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  • Veredicto contra Zamora: una sentencia, una absolución y el enojo del MP

    Veredicto contra Zamora: una sentencia, una absolución y el enojo del MP

    En doce audiencias se resolvió el juicio contra un prominente periodista y una exfiscal. La sentencia dejó al Ministerio Público golpeado por haber llevado a Tribunales un caso sin sustento legal. El tribunal a cargo declaró inocente a la abogada y rechazó dos delitos contra el periodista José Ruben Zamora, a quien condenó a seis años de cárcel por lavado de dinero. Este es el relato del veredicto en uno de los casos más controversiales de los últimos años en la justicia de Guatemala y que dejó como principal víctima el cierre de uno de los diarios más críticos de los gobiernos.

    José Rubén Zamora llegó a la Torre de Tribunales, como las últimas once audiencias de este juicio,  escoltado por más de media docena de agentes del Sistema Penitenciario. Portaba un traje formal negro y una apariencia serena. Antes de iniciar la audiencia se paró un momento frente a los periodistas, como contemplando que esta vez él era la noticia. Esto ocurrió después del cierre de elPeriódico, el 15 de mayo, el medio que fundó en 1996 y que publicó cientos de investigaciones de corrupción contra ocho gobiernos.

    Este miércoles 14 de junio, el Tribunal Octavo Penal, integrado por las juezas Oly González, Griselda Ordónez y el juez Otto Valverth, dictó sentencia en el caso contra José Rubén Zamora, periodista y Samari Carolina Gómez, exauxiliar fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), unidad del Ministerio Público que investigó casos de corrupción en el gobierno, pero que bajo la dirección del fiscal Rafael Curruchiche puso sus ojos en exfiscales, exjueces, abogados y periodistas.

    José Rubén Zamora espera frente a la sala del Tribunal Octavo Penal antes de que comience la última audiencia del juicio en su contra, el miércoles 14 de junio

    El Tribunal declaró inocente a Zamora de los delitos de chantaje y tráfico de influencias, y dijo que la Feci, representada por la fiscal Cinthia Monterroso, no presentó pruebas concretas para sustentar su caso. También encontró a Zamora culpable del delito de lavado de dinero y lo condenó a pasar seis años en la cárcel y a pagar una multa de 300,000 quetzales. Esta fue la pena mínima que el Tribunal pudo haber impuesto, ya que la Feci pidió una sentencia de 40 años agravada porque supuestamente el periodista «menospreciaba la autoridad de la Fiscal General Consuelo Porras y Curruchiche». Esto último fue rechazado por el Tribunal.
     
    En los once meses que han pasado desde su captura, el 30 de julio de 2022, elPeriódico, el medio que fundó, pasó de tratar de continuar develando casos de corrupción en el gobierno de Alejandro Giammattei, a despedir al 80% de su personal por la asfixia económica que provocó el caso, a cerrar por completo sus operaciones y despedirse del público.

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    A diferencia de Zamora, Gómez fue absuelta de todo cargo y se ordenó que este mismo miércoles recupere su libertad. La abogada, quien tenía 12 años de trabajar en el Ministerio Público, investigaba su primer gran caso de corrupción cuando fue denunciada por uno de los implicados, el exdirectivo del Banco de los Trabajadores, Ronald García Navarijo, quien también denunció a Zamora y lo grabó a escondidas durante 17 meses. García Navarijo está a las puertas de enfrentar su propio juicio por lavado de dinero en la misma institución bancaria.
     
    Gómez denunció que durante su proceso fue tratada como una criminal, ya que pasó once meses encarcelada en una bartolina aislada en la que solo podía salir a recibir una hora de sol al día. Casi un año después de su detención, el tribunal dictaminó que no cometió ningún delito, sin embargo, tenerla en el caso fue estratégico para la FCT, ya que existía una condición legal que sus representantes Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla pudieran estar en el debate.

    El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad – FECI – Rafael Curruchiche, antes de que empezara la última audiencia del juicio en contra del ex director de ElPeriódico

    El artículo 116 del Código Procesal Penal de Guatemala establece que cualquier persona puede querellarse en el caso contra un funcionario público. Zamora no es un funcionario público, por lo que para estar presente y acusarlo, la FCT debía tener un gancho: la exfiscal Gómez.
     
    Este fue el primer juicio de la mancuerna Feci-FCT, que tras la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la destitución de Juan Francisco Sandoval, antiguo jefe de esa fiscalía, consolidaron una alianza para perseguir a operadores de justicia y a periodistas que investigaron o escribieron sobre la corrupción en el gobierno.

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    La FCT ha sido una de las mayores denunciantes de Juan Francisco Sandoval, a quien el exjefe de la Feci critica constantemente y contra quien ha pedido cuatro órdenes de captura. Esos casos no han avanzado porque Sandoval se encuentra exiliado en Washington.
     
    El juicio terminó a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales en Guatemala, programadas para el 25 de junio, que se llevarán a cabo en un contexto de retrocesos democráticos y persecución de voces disidentes, según han denunciado organizaciones internacionales y locales.

    Un discurso interrumpido

    Al final del juicio, el periodista Zamora tuvo la oportunidad de dirigirse al Tribunal para hacer peticiones. Para eso preparó un discurso de 17 páginas que escribió a mano. El tribunal le advirtió que no podía leerlo porque su intervención debía ser espontánea; sin embargo, Zamora explicó que su profesión es de ingeniero y periodista, y que desconoce el proceso penal. Los jueces suavizaron su postura y le permitieron usar el documento como referencia bajo la advertencia de que se concretara a los hechos discutidos en el juicio.
     
    Zamora asegura haber sido denunciado en más de 200 veces a lo largo de su carrera de 30 años investigando al poder público. Citó las acusaciones hechas por el expresidente Alfonso Portillo o las hechas por la exvicepresidenta Roxana Baldetti, pero ninguna, enfatizó, fue por chantaje.

    La última audiencia del juicio fue acompañada por la masiva presencia de medios de comunicación nacionales e internacionales

     
    Así inció Zamora su discurso con un agradecimiento para el tribunal por impedir la «violencia y terrorismo verbal ejercido por el (primer) juez contralor, la señora fiscal (Cinthia Monterroso) y los querellantes (la FCT)». Esto pasó porque a inicio del debate, el periodista le pidió a la jueza González que impidiera que Raúl Falla, abogado de la FCT, se refiriera a él como «criminal», «lavador de dinero» y «chantajista», argumentando que todavía no había sido condenado y que su inocencia no había sido quebrantada. La jueza accedió. La lectura de esa frase provocó que la fiscal Monterroso hiciera un gesto de desaprobación y que se preparara para detener la intervención de Zamora.
     
    «En este debate oral y público se vulneraron todos mis derechos», dijo el periodista previo a hacer un detalle de cómo sus abogados defensores fueron perseguidos uno a uno y cómo un juez rechazó toda la prueba que tenía para defenderse en el juicio. Zamora pasó por nueve abogados defensores. Cuatro de ellos terminaron en la cárcel coaccionados, según denunció el periodista, para aceptar cargos penales. Otros dos salieron del país.

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    «Cada defensor cambiaba la estrategia de defensa porque cada uno tenía la propia. Estos abogados cada vez conocían menos del caso porque los plazos ya establecidos por el tribunal, perjudicandome gravemente», dijo Zamora a los jueces.
     
    El periodista fue interrumpido por la fiscal Monterroso, quien pidió al tribunal que lo llamara al orden para leer el documento. Zamora se quedó en la página nueve y se limitó a pedir que se dictara una absolución a su favor o que se ordenara repetir el juicio. También dijo que llevaría su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
     
    Más adelante los jueces le dieron la razón en un tema: no tuvieron a la vista las pruebas suficientes para demostrar que el orígen del dinero que le acusaban de lavar, fuera lícito. Y también ese argumento sirvió para condenarlo.

    Lo que quedó fuera y lo que fue aceptado

    Según la tesis de este caso, el lavado de dinero ocurrió así: Zamora recibió 240,000 quetzales de un empresario llamado Alejandro Girón Lainfiesta por la compraventa de una obra de arte. Zamora agregó una parte de su dinero para completar 300,000, y mandó a empleados de elPeriódico a que entregaran el efectivo, un recibo de caja y una factura en las oficinas de García Navarijo, el exbanquero que lo grababa a escondidas, quien se había ofrecido a recibirlos y darle un cheque a cambio, es decir a bancarizarlo. Una parte del dinero entregado tenía cintillos bancarios y otra estaba sostenida con hules.
     
    Dicho dinero serviría para pagar salarios del personal del medio de comunicación. García Navarijo coordinó la entrega con Zamora, y en secreto también concretó con la Feci para grabar todo y que la operación terminara en la captura de Zamora. Así fue. Entre la denuncia y la detención del periodista y la exfiscal Gómez pasaron 72 horas.

    Samari Gómez escucha la sentencia absolutoria pronunciada por la los jueces del Tribunal Octavo Penal.

    El Tribunal dijo que hizo la concatenación de hechos y que eran válidas las declaraciones de los extrabajadores de elPeriódico, los agentes policiales que fueron parte del operativo, del contacto de García Navarijo e incluso los empleados de la agencia bancaria que estuvieron involucrados, unos sin saberlo, en la transacción.

    «La intención era intercambiar el dinero en efectivo por un cheque, con la finalidad de ocultar el orígen ilícito del dinero», dijo el juez Otto Valverth, «que de ser lícito no existía razón lógica para intentar intercambiarlo», añadió.

    Para los jueces esta fue una transacción simulada que afectó la economía nacional y la solidez del sistema bancario.

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    Otra de las principales pruebas de la Feci fue el testimonio de Ronald García Navarijo, quien dijo que «su percepción era que podría ser afectado o no» con salir en elPeriódico si no bancarizaba fondos para financiar el medio, pero no mostró pruebas de ese supuesta extorsión. Por ello el Tribunal resolvió absolver al periodista de los delitos de chantaje y tráfico de influencias.

