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  • Amatitlán: la gota que rebalsó el lago

    Amatitlán: la gota que rebalsó el lago

    Tras un tira y afloja que duró varias semanas, el pasado 24 de abril el Gobierno suspendió en definitiva un proyecto millonario otorgado a una empresa israelí cuyo propósito era limpiar el contaminado lago de Amatitlán con un producto que la prensa bautizó como “la agüita mágica”. La recuperación de los Q22 millones pagados y las consecuencias legales del fallido proceso, aún son inciertos.

    Para anunciar esta decisión, no hubo visita al lago ni comunicado de prensa por parte del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes habían defendido el proyecto con inusual energía e insistencia durante las semanas previas. Fue Pablo González, secretario específico del Agua de la Vicepresidencia, quien durante una reunión con científicos guatemaltecos, anunció que el tratamiento del lago se cancelaba. Explicó que el Gobierno acataba la recomendación de la Contraloría General de Cuentas de rescindir el contrato entre la Autoridad para el Manejo Sustentable de la cuenca y el Lago de Amatitlán (Amsa) y la empresa israelí M Tarcic Engineering. Y sin aportar más detalles, dio por concluido el asunto.

    Según el nuevo director de Amsa, Marlon Valladares, lo que corresponde tras la decisión política de cancelar el proyecto, es buscar la forma de rescindir el contrato con Tarcic. “Hemos tenido acercamientos con la empresa, y ellos están de acuerdo con rescindirlo de mutuo acuerdo”, dijo a Plaza Pública.

    ¿Se recuperarán los Q22 millones que el Gobierno pagó a la empresa por el producto? “No estoy seguro. Estoy a la espera de una evaluación técnica y jurídica a  lo interno”, respondió Valladares, quien, unas semanas antes era jefe de relaciones interinstitucionales de Amsa, y un aguerrido defensor de la fórmula limpiadora.

    Queda también por ver si el escándalo tendrá repercusiones judiciales. Por una parte, el Ministerio Público analiza el contenido del producto para establecer si corresponde con la ficha técnica presentada por Tarcic. Por otra, la organización no gubernamental Acción Ciudadana presentó un antejuicio en contra de la vicepresidenta Roxana Baldetti por haber utilizado su influencia para favorecer a la compañía israelí. El Centro de Acción Legal y Ambiental (CALAS), también interpuso antejuicios en contra de la Vicepresidenta y de Michelle Martínez, ministra de Ambiente, por no haber exigido un Estudio de Impacto Ambiental antes de los primeros vertidos. Ambas peticiones se encuentran “en proceso” en la Corte Suprema de Justicia.

    Ury Roitman, empresario de origen israelí que ha ejercido de portavoz de la empresa Tarcic, no esconde su decepción: “Nosotros vamos a respetar la ley, y se hará lo que diga el Gobierno. Si rescinden el contrato pierde el país y pierden los chapines de nuestro equipo.  Nosotros perdemos las inversiones grandes que hicimos. Yo lo lamento por el lago, mi ilusión era que se salvara”.

    Ury Roitman:»Nosotros vamos a respetar la ley, y se hará lo que diga el Gobierno. Si rescinden el contrato pierde el país y pierden los chapines de nuestro equipo. Nosotros perdemos las inversiones grandes que hicimos. Yo lo lamento por el lago, mi ilusión era que se salvara”.

    Lo cierto, es que el proyecto de limpieza del lago de Amatitlán no encontró a un solo defensor fuera del Gobierno y la empresa. Al contrario: tras conocerse las incongruencias del mismo, se granjeó la oposición unánime de los científicos guatemaltecos, de la prensa y de los ciudadanos que expresaron su rechazo por medio de las redes sociales.

    Las sospechas de que detrás de la contratación de la empresa Tarcic no había una verdadera voluntad de resolver un problema ambiental, tomaron forma con la publicación en El Periódico, sobre anomalías en el contrato. Por ejemplo, que la sede de la empresa Tarcic era un taller de enderezado y blindaje automotriz, que la fórmula limpiadora no tenía licencia sanitaria; y que la empresa no cumplió con el trámite del Estudio de Impacto Ambiental antes de empezar a verter su producto en el lago.

    Poco después Plaza Pública reveló que la fórmula no tenía más que extractos de té de limón y hojas de pino, y que su inventor, el israelí Hanan Elraz, había tenido problemas con el Ministerio de Salud de su país por otro de sus productos: una crema “natural” para curar el cáncer. El Ministerio prohibió la crema por las sospechas de que contenía una sustancia tóxica. Además, se demostró que los supuestos estudios que validaban la fórmula no presentaban ni el más básico rigor científico.

