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  • Así impidió la Corte Suprema de Justicia que el juez Gálvez pudiera defenderse

    Así impidió la Corte Suprema de Justicia que el juez Gálvez pudiera defenderse

    Miguel Ángel Gálvez renunció a su cargo como juez penal cuando vio agotadas las posibilidades de defenderse de un antejuicio. La Corte Suprema de Justicia ordenó unos días antes de su salida que se dejaran de recibir escritos del juez y se apresurara la entrega del informe previo al retiro de inmunidad. Estos son los detalles.

    Tras pasar 23 años en el Organismo Judicial, conocer casos contra altos funcionarios señalados de corrupción, de violaciones a los derechos humanos y haber sido reconocido como un juez de «garantías», Miguel Ángel Gálvez se quedó de manos atadas. Salió de Guatemala el 4 de noviembre para participar en un curso en Costa Rica y desde allí, el pasado 16 de noviembre, firmó su carta de renuncia.

    En entrevista con Plaza Pública explicó que consideró prudente salir de Guatemala porque se atentó contra su derecho de defensa en el proceso de antejuicio que inició el Ministerio Público por una denuncia de la Fundación Contra el Terrorismo, una organización de extrema derecha que se dedica a amenazar y denunciar a jueces, fiscales y periodistas.

    ¿Cómo se materializó esa agresión al debido proceso? Gálvez explica que la misma Corte Suprema de Justicia le ordenó al juez pesquisidor, Roaldo Chávez, no recibir ningún escrito del abogado que no fueran sus argumentos de defensa para el antejuicio porque “solo buscaba retrasar el proceso”. Días antes Gálvez buscó separar a Chávez del caso por una posible relación con Raúl Falla, abogado de la fundación contra el terrorismo.

    Gálvez es un juez con más de dos décadas de carrera que saltó a la luz pública cuando a su juzgado llegó la avalancha de casos de alto impacto que se formó con las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), y años antes por la Fiscalía de Derechos Humanos en la gestión de Claudia Paz y Paz.

    Gálvez durante la audiencia del 19 de mayo en contra del imputado Toribio Acevedo Ramírez en el marco del caso Diario Militar

    Entre 2015 y 2016 tuvo sentados en la sala de audiencias más grande del Organismo Judicial a exgobernantes, exfuncionarios, militares retirados, narcotraficantes, empresarios, banqueros y abogados.

    En sus últimos días en el país, en la maquinaria para sacarlo del juzgado fueron claves dos resoluciones: una de la CSJ y otra del pesquisidor Roaldo Chávez.

    Una petición

    El inicio del fin de Gálvez como juez penal en Guatemala inició el 6 de mayo de 2022, cuando el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, lanzó una amenaza en redes socialen su contra con el lema: «preso o prófugo». Luego lo denunció por dictar prisión provisional y señaló de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales.

    La prisión provisional es una figura que no existe legalmente en Guatemala, pero sí en la práctica. Se refiere al tiempo que una persona pasa en prisión desde el momento que se le captura, hasta que un juez le lga a proceso. Gálvez no es el único que la ha aplicado, pero la FTC lo incrimina por hacerlo. Contradictoriamente, hay casos recientes donde la Fundación es querellante y el juez sí la aplicó, como ocurrió con José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico.

    Caso Juez Gálvez: vuelcan sobre él un fallo del sistema de justicia

    A partir de allí el caso avanzó de forma rápida. En junio la CSJ le dio trámite al antejuicio para retirarle la inmunidad, y en julio designó al magistrado Roaldo Chávez como el pesquisidor; él fue el mismo que tramitó el antejuicio en contra la exjueza Erika Aifán, quien se tardó tres días presentando sus argumentos de defensa pese a que Chávez intentó apresurarla. Aifán terminó por renunciar y salir del país porque dudó de la imparcialidad del juez y la CSJ.

    El 23 de septiembre Chávez citó a Gálvez para que presentara sus argumentos de defensa en el antejuicio: de una vez le advirtió que si su argumentación sería extensa, como en el caso de Aifán, que la llevara transcrita en USB para «la celeridad en el desarrollo de la audiencia».

    La jueza Érika Aifán, saliendo de la primera sesión de audiencia ante el juez pesquisidor, el 04 de marzo, donde presentó argumentos de defensa en el marco de su antejuicio

    El 27 de septiembre era la cita de Gálvez. Ese día el juez recusó a Chávez por dudas a su imparcialidad y su relación con la Fundación contra el Terrorismo, ya que estudió junto a Raúl Falla, abogado de la organización.

    «Como cualquier persona común y corriente, traté de depurar el proceso (de antejuicio), no atrasarlo», explicó.

    La amenaza

    El 12 de octubre de 2022, la CSJ rechazó la recusación y la declaró «notoriamente improcedente». Aquí es donde se evidencia el interés de la Corte en acelerar el antejuicio. En la resolución la Corte incluso dijo que el juez Gálvez «ha interpuesto sendos recursos e incidentes que han entorpecido el curso normal de las diligencias de antejuicio».

    Las y los magistrados dijeron que las causas que presentó el juez Gálvez «no tienen sustento legal contra el juez pesquisidor», ya que su única función es recabar información del caso y emitir un informe. Pero la obligación va más allá: también tiene que analizar los elementos para recomendar o no si se le retira la inmunidad a un juzgador.

    La presidente de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, durante la presentación de la memoria de Labores del periodo 2021-2022, en la sede del Organismo Judicial

    «No es apropiado, en consecuencia, caer en un círculo vicioso en el que el expediente llegue a pasar una y otra vez del pesquisidor a la Corte, pues se desnaturalizan los fines del antejuicio y se impide el cumplimiento cabal de las obligaciones de aquel dentro del plazo establecido», dice la resolución de la Corte.

    Las y los magistrados incluso llaman al abogado de Gálvez, Herbert Pérez, a que «se conduzca de conformidad con la ley y los cánones de ética profesional» y que de lo contrario sería sancionado bajo la Ley del Organismo Judicial.

    Firmaron la resolución Silvia Patricia Valdés Quezada, Nery Medina, Vitalina Orellana, Josué Felipe Baquiax, Sergio Pineda, José Pineda Barales, Manuel Duarte, Blanca Stalling, Jaime Amílcar González Dávila, magistrado de la Sala Tercera de Apelaciones, Rafael Morales Solares, Gustavo Dubón Gálvez, estos últimos dos magistrados de la sala segunda de apelaciones de femicidio y sala segunda de apelaciones de lo penal.  

    Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, en la sede del tribunal octavo de primera instancia penal antes de la audiencia de la fiscal Virginia Laparra, el 19 de octubre

    «Esto lo quiero resaltar porque la Corte está violando la independencia judicial del juez pesquisidor al ordenarle que tiene qué hacer. La Corte atenta contra mi derecho de defensa en su interés de tener el informe del pesquisidor», enfatizó Gálvez.

    Hay un antecedente sobre esto: en 2018 el diputado Felipe Alejos llegó a presentar 14 recusaciones en contra del juez pesquisidor de su antejuicio. La Corte los rechazó y lo obligó a pagar una multa de 500 quetzales pero no lo amenazó con iniciar un proceso disciplinario por tratar de entorpecer el proceso.

    Sin audiencias públicas

    Cuando Gálvez fue notificado de la resolución de la Corte Suprema de no aceptar su recusación, le pidió por escrito al magistrado Roaldo Chávez que la audiencia de presentación de sus pruebas de descargo fuera a puerta abierta, quería que la prensa y la población lo escucharan: la respuesta fue un rotundo no.

    «Ya se puede imaginar qué es entrar a una oficina, con él pesquisidor sentado allí sin poder ni abrir una computadora. Se (me) limitó el sagrado derecho de audiencia. A raíz de eso reflexioné y por eso presenté por escrito (sus argumentos de defensa) y consideré de momento, tomando en consideración que estaba de vacaciones, trasladarme a otro lugar», describió.

    Los casos sensibles que dejó Aifán han pasado por dos jueces sin experiencia, uno denunciado por prevaricato

    Mientras se definía la fecha de su audiencia, el juzgador solicitó a la CSJ un permiso para ausentarse tres días para participar en un congreso jurídico en Costa Rica; no le fue autorizado cuando a sus otros colegas sí. «No querían que yo saliera del país», dijo Gálvez.

    El 4 de noviembre, el día en que estaba citado con Chávez, el juez salió de Guatemala. Tres días antes, el 1 de noviembre, había iniciado el período normal anual de vacaciones asignado a su juzgado. Debía regresar el 1 de diciembre, pero en cambio, solo mandó su carta de renuncia. La Corte Suprema la aceptó en el pleno de 16 de noviembre.

    «Se atentó contra uno de los pilares fundamentales del Organismo Judicial, que constitucionalmente es la independencia judicial», expresó Gálvez.

    El futuro

    Antes de renunciar al cargo, Gálvez enfrentó una campaña de desprestigio en redes sociales por enviar a juicio a nueve militares señalados en el caso Diario Militar, y dictar arresto domiciliario en contra de Toribio Acevedo Martínez, quien fue jefe de seguridad de la empresa Cementos Progreso. En los últimos años se postuló para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de Salas de Apelaciones, e incluso Fiscal General. Sin embargo, nunca logró llegar lejos ya que según demostró una investigación de la Feci, había una red de operadores paralelos que elegían a los candidatos con base en acuerdos políticos y económicos.

