Etiqueta: Jafeth Cabrera

  • Morales y Cabrera no saben de migración

    Por segunda ocasión, el poder ejecutivo de Guatemala ha demostrado su irrespeto por los ciudadanos guatemaltecos que se han visto forzados a migrar.

    La primera ocasión se dio cuando el presidente Morales se refirió a los trabajadores guatemaltecos como «mano de obra barata» que podría servirle al presidente Trump para construir el muro. La semana pasada fue el turno del vicepresidente Cabrera, quien dijo a los medios de comunicación que nuestros emigrantes se iban «porque querían». El desprecio de Morales y Cabrera por los guatemaltecos menos afortunados se vuelve a hacer evidente, lo cual preocupa.

    El poder ejecutivo cumple una función muy especial en sistemas republicanos como el nuestro. Es su labor dirigir la ejecución de fondos que serán utilizados para el beneficio ciudadano y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Gobierno. Sin embargo, cuando se tiene por líderes del Ejecutivo a dos personajes acusados de corrupción y enriquecimiento ilícito, no es de sorprender que el desprecio por los que no somos como ellos esté presente en su discurso. Para ellos, los guatemaltecos somos seres sacrificables en la búsqueda de sus perversos intereses político-económicos.

    Es necesario que pongamos atención al impacto que la visión de estos líderes está teniendo en la vida de todos los guatemaltecos. Especialmente ahora, cuando quieren aprobar un presupuesto deficitario e invertirlo en más corrupción y en más gasto innecesario sin antes haber realizado una reforma del inmenso gasto público a su cargo. Si públicamente el presidente Morales y el vicepresidente Cabrera tienen una opinión tan denigrante de los migrantes guatemaltecos, ¿qué es lo que pensarán en privado de todos nosotros? ¿Tendrán un interés genuino en velar por el bienestar de los más necesitados o es solo una mentira más, como el discurso de «ni corrupto ni ladrón», con el que engañaron al pueblo de Guatemala para ser elegidos?

    Entre los globalistas hay pocas cosas en las que estamos de acuerdo. Sin embargo, si en algo coincidimos la mayoría es en que la desigualdad económica global es una de las principales causas de la migración y en que la gente no emigra porque quiera. La desigual pobreza de países como el nuestro y la riqueza relativa de las economías desarrolladas son factores determinantes para la emigración. A esto se suman la guerra y los desastres naturales, que sirven para acentuar las causas de la pobreza en los países del Sur global. El impacto de estas desigualdades se acentúa con el encarecimiento de la canasta básica y el costo de vida por el envío de remesas, que no se rebalsa al resto de la población. A esto debemos agregar el aumento de las desigualdades en nuestro país cuando los guatemaltecos con conocimientos técnicos y científicos deben emigrar a otros países en busca de mejores ingresos, calidad de vida y seguridad.

    Para entender los motivos por los cuales los guatemaltecos han emigrado es necesario estudiar sus situaciones y contextos socioeconómicos. Urgen la inversión y el fomento del desarrollo en Guatemala, con un Gobierno que sí esté dispuesto a velar por los intereses de todos los guatemaltecos. La ayuda internacional lleva décadas supliendo el rol y las obligaciones que el Gobierno de Guatemala ha abandonado, y este es el momento de recuperar ese rol. No podemos seguir teniendo oenegés extranjeras presentes en los lugares más recónditos del país y al Gobierno como el gran ausente, especialmente en los municipios con población indígena, donde este tiene menos presencia, según se demuestra en un reciente estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

    Nos queda claro una vez más que el gobierno del presidente Morales y del vicepresidente Cabrera no está interesado en trabajar por y para los guatemaltecos y que ellos nos ven simplemente como mano de obra barata explotable, y no como víctimas de un sistema económico fallido que nos ha convertido en uno de los países con las peores condiciones de desarrollo humano. ¿Les permitiremos a las élites que nos gobiernan que sigan tratándonos así?

  • Vacío político

    Si cayeran Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, ¿cuáles serían los cuadros políticos a disposición para reemplazarlos? ¿Se ha creado un vacío político que hay que llenar?

    La torpeza con la que el vicepresidente Jafeth Cabrera ha abordado los cuestionamientos sobre la casa que alquila ha alimentado fuertemente el rumor de una persecución penal en su contra. En el caso del presidente Jimmy Morales, la vinculación de su hermano y su hijo en el caso Botín Registro de la Propiedad ha alimentado el rumor de que la gravedad del escándalo le ha afectado en su ámbito personal al punto de que estaría desesperado por encontrar la ruta política para renunciar y con ello volver a la tranquilidad previa a la presidencia.

    Por supuesto, los rumores no constituyen elementos de análisis serios o creíbles. Y se me podría criticar severamente por el solo hecho de mencionarlos acá. Pero, por otro lado, su sola existencia constituye un hecho político que debe examinarse cuidadosamente. Opino que estos rumores de la caída de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera son importantes y merecen atención no por ellos dos, sino porque levantan una pregunta que sí es muy seria: si caen Morales y Cabrera, ¿entre quiénes se elegirían sus sustitutos?

    Aclaro que no me refiero a un golpe de Estado o a cualquier otra forma de rompimiento del orden constitucional, sino a reiterar lo que en Guatemala demostramos el año pasado: que si los gobernantes cometen delitos, en particular de corrupción, la Constitución tiene mecanismos para su remoción y que supimos usarlos sin violencia ni ilegalidades. Así, si se presentaran pruebas y acusación formal y se les retirara el antejuicio a los mandatarios o ellos renunciaran, estoy pensando que Guatemala volvería a usar los mecanismos usados en 2015 para reemplazar a Pérez Molina y Baldetti. Y en ese marco es que planteo la pregunta sobre quiénes podrían ser elegidos como sustitutos.

    Me parece que esta pregunta revela un vacío político: algo que, según los politólogos, no existe. En política, cuando se abre un espacio, no permanece vacío. Siempre hay alguien que lo llene. Al no poder responder con claridad cuál sería el grupo de posibles sustitutos para una eventual caída de Morales y Cabrera, es casi certero pensar que los estamentos de poder existentes se estén movilizando para llenar ese vacío. Y en ese esfuerzo, si algún grupo llegara a producir candidatos, surge entonces la tentación política de propiciar el relevo.

    Si este análisis no está equivocado, estaríamos ante un proceso político peculiar: el rumor evidencia un vacío, el cual genera incentivos o estimula el proceso político natural para llenarlo, pero una vez lleno se generan a su vez incentivos para reimpulsar el rumor inicial, de modo que se intensifica la acción de los estamentos de poder para generar opciones con las cuales llenar el vacío. En resumen, el rumor sí podría estar evidenciando intereses cada vez más intensos por propiciar un relevo anticipado de autoridades en el Ejecutivo.

    Un círculo de causas y efectos que podría estar acelerándose con los errores, las torpezas o la cada vez más arraigada percepción de ineptitud de la gestión de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera. Así, en este esquema, el presidente y el vicepresidente son comodines o actores de reparto, no actores principales.

    Puede ser que estas no sean más que cavilaciones o fantasías propias de un thriller cinematográfico. Lo que me preocupa es que giran en torno a algo que sí es real: se ha creado un vacío político. Y real es también que eso no existe, o por lo menos no por mucho tiempo. Alguien lo va a llenar y todavía no ha salido a la luz pública.

  • El poder real al que obedecen Jimmy y Jafeth

    El escándalo del intento de suspender garantías constitucionales para las libertades de expresión y locomoción no es un error casual.

    Hace unas semanas pregunté acá quién le había dado al presidente Morales la orden de retirar del Congreso la propuesta de reforma tributaria. Esta pregunta la hice no con el afán de defender el contenido de la malograda propuesta, sino para abordar la posibilidad preocupante de que Jimmy Morales sea un títere al servicio de un poder fáctico superior.

