Perú, y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito (UNODC) sobre cómo operan estas estructuras y qué herramientas legales y tecnológicas se utilizan para combatirla. 

    Funcionarios del Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, a través del trabajo estratégico coordinado en el Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala (CICNAG). Fuente: Ministerio Público

    Tanto en Guatemala como en Honduras se ha identificado que las estructuras de narcotráfico envían a integrantes colombianos para explorar los terrenos donde se realizará la siembra y que al cosechar la planta «capacitan» a personas centroamericanas en la preparación de la pasta.

    Con estos hallazgos el país da muestras de haber empezado a producir pasta de coca, una mezcla de la planta combinada con cemento y combustible, el paso previo para la elaboración de clorhidrato de cocaína, el polvo blanco, un proceso que según las autoridades todavía no ocurre en Guatemala.

    En los últimos cinco años, desde que se detectó la primera siembra, cerca de las plantaciones se han localizado 30 estructuras rústicas hechas de palos y nylon donde se elabora pasta de coca, un compuesto entre las hojas, gasolina y cemento, o thiner y cal. Pese a eso hasta la fecha no se han encontrado narcolaboratorios sofisticados que arrojen indicios de que en Guatemala se elabore clorhidrato de cocaína (el polvo blanco que se consume).

    «Hemos encontrado covachas donde se hace el primer proceso, es decir la pasta o la base para la elaboración de cocaína», explica Alan Ajiatas, subjefe de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad de Guatemala. Esta pasta es trasladada hacia el norte, México y Estados Unidos, agrega.

    Unidades del ejército, agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil llevaron a cabo un operativo de erradicación e incineración de arbustos de hoja de coca en la comunidad El Pilar, de San Luis, Petén. Fuente: Ejército de Guatemala

    La Fiscalía de Delitos de Narcotráfico se reserva revelar si hay indicios de carteles mexicanos o colombianos detrás de las siembras. En escasas ocasiones la PNC ha capturado a agricultores en las plantaciones y solo uno de ellos fue condenado por un delito menor.

    Mientras el fenómeno crece, las autoridades todavía no pueden dimensionar el impacto social y económico que tendrá en el país, solo saben que podría cambiar las dinámicas de seguridad y podría incidir en el incremento de violencia por disputas de territorio. Lo que sí es certero es que los grupos de crimen organizado detrás están produciendo la base para la cocaína en Guatemala y Honduras y acortando su frontera con México y Estados Unidos, lo que supone ahorrarse la mitad del camino en el tráfico y abaratar sus costos.

    Guatemala es territorio fértil para la coca

    Los departamentos de Izabal, Petén y Alta Verapaz son los lugares con más erradicaciones de arbustos de coca en los últimos cinco años. Aunque también se han localizado algunas plantaciones en Zacapa, Chiquimula y Santa Rosa. El MP determinó que el 90% de las siembras de hoja de coca en el país son de la variante peruana, que es la que mejor se adapta a las condiciones agrícolas y climáticas.

    El subjefe de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad señala que la mayoría de los terrenos donde localizan hoja de coca no les pertenecen a propietarios particulares, están en zonas no controladas, áreas protegidas, tierras municipales o pertenecientes al Estado.

    En la Sierra Santa Cruz, un área de protección especial, detectaron plantaciones de hoja de coca en 2019. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) incluye a esta sierra en el listado de lugares de conservación. Es la fase previa a presentar su declaratoria en el Congreso para convertirlas en área protegida. Mientras no sea reconocida como tal, sigue vulnerable a la deforestación, invasiones y mal uso de los recursos naturales.

    Más de 226 mil arbustos de hoja de coca erradicados en un área montañosa de Concepción Las Minas, Chiquimula. Fuente: Policía Nacional Civil

    La Sierra Santa Cruz se ubica en el municipio costero de Livingston, Izabal, a unos 460 kilómetros de distancia de la ciudad de Guatemala. Este territorio es una selva lluviosa tropical. Según la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), en esta sierra viven alrededor de 50 comunidades, en su mayoría indígenas q’eqchi’es, quienes se dedican al cultivo de maíz, frijol, arroz y chile y en menor escala cardamomo, cacao, achiote y frutales. También son jornaleros en fincas ganaderas o plantaciones de monocultivos como palma africana y hule.

    La mayoría de las zonas de cultivo de coca se encuentra en comunidades de personas campesinas, con escasos recursos, donde hay poca presencia de fuerzas policiales y son de difícil acceso por vía terrestre o área. Helver Beltetón, jefe de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), reconoce que «grupos nacionales y de otros países contactan a personas campesinas en lugares donde hay poco acceso de las fuerzas de seguridad».

    Narcolaboratorio ubicado en Esquipulas, Chiquimula, en donde también ubicaron dos plantaciones de hoja de coca. Fuente: Ejército de Guatemala

    En 2014, una investigación de Connectas y Prensa Libre mostraba la problemática de la tala ilegal en Sierra Santa Cruz. La madera de rosul era codiciada debido a su alta demanda y cotización en el mercado asiático. En 2016, Fundaeco apuntaba que la importancia de esta sierra radica en que es una de las pocas regiones de Guatemala con un alto porcentaje de cobertura natural. 

    Cinco años después, la siembra de coca se convertiría en un problema en la Sierra Santa Cruz. 

    En septiembre de 2019, la PNC localizó las primeras plantaciones de coca en la Sierra Santa Cruz. Durante la pandemia por Covid-19, en mayo de 2020, la PNC reportó, de nuevo, erradicaciones de hoja de coca en ese sector. Un año después, en enero de 2021, también erradicaron arbustos.

    Pedro Arenas, especialista con 25 años de experiencia trabajando en el tema de políticas de drogas en Colombia y director de Viso Mutop, organización que monitorea programas de sustitución y de erradicación de cultivos declarados ilícitos, explica que la planta de hoja de coca es adaptable y resistente, sólo necesita sol y lluvia para crecer.

    «Excepto un frío exagerado, la planta puede adaptarse porque es muy resistente. Nosotros (en Colombia) la hemos encontrado en cercanías al nivel del mar, por las costas, hasta más o menos unos 1,800 metros sobre el nivel del mar. En temperaturas entre 14 grados a poco más de 30 grados de temperatura, donde hay buena luminosidad solar y lluvias», indica Arenas.

     

    El especialista colombiano apunta que no se requieren grandes conocimientos botánicos o tecnológicos para sembrar hoja de coca, más que los cuidados propios de cualquier otro cultivo: aplicar abono y fertilizantes, usar insecticidas.

    Arenas opina que las crisis políticas y económicas, aunado a la alta inestabilidad en países como Honduras y Guatemala, podrían generar un ambiente propicio para que grupos del crimen organizado se instalen en zonas donde el Estado tiene poco control. También explica que el mercado mundial de cocaína se mantiene y tiende a crecer.

    «En Honduras observamos que los grupos de narcotraficantes, que comercializan el producto hacia el norte del mundo estaban transportando preferiblemente pasta base de coca. En caso de caer en manos de las autoridades significa una menor pérdida económica», comenta Arenas.

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    ]En 2018, en Guatemala se desató una crisis política que pudo ser un detonante para que grupos del crimen organizado empezaran a sembrar coca en el país. El gobierno de Jimmy Morales puso fin al acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano independiente internacional que apoyaba la investigación del Ministerio Público. En conjunto, habían revelado casos de corrupción que involucraban a expresidentes, diputados, alcaldes y empresarios. 

    Ajiatas destaca que lo más cercano a un narcolaboratorio para producir cocaína, fue localizado en 2019 en Río Dulce, Livingston, Izabal. En este lugar descubrieron hoja de coca en campos cercanos, un área de dormitorios con literas para alrededor de 20 personas, un área para resguardar la pasta base y otro de clorhidrato, con microondas, plantas eléctricas y otros insumos que se necesitan. Pero todo estaba nuevo, aún no habían empezado la producción

    El caso todavía se encuentra en investigación. El fiscal confirma que ya tienen individualizados a sospechosos y estarían involucradas personas de nacionalidad colombiana, pero no brinda más detalles del grupo criminal o si está vinculado a un cartel del narcotráfico.

    En 2019 se localizó un narcolaboratorio y una plantación de arbusto de coca en la Sierra Santa Cruz, en Livingston, Izabal. Fuente: Policía Nacional Civil

    El fiscal recalca que el problema de la siembra de coca es un fenómeno regional; en los últimos años también empezaron a incrementarse los cultivos en Honduras y México. También reafirma que las estructuras están en constante cambio, se adaptan y mutan cuando se las detecta. En años anteriores, entre 2012 y 2015, la amapola era uno de los principales cultivos ilícitos, pero ahora la tendencia es a la baja.

    Machetes y drones para combatir la siembra

    Los policías que guían los operativos de erradicación son llamados gepesistas. Con machete en mano, un aparato de GPS y una bitácora emprenden el viaje hacia las plantaciones de hoja de coca. Pueden caminar hasta ocho horas para llegar a las zonas montañosas o selváticas de Izabal, Petén y Alta Verapaz.

    El equipo que participa en las erradicaciones se conforma por miembros de la SGAIA, soldados del Ejército y fiscales del MP. Los soldados y policías se encargan de arrancar de raíz, quemar los arbustos de hoja de coca y en algunos casos rociar con insecticidas. Mientras, los fiscales buscan evidencias para la investigación y dialogan con pobladores de las comunidades, si encuentran resistencia a la erradicación.

    En 2019 se localizó un narcolaboratorio y una plantación de arbusto de coca en la Sierra Santa Cruz, en Livingston, Izabal. Fuente: Policía Nacional Civil

    Téllez refiere que en cada operativo van entre 80 a 100 soldados, llevan machetes y carpas para acampar, porque las diligencias pueden extenderse por varios días. Cada unidad militar tiene un dron. También usan una aeronave no tripulada, similar a un dron, con un radio de 80 kilómetros de distancia, una cámara especial de visión nocturna, infrarrojos y mejor enfoque para captar imágenes.

    «El que aspira a ser gepesista tiene que poseer excelente condición física porque debe caminar bastante entre barrancos, terrenos agrestes, en la montaña, cerros, planicies, entre aproximadamente 15 a 20 kilómetros diarios, pero además debe dominar a cabalidad la lectura de mapas, el uso de la brújula y por supuesto el aparato GPS», comentó el policía Inocente Yajcal.

    Erradicación de arbustos de coca en aldea Jumaytepeque, Nueva Santa Rosa. Fuente: Subdirección General de Información Antinarcótica

    El fiscal Ajiata afirma que combaten la siembra de hoja de coca con rastreos aéreos, terrestres y reciben asesorías para implementar el uso de tecnología satelital. En Guatemala suelen localizar arbustos de hoja de coca dispersos en medio de milpa y en zonas boscosas, lo que dificulta detectar las plantaciones con imágenes satelitales.

    «En una hectárea podemos encontrar plantas dispersas, no como en los campos colombianos. No se pueden ver las plantaciones por imágenes áreas, incluso para Colombia es complicado determinar. El uso de la tecnología es primordial para hacer más efectivos (los operativos)», explica Ajiatas.

    El vocero del Ejército enfatiza en que han implementado tecnología con el uso de los drones para detectar las plantaciones, pero «al final de cuentas todo es trabajo a mano». Por las dificultades para llegar a los territorios, los soldados y policías no pueden ir en camiones o helicópteros y deben caminar largas distancias.

    Autoridades aún no detienen a narcos detrás de la siembra 

    El 1 de julio de 2020, las alarmas se encendieron. Reportaron algo que, en teoría, no ocurría en esa zona de Guatemala.

    Ese día ingresó una llamada a la línea 1184 de la SGAIA. Alguien denunció la existencia de una plantación de arbustos de hoja de coca en un terreno cercano a la aldea Jumaytepeque, en el municipio de Nueva Santa Rosa, departamento de Santa Rosa. No tenía sentido porque, de nuevo, en teoría, la zona no reunía las condiciones climatológicas para la siembra.

    Al llegar las fuerzas de seguridad junto con el Ministerio Público, se percataron de que las siembras estaban rodeadas de otras plantaciones y una separada de la otra, muy diferente en la forma que se cultiva en los países exportadores de cocaína. 

    El operativo tuvo dos resultados: la erradicación de 44 mil 344 arbustos de coca; y la captura de José Amaya Barrera de 61 años, quien estaba a cargo de la limpieza y cuidado del cultivo.

    En el operativo en Jumaytepeque, fue aprehendido un hombre de 61 años de edad: José Amaya Barrera de 61 años, quien estaba a cargo de la limpieza y cuidado del cultivo. Fuente: Subdirección General de Información Antinarcótica

    GuatemalaLeaks solicitó estadísticas de capturas en plantaciones y laboratorios para producción de pasta de coca, pero la PNC no brindó los datos. 

    Desde 2018, el MP y la PNC reportaron en sus cuentas institucionales de redes sociales sólo tres detenciones en laboratorios y plantaciones de coca. Los tres detenidos tienen un perfil más parecido al de Amaya que al de los grandes capos que lucran con el tráfico de drogas.

    En agosto de 2020, Ignacio Isaías Xol Coc fue detenido cuando se encontraba en un laboratorio de producción de pasta de coca, cercano a campos donde erradicaron arbustos de coca.

    A inicios de 2023, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad dirigió el proceso de inspección y destrucción de un pequeño laboratorio y plantaciones de coca ubicadas a más de 236 kilómetros de la ciudad capital, entre las aldeas de San Antonio 1 y San Francisco, del municipio de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz. 

    En el operativo capturaron a José Antonio Pop Rodríguez, de 41 años, quien almacenaba dos bolsas de base de coca y soda cáustica. La fiscalía determinó que esos eran insumos para la elaboración de pasta de cocaína. 

    El caso de Amaya y Xol fueron archivados, mientras que Pop fue sentenciado por encubrimiento propio el 19 de mayo de 202. Según el artículo 474 del Código Penal, la pena de este delito es de dos meses a tres años. Pop fue condenado a tres años de cárcel.

    «Hay algunos casos de gente que se captura en el lugar, otras investigaciones están en seguimiento», refiere Ajiatas sin dar casos puntuales. Su versión coincide con la de Helver Beltetón, jefe de la SGAIA de la PNC, quien indica que se realizan capturas por siembra y comercio de sustancias ilícitas.

    Agrega que en derecho penal es personalísimo y sus circunstancias pueden variar incluso por un mismo delito. «Un ejemplo de ello es que a alguien que le pagan 100 quetzales (13 dólares) por cuidar la siembra no se le va a imputar un delito grave» refiere el fiscal entrevistado.

    El territorio de la Sierra Santa Cruz está cubierto principalmente por bosques subtropicales húmedos. Fuente: José Cubur/CUC

    Tanto los investigadores de la PNC como los del MP señalan que las estructuras utilizan poblados donde viven personas con escasos recursos. Los entes involucrados en la investigación y erradicación del cultivo señalan que en estas zonas, generalmente alejadas a núcleos urbanos, no se tiene la suficiente fluidez comercial de otros productos —es decir, que por la lejanía no compensa sembrar productos como el maíz o el frijol—, por lo que los terrenos se convierten aptos para este tipo de cultivo de ilícitos.

    Según explica el fiscal de sección del MP, en ciertas zonas del país se requiere que la presencia de las fuerzas de seguridad sea más «robustas» ya que existe oposición de las comunidades. El investigador aclara que eso no significa que todos los pobladores apoyen la siembra de coca, ya que se detectó el caso en que una organización criminal se hizo pasar por una entidad no gubernamental para proponer sembrar un cultivo desconocido. En otras situaciones las personas de las comunidades no revelan las identidades de los dueños de las plantaciones de coca por temor a represalias. 

    «Se usan protocolos de diálogo para poder acceder a las áreas y es ahí en donde encontramos que utilizan terrenos no controlados y que no pertenecen a nadie» dijo Ajiatas. 

    «Uno de los indicios que encontramos es que cuando la población obstaculiza el trabajo policial o del Ejército es porque existen grupos de organizaciones (vinculadas al narco) detrás de ellos» aclara el jefe de la SGAIA.

    La versión coincide con la del MP. «Hemos tenido investigaciones que incluso se aprovechan de las personas de ciertas comunidades y les dicen que este tipo de cosechas les dará mayor rendimiento» expresa Ajiatas, y agrega que muchas veces los agricultores desconocen qué tipo de producto les dan para sembrar.

    Para los investigadores entrevistados existen indicios de la existencia de «más cabezas detrás de este tipo de acciones», pero saben que el tema es complejo porque convergen muchas cuestiones sociales en las comunidades, y eso complica la presencia de las fuerzas de seguridad.

    El presidente Alejandro Giammattei presume que su gobierno dejará un Ejército más equipado, profesional y con mejores capacidades. En agosto de este año, el presidente entregó cuatro vehículos tácticos blindados de última generación para incursionar en áreas de alto riesgo.

    A pesar del equipo y recursos tecnológicos, desde que se descubrió la primera plantación de hoja de coca, en 2018, Guatemala no ha capturado a ningún líder del crimen organizado vinculado a la siembra de hoja de coca o ha desarticulado estructuras criminales que quieren establecer un sistema de producción de coca en el país.

    Carlos Mendoza, director de la asociación civil Diálogos y quien fue comisionado para la revisión de la política de drogas en Guatemala en el periodo de 2014-2015, opina que el peligro de que Guatemala se convierta en un país productor de coca es que el crimen organizado llegue a controlar territorios y a sus pobladores, mayor ingobernabilidad, cooptación de las instituciones públicas y financiamiento electoral ilícito para garantizar políticos afines.

    Beltetón cree que las fuerzas de seguridad del Estado aún mantienen el control territorial. «Gracias a Dios y derivado de todas estas operaciones que se han hecho contra el narcotráfico, podemos decir que el control de los territorios lo tenemos nosotros hasta el momento. Hay mucho que hacer, todavía falta».

     

     

    Sobre el proyecto
    Este artículo es parte de ‘NarcoFiles: el nuevo orden criminal’, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, que explora cómo innova y cómo se extiende por el mundo.
    El proyecto, liderado por OCCRP con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con medios de todo el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.

     

  • Fiscalía de Texas: Diputado Ubico protegía cargamentos de cocaína

    Fiscalía de Texas: Diputado Ubico protegía cargamentos de cocaína

    Al menos tres narcotraficantes que colaboran con la justicia estadounidense y cuyas identidades se omiten señalaron que el diputado José Armando Ubico Aguilar recibió pagos de entre 40,000 y 50,000 dólares por coordinar con la Policía Nacional Civil (PNC) para que no patrullara cerca de las pistas donde aterrizaron aviones cargados con cocaína, señala la solicitud de extradición en su contra presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Texas, Estados Unidos.

    Veinte años después de haber sido condenado por narcotráfico por la Justicia estadounidense, el diputado José Armando Ubico Aguilar, representante de Sacatepéquez, vuelve a estar en la mira de la fiscalía estadounidense que requiere su extradición para ser juzgado por brindar protección a cargamentos de cocaína de varios narcotraficantes a sabiendas que esta sería enviada a los Estados Unidos.

    Según la solicitud de extradición realizada por la Fiscalía del Distrito Este de Texas, en diciembre pasado, tres narcotraficantes que colaboran con la justicia estadounidense, cuyas identidades se omiten y se identifican únicamente como TC-1, TC-2 y TC-3, señalaron que el diputado Ubico Aguilar brindó protección a varios cargamentos de cocaína provenientes de Colombia por los que recibió pagos de 40,000 a 50,000 dólares por cargamento.