    La posibilidad de que en su juzgado se repita lo mismo que sucedió en la judicatura de la exjueza Aifán es alta: lo sustituirá en el cargo un juez novato en casos de mayor riesgo. Mientras tanto,  en el juzgado de Gálvez quedaron cajas de leitz con documentos de indicios de otro de los mega casos de corrupción de la Cicig y la Feci: Cooptación del Estado, que analizó cómo el extinto Partido Patriota recaudaba fondos para su campaña electoral y creó una red de sociedades anónimas que recibió millones de aportes sin reportarlos.

    El imputado del caso Diario Militar, Toribio Acevedo Ramírez durante la audiencia del 19 de mayo

    «Soy sincero, a raíz del acoso sistemático que se dio en Guatemala, eso es muy fuerte y pienso que no hay bien jurídico que se debería proteger más que la seguridad de las personas. Yo estaba muy agotado, a parte de la carga de los juzgados. Lo que quiero decir es que voy a tratar de descansar unos días y después tomar una decisión. Dejar un país es como que el cuerpo, el alma y el espíritu todavía no saben dónde están y eso va a tomar un tiempo», concluyó Gálvez.

    Mientras él sale del país, la Fundación contra el Terrorismo ya lanzó la amenaza del nuevo juez bajo su mira: Carlos Giovanni Ruano, quién denunció a la ahora magistrada Blanca Stalling por posible tráfico de influencias, quien ya advirtió que teme represalias.

    El juez que denunció a Blanca Stalling teme represalias

  • Juez Miguel Ángel Gálvez: «Este es un proceso político, un linchamiento»

    Juez Miguel Ángel Gálvez: «Este es un proceso político, un linchamiento»

    Los temores del juez Miguel Ángel Gálvez van más allá de su vida, su carrera profesional y su estabilidad. El funcionario judicial enfrenta un proceso que él mismo considera una persecución al estilo de la década de los 80 y que es una manera de que «quien manda» el país envíe mensaje de quien no se acople será perseguido. Esta es la realidad de la Guatemala en voz del juez Gálvez.

     

    [Transcripción]

    Este proceso es un proceso político.

    Este proceso es un linchamiento.

    Eso me preocupa porque,

    con tantos años que tengo de estar en la corte,

    yo conozco a todos los magistrados, pues,

    y si eso están haciendo con uno que lo conocen,

    qué no pueden hacer con una persona equis

    o con una persona que no tiene nada que ver.

    A mí me preocupa —y le soy sincero— los niveles que
    se están manejando, la impunidad aquí en Guatemala.

    La población cree que los jueces van a hacer todo
    y este no es un tema…

    Los jueces están haciendo lo que tienen que hacer

    pero no el juez es el que va a arreglar un país
    porque eso es cuestión de políticos

    y los políticos tienen que estar conscientes.

    El problema de nosotros es que, lamentablemente,
    nuestros líderes, que deberían de ser los políticos,

    nunca han sido líderes.

    Cuando estuve en la vista pública,

    en la Corte de Constitucionalidad,

    ahí me preocupé porque me doy cuenta y
    estoy consciente, por primera vez,

    quién es el que manda aquí en Guatemala, pues.

    Estamos caminando a los ’80

    cuando los militares son los que
    tienen centralizadas todas las instituciones.

    Esa sería la explicación,

    que todavía no han dado un paso más

    en atentar en contra de la vida de las personas,

    pero sí, prácticamente, la están expulsando de su país.

    Ya se puede imaginar si uno está diseñado

    porque aquí nació para estar aquí para hacer aquí

    y, por otro lado, a veces, se puede

    pensar en uno y asunto arreglado,

    pero el problema es que si hacen eso conmigo,

    lo van a hacer con otro y lo van a hacer con otro…

    y en la red van a caer todo aquella persona

    que no se acopla a sus intereses, pues.

    Se hace referencia y se resaltan mucho los operadores de justicia,

    pero, ya se puede imaginar cuántas personas

    defensoras de derechos humanos están en el exilio

    y, lo más extremo, cuántas personas por defender

    el tema de sus comunidades están detenidas, pues.
    Contenido Extra

    El ser humano es una persona libre por características.

    Y que le den la facultad a un ser humano —una facultad tan grande—

    de encerrar a una persona en una jaula.

    Si comparo a Otto Pérez Molina, Jimmy Morales

    y Giammattei, por ejemplo,

    entre todo lo que pudo haber pasado,

    el primero es un ángel comparado con los otros dos.

    Como que nosotros, los guatemaltecos estamos condenados a que no llegue alguien bueno.

    Para mí hay que demostrarles que no todos tienen precio.

    Y si me hubiera puesto precio, yo le soy sincero, no estuviera ni aquí y saber ni qué fortuna

    tuviera porque, por el tipo de proceso, por la cantidad de procesos, especialmente

    relacionados con estructuras criminales, han ofrecido millones de millones y

    lamentablemente, he estado ajeno a esta situación.

  • Caso Juez Gálvez: vuelcan sobre él un fallo del sistema de justicia

    Caso Juez Gálvez: vuelcan sobre él un fallo del sistema de justicia

    Una denuncia basada en la malinterpretación de un informe relacionado al uso de la prisión provisional es utilizada como estrategia para dejar fuera al juez Miguel Ángel Gálvez de los casos que tiene a su cargo. En medio de una ola de persecución contra fiscales y operadores de justicia, y después de emitir una resolución contra nueve militares, la inmunidad del juez y su estadía en el país corren peligro.

    «Prisión provisional» es un término que no existe legalmente en Guatemala, pero sí en la práctica. Esa ambigüedad es la que ahora intentan volcar en contra del juez Miguel Ángel Gálvez. Él no fue el último ni el primero que la aplicó. Es un fallo del sistema de justicia.

    En términos estrictos si una figura no existe es ilegal aplicarla, pero la realidad del sistema de justicia desborda los parámetros formales, tanto que otros países de Sur América hicieron una pausa para reacomodar sus leyes y la regularon.

    Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, febrero 2022

    En términos muy simples, es el tiempo que una persona pasa en prisión desde que es capturada hasta que un juez la escucha, analiza la investigación y decide si hay elementos suficientes para ir a juicio. Entre audiencias, una agenda saturada y un sistema desbordado, para llegar a esta decisión pueden pasar días, semanas o en algunos casos, años. Una vez ligada a proceso, entra en prisión preventiva hasta el día de la sentencia, y eso sí está regulado.

    El 11 de mayo de 2022, Ricardo Méndez Ruiz, representante de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), presentó una querella penal y una solicitud de antejuicio contra el juez Miguel Ángel Gálvez por cuatro delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales con circunstancias agravantes en forma continuada. El centro de la acusación, aseguran, es que el juez abusó de la figura de prisión provisional reteniendo a personas bajo esta figura legal que no existe. Varias inconsistencias refutan esta acusación.

    El juicio contra militares, luego las acusaciones

    Las acciones contra el juez se intensificaron cinco días después de una resolución importante. El 6 de mayo, envió a jucio a nueve militares y policías retirados, por detención ilegal, tortura, asesinato y desaparición forzada de más de 195 personas entre 1983 y 1985, durante el régimen militar del general Óscar Humberto Mejía Víctores.

    Ese mismo día, el presidente de la FCT lanzó una amenaza mediante su cuenta de twitter.

    De esa forma, Gálvez se convirtió en el nuevo objetivo de la Fundación, al igual que otros operadores como el fiscal Juan Francisco Sandoval y la jueza Erika Aifán, quienes se encuentran en el exilio. Sandoval desde hace un año y Aifán desde hace seis meses.

    Representantes de la Fundación niegan que la denuncia haya sido motivada por la resolución del caso Diario Militar.  «No lo denunciamos por sus acciones judiciales contra los veteranos militares, lo denunciamos porque se atribuyó las funciones del Organismo Legislativo y creó una figura hasta entonces inexistente, la prisión provisional, que no está tipificada en Guatemala», declaró el abogado Raúl Falla. 

    Los formalismos se quedan cortos

    Para fundamentar sus acusaciones, el denunciante citó notas de prensa de medios como República GT, y el estudio «La prisión preventiva en Guatemala», realizado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), publicado en 2018. El informe aborda con preocupación el uso de la prisión provisional, pero también aclara que es un problema estructural que afecta al sistema de justicia.

    En 2015, dice el informe, esta figura se comenzó a utilizar de forma cada vez más frecuente. «Bajo el liderazgo del juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, se ordenó prisión provisional para los sindicados en el caso La Línea y se les envió a un centro de detención preventiva».

    El ex Ministro de Gobernación del gobierno patriota, Mauricio López Bonilla, entre los 57 implicados en el caso Cooptación del Estado, junio 2016

    Desde hace siete años, continúa el estudio, el término de prisión provisional adoptó el siguiente significado: «El tiempo que un sindicado guarda prisión después de ser arrestado hasta que termina su audiencia de primera declaración y el juez emite el auto de procesamiento y el auto de prisión preventiva».