    Científicos guatemaltecos expresaron entonces su rechazo, por medio de cartas abiertas o de comunicados de sus universidades. El Gobierno se vio contra las cuerdas. En un esfuerzo desesperado, la vicepresidenta Roxana Baldetti visitó el lago, se subió a una lancha, deleitó a la prensa con frasecitas de antología (las pipirañas y los popodrilos) y amagó con tomar un sorbo de agua para mostrar que la fórmula estaba funcionando. En vano: críticas y burlas arreciaron. Esto la obligó a suspender temporalmente los trabajos el 30 de marzo. Lo que parecía una marcha atrás definitiva, no era más que una retirada táctica, una pausa para darse un respiro.

    El 13 de abril, en una entrevista en Radio Sonora, el presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Baldetti, después de dar a entender que no renovarían el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fustigaron los “intereses de dinero” que se oponían el proyecto de limpieza del lago y defendieron el tratamiento israelí. Agregaron que ambos habían recibido, dos años atrás, a los representantes de Tarcic por recomendación del embajador de Israel, Moshé Bachar, y conocieron las bondades de la fórmula.

    Para atajar las críticas al proyecto, el gobierno hizo un llamado a los científicos para que integraran una “comisión técnica” para discutir el problema de la contaminación. La convocatoria fue hecha a las universidades, algunas organizaciones ambientalistas y a los científicos que firmaron una carta abierta criticando el proyecto de limpieza. El Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, y la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (Asorema), declinaron la invitación entendiendo que no había nada que discutir mientras estuviera vigente el contrato de aplicación de un producto a base de extractos de té de limón y hojas de pino. Otros, como Rubén Velázquez, decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos, acudieron con actitud de visible escepticismo hacia las propuestas del Gobierno.

    Las dos reuniones que realizó esa comisión en la Universidad del Valle, pronto tomaron tintes absurdos. Quien llevó la voz cantante por parte del Gobierno fue Pablo González, el secretario de Aguas de la Vicepresidencia. La ministra de Ambiente, Michelle Martínez, acudió sólo para agradecer la participación de los presentes.

    Aunque la convocatoria parecía limitada, el evento resultó estar abierto a todo el que quisiera participar. A todo el que lo solicitara, se le daba la palabra. Pronto la discusión se convirtió en un ejercicio repetitivo y estéril en el que, por ejemplo, unas señoras que no representaban a ninguna organización, sin la menor formación científica pero con todo el aplomo que dan las buenas intenciones y un apellido de alcurnia, exigían a los científicos guatemaltecos que aceptaran el producto de Tarcic puesto que los israelíes “son los gurús del agua”.

    Señoras que no representaban a ninguna organización, sin la menor formación científica pero con todo el aplomo que dan las buenas intenciones y un apellido de alcurnia, exigían a los científicos guatemaltecos que aceptaran el producto de Tarcic puesto que los israelíes “son los gurús del agua”.

    Entre los científicos guatemaltecos y los representantes del Gobierno se instauró un diálogo de sordos. Los académicos exigían que se les mostraran publicaciones científicas que validaran el producto y la operación de limpieza. Pablo González les contestaba que su oposición a esta “nueva tecnología” no era racional puesto que no la habían analizado ni logrado demostrar que era dañina o ineficaz. Rubén Velázquez replicaba que sólo estaba dispuesto a discutir una solución integral para el lago, y no una azarosa fórmula que, en el mejor de los casos, apenas sería paliativo transitorio. En esto lo respaldaba Byron Meneses, representante del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) ante la junta representantes de Amsa, quien insistía en que los problemas del lago de Amatitlán están ya bien diagnosticados, y que las soluciones han sido identificadas en un documento llamado Plandeamat. Este documento, validado científicamente, es una hoja de ruta con acciones a llevar a cabo en un periodo de 15 años para del rescate del lago y su cuenca. Por lo tanto, argumentaba Meneses, la única discusión válida era la de cómo implementar, y sobre todo cómo financiar medidas como nuevas plantas de tratamiento de  aguas servidas, reforestación de las laderas del lago, educación ambiental y manejo racional de la basura.