    A mi pregunta no faltaron quienes manifestaron que parecía que me estuviera afectando una típica visión paranoica y que el planteamiento era exagerado, si no irresponsable. Sin embargo, con el escándalo de intentar suspender las garantías constitucionales para las libertades de expresión y locomoción en el fallido decreto de estado de prevención es muy probable que estos hasta hace poco simpatizantes de Jimmy Morales y de su gobierno estén cambiando de opinión y empezando a preocuparse. La cosa definitivamente no fue un chiste más del supuestamente cómico programa de variedades Moralejas.

    Aprovecharse de una situación de emergencia para cometer abusos es una práctica añeja y bien conocida, clásica de las dictaduras militares. En una penosa conferencia de prensa se vio al notoriamente tenso vicepresidente Jafeth Cabrera intentar defender lo indefendible e incluso volver a perder los estribos sucumbiendo a las provocaciones más elementales de los periodistas (se le preguntó sobre la lujosa casa que renta en la zona 14…). ¿De dónde vino la polémica y ahora escandalosa decisión de suspender las garantías constitucionales de locomoción y libre expresión, a todas luces innecesaria para atender la emergencia de las lluvias?

    Para la opinión pública es natural asociar esas actuaciones con la conducta de los militares que gobernaron durante las décadas de la guerra y la dictadura, por lo que la primera candidata para la autoría del intento de suspender garantías constituciones es la ya famosa juntita militar, el grupo de militares retirados allegados a Jimmy Morales y fundadores originales del partido FCN. El estilo autoritario anacrónico que han demostrado sus miembros estimula creer que vino de allí. Pero lo cierto es que eso es solo rumor y especulación.

    Pero, si no fue la juntita, ¿quién fue? ¿Los mismos Morales y Cabrera? Pocos les conceden esas capacidades y esos alcances, pero no se les debiese menospreciar tanto. ¿Asesores o financistas de la campaña electoral que constituyen el verdadero poder detrás del trono, aún agazapado en el anonimato y en la oscuridad? ¿Acaso una estructura similar a la del entorno corrupto y criminal de Otto Pérez y Roxana Baldetti?

    Insisto: lo cierto es que, con la información verificable al día de hoy, lamentablemente las respuestas a estas preguntas solo pueden ser especulativas. Que la responsabilidad de tanto tropiezo sea del presidente, del vicepresidente y del resto del gabinete del Gobierno es una crisis política formal. Pero que los autores intelectuales del intento de suspensión de garantías constitucionales básicas permanezcan protegidos por los gobernantes, quienes les mantienen un velo de impunidad en el anonimato, es una bomba de tiempo política. Y, en ese caso, cierto y objetivo es que gozan de una cuota de poder suficientemente grande para que sean Morales y Cabrera los que den la cara y sufran el desgaste político en el afán de protegerlos.

    Muy poco a poco, y gracias a la gestión del MP y el apoyo de la Cicig, hoy estamos levantando el velo de anonimato e impunidad del poder real al que obedecían Pérez y Baldetti. Son cientos ya los ligados a proceso y bajo investigación en una docena de casos.

    ¿Será esta también la ruta para develar el poder real al que obedecen Jimmy y Jafeth?

  • Rompecabezas

    ¡Plac! ¡Plac! Las piezas del rompecabezas han caído sobre la mesa. Aún no están todas fuera de la bolsa que las resguarda desquebrajadas, pero las que han caído empiezan a juntarse. La caja de empaque servirá para tomar detalle. El análisis es minucioso y todo debe cazar perfectamente.

    Los señalamientos hasta ahora contra el hijo y el hermano del presidente no lo involucran a él como posible actor de esos eventos ilícitos. No obstante, nos ponen en duda sobre el manejo de los negocios en sociedad que tiene el presidente con su hermano. Sin embargo, esa no vinculación directa nos lleva a preguntarnos: ¿era necesario un comunicado de respaldo al presidente por parte del Ministerio de la Defensa? ¿Era necesario un comunicado de otras entidades, incluyendo los gringos? Quizá bastaba con un golpe en la espalda para decirle que se solidarizaban, pero llegar al extremo de un pronunciamiento público parece decirnos que algo más se tambaleaba en el seno de la institucionalidad del Organismo Ejecutivo, a tal punto que algunos quizá ya habían sido tentados a promover algún tipo de caída presidencial.

    Si la pieza encajaba, habría sido el momento ideal para darlo de baja en su salida a Nueva York, a la Asamblea de la ONU. Para ello había que utilizar el sistema de la Ley de Orden Público, un acuerdo gubernativo con estado de excepción en todo el país mediante el cual, según esa ley vigente, el ministro de la Defensa tendría el mando. Y habría sido él quien lo hubiera puesto en manos del vice. Sin embargo, aparentemente no salía ganando nadie, y entonces mejor respaldaron al alicaído presidente.

    El acuerdo gubernativo entró en vigor a pesar de todo, pero tuvo que ser derogado el mismo día, pues una lectura de fondo de diversos sectores sociales mostró que podría agudizarse el ya no efectivo plan. El más feliz era el secretario de la Conred, con sus diez millones de quetzales. De lo que no se había dado cuenta él es de que era solo un instrumento del juego, una pieza de impulso para el plan. Si la figura de la caja me ilustra bien, la pieza encaja con la casual inversión de 1.5 millones de quetzales para armar al Ejército con un equipo antidisturbios. Equipo que no es de la PNC y dinero que no tiene la Conred.

    Las élites económica y militar, representadas en el PP, fueron lastimadas duramente con los diversos golpes acertados en el año 2015. A pesar de ello encontraron en Jimmy una persona que podía brindarles aplazamiento de crisis para retomar estrategias. Con lo que no contaban es con que Jimmy está tan incapacitado para el ejercicio del poder público que, en lugar de ser instrumentalizado, termina siendo una piedra.

    Nunca fue Jimmy funcional para solventar las necesidades del pueblo empobrecido. Y ahora tampoco lo es para esas élites en crisis, por lo cual parece que necesitan moverlo de una u otra manera. Las gestas históricas de cambio en Guatemala han sido siempre aprovechadas por las referidas élites, y estas han logrado sacar ventajas. ¿Por qué no generar un proceso de agudización aparente y convertir las gestas de cambio a su favor? Al final de cuentas, ellos tienen más estructura organizada y más medios de manipulación mediática. Además, tienen una pieza clave, el vice Cabrera, cuya historia como rector manipulable lo convierte en una adquisición fácil. No obstante, habrá que protegerlo porque parece que se les adelantó el narco, que ya lo tenía financiado.

    Este rompecabezas se pone bueno. Cual Guernica de Picasso, será complicado armarlo, pero se lee que es fuego cruzado entre élites mientras el movimiento social empieza a restructurarse.

  • El resbalón de la tropa loca

    Aunque a regañadientes, en menos de 48 horas la valentonada presidencial debió recular. Un decreto presidencial registrado con el número 5-2016 restringía, a partir de su publicación el día 20, libertades fundamentales de la sociedad.

    Entre otras, quedaban anuladas las libertades de reunión, manifestación y movilización. De igual forma se coartaba la libertad de expresión y se imponían límites a la libertad de prensa y al derecho de la sociedad a estar informada. Todo, utilizando como pretexto la acción preventiva ante el impacto de las lluvias en zonas de precariedad urbana y rural.

    Los puntos en riesgo fueron establecidos por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la cual tomaba como base el informe del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). El Insivumeh habría indicado que las lluvias más intensas y que derivaban en deslaves e inundaciones por la deforestación y el descontrol inmobiliario se producían a finales de septiembre e inicios de octubre. De esa cuenta, la Conred requirió medidas de prevención a fin de reducir el impacto negativo de los fenómenos.