    Zamora, casi inmóvil, escuchaba con atención, a veces asentía con la cabeza. Cuando escuchaba un argumento a favor de Gómez, volteaba a verla con una sonrisa. La abogada se mantenía concentrada en el Tribunal.
    «Se trató de justificar el origen lícito del dinero; sin embargo, ni siquiera se acreditó la existencia de dicha obra de arte», señaló el juez Valverth, quien mencionó que las dos personas que estuvieron involucradas en la transacción, Alejandro Girón Lainfiesta y Juan Carlos Marroquín Godoy, no fueron presentadas como testigos.

    Terminada la audiencia, José Rubén Zamora saluda a Samari Gómez antes de salir de la sala del Tribunal Octavo Penal

    Si ambos Girón y Marroquín quedaron fuera del proceso contra Zamora, es debido a que fueron capturados, en diferentes momentos, por el delito de obstaculización a la acción penal. Ambos aceptaron cargos de la Feci y la FCT a cambio de recibir penas menores y no ir a la cárcel. Fueron rechazados como testigos por el juez que llevó la primera parte del caso.

    Al terminar el juicio Zamora mostró a los medios fotocopias de fotografías de una pintura del artista Elmar Rojas que recibió como regalo y que vendió para financiar elPeriódico, a manera de probar su existencia.
    «Primero, muy contento por Samari, era una injusticia espantosa. En cuanto a mí, soy inocente de los tres delitos. Si me pagaron en efectivo es porque gente que me ha apoyado ha recibido represión; yo tenía que proteger a la persona, su seguridad, no era la licitud del dinero lo que estaba protegiendo sino que al propietario que hizo el negocio conmigo, porque no se quiere exponer», señaló Zamora.

    Las reacciones

    Al finalizar la audiencia, Samari Gómez rompió en llanto luego de que dos amigas corrieron a abrazarla. Durante la sentencia ambas mujeres permanecieron orando con rosarios, en el área del público, por primera vez abarrotada de periodistas, fotógrafos, observadores internacionales y otras personas que llegaron a presenciar la sentencia.

    Gómez dijo que salir libre y volver a ver a sus hijas sería el segundo día más feliz de su vida. El primero fue cuando nacieron. También se mostró preocupada porque el Ministerio Público pueda empezar un nuevo caso en su contra.

    «El futuro es incierto, lamentablemente ha existido un patrón de conducta en estos casos, no tenemos la certeza de que pueda existir otro señalamiento con tal de opacar este momento. Si esto sucede yo estaré dispuesta a seguir defendiendo mi inocencia y siempre mantener que Samari Carolina Gómez Díaz nunca se ha involucrado en corrupción», señaló.

    La ex auxiliar fiscal del MP, Samari Gómez, sale de la sala del Tribunal Octavo Penal sonriendo, mientras recibe las felicitaciones de dos amigas

    El fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, quien estuvo presente en casi todas las audiencias, dijo a la prensa que apelará la sentencia contra ambos acusados y que buscará una condena de 40 años. Se mostró molesto ante los cuestionamientos y dijo que espera que el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluya a Zamora en la Lista Engel porque «él es un corrupto».

    En septiembre de 2022, Curruchiche y su jefa, la fiscal General Consuelo Porras, fueron incluidos en esta lista de personas consideradas por ese gobierno como actores antidemocráticos y que obstaculizan la lucha contra la corrupción.

    Cuando se le preguntó por la investigación contra seis experiodistas y dos excolumnistas que escribieron sobre el caso y que ahora son investigados por supuesta obstrucción a la justicia dijo: «A través de ese medio de comunicación se denigraba, se insultaba en su honor y prestigio a fiscales, jueces y magistrados y diversas personas de la sociedad civil (…)».

    Finalizada la última audiencia del juicio, Ricardo Méndez Ruíz y Raúl Falla, presidente y abogado de la Fundación Contra el Terrorismo, graban un mensaje para celebrar la sentencia condenatoria en contra del ex director de ElPeriódico

    Aunque este caso contra Zamora llegó a una nueva etapa, el periodista también debe enfrentarse a otro caso de la Feci: dos días antes  de la sentencia, el MP lo señaló de supuestas anomalías en una de sus firmas en un registro migratorio. La estrategia es similar a la usada contra Virginia Laparra, quien semanas antes de que llegara a fin su juicio por una demanda de la FCT, fue denunciada en un segundo caso. Eso aseguraría que los señalados no puedan salir de la cárcel aunque sean absueltos.

    José Carlos Zamora, hijo del periodista, dijo a Plaza Pública antes del juicio que de existir jueces  independientes su padre sería absuelto porque al revisar las pruebas se darían cuenta que «el caso es fabricado».

    «Lo único que queda es seguir haciendo todo lo legal que se pueda hacer para dejar un récord de todas las ilegalidades y violaciones,con la esperanza de que en un futuro alguien revise las cosas y las y las corrija», concluyó.

    Afuera de la Torre de Tribunales, sentados en un arriate bajo la sombra estaban Guillermo Cian Cano y Carolina del Cid García, abogados defensores de Gómez. Ambos tomaban agua, se abrazaban y derramaban lágrimas. Son esposos y ya la conocían. Cian fue quien la casó. Se mostraron conmovidos y aliviados porque se reconoció la inocencia de Gómez, se tomaron del brazo y regresaron a Antigua Guatemala, de dónde son, al igual que lo hará esta noche la abogada.

  • Once audiencias y una conclusión que resalta en el juicio a Zamora: «La investigación podría ser ilegal»

    Once audiencias y una conclusión que resalta en el juicio a Zamora: «La investigación podría ser ilegal»

    Se aproxima la sentencia en el juicio contra el periodista José Rubén Zamora y la abogada Samari Gómez. El MP intentó demostrar que se cometieron tres delitos sin dejar cabida a testigos de la defensa y sin probar un punto clave: el origen del dinero que supuestamente se usó para lavado. Estas son las conclusiones presentadas durante las últimas dos jornadas de audiencias.

    Luego de once jornadas de audiencias el Ministerio Público no pudo ser contundente para presentar el resultado de haber interrogado a casi treinta de testigos y peritos, y de reproducir en el juicio las grabaciones hechas por el denunciante, Ronald García Navarijo, quien incriminó a Zamora en una trama de lavado de dinero y señaló a Gómez de supuestamente filtrar información.

    En sus conclusiones, la etapa final del juicio, la fiscal Cinthia Monterroso, de la nueva Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), utilizó palabras como «pudo», «podría», «es probable», para acusar a ambos sindicados y pedir que enfrenten penas de 40 años  de cárcel, para Zamora y 8, para Gómez.

    Juicio a Zamora, día 1: claves en la acusación y aviso contra más periodistas

    La investigación de la Feci no presentó evidencias concretas de que Zamora lavó dinero de origen ilícito, de que traficó influencias y que chantajeó a personas para que no aparecieran en las páginas del diario elPeriódico, según el abogado defensor del periodista. Así como para aclarar qué información y cuándo la habría revelado Gómez.

    Pese a eso, Monterroso pidió que las penas fueran el doble porque ambos sindicados habrían «menospreciado la autoridad» de la fiscal general Consuelo Porras y el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche.

    José Rubén Zamora espera ser trasladado a la cárcel, terminada la audiencia del 30 de mayo, recién salido de la sala del Tribunal Octavo Penal

    Las defensas de Zamora y Gómez resaltaron en sus conclusiones al final del debate que hubo irregularidades e ilegalidades en la investigación y que las pruebas para demostrar el origen lícito del dinero por el que se acusa a Zamora existen, pero no fueron presentadas en la audiencia porque un juez anterior lo impidió.

    Con el juicio en fase final, el Tribunal Octavo Penal, presidido por la jueza Oly González, programó que el próximo 14 de junio que Zamora y Gómez se dirijan al estrado por última vez antes de dictar una sentencia.

    «No están todas las pruebas»

    Joel Iván Reyes Guzmán «es un abogado diligente», así se refiere Zamora después de haberlo conocido tres audiencias antes del final del juicio en su contra. Pese a que el periodista se lo pidió, Reyes no solicitó los cinco días a los que tenía derecho para estudiar el expediente, y tuvo pocas oportunidades de conversar con su defendido fuera de las audiencias.

    En este contexto, el miércoles 31 de mayo, el abogado designado por el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP)  tomó 28 minutos para atacar el nervio del caso de la fiscal Monterroro y de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), esta última aceptada como querellante en el juicio.

    En menos de media hora, Reyes resaltó que los vocablos «el denunciante es posible que…», «él pretendía depositar…», son acciones que dejan un proceso incompleto y hacen asumir que el hecho, es decir el delito por el que acusan a Zamora, no se consumó.

    Juicio Zamora, día 2: Así se financió elPeriódico y cómo una fuente traicionó al periodista

    Durante el juicio, el piloto y el mensajero que en ese entonces trabajaban en elPeriódico declararon que entregaron 300,000 quetzales enviados por Zamora en la oficina de García Navarijo, pero que nunca pudieron depositar porque el cheque que les dieron a cambio era de una cuenta deshabilitada.

    «Hay cuatro actas que no se ofrecieron como prueba y que constan en la fiscalía. El origen de los fondos estaba establecido en estas cuatro actas que no aparecen en el proceso», dijo.

    Entre las pruebas que no logró acreditar Zamora se encontraba el testigo Alejandro José Girón Lainfiesta, quien confirmó que sí le entregó 240,000 quetzales en dos cheques para adquirir una obra de arte; tampoco el de Juan Carlos Marroquín Godoy, quien presentó al periodista con Girón; ambas personas fueron detenidas antes de que iniciara el juicio y aceptaron cargos de obstrucción a la justicia.