    En términos formales, una persona capturada debe ser ligada a proceso o liberada por un juez lo más pronto posible, pero en casos como Cooptación del Estado, explican la defensa de Gálvez, jueces y analistas consultados, no es sencillo. En esa audiencia hubo 57 implicados, escucharlos uno por uno –y a sus respectivos abogados– demoró casi dos meses. Mientras examinaba los expedientes, Gálvez resolvió enviarlos a prisión provisional al cuartel Matamoros y a la cárcel de Mariscal Zavala.

    ¿Quién financia el acoso contra el juez Miguel Ángel Gálvez?

    El volumen de este caso era evidente al observar el hacinamiento dentro de la sala de audiencias del Juzgado B de Mayor Riesgo. En promedio, cada sindicado estaba acompañado de al menos dos abogados, recuerda Gálvez.

    Veintisiete días después de que iniciara la audiencia de primera declaración, día hábil tras día hábil, el juez Gálvez ligó a proceso a 53 de los implicados y declaró falta de mérito para cuatro de ellos.

    Por casos tan complejos como este, el estudio del CIEN sugiere la necesidad de la creación de la prisión provisional como figura legal.

    El ex Presidente de la República, Otto Pérez Molina, en prisión preventiva desde 2015

    «Se puede observar que la cantidad de personas implicadas o sindicados en el caso son numerosas. Este factor podría ser una explicación a la necesidad de implementar la figura de la prisión provisional, puesto que el juez debe escuchar a cada sindicado y su defensor, además de resolver la situación legal de cada una de los implicados», sugiere el informe.

    Algo que el mismo juez Gálvez planteó años atrás, ante la magnitud de grandes casos de corrupción.

    Cuando a su juzgado comenzaron a llegar casos tan grandes, Gálvez solicitó a la Corte Suprema de Justicia que pidieran una modificación al Código Procesal Penal o la creación de una ley especial para delitos de competencia ampliada. Es decir, aquellos en los que hay pluralidad de sujetos, de medios de investigación. Fue la magistrada Delia Dávila quien hizo la ponencia ante el pleno; sin embargo, el resto de magistrados lo consideraron un tema no prioritario.

    La malinterpretación de la Fundación

    En su denuncia, Méndez Ruiz cita el informe del Cien y asegura que, tras el análisis del mismo, la conclusión es que «el recurso de la prisión provisional es ilegal porque no consta en ninguna ley; que el creador de esa medida de coerción por analogía fue el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, a partir del 2015».

    Sin embargo, la especialista en temas de seguridad y justicia y además una de las elaboradoras del informe, Corinne Dedik aclara que reducir el informe a esa conclusión es una interpretación errónea del mismo.

    Las manos esposadas de un ex funcionario del gobierno patriota involucrado en el caso Cooptación del Estado, junio 2016

    «La Fundación lo está malinterpretando, nuestros informes son libres y los pueden consultar, pero ya cómo lo interpretan otras personas se nos escapa de las manos. Nosotros no indicamos que fue el juez quien creó la figura sino que como se han vuelto casos más grandes y mediáticos, la prisión provisional adquiere otro sentido a partir de 2015, se vuelve más público», explica.

    La figura, insiste la experta, existió desde hace mucho tiempo pero no era tan reconocida. Factores como la cantidad de sindicados en un mismo caso y la infraestructura del OJ, provocan que no haya posibilidad de atender a los implicados de una forma adecuada. Por eso, la figura de la prisión provisional se volvió recurrente en casos investigados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en los cuales las listas de sindicados eran extensas y las audiencias de primera declaración se prolongaron por varios días.

    El juez Gálvez y la represión de los 80 en formato 2022

    La figura es problemática porque es inconstitucional, añade Dedik, y el problema es que las personas que están en prisión provisional ingresan a un centro preventivo aunque no ha concluido su audiencia de primera declaración. Se mezclan las personas en esa situación con otras que están cumpliendo sentencia. Lo ideal sería que existieran instalaciones para que puedan permanecer mientras confirman si serán o no enviadas a juicio.

    «Pero no se puede culpar a un juez por algo que es un problema estructural, muchas veces no le queda de otra. Es un problema estructural, de recursos deficientes, cantidad de personal, falta de estructura en el OJ es lo que se refleja en este problema. Él no es el único juez que aplica esa figura, sino que casi todos los juzgados. Más que culpar a un juez se debería ver cómo aumentar los recursos en términos de personal, infraestructura, carga de trabajo para resolver este tema y que pueda cumplir con el plazo constitucional», concluye.

    En la denuncia interpuesta por Méndez Ruiz hay un apartado que indica quiénes pueden ser testigos y menciona al jefe de la actual Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche. En una entrevista a Plaza Pública, Curruchiche replicó esta interpretación y aseguró que la prisión provisional era «una invención de la Cicig».

    El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, FECI, del Ministerio Público, Rafael Curruchiche, marzo 2022

    José Manuel Martínez, representante de la Alianza por las Reformas, considera evidente que detrás de esta denuncia existe un propósito de forzar al juez al exilio o a la prisión para que deje de conocer casos de alto impacto en materia de corrupción y de justicia transicional.

    «El juez ha enviado a prisión provisional a varias personas pero no es la única persona ni el único juez que lo ha hecho. Este es un problema estructural del sistema de justicia, el sistema no da salidas a los jueces para casos en donde estos deben escuchar a estructuras de corrupción, Ciacs (Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad) o pandillas, esas audiencias no se pueden agotar en 24 horas», explica Martínez.

    Sumado a eso, recuerda, el juez Gálvez ha hecho de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) su preocupación por este tema y les ha pedido apoyo para cumplir con plazos razonables.

    «Cuando vemos que el caso avanza se evidencia aún más que se trata de un tema político, un tema de criminalización. Si la Fundación Contra el Terrorismo tuviera un interés real por el cumplimiento de plazos razonabales habría denunciado a la mayoría de jueces del sistema de justicia», añade.

    Acusado por casos que no manejó

    El 15 de junio, un mes después de puesta la denuncia, la CSJ dio luz verde al trámite de antejuicio.

    Entre las pruebas presentadas figuran los cinco casos estudiados por el Cien, que la FCT atribuyó a Gálvez. Sin embargo, solo dos de los cinco procesos ahí citados estuvieron en manos del juez, y la CSJ no aclara si corroboró ese extremo previo a darle trámite. A criterio de Gálvez se descuidaron requisitos de forma y de fondo en el procedimiento porque bastaba con hacer una consulta al Centro de Gestión Penal para constatar quién tramitó dichos procesos.

    «No se efectuó una investigación seria y previa para recabar medios de convicción porque solo se sustentó en algunas notas periodísticas y un estudio del CIEN», dice el juez.

    Una sala y la CC avalaron la decisión de Gálvez

    El juez también es acusado por el caso del exministro Alejandro Sinibaldi y al expresidente Otto Pérez Molina. En el segundo caso, fue la misma Corte de Constitucionalidad la que avaló la resolución del juez y avaló su prisión provisional.

    La defensa de Pérez Molina impugnó ante la sala jurisdiccional y esta resolvió a favor de la decisión del juez. Ante eso, interpusieron un nuevo amparo en contra de la resolución de la sala y la misma CSJ confirmó la postura.

    Finalmente, se presentó una apelación ante la CC y esta confirmó la resolución de la CSJ, el 14 de febrero de 2017. De esa forma, se avaló la resolución del juez Gálvez hasta la última instancia.

    Otra señal de inconsistencia, denuncia Gálvez, fue que al recibir la querella la CSJ tenía alrededor de 50 antejuicios pendientes de conocer. Sin embargo, la solicitud para retirarle la inmunidad «no hizo cola» en los expedientes sino que fue conocida inmediatamente.

    Este lunes 19 de septiembre, Gálvez compareció en una vista pública ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para exponer diferentes consideraciones que no fueron tomadas en cuenta por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la resolución emitida el 15 de junio en la que admitieron a trámite el retiro de inmunidad.

    Los magistrados aseguran que «no observaron motivaciones legítimas (en la denuncia), toda vez que el querellante (Méndez Ruiz) resultó directamente afectado por los hechos que se le atribuyen al funcionario querellado».

    «¿En dónde resultó afectado él?», cuestiona Gálvez.

    La magistrada María Eugenia Morales fue la única que presentó un voto disidente a la decisión de la CSJ. En sus argumentos señaló que no existía un documento o elemento de convicción para comprobar que Méndez Ruiz haya resultado afectado con las resoluciones emitidas por el juez. También aseguró que el querellante no aportó ningún elemento de convicción para sustentar sus acusaciones.

    Para conocer el antejuicio de Gálvez, la CSJ designó al juez Roaldo Isaías Chávez Pérez, cuya imparcialidad despierta preocupación principalmente por la forma en que conoció el antejuicio contra Erika Aifán.  Entre estos, llevar el proceso bajo reserva y continuar conociéndolo a pesar de formar parte de la Junta Directiva de la entidad que denunció a la jueza Aifán.

    Juez Gálvez: «¿Será que con 57 o 58 sindicados puedo dictar una resolución en 24 horas?»