    La declaratoria del estado de excepción fue planteada en reunión de gabinete y objetada por al menos cuatro de sus integrantes, a quienes los impulsores del decreto señalaron de obstruir la labor del gobernante. El texto definitivo contó con las firmas de la totalidad de ministros, así como del mandatario y del vicemandatario Jafeth Cabrera.

    En el texto se incluían las restricciones que traspasaban la necesidad expresada y que pintaron el verdadero rostro de la medida. En esencia se impedían las movilizaciones, las opiniones políticas de crítica y la libertad de informar y de reunirse al aire libre, así como el derecho de huelga. La necesidad humana de apoyar con prontitud a la población que pudiera ser afectada en una tragedia se usaba perversamente como pretexto para imponer un estado policial, sin oposición y militarizando en todo el país el ejercicio del poder. Por si fuera poco, también se recetaba la eliminación de las obligaciones de transparencia al adquirir bienes y servicios por parte de entidades estatales.

    Las reacciones ciudadanas en redes sociales, medios de comunicación y organizaciones ciudadanas, así como desde la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), evidenciaron el rechazo masivo a la decisión gubernamental. El paso de las horas, lejos de mermar, aumentaba la objeción y el inicio de un movimiento social de resistencia ante la evidente arbitrariedad de las autoridades del Ejecutivo.

    A regañadientes, el presidente en funciones, Jafeth Cabrera, salió a informar que el decreto de marras sería anulado. La efímera vida del texto, que contenía otras inconstitucionalidades como desconocer la prerrogativa del Congreso para ratificarlo, no llegó a las 48 horas. La molestia de Cabrera (quien sustituye a Jimmy Morales por estar de viaje en Nueva York, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas) fue evidente y mostró uno de los rostros detrás del decreto.

    Aunque las firmas del texto incluyen al presidente, al vicepresidente y a los titulares de los ministerios, no señalan a otros funcionarios responsables. Resalta, por razones de obligación contractual, el secretario general de la Presidencia, por cuyas manos pasan obligadamente, antes de su firma y publicación, todas las disposiciones presidenciales. De igual forma tienen culpa las asesoras y los asesores legales de ministros y ministras, quienes también deberían haber alertado de la ilegalidad.

    La tropa loca en el Gobierno ha resbalado estrepitosamente con este decreto abusivo. Recular con derogarlo evita un mal mayor, pero no la exime de lo actuado. De esa manera, una investigación a fondo debe ser llevada a cabo a fin de proceder con base en el derecho y sancionar como corresponda a quien provocó un leve renacer del serranismo.

  • Acoso al poder

    Los gobernantes actuales han comenzado a sufrir las consecuencias de su demagógica campaña. Sin pasado político en estricto sentido, sus actuaciones profesionales anteriores y su vida pública comienzan a ser escrutadas con lupa para entender el rumbo que este gobierno de estirpe militar, pero de fachada civil, puede llegar a tomar.

    Si partimos del consabido hecho de que llegaron al poder sin programa que los orientara en la acción pública, resulta evidente que desde los distintos factores de poder se posicionaron ministros y funcionarios que responden a sus intereses. Sin embargo, teniendo en cuenta las características y los orígenes político-ideológicos del presidente y de su vice, las posibilidades de un gobierno de carácter tecnocrático resultaron descartadas desde un principio. Apropiarse del K’atun 2032 del gobierno patriota fue una buena idea, pues el régimen podría tener ciertos rieles por los cuales transitar en la política pública, pero esto ha resultado un discurso vacío más.

    Criados y desarrollados en el populismo conservador de la política nacional, Jimmy Morales y Jafeth Cabrera no pudieron desprenderse del clientelismo y del amiguismo en la composición de su equipo de trabajo, y lo que podría haber sido un buen comienzo resultó siendo un opaco y desordenado arranque. De inmediato tres sectores marcadamente diferentes en visiones e intereses comenzaron a disputar espacios y beneficios. Uno de ellos es el núcleo central del partido FCN, que se ve convirtiendo el país en un lugar donde el tiempo no pasa y las prácticas autoritarias hacen del poder público un feudo en el que los crímenes contra la humanidad quedan en la impunidad, la gestión pública funciona para favorecer a amigos y familiares y la demagogia populista es el discurso que permite mantener alienados a los amplios sectores de la población.

    Sin embargo, sin mayores capacidades y recursos humanos para impulsar su proyecto, este sector tuvo que aceptar advenedizos para engrosar sus filas en el Congreso y en la gestión departamental, provenientes mayoritariamente de Líder y del Patriota, donde aprendieron las mañas de la política tradicional basada en el más ramplón de los clientelismos.

    En el otro extremo, el sector de los que siempre han mandado en el país encontró la puerta abierta y sin picaporte, por lo que no solo designó los funcionarios para los ministerios que consideran de su interés y de su cuota, sino que intentó ocupar todos aquellos espacios de gobierno que le permitieran impulsar las acciones que, pareciendo innovadoras, consiguieran que el modelo económico no sufriera la más mínima modificación, de tal modo que el enriquecimiento siguiera estando en los mismos niveles sin obligarlos a más responsabilidades.

    Un tercer sector, más romántico que político, cargado de una fuerte dosis de soberbia y de desconocimiento de la gestión pública, también ha creído que ahora es cuando puede impulsar su proyecto para nada colectivo ni organizado, por lo que se conformó con poner su nombre al servicio del régimen sin contar con recursos políticos que le permitan impulsar sus fantasías.

    Morales y Cabrera imaginaron poder manejar todos esos intereses sin modificar sus prácticas y creencias y se olvidaron de que hoy, más que nunca, el poder público es de vidrio y la transparencia exigida no es solo para los actos del presente, sino también para los comportamientos del pasado. Acostumbrados a moverse en la opacidad, uno en sus labores artístico-comerciales y el otro en su corporativismo universitario, rápidamente se han visto rebasados por la realidad.

    Los errores de apreciación y autoritarismo del primer sector, que bien podemos llamar los duros, toscos y oportunistas, han hecho que el presidente, ante la presión de los otros dos sectores, haya tenido que tomar distancia de manera más formal que efectiva de sus congéneres políticos, de manera que perdió en parte esa sensación de confort que su cercanía y apoyo le ofrecían. Retirar a sus guardaespaldas de la dirección de la SAAS y alejarse de su consejero personal tiene que haberle resultado doloroso, como amargo debió de haber sido renunciar al espionaje ilegal que estos le estaban organizando. Sin mayores escrúpulos y dejando todo un rastro de oscuras presiones, Melgar Padilla obligó al diputado electo por Chimaltenango a dejarle la curul. Morales aceptó el sucio juego, como antes aceptó el engorde de su bancada, por lo que, siguiendo con sus prácticas amiguistas y clientelares, encontrará donde proteger económicamente a sus guardaespaldas.

    Distanciados por las deslealtades del presidente, es notorio que los duros han dispuesto proteger y protegerse alrededor del vicepresidente, pues no lo hacen solo con miras a sobrevivir y enriquecerse durante los próximos tres años, sino también, desde ya, con miras a construir el aparato que les permita continuar en el poder. Aún no tienen a su Sinibaldi, pero es innegable que lo buscan y que usarán todo el poder que tienen para imponerlo. Pero Cabrera resulta mucho más frágil que Jimmy Morales. Su pasado como rector lo evidencia no solo como ineficiente e ineficaz para la gestión, sino como proclive ideológica y políticamente al más burdo y ramplón de los amiguismos, clientelismos y tráficos de influencias. Del yerno ahora embajador a lo denunciado respecto a su hijo, hay suficiente materia para que los del sector de los que siempre han mandado en el país, y que podemos identificar como los fuertes, presionen para que se lo denuncie públicamente y se lo aísle, de modo que sean ellos y solo ellos quienes le digan al presidente por dónde y para dónde debe andar. Los hechos recientes permiten evidenciar esa situación: no solo le han hecho distanciarse al menos formalmente de los duros, sino que sin mayores complicaciones le hicieron paralizar al ministro de Medio Ambiente para que no hiciera nada, absolutamente nada, respecto al robo descarado de las aguas de los ríos y detener la confusa pero necesaria reforma fiscal.