    En la segunda reunión, ya con la certeza de que el proyecto de limpieza con el producto Tarcic se cancelaba definitivamente, y con Pablo González posando como víctima incomprendida de unos científicos cerrados a la innovación, se decidió seguir más adelante las conversaciones sobre las medidas integrales del rescate del lago, y llevar a cabo un diagnóstico de las plantas de tratamiento existentes. Algunos científicos presentes relacionaron, sotto voce, la suspensión del contrato con Tarcic, no con la resolución de la Contraloría General de Cuentas (CGC), sino con el escándalo de la SAT y la crisis política a la cima del Estado.

    ¿Quiénes están detrás de Tarcic?

    Varios elementos levantan serias dudas en cuanto a la conformación de M Tarcic Engineering. Según los dos contratos firmados por Amsa y Tarcic, la representante legal de esta empresa en Guatemala es Clara Mariel Carballo Carballo. En ningún momento de la polémica, Carballo dio la cara para defender los contratos firmados por ella. Según la página Open Corporates, esta abogada treintañera cuya oficina se encuentra en un barrio de la zona 18 de Ciudad de Guatemala, también es directora de tres empresas en Panamá cuyos nombres dejan entrever un origen guatemalteco: Tikal Internacional, Zaculeu S.A., y Mirador Corporation Management. Plaza Pública intentó hablar con Carballo, pero no contestó a las llamadas.

    Quien sí dio la cara por Tarcic ante los medios de comunicación es un viejo conocido de los círculos del poder: el empresario israelí Ury Roitman. A pesar de no tener cargo formal en Tarcic, la defendió con una labia insuperable y su inconfundible acento argentino. Roitman, de 63 años, apareció en los canales de televisión y afirmó que la empresa era un gigante del saneamiento ambiental. En conversación con Plaza Pública, agregó que Tarcic Engineering es también una inmensa constructora de carreteras, puentes y aeropuertos en Israel. Sin embargo, no se encontró la mínima referencia a estas actividades en la web. Durante las semanas de polémica, Tarcic Guatemala abrió una página en donde colgó algunos documentos que revelan intentos de comercializar los mismos productos en países caracterizados por sus altos índices de corrupción como Egipto y Nigeria. No es Tarcic la que comercializa estos productos en dichos países sino empresas llamadas Meydan Solutions en Egipto y Chipre, y Oil Dissolver en Nigeria. Ningún documento indica si estos productos fueron aplicados en algún país otro que Guatemala. 

    Ury Roitman afirmó haber conocido la fórmula en Israel, y que de inmediato  pensó en traerla a Guatemala para ayudar a los afectados por el terremoto de San Marcos. Una vez en Guatemala, descubrieron que el producto “podría salvar el lago de Amatitlán”.

    Ury Roitman, según dijo a Plaza Pública, es oficial de Tzahal, el ejército israelí, y veterano de tres guerras del país hebreo: la guerra del desgaste (1967-1970), la del Yom Kipur (1973), y la del Líbano (1982). A finales de los ochenta llegó a Guatemala para “ayudar a gente secuestrada”, de forma privada pero también colaborando con el Gobierno.

    Desde entonces, Ury Roitman ha multiplicado sus aventuras empresariales en Guatemala, como lo mostró una nota publicada por El Periódico. Fundó tres empresas de seguridad, TSS, Tysis y Perfil HR, que brindan servicios de seguridad, instalan equipos de control y vigilancia, blindan carros, realizan pruebas de polígrafo e investigaciones privadas. En 2012, TSS recibió del Ministerio de Gobernación Q 8,6 millones por el arrendamiento de un equipo para emitir pasaportes, y en 2010, la municipalidad de Santa Catarina Pinula, administrada por Antonio Coro, le compró a Tysis Q100 mil en cámaras de vigilancia. Ury Roitman es dueño del Hotel y Marina Nanajuana en Río Dulce y fue accionista de Tikal Jets. Con su colaboración con Tarcic, es la primera vez que incursiona en el campo ambiental y el de los productos químicos.

    Uno de los elementos de la polémica con el producto de limpieza de lagos, fue el apoyo que recibió el proyecto por parte del embajador de Israel, Moshe Bachar. A Ury Roitman este apoyo le parece natural. “El embajador sabe qué hacemos, conoce nuestras inversiones. Él nos acompaña por ser una empresa israelí, tal como lo hacen todas las embajadas” explicó.