    El imputado, José Rubén Zamora, durante una pequeña rueda de prensa improvisada durante un receso de la audiencia del 30 de mayo

    Girón Lainfiesta dijo en la audiencia donde aceptó cargos que no estaba de acuerdo en declarar porque estaba enojado con Zamora y su familia porque supuestamente, en el contrato de compraventa se habrían agregado cosas en las que no estaba de acuerdo y que el certificado de la obra de arte no correspondía con la pintura.

    Por su parte, Marroquín Godoy fue acusado de crear, posterior a la captura de Zamora, un documento que respaldara la venta del cuadro. Por esta misma operación también fue capturado Juan Francisco Solórzano Foppa, ex abogado del periodista, quien tras pasar más de un mes en prisión aceptó los cargos que le imputó el Ministerio Público.

    «Se violaron sistemáticamente muchos de mis derechos constitucionales y procesales y no estoy teniendo un juicio justo. Si voy a aceptar cargos no es porque haya cometido un delito, es porque voy a salir de la cárcel para seguir litigando los casos que he llevado en contra la Fundación contra el Terrorismo y este sistema», dijo Foppa en un video en el que se le veía esposado.

    «No queremos ver el origen (del dinero) porque no queremos, porque allí está», abogado Joel Iván Reyes Guzmán.

    También quedaron fuera el acta y el contrato privado de promesa de compraventa de la obra de arte de Elmar Rojas que Zamora ofreció a Girón Lainfiesta; un oficio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), sobre las declaraciones de impuestos de Aldea Global, la casa editora de elPeriódico; y cuatro oficios del Banco Industrial sobre retiros de dinero de parte de la empresa.

    «No queremos ver el origen (del dinero) porque no queremos, porque allí está», enfatizó el abogado.

    «El artículo 8 del Código Procesal Penal establece que todo lo que se obtenga en la investigación debe ser presentado ante el tribunal, ya sea que favorezca o perjudique al acusado», resaltó Reyes.

    Aunque las evidencias clave para que Zamora pudiera defenderse no fueron parte del juicio, la fiscal Monterroso dijo en la audiencia que «no existe duda de que el acusado conocía el origen ilícito del dinero», y señaló la condición precaria de elPeriódico como indicio de que ser un medio de periodismo de investigación era una fachada para lavar dinero, que «tenía como modelo de negocio ilícito manipular la opinión pública en contra de personas que no le entregaban dinero».

    Presidente y abogado querellantes de la Fundación Contra el Terrorismo, charlan con el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad – FECI – Rafael Curruchiche, finalizada la audiencia del 31 de mayo

    «Según la declaración de (Flora) Emilsa Flores (excontadora del medio) y un informe de la SAT, la situación económica de la empresa era precaria. La entidad se alimentaba de fondos y anticipos publicitarios, que acredita que existe un considerable número de personas individuales y jurídicas que en teoría aportan dinero a la entidad pero curiosamente nunca reciben una prestación por el dinero que entregan», dijo Monterroso. Flores aceptó cargos por lavado de dinero antes de iniciar el juicio y de que el Ministerio Público presentara las pruebas para acusar a Zamora. Al haber aceptado la acusación la financiera obtiene el derecho a recibir una sentencia menor y conmutable.

    En el día 2 del juicio, Zamora declaró que anualmente vendía paquetes de publicidad en elPeriódico, que él era el principal vendedor y que así financiaba el medio. Sus principales clientes eran los bancos, entre ellos el Banco de los Trabajadores.

    Para sustentar su acusación, la fiscal Monterroso citó las declaraciones de Sergio Hernández, exdirectivo del Banco de los Trabajadores; Luis Hernández Azmitia, diputado que busca su reelección con el partido oficial, y la de un hombre que llegó el Tribunal a declarar que sufrió de un tumor cerebral por aparecer en elPeladero, la sección de chismes de elPeriódico.

    Juicio a Zamora, día 3: la explicación de los Q300,000 del supuesto chantaje y el lavado de dinero

    «(Los tres) relataron factores en común que podrían encuadrar en los delitos de extorsión o chantaje, lo que explicaría un modus operandi y que hace inferir que estamos ante una entidad de fachada, que tiene una actividad lícita y es utilizada para blanquear capital de origen ilícito», dijo Monterroso. Durante el juicio los testigos no aportaron indicios para comprobar el pago de sobornos para no seguir siendo atacados, solamente sus testimonios.

    La fiscal aseguró que los 300,000 quetzales que Zamora entregó a Ronald García Navarijo para bancarizar «era producto de actividades delictivas» porque los testigos dijeron en el juicio que el periodista «tenía la costumbre de exigir dinero a cambio de no desprestigiar políticamente».

    La fiscal dijo que «al no tener un sustento documental fehaciente que pruebe que el dinero es lícito, por lo tanto se presume ilícito».

    Para el Ministerio Público, los documentos sobre la compraventa de la obra de arte «eran una transacción simulada, un contrato plagado de incongruencias» porque ni elPeriódico ni Zamora tenían la capacidad económica para comprar una obra de arte de ese tipo ni tenían en sus funciones comercializar arte.

    Zamora dijo a Plaza Pública que tenía obras de arte de Elmar Rojas porque el artista se las obsequió y que incluso buscó que la hija del autor declarara, pero un juez anterior, Fredy Orellana, lo rechazó.

    La Feci señaló que Zamora obtuvo credibilidad pública para hacer chantajes y extorsiones porque Juan Francisco Sandoval, exjefe de esa fiscalía, le filtraba información de casos reservados.

    El MP pidió que Zamora sea condenado a las penas máximas por lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje, por un total de 40 años de cárcel. A los últimos dos delitos la fiscalía pidió que se agravara la sentencia por supuesto abuso de autoridad

    «La relación (entre Sandoval y Zamora) fue tan estrecha que incluso se realizaban investigaciones paralelas con el fin de mantener el control político para mantener su negocio ilícito», aseguró Monterroso.

    Por estos hechos el Ministerio Público pidió que Zamora sea condenado a las penas máximas por lavado de dinero, 20 años; por tráfico de influencias, 12 años y por chantaje, ocho. A los últimos dos delitos la fiscalía pidió que se agravara la sentencia por supuesto abuso de autoridad por «usar su oficio de periodista en un medio donde se vendía como luchador contra la corrupción, para traficar influencias y reducir la capacidad de defensa de las personas que no accedían a sus pretensiones».

    Lo único que Zamora tiene en el juicio para demostrar que el origen del dinero no es ilícito, un requisito para que se consume el delito de lavado de dinero, son los cintillos bancarios que tenía una parte del dinero que envió a García Navarijo. Eso probaría que fueron retirados de un banco.

    Pero para la Fiscalía eso no significaba nada.

    «El precinto bancario no es más que una seña administrativa, no es más que una forma que los bancos utilizan para entregar cierta cantidad de dinero. Si alguien encuentra un precinto bancario y pretende arrogarse la propiedad del dinero en efectivo con eso, cualquier persona creería que no está bien», dijo la fiscal Monterroso.

    «Las pruebas podrían ser ilegales»

    Unas de las principales pruebas de la Feci fueron las grabaciones que hizo en secreto Ronald García Navarijo, el exbanquero del Banco de los Trabajadores, quien durante muchos años fue una fuente de información para Zamora, a quien le montó una trampa para denunciarlo y lo grabó a escondidas durante más de un año. Incluso lo citó para discutir una estrategia legal que respaldara cheques a nombre de Aldea Global.

    Unas de las principales pruebas de la Feci fueron las grabaciones que hizo en secreto Ronald García Navarijo —exbanquero del Bantrab— quien durante muchos años fue una fuente de información para el periodista Zamora.

    El abogado de Zamora, Joel Reyes, cuestionó tres cosas sobre ese aspecto: si la grabación como tal fue legal; por qué en el juicio se presentaron copias de las mismas y no las originales; y por qué fue la Policía Nacional Civil la que hizo la extracción y análisis del audio y no el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

    «Me preocupa que las grabaciones según las fechas venían de febrero de 2021 a septiembre de 2022. Se superan los 17 meses, tiempo en el que se pudo haber solicitado una autorización judicial si estos actos se consideraban ilegales», dijo sobre por qué García Navarijo no denunció a Zamora cuando empezó a grabarlo.

    Para el defensor se violó el derecho a la intimidad de Zamora. Reyes citó como referencia la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) del caso Escher versus Brasil, donde la entidad declaró que el Estado violó el derecho de la vida privada, de la honra y la reputación del demandante con la interceptación, grabación y divulgación de sus conversaciones.

    El testigo clave, el banquero Ronald García Navarijo, sale de la sala del Tribunal Octavo Penal, terminado su testimonio, el jueves 18 de mayo

    En el juicio Zamora y su defensa cuestionaron que la investigación podría ser ilegal, ya que solo la Policía Nacional Civil está autorizada para hacer operaciones encubiertas.

    «Se le preguntó al señor Giovanni (García Navarijo) si tenía alguna autorización para grabar y dijo que no. Reitero que las pruebas obtenidas de manera ilegal no deben ser valoradas en este proceso por haber sido obtenidas de manera ilícita. Todo se dio en un tipo de operación encubierta que no tenía ninguna legitimación», señaló Reyes.

    Juicio a Zamora, días 7, 8 y 9: Terminan de exponer los testigos mientras el periodista conoce a su abogado

    Cuando fue el turno de declarar de García Navarijo dijo que «su percepción era que podría ser afectado o no» con salir en elPeriódico si no bancarizaba fondos para financiar el medio.

    La defensa de Samari Gómez

    Para el Ministerio Público de Consuelo Porras es agravante de delito que un auxiliar fiscal hable directamente con el jefe de la fiscalía ya que se estaría saltando la jerarquía de la institución. Esto quedó evidenciado luego de que la fiscal Cinthia Monterroso, presentó las conclusiones de su investigación contra Samari Gómez, exauxiliar de su propia unidad.

    En la jerarquía del MP, Gómez empezaba su carrera: era una auxiliar, es decir, la asistente de un fiscal que tenía a varias personas asignadas para investigar los casos y que respondía directamente a un fiscal de sección, es decir, el jefe de una fiscalía. Esta persona le responde al Fiscal General.