    Los románticos siguen imaginando que ellos pueden realizar sus sueños, pero no solo son pocos, sino que están desorganizados. Imaginan tener de su parte a los fuertes, cuando en realidad son simples actores secundarios en la obra que estos ya han puesto en escena: se realizarán solo aquellas reformas que en nada afecten sus intereses y sus beneficios y se podrá cambiar todo siempre y cuando efectivamente no cambie nada.

    Las dificultades judiciales que actualmente padecen el hijo y el hermano del presidente no modificarán en mucho este escenario, aunque los duros se han apresurado a mover sus fichas al hacer que sus ministros y funcionarios publiquen sendos comunicados de solidaridad con el presidente. Imaginan que culpando indirectamente a los románticos de la penosa situación en la que se encuentra la familia presidencial podrán recuperar algunos de los espacios perdidos. Estos, por su parte, ilusamente tejen listas de posibles candidatos a presidente y vicepresidente que impongan un programa sin necesidad de pasar por las urnas. Autoengañados que fueron ellos, quienes con sus festivos encuentros sabatinos sacaron a Pérez y a Baldetti y ya imaginan que sin mayor trastorno ni agitación Morales y Cabrera dejarán los cargos.

    Los fuertes, en cambio, dados su experiencia y poder, están más que convencidos de que estos vendavales pondrán al presidente más bajo su control, harán rabiar a los duros con el aislamiento cada vez mayor del vicepresidente y aproximarán más a los románticos al logro de su agenda haciéndoles creer que ellos son grandes e importantes.

    Aún faltan más de tres años para el final del período, y todo hace pensar que día con día los fuertes conseguirán mucho más de lo que hace un año esperaban con el apoyo simpático de los románticos.

  • Ni el fulano ni el mengano

    La crisis política en el Gobierno central es innegable. Antes de cumplir ocho meses en el poder, menos de un embarazo, ya habían sido removidos dos ministros y un alto mando militar, el jefe del Estado Mayor de la Defensa.

    Aunque complicados, ninguno de esos movimientos había representado mayor expresión de desgaste presidencial que la incómoda declaración del jefe del Ejecutivo, Jimmy Morales, informando sobre la relación de su hijo y de su hermano en un caso de corrupción.

    De sus inicios poniendo a declamar la jura de la bandera o estrofas del himno nacional, Morales pasó a marcar el paso en la marcha del Día del Ejército. La energía mostrada el 30 de junio contrastaba con el pestañazo que lo hizo acumular un enorme desgaste, el cual, con la aceptación pública del vínculo familiar con la corrupción del gobierno de Otto Pérez, lo pone en una terrible situación de fragilidad.

    Pronto el escaso poder que logró vislumbrar se le escapó de las manos como agua. Quedó visto al poco tiempo de iniciada su gestión, cuando comenzó su mandato, pero no tenía poder ni gobernaba. La rosca inicial conformada por la llamada juntita jugó a la adulación al mejor estilo del extinto Estado Mayor Presidencial (EMP). Era la forma de conducta conocida por los integrantes del grupo que cercó al gobernante y lo convenció de que tenía el poder cuando en realidad solo respondía al entramado del grupo comandado por el hoy diputado Herberth Armando Melgar Padilla.

    Sobreviviente de las catacumbas de la seguridad al estilo contrainsurgente, Melgar Padilla ha sobrevivido a cuatro gobiernos, incluido el de Óscar Berger, en el cual sirvió a la gestión de Erwin Sperisen. Además, está asociado a la finca La Parga, sitio donde fueron torturados, quemados y asesinados los diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacén).

    Como figura real de poder en la Casa Presidencial, Melgar Padilla tejió un entramado de alianzas con el segundo a cargo, Jafeth Cabrera. Ahora, con el perfil casi en penumbra, Cabrera ha logrado mantenerse y se refugia en el semianonimato como para no hacer olas. Acecha, al mejor estilo de los depredadores, en espera de que la crisis que somata la puerta de la Presidencia no pase del centro de la casona en la sexta avenida.

    Los oscuros negocios de la familia presidencial vulneran a Jimmy Morales y lo ponen al borde del abismo. Cabrera acecha en espera de que caiga para, por delegación, asumir la presidencia. No suena descabellado que la intención de Melgar Padilla al llegar al Congreso vaya más allá de tener la carta de inmunidad como legislador. Bien puede esconder la intención de figurar como probable segundo ante la eventual salida de Morales.

    De concretarse este escenario, mediante el movimiento de las fuerzas oscuras en el Legislativo, Cabrera ocuparía la silla presidencial y tendría carta blanca para los negocios. Melgar Padilla manejaría por designación las estructuras de control y espionaje que empezó a tejer durante su paso como asesor presidencial.

    Ahora bien, que esta posibilidad amenace con llegar a concretarse no debe ser razón para tolerar las prácticas de corrupción en el entorno de la Presidencia y del partido en el Gobierno. De esa suerte, toca desarrollar el diálogo necesario para un pacto político, incluyente y desde abajo, de cara al acuerdo nacional para producir los cambios necesarios.

    La opción de las elecciones impuestas como camisa de fuerza hace un año ha mostrado su fracaso. No debemos tropezar de nuevo con la misma piedra. Ni el fulano en la Presidencia ni el zutano en la Vicepresidencia. A buscar desde ya, mediante el diálogo y la propuesta ciudadana, los mecanismos del recambio indispensable para rescatar el país que a torrentes se nos escapa por el desagüe de la corrupción, el crimen, la impunidad y la violencia.

  • “En cualquier decisión que se tome, el error va a ser del Presidente y de mi persona”

    “En cualquier decisión que se tome, el error va a ser del Presidente y de mi persona”

    El Vicepresidente electo de la República, hace un repaso de los problemas más acuciantes del gobierno que junto a Jimmy Morales iniciarán el próximo 14 de enero: unas finanzas públicas en crisis, un panorama político incierto, la amenaza de ingobernabilidad y los retos para fortalecer la transparencia en un sistema político sobre el que pesa la desconfianza. Los tanteos del próximo gobierno en una ruta, hasta el momento, desconocida para el FNC-Nación, el partido que los llevó al poder.

    La carrera política de Jafeth Ernesto Cabrera Franco ha sido, cuando menos, meteórica. En mayo de 2015 se adhirió al Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación); semanas después fue designado como compañero de fórmula de Jimmy Morales; el 6 de septiembre, con amplia ventaja pasan en primera posición a la segunda vuelta electoral, y el 25 de octubre ratifican el triunfo. Así, en cinco meses, este médico y cirujano de 65 años, exrector de la estatal y autónoma Universidad de San Carlos de Guatemala (1994-1998), se convirtió en el Vicepresidente electo de Guatemala. A partir del próximo 14 de enero, cuando asuma el cargo, este “socialdemócrata” de “centro derecha”, como él mismo se define, será el encargado de dirigir, junto al presidente Morales, los destinos de Guatemala durante los próximos cuatro años.

    El Vicepresidente electo recibe a Plaza Pública en sus oficinas particulares. En la impersonal sala de espera, representantes de diversas instituciones, inquietos por la asignación de recursos del próximo gobierno y apertrechados con informes y carpetas, aguardan impacientes a ser recibidos por el Vicepresidente electo. En las próximas horas el Congreso aprobará el Presupuesto General de la Nación de 2016, y quienes formarán parte del próximo Gobierno quieren estar seguros de que habrá recursos para sacar adelante sus proyectos. En el pequeño espacio destaca la presencia de los agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, que desde la noche del 25 de octubre son los responsables de su seguridad.