    Retener a una persona en prisión cuando aún no se ha resuelto enviarla a prisión preventiva no es legal. Sin embargo, es un vicio recurrente del sistema judicial, que responde a un vacío legal en casos mayúsculos.

    «¿Será que con 57 ó 58 sindicados puedo dictar una resolución en 24 horas? Imposible”, dice Gálvez, para explicar el problema estructural que deriva de la falta de una normativa especial para casos grandes, como el de Cooptación del Estado, en donde hubo casi 60 implicados.  

    Gustavo Adolfo Oliva Blanco, ex jefe de Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional entra en silla de rueda a torre de tribunales en compañía de Marco Antonio González y Juan Francisco Cifuentes, implicados en el caso Diario Militar

    «Hubo alrededor de 120 abogados. ¿Cómo vamos a pretender que se dicte una resolución en 24 horas? El equivalente era dejarlos en prisión con la misma orden de aprehensión porque qué podía hacer. Así es como estas personas quedaron casi tres meses sin un auto de prisión preventiva», relata.

    El problema de la prisión provisional también ha afectado a ex fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que enfrentan acusaciones por haber investigado casos de corrupción en la época de la CICIG. Entre ellas, Leily Santizo y Virginia Laparra. Casos en los cuales la FCT figura como querellante.

    Para Gálvez, estos argumentos explican cómo este proceso en su contra resulta cuestionable y político. Especialmente porque la denuncia fue interpuesta después de enviar a juicio a nueve sindicados en el caso Diario Militar. La molestia de Méndez Ruiz era evidente ese viernes. Estaba sentado en el juzgado, se levantaba, estaba enojado, golpeaba su silla y se quitaba la mascarilla con notable inquietud. Al salir, le dijo a los periodistas que la FCT se iba a hacer cargo del juez.

    Así lo solucionaron otros países

    Hoy el juez debe explicar un problema que no está en sus manos sino que forma parte de un mal del sistema de justicia y debe ser resuelto con la creación de una figura legal para la prisión provisional.

    Países como Chile, Colombia y Perú ya cuentan con una ley de tramitación para procesos complejos que básicamente amplía los plazos para las audiencias, declaraciones y la investigación en casos grandes y complejos. Una  propuesta similar es la que Gálvez hizo a la CSJ, sin obtener ninguna respuesta.

    «En el contexto actual hay situaciones que orientan a pensar que buscan afectar a jueces independientes, que han conocido casos emblemáticos, como el del juez Gálvez. Nos preocupa que su suerte esté orientada a enfrentar condiciones adversas o su salida eventual. Ninguno de nosotros quisiéramos salir pero las condiciones son adversas», comenta Haroldo Vásquez, juez y miembro de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (Agji).

    Miguel Ángel Gálvez, abril 2016

    La Agji se manifestó en varias ocasiones con preocupación por la situación de criminalización que afecta a jueces independientes. Por ejemplo, la jueza Erika Aifán y el juez Pablo Xitumul, quienes conocen casos de alto impacto. Y en el caso del juez Gálvez, conoció casos como el de Diario Militar, Creompaz y La Línea.

    «No se trata de no querer enfrentar la justicia, si tan solo esta fuera independiente», aclara Vásquez.

    En cuanto a las acusaciones contra el juez, analiza Vásquez, al conocer casos grandes de corrupción y redes criminales no existían herramientas adecuadas para cumplir los plazos de audiencias. «Los casos eran inimaginables, los mismos abogados de los acusados pidieron no ser escuchados inmediatamente sino que se detuviera la primera declaración para informarse y ejercer la defensa», explica.  

    La gravedad de este, como de otros casos contra operadores, concluye Vásquez, es que el país avanza hacia un escenario desalentador en donde existe el riesgo de que la población pierda toda confianza en la justicia, así como la esperanza en la democracia y el Estado de derecho.

    El pasado lunes, durante la vista pública ante la CC, el panorama se tornó adverso para el juez. «Que agradezca que se esté respetando el debido proceso y que no va a ser sometido a una prisión provisional, pero si a una prisión preventiva, preso o prófugo», le amenazó el abogado Raúl Falla, frente al pleno de magistrados. Por su parte, Méndez Ruiz se dirigió a los magistrados: «les pido que no se conviertan en una caricatura de aquella CC que manejó Gloria Porras a su antojo y que le brindó impunidad a la entonces jueza Erika Aifán. No cometan el mismo error, conviértanse ustedes en la punta de lanza que rescate el Estado de derecho, la certeza jurídica del país que tanta falta nos hace».

     

  • El juez Gálvez y la represión de los 80 en formato 2022

    El juez Gálvez y la represión de los 80 en formato 2022

    El juez Miguel Ángel Gálvez lleva más de dos décadas de carrera judicial y asegura que por primera vez siente que el sistema se colude para atacar a jueces, fiscales, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos por causa de su labor.  Es su turno, le advirtieron. Esto es «represión», responde él.

    Gálvez acumula un historial como juez de instrucción en casos de alto impacto, pero nunca antes se había sentido tan vulnerable, perseguido y hostigado como ahora. «Si en el 80 mataban, ahora es el exilio y bueno y esperemos que no lleguen a más», dijo en una entrevista para Plaza Pública.

    Acostumbrado a las presiones de su profesión, porque fue el juez que tuvo al todavía presidente Otto Pérez Molina en su sala de audiencias en septiembre de 2015, el que mandó a juicio al exjefe de facto Efraín Ríos Montt, y el que tuvo que resolver la situación legal de 53 personas, entre las que había exfuncionarios y empresarios en el caso Cooptación del Estado, ha vivido horas tensas desde el fin de semana pasado.
     
    Todo arreció después de enviar a juicio a nueve militares que en los 80 ejercieron las labores de inteligencia estatal en el marco del conflicto armado interno. El caso se conoce como Diario Militar.

    Durante el proceso y después de la resolución, el juez ha recibido llamadas telefónicas de personajes cuestionados, como Bárbara Hernández, una cubana que se dedicó a criticar el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y a profesar apoyos al gobierno de Jimmy Morales cuando tenía una cruzada por sacar a la comisión del país.

    Diario Militar: estos son los nueve militares que deben enfrentar juicio

    Desde el fin de semana ve su rostro en tuits y escucha su nombre en videos en donde le atacan por su trabajo y lo colocan como enemigo del Ejército. El ataque es abanderado por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, quien se ha encargado de denunciar con éxito a jueces, fiscales e investigadores de la desaparecida Cicig. Fue él quien advirtió en un tuit que había llegado «el turno» del juez Gálvez.

    El miércoles por la noche, el mismo día que el juez concedió esta entrevista, la Fundación contra el Terrorismo lo denunció por cinco delitos. Prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley) porque supuestamente aplicó «la prisión provisional de forma reiterada», abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, detenciones ilegales y resoluciones violatorias a la Constitución.

    «Lo que preocupa es la relación de esa persona con las demás instituciones, especialmente con el Ministerio Público», expone Gálvez, quien además señala  que estas acciones ponen en riesgo la independencia judicial. Una garantía que asegura que un juez resolverá conforme la ley, sin presiones de ningún grupo. «Esto es una represión total… en pocos días inician los procesos en el Ministerio Público. Entonces, ¿quién está obedeciendo a quién?», cuestiona.

    Con el único respaldo de algunos de sus colegas, que emitieron un pronunciamiento escrito, y del Procurador de los Derechos Humanos, que lo visitó, el juez sigue con su trabajo. No ha tenido ninguna comunicación de los magistrados o el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

  • Tome el ejemplo, señor juez

    El presente artículo lleva dedicatoria a un juez en particular, pero es válida para todos los jueces de Guatemala.

    Señor juez de primera instancia penal de Puerto Barrios, Aníbal Artiaga, me comunico con usted por esta vía ante la imposibilidad de hacerlo personalmente o en alguna de las audiencias en las que se ventila el caso con el que queremos esclarecer la muerte de nuestros hijos en una actividad académica de la universidad del valle de Guatemala (las minúsculas son a propósito) en la compañía guatemalteca del níquel (ídem), en el municipio de El Estor, Izabal, el 31 de marzo de 2012.

    En la última audiencia del caso Siekavizza, el juez Gálvez hizo algo digno de una personalidad nacional, que nos da esperanza a los guatemaltecos y nos hace pensar que este país aún se puede rescatar: se dirigió a la señora Beatriz Ofelia de León y le dijo: «Con todo respeto, ¡cómo es que una profesional que fue magistrada se presta a estar atrasando todo!». Y es que, si nos ponemos a pensar y a cuantificar cuánto daño y cuánta pérdida le causan a nuestra sociedad los retrasos injustificados en los procesos judiciales, le daríamos más importancia a este aspecto, y la justicia sería pronta y cumplida.

    ¡Ojalá muchos jueces tomaran el ejemplo del licenciado Gálvez!

    ¡Cómo quisiéramos que usted fuera el juez Gálvez! ¡O por lo menos como él!

    Yo no soy abogado, pero trataré de explicar por qué quisiéramos eso.