    Para la nueva Feci, dirigida por Rafael Curruchiche, hay un conflicto si un auxiliar fiscal habla directamente con el jefe de la fiscalía y no con su superior inmediato, el agente fiscal.

    Los imputados del juicio, Samari Carolina Gómez y José Rubén Zamora, salen de Torre de Tribunales, esposados, terminada la audiencia del 30 de mayo

    Parte de la conclusión fue que Gómez se comunicaba más con Juan Francisco Sandoval, el cuando este era jefe de la Feci, lo que para la fiscal Cinthia Monterroso era un «actuar extraño» porque «le debía lealtad al MP».

    «Este es un antecedente que permite ver que la acusada tenía una relación con el señor Sandoval Alfaro, quien guardaba la confianza de que regresaría al país en cualquier momento», dijo durante la audiencia.

    Para la Fiscalía, la exauxiliar le filtraba información de los casos incluso después de la destitución de Sandoval. Gómez asegura que la única ocasión que se comunicó con su exjefe fue cuando este le mandó un mensaje para felicitarla por su graduación de abogada.

    La exauxiliar tuvo a cargo expedientes que involucran a Ronald García Navarijo, quien sigue ligado a los procesos por supuesto lavado de dinero y espera fecha para enfrentar juicio. Al momento de los hechos era aspirante a convertirse en colaborador eficaz del Ministerio Público y buscaba la devolución de una cifra millonaria que la Feci pidió que fuera congelada y ahora está en proceso de extinción de dominio.

    Juicio a Zamora: ¿Qué pasa con los abogados del periodista y por qué se queda sin defensa?

    Monterroso pidió una pena de 8 años de prisión para Gómez más el pago de una multa de 50,000 quetzales. Esto porque se agravó el delito de revelación de información también por supuesto menosprecio a sus autoridades.

    La defensa de la abogada dijo en sus conclusiones que García Navarijo ya había tenido acceso a todo el expediente del caso pues como sindicado tiene derecho a revisarlos para armar su estrategia de defensa, por lo que no habían datos que su clienta pudiera filtrar. También cuestionó la legalidad de los audios del denunciante, ya que en informes diferentes tienen fechas distintas. Además señaló que no se le puede aplicar la Ley de Acceso a la Información porque ella no es un sujeto obligado.

    La última palabra de los sindicados y la sentencia están programadas para el 14 de junio de 2023.

    En el día 1 del debate, Zamora avizoraba cómo terminaría esta trama: «En este juicio me van a sentenciar» y señaló que buscará llevar su caso a una corte internacional y que será hasta entonces que podrá recuperar su libertad.

  • Preguntas y respuestas clave para entender el Juicio a Zamora

    Preguntas y respuestas clave para entender el Juicio a Zamora

    El caso de Jose Rubén Zamora presenta aspectos técnicos propios de las ciencias jurídicas. Estos son algunos conceptos para comprender las acusaciones del Ministerio Público en el proceso penal contra el periodista y fundador de elPeriódico. Sobre esta base el tribunal tendrá que dictaminar su culpabilidad o inocencia. 
     

    El fundador de elPeriódico es acusado de tres delitos: lavado de activos, chantaje y tráfico de influencias.  El acusado ha perdido constantemente a sus abogados defensores. Vinculada a este proceso,  hay otra investigación  que señala a periodistas por posible obstrucción de la justicia.  A raíz de estos casos, se han puesto a discusión figuras legales que en el lenguaje cotidiano se usan con ligereza, pero que, dentro de  un juicio, implican cuestiones muy específicas e interpretaciones complejas que deben ser explicadas. 

    Para entender a profundidad los términos, Plaza Pública consultó abogados penalistas que explicaron qué implican estas acusaciones y cómo se deben justificar dentro del debate.

    A continuación las respuestas:

    1. ¿Qué es el lavado de activos? 

    El delito se entiende, de forma general, como darle apariencia legal a un dinero o bien conseguido de forma ilícita. Por ejemplo, al ingresarlo a cuentas del sistema bancario o transformarlo en algún bien a través de una adquisición. En la normativa vigente, se refiere a invertir, convertir y transferir cualquier transacción financiera de bienes o dinero. Segundo, a adquirir, poseer o administrar bienes o dinero. Y tercero, a ocultar o impedir origen y ubicación de dinero y activos. Todo esto, con la condición de que la persona señalada supiera que dichos bienes o suma en efectivo eran producto de la comisión de un delito. 

    2. ¿Qué elementos necesita el MP para probar el lavado de dinero?

    Al hacer una acusación de lavado de activos, el Ministerio Público tendría que demostrar que la persona acusada hizo todo eso con la condición de que sabía que eran producto de la comisión de un delito. El señalado debe probar la legalidad del dinero, en el proceso penal.

    3. ¿Qué es dinero de proveniencia ilícita?

    Se llama así al dinero que es producto de un delito anterior, de una actividad sancionada por la ley. Por ejemplo, producto de un robo, estafa, secuestro, malversación, peculado, extorsión, chantaje, entre otros.

    4. ¿Es delito la simulación de un negocio jurídico?

    La simulación de un negocio jurídico es delito, según las circunstancias y el propósito de este. Hay una línea delgada entre lo que es permitido y lo que no. Si una persona simula una negociación para obtener un beneficio a partir de ello, entonces sí comete fraude de ley. Por ejemplo, cuando Sandra Torres  se divorció del ex presidente Álvaro Colom para poder participar. En ese caso fue un negocio jurídico a conveniencia y la Corte de Constitucionalidad no le permitió participar. 

    Es importante entender que el hecho de que exista un fraude de ley no necesariamente implica que se cometa un delito, podría ser un asunto de naturaleza administrativa o civil. No obstante, la simulación de un negocio jurídico puede ser el medio para cometer delitos como defraudación o lavado de dinero.

    5. ¿En qué consiste el delito de chantaje? ¿Qué elementos debería probar el MP?

    El chantaje es querer provocar que un tercero haga una acción o deje de hacer alguna acción y que para lograrlo se le condicione con accionar de alguna forma que lo perjudique. Implica solicitar un dinero, recompensa o cualquier otro beneficio, bajo la amenaza de divulgación de cuestiones relativas al honor o prestigio de una persona.

    6. ¿En qué consiste el delito de tráfico de influencias? 

    Es un delito de corrupción. Implica influir en un funcionario o empleado público, por sí mismo o a través de un tercero, para obtener un beneficio indebido para sí mismo o una tercera persona. Para ello una persona se aprovecha de una circunstancia de amistad para influir  en un funcionario en beneficio suyo o de alguien más. 

    Si la persona no recibió un beneficio, no se logra demostrar la comisión del delito sino un intento del mismo y eso se denomina un delito en grado de tentativa. 

    7. ¿En qué consiste el delito de obstrucción a la justicia? 

    Busca que las investigaciones del MP tengan certeza y que los testigos e información sea verídica. Busca evitar decisiones sesgadas por información falsa o porque hay un impedimento al accionar de los funcionarios. Implica utilizar fuerza física, amenazas, intimidación, promesas u ofrecimientos de beneficio con el propósito de inducir a falso testimonio, perjurio u obstaculizar la aportación de pruebas. 

    También ocurre cuando una persona amenaza o coacciona a algún representante del Organismo Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, traductores, peritos, etc, con acciones que afecten su dignidad, honor o bienes. También aplica a todo funcionario o empleado que en cualquier de las fases de un proceso penal proteja a un sindicado, oculte o falsifique información. 

    La violencia institucional contra el periodismo nos amenaza a todos

    8. ¿Puede cometerlo un abogado defensor, en auxilio de su defendido?

    Un abogado, si intenta entregar información falsa dentro de un proceso penal, puede incurrir en obstaculización a la justicia.  

    9. ¿Puede aplicarse el delito de obstrucción a la justicia a periodistas que ejercen su función?

    No. Lo que ocurre es que hay una colisión (o conflicto) de leyes. El Código Penal regula estos delitos pero es una ley que está un peldaño por debajo de la Constitución, que es la norma que regula la libertad de expresión y de prensa, entonces no podría afectar con una norma de delincuencia organizada, un trabajo periodístico.  Además, emitir una opinión sobre un proceso no implica obstaculización al mismo.

    La Constitución establece cuál es el proceso a seguir cuando una persona considere que está siendo calumniado: un juicio de prensa, no un proceso penal. Con esto, la Constitución  garantiza que ciudadanos y periodistas expresen sus críticas hacia el poder, sin ser criminalizados. Ese derecho está protegido constitucionalmente.

    10. ¿Puede considerarse la cobertura periodística de un caso penal como obstrucción de la justicia ?

    No. Porque la Constitución establece que el trabajo periodístico no constituye un delito. Las denuncias, críticas o imputaciones que pueda hacer un periodista o ciudadano, no es un delito. 

    11. ¿En qué consiste la aceptación de cargos en un proceso penal? ¿Se considera una confesión del delito? 

    Es un mecanismo sencillo para resolver la situación jurídica pero que implica el reconocimiento de un delito. A diferencia de un criterio de oportunidad, donde la persona no acepta las acusaciones en su contra sino que busca una alternativa más sencilla para enfrentar el proceso. 

    El proceso penal es único y tiene sus pasos, pero hay medidas alternas si se cumplen algunas condiciones para el acusado. En el caso de la aceptación de cargos, el beneficio es la disminución de la pena. 

    12. ¿Cómo afecta a los demás procesados y al proceso que una persona acepte los cargos en su contra? ¿Puede este hecho ser utilizado como prueba de la comisión de un delito?

    Puede ser un indicio, el principio de la prueba. Es decir, la sospecha que obliga al ente acusador a buscar otros medios que puedan ser prueba. No puede ser un medio de prueba como tal. Si lo que se quisiera es incluirlo como medio de prueba la entidad investigadora puede invitar a una persona a brindar testimonio como testigo. 