    1. Finanzas públicas y un presupuesto de crisis

    El año 2016 se avizora aciago para el próximo gobierno. Con unas finanzas ajustadas y la credibilidad del sistema político por los suelos, el presupuesto del primer año de gobierno de FCN-Nación fue aprobado sin su intervención directa en el debate. Q70.79 millardos para los gastos de un Estado del cual Q12.44 millardos ya están comprometidos para el servicio de deuda pública es el panorama inicial que enfrentara el binomio Morales-Cabrera.

    ¿Por qué, contrario a lo que han hecho otros gobiernos electos, retiraron a su equipo técnico de la discusión por el Presupuesto 2016?

    La comisión nombrada por nosotros era de acompañamiento, para ver cómo estaba el presupuesto planteado. Buscar apertura en parte de los legisladores, para que si había algunos reglones que se pudieran mejorar dentro de la crisis que se maneja del Estado, pudiese tener alguna injerencia. Sin embargo, el Legislativo se quedó en el aspecto del plan de gobierno. Un diputado dijo: “es que no tienen plan de gobierno”. Ellos no iban a permitir que nosotros presentáramos otro proyecto de presupuesto; si así hubiera sido, la cosa hubiese cambiado. Ellos tenían que ver el proceso que ya se había planteado por el gobierno del Partido Patriota, ni siquiera por el gobierno de transición.

    Ellos principiaron a tratar de bloquear la situación pidiéndonos un plan de gobierno. Nosotros sí conocemos cómo se puede plantear un presupuesto en base a la problemática y de planificación estratégica por objetivos, pero eso llevaba tiempo para armarlo y no hubiese dado tiempo a que el Legislativo lo conociera. Nosotros llegamos para tratar de verificar los renglones más vulnerables en el presupuesto, para tratar de apuntalarlos y que fueran de beneficio para la sociedad guatemalteca.

    ¿Quién tomó la decisión de retirar al equipo técnico del partido de la Comisión de Finanzas?

    Fue el señor Presidente electo. Si no hay apertura, ¿qué estamos haciendo al dar acompañamiento a algo que no va tener más que críticas para nosotros, cuando la responsabilidad es del Congreso?

    No contaban con una bancada los representara en el Congreso

    Esa es otra alternativa de debilidad para nosotros. Sin embargo, de fortaleza, porque el pueblo de Guatemala se debe enterar qué es lo qué está haciendo el Congreso. En qué condiciones se está aprobando el presupuesto. Antes los presupuestos se aprobaban bajo condiciones, para tener poder de ejecución dentro de los propios diputados. Ante esa situación, nosotros creemos que la responsabilidad sigue siendo del Legislativo. Nosotros teníamos todo el deseo de implementar cambios dentro del presupuesto para fortalecer.

    Sandra Sebastián

    El presidente de la Comisión de Finanzas, Leonardo Camey, asegura que para los partidos en el Congreso la salida era aprobar una cifra alrededor de lo que ustedes pidieron (la cual incluso era menor a la solicitada por el Ejecutivo y que finalmente fue aprobada) ¿Por qué pedir esto?

    Es que al final de cuentas ya no se pidió concretamente una cifra. Nosotros hablábamos que si iban a aprobar un presupuesto de Q52 millardos, era una situación crítica para el país. Entonces se pidió, en base al análisis que se hizo de los expertos, Q69 millardos. ¿Qué sucedió? Cómo no hubo esa apertura, hubo bloqueos al decir que si no se presentaba un Plan de Gobierno entonces no se iba a tomar en cuenta lo que nosotros opinábamos, entonces se tomó la decisión (de retirarse). Pero yo sí creo, con base a lo que el Congreso está aprobando, que es responsabilidad de los legisladores. Vamos a tener que entrarle al presupuesto que nos aprueben. Allí tendremos que hacer las modificaciones ya en el ejercicio del poder que permita la Ley de Presupuesto.

    2. Los primeros cabildeos y las primeras discrepancias

    FCN-Nación llegará al Congreso de la República con 11 diputados electos. Será la quinta fuerza política del Legislativo, pero desde ya se avizora la posibilidad de que se incorporen a su bancada diputados electos por atrás agrupaciones. Aunque oficialmente aún no se confirman adhesiones, los primeros acercamientos de este tipo se dieron poco antes de la aprobación del Presupuesto 2016, cuando el diputado electo Javier Hernández Franco, próximo jefe de bancada, se acercó a otros congresistas para tender puentes con otros bloques. Sus intentos, de momento, aún no fructifican.

    Tenemos entendido de que fuera del Ejecutivo en formación, un grupo de los próximos legisladores de FCN-Nación se acercó a varias bancadas para negociar el presupuesto. ¿Esto fue iniciativa de sus legisladores o del partido?

    No sé si la bancada nuestra está negociando esas posturas, porque la última reunión que nosotros tuvimos con ellos fue para designar al jefe de bancada, designar políticas a seguir, pero no se mencionó ninguna situación de esa naturaleza. Voy a llamar para que me Informen qué es lo que están haciendo en este proceso antes de ingresar al Congreso.

    ¿Cuáles prevén que sean los principales problemas que enfrentarán durante el primer año de gobierno?

    En esa situación estamos, hoy cada Secretaría está presentándonos sus problemas financieros, cómo lo dejan, cómo lo vamos a encontrar… Y en base a ese diagnóstico vamos a trabajar; ya nos entregaron mucha información. Lo que estamos pidiendo es el acompañamiento de la Contraloría General de Cuentas, una auditoría, para que determine realmente el aspecto financiero-contable. Cómo van a dejar cada una de las instancias de Gobierno, cómo se van a recibir y con base en ese diagnóstico, ya nosotros, dependiendo del presupuesto que apruebe el Congreso, iniciamos procesos de acomodamiento.

    El próximo 8 de febrero vencerá el Pacto Colectivo del Magisterio. En otras ocasiones, eso ha requerido una nueva negociación. La última, de hace dos años, incluyó un incremento de Q1.200 millones de presupuesto. ¿Cómo abordarán esa situación?

    Yo ya estoy en pláticas con todo el sector sindical. Tuvimos una reunión con el Ministro de Trabajo, y se está planteando la oportunidad, como nuevo Gobierno, de evaluar todos estos procesos y determinar la situación que está viviendo el sindicalismo en Guatemala. Hay una petición para que la Procuraduría General de la Nación declare lesivos estos pactos. Hay formas del acompañamiento jurídico de algunos entes jurídicos que dicen que esto no es factible, porque una vez está establecido en un pacto no puede decirse de la noche a la mañana “esto desaparece, ya no sigue”. Sin embargo, yo estuve en la primera reunión con todos los sindicatos y vamos a estar en un diálogo constante. Porque si no entraría el otro proceso que le traería situaciones nefastas al país, hemos platicado con los sindicatos para que en los primeros tres meses del año veamos toda esta problemática de los pactos colectivos. Porque si no hay dinero, la irresponsabilidad del pacto cuando se firmó en esas condiciones ya está dada, no es idea de nosotros.

    No, pero las consecuencias las sufrirán ustedes, como nuevo gobierno.

    Si los sindicatos se ponen a pensar que no solo ellos existen en Guatemala, que hay una crisis de salud, educación, seguridad, medio ambiente, y que todos los guatemaltecos somos responsables de ello, yo creo que caería de su peso que los sindicalistas sigan pidiendo prebendas. Taiwán ¿cómo salió de su crisis?, bajando todos los salarios desde el Presidente hasta los últimos rincones de los que manejan la gobernabilidad en ese momento, hace años. Un ejemplo que dejaron al mundo, que además se reinventó.