    El diputado José Armando Ubico Aguilar

    Ubico Aguilar quien es diputado al Congreso de la República por el Partido Todos desde 2016 y prepara su reelección para el período 2024-2028, fue Presidente de la Comisión de Defensa Nacional desde 2018 y un aliado incondicional del Ejército de Guatemala presentando varias iniciativas clave como varias reformas a la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, la reforma a la Ley Orgánica del Instituto de Previsión Militar, y la ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil, por lo que en 2022 fue condecorado por el Ministro de la Defensa Henry Reyes Chigua con la Orden Monja Blanca y un trofeo. Además, realizó el Curso de Altos Estudios Estratégicos en el Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala, un curso básico de Inteligencia Interinstitucional en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, y un Diplomado en Seguridad, Defensa y Gestión de Riesgos.

    Modo de operar

    Según la declaración a la que tuvo acceso Plaza Pública,TC-2 declaró que Ubico Aguilar les indicó que tenía un primo que trabajaba en la «unidad antinarcóticos» de la Policía Nacional Civil (PNC) y acordó brindar asistencia a TC-2 en la recepción del cargamento de cocaína entrante. «En una conversación de seguimiento, UBICO AGUILAR indicó que proporcionaría información sobre patrullas de orden público, pero que no podía coordinar una escolta de seguridad para el cargamento de cocaína.  Más adelante, UBICO AGUILAR confirmó que el primo aseguraría que la unidad policial del primo operará en un área lejos de la pista de aterrizaje por tres días para dar tiempo a TC-2 para que recibiera el cargamento de cocaína».

    «Aquel cargamento aéreo fue entregado exitosamente a TC-2 en Guatemala para su posterior distribución hacia el norte», señala el colaborador en el expediente.

    El segundo cargamento aéreo ocurrió de la misma manera que el primero, excepto que el avión entregó aproximadamente 350 kilogramos de cocaína a TC-2.  «Una vez más, TC-2 le pagó a UBICO AGUILAR 40,000 en dólares estadounidenses para que asegurara que ninguna entidad del orden público estuviera cerca de la pista de aterrizaje designada cuando llegara el cargamento de cocaína», declaró el testigo.

    El tercer cargamento falló debido a que el avión se estrelló cerca de Chocó, Colombia, mientras volaba con destino a Guatemala.  «TC-2 le pagó a UBICO AGUILAR 40,000 en dólares estadounidenses de todas formas por aquel intento fallido de contrabando, dado que UBICO AGUILAR ya había coordinado que las autoridades del orden público se mantuvieran alejadas de la pista de aterrizaje designada durante la entrega programada. TC-2 entregó el dinero personalmente a UBICO AGUILAR en un centro comercial ubicado en el área de Ciudad de Guatemala».

    Tenía su propia organización

    Otro colaborador identificado como TC-3 indicó a las autoridades estadounidenses que conoce personalmente a Ubico Aguilar y que llevó a cabo transacciones de cocaína y con los socios de la ODT (Organización de Tráfico de Drogas, por sus siglas en inglés) de Ubico Aguilar desde 2018.

    TC-3 corroboró la información proporcionada por TC-1 y TC-2 , incluido el hecho de que Ubico Aguilar es un político corrupto y un traficante de drogas que vive en Guatemala y que usa su poder y su influencia para evitar que los cargamentos de droga de la ODT sean interceptados por las autoridades. TC-3 informó que «en 2018 estuvo presente en una reunión en la cual UBICO AGUILAR coordinó con un socio de la ODT conocido como Ranger para proporcionar paso seguro para el cargamento de cocaína entrante de Ranger.  UBICO AGUILAR acordó asegurar que no hubiera presencia policial cerca del lugar de aterrizaje del avión que transportaba la cocaína. Ranger acordó pagarle a UBICO AGUILAR aproximadamente 50,000 en dólares estadounidenses por sus servicios».

    En otra ocasión a fines de 2018, TC-3 entregó una camioneta Toyota Land Cruiser blindada a Ubico Aguilar en nombre de Ranger como pago por proporcionar un servicio similar para un cargamento de cocaína.
    En otras ocasiones, TC-3 entregó 50,000 dólares en efectivo para pagarle a Ubico Aguilar por estos servicios.

    TC-3 calcula que Ranger le pagó a Ubico Aguilar para que facilitara el paso seguro de siete  cargamentos de cocaína.

    Basado en la información obtenida de TC-1, TC-2, TC-3 y otras fuentes, así como las comunicaciones interceptadas de la ODT y las incautaciones de drogas realizadas durante la investigación, la fiscalía estadounidense estableció que Ubico Aguilar tenía intención, conocimiento y causa razonable para creer que la cocaína y la heroína que distribuía, y para cuya distribución se juntó en conspiración, serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos, por lo que le imputan los delitos de conspiración para enviar cocaína y heroína a los EE. UU. y solicitan su detención provisional y el decomiso de todos los artículos, instrumentos, objetos de valor o documentos en posesión de Ubico Aguilar al momento de su aprehensión que podrían utilizarse como evidencia del delito por los cuales se solicita la extradición, para ser entregados posteriormente a las autoridades de los Estados Unidos, de concederse la extradición.

    Ubicó habría sido delatado por exdiputado

    Aunque la acusación no revela la identidad de los colaboradores (TC-1, TC-2 y TC-3) que señalaron a Ubico Aguilar, la descripción coincide con la de se sospecha que  los hermanos Johann y Dieter Gehlert Coronado, quienes fueron capturados el 3 de agosto de 2021 en Madrid, España, a solicitud del Gobierno de los Estados Unidos por narcotráfico, y dos meses después fueron enviados a ese país donde son acusados de dos delitos por conspiración  para distribuir y exportar cocaína y heroína a los EE. UU. por la Fiscalía del Distrito Este de Texas, la misma fiscalía que acusa a Ubico Aguilar.

    Según la acusación de la fiscalía estadounidense, los hermanos Gehlert Coronado integraban una red internacional de narcotráfico desde 2011, que operaba desde Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México para enviar cocaína y heroína a Estados Unidos.

    Johann Peter Gehlert Coronado fue diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacén) del Partido Todos de 2015 a 2020, el mismo partido que postuló a Ubico Aguilar como diputado al Congreso.  Fuentes internas del Partido revelaron que fue Ubico quien llevó a los hermanos Gehlert Coronado al partido en 2015 y que estos habrían aportado una suma millonaria para la realización de la Asamblea Nacional de 2019 así como varios vehículos para uso del partido, aunque sus nombres no figuran en los listados de financistas entregados por el Partido Todos al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

    Johann Gehlert fue diputado del Parlacen de 2016 a 2020 y fue candidato a diputado por el Partido Todos en el proceso electoral de 2019

    En 2019 Johann y Dieter Gehlert se postularon para ser diputados por el Partido Todos. Johann, según fuentes del partido, habría aportado Q4 millones para ser inscrito en la segunda casilla de diputados por Listado Nacional, y Dieter habría aportado 200,000 dólares  para figurar en la primera casilla del listado de diputados al Parlacén y su pareja sentimental como su suplente.  Sin embargo, el TSE rechazó la inscripción de Dieter y su pareja por haber presentado la papelería incompleta, mientras que Todos no logró los suficientes votos para llevar a Johann al Congreso.

    Aunque en un inicio los hermanos Gehlert Coronado se declararon inocentes ante la Juez Kimberly C Priest Johnson de la Corte del Distrito Este de Texas, actualmente están negociando un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Distrito Este con el fin de obtener una sentencia reducida, cuya presentación ante el juez Amos L. Mazzant III se ha pospuesto en varias oportunidades y ahora está prevista para el 7 de abril próximo.

    Mientras tanto Ubico Aguilar intenta detener su extradición en Guatemala mediante la presentación de un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el fin de frenar el proceso de antejuicio para retirarle la inmunidad como diputado luego de que el 10 de enero pasado la Corte Suprema de Justicia aceptó la solicitud de extradición presentada por el Ministerio Público y requerida por el Gobierno de los EE. UU., y nombró a un juez pesquisidor.

    «Me voy a defender y a seguir el debido proceso… Me defenderé con pruebas y casos que he apoyado con una institución guatemalteca, que no puedo mencionar (que trabaja con varias instituciones internacionales), pero llevo trabajando un par de años con esta gente», declaró el diputado Ubico Aguilar al medio digital Soy502 sobre la solicitud de extradición en su contra.

    Larga relación con el narco

    A finales de los años 90, José Armando Ubico Aguilar era un joven cantante que había tenido cierto éxito con una agrupación juvenil.  El 3 de noviembre de 2001 viajó a Estados Unidos, pero fue capturado en el Aeropuerto Internacional de Newark, Nueva Jersey, al intentar ingresar un kilo de heroína a ese país.  Ubico Aguilar se declaró culpable y reconoció su error ante el juez quien lo condenó a 46 meses de prisión y tres años de libertad condicional.  Ubico se dedicó a estudiar inglés y recuperó su libertad anticipada en 2005. 

    De regreso a Guatemala trabajó durante un par de años como «Capacitador y Consultor en Seguridad» para una empresa de investigaciones privadas en seguridad a pesar de que su experiencia en el ramo era haber estado en prisión.  Posteriormente trabajó como «Consultor de Mercadeo» para una empresa importadora de inflables y productos publicitarios.

    En 2012 llegó al Congreso de la República como Asistente Parlamentario cargo que desempeñó hasta 2014 cuando renunció para preparar su campaña como diputado por el departamento de Sacatepéquez con el Partido Todos, siendo electo en 2015 con más de 25,000 votos.  Entre 2016 y 2020 fue uno de los principales aliados del presidente Jimmy Morales quien nombró a su hermano Diego Alejandro Ubico Aguilar como Primer Secretario de la Embajada y Cónsul en Japón.

    Diego Alejandro Ubico Aguilar, hermano de José Armando, primer secretario de la embajada y cónsul en Japón

    En 2019 logró la reelección como diputado por Sacatepéquez con poco más de 9,000 votos. Ese mismo año un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos entregado a la congresista Norma Torres, incluyó a Ubico en un listado de actores corruptos. Lo señaló de haber participado en lavado de dinero producto de tráfico ilícito.

    De 2020 a la fecha ha sido uno de los principales aliados del presidente Alejandro Giammattei quien lo ha nombrado en público como «amigo y aliado» suyo y de su gobierno.

    Un colaborador eficaz que ayudó a desmontar a una banda de narcotraficantes en octubre del 2021 y declaró que el diputado José Ubico era parte de la estructura, pero el Ministerio Público (MP) no investigó el caso, ni le dio seguimiento. Fue hasta ahora que Estados Unidos pidió su extradición que el MP inició un proceso, señala una publicación  del sitio web Ricig.org de enero pasado.

    En octubre del 2021 se anunció un operativo denominado «El Espartaco» para capturar a una red de narcotraficantes en Guatemala, Suchitepéquez, Escuintla y Quiché. El 3 de marzo del 2021 el colaborador eficaz, quien era el contador de la estructura criminal, declaró que un diputado por Sacatepéquez llamado José Ubico estaba apoyando al grupo al igual que policías y militares.

    El MP dirigido por Consuelo Porras no ha profundizado en la investigación ni solicitó el retiro de la inmunidad para buscar más información. Sin embargo, la declaración del colaborador eficaz fue clave para la condena de cuatro personas en octubre del 2022, señala Ricig.org.

  • La extradición de Juan Orlando Hernández podría tomar cuatro meses

    La extradición de Juan Orlando Hernández podría tomar cuatro meses

    Esposado de pies y manos, con una gorra negra, mascarilla azul, un chaleco antibalas, el expresidente hondureño fue escoltado por agentes de la Policía Nacional hacia una camioneta y posteriormente llevado hacia el Comando de Fuerzas Especiales en un helicóptero. Así inició su proceso de extradición hacia EE. UU.

    El expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), solicitado en extradición por Estados Unidos (EE. UU.), fue capturado este martes en un operativo de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Honduras.

    La esperanza en Xiomara Castro se enfrenta a una Honduras quebrada

    Los agentes policiales y militares habían mantenido acordonada la casa de habitación del expresidente desde ayer en horas de la tarde, para evitar una posible fuga. Esto después de que EE. UU. solicitara a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país, un formal arresto provisional del exmandatario señalado por tres cargos de narcotráfico.

    Habitantes salen al paso de la caravana que traslada al expresidente hondureño a las Fuerzas Especiales, tras su captura en Tegucigalpa

    En un comunicado, la Policía Nacional de Honduras explicó que la captura del expresidente Juan Orlando Hernández se hizo siguiendo instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, quien ordenó la estricta aplicación de la ley y en coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA). Se indicó que se siguió el protocolo policial para garantizar la seguridad del expresidente.

    El sombrío panorama de Honduras

    Después de ser emitida la orden de captura en contra del expresidente Hernández, este deberá ser presentado ante el juez natural correspondiente. Los delitos por los que se le acusa al expresidente son narcotráfico, tráfico de armas y asociación ilícita.

    El secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, detalló que Juan Orlando Hernández quedaría con prisión preventiva en el Comando de Fuerzas Especiales, también agregó que este miércoles a las 10 a. m. será trasladado a la CSJ para su primera audiencia en donde le harán lectura de sus cargos.

    Inicia el proceso de extradición

    El vocero de la CSJ, Melvin Duarte, confirmó que el pleno de magistrados designó a un juez natural para que conociera la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández y este firmó posteriormente la orden de captura, considerando que había un resguardo policial encabezado por el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón.

    Simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) de la actual presidenta Xiomara Castro se enfrentan a simpatizantes del expresidente Juan Orlando Hernández en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia, el miercoles 16 de febrero

    Duarte aclaró que en ninguno de los 32 procesos anteriores de extradición se dio a conocer el nombre del juez natural. No obstante, se filtró que el magistrado que conoce dicha solicitud es Edwin Francisco Ortez Cruz.

    Duarte agregó que la CSJ ha realizado 32 procesos de extradición desde 2014 y que de estos, solo el proceso de un extraditable se ha atrasado por razones extraordinarias. Sin embargo, manifestó que en todos los casos el proceso ha demorado aproximadamente entre cuatro y cinco meses.

     

     

    Este texto está firmado por Leonardo Aguilar, Vienna Herrera, Jennifer Ávila, Fernando Silva, María Maradiaga con fotografías de Jorge Cabrera y Fernando Destephen. Fue publicado originalmente en el medio Contracorriente y se reproduce con su autorización.

  • Roldán: «La Compañía de Jesús propone pasar del individualismo a proyectos comunitarios vinculados con lo territorial»

    Roldán: «La Compañía de Jesús propone pasar del individualismo a proyectos comunitarios vinculados con lo territorial»

    La Compañía de Jesús lleva décadas acompañando, en México y en Centroamérica, a los refugiados y a las víctimas de la migración forzada, pero es hoy que estas dos provincias emiten «con preocupación» una postura para dotar a sus obras de un marco común que oriente su incidencia sociopolítica. Tienen ahora una particular sensación de urgencia, dice Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar y miembro del equipo facilitador del documento, porque los flujos de migración «en lugar de disminuir han aumentado y cada vez con mayor crudeza».

    «Ya no se movilizan los hombres solos que lograban su objetivo de llegar a su destino», dice, y continúa: «Ahora se ven rostros de mujeres, niñez. Y estos flujos no solo muestran al que se va al norte, sino también a los que regresan con muchas frustraciones porque fueron detenidos, deportados o avasallados. Hay una mayor crudeza y complejidad en estas migraciones, que cada vez son más forzadas. Y vemos que los Estados, lejos de responsabilizarse de las causas que fuerzan a estas poblaciones a dejar sus hogares y sus territorios, lejos de establecer políticas de protección, lejos de cumplir sus obligaciones constitucionales y de convenios internacionales, cada vez más aceptan políticas convenencieras de contención migratoria, que cada vez son más violentas.

    61 menores migrantes expulsados acaban de aterrizar a la fuerza aérea guatemalteca desde San Luís Potosí, México, el jueves 26 de agosto

    La región está atravesada por gobiernos cada vez más corruptos, dictatoriales, como sucede con Nicaragua. Además, el incremento de las migraciones forzadas es debido a múltiples causas enraizadas en nuestras sociedades y sistemas económicos y políticos. Por eso la postura de la Compañía en este documento es una propuesta integral y no una que solo busca atacar las consecuencias».

    El documento, titulado Postura de la Compañía de Jesús en México y Centroamérica ante las migraciones forzadas, describe siete causas estructurales de la migración, cuyo núcleo ético, quizá, esté en la última: «el horizonte individualista de la vida unido al universalismo que prioriza las categorías globales sobre las locales».

    Hinkelammert: «El capitalismo ha derrotado a la izquierda y este siglo posiblemente va a destruirlo todo»

    Como respuesta, como forma de evitar la migración forzada, postulan un cambio de modelo de Estado y de economía movidos por una transformación ética y vital: el abandono del individualismo y del universalismo a favor del comunitarismo y las soluciones locales y propias. ¿A qué se refieren?

    Sí, proponemos pasar del individualismo a proyectos comunitarios vinculados con lo territorial. La economía capitalista global favorece vínculos a través de la virtualidad, pero nos quiere incluir en espacios cada vez más desarraigados, economías cada vez más ficticias, no vinculadas a la producción, sino a la especulación financiera y de los bienes de la vida. La migración, o lo que se ha conocido como el “sueño americano”, también genera muchas veces un horizonte de vida consumista, que no solo no permite atender el bienestar en su significado más integral sino nos afecta como humanidad. Sabemos que esta dinámica consumista nos pasa factura tarde o temprano con mayor deterioro ambiental.

    Ágner, Josué y Wilson, originarios de Copán, Honduras, descansan en el albergue de Tenosique, México, en septiembre 2016. Migran al norte en búsqueda de mejores oportunidades económicas

    El éxito se fija en términos individuales y perdemos el horizonte de lo común. Se trata de vivir y crecer en sentido de comunidad, convivir con los bienes comunes en lugar de acapararlos o destruirlos. Sí, deseamos proyectos que respeten y se acoplen con la diversidad que somos, étnica, de género, sexual; pero eso no quiere decir que rechacemos per se el universalismo, no, porque valoramos en ese universalismo los derechos humanos individuales y colectivos, la subsistencia y la paz planetaria que debiera ser un objetivo universal. Además, parte de nuestras propuestas retoman las políticas de salud y educación universales. La ética engloba todos estos objetivos y prácticas que son necesarias. La ética como principio universal en pos del bien común, el servicio, la reciprocidad y una mayor solidaridad.

    Lo que tenemos hoy son administradores cada vez más corruptos a cargo del Estado

    ¿Han visto alguna gran transformación, para bien o para mal, en los últimos años, aparte de las caravanas a la luz del día?

    Las políticas antiinmigrantes que han logrado construir no solo un muro físico sino además fronteras al sur. Esto hace que se interrumpa la migración que antes, aunque indocumentada, era más circular. Además, los inmigrantes ya no ven posibilidad de retornar a sus países de origen luego de ciertos años de trabajo y ahorro, porque las condiciones han empeorado. Estas dos condiciones, han favorecido una industria de la migración cada vez más costosa. La inversión que antes se hacia para el retorno, ahora es más bien para pagar un viaje cada vez más costoso. De entre 800 y 1,500 dólares que se pagaba antes, hemos pasado a 10,000 o $15,000.  Y los costos sociales, insistimos, son cada vez más dolorosos.

    ¿Qué es lo que más les preocupa?

