Me sumo a la indignación por esta fiesta clandestina, pero, sobre todo, también exijo que los culpables sean castigados conforme a la ley.
Al igual que muchos, mi primera reacción fue de enorme indignación y enojo al saber de la fiesta clandestina y cómo sus asistentes pudieron huir de la escena del crimen con impunidad, quizá hasta con protección de policías corruptos. Me molestaron mucho las imágenes de jóvenes hijos de pudientes o poderosos, ebrios y enajenados, cometiendo numerosos delitos por violar las normas especiales de salud y el toque de queda.
Las mismas normas por las cuales otras personas han sido capturadas. Semanas atrás dio la vuelta al mundo la vergonzosa imagen de cuatro mujeres mayas capturadas en Quetzaltenango por vender verdura poco después del inicio del toque de queda porque no lograron llegar a sus viviendas. O la del muchacho lustrador de zapatos que también fue capturado porque no logró reunir el dinero para alquilar una habitación donde pasar la noche. Y las de muchos otros casos que evidencian una aplicación brutal de la ley para quien es pobre o trabajador de escasos recursos. Este escándalo vuelve a evidenciar la discriminación en la aplicación de la ley y que en Guatemala sigue siendo válido lo que monseñor Romero decía: que «la justicia es como las serpientes, [pues] solo muerde a los descalzos».
Fue una actividad criminal cuyos actores materiales e intelectuales deben ser perseguidos penalmente no solo por haber infringido las disposiciones gubernamentales por la emergencia del covid-19. Además de esos delitos, el Ministerio Público debe investigar los posibles actos de corrupción cometidos cuando los agentes de la Comisaría 13 no detuvieron a quienes sorprendieron in fraganti, con lo cual pudieron haber incurrido en cohecho activo y pasivo, imputable a quienes hayan ofrecido o pagado sobornos y a quienes los hayan recibido.
A estas muchachas y a estos muchachos bien les vendrían un par de semanas de trabajo social para que, quizá por primera vez en sus vidas, vean cuál es la realidad.
Además, debe investigarse la posible comisión de delitos por la forma en que personas de talla pequeña actuaron como un entretenimiento durante esa fiesta. Me parece en extremo ofensivo, perverso y morboso lo que las imágenes muestran: por lo menos a tres personas de talla pequeña disfrazados con equipo similar al que usa el personal de salud que atiende a los pacientes contagiados de covid-19 y cómo unas jovencitas se divierten llenándoles la boca de licor, vaciado directamente desde las botellas. Además de ser actos abominables, que rayan en la más profunda estupidez y bajeza humana, creería que constituyen delitos por violar la legislación vigente en materia de discriminación.
El carácter imperativo de la persecución penal de estos hechos se reafirma cuando se escucha a supuestos asistentes a la fiesta, en particular al que, según él, justifica sus acciones al decir: «Sin pajas, o sea, la gente que estaba allí era gente que trabaja allí, que igual se ven [sic] todos los días para ir a trabajar, pues. Solo… solo estaban celebrando… estaban celebrando porque vendieron mucho. Pero era la gente que igual se ven [sic] todos los días. No es gran cosa, pues. Y, en serio, yo fui porque me invitaron. Pero no es… O sea, no fue así. Puta, esa mierda parece que es plus, pero es solo gente que trabaja allí». Con estas declaraciones, esta persona solo demostró su profunda ignorancia y su menosprecio por la ley.
Además de las posibles condenas de prisión, coincido con la opinión de muchos en cuanto a que a estas muchachas y a estos muchachos bien les vendrían un par de semanas de trabajo social para que, quizá por primera vez en sus vidas, vean cuál es la realidad de su país y de la sociedad en la que viven.