    «Si los sindicatos se ponen a pensar que no solo ellos existen en Guatemala, que hay una crisis de salud, educación, seguridad, medio ambiente, y que todos los guatemaltecos somos responsables de ello, yo creo que caería de su peso que los sindicalistas sigan pidiendo prebendas».

    Además de eso, Taiwán también aprobó reformas estructurales al Estado, tributarias, un plan de desarrollo…

    Pero yo se lo pongo como ejemplo de que hay oportunidades de diálogo y hay oportunidades de salir adelante. Los sindicatos tienen que tomar con mucha responsabilidad su actitud, en estar solicitando situaciones económicas que el país en este momento no está en condiciones de darles. Ese es el tema.

    3. Reforma tributaria, la palabra prohibida

    ¿Cómo harán para incrementar los recursos del Estado? ¿Han contemplado alguna ruta para retomar el pacto fiscal o impulsar una reforma?

    ¿Se acuerda de la promesa que nosotros hicimos? Cero aumento de impuesto. Lo que habría que hacer es restablecer un proceso de readecuación para la captación de los impuestos del país. Porque hay una evasión enorme, hay contrabando; hay una cantidad de problemas alrededor de la captación económica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Si es por la corrupción… hay una ruta de los contenedores que están en el puerto, que hacen espera de un mes dos meses, y si no había la mordida no les daban para el paso a esos contenedores, todo eso va a ayudar a que la recaudación mejore y se capten más ingresos para el Estado.

    En comparación con el resto de Latinoamérica, Guatemala tiene una de las cargas tributarias además de más baja, regresiva. ¿Cómo modificar esa situación?

    Eso hay que revisarlo y tratar de que se ponga con las reglas claras este proceso y lo otro, pues se sabe que el Impuesto Sobre la Renta no deduce lo que uno utiliza en facturas. Ese es otro proceso que vino a afectar la recaudación, porque la gente no pide factura. Dicen: “me quita el IVA y como ya no es deducible me hace un costo menor y no me da factura”.

    ¿Entonces sí buscaría las reformas puntuales?

    Reformas puntuales que vayan a ayudar a la recaudación, definitivamente. Pero pensar en este momento en hacer un pacto en el que vaya el aumento de impuestos, sería ir contra nuestros propios principios. Y si hablamos que íbamos a trabajar con transparencia, no podemos entrarle diciendo una cosa en el proceso de campaña y después actuando de otra manera. Pero estas cosas muy puntuales que sí van a ayudar a la recaudación, sin cambiar las reglas del juego, en el sentido de los impuestos, creo que sí es oportuno hacerlo.

    Sandra Sebastián

    ¿Es decir que no apoyarán la propuesta que hizo la UNE, de revisar la tasa impositiva del ISR y de incrementarlo probablemente al 1% con mayores ingresos del país?

    Como todavía no estamos en el poder no hemos podido analizar todas estas alternativas. Y como no tenemos gente dentro del Congreso… al tenerla, aunque sea el poco porcentaje de diputados que vamos a tener, vamos a tener una voz cantante dentro del Congreso y vamos a iniciar el análisis global de esta situación. Porque tampoco el Legislativo, si no tiene establecido qué es lo que va a aprobar en leyes para la recaudación… eso tiene que nacer del Ejecutivo a través de concesos de todas las partes, que es lo que nosotros vamos a hacer.

    Para lograr esas reformas puntuales van a necesitar apoyos en el Congreso. ¿Con que bloques negociarán?

    Yo creo que nosotros podemos hablar con todos los bloques. Si hay un bloque que no está deseoso de acompañar un proceso transparente en el país, pues en su momento lo vamos a tener que denunciar. Pero la idea es que todos los diputados nos quitemos banderas partidarias, aunque mucha gente dice que eso no es posible, porque ellos tienen su ruta de vida política, pero el pueblo también está atrás de todo esto, y la ruta de la vida política del país es mejorar. Y esa sería la única alternativa. Dialogar con todos, esa es la propuesta que nosotros tenemos. Dialogar con todas las bancadas y con cada uno de los diputados. Se hablaría con los jefes de bancada y el operador político sería nuestro jefe de bloque (Javier Hernández Franco).

    4. Corrupción, un mal endémico

    La reciente aprobación de reformas a la Ley de Contrataciones va a ser clave para el próximo año de gobierno, algunas de sus modificaciones cambian las reglas del juego en el marco de la corrupción generalizada, por ejemplo ahora ya todos los fideicomisos, todos los fondos sociales, estarán sujetos a la Ley de Contrataciones, cosa que hasta el momento no estaba normado.

    ¿Ya han diseñado que entidad será la responsable para verificar que este tipo de reformas puedan tener resultados efectivos?

    Hemos escuchado varias propuestas de diferentes sectores que piden alguna instancia alternativa de seguimiento al proceso. Sin embargo, yo he dicho que la Contraloría es la única responsable. Y porqué la Contraloría no ha cumplido con esa función, ellos pueden aducir que no hay presupuesto, pero ellos son fundamentalmente los encargados de efectuar las auditorias correspondientes y determinar dónde han estado los procesos anómalos. Tenemos informes de arbitrariedades.

    ¿Y cómo fortalecer a esa Contraloría para que no suceda esto?

    Yo creo que si se llega a detectar que hay una situación de esta naturaleza, el Gobierno tiene instancias como poner técnicos, un grupo de ingenieros que diga: “Realmente esta obra no vale esto y por qué la Contraloría lo está avalando”. Y quién sería el responsable, quien realizó la auditoría. Y allí deducir las responsabilidades dentro de la propia Contraloría.

    ¿Quién sería el ente? Al final de cuentas institucionalmente la responsabilidad tiene que caer en alguien.

    La Vicepresidencia, porque la Vicepresidencia tiene el compromiso constitucional de llevar la transparencia del Gobierno. Entonces nosotros buscaríamos allí gente que pudiese darle acompañamiento de forma paralela, pero sí unirnos con la Contraloría para determinar todos estos procesos que han sido anómalos.

    ¿Reducirán la Comisión Presidencial de Transparencia (COPRET)?

    Yo creo que ese sería el espíritu de una Comisión más pequeña, más específica e incluso temporal dependiendo de las obra que se van ejecutando, porque allí habría gente especialista, por ejemplo en obra gris; ingenieros, arquitectos y en el campo de electricidad un ingeniero eléctrico. Así le podría mencionar verdad; de la educación, en torno a la licitación de los libros de texto o los folletos que nunca se entregan al tiempo. Y que se dan de forma clientelar a la gente que apoyó al partido en el Gobierno. Todo eso necesita una supervisión y poder hacer supervisiones contractuales dependiendo de las necesidades que se tenga dentro de la vicepresidencia para aclarar estas situaciones.

    5. El gobierno de FCN-Nación, las Alianzas Público-Privadas y la cooperación internacional

    Otro de los grandes temas que ustedes han impulsado en su discurso es el de las alianzas público-privadas ¿Cuál debería ser la prioridad de las alianzas público-privadas, a qué áreas en específico?

    Las áreas más específicas actualmente de la crisis son salud, educación, medio ambiente, que son de los problemas más serios que tiene Guatemala; mire lo que está sucediendo con el lago de Amatitlán que no se logra determinar la ruta específica de salvación. Y porque sencillamente las alianzas no han funcionado. Los empresarios que tienen grandes fábricas no han abierto el deseo de componer las cosas, poner plantas de tratamiento, hacer todo el proceso para que los ríos no se contaminen y los que llegan al lago, bueno al menos parar ese proceso.

    Pero según la ley específica, las alianzas público-privadas aplican solo para proyectos de infraestructura, no para salud y educación.