    Que nada cambie en los países de origen, sino que empeoren y aumenten los éxodos masivos como los que ahora representan las caravanas. Y que frente a estas los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos se estén debilitando, y como consecuencia los cuerpos y vidas de las y los migrantes queden desprotegidos, que se vulnere cada vez más la dignidad de las personas. Que sus sueños se conviertan en frustraciones, pérdida de sus vidas y limitados bienes. Y aun así, si no hay condiciones en sus países de origen, el único proyecto de vida será la migración forzada.

    CARAVANA DE MIGRANTES

    ¿Cómo ven el panorama de la migración centroamericana en este momento?

    Muy complejo, porque todos los países en la región (de origen, tránsito, destino y retorno) están impactados por este tipo de migración. Y en consecuencia, producto del colapso de estos países, se están acumulando flujos como los del Caribe (Haití y Cuba), Nicaragua, y los de los países del norte de Centroamérica, que representan una conjunción de causas, desde la económica hasta la política y ambiental, la reunificación familiar y también la desesperanza.

    Los que provienen del sur, desde el sur de América y desde otros continentes (venezolanos; africanos y afganos), todos buscan Estados Unidos como país de destino.

    Migrantes tropiezan contra las barreras que recién habían derribado, al regresar corriendo fuera del espacio aduanero mexicano, en la frontera de Tecún Umán, Guatemala, en Octubre 2018

    Esto genera grandes represas de contención en la frontera de Panamá, Guatemala y México, con amenazas de rompimiento. Aunque las políticas antimigratorias vienen del norte, las ejecutan estos estados con enormes fallas de gobernabilidad y su único mecanismo es la violencia. En la gobernabilidad y democracia de toda esta región tiene Estados Unidos una alta influencia. Pero cada vez más se ven actores jugando en la misma cancha con diversos intereses (el narcotráfico, por ejemplo, las redes de trata de personas, etc). Estados Unidos influye para bien y para mal en el sistema de Naciones Unidas y los Organización de Estados Americanos, que no han tenido la capacidad de desempeñar un papel más neutral en la recomposición de las democracias, sino que han jugado del lado de la nación más poderosa, cuyos intereses inclinan la balanza. Ante el fracaso de estos organismos encargados de velar por la multipolaridad para mantener y sostener la paz y el bienestar de la humanidad, lo que se pone en juego son intereses de EEUU y sus disputas con otras potencias que comienzan a tener injerencia en la región.

    Aunque ya no estamos en la Guerra Fría, seguimos inmersos en una lucha, económica y política, por la hegemonía mundial. Las regiones pobres del sur global sufren siempre las peores consecuencias y pierden el control de sus recursos y de sus gobiernos. Por todas estas causas, la gran válvula de escape es la migración forzada, salvar sus vidas solicitando el refugio.

    Kamala Harris en Guatemala: La migración al centro y la corrupción en la periferia

    Plantean la necesidad de ceder a los intereses del grupo para repensar los acuerdos nacionales desde una perspectiva de inclusión y solidaridad. ¿De qué forma se logra eso, en vista de las rupturas y los abismos existentes en términos de confianza, creencias e intereses?

    La única manera de sobrevivir es en convivencia con nosotros mismos y con la naturaleza. Nos lo enseñan los grandes conflictos y guerras en el mundo. Tenemos que ceder en el nivel económico pero también político y cultural, pero el que tiene poder y privilegios tendrá que ceder más.

    Y frente a la realidad actual de desconfianza e intereses toca construir confianzas. Primero desde lo más cercano, porque hasta dentro de los próximos la desconfianza está instalada. Las violencias se dan también dentro de casa, en y entre comunidades. Necesitamos modificar estas relaciones y tener capacidad para abrirnos a otros pensamientos diferentes y construir juntos desde la diversidad que enriquece. Mayor capacidad de entendimiento entre más grupos y sectores. Solo así tendremos la posibilidad quizás de dialogar y negociar esos objetivos más generales que representen los intereses de todos nosotros.

    La caravana de migrantes vuelve a retomar su marcha después de haber sido detenida por horas, en la madrugada del 27 de Octubre 2018, por la Policía federal en el estado de Chiapas, México

    ¿Cómo creen que «el horizonte comunitario de los pueblos indígenas y campesinos», como lo llaman, ayuda a encontrar «caminos de esperanza, dignidad, solidaridad y justicia»?

    Creemos que los pueblos indígenas y campesinos tienen una cultura de origen comunitario que siguen practicando, a pesar de todo, muy vinculada a los bienes de la naturaleza. También quisiera decir que las mujeres, dentro y fuera de estas culturas, aportamos retomando muchos hilos que construyen la vida y las relaciones más igualitarias. Son ellos y ellas quienes mantienen las resistencias frente al acaparamiento o la apropiación de la tierra, el agua, los bosques y el subsuelo. Son estos pueblos y sectores de población que hoy están siendo más afectados frente al cambio climático, la pérdida de sus bienes de vida y quienes han estado excluidos de los beneficios del Estado. Son ellos y ellas quienes están migrando y retornando. Entonces creemos que buena parte de su cosmovisión, de sus prácticas, contiene muchos principios que necesitamos reforzar en estos proyectos de vida para el presente y futuro.

    Kenya, originaria de El Progreso, Honduras, carga a su hijo Daniel, caminando por la orilla de la carretera, mientras la caravana de migrantes sigue detenida por agentes de la Policía federal mexicana, en Chiapas, en octubre 2018

    Pero también es cierto que todos tenemos que reflexionar sobre este presente y futuro común que deseamos. Necesitamos cambiar mucho de nuestras propias prácticas y escuchar y aprender en diálogo con esas culturas. Sin esta reconstrucción o reconducción de estos grandes factores no lograremos alcanzar una vida plena. Tendremos cada vez menos sectores con un consumo cada vez más opulento, que va a querer mantener sus privilegios a toda costa. Para lograrlo solo les quedará la violencia o el convencimiento, metiéndonos en este espejismo del consumismo. La consecuencia será tener a la mayoría de la población sobreviviendo en defensa de su vida. Todos viviremos las consecuencias del colapso ambiental que provoca el tener como único objetivo de “desarrollo infinito” del crecimiento económico.

    Centroamérica ha ido perdiendo su capacidad de autoalimentarse; esa que protegen en primer término los países llamados «desarrollados»

    Proponen integrar la visión comunitaria en los planes de estudio. ¿En qué consiste esto? ¿En qué materias?

    No hemos llegado a ese punto.  Pero existe el compromiso de la Compañía de Jesús para que sus obras actúen cada vez más en sintonía desarrollando estas propuestas. Podrían parecer genéricas pero tienen un horizonte común para cambiar estas condiciones estructurales que generan migración forzada. Actuando desde abajo en comunicación con otros. Pensando y situándose desde y con las personas más vulneradas como lo establecen nuestras Prioridades Apostólicas.

    En medio de todas estas crisis, ¿abogan por alguna forma de soberanía alimentaria, o por revisar las condiciones del intercambio comercial de alimentos?

    Sí. Centroamérica ha ido perdiendo su capacidad de autoalimentarse; esa que protegen en primer término los países llamados «desarrollados». El maíz y el arroz están ahora mismo amenazados por el fin de los aranceles establecidos en el Tratado de Libre de Comercio entre los países de Centroamérica y Estados Unidos. El acceso a la tierra para la producción también está amenazado por la expansión de los monocultivos, la ganadería y los proyectos turísticos a gran escala, como es el caso de Honduras y Guatemala.

    Un migrante descansa en la acera de una calle de Arriaga, México, el viernes 26 de octubre 2018

    Uno de los grandes problemas históricos no resueltos, en los tres países del norte de Centroamérica, ha sido el acceso y regularización de la tierra; así como el abandono de las políticas de asistencia al campo y la afectación por el impacto del cambio climático. Todo ello ha debilitado la capacidad productiva alimenticia de campesinos y campesinas. Hay muchos incentivos para instalar la cultura de la comida chatarra, incluso influenciada desde la misma migración, que afecta la demanda de estos alimentos. Si la salud se constituye en un objetivo social este modelo alimenticio podría cambiarse, porque después de la pandemia, según lo que nos dicen los científicos, lo peor está por venir.

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    ¿Es el narcotráfico la mayor amenaza al aparato de los Estados, hoy por hoy?

    Sí, porque han penetrado en los territorios y las instituciones del Estado. Porque maneja tal cantidad de capital que triplica cualquier presupuesto nacional. Es capaz de comprar cualquier voluntad. Y goza de impunidad porque es un actor desvinculado de los mecanismos políticos; es control por la fuerza. Aunque otros poderes que se constituyen en paralelos al Estado, y que impiden los cambios, también pueden ser letales.

    Familias, en su mayoría mujeres y niños viajan en la palangana de un pick up hasta San Pedro Tapanatepec, México, en Octubre 2018

    “La migración de personas hondureñas, guatemaltecas y salvadoreñas hacia el norte del continente es seguramente la consecuencia de una serie de alianzas y complicidades de las élites económicas y políticas de estos tres países, que defienden intereses de grupo por encima de los intereses nacionales, sociales o comunitarios”. Es una afirmación grande. ¿Cómo se relaciona con la migración y a cuándo se remonta esta alianza, según ustedes?

    Hemos discutido todo este año en un seminario centroamericano del Apostolado Social, a propósito de la conmemoración del bicentenario. Y allí revisamos nuestra historia, la de los sueños y las acciones emancipatorias, de revoluciones y cambios fallidos. Se lograron avances con la firma de grandes Acuerdos de Paz o nuevos pactos por democracias civiles, que fueron perdiéndose en elecciones cada vez más controladas por los financiamientos privados e ilícitos, por populismos que aprovechan esa población cautiva, efecto de una educación pública paupérrima, y del empobrecimiento de las clases populares o de una clase media más alienada.

    COVID19 La crisis (de fondo) es ecológica. Pero podemos abordarla ya en tres niveles

    Hemos perdido mucho en estos 200 años. Nos han acompañado los caudillos y nos acostumbramos a esa cultura conservadora, como nos dijo el escritor nicaragüense Sergio Ramírez (hoy perseguido por el gobierno de Ortega-Murillo). Todas estas condiciones han construido un escenario para que esas élites «depredadoras» (según la expresión de Juan González, asesor del presidente Biden) y criollas, mantuvieran estos países como grandes fincas. El Estado, que debió haberse construido desde la República y desde naciones integradas, simplemente se fue desdibujando hasta perderse en el horizonte. Lo que tenemos hoy son administradores cada vez más corruptos a cargo de esa conducción.

    Axel Palacio, nicaragüense, enseña la portada del diario donde aparece la foto de su familia, encapuchada, mientras se escapa de su pueblo por la violencia desatada por el gobierno, en octubre 2018

    Y también algunos criminales, que han capturado y cooptado los sistemas. Basta leer los informes de Unodc, los informes y los procesos de Cicig, o las investigaciones de la Fundación Myrna Mack y de Oxfam. La relación con la migración es mucha porque así no hay Estados que cambien estas condiciones estructurales. Ese es el desafío: lograr que diferentes actores de la sociedad como los pueblos indígenas, campesinos, mujeres y sectores académicos, sociales, empresariales con vocación democrática, retomemos estos grandes postulados para cambiar de raíz el problema de la migración forzada. Precisamos estados de derecho reales y fortalecidos y un sistema económico y sociopolítico que tenga como referente la dignidad de las personas, el bien común, el servicio y acompañamiento a las personas vulneradas, descartadas. Esta es la condición ética.

    La élite económica de Guatemala, entre las más acaparadoras de América Latina

    ¿Cómo describen la «distorsión de la democracia» que denuncian en Centroamérica?

    Se ha perdido la independencia de los poderes. Los financiamientos privado e ilícito controlan los vehículos electorales. Las élites económicas tienen un control casi absoluto sobre las decisiones públicas y cada vez quieren un mayor control de los recursos que son necesarios para la supervivencia de todos. La ciudadanía sobrevive y es presa de ofertas populistas, que, está demostrado, pueden construirse desde la derecha o la izquierda. Y lo peor, la tendencia al autoritarismo y vuelta de las dictaduras.

    Un migrante descansa a la orilla de la carretera, en Matías Romero, Oaxaca, México, antes de salir rumbo al estado de Veracruz, en Noviembre 2018

    ¿Cómo se relaciona la desconexión entre las élites nacionales y las bases organizadas con la alianza entre las élites económicas y políticas?

    Aquí nos referimos a la desconexión de objetivos y fines en pos del bienestar en espacios comunes, como el Estado y el ejercicio de la democracia. Todos estamos perdiendo el entusiasmo y la esperanza por ellas. Algunos creen que volver a los caudillos es la solución. Otros quizás creen que se resuelve «dándole vuelta a la tortilla», es decir que los sectores «dominados» gobiernen, pero con los mismos instrumentos del dominador. La visión de la Compañía es lograr un equilibrio del poder y una cultura política de la pluralidad. La apuesta es acompañar y estar presentes en que se construya una arena política abierta a todos los sectores, sin privilegios para el más fuerte, para exponer sus proyectos de país y políticas que beneficien a las mayorías y, ¿por qué no?, lograr mayores autonomías para los pueblos y sus territorios. Más cercanía de sus gobiernos a sus vidas, a nuestros cuerpos. Mayor alternancia de los poderes para que no pase lo del agua, que al quedarse estancada se enturbia y apesta, como pasó en Nicaragua.

    Las élites tradicionales deben cambiar ya. Y tienen que empezar por aquí

    El diagnóstico acerca de la corrupción es distinto para cada uno de los tres países. Dicen que en Honduras se concentra en el Gobierno central; en El Salvador en los locales; y en Guatemala se encuentra a todo nivel. Yo hubiera dicho que en los tres países está a todo nivel. ¿Cómo se explican estas diferencias?

    Son tendencias desplegadas en el tiempo las que muestran dónde se ha concentrado la capacidad del poder para maniobrar a favor de la corrupción, pero cada vez más la corrupción se expande en todos los niveles. Este fenómeno mundial ya está siendo estudiado como uno de los más letales de este tiempo y se presenta tanto en regímenes democráticos como autoritarios, dictatoriales o populistas. La corrupción es trasnacional, como lo ilustra el caso Obredecht o los proyectos extractivos que se instalan en estas regiones. Algún historiador dirá que se vivió en otras épocas, y que veamos el caso de la United Fruit Company y la revolución del 44-52 en Guatemala. Pero la corrupción tiene hoy un concepto más complejo, más amplio, con mecanismos más sutiles pero más descarados y expansivos. 

    En el área denominada «Nido de las Águilas», en Tijuana, el muro fronterizo termina, dejando libre la vista sobre los dos escenarios poblacionales opuestos, entre México y EEUU. Noviembre 2018

    ¿Tiene consecuencias distintas?

    El nivel local es el que afecta la vida concreta de la gente y el está cambiando de forma más fácilmente perceptible su estilo de vida. Lo mismo podríamos decir del impacto de los proyectos extractivos. Pero la corrupción nacional es la que le impide lograr una buena educación, salud, comunicación, transporte… Y por supuesto contribuye a mecanismos de privatizaciones fraudulentas, como es el caso de la energía o el agua. Creo que la población se está dando cuenta de que la corrupción generalizada le impacta. El reto es la capacidad de organización y acción, que es complicada.

  • Sofía Hernández, una gran aliada de Giammattei y una diputada bajo la lupa de EE. UU.

    Sofía Hernández, una gran aliada de Giammattei y una diputada bajo la lupa de EE. UU.

    Esta historia comenzó en un departamento en el que una mujer con una carrera política es una anomalía. Con la notoriedad, aparecieron señalamientos de corrupción y vinculaciones al narcotráfico (sin procesos penales en su contra, pero sí de un hermano) que no la han hecho tambalear—aunque Estados Unidos la vigila. La suya es una trama de claroscuros en que los hechos dicen mucho más que las palabras.

    Trescientos cincuenta y cuatro kilómetros. Esa es la distancia que Sofía Jeanetth Hernández Herrera debió recorrer entre su natal Santa Ana Huista, Huehuetenango, y el Congreso de la República en la Ciudad de Guatemala, para ocupar la primera vicepresidencia del Legislativo. Según Google, la distancia se recorre en siete horas y media, pero a Hernández le tomó cerca de cuatro décadas. ¿Qué sucedió en ese lapso? Mucho. Demasiado, quizá.

    En 2019, Hernández fue reelecta pese a que Mario Estrada, el candidato presidencial de Unión del Cambio Nacional (UCN), quedó afuera de la contienda al ser capturado por cargos de narcotráfico en Miami, Florida, sólo dos meses antes de los comicios. Esto ocurrió diez años antes de que la embajada de EEUU describió la ideología del partido como «narco». Hernández, diputada por tercera vez, es la única mujer en la Junta Directiva, y está entre el 19.38% de mujeres diputadas que llegaron al Palacio Legislativo (31 en total para el periodo 2020 – 2024), entre quienes también está su hija Karla Andrea Martínez Hernández por UCN en el listado nacional. Su hijo, Erick Geovany Martínez Hernández, también fue electo diputado distrital con este partido.

    La Junta Directiva del Congreso se presenta en la Sesión Solemne del 14 de enero

    La Primera Vicepresidenta del Congreso tiene una licenciatura de psicología con enfoque social en la Universidad San Carlos (USAC), afirma que obtuvo un postgrado en victimología en la Universidad de la Florida, y trabajó 14 años en el Ministerio Público (MP).

    Mediáticamente, la precede la fama de integrar el «Pacto de corruptos»: el grupo de 107 diputados que en 2017 aprobaron reformas al Código Penal (y luego las anularon) para conmutar penas y favorecer a los exfuncionarios públicos detenidos por corrupción, y reducir la pena de cárcel en las condenas por financiamiento ilícito. No obstante, Hernández se ausentó del hemiciclo durante la mayor parte de la votación y sólo votó a favor en un 20% del proceso, según el registro electrónico del Congreso.

    Día 1 en el Congreso: Una traición le otorga la presidencia a VAMOS

    De aquellos 107, 68 perdieron su escaño en 2019. Hernández fue una de los 39 que lo conservó. Ganó su curul con la bancada UCN, ahora en proceso de cancelación tras la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), motivo por el cual se debate si ella puede permanecer legalmente en la Junta Directiva del Congreso. El 26 de enero, el Congreso, con 107 votos de nuevo, decidió juramentar al juez Mynor Moto como integrante de la Corte de Constitucionalidad (CC), aunque enfrentaba dos antejuicios y once acciones legales contra su elección. La agenda de Moto, según un informe de la Fundación Myrna Mack y el movimiento Pro Justicia, era promover los objetivos del Pacto de Corruptos, pero en su elección (anulada este febrero) tampoco tuvo que ver el voto de Hernández. Aquel día, según los registros, ella y sus hijos se ausentaron.

    El pasado 20 de enero, los señalamientos contra Hernández subieron de volumen cuando las autoridades capturaron en Santa Ana Huista a uno de sus hermanos, Henry Hernández Herrera, por un caso de lavado de dinero y narcotráfico. Ese día, la Primera Vicepresidenta del Congreso emitió un comunicado en un intento de marcar distancia. Aludió a la captura sin mencionar que se trata de su hermano, y resaltó la importancia de «dar a conocer a la ciudadanía que la responsabilidad penal es personalísima». Es decir, que es «inherente a las personas y no puede ser transmitida».

    Gustavo Alejos, en el aula de tribunal de mayor riesgo D, antes de que empiece la primera audiencia del último caso judicial en su contra, el 18 de febrero 2020

    En el comunicado, Hernández dice que desconocía el caso y confía en que el sistema de justicia realice una investigación objetiva. «Soy respetuosa de la ley», dice. «Seguiré trabajando y sirviendo a mi país con ese mismo compromiso».