    Van dos veces que el Ministerio Público (MP) lo recusa y que usted rechaza las recusaciones en nuestro proceso: la primera, porque usted trató de dar por terminado el caso exigiéndole al MP que presentara su acto conclusivo cuando había amparos pendientes de resolver que interrumpían el proceso, ocasión en la que nuestros abogados incluso tuvieron que poner la queja urgentemente en una sala de Zacapa, en la que usted finalmente se retractó de la grave ilegalidad que estaba a punto de cometer; y la segunda, por haber resuelto otorgar una suspensión de audiencia antes de que el abogado de la minera (licenciado Porta Navas) se lo solicitara. ¡Sí! Usted resolviendo a favor de la minera, como en otras ocasiones, pero solo que ahora ¡hasta por anticipado!

    Además, ¿cómo es que un juez suspende una audiencia porque el representante de una de las partes está muy nervioso o porque el abogado tiene un absceso? Como dijo el juez Gálvez, ¿cómo se presta a estar atrasando todo?

    Y no solo han sido esas dos veces. Ya anteriormente anuló parcialmente una resolución que usted mismo había emitido, en la que autorizaba realizar las diligencias de exhumaciones y el reconocimiento judicial, ante lo cual tocó interponer un amparo que permitió realizarlas.

    Muchas veces me he preguntado por qué usted actúa así. Y no lo sé, pero me lo imagino. ¿Cuáles serán los diálogos entre usted y el abogado de la minera o el de la universidad? Tampoco lo sé, pero también los imagino. ¿Cuáles son los diálogos entre el rector de la universidad del valle y los magistrados? Tampoco lo sé, pero igualmente los imagino.

    Tal vez usted piense que el nuestro es tan solo uno de tantos procesos que lleva, pero estoy seguro de que, al igual que nosotros, hay muchísimos guatemaltecos afrontando situaciones como la nuestra: una justicia lenta, distorsionada, influenciada por poderes oscuros. Una justicia que solo está para favorecer a unos y afectar a otros. Una justicia que no llega.

    En nombre de todos esos guatemaltecos, en nombre de nuestras familias agraviadas por el asesinato de nuestros hijos y en nombre de nuestros hijos que fallecieron injustamente, señor juez de Puerto Barrios Aníbal Artiaga y señores jueces de Guatemala, les pido que tomen conciencia de la importancia de su papel, que consideren que los guatemaltecos necesitamos justicia, que es necesario que los maleantes paguen por sus delitos, que Guatemala necesita vivir en paz y que para vivir en paz se necesitan justicia y perdón.

     

    Carlos Rodolfo de León Herrera
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  • Más allá del escándalo

    La prensa no podrá quejarse por falta de noticias. Guatemala sigue siendo hoy en día una fuente inagotable para quienes persiguen la nota asociada a la intriga política o a los poderes fácticos. Así, antes de que transcurriera la mitad de esta semana, una empresa intervenida por evasión fiscal y otros delitos decide ponerse al día con el fisco y de un solo golpe realiza un pago de 800 millones de quetzales. Poco más de 100 millones de dólares que cubren la brecha fiscal de un año y dejan un poquito de reserva.

    Si se analiza al tenor de la crisis en la cobertura de servicios vitales como la salud, resulta perverso, criminal en un sentido más grave que el simple escamoteo de ganancias. La empresa de marras, Aceros de Guatemala, reunió el monto depositado y dispuso de los recursos para ponerse al día con el fisco. Si todas las empresas que evaden y eluden el pago de impuestos hicieran lo mismo, empezaríamos a contar con recursos para que el Estado prestara servicios básicos tales como salud, educación y vivienda, entre otros, con eficiencia.

    Sin embargo, no será una posibilidad en el corto plazo. Los entes que encuentran resquicios para escamotear el pago de impuestos en proporción a sus ganancias tienen compañía con las entidades que gozan de exenciones. Tal es el caso de las Iglesias de toda denominación, que están exentas del pago de impuestos, al igual que las empresas educativas en secundaria y las universidades, así como las entidades de presunta beneficencia que disfrazan los ingresos por la vía del lucro en empresas de distinta índole.

    De ahí que la otra noticia bomba en la semana haya sido la del excanciller y pastor protestante Harold Caballeros y su sitial de honor en el escándalo de los #PanamaPapers. Un reportaje publicado por Plaza Pública y El Faro puso al descubierto la existencia de empresas de cartón que contribuían a evadir impuestos a una fortuna nacida de la elusión. Diezmos y donaciones a la Iglesia El Shaddai, que ofrecía relación expresa con el cielo, volaban a Panamá a saltar entre carpetas a fin de llegar a su destino: el fondo de retiro del exfuncionario del gobierno de Otto Pérez Molina.

    Probablemente el político en retirada imaginó que su nombre no saldría a luz pública. De esa suerte, al verse tan claramente reflejado en el reportaje, rompió en pánico y luego en ira. A tal grado que trató a la reportera principal, Alejandra Gutiérrez Valdizán, como si fuera su subordinada o una de sus feligresas e intentó intimidarla. La reacción del público no se ha hecho esperar, y desde el mismo gremio se plantearon las acciones de respaldo a la actividad periodística y a la revelación de los hechos que analiza la nota en cuestión.

    Casi al mismo tiempo, el juez de primera instancia del Tribunal B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, denunció haber recibido amenazas de muerte. Además de que la sola amenaza a un juzgador es de por sí inaceptable, en este caso adquirió características que levantaron la indignación de amplios y variados sectores de la sociedad. El juez Gálvez es conocido y reconocido por su inquebrantable ejercicio profesional y por su honradez a toda prueba, la cual ha puesto de manifiesto al diligenciar, desde abril de 2015, los procesos judiciales que han surgido de la revelación de las prácticas corruptas del gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti.

    Así las cosas, la agitación noticiosa durante la semana muestra que hay avances en la generación de conciencia social sobre las consecuencias de la corrupción y la impunidad. No obstante, no alcanza para comprender el sentido de las movilizaciones en los departamentos y el hecho de que esas voces también claman por el efecto destructor de la corrupción, que tolera el desvío de los ríos, entre otros actos criminales. El cambio social iniciado todavía no alcanza para generar sensibilidad respecto a las luchas y movilizaciones sociales desde la provincia. Cuando ese paso se dé y haya una verdadera e inequívoca expresión de solidaridad ciudadana, solo entonces habremos de ser noticia no solo por el escándalo, sino también por la búsqueda de una nueva Guatemala.

  • Amenazado

    Amenazado

    El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, denunció el martes 10 de mayo, ser víctima de amenazas de muerte. No identificó a las personas que le hicieron llegaron los mensajes intimidatorios, ni vinculó esos hechos con los casos de alto impacto que le ha tocado conocer en los últimos meses: La Línea, TCQ, Aceros de Guatemala, entre otros. “El problema de la justicia es que uno (como juez) nunca queda bien con las partes”, señaló Gálvez. Tanto la Fiscalía, como el Ministerio de Gobernación y la Procuraduría de los Derechos Humanos han iniciado investigaciones para establecer el origen y motivo de las amenazas. El Organismo Judicial ha incrementado la seguridad personal para el Juez, y las redes sociales estallaron en solidaridad con el “honorable juzgador”.

  • Aceros de Guatemala: la defensa es atacar la forma no el fondo

    Aceros de Guatemala: la defensa es atacar la forma no el fondo

    En tres jornadas de audiencias, entre el martes 1 y el jueves 3 de marzo, ante Miguel Ángel Gálvez, juez B de Mayor Riesgo B, desfilaron abogados y alegatos. Intentos de todo tipo por apartar del proceso a los acusados de integrar una estructura que, según el Ministerio Público (MP), facilitó a la empresa Aceros de Guatemala S.A. (AG) salir bien librada de una demanda por defraudación tributaria por Q255.61 millones, e incluso, obtener del gobierno la devolución de un crédito fiscal por Q11.8 millones. El resultado, sin embargo, fue adverso: 15 de los 17 implicados fueron ligados a proceso, excepto el abogado Frank Trujillo, que quedó separado del caso; y María Eugenia Valdés Gómez, una de las representantes de la compañía, que aún no ha comparecido por encontrarse en un hospital.

    El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) iniciaron la investigación con base a denuncias que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó en contra de Aceros de Guatemala S.A. entre 2006 y 2009, por el supuesto uso de empresas de cartón para simular la compra de insumos (en este caso chatarra), y hacer recaer la responsabilidad por las acciones de defraudación tributaria en unos intermediarios ficticios quienes no reportaban sus ventas de manera adecuada.

    Simone Dalmaso

    Tras detectar estos hechos, la SAT denunció a AG, y el caso llegó al juzgado Séptimo de Instancia Penal, donde se retrasó por años. En esta instancia, según la hipótesis de MP y CICIG, la empresa contrató los servicios de Tres Puertos S.A., compañía que contactó a Geovanni Marroquín Navas, un intermediario externo de “La Línea”, el cual habría usado su influencia dentro de la SAT para que los reportes presentados por la institución fueran modificados y al ser presentados de nuevo ante el juez exculparan a AG de los delitos por los que se les acusaba.