    Indudablemente.

    Entonces ¿por qué menciona salud y educación, qué réditos pueden sacar de allí?

    Apoyar al país. Fíjese que por ejemplo, una alianza en salud, usted sabe que la OPS es la que da los medicamentos a un costo bajo. Y ahorita una compañía farmacéutica está ofreciendo dar al 50% que la OPS ofrece. Esa es una alianza.

    Pero técnicamente la Ley de Alianzas Público-privadas iba más por la vía de productos conjuntos. Como el proyecto de creación de un Centro Administrativo del Estado que reemplazaría las oficinas de numerosas instituciones en terrenos de Fegua.

    Ese es otro tipo de estructura que puede caer en eso: puertos, aeropuertos… que eso va a beneficiar el mejorar las exportaciones para Guatemala.

    ¿Pero en salud o en educación, qué réditos puede sacar un inversor privado de esto?

    Yo le mencionaba esto porque como es la crisis fundamental y ahorita hay apoyos de cooperación internacional y apoyos de empresas privadas que quieren fortalecer el proceso de abastecimiento hospitalario, allí pueden hacer una alianza público-privada que va a mejorar el campo de la salud. En el campo de la educación, con los textos que yo le digo, con la refacción, por ejemplo.

    ¿Con los textos, se refiere a la adquisición de libros de texto que ya se realiza?

    No, a la forma de impresión de todos los textos que se tiene que son elevadísimos y que no llegan a tiempo. Y hay empresas que están deseosas de hacer las cosas de diferente forma. También pudiera haber una alianza.

    Pero la Ley de Contrataciones van a tener que sujetarse a un proceso de licitación, no pueden solo acercarse y decir “nosotros tenemos esta oferta.”

    Sí, eso indudablemente hay que agotar el proceso legal. Y la subasta inversa si no estoy mal, ya se aprobó.

    En su propuesta de ajuste al Presupuesto, ustedes lo justificaban: “Se recortan alrededor de Q1 mil millones de comunicaciones, porque consideramos que mucho de eso lo podemos sustituir o complementar con las alianzas público-privadas”.

    Fíjese la carretera del Atlántico, hay una oferta de financiamiento de Taiwán, hay otra de la Comunidad Económica Europea para construir otros tramos de carretera. Entonces, ellos traen las compañías y mejor que ellos lo construyeran y no entra como una donación, porque ¿qué pasa en el Congreso? están paradas una cantidad de donaciones que tienen que ser aprobadas por ellos. Pero si se hace una cooperación internacional a través de un acuerdo gubernativo en donde ellos vienen, construyen y ellos ejecutan la obra, ellos fiscalizan la obra, auditan la obra y recibe el gobierno la obra.

    ¿Cuál sería la diferencia en este tipo de acuerdos?

    La donación tiene que entrar al Congreso por ley. Cualquier donación para aumentar el presupuesto nacional. Una cooperación internacional a través de un proyecto de cooperación suscrito por ambos gobiernos no tiene que entrar al Congreso.

    ¿Y no les causa suspicacias como Gobierno el seguir recibiendo ayudas de Taiwán? recordando el “Caso Portillo”, el expresidente condenado en Estados Unidos por lavado de dinero proveniente de ese país.

    En ese caso como usted comprenderá, a él le entregaron un cheque, nosotros no vamos a recibir cheques. Como postura de cooperación internacional nosotros debemos mantener la credibilidad como Gobierno, de que estamos haciendo las cosas transparentes. Si Taiwán ya está ofreciendo una ayuda para red hospitalaria. Si ellos traen los medicamentos y nosotros los vamos a entregar, no habría ningún compromiso de parte del gobierno. Nosotros estamos cuidando la responsabilidad gubernamental de no caer en esa situación de ayudas personificadas aquí, de que le dan un cheque a uno y uno pueda hacer cosas anómalas.

    «Nosotros estamos cuidando la responsabilidad gubernamental de no caer en esa situación de ayudas personificadas aquí, de que le dan un cheque a uno y uno pueda hacer cosas anómalas».

    ¿Han pensado revisar su política de relaciones exteriores en materia de cooperación por casos como el de Portillo?

    Eso fue muy específico y creo que tampoco un país que tiene el deseo de cooperar lo vamos a relegar por una situación de esa naturaleza, yo creo que tenemos que ver también el beneficio del país.

    Eso también pasó en El Salvador y también tienen a un expresidente, Francisco Flores, en proceso. No parece ser una práctica aislada.

    Creo que esos son casos muy específicos en donde los presidentes cayeron en la tentación de caer en ese tipo de tráfico de influencias. En cambio si nosotros lo hacemos a través de transparentar las cosas, de ver que realmente una ayuda llegue de la manera más adecuada, sin que el Gobierno tenga que tocar nada, eso sería ideal. Por lo menos cuando estuve de rector en la Universidad, en la época de la firma de la paz, el Gobierno noruego nos donó cinco millones de dólares para crear la Escuela de Salud Pública. O sea que experiencias ya hay, sí se puede hacer.

    6. Derechos humanos y justicia transicional

    ¿Cuál va a ser la política de Derechos Humanos del próximo Gobierno?, ¿quién la va a orientar, para empezar?

    La Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia. Está la propia Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). En base a estas instancias tenemos que seguir el eje de respetarlos, allí sí que no hay para dónde porque eso está bien establecido. No vamos a descubrir el agua azucarada en respetar los Derechos Humanos, por supuesto que hay cosas que hay que volver a plantear. Por ejemplo, hay alguna inquietud de que los reos participen en obra, que se ganen el alimento, la PDH se oponían a esto. Esta es una cuestión que habría que revisar en beneficio de todos los actores del país. Si un individuo que está privado de su libertad, ya tiene privación de sus Derechos Humanos, porque está juzgado bajo una condena.

    Esa es una de las artistas en el tema de los Derechos Humanos, la otra es la justicia transicional. Hace unos días se reactivaba el caso Bámaca contra el expresidente Otto Pérez Molina, y es posible que otros casos del período de la guerra se reactiven, ¿Qué postura tienen ustedes sobre este tema?

    Nosotros lo que pretendemos es el principio de respeto a lo ya actuado. Y bajo lo que está acordado. Lo que se firmó en los Acuerdos de Paz que no se formularon como ley. En principio debiéramos acatar esos acuerdos, y si no entrarle a una revisión de todos esos acuerdos que dejaban algún eje vertical para resolver la problemática de lo que usted está planteando, como el caso Bámaca.

    Pero entonces ¿sí hay anuencia a la justifica transicional?

    En lo personal yo le diría, conocedor de los Acuerdos de Paz, ya que participe como Rector de la Universidad de San Carlos en ese momento, que lo que allí se planteó era para buscar el fin del conflicto, un conflicto armado que le había dejado mucho daño a Guatemala. Y que se iba arrancar después de la firma de los acuerdos de paz con cero procesos e implicación de parte de los dos lados. Sin embargo, esto ha trascendido y ahora los diferentes sectores involucrados están pidiendo el resarcimiento de toda esta gente.

    Y la búsqueda de justicia…

    La búsqueda de justicia en casos que supuestamente en los Acuerdos de paz se iban a quedar finiquitado el proceso. Se recuerdan que existió la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de la verdad, que integró el licenciado Alfredo Balsells.

    ¿Entonces ustedes dicen: los acuerdos de Paz ya finiquitaron esa etapa?