    Acto seguido, evitó a la prensa. Hace un año no actuó igual.

    Cuando se divulgó su visita hospitalaria a Gustavo Alejos Cámbara, la diputada lo admitió con naturalidad. Alejos es un exfuncionario público y empresario que enfrenta cinco casos penales. El MP lo acusa, además, de haber tratado de manipular las elecciones de justicia, en beneficio propio y a partir de su influencia en la alianza oficialista, que Hernández integra. La diputada agregó que con Alejos compartía una larga amistad.

    Este año, en cambio, viralizada la noticia del hermano, la decisión fue caminar a paso veloz y sin pausas entre su oficina y el hemiciclo, entre su oficina y el estacionamiento, flanqueada por secretarias y otros diputados que, según un periodista que cubre el Congreso, bloqueaban grabadoras y micrófonos. Tan persuasiva fue, que algunos periodistas ya ni siquiera trataban de correr tras ella, para tratar de esquivar brazos bloqueadores, y lograr grabar alguna frase, si respondía a las preguntas.

    Para este perfil, la diputada aceptó dar una entrevista después de tres días de correteos, mensajes con las secretarias y a su celular.

    ¿Los términos? No hablar de eventos recientes, una condición en la que también acaba cediendo.

    La Comisión de Asuntos Electorales acelera la discusión del transfuguismo

    Historia de una anomalía

    Hernández nació en 1965 en Santa Ana Huista. Creció con tres hermanas y dos hermanos gemelos menores, y desde niña tuvo pasos grandes que seguir: los de su mamá, Lucinda Herrera Castañeda.

    «Mi mamá fue la primera enfermera de Jacaltenango; ella era jacalteca», explica Hernández, aunque después se trasladó a Santa Ana Huista, el municipio de su padre, y donde creció la familia. «[Ella] era una líder nata, ayudaba a mucha gente, trabajaba con grupos de mujeres, [y también] era comadrona; a ella la iban a despertar de madrugada. Nosotros crecimos en ese ambiente. A mí me gustaba mucho su trabajo», agrega. Un reflejo de eso apareció en 2018, cuando presentó el proyecto de Ley de Fomento y Protección de la Salud Obstétrica, para aumentar la cobertura de servicios de salud obstétricos y realizó una jornada médica para el personal femenino del Congreso.

    «Hoy una amiga me compartió esta foto de mi adolescencia. Es un lindo recuerdo de mi estancia en el glorioso INMAC. Me da nostalgia por esos tiempos y las amistades a quienes recuerdo con cariño». 22/10/2020

    Su hijo, Erick Martínez, dice que ella aprendió observando: «Mi mamá aprendió con el ejemplo de mi abuela». Ese proceso sobrevivió incluso a un cambio repentino.

    «En el conflicto armado, con todo eso de que la gente se fue de los pueblos, a nosotras (ella y sus hermanas) nos sacaron chiquitas [de Santa Ana Huista]; yo tenía 12 años (era 1977), y nos fuimos a vivir a Huehue cabecera», relata. «Ahí estudiamos básicos, y me gradué de maestra en 1983».

    Cuatro décadas después, Hernández y otro diputado exigirían resarcimiento para 150 familias huehuetecas desplazadas por el conflicto armado en los años 80, que todavía permanecían en Chiapas, México. Procuraban que el Estado les ayudara a volver a Guatemala. Pero antes de eso, Hernández se graduó de maestra en 1983 y en 1986 viajó a la capital para estudiar psicología en la USAC. «Mi carnet es 8613435», dice. Lo recita con la precisión automática de quien recuerda su NIT, o su número de celular. También trabajó contestando teléfonos en Telescucha, para sostenerse.

    Su familia nunca regresó a Santa Ana Huista. Aun así, asegura que fue la primera mujer universitaria de su pueblo. Se graduó en 1995. Diez años después, sólo el 1.69% de los habitantes del municipio era profesional, según la USAC.

    En 1997, Hernández vio en un periódico que el MP ofrecía nueve plazas para psicólogos en atención a la víctima. En el proceso de reclutamiento, cuando acudió a tomar el examen para calificar, se encontró con otros 200 candidatos.

    Acabó entre los nueve seleccionados. Eso la llevó a Chimaltenango, en marzo de 1998. Se había casado y tenía dos hijos. Cinco años después, tras un divorcio, logró que el MP la trasladara a Huehuetenango. Regresó al departamento justo cuando su mamá, Lucinda, se lanzó a la política. Quería optar a ser alcaldesa de Santa Ana Huista en 2003, y participó con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Pese a haber salido del municipio, su mamá retenía una base fuerte en las mujeres con quienes hizo trabajo comunitario. Sin embargo, no le bastó.

    Lucinda Herrera Castañeda, madre de la diputada, en un recuerdo publicado por la hija en su página Facebook, el 27 de octubre de 2015

    Los registros del TSE revelan que fue la única mujer, entre siete candidatos, y quedó en séptimo lugar, en una elección que dominó el Partido de Avanzada Nacional (PAN).

    Era, como dice la socióloga Ana Silvia Monzón, una anomalía: una mujer en política.

    Trece años después, uno de sus hijos, Filomeno Hernández Herrera, ganó las elecciones municipales en Santa Ana Huista con el partido Líder. Lucinda no vivió para verlo. Murió de leucemia en 2010. Para Sofía Hernández, perder a su mamá fue un parteaguas: un año después, aceptó ser candidata a diputada.

    Un tiempo antes, en 2007, le habían propuesto que integrara el consejo municipal en la cabecera de Huehuetenango, pero debía renunciar al MP para participar en una planilla. «Yo no tenía las condiciones económicas para hacerlo, así que desistí, porque siempre he vivido de mi trabajo», recuerda. «Mi mamá fue muy emprendedora, ganaba su propio dinero y nos enseñó [a hacer lo mismo]. Entre mis hermanas, una es abogada y notaria, otra es licenciada en enfermería, una es maestra y comerciante, y luego estoy yo».

    Hasta entonces, Hernández también había sido catedrática en la Universidad Rafael Landívar. Impartió cursos de género, procesos de resolución de conflictos y psicología, y afirma que cursó el posgrado en criminología en Florida en 2006. Pero la muerte de su mamá lo cambió todo. «Entonces, em… (pausa). Eso me retó a hacer (se le quiebra la voz) lo que ella nunca pudo hacer», dice.

    Antes de las elecciones de 2011, la buscaron varios partidos políticos como Encuentro por Guatemala y el Partido Patriota (PP). Nueve años en el MP de Huehuetenango la hacían conocida. Aceptó la oferta del más insistente: el PP. La había buscado un contacto de la Primera Dama, «Doña Rosita» (esposa de Otto Pérez Molina). Comenzó en apoyo organizacional. Luego, según dice, hubo un problema con quien ocupaba la tercera casilla y la llamaron cuatro meses antes de las inscripciones para participar como candidata.

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    Candidata en departamento pobre

    En 2010, Huehuetenango era el quinto departamento más pobre. Parte de su territorio, en la Franja Transversal del Norte (FTN), ya era llamada «Corredor de la Pobreza». El gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974) creó la franja para generar desarrollo agrario, pero 40 años después, cuando Hernández estaba en la antesala de su primera candidatura política, el departamento tenía siete de los quince municipios con más pobreza extrema.

    En 2011, Hernández resultó electa diputada distrital con el PP (el partido oficial 2012-2015, cancelado años después por financiamiento ilícito). Dos años y medio después, dejó el PP.

    «Me fui porque no estuve de acuerdo en muchas situaciones», dice, sin revelar ninguna.

    Campaña política del 5 de junio 2019

    Para el 30 de septiembre de 2014, ya aparecía votando con Libertad Democrática Renovada (Líder) en el Congreso (meses antes de la caída del mandatario Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti), el partido con el que los «patriotas» ya preparaban la transición de Gobierno. Ese mes, la votación de magistrados titulares de la Corte de Apelaciones mostró que Líder no era un grupo granítico, y que Hernández no siempre compartía las decisiones de su bancada. Por ejemplo, votó como la mayoría de la bancada Líder en favor de Dina Ochoa Escribá, y (con una minoría) contra Claudia Escobar Mejía.

    En 2014, el proceso de elección de los magistrados acabó con el presidente de la Junta Directiva en la cárcel, Gudy Rivera, del PP, por presionar a Escobar para que favoreciera al partido oficial, a cambio de su reelección en Sala de Apelaciones. La exmagistrada también denunció la interferencia de Gustavo Alejos en el proceso, a quien Hernández identificaría como su amigo seis años después. Mientras tanto, Ochoa acabaría en la CC por decisión del presidente Jimmy Morales (2016-2020), aunque la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) la identificó públicamente como poco idónea.

    Antes de Sofía, estaba Emilenne

    Una parte de la fama que precede a la vicepresidenta Hernández es un déjà vu, algo que se había escuchado y leído antes con Emilenne Mazariegos. La diputada Mazariegos llegó al Congreso con la Unión Democrática (UD). Su cónyuge Edwin Martínez, que ocupó la curul en 2008 y 2009 por Huehuetenango, la cedió a Mazariegos en 2010, para volver un año después y sacarla del hemiciclo. En 2012, Mazariegos regresó como diputada electa del PP por Huehuetenango (sin ser originaria del departamento), compartiendo bancada y distrito con Hernández. Un reporte de InSight Crime señala que Mazariegos ya había establecido fuertes alianzas con la entonces vicepresidenta Baldetti (2012-2015) cuando esta era diputada del PP en la legislatura anterior.

    InSight Crime citó a elPeriódico y a «informantes del departamento como de la ciudad» para divulgar «la existencia de vínculos entre el grupo de [narcotráfico] Los Huistas, la diputada Emilenne Mazariegos y con otra persona que ha trabajado en el Ministerio Público, y como diputada en el Congreso». La única que tiene ese perfil es Sofía Hernández, aunque la publicación no la menciona con nombre.

    La exdiputada Emilenne Mazariegos fue capturada el 08 de marzo 2017 por lavado de dinero

    Un exfuncionario del Ejecutivo, antes citado, asegura que Hernández aprendió la tarea legislativa de Mazariegos, hasta que ésta perdió la curul en 2015. «[Sofía Hernández] era buena observadora, aprendió rápido, y la sustituyó», dice la fuente. El exfuncionario explica que Mazariegos perdió puntos, en junio de 2012, cuando las autoridades capturaron en Huehuetenango a Walter Arelio Montejo, alias «El Zope», integrante de los Huistas, porque EE.UU. pedía extraditarlo para llevarlo a juicio por narcotráfico. No haber percibido a tiempo la amenaza de la captura que se cernía sobre Montejo, para prevenirle, la colocó en arenas movedizas.

    Hernández, en cambio, asegura que marcó distancias con el PP desde que dejó la bancada, meses antes de que Mazariegos dejara el Congreso. Para septiembre de 2014, Hernández ya aparecía como miembro de Líder. Esto era seis años antes de la captura de su hermano, pero desde entonces, algunas publicaciones como InSight Crime la vinculaban al narcotráfico.

    «Yo siempre digo que… (suspira) es muy duro para mí», explica entre pausas. «Al principio me dolía muchísimo que me señalaran. Empezó desde el Patriota, con problemas que tuvieron en la bancada y [las razones] por qué me fui. Siempre me han buscado un montón de cosas y no me han encontrado nada. He tratado de hacer las cosas correctas. Conozco la ley, si estuve en el MP tanto tiempo, y tengo principios… Mi gran pecado es haber nacido en Santa Ana Huista».

    En 2014, se planteó un antejuicio contra Mazariegos por tráfico de influencias, relacionado a la cartera de Salud en Huehuetenango. Un año después enfrentó otro antejuicio también por tráfico de influencias y abuso de autoridad. Pese a ello, Mazariegos resultó reelecta en 2015, pero la CC decidió que ella y otros diputados carecían de idoneidad para volver al Congreso debido a los procesos en su contra. La investigaba la Fiscalía especial contra la impunidad (Feci) y los señalamientos continuaron hasta cuajar en una acusación por sustraer 15 millones de quetzales de diversas entidades del Estado.

    El 6 de septiembre de 2015, días después de la renuncia del presidente Pérez Molina y días después de que lo ligaran a proceso por varios casos de corrupción, Hernández participó y ganó como candidata a diputada de Líder (luego cancelado por financiamiento ilícito). Sólo una semana después, Manuel Baldizón, presidenciable del partido, anunció su retiro de Líder aduciendo fraude en el proceso electoral que llevó a Morales y al Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación a la presidencia.

    Campaña anti corrupción en redes sociales, el 2 de marzo de 2017

    Ahora, en la entrevista, cuando la Primera Vicepresidenta del Legislativo escucha la comparación de cómo, antes que ella, Mazariegos también fue asociada al narcotráfico siendo diputada del PP sin que el MP la acusara ni produjera pruebas, Hernández dice nada. Más bien, sigue hablando, sin dedicar una palabra a Mazariegos.

    «Fueron las circunstancias del momento», afirma. «Yo me fui a los dos años del Patriota por muchas cosas, pero demostré mi capacidad y liderazgo político». Si alguna vez hubo el tipo de mentoría que menciona el exfuncionario, quedó en el pasado, tan atrás, que es como si no existió.

    En septiembre 2016, un mal augurio: se planteó un antejuicio contra Hernández por tráfico de influencias. ¿El acusador? El gobernador de Huehuetenango, Mauselio Hiram Martínez Galindo.

    En julio de 2016, el gobernador le había dicho a Ojo con mi pisto, «no he recibido presiones», aunque admitió que lo habían abordado diputados de varias bancadas, incluida Hernández y su hija Karla Martínez Hernández, para apoyar proyectos. Pero después, la Comisión de Probidad citó al gobernador para que informara acerca de la ejecución de recursos. Él acabó divulgando que «había sido presionado para pagar obras inconclusas y otras que podrían considerarse fantasma», según Walter Félix, entonces diputado y miembro de la comisión. Félix dijo a la prensa que «se habrían pagado cerca de 45 millones de quetzales que carecen de auditoría».

    El gobernador denunció que los diputados Rubén Martínez Herrera, del entonces partido oficial FCN-Nación, y la diputada Hernández, de la bancada Alianza Ciudadana (AC), promovieron su remoción. Dijo que lo citaron en 2016, y le pidieron que le diera «viabilidad a las obras que llegaban al Comité Departamental de Desarrollo (Codedes)» y que debía «descontar un 10% de dichos proyectos, para distribuirlo entre los diputados, alcaldes y gobernador». Además, el gobernador denunció que el diputado Martínez Herrera le pidió que colaborara con él al sobrevalorar obras en el Consejo de Desarrollo que él presidía, «a cambio de una comisión económica». Él dijo que rechazó el ofrecimiento, según reportes de prensa.

    El 22 de septiembre de 2016, cuando se divulgó el caso, Prensa Libre citó a la diputada Hernández: «Creo que fue un malentendido por parte del gobernador». En octubre, a pocas semanas de que el Organismo Judicial anunció que había dado trámite al antejuicio contra la diputada Hernández, el gobernador Martínez resultó acusado de prostituir a personal femenino de la gobernación en reuniones con alcaldes del departamento. El gobernador lo negó, pero la prensa reprodujo testimonios de varias empleadas que aseguraban haber sido víctimas de violación bajo amenaza de perder sus empleos. Para 2017, el gobernador había desistido de acusar a la diputada Hernández.

    La diputada Hernández durante una reunión en la sede del congreso

    En una cuenta de la parlamentaria en Soundcloud, el único archivo de audio que aparece es una grabación del gobernador, en el cual explica que desistió de la acusación, y que la misma obedeció al «acomodamiento que tiene el Estado para que las instituciones funcionen». En la descripción del archivo, aparece este párrafo: «En el audio se escucha la voz del Gobernador de Huehuetenango, Mauselio Hiram Martínez Galindo, en donde indica que la denuncia que interpuso contra la Diputada Sofía Hernández fue por presiones de los mismos diputados miembros de la Comisión de Probidad. Martínez dio marcha atrás y retiró la denuncia al reconocer que no había delito que perseguir, sino que, por el contrario, la Diputada Hernández realiza su trabajo».

    En 2017, Hernández perdió su inmunidad, pero no enfrentó un antejuicio porque el gobernador retiró la denuncia. Ese año, Mazariegos fue capturada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en 2017 (dos años después que Baldetti), y desapareció de la escena política. En marzo, el presidente Jimmy Morales destituyó a Martínez y a otros siete gobernadores, aduciendo la baja ejecución presupuestaria. Sin embargo, datos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (Segeplan) revelaron que la gestión de Martínez y de otros tres gobernadores relevados estaban entre los primeros diez con mayor erogación de recursos.

    La diputada negó que abogara por destituir a Martínez. Una publicación la describe como «despreocupada» cuando los periodistas le pidieron su opinión respecto a la condena por una estafa mediante cheque del nuevo gobernador Julio Calderón Reyes. En mayo, Pedro Gómez Martínez sustituyó a Calderón.

    Del exgobernador Mauselio Hiram Martínez, la diputada Hernández dice ahora que volvieron a ser amigos. «Él fue mi compañero en la universidad, mi amigo de muchos años, pero llegó a un cargo propuesto por la sociedad civil, y alguien cercano lo instruyó a hacer [la denuncia] en mi contra», dice Hernández. «Mire, las mujeres en estos puestos somos un blanco muy fácil, y la única forma de derrotarnos es la difamación y la calumnia. Pero él desistió en la denuncia porque no había nada».

    En 2018, Baldizón resultó capturado en Miami. Ese año se postuló para integrar el Consejo de la Carrera Judicial, pero las avenidas políticas la llevaron por otro rumbo. Después de que el TSE cancelara también a Líder por financiamiento ilícito, Hernández se integró primero en el bloque Alianza Ciudadana. En los comicios de 2019, se postuló como candidata de UCN y ganó su legislatura actual, pese a la captura del presidenciable del partido dos meses antes en Miami. Ese año, a Baldizón lo condenaron a cuatro años y dos meses de prisión por lavado de dinero.

    Un hombre llamado Manuel (el espía del FBI)

    Esa segunda reelección significaba una cosa: el patrocinio de su candidatura y su poder electoral en Huehuetenango son a prueba del debilitamiento de los presidenciables en los partidos a los que ha pertenecido. Eso explica por qué Hernández no cree que el cierre de UCN afecte su futuro político. Para ello cita el precedente de Líder, y cómo su cancelación no le impidió integrar el bloque independiente Alianza Ciudadana y seguir con sus funciones legislativas.

    La diputada entró a UCN en noviembre de 2018, y las elecciones fueron el 16 de junio de 2019. Pese a las circunstancias distintas para ella en las tres últimas elecciones, ganó ocupando la tercera casilla. Para ella, estos resultados no son ningún misterio.

    «Me conocen en los municipios porque voy a mi departamento», explica. «Estoy cerca de la gente. Puedo ser la primera vicepresidente del Congreso, pero no quiere decir que no voy a ir a comerme un plato de frijoles con la gente a su casa, o que vaya a ver qué necesitan. Muchos diputados no conocen la realidad de su departamento».