    Los elementos que la Fiscalía de Delitos Económicos ha presentado para fundamentar su investigación, parten de escuchas telefónicas que se derivan del caso La Línea, en particular las llamadas de Marroquín, los dictámenes emitidos por la SAT que en un primer momento inculpaban a la empresa y luego la libraban de responsabilidades, y la relación de cargos dentro de la SAT y las facultades de los acusados, para mostrar su grado de injerencia.

    De frutos envenenados y abogados del diablo

    Aunque desde distintos enfoques, los alegatos de los defensores se concentraron en tres áreas: cuestionaron el uso de las escuchas telefónicas originadas en el caso La Línea, como punto de partida de la investigación, argumentando vicios en el procedimiento para obtener la aprobación; reprobaron que el Juzgado B de Mayor Riesgo llevara el caso, cuando la acusación partía de hechos previos como la demanda contra Aceros de Guatemala por defraudación tributaria, y casos especiales de defraudación tributaria, seguidos en el Juzgado Séptimo de Instancia Penal; y, atacaron las definiciones de crimen organizado usadas por la fiscalía y CICIG, para achacar delitos como asociación ilícita a varios de los acusados.

    Los alegatos de los defensores se concentraron en cuestionar el uso de las escuchas telefónicas originadas en el caso La Línea, como punto de partida de la investigación; reprobar que el Juzgado B de Mayor Riesgo llevara el caso; y atacar las definiciones de crimen organizado usadas por la fiscalía y CICIG.

    Empezó el ataque el abogado Aníbal Sánchez, defensor de las acusadas Evelin Yulisa Natareno Gómez, exjefa del Departamento de la Intendencia de Verificaciones en la SAT, y Alicia López Paiz, mandataria de la Intendencia de Asuntos Jurídicos de la misma institución.

    —Se ha satanizado tanto el tema de las escuchas (dice el abogado), dese cuenta señor juez, que se les dieron vuelta al derecho y al revés. Nos sentimos atados, ¿Por qué no hemos traído medios de prueba? Andamos (los abogados) con una psicosis, porque corre el rumor de que hay procesos contra abogados. Todo esto se origina en un “hallazgo inevitable” bajo el artículo 63 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Pero no hemos tenido a la vista el informe del MP del hallazgo, si no existe todo lo demás es ilegal.

    El artículo 63 al que hacía referencia Sánchez, establece que cuando se encuentre en una interceptación telefónica autorizada otros hechos criminales del investigado o terceros, no contemplados en la orden judicial, el fiscal deberá informar al juez que aprobó la escucha para tener otra autorización para investigar los nuevos hechos. El juez Gálvez dio el visto bueno para las intercepciones telefónicas del caso La Línea, y en este otro caso también avaló seguir con la investigación.

    Carlos Israel Velásquez defensor de Omar Franco, el exsuperintendente de la SAT, señaló que la información obtenida por el MP “estaba basada en proceso de inteligencia, pero de inteligencia perversa”, para implicar a su representado.

    En cambio, el abogado Mario Antonio Juárez Vidal, defensor de Geovanni Marroquín Navas, reconoció que su cliente es el de situación más difícil en la acusación, ya que las llamadas interceptadas eran las suyas, por lo que su estrategia fue cuestionar la obtención de estas intervenciones, y no tanto al contenido de las mismas.

    —Si existen nuevos hechos debe pedirse autorización para las escuchas a todas las nuevas personas involucradas, eso implica una nueva cadena de custodia. El artículo 62 de Ley Contra Delincuencia Organizada, establece que la violación al derecho a la privacidad, más allá de lo establecido a la autorización, haría a las escuchas ilegales, —alegó el abogado.

    El abogado apeló a la teoría del fruto del árbol envenenado: si la obtención de las escuchas no cumplía con las formas, todo lo derivado de estas no sería utilizable en este caso, y la acusación se caería. Y citaba al magistrado de la Corte Suprema estadounidense Oliver Wendell Holmes al respecto: “Es en verdad deseable que los delincuentes resulten descubiertos y que cualquier prueba existente sea utilizada para este fin, pero también es deseable que el gobierno no se ponga al mismo nivel que aquéllos, y pague por otros delitos, ni que estos sean los medios para obtener la prueba de los perseguidos inicialmente. Es necesario elegir, y, por lo que a mi concierne, prefiero que algunos delincuentes escapen a la acción de la justicia, antes que el gobierno desempeñe un papel indigno”.

    La siguiente ronda de alegatos de los defensores se orientó a cuestionar que el caso fuera llevado por Juzgado B de Mayor Riesgo que dirige Gálvez. Lo resaltó el abogado Sánchez: “El MP hace uso de elementos de investigación del caso La Línea, cuando ellos mismos han dicho que no es La Línea, pero han usado todos los motes (alias) de ese caso. No se ha dicho que la acción penal contra Aceros de Guatemala continúa ¿entonces qué delito se persigue? El caso sigue en el Juzgado Séptimo de Instancia Penal”.

    También apeló a esto el abogado Velásquez, al afirmar que cuando se presentó el caso de Aceros de Guatemala en otro tribunal, Franco, su defendido, no era Superintendente de la SAT, ni si quiera de manera interina.

     “Estoy convencido que este caso corresponde al juzgado Séptimo”, agregó Juárez, el abogado de Marroquín, apelando al artículo 61 de la Ley del Organismo Judicial: “Ningún tribunal puede avocarse el conocimiento de causas o negocios pendientes ante otro tribunal a menos que la ley confiera expresamente esta facultad”. Aduciendo que en todo caso Marroquín estaba ejerciendo “una defensa fiscal como auditor”, al igual que el abogado de Aceros de Guatemala, Frank Trujillo “llevaba la defensa legal”.

    Por último, los defensores enfilaron contra los argumentos de MP y la CICIG, que han ubicado las actividades de los acusados dentro de una estructura de crimen organizado. Juan Carlos Borrayo, abogado de Ariel de Jesús Guerra Castillo, exintendente de Verificación, argumentó que la fiscalía debía probar que por su lugar en el organigrama de la SAT su defendido podía influir en la alteración de los reportes para favorecer a Aceros de Guatemala. “El MP lanzó un escopetazo y al que le pega está guardando prisión”, afirmó el defensor. Borrayo también destacó que la fiscalía debería probar que Guerra “en su calidad de intendente tenía la función de inducir, instruir, coordinar y dirigir a funcionarios de la intendencia de fiscalización bajo su mando, por razón de su puesto o función, para que estos realizaran los actos ilícitos que beneficiaban a la entidad Aceros de Guatemala S.A.”, pues de lo contrario no podrían perseguirlo por el delito de asociación ilícita.

    De igual forma se expresó Velásquez, el defensor de Franco: “Hemos oído estigmatizar a los profesionales (abogados y auditores señalados en el caso) como parte del crimen organizado, hemos discutido la definición de crimen organizado de la declaración de Palermo de Naciones Unidas. El caso La Línea que se ha politizado e incluso nos ha llevado a un cambio de gobierno”. El abogado afirmó que la fiscalía no había mostrado indicios claros de que hubiera entre los aprendidos una “organización criminal”, con fines bien definidos, puestos jerárquicos y más de tres personas dispuestas a cometer varios delitos.

    Y una vez más fue el defensor de Marroquín quien llevó la voz cantante. El litigante Juárez enumeró los aspectos que a su criterio no había logrado fundamentar la fiscalía: establecer quienes eran los dirigentes de la presunta estructura criminal, que objetivos comunes tenía la organización, si poseía cohesión, jerarquías y tendencia a la autorregulación, una división de funciones clara… “la convención de Palermo, a la que tanto le gusta hacer alusión MP y Cicig también contempla que las organizaciones se agrupan para varios delitos, ¿dónde están esos delitos? Claro en la imaginación del MP.”, espetó el abogado.

    Juárez reconoció que Marroquín se dedicaba a “gestionar en favor de Aceros de Guatemala” el aspecto fiscal de su demanda, “y como ese aspecto era el que se discutía en el Juzgado Séptimo Penal, tenía todo el derecho, facultad y oportunidad de defenderlo. Por defender o ejercer su profesión no se le puede vincular a un delito”.

    Velásquez: “Hemos oído estigmatizar a los profesionales (abogados y auditores señalados en el caso) como parte del crimen organizado, hemos discutido la definición de crimen organizado de la declaración de Palermo de Naciones Unidas. El caso La Línea que se ha politizado e incluso nos ha llevado a un cambio de gobierno”.

    El abogado finalizó su intervención de manera histriónica.

    —Hay mala intención en la acusación. Alguien aquí dijo que mi defendido era el diablo, deberé entonces adoptar la actitud del abogado del diablo. Mi defendido en sus gestiones no hizo más que lo que todos hemos hecho uso: de la vanidad, que como decía John Milton en El abogado del diablo, es el pecado favorito.

    Consultado por Plaza Pública, Juárez, explicaría este punto de la defensa: asegura que Marroquín presumía en las escuchas de tener más influencia de la que en realidad poseía.

    Que la investigación continúe

    En la siguiente audiencia, el martes 2 marzo, el juez Miguel Ángel Gálvez ligó a 15 de los 17 acusados, y excluyó del proceso a uno de ellos. El juez consideró los alcances de la información presentada por MP y CICIG, y señaló dos momentos en la investigación: en el primero ubica a las acciones emprendidas por la organización para obtener los dictámenes favorables de la SAT, de lo cual aseguró “hay indicios suficientes”; el segundo es la búsqueda de la desestimación de la demanda contra Aceros de Guatemala, y en este punto aceptó los alegatos de los abogados defensores, al confirmar que “no se profundizaba” en la afirmación.