    No, es que la etapa no fueron los acuerdos los que la finiquitaron, los que la están reactivando son los sectores sociales. Entonces habría que aplicar lo que ya estaba legalizado y si no revisar todo este proceso para entrar a un diálogo de los sectores participantes. Pero igual que la guerrilla está pidiendo esto, el Ejército también está pidiendo el resarcimiento para todos los movilizados. Y allí hay toda una situación pendiente de resolver, que están pidiendo aumento de presupuestos, aumento de esto, aumento de lo otro. Ya llevamos 18 años de la firma de la paz, ya no deberíamos de estar en ese problema si se establecieron bien las reglas del juego. ¿Por qué ahora está surgiendo otra serie de problemas aunadas con este proceso que ya se llevó a cabo?

    Sandra Sebastián

    Porque no se garantizó en su momento el acceso a la justicia…

    Yo creo que allí fue falta de voluntad política de ambas partes. Y eso nos tiene en este entorno tan difícil porque cada día la conmoción social es mayor y todo el mundo dice que no quieren otra guerra interna, pero tampoco se sientan a dialogar. Y eso es una cuestión que nosotros podríamos proponer. Es un diálogo nacional de toda la problemática del país que estamos convocando.

    ¿En qué marco podría ser ese diálogo, en el marco de una revisión de los Acuerdos de Paz, qué es lo que no se está cumpliendo?

    A raíz de las peticiones que hay, que involucran presupuestos fuertes, yo creo que esa es una instancia que nosotros debemos de retomar para aclararles a los actores la situación de este país. Ese es el paso inicial de poder retomar un diálogo. Porque hemos visto que hay tendencias ideológicas de ambas partes, unos atacan de un lado y otros atacan por otro, toman a la prensa como un medio de comunicación que da no solo la noticia, la orientación, sino también tiene un alto grado de orientación ideológica.

    7. Ideología, conflictividad social y peso del sector privado

    El partido FCN se definía en 2008, al momento de su inscripción y antes de unirse con el Movimiento Nación, como integrada por “libertarios, colocados a la derecha en el cuadrante ideológico”, “una derecha abierta, no mercantilista ni recalcitrante y que ubicaba entres sus fuentes ideológicas Dios, la patria, la familia, la nación, el honor y la individualidad, según la Monografía de los partidos políticos 2004-2008, elaborada por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).

    Desde su fusión como FCN-Nación, al menos discursivamente según el exjefe de campaña, Javier Hernández, la línea del partido ha cambiado: “Ha terminado la agenda de FCN y se ha creado la agenda de FCN-Nación, enfocada en el nacionalismo: Generar identidad, pertenencia, reivindicar héroes nacionales olvidados. Recuperar símbolos patrios, hoy irrespetados”, defiende Hernández.

    ¿Usted cómo se definiría ideológicamente?

    Yo siempre he sido un pensador socialdemócrata desde muchos años atrás. Porque la socialdemocracia lo que buscaba era la resolución de conflictos a través de las leyes, de los Congresos, de los Parlamentos y que dignificaron los procesos de guerra. Alemania inició con ese precepto, lo instituyó, muchos países de Latinoamérica lo agarraron, pero muchos políticos no entendieron el proceso y pensaron que decir socialdemocracia era decir soy de izquierda.

    Lo cual es irónico porque en otros países es casi decir una centro-derecha.

    También es cierto. Pero para nuestro país muchos que lo tomaron eran de izquierda radical.

    Respecto a la polarización social, por un lado se ha mencionado que en los conflictos alrededor de las industrias extractivas, como la minería, y en el caso de la hidroeléctricas que se ha llegado a criminalizar a los activistas sociales. ¿Ustedes consideran que ha habido alguna política para criminalizar a estos sectores sociales?

    Bueno yo de momento le diría que tendría que hacerse un análisis muy profundo.

    ¿De parte del Ejecutivo, de los Gobiernos sucesivos, usted cree que sí ha habido esa intención?

    Yo lo que creo es que sabemos, por ejemplo, en la extracción minera, de que se condonaron dentro de la extracción, algunas normas de extracción que solo conllevaban beneficios para las compañías, no a la población guatemalteca. Eso es lo que realmente hay que buscar, porque los países que tienen extracción minera ¿qué han hecho?; poner en los reglamentos y las normas de extracción un porcentaje de beneficio para el país, que es lo que no se dio aquí. O sea, el 1%, las mineras dicen que no es cierto, que han dado hasta el 9% pero no está determinado y ese es uno de los problemas de la conflictividad que hay.

    La otra conflictividad seria es la propiedad de la tierra, la ocupación de fincas, a eso hay que entrarle de forma frontal. Hay fincas que han sido ocupadas porque los dueños no les pagan los salarios a los trabajadores y a ellos no les queda a otra opción que tomar la finca. Eso es una irresponsabilidad de los actores que son los contratantes

    Y también es consecuencia de los retrasos del Estado para alcanzas soluciones, como en el caso del Sistema Nacional de Diálogo que durante años ha sido visto como inefectivo.

    Eso también es cierto. Fíjese que hay ahorita una propuesta de una serie de actores sociales en donde están planteando que se reforme la Secretaría de Asuntos Agrarios y que se haga solo una institución en la cual converja la conflictividad a través de una organización estatal que permita que vayan cumpliéndose los pasos.

    ¿Han tenido acercamientos con la Cámara del Agro para tratar este tema?

    Respecto a la conflictividad no. Yo tuve una reunión con actores sociales que han indagado en solicitar que se respeten los Derechos Humanos de los trabajadores, que se respete la conflictividad agraria.

    ¿Van a cogobernar con el sector privado organizado? Se habla de que FUNDESA es uno de los grandes aportes para el gobierno, en términos de funcionarios…

    Para el Gobierno solo ha sido evidentemente especulaciones. En el momento en que ustedes vean cómo están los gabinetes puede ser que confirmen lo que yo les estoy diciendo.

    Y hay algunos factores que son inevitables, si no recordemos lo que pasó hace poco con la designación de Óscar Germán Platero Trabanino como subdirector de Inteligencia Civil, vinculado a la Fundación Contra el Terrorismo y retirado del cargo por su mala relación con CICIG.

    Que allí nos habían involucrado a nosotros y nada tuvimos que ver. El Vicepresidente actual, me le preguntó. Alfonso Soría, me llamó y me dijo: “Mirá vos, quieren proponer a alguien”. “No”. le dije. “Eso es responsabilidad de ustedes. Yo allí lo que haría es no nombrarlo y dejar el espacio abierto. Porque nos quedan dos meses. Eso con toda responsabilidad la Ministra lo puede dirigir”. Es el propio gabinete el que está viendo opciones. Sin embargo, ya nos estaban involucrando a nosotros que lo habíamos propuesto. Y el propio presidente Alejandro Maldonado salió desmintiendo esto.

    ¿Cómo elegirán a los funcionarios de seguridad de su gobierno?

    Nosotros le hemos estado pidiendo a la CICIG que incluso investigue a los que van a estar en las carteras, para que no haya ningún problema para nosotros mismos como funcionarios. Para ese puesto no se necesita ser militar: mayor de 40 años y una licenciatura, eso es lo que dice el perfil del puesto.

    Es complicada la situación, yo creo que entre más actores haya para tomar la responsabilidad es un error. El error va a ser del Presidente y de mi persona en cualquier decisión que se tome. Y la sociedad, los medios de comunicación deberían de dejar que nosotros hiciéramos nuestro trabajo, para que se cargue con responsabilidad, porque para uno es fácil decir que la CICIG investigue. De allí uno no tiene nada que ver, es salvarse salomónicamente, cuando no debiera de ser así. Entonces la responsabilidad es de los que ganamos la elección. Esa es mi manera de pensar.

    ¿Y en otros puestos claves en materia de Gobernación, inteligencia y seguridad sí se podría contemplar gente proveniente del Ejército?

    Para mi manera de pensar, no. Para la manera de pensar de las gentes que están alrededor mío que es el mismo Presidente y otras instancias partidarias, no lo hemos dialogado. Pero yo en particular le diría que no.