    El futuro de UCN todavía es incierto. El partido aún puede apelar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la CC, pero Hernández cree que debe acatar lo que dictó el TSE. «Los procesos legales hay que respetarlos, y si el Tribunal Supremo Electoral dice “se cancela”, pues hay que respetarlo», señala. «Ya estuve en un bloque legislativo independiente, sin partido, y de igual manera somos diputados. Digo yo que vamos a conservar la unidad, para seguir trabajando, porque se nos va a limitar de comisiones, de citaciones, pero la intermediación por el pueblo la seguiremos haciendo y al final es lo que la gente nos pide». Hernández dijo que ser Primera Vicepresidenta no le ha facilitado el trabajo por su departamento.

    El 17 de febrero la alianza oficialista intentó, sin éxito, enmendar el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso, que habría permitido a los diputados de UCN (una vez en firme su cancelación) migrar a otras bancadas, retener puestos en comisiones y continuar en la Junta Directiva—caso de Hernández. La enmienda coincide con las modificaciones que el TSE planteó a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que incluyen una excepción a la prohibición del transfuguismo (el cambio de bancada durante una legislatura) si ocurre «la expulsión, escisión, suspensión o cancelación de la organización política con la cual alcanzó la diputación».

    Alianzas con el Ejecutivo

    La vicepresidenta y sus hijos son tres de los doce diputados de UCN, la tercera bancada más grande en el Legislativo, y que ha votado con la bancada oficial Vamos en asuntos de interés para el Ejecutivo.

    El exfuncionario del Ejecutivo de otra administración, que pidió no ser identificado, afirma que Hernández utilizó su caudal electoral en Huehuetenango para contribuir a la victoria de Alejandro Giammattei en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Añade que, desde entonces, eso le valió una importante alianza con el presidente. Huehuetenango es importante para los partidos por el número de diputados electos y el número de alcaldías, y en 2011 era «el tercer distrito en número de votantes, después de los municipios de Guatemala», según InSight Crime.

    El Presidente de la República, Alejandro Giammattei saluda a Hernández antes del comienzo de la Sesión Solemne del 14 de enero

    elPeriódico reportó que UCN costeó, a favor del partido de Giammattei, «los gastos de movilización para la segunda vuelta en los distritos donde ganó diputaciones, [y] a cambio el presidente y su equipo negociador le ofrecieron acceso a puestos clave en el Ejecutivo y negocios con el Estado».

    Un diputado de oposición dijo que Hernández se había procurado de contactos en ministerios y dependencias claves para poder controlar mejor la agenda de proyectos en el departamento. Actualmente, ella pertenece a ocho comisiones, y considera las alianzas esenciales para avanzar. «Son procesos que llevan años», dice Hernández. «El Ejecutivo es a veces engorroso, burocrático, pero hay que ser persistente para lograr resultados. Por supuesto que en la política hay negociaciones, acuerdos que son gana-gana».

    Hernández es vicepresidenta en las comisiones de Desarrollo Social y Turismo. Además, integra las de Seguridad Alimentaria, Reformas al Sector Justicia, Comunicaciones y Economía (estas dos últimas, con su hija), y (con su hijo) las de Educación y Agricultura. La diputada Karla Martínez también es subjefa de bloque en UCN, vicepresidenta de la comisión de Salud, e integra la comisión de Relaciones Exteriores. El diputado Erick Martínez además es vicepresidente de la Comisión de Defensa e integra la comisión de Ambiente.

    Hasta ahora, la única evidencia visible de contactos en entidades del Ejecutivo es el caso del gobernador de Huehuetenango, Jorge Juan Gualberto de León Herrera, quien pasó de ser su asistente en el Congreso en la legislatura anterior, según elPeriódico, a ser Director Ejecutivo IV con un sueldo base de 20 mil quetzales en el Ministerio de Agricultura, según un listado de empleados y honorarios de marzo de 2019 de esa cartera.

    Foto grupal

    De León Herrera es identificado como financista de UCN. Sin embargo, cuando estaba en el Maga, un informe (página 9 del anexo I-5) que UCN entregó al TSE muestra que en 2019 De León Herrera sólo aportó 6,692 quetzales en gastos de publicidad y propaganda en La Libertad, Huehuetenango, para la campaña. No fue la mayor donación oficial en ese departamento. En mayo de 2020, el Ejecutivo sustituyó al gobernador Ramiro Barrillas Castillo por De León Herrera, quien obtuvo la puntuación más alta entre la terna de candidatos que la sociedad civil entregó a la Presidencia de la República, según reportes de prensa.

    Por aparte, desde el año pasado, el mandatario ha hecho más apariciones públicas con la Primera Vicepresidenta del Congreso que con el presidente del Legislativo de turno, Allan Rodríguez. Una razón es que Rodríguez contrajo Covid y se retiró de las tareas legislativas a mediados de 2020 por unas semanas, pero el citado exfuncionario del Ejecutivo explica que en realidad se trata de una demostración pública de la alianza entre el partido oficial, Hernández y UCN.

    En julio de 2020, por ejemplo, Giammattei y Hernández visitaron el aeródromo de Huehuetenango para supervisar unos trabajos. En agosto, el mandatario solicitó al Congreso —vía Hernández, con quien se reunió en la Casa Presidencial— que se aprobaran de urgencia nacional las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado «para agilizar y fortalecer los proyectos de las municipalidades». Esa fue una de las disposiciones que los jefes de bloque y la alianza oficialista priorizaron sobre la elección de las cortes, para finales de agosto, aunque la CC ordenaba una resolución pronta al Legislativo y Giammattei también lo pidió al Congreso.

    Baldizón va a un parque de diversiones, y otros permisos de la justicia estadounidense

    La sombra del narcotráfico

    El 20 de enero, la carrera política de la Primera Vicepresidenta del Congreso acabó bajo el microscopio cuando circuló la noticia de la captura de su hermano. No ayudó que, a otra diputada de la bancada, Vivian Preciado Navarijo, le sucedía algo similar o peor: su hermano, Carlos Danilo Preciado Navarijo, alcalde de Ocós, fue capturado el 19 de enero en Panamá con pedido de extradición para enfrentar cargos por narcotráfico en EE. UU.

    La noticia tuvo un efecto inmediato: cerrar filas. El único que habló con los periodistas fue el jefe de la bancada, Carlos Napoleón Rojas Alarcón. La prensa, si esperaba algo elocuente, encontró otro muro. «No puedo opinar nada sobre esas capturas; la bancada es unida y, gracias a Dios, [estamos] más fortalecidos que nunca, contentos de pertenecer a la UCN», dijo Rojas, hijo de un exmilitar condenado por desfalcar el Ministerio de la Defensa en la administración de Alfonso Portillo (2000-2004).

    Henry Hernández Herrera, hermano de la diputada, es capturado el 20 de enero 2021 por un caso de lavado de dinero y narcotráfico

    Le preguntaron si las capturas son un caso político.

    «No le podría decir; cada quien es responsable de sus actos», responde.

    Insistieron: ¿Las capturas afectan la imagen de la bancada?

    Rojas no se tambaleó: «Nosotros hacemos nuestro trabajo como diputados; tratamos de dar la mejor imagen posible y de luchar cada quien por nuestro distrito».

    Alguien preguntó si había hablado con las diputadas.

    «Yo hablo con las dos, como amigo y diputado; siendo jefe de bancada, vemos varios temas de bancada».

    Nueve días después, el 29 de enero pasado, la diputada y el mandatario participaron en la inauguración del Instituto Nacional de Educación Diversificada Jornada Doble, en Huehuetenango, aunque los trabajos todavía están incompletos, según elPeriódico. También estaban en la actividad los ministros de Salud, Amelia Flores; de Agricultura, José Ángel López, y el secretario de coordinación ejecutiva de la presidencia, Álvaro Díaz Velásquez. Una semana después, estaba claro que las capturas en nada cambiaron la alianza entre el Ejecutivo y UCN. Lo confirmaron las fotografías que circularon en redes sociales donde aparece Giammattei asistiendo—junto a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno—a la boda de Rojas.

    La Feci reveló que Henry Herrera Hernández fue capturado por «obstrucción de la acción penal» al intentar ocultar el origen ilícito de 600,000 quetzales que otro involucrado en el caso (Juan Bautista Rozotto López) transportaba cuando lo apresaron en 2013 (y que la fiscalía vincula al narcotráfico). El hermano de la diputada tenía orden de captura desde 2018. El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, dijo que sólo la Policía Nacional Civil (PNC), responsable de la captura, podía explicar por qué el sospechoso permaneció prófugo durante dos años y medio.

    Un diputado de oposición, que pidió no ser identificado por miedo a represalias, dijo que la vicepresidenta Hernández ha buscado acercarse al Ministerio de Gobernación por medio de la bancada UCN, para intentar influir en quién es nombrado jefe de la comisaría en Huehuetenango, supuestamente para procurar protección a estructuras involucradas en hechos ilícitos. No obstante, el acercamiento también puede obedecer a la alianza entre el oficialismo y UCN, que evitó que se gestionara desde el Congreso la destitución del ministro del Interior, Gendri Reyes, el año pasado. Una parte de la oposición exigía la separación de Reyes del cargo después que la PNC capturó ilegalmente a 43 personas y utilizó fuerza excesiva en su contra el 21 de noviembre, luego de una manifestación.

    El presidente de la República, Alejandro Giammattei, y el exdirector del Centro de Gobierno, Luis Miguel Martínez, captados durante la celebración de la boda del diputado Carlos Napoleón Rojas Alarcón, el 04 de febrero

    En la interpelación del 19 de enero pasado, los diputados de UCN estaban entre los que abandonaron el hemiciclo (junto a los oficialistas) para forzar a suspender la interpelación de Reyes por falta de quorum. Las fotografías de la sesión de ese día muestran el hemiciclo casi vacío.

    Si la conducta de la bancada era un trato a cambio de protección policial en Huehuetenango, no funcionó (al menos no en el caso de Henry Hernández Herrera, capturado un día después). El fiscal Sandoval dijo que no podía establecer, sólo con base en una sospecha, si este sujeto evadió su captura por más de dos años porque tuvo acceso a información privilegiada. Aun así, el MP ha dicho públicamente que pretende demostrar cómo los Huistas se procuraban impunidad en el sistema judicial.

    Mientras tanto, el vocero de la PNC, oficial Edwin Monroy, explicó que una captura en un sitio como Santa Ana Huista plantea desafíos: la presencia de investigadores y agentes captores no pasa desapercibida, y permite que los cómplices alerten al prófugo.

    «La investigación y ubicación de la persona, asegurarnos que realmente está en un lugar determinado, y obtener una orden de allanamiento, lleva tiempo», dice Monroy. «Se estaba tras la pista de esta persona, pero quienes tienen un pendiente con la ley no están en un solo lugar; se movilizan constantemente, lo que dificulta su aprehensión, especialmente si tienen nexos con algunos grupos».

    El 1 de febrero, en una citación con la bancada Todos, el Ministro de Gobernación mencionó que la PNC cerró 2020 con un déficit presupuestario de 420 millones de quetzales en salarios para agentes, y que «las unidades de investigación carecen de vehículo y personal necesarios en los departamentos del país». Esto sumaría otra dificultad en las capturas de alto perfil.

    Por ahora, nadie ha documentado una relación directa o indirecta de la diputada con el narcotráfico antes del caso de su hermano. En 2009, cuando el embajador de EE. UU., James Derham, escribió en un cable diplomático que UCN tenía ideología «narco», faltaban diez años para que su presidenciable fuera capturado en Miami por narcotráfico y el partido tuviera otros vínculos al mismo.

    Una fuente de la UNE dijo que el exdiputado Julio López Villatoro de ese partido, y el poder financiero tras la UCN, buscó un candidato presidencial sin escrúpulos, que no chistara ante fuentes de financiamiento cuestionables, y lo encontró en Mario Estrada, que acabó preso en EE. UU. Según la fuente, el involucramiento de López Villatoro tras bambalinas en UCN fue fundamental para el pacto oficialista, y explica también los retrasos en la elección de magistrados para la CSJ y la CC, y la juramentación del juez Moto.

    La Hcienda Santa Fe, propiedad de Mario Estrada, en la periferia del municipio de Jalapa. Junio 2019

    Como corolario, para integrar el Parlamento Centroamericano (Parlacen), UCN postuló en 2019 a dos diputados suplentes y a una titular vinculados a Los Huistas, y que enfrentan acusaciones del MP y la Cicig: Freddy Arnoldo Salazar Flores (ex Líder) y su esposa Danury Lizeth Samayoa Montejo, hija de Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias Chicharra, supuesto líder prófugo de Los Huistas; y María Alma Judith Flores Porras de Salazar, madre de Salazar Flores.

    Ninguno de estos casos afecta judicialmente a Hernández, ni siquiera el de su hermano, pero han agudizado los cuestionamientos en su contra.

    «En todas las familias somos diferentes», dice la Primer Vicepresidenta del Congreso. «Nosotros somos seis hermanos … (hace una pausa larga). Yo no puedo responder ni por mi hijo menor de edad. Ahorita puedo decir: “está haciendo la tarea”, pero no sé si la está haciendo. Entonces, no puedo responder por la vida de nadie más».

    «En el caso de él (se refiere a su hermano Henry, ligado a proceso un día antes, pero no lo llama por su nombre) ni siquiera sé cómo está el proceso. Sólo he leído lo que dicen los medios: “Obstaculización a la acción penal”. Ese delito tiene medida sustitutiva», dice. «¡Pero lo han vuelto un show mediático! [Es] un ataque a mi persona, porque no es a él; es a mí, porque soy la primera vicepresidenta del Congreso. No entiendo. Pero no me puedo poner a llorar porque no se vale que las mujeres, cuando nos atacan, nos pongamos a llorar».

    «No he salido a dar declaraciones, ni a aclarar, pero sigo viniendo al pleno; tengo mi cara levantada», afirma. No alude al caso de la diputada Preciado Navarijo, quien se ausentó del Congreso con licencia desde la primera sesión del año, el 21 de enero, y todavía lo estaba al menos hasta el 11 de febrero. «No tengo nada de qué avergonzarme», continúa Hernández. «No soy narcotraficante ni pertenezco a ningún grupo de crimen organizado, y mi gente en Huehuetenango lo sabe. Por eso me apoya».

    Presentación de la Iniciativa de Ley para la exoneración temporal de impuestos a las donaciones que recibe la Asociación Nacional de la Cruz Roja, el 10 de febrero

    Extraoficialmente, un diputado de oposición y el citado exfuncionario del Ejecutivo afirman que los Huistas protegen sus intereses por medio de UCN, como antes lo hacían por medio del PP, a cambio de financiamiento ilícito. Ninguno habla del asunto sin el anonimato asegurado. Otros, como los diputados de Huehuetenango de otras bancadas, simplemente no hablan, ni siquiera para responder si la presencia de una diputada de su distrito en la Primera Vicepresidencia les ha permitido trabajar mejor por su departamento.

    El diputado Bernardo Arévalo de la bancada Semilla, sin aludir a los antecedentes de UCN, admite que en el Congreso convive «gente que tiene motivaciones de tipo político-ideológico, y gente que tiene motivaciones de tipo transaccional, política clientelar, etc.»

    La pandemia ralentizó la producción (y tráfico) de cocaína

    Redes de poder y zonas de influencia

    Hace un año, las autoridades confirmaron que el 15 de febrero de 2020 la diputada Hernández visitó en el sanatorio Ciudad Nueva a Gustavo Alejos Cámbara, identificado como operador político desde la administración de Álvaro Colom (2008-2012) hasta la fecha. La visita ocurrió dos días antes de las votaciones de magistrados ante la CSJ.

    Sabían que llegó en una camioneta con placas oficiales. La custodiaba otra con placas de circulación P-105FSM, a nombre de Tec Dos Mil, Sociedad Anónima, cuyo representante legal es Walter Antonio Vargas Soto, vinculado al caso Fénix. Es un proceso penal de 2003 por desfalco y lavado de más de 30 millones de dólares al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en el cual Gustavo Adolfo Herrera Castillo es el principal involucrado, y cuya acusación penal se retomó en 2019.

    El sanatorio Ciudad Nueva, ubicado en la homónima colonia, en la zona 2 capitalina

    Herrera Castillo también es identificado como un clave operador político durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) (2000-2004), y en las administraciones siguientes, con influencia en las Comisiones de Postulación para magistrados de todas las cortes, en el Congreso, en las salas de los tribunales y en las oficinas de funcionarios públicos de todos los niveles, para ubicar a sus allegados en las posiciones más importantes del sistema de justicia.

    Hace un año, la diputada Hernández no ocultó la visita cuando la prensa la abordó al respecto, pero cuando los periodistas le preguntaron cuántas veces lo había visitado, titubeó.

    El informe Comisiones Paralelas: Mecanismos de cooptación de la justicia, de la Fundación Myrna Mack, de abril de 2020, que se apoya en un informe de la Cicig, afirma que en los procesos viciados en la elección de magistrados «resalta el pacto oficialista» en el que coinciden los intereses de Alejos, [Gustavo] Herrera, [la diputada] Sofía Hernández, un sector de la UNE, y otros grupos que se benefician de los Alejos (y el partido TODOS), en especial, el [del] Mariscal Zavala, la UCN». Esos intereses incluyen tomar el control de entidades claves y espacios políticos y administrativos en los tres poderes del Estado.

    «No le podría decir cuántas veces, pero sí hemos estado… Yo a él lo conozco desde hace varios años y somos amigos», respondió Hernández finalmente, sugiriendo que se han reunido varias veces. «Y con los amigos, en las buenas y en las malas», agregó. La parlamentaria advirtió que sí le preocupaba sentirse perseguida y señalada por algo que no es necesario ocultar (la visita a Alejos). «No se está trabajando nada afuera de la ley, y soy una mujer muy respetuosa de la ley», dijo. Los periodistas insistieron en preguntarle desde cuándo era amiga de Alejos, pero se marchó sin responder la pregunta.

    La diputada además comparte bancada con Julio César López Escobar, de Huehuetenango, hijo del excongresista de la UNE Julio López Villatoro, prófugo por el caso de Plazas Fantasma en el Congreso. López Escobar además es sobrino de Roberto López Villatoro, alias el Rey del Tenis, sobre quien pesa una acusación por el caso Comisiones Paralelas.

    En julio de 2020, cuando la diputada Hernández fungía como presidenta del Legislativo, después de que el presidente Allan Rodríguez resultara contagiado de Covid, fue nombrada persona non-grata por la Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango, entre otras organizaciones. La acusaban de no hacer suficiente para que los damnificados por la pandemia, en materia de salud y empleo, recibieran ayuda. Le achacaban «actuaciones en favor de corruptos y criminales».

    El reclamo ocurrió tres años después del Pacto de Corruptos y cuatro meses después de su visita a Alejos.

    Las votaciones de Hernández, registradas en la sección de eventos de votación del portal del Congreso de la República, revelan detalles elocuentes en esa votación del 13 de septiembre de 2017 para modificar el Código Penal (CP). La iniciativa 5351 respecto a la conmuta de penas en casos de corrupción, tuvo siete eventos de votación. Hernández votó a favor en tres (artículo 2, preámbulo y redacción final); votó en contra en uno (artículo 3), y estuvo ausente en tres. En términos concretos, si votó por la redacción final, su voto era una aprobación tácita de toda la iniciativa. La 5352, que reducía responsabilidades partidarias del financiamiento ilícito, tuvo ocho eventos de votación. Hernández votó en contra de dos: la moción privilegiada y aprobación en único debate, y estuvo ausente las seis votaciones restantes.