    Con estas consideraciones, al día siguiente, Gálvez dictó la prisión preventiva para Álvaro Omar Franco, exsuperintendente de la SAT, quién ya tiene esa situación por el caso “La línea” por asociación ilícita, y lo ligó por los delitos de cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal.
    Igual suerte corrieron Elder Hermelindo Fuentes García, exintendente de la SAT, por asociación ilícita y obstaculización de la acción penal; Geovanni Marroquín Navas, el presunto enlace de la estructura, también ya ligado por asociación ilícita por el caso “La Línea”, al cual sumó cohecho pasivo, tráfico de influencias y obstaculización de la acción penal, por este nuevo caso.

    De igual forma ordenó prisión para Ariel de Jesús Guerra Castillo, exintendente de Verificación, por asociación ilícita, cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal; a José Antonio Mangandi Ortiz, exgerente de contribuyentes especiales, por asociación ilícita y obstaculización de la acción penal; a Alfonzo Romeo Castillo Castro, exdirector de la Intendencia jurídica por asociación ilícita, cohecho pasivo, obstaculización de la acción penal y lavado de activos; a Alfredo Muñoz Ledocarrillo, representante legal de Tres Puertos por asociación ilícita y cohecho activo; y a Rigoberto Chacaj Soc, auditor de Tres Puertos por asociación ilícita y cohecho pasivo. 

    Para el resto de acusados, ordenó las siguientes medidas sustitutivas: arresto domiciliario, arraigo (prohibición de salir del país), suspensión de labores, prohibición de acercarse a la SAT y la obligación de firmar el libro de asistencia en el Ministerio Público, a Evelin Yulisa Natareno Gómez, exjefa del Departamento de la Intendencia de Verificaciones por asociación ilícita y obstaculización de la acción penal; Alicia López Paiz, mandataria de la Intendencia de Asuntos Jurídicos por obstaculización de la acción penal; y a los auditores Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, Giovani Estefan Reyes Pérez, Nidia Verónica Espina Batres, Julio Ernesto Román García por el delito de obstaculización de la acción penal. El representante legal de Aceros de Guatemala, Pedro José Raúl Paiz Valdez, fue ligado sólo por cohecho activo. 

    El abogado de Aceros de Guatemala, Frank Manuel Trujillo Aldana, cuyos contactos con algunos de los acusados aparecen documentados en escuchas telefónicas, fue el único que corrió con suerte. “Me llama la atención el papel del señor Trujillo, habla pero no de cosas más allá de la profesión, dice, también, que habla con un fiscal. Además un día antes de que sean públicas lee las conclusiones del informe de la SAT, ¿será que él sabía lo que hacían las otras personas?”, dudaba el juez.

    La escucha a la que aludía el juez es del 20 de diciembre de 2014, entre Marroquín y Trujillo, en esta se percibe el acceso de Marroquín a los documentos internos de la SAT con los que se buscaba exculpar a AG. Gálvez no lo ligó a proceso, pero ordenó su arraigo y la obligación de acudir todos los meses a firmar el libro de asistencia del MP. El MP y la CICIG apelarán esa decisión.

    Para fundamentar las acusaciones de la Fiscalía, el juez ordenó a la Contraloría General de Cuentas realizar una auditoría a Aceros de Guatemala S.A., sobre la devolución de créditos fiscales para esa empresa. Y las indagaciones del MP en documentación de la SAT, la cual no había solicitado para no levantar la sospecha de los acusados, varios de ellos todavía funcionarios; y los archivos y registros incautados en los allanamientos, así como la solicitud de información bancaria sobre los detenidos.

    El juez dio hasta el 2 de junio del 2016 para que el MP y la CICIG concluyan la investigación y presenten la acusación formal contra los señalados. Y programó para el 14 de junio la audiencia de apertura a juicio. Las ramificaciones de este caso se encuentran lejos de acabar.

  • Cristina y el pasado

    Roberto Barreda y su madre, Ofelia de León, fueron enviados a juicio por la desaparición de Cristina Siekavizza. Esto supone un logro vital, pues este es un caso insignia, como lo son todos los que representan a muchas víctimas que jamás serán juzgadas. Es un violín que chilla esperanzadoramente en un cuarto solitario.

    Este tipo de proceso supone una gran labor debajo, que no se mira cuando escuchamos o leemos las noticias. Son decenas de personas detrás reconstruyendo una historia con datos fidedignos para convencer al juez de la probabilidad de una condena.

    Además de los fiscales e investigadores, este logro es de un grupo de mujeres que con verdadero compromiso se han metido de lleno a la búsqueda de la verdad. Se creó Voces por Cristina con liderazgos notables como el de María Fernanda Gallegos o el de Tanya Lizárraga, mujeres valientes que no han cesado, que han acompañado a la familia Siekavizza en este laberinto escabroso que conlleva la desaparición de un ser querido.

    ¿Se imaginan esa angustia? ¿La incertidumbre de no saber, de no querer perder la ilusión de que un día milagroso la persona entre por la puerta y de que todo haya sido una pesadilla de mal gusto? ¿Y el transcurrir de los años? La vida pasa a dedicarse por completo al caso, a los expedientes, a hablar con la prensa, a ir a los tribunales, a forjar una coraza invencible. Brota una flor de la pura necesidad de resiliencia.

    Porque el camino ha sido espinoso. Fueron años de búsqueda de Barreda, de su huida a México con los niños, de que fuera hallado, de lo que decían las computadoras, de que se cambió el nombre, de que la jueza anterior dijera que sin el cadáver no se comprobaría el femicidio, de que la madre de Barreda, por haber sido presidenta de la Corte Suprema, tenía tentáculos por todos lados… Hasta que se llegó a esta audiencia puntual y dejó un sabor generalizado de justicia.

    Recuerdo cuando este año fui a un coloquio en el cual se abordó este tema, el de la falta de independencia judicial, el del litigio malicioso, el del rol de la víctima en los procesos. Y llegó alguien de Voces por Cristina que cuando habló, luego de escuchar a quienes después de 30 años persistían en la búsqueda de sus familiares desaparecidos en el conflicto armado, dijo que los entendía, que el sentimiento era el mismo.

    Atajó en el salón de ese hotel un rayo que rompió el tiempo ideológico, las ropas, incluso las lenguas, pues muchos de ellos hablaban en su idioma maya natal. Nació una conexión de realidad a partir del sufrimiento y de la indignación de conocer en carne propia el paredón de la impunidad construido por quienes viven del poder.

    Allí se ve que, con resoluciones como la que emitió el juez Miguel Ángel Gálvez este jueves, esa enorme tapia de concreto que sostiene a tantos criminales ha perdido fuerza. Fue un piochazo más para rajar la estructura que ha consentido la desaparición de Cristina y de tantos otros.

  • Todo anulado

    Todo anulado

    Justo un día antes de que los abogados de la acusación y la defensa plantearan sus conclusiones. Justo antes de que a los acusados Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez se les preguntara si deseaban pronunciarse respecto a todas las evidencias presentadas en su contra durante 20 días. Justo en ese momento, antes de que el tribunal dictara sentencia, todo lo efectuado en el juicio por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad en el área ixil, en Quiché, ha quedado anulado.

    Un incidente, una protesta planteada por la defensa de los acusados Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, se convirtió esta tarde en una resolución que dejó sin efecto todo lo actuado hasta ahora en el juicio que se llevaba a cabo en contra de los generales. “Restituyo al postulante en la situación jurídica anterior a la resolución de fecha 23 de noviembre de 2011”. Esa fue la oración que pronunció la Juez A de Mayor Riesgo, Carol Patricia Flores, luego de convocar a una audiencia en la que se iba a resolver un viejo amparo que la defensa de los generales había planteado para que se admitieran sus pruebas de descargo. “La consecuencia de ejecutar –mediante este tribunal– la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, de lo dictado por los magistrados”, prosiguió Flores, “deja sin efecto lo actuado, desde la fecha en que se resolvió con lugar la recusación en mi contra”.

    Con esta resolución la juez Flores determina que el caso regresa a una etapa intermedia, lo que significa que las audiencias del juicio quedan sin validez. Si a ese regreso se le ha de poner fecha, esa fecha es anterior al 23 de noviembre de 2011, cuando Flores fue sustituida por el juez Miguel Ángel Gálvez. Si se le ha de buscar un sentido, ese sentido pudiera ser que todo se puede desarrollar de una manera distinta a como lo había hecho. Podría incluso ocurrir que, en esa fase intermedia, al contrario de lo que había ya sucedido, se considerara que no hay motivos suficientes para llegar a un juicio, al debate, por ejemplo, que acaba de ser abortado. Sobre todo porque Carol Patricia Flores, cuando fue obligada a abandonar el proceso, ni la fiscalía, ni los querellantes, mucho menos la defensa, habían terminado de construir medios de convicción o de descargo para que un juez tuviera claro los indicios de la posibilidad o no del delito.