    Sin embargo, la relación de Ury Roitman con el diplomático parece ser más estrecha. Por ejemplo, en julio de 2013, según un comunicado de la propia legación, Ury Roitman representó al embajador de Israel en la entrega de 12 puertas, 24 ventanas y 8 baños a una escuela de Sarstún, Petén. Preguntado al respecto, el empresario afirma que la donación no fue iniciativa de la embajada sino de su esposa. Niega también haber representado al embajador y asegura que su relación con él es la de dos compatriotas que se conocen: “Somos un pueblo pequeño. Los judíos somos todos amigos, somos una comunidad muy unida”, dijo.

    Otra de las caras visibles de Tarcic en las conferencias de prensa que organizó Amsa era Allan Franco de León, licenciado en Acuicultura por la Universidad de San Carlos. Él era el encargado de dar una apariencia científica al tratamiento del lago. Sin embargo, al igual que Roitman, nunca fue representante formal de la empresa.

    Antes de su colaboración con Tarcic, Franco trabajó intensamente para el Gobierno. Durante 2013 y 2014 obtuvo ocho contratos con diferentes instituciones del Estado: para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, fue director técnico del Plan de Desarrollo del Petén; con el Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (Fonagro), impartió capacitaciones en piscicultura; para el Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza, fue supervisor externo; y para el Ministerio de Educación, realizó estudios sobre la conformación de las delegaciones de atletas escolares que participarían en juegos internacionales.

    En total, en dos años cobró casi medio millón de quetzales al Estado. Se le quiso preguntar acerca de esta gran variedad de servicios prestados, pero Allan Franco, molesto por la anterior publicación de Plaza Pública acerca de lago de Amatitlán, declinó la entrevista.

    Roxana Baldetti, en la entrevista que dio con Otto Pérez Molina a Radio Sonora, afirmó que se sentía orgullosa porque ella había logrado sacar del olvido al lago de Amatitlán, y puesto el dedo sobre su creciente contaminación. Lo mismo dijo Ury Roitman a Plaza Pública.

    Ambos tienen razón, aunque las cosas no salieron como ellos esperaban. Ahora queda por ver si Amatitlán cae de nuevo en el olvido, o si el escándalo de “la agüita mágica” provoca una verdadera toma de conciencia que desemboque en acciones decididas a favor del lago. Acciones cuyo costo tendrá que asumir la población y la industria, por ejemplo aceptando pagar por el tratamiento de sus aguas servidas.

  • La opaca y quizás peligrosa fórmula israelí para purificar el lago de Amatitlán

    La opaca y quizás peligrosa fórmula israelí para purificar el lago de Amatitlán

    Amsa, la autoridad responsable del lago de Amatitlán, acaba de adquirir por Q137.8 millones un producto para sanear este cuerpo de agua. El producto fue desarrollado por un inventor israelí considerado en su país como una amenaza a la salud pública.

    Una fórmula secreta para sanear lagos, un contrato millonario del Estado de Guatemala con una empresa sin experiencia ni referencias y un inventor israelí que no es profeta en su tierra, son los ingredientes de una trama turbia cuya víctima principal, además del erario público, podría ser el malherido lago de Amatitlán.

    La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa), suscribió en diciembre y febrero pasados, dos contratos por un total de Q137.8 millones con una empresa de origen israelí llamada M Tarcic Engineering. ¿El objeto de los contratos? Primero, la compra de 93 mil litros de un producto químico compuesto por extractos vegetales destinado a incrementar el índice de calidad del agua del lago. Luego, el vertido del  producto en el lago y en su principal afluente, el río Villalobos.

    Según Amsa, la empresa Israelí cuenta con experiencia internacional en saneamiento de lagos, en especial en Sudán y Nigeria. Sin embargo, es imposible confirmar estas aseveraciones: Tarcic no tiene página web, y en la red no aparece ninguna referencia a proyectos realizados o sobre los productos que comercializa. Amsa tampoco ha proporcionado documentos de respaldo. La empresa Tarcic, tal y como lo reveló El Periódico, se constituyó recientemente en Guatemala, y la dirección de su sede corresponde en realidad a un taller de enderezado, pintura y blindaje automotriz. Cuestionado al respecto por Plaza Pública, Marlon Valladares, jefe de Relaciones Interinstitucionales de Amsa, confirmó que en esa dirección opera el taller automotriz pero aseguró que “es allí donde funcionan los laboratorios de Tarcic”.