    Hernández acomoda el saco al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, antes del empiezo de la Sesión Solemne del 14 de enero

    Sin embargo, la hija de Hernández votó en favor en todos los eventos de la 5351 y en cinco de ocho de la 5352, igual que la mayoría del bloque de Alianza Ciudadana (al que pertenecían) y UCN (su futura bancada dos años después). Es importante notar que un diputado de otro partido, que vincula a Hernández con el narcotráfico, y que pidió no ser identificado, votó a favor en todos los eventos de ambas iniciativas y no es identificado públicamente como parte del Pacto de Corruptos.

    Hernández no respondió a una pregunta que le fue enviada por mensaje de texto acerca de por qué votó así en las citadas iniciativas. El 15 de septiembre de 2017, cuando 130 diputados votaron en forma unánime para anular las reformas al CP, Hernández y su hija eran dos de los 16 ausentes. ¿Qué significaban sus ausencias? Sólo ellas lo saben.

    Otras votaciones polémicas para Hernández, porque fueron a favor, incluyen la Ley Tigo (Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos), que también aprobaron otros 95 diputados en 2014, presuntamente a cambio de sobornos a manos de la entonces vicepresidenta Baldetti, según el MP y la Cicig; el proyecto de crédito Odebrecht (también aprobado por otros 107 diputados en 2012, y años después vinculado a casos de corrupción en varios países, incluyendo Guatemala), y Sigma, un crédito por 2,156 millones de quetzales para ampliar la ruta de Escuintla a El Salvador, que aprobaron sin discusión o razonamiento otros 145 diputados, con escasas garantías de transparencia para su ejecución.

    Y ahora Hernández no parece estar cerca de deshacerse de la referencia del narco por la captura del hermano. EE. UU. hasta lo oficializó en un comunicado. Juan González, director de Asuntos Hemisféricos para la región, del Consejo de Seguridad, en la administración del presidente Joe Biden, dijo en enero que era preocupante el vínculo entre diputados y el narcotráfico (a raíz de las capturas de los hermanos de las diputadas de UCN). «Ese vínculo (…) es algo que los Estados Unidos seguirá investigando», dijo.

    Hernández no se muestra desencajada. Al contrario.

    En su cuenta de WhatsApp, en enero (cuando circulaba la noticia de su hermano), tenía como foto de perfil a un guerrero en armadura, sosteniendo una espada, con la leyenda:

    «Un guerrero sólo baja la cabeza para orar, y se levanta para vencer» (Efesios 6:10-18).

    «Me enseñaron a ser resistente», dice Hernández. «Soy aguantadora, pero no agacho al cabeza porque no tengo por qué». Por algo su hijo, el diputado Martínez, dice que estudiar psicología le ha resultado útil a su mamá en la política. «El psicólogo clínico entiende el comportamiento de las personas y cómo se debe abordar ciertos temas sociales para generar apoyo», señala.

    Un mes después del reclamo de las organizaciones en Huehuetenango, Hernández estaba de vuelta en el departamento, anunciando la movilización de 550 millones de quetzales para invertir en la red vial, incluyendo un tramo a San Juan Atitán, donde la pobreza alcanza el 82%.

    «Siempre he trabajado y sé cómo se maneja la administración pública en el tema carreteras», dice Hernández. «Venimos trabajando en los estudios desde hace seis años para que fueran incluidos en la planificación. Por ejemplo, ayer [8 de febrero] estuve en [el ministerio de] Comunicaciones, con unos alcaldes, viendo lo del recapeo en el tramo de Huehue a La Mesilla».

    Foto oficial

    El exfuncionario del Ejecutivo dice que el mejoramiento de la red vial en Huehuetenango persigue crear mayores rutas de acceso para el transporte de droga hacia México. El hijo de Hernández, en cambio, afirma que el objetivo es ayudar a sacar de la pobreza a ocho municipios en la Franja Transversal del Norte. «Barillas, por ejemplo, es número uno en producción de cardamomo y café», dice Erick Martínez. Las carreteras en buen estado disminuirán los costos de transporte y facilitarán la exportación de productos.

    Después de diez años de carrera política, y 45 de haber salido de Santa Ana Huista, parece simbólico el tema de abrir o reparar caminos.

    «Seguiré trabajando porque no sé hacer otra cosa», afirma la diputada. ¿Es muy pronto para hablar de participar en la próxima legislatura? «Es muy pronto», responde de inmediato. «Estoy segura de que volverían a votar por mí si volviera a participar en otro proceso electoral, pero ahorita, de verdad…», hace una pausa, se ríe y continúa: «con todos los ataques, no me dan ganas. Dios dirá. Que sea lo que Él quiera».

  • Baldizón va a un parque de diversiones, y otros permisos de la justicia estadounidense

    Baldizón va a un parque de diversiones, y otros permisos de la justicia estadounidense

    Documentos publicados por la justicia estadounidense muestran que el excandidato presidencial solicitó al menos dos permisos: El primero fue para recibir el año 2020 en los parques temáticos de Orlando, Florida; el segundo para retrasar su ingreso a la prisión debido a que dio positivo al examen de COVID19.

    Manuel Baldizón está recibiendo un trato benevolente de parte de la justicia en Estados Unidos, un beneficio otorgado solo a quienes aportaron información relevante para capturar a otros criminales, normalmente de mayor importancia.

    Un hombre llamado Manuel (el espía del FBI)

    Una publicación de Plaza Pública reveló cómo la contribución de dos colaboradores fue clave para acusar al exdirectivo de Tigo, Acisclo Valladares, y al banquero Álvaro Cobar por lavado de dinero. La descripción de estos testigos coincide, en tiempo y características, con la de Baldizón. En un apartado revelan cómo una persona, identificada como «Manuel», ayudó a que los agentes del FBI grabaran en video y audio al banquero cuando recibía dinero para lavarlo. Los documentos dejan entrever que la información ahí vertida no es toda con la que cuentan. Es decir, «Manuel» pudo haber delatado o ayudado a grabar a más personas.

    Después de aceptar los cargos por lavado de dinero y narcotráfico como delito subyacente -crímenes que pudieron representarle hasta 20 años de prisión-, la Corte del Distrito Sur de Florida redujo la condena de Baldizón a 4 años y 2 meses. La reducción de más del 75% de la condena es solo uno de los varios beneficios.

    La sentencia, del 1 de mayo de 2019, dictó que debía entregarse a la prisión designada el 4 de diciembre de 2019 antes de las 14:00 horas. No obstante, casi nueve meses después, el Buró Federal de Prisiones registra una ficha con el nombre de Baldizón, pero indica que no está bajo custodia de ninguna de las cárceles del sistema. Es decir, hasta el momento goza de libertad condicional.

    ¿Quiénes delataron a Acisclo Valladares?

    Feliz 2020 y COVID19

    El primer permiso otorgado a Baldizón fue para que pudiera «viajar a Orlando, Florida, entre las fechas del lunes 30 de diciembre de 2019 al sábado 4 de enero de 2020». La solicitud para recibir el año 2020 en los parques de Disney o Universal Studios, entre otros, fue aceptada sin oposición por la Corte, aunque con algunas condiciones.

    El sentenciado debía notificar el nombre, la dirección y teléfono del hotel donde estaría hospedado durante el mencionado viaje. En la petición el abogado defensor, Carlos León, con oficina en Miami, Florida, indica que la (nueva) fecha fijada para que Baldizón se entregue al sistema de prisiones era el 3 de febrero de 2020.

    Manuel Baldizón es proclamado presidenciable del partido Libertad Democrática Renovada (Lider) durante la asamblea nacional en el Parque Central de la ciudad capital, en mayo 2015. Foto: Sandra Sebastián

    La segunda petición fue por un fin para nada recreativo. La Corte del Distrito Sur de Florida aceptó un acuerdo de emergencia para posponer la fecha de entrega de Baldizón «debido al resultado positivo del test SARS-Cov-2», es decir, el nuevo coronavirus.

    Según el documento presentado por el mismo abogado, el expolítico guatemalteco dio positivo al test del nuevo coronavirus el 10 de julio de 2020. El examen fue realizado Robert Thomas, médico ubicado en Coral Gables, una de las zonas más exclusivas de Miami.

    Al momento de presentar la petición, el expolítico guatemalteco acreditó que en ese momento experimentaba múltiples síntomas de COVID19 y que, si cumplía con la fecha de entrega pactada «tendría que viajar en cercanía a otros humanos por periodos extendidos de tiempo; violando las reglas de cuarentena y potencialmente infectar a otros». A su arribo, indica la petición, el personal de seguridad también estaría en riesgo de ser infectado.

    La defensa de Baldizón recordaba que la fecha en que debía ingresar a la cárcel D Ray James Prison, Folkston, en el estado de Georgia era el 15 de julio (siete meses después de la original).

    Tras analizar el caso, la Corte dictaminó que no tenía las condiciones para atender a Baldizón si llegaba a un estado crítico. En su resolución cambió la fecha de ingreso a la prisión para el 27 de julio de 2020. No obstante, hasta el 23 de agosto, el Buró Federal de Prisiones indica que no está bajo la custodia de ninguna cárcel.

    El pasado jueves representantes del excandidato presidencial presentaron un amparo ante la justicia en Guatemala: pretenden recuperar dos autobuses inmovilizados por el juzgado de extinción de dominio. Los vehículos se le incautaron porque los adquirió supuestamente con dinero producto de sobornos.

    Todos quieren estar con “Tigo”

    No todo es libertad

    La sentencia que redujo la pena de Baldizón hace aclaraciones bastante precisas. Una vez salga cumpla su condena, tendrá libertad condicionada por un año siempre que no cometa otro delito federal, que haga constantes pruebas de consumo de drogas, que no posea ningún arma peligrosa y cumpla una serie de estrictos requisitos.

    Una vez libre, debe notificar a las autoridades si cambia de residencia, entregar reportes escritos cada 15 días a la oficina de libertad condicional, evitar consumir alcohol en exceso (no indica si la limitación aplica solo para espacios públicos o a su hogar) u otra sustancia exceptuando las autorizadas por un médico. También autoriza a que las autoridades lo visiten en cualquier momento y que se le incaute cualquier objeto de contrabando.

    Baldizón cree que “le toca”, las redes sociales le responden: #NoTeTocaBaldizon

    En cuanto a sus finanzas, Baldizón dio acceso completo a su información financiera (no delimita la temporalidad por lo que pueden examinar registros anteriores), se compromete a no solicitar ningún tipo de crédito o préstamo, tarjetas de crédito ni como titular ni como adherido, sin tener el permiso de la oficina de libertad condicional. La misma restricción aplica si desea obtener un trabajo o autoempleo.

  • Un hombre llamado Manuel (el espía del FBI)

    Un hombre llamado Manuel (el espía del FBI)

    Los documentos liberados por la Corte del Distrito Sur de Florida no explicitan los nombres de los colaboradores del FBI, pero tanto en el informe contra Acisclo Valladares como en el del banquero Álvaro Cobar, aparece, por separado, el testimonio de un político capturado. Ambos testigos comparten la misma descripción: fueron acusados por lavado de dinero y narcotráfico como delito subyacente, aceptaron los cargos y colaboran para reducir su sentencia. En la acusación contra el banquero se revela su nombre: «Manuel» quien ayudó al FBI a filmar la entrega de dinero a Cobar y a registrar otras operaciones ilegales.

    Aceptar los delitos ante la justicia estadounidense es bastante parecido a firmar un contrato presionando el botón «sí a todo», incluso a la obligación de participar en operativos encubiertos para delatar a más criminales.

    Manuel Baldizón, excandidato a la presidencia por el partido Libertad Democrática Renovada (Lider), presionó ese botón el 3 de octubre de 2018, cuando aceptó los cargos por recibir dinero del narcotráfico, participar en transacciones financieras con dinero que provenía del narcotráfico; y prometer y proveer beneficios a cambio de dinero y otras compensaciones.

    Manuel Baldizón es proclamado presidenciable del partido Libertad Democrática Renovada (Lider) durante la asamblea nacional en el Parque Central de la ciudad capital, en mayo 2015. Sandra Sebastián

    La sentencia máxima para este caso era de 20 años. La parte acusadora calculó que la podría reducir a entre 5 y 7 años si colaboraba con la justicia estadounidense. Finalmente, la Corte del Distrito Sur de Florida lo sentenció a 4 años y 2 meses. Tamaña reducción suele beneficiar a quienes aportan información considerable para capturar a otros conspiradores que cometieron delitos en Estados Unidos.

    Los indicios que apuntan a Baldizón

    Hay varias razones para creer que los testimonios utilizados para acusar a Acisclo Valladares, exdirectivo de Tigo, exalto cargo del gobierno de Otto Pérez y exministro de Jimmy Morales, y al banquero Álvaro Cobar, provienen de la cooperación de Manuel Baldizón. La primera es que los tres procesos son manejados por la misma Corte, la del Distrito Sur de Florida. Además, los tres informes que describen las acciones criminales fueron elaborados por el mismo agente especial del FBI, Paul J. West, que desde 2013 investiga a organizaciones vinculadas al narcotráfico en Guatemala.

    En una publicación anterior de Plaza Pública se consignó que Baldizón coincidía con el perfil del testigo que acusó a Valladares identificado como CC1 (co-conspirador 1). No obstante, información hallada en otros expedientes hace que encaje mejor con la persona nombrada como CW3 («testigo cooperante» por sus siglas en inglés).

    ¿Quiénes delataron a Acisclo Valladares?

    En la acusación contra Valladares, el agente especial West identifica a este testigo como un acusado por lavado de dinero, juzgado por narcotráfico como delito subyacente (Baldizón aceptó lavar dinero proveniente del tráfico de drogas), que colabora para recibir una sentencia menor (aceptó hacerlo el 3 de octubre de 2019), y que en 2012 pertenecía a un partido político (el partido Lider fue fundado en 2010, ganó su primera elección en 2012 y se convirtió en una de las dos bancadas más importantes durante ese periodo legislativo).

    En la acusación contra Cobar identifican a un testigo como CW3, que lavó dinero, fue acusado por narcotráfico como delito subyacente, y firmó un acuerdo de culpabilidad para reducir su sentencia. En una parte de la acusación, un narcotraficante que aceptó colaborar con la justicia narra cómo entregó dinero al banquero en nombre de «Manuel», en referencia a CW3. La captura de Cobar se anunció el mismo día y en el mismo comunicado que lanzó la Embajada de Estados Unidos en Guatemala para anunciar la apertura de un proceso contra Baldizón.

    La cámara oculta

    En total son cuatro las interacciones que el FBI (Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés) grabó en video o audio, tres realizadas por «Manuel» y una cuarta grabada por un narcotraficante detenido en Estados Unidos que aceptó colaborar con la Justicia.

    La primera ocurrió el 30 de enero de 2019, cuatro meses después que a Baldizón lo acusaran de lavar dinero y tres después de que aceptara colaborar. Bajo supervisión del FBI, «Manuel» conversó por Whatsapp con el banquero Cobar, entonces directivo del Banco de Crédito, institución financiera controlada principalmente por su familia.

    Baldizón Innovación, SA

    En «código» el testigo CW3 (posiblemente Baldizón) le pide ayuda para transferir dinero en efectivo de «allá (Guatemala) para acá (no especifica)».

    Cobar pregunta si el dinero estaba en Guatemala.

    Bajo la mirada de los agentes, el colaboador responde que sí: «todas las comisiones serán pagadas».

    Según la acusación que Cobar aceptó, tenía un sistema de lavado mediante «transacciones espejo», es decir, depositaba en la cuenta bancaria de una empresa en Guatemala, luego retiraba dinero de otra empresa en Miami u otra ciudad en Suramérica. El dinero en realidad nunca salía del país. Su comisión por cada transacción era el 17% del monto lavado.

    Los documentos consignan que CW3 y Cobar se conocieron en 2017, cuando el banquero le habló de su habilidad para recibir grandes cantidades de dinero y colocarlos dentro del sistema bancario. Años más tarde esa insinuación se convertiría en grandes transacciones de efectivo y, en 2019, en filmaciones usadas en contra de Cobar.

    «Es que quería confiarte, el dinero que, que, que, que ellos me dieron, él es un amigo. Pero no está en cosas buenas, ¿me entiendes?»

    La segunda operación en la que participó el colaborador que comparte características con Baldizón ocurrió el 12 de febrero de 2019, en Miami, Florida. El agente especial no dice si colocaron cámaras y micrófonos en el cuerpo de CW3, o si se grabó desde otro lugar. Solo indica que las imágenes capturan claramente la cara de Cobar. Conversaron respecto a mover más dinero, ahora desde Miami hacia Guatemala.

    La operación del 29 de marzo da más detalles de cómo CW3 facilitó al FBI más pruebas en contra de Cobar. Ocurrió mediante una llamada, de nuevo, todo bajo supervisión de los investigadores.

    En la conversación CW3 le dijo a Cobar que enviaría a un amigo a la oficina.

    «Me hará un favor», agregó.

    El colaborador preguntó si a su amigo le pedirían identificarse cuando llegara.

    «No, no, no, no, para nada», remarcó Cobar.

    Según lo acordado «el amigo» llevaría el dinero. El registro refleja en esta parte un tartamudeo constante, poco común en una persona como Baldizón, acostumbrada a extensos discursos políticos.

    «Es que quería confiarte, el dinero que, que, que, que ellos me dieron, él es un amigo. Pero no está en cosas buenas, ¿me entiendes?»

    Cóbar soltó una carcajada.

    Manuel Antonio Baldizón Méndez, político, abogado y empresario hotelero guatemalteco, en un retrato del 2013. Sandra Sebastián

    «Mi amigo está involucrado en otras cosas», continuó CW3, «digamos, malas, pero otro tipo de cosas. Entonces me ofreció apoyo, y me está dando apoyo. Pero no quiere que le pregunten por su dirección, papeles o cosas».

    Cobar respondió que no habría problemas, y repitió que su amigo no tendría que firmar nada.

    «Sí por lo que, lo que él está involucrado… me está haciendo un favor». CW3 repitió la petición de su supuesto amigo. «Lo más importante es… es que sea con total confidencialidad.»

    «Por supuesto», respondió Cobar, «yo me encargo.»

    La última operación grabada es la que terminó de inculpar al banquero, y aporta indicios más certeros para pensar que fue Baldizón quien facilitó su captura.

    El 9 de abril Cobar conoce al amigo de CW3, un testigo nombrado como CW4, que se convirtió en colaborador del FBI después de aceptar su culpa como narcotraficante. El agente especial hace hincapié en que el narcotraficante y el testigo que semeja a Baldizón en realidad no se conocían. Todo era parte de un plan orquestado por el FBI en territorio guatemalteco.

    El narcotraficante confeso llegó a la oficina de Cobar en la ciudad capital. Minutos antes el informe indica que los agentes del FBI lo equiparon con cámaras y micrófonos, se aseguraron de que no portara dinero, y le dieron un paquete con aproximadamente 20,000 dólares. Debía interpretar el papel de un narcotraficante.

    CW4 se presentó en la recepción, dio un nombre falso y lo hicieron pasar.

    «Tengo una pequeña orden para usted… de Manuel», dijo ante el banquero

    «¿Lo contó?»

    «Sí, ¿se lo entrego».

    Cobar respondió que sí. El momento en que recibió el efectivo quedó registrado en la cámara. La operación había sido un éxito.

    Todos quieren estar con “Tigo”

    El narcotraficante y Cobar conversaron sobre la posibilidad de hacer más transacciones. El banquero dijo que «la siguiente vez» se reunirían en un lugar aún más privado.

    «Al final es como que vinieras a hablar conmigo por un crédito o algo», dijo el banquero pensando en la excusa que podrían dar si los veían juntos.