    Por sí misma la aceptación de cargos no es una prueba vinculante sino que debe tener acompañarse de pruebas adicionales. 

    13. ¿Qué es la presunción de inocencia en un proceso penal?

    Es la idea de que hasta que exista una sentencia que lo declare culpable y esa sentencia esté firme, hasta entonces se puede considerar que una persona es un delincuente, un lavador, un conspirador, etc. 

    Jueces, fiscales y policías son los primeros llamados a respetar la presunción de inocencia de un acusado. Tienen la obligación de ser objetivos porque están involucrados en el proceso que se sigue para alcanzar una sentencia. 

    Juicio a Zamora, días 4 y 5: Las dudas alrededor de la principal prueba del Ministerio Público

    14. ¿Qué es el derecho de defensa en un proceso penal? ¿Qué implica?

    El derecho de defensa implica para el acusado que tenga la posibilidad de escoger un abogado de su confianza (tanto en lo personal como en sus capacidades profesionales) para que asuma su defensa. El problema es que si los abogados son atacados o criminalizados al ejercer su defensa se violenta ese derecho. 

    El constante cambio de abogados deja a una persona en condición de inestabilidad e impide una defensa adecuada y provoca que durante las audiencias los argumentos no tengan la calidad que el caso merece. 

    15. ¿Puede invalidar un proceso penal el hecho de que el sindicado no haya contado con una defensa de su confianza?

    En definitiva. Incluso puede ser motivo para que en la fase de apelaciones o amparos se tome la decisión de repetir todo el proceso.

    16. ¿Cuál es el rol de los querellantes adhesivos en un caso penal? 

    El querellante es un auxiliar del trabajo que realiza el MP, no puede suplir las funciones del ente investigador. En un proceso penal el monopolio o la facultad de investigación es del MP, la función del querellante solamente es ayudar. Puede ser querellante de un proceso cualquier persona víctima o agraviada de un proceso o delito. Por ejemplo, una mujer víctima de un delito sexual puede ser querellante en el proceso.  

    Un agraviado, por ejemplo, es una persona que es hermana o hija de otra persona que resultó muerta por un asesinato. La víctima directa no puede ejercer su derecho pero lo ejerce quien resulte agraviado por el delito. 

    Ahora bien, las personas jurídicas (asociaciones o instituciones) pueden ser querellantes de un proceso porque la ley establece que las personas jurídicas sin importar su naturaleza pueden ser querellantes cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios abusando de su cargo.

  • Ella es Samari Gómez, la exfiscal enjuiciada junto a José Rubén Zamora

    Ella es Samari Gómez, la exfiscal enjuiciada junto a José Rubén Zamora

    La abogada Samari Carolina Gómez Díaz tenía 12 años de trabajar en el Ministerio Público cuando fue capturada dentro de su misma oficina, en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci). Investigaba su primer caso de corrupción de alto nivel cuando uno de los implicados la denunció. Ahora enfrenta juicio por supuesta revelación de información confidencial. Esta es su historia. 

    Oriunda de San Juan Obispo, un pequeño pueblo de Antigua Guatemala, Samari Gómez, de 36 años, es madre de dos niñas y es abogada con una maestría en Derecho Constitucional. Cuando tenía 24 años empezó a trabajar en la sede municipal del Ministerio Público (MP).

    Al poco tiempo avanzó en su carrera en la institución y en 2013 fue designada como auxiliar en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, ubicada en la ciudad de Guatemala, a donde viajaba de madrugada todos los días; luego, un caso la llevó a la Feci. La noticia la entusiasmó y poco sabía que cambiaría su vida.

    Juicio a Zamora: ¿Qué pasa con los abogados del periodista y por qué se queda sin defensa?

    En 2016, Gómez recibió una denuncia por supuesto lavado de dinero en el Banco de los Trabajadores, la sexta institución bancaria más grande del país. Era el primer caso de corrupción de alto nivel que iba a investigar. Sus entonces jefes le notificaron que por ser un expediente complejo trabajaría junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y que sería trasladada a la Feci, dirigida por Juan Francisco Sandoval.

    Para Gómez fue un ascenso importante. Siete años después pasó de pelear por sus casos en los Tribunales, a llevar casi un año encarcelada y a ser trasladada a los juzgados con esposas y escoltada por agentes del Sistema Penitenciario.

    Samari Gómez es acompañada por personal del sistema penitenciario al salir de Torre de Tribunales, terminada la audiencia del 18 de mayo

    Desde el 2 de mayo enfrenta juicio junto a José Rubén Zamora, fundador y presidente de elPeriódico; Gómez es acusada de supuesta revelación de información confidencial a su exjefe Sandoval, cuando él ya estaba fuera del país.

    Gómez insiste en su inocencia. Durante el juicio, que ya se encuentra en fase de final, la abogada ha sido una de las más claras para exponer sus peticiones e interrogar a los testigos y peritos del MP, y ha señalado a la fiscalía de no tener pruebas de que ella filtró información de sus casos.

    Caso Zamora: ¿Quiénes son los protagonistas de este proceso?

    A diferencia del caso de Zamora, contra Gómez no hay grabaciones hechas por García Navarijo donde se le mencione directamente para involucrarla. Tampoco hay una fecha o momento exacto que revele cuándo y qué información habría revelado. Sin embargo, su vinculación al juicio le permitió a la Fundación contra el Terrorismo incorporarse al caso. El artículo 116 del Código Procesal Penal establece que cualquier persona se puede querellar en casos de delitos cometidos por funcionarios públicos. Sin Gómez en este proceso, la FCT no podría haberse sentado en el juicio contra Zamora.

    Temor en la Feci

    El jueves 11 de mayo, día 5 del juicio contra Zamora y Gómez, la abogada accedió a dar una entrevista a Plaza Pública. Ese día, mientras la audiencia iniciaba contó que en 2016, cuando fue traslada a la Feci, se sentía emocionada ya que eran tiempos en los que muchos abogados e investigadores aspiraban a estar en esa unidad que un año antes, 2015, reveló la existencia de La Línea, el caso de una red de defraudación aduanera que mandó a la cárcel al exbinomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

    «Con la investigación de los casos, de alguna manera creí que estaba contribuyendo con este país para disminuir un poco el auge de la criminalidad y la corrupción», dijo Gómez. «Consideré que el trabajo de la Feci era muy importante y de personas muy valientes que estuvieron al frente de investigaciones en contra de estructuras criminales muy fuertes y poderosas».

    Samari Carolina Gómez platica con José Rubén Zamora frente a Torre de Tribunales, antes de ser llevada de regreso a la cárcel, el 18 de mayo

    Cuando llegó a la Feci estaba integrada por alrededor de 90 personas, entre fiscales, auxiliares, analistas,  policías investigadores y administrativos que estaban detrás de las pesquisas en los casos más grandes de corrupción. Gómez comenzó a indagar en la denuncia contra el Banco de los Trabajadores, un expediente tan complejo y extenso que se convirtió en cinco investigaciones distintas.

    El ritmo de trabajo de la Feci, que junto a la Cicig llegó a revelar más de 120 casos de corrupción, cambió totalmente en julio de 2021, cuando la fiscal general Consuelo Porras despidió a Juan Francisco Sandoval,  quien esa misma noche huyó del país por temor a represalias.

    Juicio a Zamora, día 1: claves en la acusación y aviso contra más periodistas

    Con la salida de la Cicig, ocurrida en agosto de 2019, Sandoval era el último bastión que sostenía el futuro de los casos y del equipo que los investigó. Tras su destitución, Porras nombró a Rafael Curruchiche como el nuevo fiscal y el MP volteó su maquinaria contra los auxiliares y fiscales de la Feci; muchos de ellos salieron  al exilio, otros fueron capturados en cuestión de meses.

    Dentro de la Feci había temor de quién podría ser la siguiente persona en ser detenida. Allí estaba Gómez.

    «Fue algo que vivimos en conjunto. Se dijeron muchas cosas, como que iban a desarticular la fiscalía, que los casos iban a ser reasignados, que íbamos a ser trasladados. Fue duro, una cuestión de incertidumbre sobre las investigaciones y a nivel personal», relató.

    El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad – FECI – Rafael Curruchiche, participa a la primera audiencia del juicio sentado al fondo del aula, el 02 de mayo

    La alarma se incrementó cuando los casos más importantes de la Feci fueron trasladados a otras agencias y cuando quienes los investigaron salían del país. Por un momento, Gómez se sintió a salvo porque pensó que su investigación no era de las «emblemáticas».

    «Pensé que eso me iba a mantener lejos de cualquier situación como esta», dijo. Sin embargo, no sabía quién iba a ser el siguiente, así que habló con su familia para explicarles que la Feci se encontraba en un momento complicado. La abogada explica que su madre y padre carecían de recursos económicos para alcanzar un grado académico universitario, por lo que les explicó a detalle lo que tenían qué hacer si ella llegaba a ser detenida.

    Así fue como Consuelo Porras y Rafael Curruchiche desbarataron la antigua Feci

    «Les dije que lo que les pedía era que que tuvieran la confianza de que si una situación como esta (una captura) sucedía que supieran que definitivamente yo nunca me presté a una cuestión de corrupción», relató Gómez con la voz entrecortada y los ojos a punto de humedecerse en lágrimas. Después de respirar, con calma agregó que también les explicó que si llegaban a allanar su residencia tenían que tener una actitud de colaboración.
    Les dijo: «No se vayan a poner a pelear. Es normal, es un procedimiento normal, ellos (los fiscales) tienen toda la facultad de ingresar y de revisar, entonces por favor, yo les pido que ustedes colaboren, porque no quiero que también los van a vincular en algo más».

    Entre lágrimas Gómez dice que a pesar de todo agradece que fue capturada en su oficina en horario de trabajo, así libró a sus padres e hijas de verla en esa situación.