    La adquisición de este producto a una misteriosa empresa levantó críticas entre los ambientalistas. Además, el diputado del partido Todos, Christian Boussinot, citó en el Congreso a Edwin Ramos, director de Amsa. Uno de sus cuestionamientos fue que el producto no tiene licencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud y que el proyecto de vertido no tiene Estudio de Impacto Ambiental. Además, la composición de la fórmula se ha mantenido en secreto.

    A raíz de la polémica levantada, Amsa convocó a una conferencia de prensa. Participaron en ésta la ministra de Ambiente, Michelle Martínez, el embajador de Israel, Moshe Bashar, así como personeros de Amsa y de la empresa Tarcic. Ni elPeriódico ni Plaza Pública fueron invitados, sin embargo, al enterarse del evento, lograron asistir.

    En la conferencia de prensa estaba presente Hanan Elraz, el inventor de la fórmula comercializada por Tarcic. Elraz es un inventor de diversos productos, todos basados en extractos de plantas. Tiene patentados un insecticida, un repelente de insectos, y un “kit natural” de tratamiento contra el cáncer compuesto por las “gotas Elraz” y la “crema Elraz”. En enero de 2013, el Ministerio de la Salud israelí publicó una advertencia llamando a la población a no utilizar estos productos ya que contienen una sustancia que podría ser tóxica. El comunicado agrega que no se sabe cómo ni dónde son fabricados los supuestos medicamentos Elraz y que se sospecha que la marca bajo la cual se comercializan ha sido falsificada. En consecuencia la venta de las gotas y la crema Elraz fue prohibida y su farmacia de Petah Tikva cerrada.

    Durante la conferencia de prensa, Elraz, quien se negó a revelar su nombre a los periodistas, hizo una pequeña demostración de su producto. Después de echar un chorro de gasolina en el lago, roció la mancha con otro chorro de su producto contenido en una botella de agua Salvavidas. La mancha se resorbió.

    Plaza Pública ya conocía la identidad de Elraz gracias a documentos de Amsa obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Se le abordó al finalizar su presentación para preguntarle sobre la fórmula para purificar el agua de Amatitlán.

    —No soy químico, pero le puedo decir que los ingredientes son extractos vegetales y moléculas de algas marinas. Recuerdo que tiene extractos de té de limón, y moléculas como el citral y el terpineol, —detalló.

    —No estoy autorizado a hacer ningún comentario —indicó Elzra en  inglés.

    —Pero usted es el inventor de la fórmula, —se le insistió.

    —Y eso quiero seguir siendo. La política de la compañía es que yo no puedo dar declaraciones —evadió.

    Se le preguntó entonces acerca de la advertencia del Ministerio de Salud de su país en contra de la crema y las gotas Elraz.

    —En su momento, no di declaraciones a la prensa israelí, y no las voy a dar a la prensa de otro país —respondió sorprendido.

    Después de asegurar que ni la fórmula para purificar el agua ni el tratamiento anti cáncer son  peligrosos, el poco comunicativo Elraz dio por cerrada la conversación.

    Ni siquiera Amsa, entidad responsable de la gestión del lago y del gasto millonario, conoce el contenido de la fórmula creada por Elraz y comercializada por M Tarcic Engineering. Marlon Valladares, comunicador de Amsa, no ve ningún problema en esto. “Es como la fórmula del Pollo Campero, es un secreto de la empresa”, indicó sin reparar en que no se puede comparar una receta de cocina con un producto químico que será vertido en los 15.2 kilómetros cuadrados de superficie del cuarto lago más grande de Guatemala.

    Alan Franco, representante de Tarcic en Guatemala, también se escudó en el secreto industrial para no revelar la composición de un producto que no tiene nombre comercial y no ha sido patentado. Se le pidió que al menos mencionara algunos de sus componentes.

    —No soy químico, pero le puedo decir que los ingredientes son extractos vegetales y moléculas de algas marinas. Recuerdo que tiene extractos de té de limón, y moléculas como el citral y el terpineol, —detalló.

    Los dos últimos son compuestos orgánicos que se encuentran, respectivamente, en el té de limón y en las hojas de pino.

    —¿Por qué no se encuentra nada sobre la empresa Tarcic en Internet? —se le pregunta a Franco.

    —Bueno, yo soy de Tarcic Guatemala… El embajador de Israel estuvo con nosotros en la conferencia de prensa, siendo garante su gobierno de que sí existe la empresa, —respondió

    Plaza Pública intentó obtener una declaración de la embajada israelí para entender por qué promueve en Guatemala a un inventor que en Israel se considera una amenaza para la salud pública. Sin éxito.