    A Cobar lo detuvieron el 12 de noviembre de 2019 y aceptó todos los cargos en su contra el 12 de marzo siguiente. Su testimonio fue clave para inculpar a Valladares.

    Las maletas de Acisclo

    La acusación en contra de Acisclo Valladares Urruela se sostiene sobre varios testimonios, además de documentos. Uno es el de Cobar, que narra cómo se conocieron en una reunión en 2015. Tiempo después, conversaron sobre la necesidad de dinero en efectivo que tenía Valladares: cantidades grandes y de manera frecuente.

    Cobar le aseguró que podía conseguir ese dinero, pero que provenía de actividades ilegales. Más de una vez Valladares se mostró despreocupado por la advertencia. Según las investigaciones, Cobar ayudó a que el exdirectivo de Tigo y exfuncionario de Otto Pérez y Jimmy Morales, lavara 9.5 millones de dólares entre 2015 y 2018.

    El presidente Otto Pérez Molina juramenta a Acisclo Valladares Urruela, como Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión, en agosto 2015. Presidencia

    Otro testimonio incriminatorio es el también identificado como CW3: Un político acusado de narcotráfico como crimen subyacente, que confesó haber lavado de dinero en Estados Unidos, y que había decidido cooperar para reducir su pena, al igual que «Manuel».

    El colaborador identificó una maleta azul y otra de color negro. Dijo que eran el mismo tipo de bolsas en las que Valladares le entregaba el dinero

    CW3 narra que conoció a Valladares en 2012. El entonces directivo de Tigo dijo que quería apoyarlo. Semanas más tarde Valladares se presentó con una maleta llena de dinero en efectivo, aseguró que era para repartir entre los miembros electos del partido, a cada uno 1,500 dólares en promedio. 2012 fue el primer año en que Lider ganó escaños en las elecciones: 14, tras dividir a la Unidad Nacional de la Esperanza. Un mes después Valladares volvió con otra maleta de dinero similar a la primera.

    En 2014 CW3 y Valladares volvieron a tener una reunión, esta vez, acordaron que Valladares haría una entrega mensual de dinero durante todo 2015. Los investigadores del FBI mostraron al colaborador la fotografía de maletas que contenían dinero, es la misma imagen que utilizó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público como prueba en contra de Roxana Baldetti. Según la acusación en Guatemala, las maletas fueron recogidas por agentes de la SAAS en las oficinas de Tigo y llevadas a Casa Presidencial. Según la Fiscalía, contenía dinero para pagarle a diputados a cambio de votar según las instrucciones de la exvicepresidenta.

    Según las investigaciones del MP y CICIG, agentes de la SAAS indicaron que eran enviados por la exvicepresidenta a recoger maletines (con el efectivo). La misma fotografía es utilizada en el expediente utilizado para acusar a Valladares en Estados Unidos.

    El colaborador identificó una maleta azul y otra de color negro. Dijo que eran el mismo tipo de bolsas en las que Valladares le entregaba el dinero. En total, calcula que Valladares le entregó 18 millones de quetzales.

    El agente especial anota en su informe un comentario de CW3. En ese tiempo, recuerda el colaborador, el Congreso discutía «una ley de telecomunicaciones. La ley aprobada finalmente tenía un número de requisitos» que solo cumplía una compañía de celular y era la única que los cumplía y pretendía «efectivamente asegurar el monopolio a través de los sobornos pagados por Valladares­». La descripción y fechas coinciden con los días en que el Congreso aprobó la llamada «Ley Tigo», legislación creada originalmente para obligar a las telefónicas a bloquear la señal telefónica en las cárceles, pero que terminó beneficiar al oligopolio de estas compañías. Actualmente Valladares es requerido por la justicia en Estados Unidos, la página oficial de la Interpol lo incluyó en el listado de personas buscadas a nivel internacional.

    Además de haberlo delatado verbalmente ¿pudo Baldizón haber hecho trabajo encubierto para grabar con video o micrófono alguna conversación con Valladares? La probabilidad es baja. Por un lado, el acuerdo de colaboración lo firmó el 3 de octubre de 2018 y la investigación en contra de Valladares llega hasta diciembre de ese mismo año. Por otro lado, el testimonio que más coincide con las características de Baldizón no menciona grabación alguna.

    Esto no quiere decir que los agentes hayan utilizado a «Manuel» solo para grabar a Cobar. Cualquier interacción del expolítico guatemalteco ocurrida entre el 3 de octubre de 2018 y el 21 de enero de 2019, fecha en que fue pública su detención en Estados Unidos, pudo quedar registrada por los micrófonos y cámaras ocultas del FBI. En su informe, el agente especial West asegura que no revela todos los detalles, dejando entrever que cuenta con más información que podría involucrar a más figuras guatemaltecas.

  • ¿Quiénes delataron a Acisclo Valladares?

    ¿Quiénes delataron a Acisclo Valladares?

    El Departamento de Justicia del distrito de Florida acusó a Acisclo Valladares Urruela de lavar más de 9.5 millones de dólares del narcotráfico y otros delitos entre 2014 y 2018. En esos años Valladares fue directivo de Tigo, la mayor empresa de telefonía del país, comisionado del Programa Nacional de Competitividad durante el gobierno de Otto Pérez, y Ministro de Economía bajo la gestión de Jimmy Morales. Los nombres de los testigos están reservados, pero algunos indicios apuntan a tres figuras guatemaltecas.

    Acisclo Valladares «no retrocedió cuando le recordaron que el dinero provenía del tráfico de drogas», narra uno de los testigos que acusaron al empresario y exfuncionario en Estados Unidos. Según el documento, fueron cuatro personas quienes, a cambio de lograr una sentencia más baja, explicaron el esquema de lavado del Valladares obtenía efectivo del narcotráfico y actos de corrupción para pagar sobornos en el Congreso de Guatemala.

    La acusación publicada ayer es un informe elaborado por un agente del FBI (Buró Federal de Investigaciones por sus siglas en inglés) que desde 2013 investiga organizaciones de tráfico de droga internacional en Guatemala. Los hechos relacionados a Valladares abarcan desde 2014 hasta 2018.

    Iván Velásquez: EEUU se equivoca. No existe compromiso del Gobierno contra el narcotráfico.

    Los testimonios y pruebas mencionan casos que pueden involucrar a más políticos guatemaltecos, e incluso a la telefónica Tigo, beneficiada durante la época que abarca la investigación con una ley que protegió más su posición de dominio del mercado.

    Los probables delatores

    Aunque el documento pretende ser lo menos específico posible en la descripción de los testigos, los eventos descritos y la coincidencia de fechas deja entrever tres posibles nombres: el excandidato sentenciado por lavado de dinero Manuel Baldizón; el exbanquero extraditado, Álvaro Cóbar; y el político acusado por narcotráfico Mario Estrada.

    Los casos de estos tres guatemaltecos los maneja el Distrito Sur de Florida, Estados Unidos. Juan Francisco Sandoval, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), aseguró que no tiene información respecto a si estas personas están involucradas en la acusación contra Valladares.

    1. «El político corrupto». ¿Manuel Baldizón?

    En el informe identifican a un testigo como CC1 (co-conspirador 1), un «político corrupto» que obtiene su dinero de corrupción e intentaba comprar acciones en empresas. Su función en el esquema de lavado era aportar efectivo.

    En 2014 Manuel Baldizón, aunque aún faltaba un año, ya estaba en giras de campaña electoral con el partido Lider. Ese fue un año muy importante para para el Congreso y para la justicia: eligieron a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, una elección recordada por haber sido fruto del acuerdo entre Baldizón y Alejandro Sinibaldi, entonces del Partido Patriota.

    Caiga quien caiga, ¡que hable Mario Estrada!

    En enero de 2018 las autoridades de Miami detuvieron a Baldizón cuando ingresaba desde la República Dominicana. En noviembre de 2019 aceptó los cargos por lavado de dinero en aquel país, y recibió una sentencia de 50 meses (cuatro años).

    Al consultar el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, la ficha de Baldizón indica que su información esta activa en el sistema, pero que no está bajo custodia de ninguna cárcel. Eso significa que pese a ser sentenciado, goza de un arresto domiciliario. Esta es una medida que otorgan principalmente a quienes con su testimonio delatan a más personas de alto nivel, involucradas en narcotráfico o lavado de dinero.

    2. «El Banquero». ¿Álvaro Cobar?

    Es quien más detalles aporta respecto a Valladares, su captura fue anunciada el mismo día y en el mismo comunicado que lanzó la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, y que anunciaba la apertura de un proceso contra Baldizón.

    El informe identifica a CW1 (testigo cooperante 1 por sus siglas en inglés) como una persona con un puesto alto en un banco, que aceptó los cargos por lavado de dinero, y que está colaborando para recibir una sentencia menor. Según el documento, fue el artífice del esquema y las autoridades estadounidenses estiman que lavó al menos 10 millones de dólares entre 2014 y 2018.

    Álvaro Cobar Bustamante fue detenido en Estados Unidos el 12 de noviembre de 2019, país donde aceptó los cargos imputados. Cobar era director del Banco de Crédito. Tras su captura, la institución financiera fua auditada por la Junta Monetaria.

    La acusación contra Cobar fue publicada a finales del año pasado. En ella el investigador detalla un sistema de «transacciones espejo» que utilizó para trasladar dinero de un país a otro, pero sin sacarlo del país. El sistema era funcional: Recibía dinero en las cuentas de una empresa radicada en un país, luego retiraba dinero de otra empresa en el país de destino. Los fondos nunca salían de un país y por tanto no quedaba registrada ninguna transacción internacional, solamente eran depósitos y retiros en cuentas de distintas empresas en diferentes países. Las operaciones eran usualmente de Guatemala a Sur América, o entre cuentas en Estados Unidos.

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    A Cobar lo delató un testigo que colaboró con el FBI, el cual grabó audio y video de una reunión en febrero de 2019. Las imágenes detallan el momento en que el delator entregó 20,000 dólares al banquero, y este prometió trasladarlos a Estados Unidos.

    En el informe de investigación, «el banquero» cuenta que conoció a Valladares en 2014 o 2015. En la primera reunión Valladares le explicó que necesitaba dinero en efectivo (una gran cantidad, una o dos veces por semana), y que no fuera rastreable. Anteriormente ya lo había obtenido, «pero resultó ser muy problemático», dijo Valladares. Aunque no lo mencionó explícitamente -recuerda el testigo- él intuyó que el dinero sería utilizado para pagar sobornos, hecho que confirma otro testigo más adelante.

    Según la investigación del FBI, «el banquero» le hizo algunas advertencias a Valladares. Por ejemplo, que la cantidad de efectivo que necesitaba no podía venir de un banco, pero que podía ser obtenido de actividades fuera de la ley. Valladares respondió que no le preocupaba el origen del efectivo, a lo que el colaborador ofreció utilizar el banco que él dirigía para aparentar que ese dinero era legítimo.

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    Coincidió que días antes «el banquero» tuvo una reunión con CC1 o «político corrupto», que le dijo que necesitaba lavar dinero. En ese momento «el banquero» se dio cuenta que tenía el negocio perfecto, fue ahí que armó el esquema de lavado. La acusación también parafrasea el testimonio de un narcotraficante, identificado como CC2. No da detalles más allá de que se benefició del esquema del «banquero», que aceptó los cargos y que colabora para reducir su sentencia.

    El esquema de Cobar funcionaba así:

    • Valladares proveía dinero «limpio».
    • El dinero tenía como destino -(supuestamente)- comprar acciones de una compañía.
    • El narcotraficante y «político corrupto» suministraban «dinero sucio»
    • El esquema de lavado permitía que Valladares recibiera el efectivo que necesitaba para pagar sobornos sin dejar rastro. El narcotraficante y «político corrupto» recibían su dinero, ahora bancarizado.
    • Por las transacciones Cobar ganaba el 17% del monto lavado.

    Las transacciones espejo de Cobar permitieron que el narcotraficante trasladara dinero a Sur América sin dejar rastro. También sirvieron para realizar transacciones bancarias en Estados Unidos cuyo destino eran cuentas en un paraíso fiscal.

    El relato de «el baquero» incluye varias anécdotas que reflejan la normalidad con que Valladares trasladaba el dinero. El testigo narra que él personalmente supervisó cada una de las entregas de efectivo a Valladares, o a un socio cercano a él y de quien no dan detalles.

    Durante cuatro años, y varias veces al mes, «el banquero» enviaba el efectivo al lugar donde Valladares le indicara. El dinero siempre era entregado en mochilas o maletines, excepto en una ocasión, en diciembre de 2018, cuando metió el dinero en cajas de licor, simulando que era un regalo o canasta navideña.

    El informe del investigador incluye una fotografía producto de las investigaciones de CICIG y MP en contra de Roxana Baldetti. Según la acusación en Guatemala, las maletas fueron recogidas por agentes de la SAAS en las oficinas de Tigo y las llevaron a Casa Presidencial. Según la Fiscalía, contenía dinero para pagarle a diputados a cambio de votar según las instrucciones de la exvicepresidenta. Al presentarle la fotografía a «el banquero», este reconoció que esas fueron las maletas que él entregó a Valladares.

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    «El banquero» recuerda que era frecuente encontrar a políticos guatemaltecos en el lugar en que hacía la entrega, y luego ver a los políticos salir exactamente con la maleta que él acaba de dar a Valladares. Las entregas eran tan frecuentes que alguna vez Valladares se disculpó diciendo: «perdón, los políticos deben de pensar que el dinero crece en los árboles».

    Según el informe de la acusación, el trabajo de Cobar fue tan bueno que pronto acabó con todo el dinero que el «político corrupto» necesitaba lavar. «El banquero» le recordó que la cantidad de dinero que necesitaba solo podía provenir del narcotráfico (hecho que le reiteró en múltiples ocasiones). Valladares no hizo ninguna objeción, solo que necesitaba que el efectivo fuera en quetzales.

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    La documentación recopilada por el FBI muestra las empresas usadas por «el banquero» y Valladares, todas a nombre de testaferros. Es así como supieron que en diciembre de 2017 una cuenta en Estados Unidos a nombre de Valladares, trasladó 350,000 dólares a una empresa en Miami (identificada en el reporte como Compañía A). La nota de transacción hace referencia a Compañía B, la cual trasladó fondos a Delaware, un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. En enero de 2019 la Compañía B hizo otro traslado a la Compañía A, las transacciones sumaron 500,000 dólares.

    La Embajada de Estados Unidos en Guatemala publicó, el mismo día y en el mismo comunicado, la captura del banquero Álvaro Cobar, y la apertura de un caso en contra de Manuel Baldizón.

    3. El narcotraficante y político. ¿Mario Estrada?

    El informe del FBI menciona un testigo más y solo al final del documento. Lo identifican como testigo 3 o CW3, miembro de un partido político en Guatemala, que aceptó las acusaciones de lavado de diner y, como delito subyacente, narcotráfico. Ahora coopera para recibir una sentencia más baja.

    Mario Estrada, fundador del partido UCN, fue capturado en abril de 2019. Estados Unidos lo acusó de conspiración para el tráfico de drogas y señaló que tenía nexos con el Cartel de Sinaloa, al que pidió dinero para financiar su campaña electoral de ese año y ayuda para asesinar a dos rivales políticos de la contienda electoral. Es importante recordar que, hasta el momento, no ha sido acusado por lavado de dinero.

    Mario Estrada no es un caso aislado

    En octubre Estrada envió una minuta al juez del Distrito Sur de Nueva York, cambió su declaración de no culpable a culpable. Estrada fue detenido junto a Juan Pablo González Mayorga, tercer secretario de la UCN, exfinancista de la UNE y antiguo miembro del partido CREO.

    En informe del FBI, el político acusado por narcotráfico cuenta que conoció a Valladares en 2012, quien en esa reunión le manifestó su interés por apoyar su partido político. Varias semanas después Valladares llegó con maletas, CW3 vio que estaban llenas de billetes de quetzal.

    Valladares dijo que ese dinero era para los miembros del partido electos en 2011. El colaborador estima que eran 1,500 dólares para cada diputado.

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    CW3 explicó que no quería recibir personalmente el dinero, pidió que lo depositara a cuentas. Valladares se negó, dijo que no quería hacer transacciones bancarias que lo pudieran vincular al dinero. Acordaron entonces que lo entregaría en otra locación en la que los políticos lo recogerían personalmente. Aunque era un regalo, el político que aceptó los cargos por lavado de dinero, cuenta que los otros políticos le reclamaban, sabían que otros colegas estaban recibiendo más dinero de Valladares.

    Cuando el investigador del FBI le mostró la fotografía de las maletas con dinero en Casa Presidencial, CW3 identificó una azul y otra de color negro. Dijo que eran el mismo tipo de bolsas en las que Valladares le entregaba el dinero. En total, el testigo calcula que Valladares le entregó 18 millones de quetzales.

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    CW3 agrega información relevante que podría ser el inicio de más acusaciones. Durante el tiempo que Valladares le trasladaba el efectivo, el Congreso «estaba escribiendo una nueva ley de telecomunicaciones. La ley que fue aprobada tenía un número de requisitos para una compañía de teléfonos celulares que quería operar en Guatemala y el resultado fue que solo una compañía cumplía los requisitos, lo cual efectivamente aseguró el monopolio para esa compañía a través del pago de sobornos».

    La descripción y fechas coinciden con los días en que el Congreso aprobó la llamada «Ley Tigo», legislación creada originalmente para obligar a las telefónicas a bloquear la señal telefónica en las cárceles, pero que terminó beneficiar al oligopolio de estas compañías.

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    Aunque en ese momento el Congreso estaba dividido por la rivalidad entre los diputados de Manuel Baldizón, con la bancada Líder, y los seguidores del partido de gobierno, el PP, con Alejandro Sinibaldi. Esta disputa pareció entrar en una una tregua en junio de 2014 cuando aprobaron, en primera lectura y con celeridad pocas veces vista en el Organismo Legislativo, esta ley.

    Para el politólogo Renzo Rosal, los testigos en Estados Unidos tienen una lógica: «si me voy al hoyo, me llevo a otros conmigo». Agrega que «hay un factor de clase. Los corruptos también son los de cuello blanco y los capitales tradicionales, y no solo los emergentes. Este tipo de razonamientos son muy propios de gente como Baldizón, quien vio siempre a los empresarios tradicionales con desdén», dijo.

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    Los casos contra Valladares

    Tras revelar la acusación, la Interpol activó la alerta roja para Valladares. En Guatemala es acusado por el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, un caso que involucra también al expresidente Otto Pérez, el expresidente del Instituto Guatemalteco del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, y el empresario y operador en la elección de Magistrados, Gustavo Alejos.

    El caso involucró constructores, funcionarios y abogados que conformaron una red de sobornos para recibir contratos millonarios. En febrero de 2011, el empresario Mynor Palacios Guerra transfirió 1.4 millones de dólares a la empresa Dolansea World Wide Corp con el fin de comprar acciones en Deckner Assets Inc. La segunda sociedad figuraba como propietaria de apartamentos en Casa Margarita, los cuales terminaron en poder de Gustavo Alejos. Dos años más tarde las acciones de la empresa pasaron a manos de Valladares.

    Por el caso MP y CICIG solicitaron levantar el antejuicio al entonces Ministro de Economía del gobierno de Jimmy Morales. La Comisión Pesquisidora del Congreso, a cargo de examinar la solicitud, estaba compuesta por diputados del partido de gobierno como Juan Manuel Giordano, o Flor de María Chacón, colega del entonces cuando producían «Moralejas». La comisión fue severa y estaba enfocada en desacreditar la acusación contra Valladares.