    Samari Gómez es llevada a Torre de Tribunales la noche de su captura, el 29 de julio 2022

    El allanamiento fue en la agencia fiscal donde ella laboraba, dentro de la misma Feci. Ese mismo día, el MP también allanó las oficinas de elPeriódico y la residencia del periodista José Ruben Zamora.

    La diligencia en el escritorio de Gómez empezó a las 3:30 de la tarde y terminó a alrededor de las 10:30 de la noche, hora en la que le informaron que había una orden de captura en su contra.

    «Fue duro porque en el allanamiento habíamos cuatro compañeros auxiliares fiscales y un oficial. Una compañera que tenía un caso muy importante se puso muy mal en ese momento, decía “vienen por mí, vienen por mí” y lloraba. Yo le dije “no, cálmate, hay que ver de qué se trata”. Luego tuve que decirle “es a mí a la que vienen a traer”. Ella dijo que “no, no puede ser, qué va a pasar con tus niños”», relató la abogada.

    «No me dejaron despegar»

    En los cinco años que Gómez trabajó en la Feci tuvo que hacer sacrificios familiares, como irse de madrugada para atender allanamientos y regresar hasta tarde en la noche. Cuando fue capturada, el golpe más fuerte lo recibió su familia, cuenta. Su hija pequeña tenía 3 años y era muy apegada a ella; verla junto a su otra hija pasar por todos los protocolos de revisión de las cárceles fue lo más duro, relató.

    «Me enteré que mi otra hija, que es un poquito más grande, por su cuenta empezó a buscar en Internet cuestiones del caso y sufrió mucho porque obviamente encontró cosas de apoyo, pero también encontró cosas muy negativas», relata.

    «Les dije que lo que les pedía era que que tuvieran la confianza de que si una situación como esta (una captura) sucedía que supieran que definitivamente yo nunca me presté a una cuestión de corrupción»

    Además del golpe contra su familia, Gómez se enfrenta a un caso que podría condenarla a pasar uno a tres años en la cárcel y que podría afectar su futuro como abogada.

    «No me dejaron despegar. Yo tenía 12 años de estar trabajando en el MP y siempre defendí el desempeño fiscal porque confiaba en que la institución estaba haciendo un buen trabajo», señaló.
    Gómez también señala a la fiscal que la acusa en el juicio, Cinthia Monterroso, de tener conflicto de interés en este caso, ya que en un momento en la Feci, ella fue su jefa inmediata.

    «Me parece completamente ilógico y contradictorio que la persona que está el día de hoy sosteniendo una acusación en contra mía en determinado momento fue mi jefa y tuvo conocimiento de los procesos que estábamos llevando en esa agencia», dijo. «Sostengo que hay un claro conflicto de intereses dentro de esta investigación porque debió haber sido designada a otra persona», añadió.

    Rafael Curruchiche: «Mi objetivo es regresar la Feci a la legalidad»

    La fiscal Monterroso no concede entrevistas a la prensa, por lo que no se pudo conocer su postura al respecto.

    «Para mí ha sido ha sido difícil también darme cuenta que las mismas personas que formaron parte del equipo de trabajo pueden ahora estar cuestionando ese trabajo e incluso señalando cuestiones que en teoría no se hicieron bien, pero que aparte lo analizan de una manera muy superficial», concluyó.

  • Juicio a Zamora, días 7, 8 y 9: Terminan de exponer los testigos mientras el periodista conoce a su abogado

    Juicio a Zamora, días 7, 8 y 9: Terminan de exponer los testigos mientras el periodista conoce a su abogado

    Luego de dos semanas de debate, testigos y peritos, la mayoría del Ministerio Público, terminaron de declarar. Uno de los principales fue Ronald García Navarijo, quien denunció al periodista José Rubén Zamora Marroquín y dijo que «su percepción era que podría ser afectado o no» con salir en elPeriódico si no bancarizaba fondos para financiar el medio.

    El 5 de febrero de 2007 elPeriódico publicó un reportaje titulado «Irregularidades en el Banco de los Trabajadores», una investigación que salpicó a los entonces directivos de esa entidad bancaria, quienes para «aclarar la situación», buscaron una reunión con José Ruben Zamora, el fundador y presidente del medio.

    Dieciséis años después, los detalles de ese encuentro se discutieron en el juicio que se sigue contra Zamora acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Ronald García Navarijo, uno de los tres banqueros que estuvo en la reunión, declaró bajo juramento que a partir de ese día el banco se vio «obligado» a pagar pauta de publicidad anual para no aparecer en las notas del diario y que desde allí habría iniciado un chantaje.

    José Rubén Zamora sale de Torre de Tribunales, documentos a la mano, al finalizar la audiencia del 18 de mayo

    Sin embargo, el testigo no aclaró por qué esperó más de una década para denunciarlo, ni por qué si estaba siendo chantajeado buscó a Zamora para pedirle apoyo para contactarse con los investigadores de su caso y convertirse en colaborador eficaz.

    Entre los últimos testigos que se presentaron al juicio también estaba Heidi Maricruz Muñoz Samayoa, la fiscal y exjefa de Samari Gómez, exauxiliar fiscal juzgada por supuesta revelación de información confidencial. También un hombre que aseguró que fue víctima de un tumor cerebral por aparecer en elPeladero, la sección de chismes de elPeriódico; también lo hicieron peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

    «¿Quién es usted?»

    Los últimos días del juicio contra Zamora han sido intensos.

    El periodista se quedó sin sus dos abogados de confianza, uno renunció por el estrés que le causaba el debate y la otra fue despedida tras constantes tensiones con el Tribunal.

    Después, el periodista pidió que le nombraran una defensora pública que ya conocía su caso, la Fundación contra el Terrorismo denunció esa petición y a la abogada asignada, lo que provocó que esta ni siquiera se presentara a la sala de audiencias y que en su lugar, el Instituto de la Defensa Pública Penal enviara a otra persona.

    Juicio a Zamora, día 1: claves en la acusación y aviso contra más periodistas

    Esto sucedió el jueves 18 de mayo. Zamora acaba de llegar a la sala de audiencias cuando un hombre de estatura baja, lentes, bigote gris y un bolso de cuero se sentó a la par de él. Era un completo desconocido. El hombre se presentó como su nuevo abogado, nombrado por el IDPP. El momento tomó por sorpresa al periodista porque dos días antes, el IDPP había designado a Fidencia Orozco como su defensora pública, luego de que Zamora prescindiera de los servicios de la abogada Patricia Guillermo de Chea.

    Orozco ya conocía el expediente, pues lo acompañó en una audiencia; además, y a partir de su nombramiento había tenido comunicación con la familia del empresario y recibió documentos clave para tomar el juicio. Sin embargo, la Fundación contra el Terrorismo denunció la designación de Orozco por supuesto tráfico de influencias al pedir Zamora que ella lo defendiera.

    El periodista trató de explicarle al Tribunal que no comprendía dónde estaba Orozco y quién era su nuevo abogado, pero la respuesta de la jueza Oly González fue que no podía hacer nada.

    Antes del comienzo de la audiencia del 22 de mayo, frente a la sala del Tribunal Octavo Penal, el imputado José Rubén Zamora entre su nuevo abogado defensor, Joel Iván Reyes, y el querellante, Ricardo Méndez Ruíz

    Así, Zamora se sentó junto a un desconocido hasta ese momento. En su primer intercambio de palabras, el periodista le pidió que solicitara los cinco días hábiles que por derecho tenía para estudiar el expediente antes de tomar su defensa. El abogado se negó y dijo que había sido asignado para tomar el caso de inmediato.

    Su nombre es Joél Iván Reyes Guzmán, quien se postuló para ser magistrado de la Corte de Apelaciones. En el curriculum que presentó para aspirar al cargo dijo que brindaba servicios profesionales en el IDPP como coordinador de derechos humanos.

    Durante el juicio, la primera prueba que tuvo a la vista fue la fotocopia del reportaje que elPeriódico publicó en 2007. Reyes rechazó ser entrevistado para esta nota, por lo que se desconoce cuál es su trayectoria profesional en casos penales y cuál será su estrategia de defensa.

    Zamora y Navarijo, cara a cara

    García Navarijo es el denunciante y testigo clave del juicio contra el periodista y fundador de elPeriódico. Contador público y auditor, trabajó en el Banco de los Trabajadores durante 25 años, donde llegó a ser parte de la junta directiva; este fue su primer y último trabajo.

    En este caso, García Navarijo es testigo y en otro está por enfrentar juicio por una acusación de lavar dinero en el mismo banco, cargos por los que permaneció prófugo durante más de un año y, al ser capturado, se recluyó en un hospital para evitar la cárcel. La jueza Yassmin Barrios es la presidenta del tribunal que conocerá este juicio.

    Juicio Zamora, día 2: Así se financió elPeriódico y cómo una fuente traicionó al periodista

    Zamora dijo que llegó a convertirse en su amigo y en una de sus principales fuentes de información. Ahora, el exbanquero es cliente de Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo, quien lo representa en el juicio.

    En julio de 2022, el denunciante se coordinó con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) para montar un operativo; uno de los testigos, Martín Lorenzo Godoy, relató que fue el agente policial asignado esa misma mañana para ir a la oficina del exbanquero a hacer la vigilancia y documentación del encuentro con los trabajadores del medio que llevaban el dinero y los documentos.

    Contador público y auditor, Ronald García Navarijo trabajó en el Banco de los Trabajadores durante 25 años, donde llegó a ser parte de la junta directiva

    En el juicio el MP presentó una conversación grabada por García Navarijo donde dijo a Zamora que le bancarizaría 300,000 quetzales —unos 38,400 dólares— y que enviara el efectivo y una factura a su oficina; en el lugar uno de los allegados de García Navarijo, Luis Humberto Chinchilla Estrada, testificó ante el Tribunal que se inventó un nombre para recibir el dinero y entregar un cheque mientras todo era grabado. Al día siguiente, Zamora fue capturado.