    El producto, que será vertido por primera vez en las próximas semanas, se encuentra ya en la sede de Amsa, almacenado en unos tambos de plástico sin etiqueta, como pudo constatarlo el diputado Christian Boussinot. Alan Franco lo justifica explicando que no es una fórmula comercial que haya sido vendida antes puesto que es “específica para el lago de Amatitlán”. Su precio ronda los Q1,000 por litro. Se le preguntó a Franco cómo se explica ese precio.

    —No conozco la estructura de costos, pero la investigación es cara y eso se refleja en el precio. Pero acuérdese que es para tratar los 148 millones de metros cúbicos de agua que tiene el lago. Por lo tanto, podríamos decir que el precio se diluye.

    Luego, Alan Franco intentó explicar la acción del líquido.

    —El producto está compuesto por tres fórmulas en combinación. La primera es específica para tratar hidrocarburos, grasas, aceites, que provienen de residuos industriales. Estos se acumulan al principio en la superficie y luego muchas veces van sedimentando.

    —¿Los hidrocarburos sedimentan?

    —No… sellan la capa superficial del agua e impiden el paso de la luz. Y al haber menos luz, hay menos cantidad de oxigeno. Proliferan entonces bacterias y microorganismos anaeróbicos. Empieza a haber ese crecimiento bacteriano y ese consumo de nutrientes excesivo, fósforo y nitrógeno y esto hace que el nivel de contaminación vaya aumentando. La segunda fórmula ataca los sedimentos que se acumulan en la columna de agua mediante la facilitación de la producción de oxigeno. Toma tiempo para que se vayan degradando las capas de contaminación mediante la penetración del oxígeno y de luz, y con esto se van degradando las bacterias. La tercera fórmula ataca los sedimentos que están en el fondo del lago. Se facilita la llegada de oxígeno para que los sedimentos suban poco a poco y se desintegren.

    El científico israelí al momento de presentar su invento a la prensa. [elPeriódico]

    Plaza Pública envió el audio con las explicaciones de Alan Franco a tres especialistas en ecosistemas lacustres.

    —Todo lo que dice es una gran tontería. Nada que ver con lo que sucede en el lago —afirma Liseth Pérez, investigadora guatemalteca del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de México, quien conoce bien las características de Amatitlán.

    —Parece que el señor ha oído conceptos, pero los mezcla de tal manera que al final nada tiene sentido, —juzga Virginia Mosquera, ingeniera ambiental del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar (IARNA).

    —Todo es muy confuso. Como que intenta justificar el uso de un producto con un tipo de contaminación que no existe en Amatitlán, —indica Alfonso Romero, experto en lagos tropicales y exdirector de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán.

    El problema del lago de Amatitlán, explican los tres científicos, no son los hidrocarburos. Es el exceso de nutrientes y materia orgánicas que aportan las aguas residuales. Los nutrientes provocan una sobreabundancia de algas y cianobacterias en la superficie del lago. Este fenómeno, muy bien caracterizado en numerosos lagos contaminados, se llama eutrofización. Tampoco hay, como lo supone Franco, un problema de oxigenación o de falta de luz. “El agua de la superficie del lago está sobresaturada de oxígeno por la cantidad de algas que producen fotosíntesis”, indica Liseth Pérez. Agrega que la idea  de remover los sedimentos, la acción supuesta de la tercera fórmula, es absurda porque equivaldría a aumentar la turbidez del lago y disolver de nuevo en el agua grandes cantidades de nutrientes.

    La inconsistencia de las explicaciones de Alan Franco de León sorprende si se sabe que posee una licenciatura en Acuicultura y que realizó investigaciones ambientales para el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero esto podría no ser tan grave si detrás de la adquisición y utilización del compuesto de Hanan Elraz, hubiera una sólida base científica que las justificara. Si esta existe, no ha sido divulgada. Plaza Pública pidió, mediante la Ley de Acceso a la Información, toda lo relativo a Tarcic, y sólo obtuvo un documento muy general, cuyas afirmaciones no se pueden corroborar.