    Pero no todo esta dicho. Tras escuchar la resolución de Flores sobre la sentencia de la CC, el fiscal Orlando López declaró que la juez se había “extralimitado en su actuación”. Indicó que Flores fue notificada por la Corte de Constitucionalidad únicamente para que resolviera la admisión de peritos, testigos y documentos como pruebas a favor de los acusados. “Pero fue más allá”, explicó. La fiscal general, Claudia Paz y Paz, también impugnó en una conferencia de prensa la resolución de la juez. “Consideramos”, dijo, “que el actuar está completamente alejado de lo que ordenó la Corte de Constitucionalidad. Ante esta ilegalidad el Ministerio Público, presentará todas las acciones ante los tribunales pertinentes. Esta resolución aún no se encuentra firme. La juez resolvió más allá de lo que la CC le ordenara con respecto a un amparo que había quedado sin materia”.

    El magistrado Mauro Chacón también señaló en Emisoras Unidas que lo resuelto por la juez podría deberse a una mala interpretación de lo que ordenó la Corte de Constitucionalidad.

    La CC resolvió cuando ya había iniciado el juicio

    La defensa de Ríos Montt y también la de Rodríguez Sánchez han protestado muchas veces en contra de las decisiones de los jueces que han llevado este caso. Muchas de ellas pasaron de simples protestas a convertirse en algo que tuvo que resolver una cámara de amparos o una sala de apelaciones. Muchas de ellas, incluso antes de iniciar el debate oral y público el 19 de marzo de 2013, todavía no habían sido resueltos por la Corte de Constitucionalidad.

    Fue el 4 de febrero de este año, cuando el juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, rechazó peritajes, testigos y documentos por parte de la defensa durante la audiencia de ofrecimiento de las pruebas que entrarían al debate. “No son pertinentes”, o, “los testigos propuestos también podrían estar implicados en los delitos de los acusados”, fue uno de los argumentos del juez para excluir esas pruebas. La defensa, desde luego, no estuvo de acuerdo con Gálvez en su decisión. El abogado Francisco Palomo, defensor de los acusados, dijo que en esas circunstancias en la que Gálvez los dejaba era como “entrar al ring sin ninguna protección”. Y presentaron un amparo.

    Días antes a ese amparo, el juez Gálvez había dictado que se abriera el juicio. Había mandado una solicitud al Organismo Judicial para que se integrara un tribunal de sentencia y se considerara una fecha y una hora para entrar al debate que discutiría si en Guatemala hubo o no genocidio y delitos de deberes contra la humanidad en el área ixil, en Quiché, entre marzo de 1982 y agosto de 1983.

    El tribunal se integró, entonces, con los jueces Yassmín Barrios, Patricia Bustamante y Pablo Xitimul. Y se planificó el inicio del juicio para agosto, aunque finalmente, tras evaluar su calendario, el tribunal decidió que el debate se adelantaría para el 19 de marzo de 2013. Ese día, el primer día de juicio, la juez Barrios explicó que habían recibido un amparo provisional de parte de la sala cuarta de la Corte Suprema de Justicia que les permitía “incluir, ya con el debate iniciado, todas las pruebas de la defensa”. Así, peritos, testimonios y documentos a favor de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez fueron añadidos al proceso.

    Todo lo que anteriormente Gálvez había rechazado.

    Todo lo que pedía la defensa.

    Para el 3 de abril habían testificado ya 98 familiares de víctimas asesinadas en el área ixil. Relataron, durante 10 días, cómo el ejército quemó comunidades enteras,  cómo desplazaron a miles de personas, cómo violaron, bombardearon y masacraron durante los años de 1982 y 1983. Ese mismo día, La CC resolvía el amparo solicitado por la defensa, indicaba que el juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, y no el tribunal presidido por Barrios era el que debería incluir las pruebas de la defensa.

    Pero para Gálvez, en esa fecha, había un problema.

    La juez Carol Patricia Flores, en la audiencia que llevó a cabo hoy, lo explicaría.

    “Antes de que el juez B de Mayor Riesgo entrara a conocer el caso”, dijo Flores, era ella “la responsable del proceso en contra de Héctor Mario López Fuentes, Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez”. Sin embargo el 10 de octubre de 2011, fue recusada por el abogado Juan Corzo, defensor de López Fuentes. Y el 23 de noviembre de 2011 fue sustituida por Miguel Ángel Gálvez. Incidente ante el cual el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), querellante adhesivo en el proceso, presentó un amparo. “CALDH se oponía al cambio de juez”, indicó el abogado director de esa institución, Héctor Reyes.

    A pesar de ello, fue Gálvez y no Flores el juez que empezó a conocer todo lo actuado hasta esa fecha. Llevó el proceso de la fase intermedia, y resolvió apertura a juicio el pasado 28 de enero.

    La oposición legal de CALDH al cambio de juez seguía sin resolverse durante todo ese tiempo. Pero lo haría unos días después de iniciado el juicio, el 23 de marzo. Por eso, era un problema para Gálvez que el 3 de abril la CC le dijera que debería incluir las pruebas de la defensa: él, por obra del amparo de CALDH, había dejado de ser el juez contralor, y volvía a serlo Flores.

    Regresar en el tiempo…

    El 9 de abril, cuando el juez Gálvez consultó a los magistrados de la CC si era él, en verdad él, quien debería resolver el amparo de las pruebas de la defensa, le contestaron que no. Que debido al amparo resuelto a petición de CALDH, él ya no era el responsable de esa etapa, sino la juez Flores. Era el día número 13 de debate en contra de los acusados. En el juicio, peritos antropólogos forenses relataban cómo ellos encontraban osamentas, los métodos de investigación, los huesos que validaban infinidad de asesinatos y muertes violentas.

    Carol Patricia Flores indicó, en la audiencia de hoy, que el 17 de abril decidió emitir un oficio al tribunal de Sentencia A de Mayor Riesgo sobre lo que la CC le había ordenado. Es decir, resolver y terminar la admisión de pruebas de la defensa. También, ese mismo día, convocó a audiencia a todas las partes del debate.

    El tribunal A de Mayor Riesgo (Yassmín Barrios) respondió al juzgado A de Mayor Riesgo (Carol Patricia Flores) horas más tarde: “En resolución del 29 de enero para apertura a juicio, y en cumplimiento con el amparo provisional de la sala cuarta de la CSJ, se establecía que se podrían recibir las pruebas durante el debate. En audiencia de 5 de abril, este tribunal dio cumplimiento a la resolución del 3 de abril de la CSJ, haciendo saber que serían recibidas las pruebas de la defensa durante el debate”.

    Claudia Paz y Paz indicó que a causa de este mensaje, la juez Carol Patricia Flores, ya estaba informada sobre lo actuado durante el proceso. El Tribunal de sentencia ya había incluido las pruebas al debate y no era necesario que se retrocediera en el proceso para que estas pruebas se admitieran. “El amparo había perdido materia”, dijo Paz y Paz.

    Al solicitar la palabra ayer por la mañana durante el debate, César Calderón, defensor de Mauricio Rodríguez Sánchez, señaló que el tribunal tomó esa decisión pese a que no le correspondía resolver un amparo previo que no iba dirigido a ellos, sino a un juez contralor, de una fase previa, y que por lo tanto habían actuado fuera de su jurisdicción al incluir la pruebas de la defensa.

    La orden de la CC para Gálvez, el 3 de abril, y luego para Carol Patricia Flores, el 9 de abril, decía lo siguiente:

    “Sin embargo, esta Corte advierte de los antecedentes, que los medios probatorios rechazados a los amparistas, perfectamente pueden diligenciarse dentro del juicio correspondiente sin afectar el inicio del proceso, o, bien, retrotraerlo a etapas ya desarrolladas, situación que sería ilegal”.

    Y en el punto resolutivo II ordena que se admitan parte de los medios de prueba de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez que fueron rechazados por el juez Gálvez, sin darle más potestades.

    El tribunal A de Mayor Riesgo, por esto mismo, se negó a dar el expediente de todo el proceso al juzgado A de Mayor Riesgo a causa de algo que ellos ya habían resuelto.

    No obstante, la Juez Carol Patricia Flores, argumentó que estaba obligada a dar seguimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. “Yo lo único que hago es cumplir”, dijo. Y luego de explicar la recusación en su contra en octubre de 2011, y con base a lo que la Corte de Constitucionalidad había resuelto a favor de CALDH para que ella volviera a conocer el proceso, decidió anular todo lo actuado. Es decir, regresar en el tiempo hasta la fecha en la que ella era la responsable de la fase intermedia del proceso en contra de los acusados.

    Y si no lo impiden las impugnaciones del MP, si la CC, o si la decisión de Yassmín Barrios, que pretendía continuar el debate, será entonces la juez Carol Patricia Flores la que decida si se da o no apertura a juicio por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad en el área ixil, Quiché. Nada más de lo actuado será válido.

     

    Nota: Puede consultar aquí el auto que la CC le envió a Miguel Ángel Gálvez el 3 de abril y que coincide, según lo leído ayer por la juez Carol Patricia Flores, con el que ella recibió de esa misma corte.