    En el día 7 del juicio, García Navarijo testificó frente al Tribunal Octavo a petición del Ministerio Público. Su declaración llegó cuando Zamora se encontraba en lo más débil de todo el debate; cambió de abogados casi una decena de veces y el más reciente de sus defensores fue nombrado una noche antes por el Estado. Esto le permitió a la fiscal Cinthia Monterroso interrogar al testigo largo y tendido, sin que nadie de la defensa objetara sus preguntas.

    Juicio a Zamora, día 3: la explicación de los Q300,000 del supuesto chantaje y el lavado de dinero

    En dos horas de interrogatorio, García Navarijo respondió que el supuesto chantaje denunciado era «su percepción de que podría ser afectado» si no llegaba a un acuerdo para pautar; reconoció además que buscó a Zamora para que le ayudara a llegar a un acuerdo con la fiscalía.

    Las contradicciones del testigo

    En 2007, después de su primera reunión con el presidente de elPeriódico, García Navarijo dijo que el banco llegó a la decisión de pagar pautas anuales y comprar periódicos impresos para sus inversionistas, y que para eso presupuestaban hasta 800,000 quetzales anuales —unos 102,500 dólares—. García Navarijo dijo que percibió que fue un chantaje para que dejaran de publicar notas sobre el banco. Más adelante dijo que cada año se reunía con «todos los medios de comunicación» para presupuestar publicidad.

    A partir de allí aseguró que ni él ni el banco volvieron aparecer en las páginas de investigación del diario. Los pagos en publicidad se hacían en cheque y todo se complicó hasta que la antigua Feci pidió la captura de García Navarijo. Según su relato, al ser detenido sufrió de hipertensión y fue internado en un hospital privado, donde lo visitaron dos funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) para discutir si podía convertirse en un colaborador eficaz del caso.

    José Rubén Zamora junto con su nuevo abogado defensor, Joel Iván Reyes, escucha el testimonio de Ronald García Navarijo durante la audiencia del 18 de mayo

    Acá inician los señalamientos cruzados entre el acusado y el testigo. Según el exbanquero, ambos funcionarios llegaron por su cuenta al hospital, mientras que Zamora insiste en que García Navarijo le pidió apoyo para hablar con los investigadores y llegar a un acuerdo.

    Mientras eso ocurría, García Navarijo también estaba haciendo las gestiones para que la Feci desistiera de extinguirle una cifra millonaria, que originalmente se dijo que fueron 33 millones de quetzales —unos 4.2 millones de dólares—. El exbanquero insiste en que el dinero era producto de sus sueldos en el banco y que todavía está en trámites legales para recuperarlos.

    Para esto, el denunciante dijo bajo juramento que habló con Zamora para pedir su apoyo para que le liberaran los fondos. También señaló directamente a la exauxiliar fiscal Gómez de haberle dicho que el acuerdo de colaboración y la entrega del dinero sería rápida si cedía sus acciones del banco; sin embargo, dicha conversación no la grabó como lo hizo con el resto de reuniones con Zamora, y su único testigo, uno de sus abogados, no fue propuesto para declarar en el juicio, por lo que ese extremo no se pudo comprobar.

    Juicio a Zamora, días 4 y 5: Las dudas alrededor de la principal prueba del Ministerio Público
     
    García Navarijo aseguró que entregar esas acciones le permitiría a quien las adquiriera tener el control político del banco. Sin embargo, minutos más tarde se contradijo.

    Cuando la defensa de Gómez le cuestionó sobre el tema, el testigo dijo que el Banco de los Trabajadores tiene 200 millones de capital autorizado —25.6 millones de dólares— y que sus acciones suman 20,000 —unos 2,500 dólares—, una suma que equivale a menos del 0.1%.

    «No tiene un peso significativo dentro del banco como tal, sí tengo 2,000  acciones pero en función a la materialidad del capital del banco, es totalmente inmaterial».

    La otra acusada del juicio, Samari Carolina Gómez, ex auxiliar fiscal del Ministerio Público, escucha a su abogado defensor, Guillermo Sian Cano, mientras interroga al testigo Ronald García Navarijo

    García Navarijo declaró en el juicio que por recomendación de su abogado solicitaba reuniones en una oficina anexa de la Feci para hablar de su posible colaboración eficaz. También dijo que se reunía en la casa de Zamora junto a Juan Francisco Sandoval. Entre sus objetivos principales estaban recuperar el dinero congelado, algo que todavía está tratando de lograr.

    El caso contra Zamora nace de una denuncia que García Navarijo presentó porque supuestamente le solicitó «bancarizar 1 millón de quetzales en varias etapas, la primera por 300,000».

    La principal prueba de esa aseveración es la captura de pantalla en la que intercambian tres mensajes en los que lee que Zamora le dice al exbanquero: «Necesitamos un millón para hoy y solo he conseguido 150,000 quetzales, el martes de la semana entrante me dijeron que tienen 250,000, el miércoles 200 y el viernes 300,000, pero la gente está muy ofuscada, necesitan ya su Bono 14».

    Juicio a Zamora, día 6: La caída de la séptima abogada defensora y la soledad del periodista

    Dentro de las pruebas no se incluye el contexto de la conversación, tampoco los mensajes intercambiados antes o después. En el juicio, García Navarijo dijo que era la primera vez que Zamora le hablaba del tema y del monto. Mientras que el periodista asegura que nunca le mencionó la frase «lavar dinero».

    El testigo dijo en el juicio que sabía que los 300,000 en efectivo estaban relacionados a una venta de publicidad, y que su apreciación fue que si era dinero de orígen lícito, «otra persona solo lo hubiera depositado en el banco».

    A la pregunta de si Zamora lo chantajeó para bancarizar ese dinero, García Navarijo dijo que el periodista «es una persona que es amigo o enemigo, y yo estaba claro que si no accedía a eso iba a salir en los medios de comunicación y así fue, nuevamente empecé mencionado en elPeriódico».

    José Rubén Zamora es revisado nuevamente al salir de Torre de Tribunales, terminada la audiencia del 18 de mayo

    Esas menciones, dijo el testigo, ocurrieron después de que Zamora fue capturado, es decir, cuando ya se sabía que la denuncia la presentó él. El exbanquero también dijo que consideraba que los acercamientos que el periodista hizo con el exfiscal Juan Francisco Sandoval, eran con el objetivo de quedarle debiendo un favor.

    «No sé si es chantaje, si es chantaje emocional o presión psicológica o si es alguna otra palabra que pueda configurarse en esta relación; sin embargo, yo estaba claro que en la medida que yo me negara podría estar en riesgo de ser atacado, o podría ser que no, pero mi percepción era esa”.

    En conclusión, el principal testigo del MP no aportó detalles que evidenciaran que el dinero que recibió de Zamora fuera ilícito, reconoció que buscó al periodista y que se reunió con él para pedirle apoyo para resolver su situación jurídica, negó haber buscado acercamientos con la Cicig para recuperar el dinero congelado y acusó a Gómez de pedirle sus acciones del banco pero no presentó ni una denuncia formal, ni una grabación, ni al abogado que supuestamente atestiguó el chantaje.

    Lo que viene

    Mientras que la Fiscalía presentó casi a una treintena de peritos y testigos, a Zamora un juzgado le autorizó solo ocho pruebas de descargo para presentar en el juicio, entre ellas está su documento de identificación, su certificado de nacimiento y sus antecedentes penales. Ningún testigo declaró a su favor, ya que a quien propusieron, Juan Carlos Marroquín Godoy, fue capturado días antes de que iniciara el debate.

    La única testigo propuesta por Samari Gómez fue Heidi Maricruz Muñoz Samayoa, su exjefa en la Feci, quien al ser interrogada declaró que Gómez trabajaba bajo autorización de Juan Francisco Sandoval, extitular de esa fiscalía, y que cuando este fue destituido, la dinámica de trabajo cambió. Ahora los auxiliares fiscales como Gómez se comunican solo con su jefe inmediato, y son ellos quienes coordinan con el jefe de la unidad. Rafael Curruchiche,estaba en la sala de audiencias tomando notas mientras Muñoz, quien todavía trabaja para el MP, declaraba.

    Heidi Maricruz Muñoz Samayoa, exjefa en la Feci de la imputada Samari Carolina Gómez, se prepara antes de dar su testimonio, en la audiencia del 22 de mayo

    El fiscal Curruchiche dijo a Plaza Pública que la declaración de Muñoz probaría que él no trata directamente con auxiliares fiscales.

    «Yo me entiendo directamente con los agentes fiscales, yo no trato con los auxiliares fiscales respetando ese nivel de jerarquía que hay», señaló. Para la actual Feci, Gómez se habría sobrepasado a su autoridad, su jefa directa, la agente fiscal, al consultar sus casos cuando Juan Francisco Sandoval dirigía la fiscalía.

    Gómez respondió a Plaza Pública que la jefatura de Sandoval era una «política de puertas abiertas para fiscales, auxiliares y usuarios. Cualquiera podía llegar a la oficina y hablar con él».

    El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad – FECI – Rafael Curruchiche durante una rueda de prensa improvisada frente a la entrada de la sala del Tribunal Octavo Penal, el 11 de mayo

    «Si algún agente fiscal no estaba y necesitábamos algo urgente, íbamos con él y se le explicaba qué estaba sucediendo y él nos decía haga eso, diga esto, vaya…Cuando llegó el fiscal Curruchiche a nosotros se nos instruyó que teníamos que ir primero con el agente fiscal y él directamente hablaría con el fiscal de sección porque él quería que se respetaran las jerarquías», dijo Gómez.

    La exauxiliar fiscal es acusada de supuestamente filtrar información de sus casos a Sandoval cuando él ya no trabajaba en la Feci, sin embargo, en el juicio el MP no aclaró qué, cómo y cuándo lo habría hecho.

    Se espera que esta semana, las partes inicien con la presentación de sus conclusiones, es decir, lo que interpretan que revelan las pruebas expuestas, el paso previo a que se emita una sentencia.