    Los concursos públicos que Amsa publicó para la compra de un producto destinado a incrementar el índice de calidad del agua del lago de Amatitlán estaban redactados de manera a que una sola pudiera ofertar: Tarcic, como efectivamente ocurrió. Por ejemplo, Amsa exigía que el producto estuviera compuesto exclusivamente a partir de plantas medicinales. Las bases de la licitación contenían además varios errores e incongruencias científicas. Entre otros, se pedía que el producto eliminara “componentes bacteriales y virales” sin “afectar el ecosistema”, como si las bacterias y los virus no fueran la base misma de todo ecosistema. “¿Cómo creen que van a eliminar bacterias sin llevarse por delante un montón de especies?”, se pregunta Liseth Pérez.

    Amsa también exigía que el producto disminuyera “la concentración de fósforo, nitrógeno, detergentes, sólidos disueltos, hidrocarburos (grasas y aceites), cianobacterias”, además de virus y bacterias. “Tendría que ser un producto mágico”, se indigna Alfonso Romero.

    Según se lee en la licitación, fue la Vicepresidencia de la República la que en 2014 pidió a Amsa buscar “tecnologías avanzadas” para recuperar Amatitlán. En agosto del mismo año, Hanan Elraz y Mario Tarcic (quien se presentaba como un simple técnico de M Tarcic Engineering) realizaron junto con personal de Amsa  experimentos con sus productos. Plaza Pública obtuvo los informes de estos experimentos y pidió a Liseth Pérez y Virginia Mosquera que los evaluaran. Estas pruebas, tras las cuales se ampara Amsa para justificar el oneroso contrato, están mal diseñadas, y sus conclusiones no corresponden a los resultados que presentan.

     

    El primer experimento efectuado por técnicos de la Dirección de Pesca (Dipesca) fue hecho en dos estanques de mojarras de 10 mil metros cúbicos cada uno; vertieron 1 ml  y 8 ml de fórmula Tarcic en cada estanque respectivamente (8 mililitros equivalen a media cucharada sopera). Después de 48 horas observaron que las mojarras seguían vivas. Capturaron algunas, las abrieron y no encontraron lesiones. Esto fue suficiente para que Amsa concluyera que el producto es inocuo para la fauna del lago. No tomaron en cuenta de que para medir los efectos de un producto químico sobre la fauna, un experimento debe prolongarse en el tiempo, experimentar con muchas concentraciones, verificar si el producto se acumula de forma paulatina en los tejidos de los animales y considerar a más especies del ecosistema. Los experimentadores de Dipesca también observaron una muy leve disminución de las cianobacterias (7 %) que ellos mismos juzgaron “no significativa”. Tarcic prometía eliminarlas.

    El segundo experimento fue aún menos convincente. Consistió en la toma de muestras de agua del lago a las que aplicaron varias fórmulas de Tarcic. Dos días después, midieron los parámetros que tienen que ver con la calidad del agua. De todas las fórmulas, indicó Amsa en sus conclusiones, una sola, llamada WPA+MM, se reveló interesante puesto que eliminaba coliformes (bacterias de origen fecal). Este resultado se obtendría con éxito similar aplicando cloro o cualquier desinfectante. Pero, agrega el informe, la fórmula también disminuyó los niveles de fósforo y nitrato responsables de los brotes de algas y cianobacterias. El problema es que los resultados dicen lo contrario. De hecho, son resultados paradójicos: la fórmula Tarcic redujo ligeramente la concentración de fósforo y nitrato en la muestra de agua del Oeste de Amatitlán, pero las aumentó de forma considerable en el agua del lado Este. Como los experimentadores no hicieron repeticiones de las pruebas, no hay forma de explicar la contradicción.

    Después de asegurar que ni la fórmula para purificar el agua ni el tratamiento anti cáncer son peligrosos, el poco comunicativo Elraz dio por cerrada la conversación.

    “Se nota que hicieron los experimentos sólo por hacerlos. No hay protocolo, no hay objetivos, no saben bien lo que buscan y por lo tanto no encuentran nada. Si un estudiante me pone estos resultados en una tesis, lo repruebo de inmediato”, asegura Virginia Mosquera. “Es una irresponsabilidad muy grande utilizar masivamente un producto que no ha sido utilizado antes, que según la propia empresa aún está en fase de investigación, y que no tiene el aval de ningún laboratorio de prestigioso”, expresa con preocupación Alfonso Romero.

    Nadie sabe qué pueda pasar si Amsa vierte 93 mil litros de producto Tarcic. El día de la conferencia de prensa, un trabajador de Amsa se acercó de manera furtiva al periodista de Plaza Pública. Después de mirar hacia todos lados y asegurarse de que nadie más lo escuchaba, declaró:

    —Usted no me conoce, y ni me pregunte mi nombre. Pero esto tiene impacto ambiental. Se están muriendo los peces.