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    El exdirectivo de Tigo también fue acusado por participar en el caso «Subordinación del Legislativo». El MP y CICIG lo acusaban por haber dirigido una red de sobornos que facilitaron la creación de la llamada «Ley Tigo». La petición de antejuicio contra el Ministro de Economía y varios diputados fue desestimada por la Corte Suprema de Justicia, la misma que fue electa producto de la alianza entre Baldizón y Sinibaldi.

    En febrero de este año, Valladares publicó un comunicado en el que calificó de «farsantes» a los fiscales y jueces encargados del caso. Por su parte, el embajador Acisclo Valladares Molina, padre del acusado, publicó en sus redes sociales que la acusación contra su hijo es «una venganza» del narcotráfico contra él por haber aprobado los tratados de extradición cuando fue Procurador General de la Nación entre 1994 y 1998 . «Suficiente razón para una venganza», denuncia.

  • El legado de «El Pocho» lo retoman una exMiss Guatemala y un sucesor obediente

    El legado de «El Pocho» lo retoman una exMiss Guatemala y un sucesor obediente

    Erik Suñiga ya no está pero su legado intenta seguir. Murió por complicaciones médicas en Estados Unidos después que lo extraditaran acusado de narcotráfico. Ahora, su hija mayor y su exvicealcalde gobiernan al municipio.

    Ayutla está ubicado en la costa de San Marcos, es uno de los municipios fronterizos entre México y Guatemala. Durante doce años, la municipalidad fue dirigida por Erik Salvador Suñiga Rodríguez, conocido como el Pocho, a quién Estados Unidos extraditó en 2019 tras identificarlo como uno de los capos de la droga que negociaba y auxiliaba al Cartel de Sinaloa. Ahora que ya no está, diferentes fuentes consultadas refieren que una de sus hijas es quien hereda el poder y el control territorial.

    El impacto de la pandemia sobre el crimen organizado

    El Pocho llegó a la alcaldía de Ayutla en 2008 con la coalición UNE-Gana. Logró permanecer en el poder durante tres elecciones seguidas, un récord que ninguno de sus antecesores había conseguido. Su administración marcó una diferencia al incrementar las fuerzas policiales del municipio e implementar un sistema de videovigilancia que, con el argumento de resguardar a la comunidad, fue efectivo para mantener el control del territorio y facilitar el negocio de las drogas.

    Hasta el año pasado, cada esfuerzo de Suñiga Rodríguez iba dirigido a dar el gran paso: ocupar la Presidencia de la República. Su meta quedó truncada cuando en marzo de 2019 la Oficina para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) hizo una petición para extraditarlo y enjuiciarlo en Estados Unidos.

    En los meses anteriores a su captura y entrega a Estados Unidos -ocurrió en diciembre de 2019- el Pocho intentó perpetuarse en la muni inscribiéndose para un cuarto período como alcalde. Ya tenía experiencia derribando rivales políticos con intimidaciones, cuenta Edwin Escobar, expresidente de la Asociación de Municipalidades (Anam). Una de ellas América Martínez, exconcejal de la muni y rival política de Suñiga Rodríguez; y el otro, Antony López, excandidato a la alcaldía por la UNE en las elecciones 2015 y 2019.

    Una señora descansa, por la noche, dejando abierta la puerta de su casa para paliar el fuerte calor. Desde que Erick Suñiga estuvo al mando del Municipio de Ayutla, San Marcos, los vecinos se han sentido más seguros.

    Martínez asegura que fue amenazada durante su candidatura. «Una vez que estábamos trabajando allí en (la aldea) Las Delicias, trabajando con niños desnutridos. Lo que hizo (el Pocho) fue mandar a una señora de manga larga, lentes y de gorra, con palos y machetes a intimidarnos. Él jamás dio la cara, siempre mandó gente», relata. A López, en cambio, le fue difícil armar su planilla «porque todo el mundo le tenía temor a Don Érik, a que les quisiera hacer algo».

    Eventualmente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le prohibió participar por las acusaciones en su contra. Las oportunidades para que Suñiga continuara en el poder terminaron, o al menos las oportunidades legales. Había una opción más que le permitiría estar al frente, aunque no oficialmente: Un sucesor.

    Mientras que el TSE le negó la participación, sí permitió la inscripción del resto de la planilla del Comité Cívico Crecer (CCC), organización conformada por la misma estructura de Suñiga después de la cancelación de la Gana. Entre los integrantes estaba uno de sus hombres de confianza que asumió la candidatura para la alcaldía.

    La silla municipal que una vez ocupó el Pocho ahora la ocupa Eustaquio Rubén Méndez de León, o al menos así es ante los ojos del TSE y el Gobierno. Tiene más de 60 años, fue vicealcalde de Ayutla en la última década y un fiel escudero de Suñiga Rodríguez.

    Expulsados de su comunidad en plena pandemia

    «Mi amado hermano del alma»

    Méndez es de carácter apaciguado y tiene un perfil político opuesto al de su antecesor, es afecto a seguir órdenes de un superior. Por eso, fuentes del departamento de San Marcos afirman que colocarlo frente a la alcaldía fue una jugarreta que el Pocho aprovechó para no perder el control del territorio que había usurpado luego de la captura y extradición de Juan Alberto Ortiz López alias “Juan Chamalé”.

    «Méndez sería uno de los pocos que cumpliría con sus órdenes sin cuestionarlo», refiere José Maldonado, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Ayutla y Coatepeque.

    Rubén Méndez, alcalde de Ayutla y vicealcalde durante la época de Suñiga. De su administración resalta la instalación de un centro de salud clase dos, la construcción de escuelas y la creación de tres centros de convergencias.

    De acuerdo a una segunda fuente que prefirió no ser nombrada por seguridad, «don Rubén ha sido una figura muy gris. Es un señor ya mayor, muy alejado de los problemas y una figura que acepta ser manipulada».

    Además de la conveniencia de insertar a un alcalde afín a el Pocho, la relación que estos mantenían iba más allá de lo laboral. Cuando murió Suñiga Rodríguez en un hospital en Houston, Texas, el pasado 18 de abril. Méndez dejó un mensaje en las redes sociales de la Muni para despedirse de quien consideraba como su «amado hermano del alma».

    «Don Erik Suñiga era un hombre de pueblo. Era un hombre aguerrido, lleno de sabiduría y conocimiento. Que nos dejó este legado para que nosotros siguiéramos ese ejemplo (…)

    Este es un pueblo diferente a los demás, con un crecimiento enorme, con una seguridad enorme. Estamos disfrutando de esos beneficios que recibimos de este líder, de este héroe que muchos lloramos, pero sabemos que en nuestro corazón vivirá siempre», fueron las palabras de Méndez al despedir al Pocho en el parque central de Tecún Umán el pasado 19 de abril. En el acto lo acompañaron elementos de la Policía Municipal y de Tránsito.

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    Los homicidios a la baja

    La noticia de que estaba enfermo era de conocimiento general en el municipio. En los últimos meses, el Pocho asistía a las actividades públicas luciendo desmejorado a raíz del cáncer pancréatico que sufría.

    «Ayutla fue transformado por ese hombre. Ese hombre que dejó sus mejores años por servir a esta población. Dejó su tiempo, tiempo que pudo compartir con nosotras para poder estar con ustedes», dijeron las hijas del exalcalde en la noche que anunciaron el deceso. «Vamos a volver a florecer, así como siempre lo hemos hecho», refirieron.

    Suñiga aún es una figura querida y respetada en el municipio, su pasado criminal no importa para muchos. Las muestras de conmemoración fueron extendidas por dos semanas hasta finales de abril.

    La Policía Municipal, de Tránsito y los Bomberos Municipales fueron los primeros en honrar su memoria. Al día siguiente de su muerte, realizaron una caravana en las calles principales de la ciudad.

    El Club Motorizado Ayutleco y la Gremial de Pilotos de Transporte Pesado hicieron otra, pintando frases en los cabezales que leían: «Pocho Vive» y «Pocho for ever».

    Un tercer recorrido lo organizó un grupo de taxistas en bicicleta (tricicleros), y dejaron una ofrenda floral frente a las oficinas de la municipalidad.

    El 28, el personal de la comuna develó el primero de dos monumentos, además, una artista retalteca pintó un mural con su rostro.

    Algunos vecinos dijeron extrañar los tiempos en el que el Pocho mandaba porque «le dio un vuelco al municipio». Recuerdan la implementación de proyectos de infraestructura y mejoramiento del ornato, como la construcción de canchas deportivas, parques, y jardinización del área céntrica de Tecún Umán, pero sobre todo lo recuerdan por haber apaciguado Ayutla, que alguna vez fue uno de los 15 municipios más violentos del país.

    De acuerdo a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para enero de 2017 Ayutla pasó a ser una de las comunas de San Marcos menos violentas. El Pocho afirmó en una publicación impresa que durante su gobierno redujo la delincuencia en un 90%, pero confirmar este extremo es difícil porque la Policía Nacional Civil (PNC) no compartió información.

    Datos sobre la violencia homicida en el municipio de la organización Diálogos, muestran que el pico de estos hechos se dio en 2004 y en 2009. Los años 2018 y 2019, períodos en los que El Pocho todavía dirigía la comuna, son los años menos violentos.

    En números brutos, la disminución de la violencia fue del 8% si se compara el segundo y último año de su gestión. Así como hay quienes lo recuerdan como el mejor alcalde por haber brindado seguridad, otros más no olvidan que fue un «líder narcotraficante». Otros más, como el expresidente de la Anam y la rival política de El Pocho, aseguran que el municipio no prosperó realmente.

    Ayutla, desde siempre, ha destacado en las noticias por el narco, el contrabando, y por ser el paso y refugio temporal de miles de migrantes, la mayoría centroamericanos. Ninguno de estos problemas mejoró durante el gobierno de Suñiga Rodríguez.

    Tampoco incrementó la infraestructura pública, educativa, de salud ni el desarrollo económico. La mayoría de los comercios dependen en buena medida del dinero de los migrantes que van de paso y, si estos no están, los negocios peligran.

    Ambos reconocen que fortaleció a la Policía Municipal, pero como una táctica de control territorial y no como un beneficio para la comunidad. «Resulta que aquí solamente pantalla nos dio, solo maquilló al pueblo y que luego se logró imponer de manera prepotente y agresiva. Logró dominar a los grupos organizados», indica Martínez.

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    El pasado no le afecta al nuevo alcalde

    En 12 años de gobierno, Rubén Méndez fue el único aliado de Suñiga que consiguió permanecer en el cargo para el que fue electo: la vicealcaldía. Algo que no ocurrió con el resto de los integrantes del Concejo Municipal. Fuera del rol político reservado que desempeña, su hoja de vida cuenta la historia de un hombre multifacético.

    El ahora alcalde, a diferencia de Suñiga que tenía el grado de bachiller, es técnico de radiotelegrafista y código morse. Fue Oficial Asimilado en el Ejército durante 21 años y trabajó en la oficina de Correos y Telégrafos durante tres. Además, ha sido estilista profesional por poco menos de 30 años.

    En Ayutla, casi todos conocen dónde queda la estética del alcalde, llamada Isidoro. No trabaja ahí desde que está en política, pero el negocio sigue funcionado a pocas calles del parque central. El local es reducido, pero tiene aire acondicionado, un privilegio que no todos los empresarios pueden darse en la costa de San Marcos.

    Formó parte de la Junta Directiva de la Cruz Roja Guatemalteca de Ayutla por 15 años y fue líder del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la aldea en la que vive, El Triunfo, previo a ganar un espacio en el Concejo Municipal.  Es instructor de teología y se autodenomina cristiano-evangélico. En actividades públicas pronuncia oraciones como parte de sus discursos.

    Un soldado usa mascarilla para protegerse del contagio del COVID19 mientras vigila el puente fronterizo de Tecún Umán.

    Plaza Pública lo visitó en marzo pasado. Sentado en el rincón de una oficina pequeña que no parece ser el despacho de un alcalde, el cual comparte con tres empleados de la Municipalidad, incluida la Secretaria, estaba Méndez.

    Es mediano, de complexión delgada, pelo canoso, ojos cansados y expresión seria. Usa gafas prominentes de aros oscuros. Acepta hablar con algo de desconfianza y miedo. Él prefiere conservar un perfil bajo, acepta.

    El alcalde dice que entró a la política como una oportunidad para mejorar a su comunidad «Todos anhelamos ver mejor nuestras comunidades, nuestros municipios. Surgen ideas nuevas. Anhelamos que haya cómo darles un mejor sistema de vida a nuestra familia». Respecto a su antecesor, cree que no hay mayor cambio desde que él asumió. «Hemos estado trabajando. Cada día descubrimos dónde hay más necesidad y allí le apuntamos» responde sin ahondar en mucho.

    Durante la entrevista, el alcalde no dio demasiada información de su plan de trabajo, que aseguró incluye mejoras al sistema de salud y educación; además de mantener el programa de seguridad que instauró Suñiga: la videovigilancia, mayor presencia de la Policía Municipal y una línea de denuncia.

    Todos conocen los antecedentes del exalcalde Suñiga y su vinculación con el narcotráfico. ¿Cómo se siente ocupando el puesto que hasta hace poco era de él?, ¿Se vincula o desvincula de él?

    —Yo miro muy fuerte eso. Eso no me incumbe.

    Méndez asegura que los señalamientos en contra de Suñiga no lo afectan ni empañan su imagen como nuevo alcalde de Ayutla. Y tiene algo de razón. Los ayutlecos consultados poco lo conocen y si tienen una percepción negativa suya, no es porque haya estado relacionado con un narcotraficante, sino porque no tiene la «mano dura» de su antecesor o porque «le falta valor para tomar decisiones», según mencionan dos personas.

    Para los alcaldes que lo conocen, es difícil separarlo de la figura del Pocho. Para otros más, no ha habido un cambio con el gobierno de Méndez y aducen que esto es así porque apenas lleva unos meses en el cargo. Un tercer grupo de vecinos ignora quién es el alcalde, pero reconocen a una de las hijas del Pocho como la verdadera alcaldesa del municipio.

    De concursante de belleza a la Muni de Ayutla

    Isel Aneli Suñiga Morfín, de 26 años, es la hija mayor del Pocho. Creció en Ayutla y Quetzaltenango.

    En su juventud estuvo involucrada en concursos de belleza, pero ahora figura como la heredera no oficial de la administración de la Muni y del manejo del territorio, según afirman cuatro fuentes del departamento, quienes por seguridad pidieron no ser identificadas.

    «Cuando ellos (los Suñiga) están, se nota, y cuando no están también se nota», es lo primero que dice una mujer. «Eso no es nada privado. Todo el mundo sabe eso», agrega.

    Lo afirma no solo porque Suñiga Morfín compartió sus aspiraciones políticas de convertirse en la primera alcaldesa de Ayutla cuando fue concursante de Miss Universo en 2017, sino porque ha dirigido actividades públicas que normalmente desempeñan miembros del Concejo Municipal o el propio Alcalde. «Ella vino a poner orden cuando regresó de Estados Unidos -en abril-. Por ella detuvieron las balsas del río Suchiate» como parte de las medidas de contención del COVID19, algo que «jamás había pasado en 35 años», menciona.

    el personal de la comuna develó el primero de dos monumentos, mientras una artista retalteca pintó un mural con su rostro

    También dio la orden para que pusieran a funcionar las garitas de ingreso al municipio y allí anunció que ocupaba el cargo de vocera y Gerente Municipal. Este cargo no existía. «Crearon esa figura para tenerla allí y la gente la llama alcaldesa», refiere el exconcejal Martínez.

    Las municipalidades pueden crear la figura de la Gerencia Municipal cuando la carga de trabajo es elevada, a propuesta del alcalde, según el artículo 90 del Código Municipal. Por lo que solo Méndez pudo proponer que Suñiga Morfín ocupara ese cargo. Las funciones del Gerente deberán ser delimitadas por un reglamento específico, pero Ayutla no cuenta con uno. Así que poco se sabe de las atribuciones en las que la heredera trabaja.

    A mediados de marzo, cuando Suñiga Morfín todavía no regresaba al país, el alcalde negó que estuviera implicada en la toma de decisiones, pero aceptó que platicaban temas de la comunidad, sin aclarar más. El traslado del poder de El Pocho hacia su hija pudo iniciar entre septiembre y octubre del año pasado, cuando el perfil de la página de Facebook de la exMiss pasó a ser la cuenta de una aspirante política.

    El personal de la comuna develó el primero de dos monumentos, una artista retalteca pintó un mural con el rostro de Suñiga. Fuente: Facebook

    En la foto de portada posa en el centro, comandando a los empleados municipales, replicando así  propaganda del gobierno de su papá. No lo dice claramente, pero fuentes consultadas ven esto como un anuncio de sus aspiraciones para el período 2024-2028.

    Algunos vecinos ya comentan en las redes sociales que será la próxima alcaldesa de la ciudad y ella no lo desmiente. Plaza Pública intentó entrevistarla durante una visita a la ciudad, pero estaba de viaje. En medio de la pandemia, se la contactó por teléfono, pero rechazó toda entrevista si no era en persona.

    El plan del Pocho siempre fue preparar a Suñiga Morfín para que lo sustituyera en la alcaldía una vez él llegara a la Presidencia, apunta una segunda fuente. «Él ya quería manejar en ella una figura política desde elecciones de 2015», cuenta.

    Para las elecciones de ese año, ella logró una concejalía en la corporación de Malacatán, un municipio vecino de Ayutla, con la alianza Creo-Unionista. Si ganaba Emilio Obdulio Gálvez Pérez la alcaldía, Suñiga Morfin podría ser la vicealcaldesa, «casi alcaldesa del municipio» y tener el control de esa comunidad, refiere la misma fuente.

    Isel Suñia durante la inauguración de un proyecto para mejorar una calle en Ayutla. A su izquierda, el Alcalde. Fuente: Facebook

    La alcaldía de Malacatán la ganó el Partido Patriota. Aunque en la distribución de votos Suñiga Morfin obtuvo una silla en el concejo municipal, ella renunció al cargo. Fue el Pocho quien declaró que no permanecería en la corporación para darle la oportunidad al alcalde electo, Hipólito Adrián Hernández Reyes, para ingresar a casi toda su planilla.

    El plan global del exalcalde era extender su poder a varios municipios colocando a jefes ediles de su predilección a través de la compra de voluntades. «Él tenía una influencia muy grande en una franja de 40 municipios que iban desde la costa de San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez y hasta Escuintla», afirma el entrevistado.

    Días después de la extradición, fue público que contrató a empresas de socios que habían recibido capital de su bolsillo para prestar servicios específicos a la comuna de Ayutla.  Así que el control que el Pocho ejercía no era solo territorial, también lo era administrativo y financiero, enfatiza la fuente.

    Narcotráfico y política: nuevas historias de un viejo affaire

    El control y la manipulación eran clave para el éxito tanto del negocio de las drogas como del gobierno local. Suñiga creó una estrategia de comunicación que le permitiera presentarse como «el constructor del municipio», como lo recalcó en actividades públicas y a través del noticiero televisado Difusión Municipal, que su hija presentaba.

    Ahora que el territorio cambió de manos, la tranquilidad con la que transcurre la vida en Ayutla hace pensar que el negocio sigue funcionando, o que al menos nada ha llegado a romperlo. La Fiscalía de Narcoactividad del Ministerio Público sabe que es cuestión de tiempo antes de que surja un nuevo líder que maneje a la estructura transfronteriza del narco. Quien llegue a ocupar el puesto de El Pocho tendrá el camino despejado.