    Ningún documento científico permite confirmar o rechazar la afirmación. Ni siquiera Edwin Ramos, director de Amsa, está muy seguro de la inocuidad del producto que adquirió. Después de ser citado en el Congreso, fue abordado por varios medios, a quienes intentó explicar por qué el proyecto Tarcic no tiene Estudio de Impacto Ambiental.

    —¿No es contradictorio que diga que no hay Estudio de Impacto Ambiental y que los componentes no van a dañar el lago? —pregunta una periodista.

    —Pues en teoría no debería de dañarlo —contesta Ramos.

    —¿Debería?

    —No debería.

    —¿Pero puede?

    —Podría ser.

    Incluso en el hipotético caso de que la fórmula Tarcic produjera todos los efectos benéficos que le atribuyen sus impulsores, la medida seguiría siendo inútil. “Es plata tirada porque se ataca el efecto y no la causa”, explica Virginia Mosquera, de IARNA. El problema del lago, explica, es la cantidad de aguas contaminadas que entran por el río Villalobos. Por lo tanto, aunque Tarcic consiguiera sanear el lago durante un cierto tiempo (según sus representantes, el programa debe durar cuatro años), terminado este periodo, las aguas negras del Villalobos volverían a contaminarlo.

    Marlon Valladares, de Amsa, afirma que la idea es “darle un respiro al lago”, y que se tienen que aprovechar estos cuatro años para exigirle a las municipalidades y las industrias presentes en la cuenca del lago el completo saneamiento de sus aguas servidas. Sin embargo, tras 16 años de existencia, Amsa ha sido incapaz de obtener este compromiso por parte de los gobiernos locales y las empresas de la cuenca. La Ley de Aguas que muchos ambientalistas consideran imprescindible para regular su uso… sigue engavetada en el Congreso.

    Peor aún, según el propio Valladares, Amsa encuentra serios problemas presupuestarios para mantener en funcionamiento la planta de saneamiento de agua de La Cerra que permite sanear una porción del agua del Villalobos. “Se gastan hasta Q100 mil mensuales de luz para bombear agua hacia la planta. Cuando no podemos, entonces sólo se trata, por gravedad, el agua de Villa Canales”.

    Amsa se ha comprometido con Tarcic por Q137.8 millones, una cifra que no se adecua al presupuesto de la institución: Q55 millones en 2015, de los cuales, según el diputado Boussinot, Q30 millones provienen de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). ¿Cómo piensa Amsa honrar un contrato con los recursos de los que dispone?

    —Esperamos que los diputados nos suban el techo presupuestario. Es un trámite que estamos haciendo. Tenemos que respetar el compromiso, porque si no la empresa nos puede demandar, —indica Marlon Valladares, quien agrega que un primer pago de Q11 millones debe realizarse en las próximas semanas.

    El diputado Boussinot indicó que ahora queda en manos de la Contraloría General de Cuentas evaluar el contrato en busca de anomalías. Se intentó obtener la opinión de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, pero no fue posible. Karen Cardona, vocera de la Vicepresidencia se limitó a decir que dicha institución no recomendó a ninguna empresa a Amsa, como tampoco lo ha hecho en ningún otro contrato.

    En 2012, un grupo internacional de expertos, entre ellos Liseth Pérez, visitó las instalaciones de Amsa y diferentes puntos del lago de Amatitlán para brindar recomendaciones sobre cómo recuperarlo. En aquel momento, los científicos se sorprendieron de la competencia y conocimientos de los técnicos de Amsa, así como de su grado de motivación. También lamentaron que muchas de sus buenas ideas no estuvieran respaldadas con un presupuesto adecuado. Hoy, no parece quedar mucho del “expertise” que había adquirido la institución. 

    Después de la visita, el grupo de expertos redactó un informe con varias recomendaciones. La solución para salvar el lago es tan sencilla de entender como difícil, desde el punto de vista político, de poner en práctica. “Lo que hay que hacer es disminuir en un 90 % la cantidad de nutrientes y materia orgánica que penetra por el río Villalobos. A partir de allí, el mismo lago se va a regenerar  en lapso de unos 30 años”, concluye Liseth Pérez.

    Por el momento, se busca soluciones orgánicas y nada se dice del río que contamina.