     

  • elPeriódico: un manifiesto contra el silencio

    elPeriódico: un manifiesto contra el silencio

    «La libertad no es un concepto o una creencia. La libertad no se define, se ejerce… hay libertad cada vez que un hombre libre, en contra de la corriente, se atreve a decir no al poder».  José Rubén Zamora

    El diario elPeriódico publicó su primer ejemplar en 1996 y el último el 15 de mayo recién pasado, como si su existencia pudiera encerrar simbólicamente, el principio y el final de una época de vital importancia para Guatemala: el intento democrático después de la firma de los Acuerdos de Paz y la destrucción de este intento que se consuma ante nuestros ojos.

    Guatemala es un país que ha vivido la mayor parte de su vida independiente bajo un régimen de silencio y censura.  La sucesión de «señores Presidentes» que nos han gobernado bajo una máscara democrática jamás permitió el debate de las ideas, la investigación de sus acciones, o la protesta. Fue particularmente significativo que, durante los 36 años de dictaduras militares, que gobernaron durante la guerra y aún durante los siguientes años antes de la firma de los Acuerdos de Paz, los menos informados de lo que acontecía en Guatemala fuéramos los propios guatemaltecos. Dentro de esta esfera impermeable, lograron afincar narrativas alejadas de la verdad y de la ética en el imaginario colectivo, sin que estas ideas o afirmaciones pudieran ser discutidas, deconstruidas, rechazadas. La diversidad del pensamiento, la disidencia, era un crimen que se castigaba con la desaparición o la muerte.

    Pero no solamente cerraron toda opción de diálogo colectivo, o la oportunidad de una construcción de la realidad a partir de voces diversas. También eliminaron, por vía del asesinato, opciones políticas que hubieran sido trascendentes para dirimir las diferencias y evolucionar hacia una democracia.  Una de las causas del Conflicto Armado Interno se halla justamente allí: en la represión de la expresión de las ideas y la imposibilidad de la representación política.

    Debajo de estos derechos sustanciales, subyace un derecho anterior: el derecho a saber.  Mantener a la gente ignorante y las cosas públicas ocultas, es la situación ideal para un gobierno alejado de los intereses colectivos y que utiliza el poder público para satisfacer ambiciones privadas. Nuestro derecho a saber ha sido conculcado históricamente y se nos ha impuesto no solamente el silencio, sino también la mentira de las «verdades oficiales», así como la mentira de la «historia oficial» que pretende, ni más ni menos, borrar la memoria.

    A partir de la firma de los Acuerdos de Paz, la libertad de expresión del pensamiento contenido en el artículo 35 de la Constitución Política de la República, empezó a desarrollarse.  Los medios de comunicación independientes iniciaron una labor importantísima para ayudarnos, no solamente a comprender nuestro país, a partir de los datos, del análisis de las instituciones, de la investigación de la manera en que se utiliza el poder y los recursos públicos, sino también al debate de las ideas al cual estábamos tan desacostumbrados.  Las columnas de opinión y los editoriales constituyeron la piedra angular de la formación de la opinión pública nacional durante las últimas décadas. 

    Por toda esta titánica labor, que solamente podemos apreciar en su total dimensión en el trágico momento de su cierre, elPeriódico nunca fue solamente un medio.

    El diario elPeriódico tuvo un papel central en el crecimiento de este periodismo combativo, urgente y necesario, que alimentó a una sociedad tan largamente silenciada y con tanta necesidad de saber.  Nunca tuvo temor de manifestar una clara y valiente línea editorial. Fue escuela para una multitud de periodistas que hallaron el camino para la investigación que comprobó ser una de las más eficaces herramientas para exigir la rendición de cuentas… y para incomodar a los poderosos.  Se convirtió también en un espacio abierto para el debate al acoger diversas ideologías. Fue un referente del periodismo cultural precisamente porque nos hizo ver que la cultura no está afincada solamente en los círculos artísticos o literarios sino en ese espejo de la manera en que vivimos, que fueron sus crónicas.

    Por toda esta titánica labor, que solamente podemos apreciar en su total dimensión en el trágico momento de su cierre, elPeriódico nunca fue solamente un medio.  Se convirtió en una comunidad unida por valores, visión del mundo, anhelo de construcción de un país abierto, con menos injusticias y desigualdad. A esa comunidad, elPeriódico le brindó un modelo a imitar: era posible atreverse, no tener miedo. Y nos enseñó que podíamos crear una Guatemala muy distinta a la que nos había tocado vivir. Creímos en esa libertad y también que había llegado para quedarse. Hoy sentimos que era un espejismo, un sueño.  El miedo ha vuelto, un miedo que conocemos bien.

    Los 27 años después de la firma de los promisorios Acuerdos de Paz no fueron fáciles.  Lejos de ser la salida de un oscuro túnel para hallar la luz y la elusiva felicidad colectiva, han sido años de lucha. No podía ser de otra manera: la devastación de la guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, heridas todavía abiertas, emergieron en medio de la apertura democrática. También emergió la dura comprensión de la pervivencia de grupos delincuenciales incrustados en el Estado, o fuera de él, pero detentadores de un poder muy real, siempre obstaculizando a la emergente institucionalidad. Las piezas oscuras del pasado todavía estaban allí.

    Los casos de justicia transicional provocaron enormes sismos en los poderes tradicionales del país. La sorpresiva acción de la Cicig, acompañada de un Ministerio Público con voluntad política, fue el detonante de una acción retaliatoria, de restablecimiento del orden oscuro. Ambos fenómenos han sido el verdadero y más profundo debate acerca del futuro de Guatemala, o de la imposibilidad de que Guatemala tenga un futuro.  Ambos fenómenos atacaron de forma directa la estructura del poder real del país y de su éxito dependía, en gran medida, la posibilidad o imposibilidad de convertir a Guatemala en un país viable, en un Estado de derecho.

    Se intenta preservar un orden que no puede convivir ni con la libertad, ni con la democracia. Un orden de silencio, de sumisión y obediencia, de irracionalidad.

    Por eso, al centro del cierre de elPeriódico, no podemos dejar de vislumbrar esa lucha intestina. Se han presentado excusas, pero debajo de ellas hay una restauración de la represión y del miedo. Se intenta preservar un orden que no puede convivir ni con la libertad, ni con la democracia. Un orden de silencio, de sumisión y obediencia, de irracionalidad. En este esquema no cabe el periodismo independiente. De hecho, realizar la labor periodística se quiere convertir en un crimen.

    ElPeriódico vislumbró con claridad cuál era su papel en esa lucha que, antes y ahora, resulta sustancial para Guatemala porque dirime su destino. Al hacerlo, nos puso enfrente un modelo de ética y verdad.  Ética porque como medio le apostó a ideales claros: la lucha contra el abuso del poder y la corrupción. Verdad porque su afán fue siempre desvelar los intersticios de los malos manejos, mostrarnos la realidad.  Sin ética y sin verdad solamente nos queda que nos gobiernen los peores, de la peor manera y con las peores intenciones. Y encima, deberemos callar. Si lo permitimos, Guatemala nunca nos pertenecerá.

  • Juicio a Zamora: ¿Qué pasa con los abogados del periodista y por qué se queda sin defensa?

    Juicio a Zamora: ¿Qué pasa con los abogados del periodista y por qué se queda sin defensa?

    El debate por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias contra José Rubén Zamora, quien fundó el diario elPeriódico de Guatemala, ocurre en circunstancias poco comunes: el Ministerio Público presenta pruebas y peritos en su contra, pero a favor de él no hablará ningún testigo porque no fueron admitidos. Ha cambiado de abogados en varias ocasiones, dos de ellas porque los defensores fueron acusados por la Feci, y cada cambio representa volver a empezar y planificar una nueva estrategia de alegato. Este 18 de mayo el Instituto de la Defensa Pública asignó un nuevo abogado que desconoce el caso.

    El periodista José Rubén Zamora lleva casi 10 meses detenido y ese mismo tiempo de no tener certeza sobre su propia defensa.

    Enfrenta dos procesos penales, uno de ellos en etapa de juicio por los supuestos de lavado de dinero de 300,000 quetzales —unos 38,400 dólares—, chantaje y tráfico de influencias, pero ha tenido dificultades para encontrar abogados y hacer que lo acompañen durante todo el proceso. Hasta ahora ha tenido nueve defensores y cada uno con una estrategia distinta.

    Juicio a Zamora, día 1: claves en la acusación y aviso contra más periodistas

    Zamora vaticina que le darán una condena severa, no solo porque se asume como preso político, sino porque enfrenta un juicio en condiciones de desventaja. El juez Fredy Orellana, quien tuvo a cargo la carpeta de investigación en la etapa inicial, rechazó incorporar las pruebas que la defensa presentó, por lo que en el juicio Zamora ha tenido que escuchar a peritos y testigos que hablan en su contra, sin opción a presentar alguno que pueda hablar a su favor. Las pruebas documentales que le permitieron incorporar se cuentan con los dedos de las manos.

    La pérdida de abogados incrementa la incertidumbre de su situación.

    Los dos primeros juristas que Zamora propuso para que lo representaran fueron Romeo Montoya y Mario Castañeda. Este último un exfiscal de Crimen Organizado y ex viceministro de Gobernación, quien llevaba varios años acompañando sus casos.

    José Rubén Zamora sale de Torre de Tribunales, documentos a la mano, al finalizar la audiencia del 18 de mayo

    Zamora es un coleccionista de demandas y denuncias. Desde el 2000 hasta el 29 de julio de 2022, lo demandaron y acusaron 287 veces por delitos tan variados como corrupción, lavado de dinero, chantaje, femicidio —por publicaciones que hizo elPeriódico sobre funcionarias—, lavado de dinero, evasión de impuestos entre otros.

    Todas las denuncias, asegura, eran una reacción a lo que publicaba elPeriódico, el medio que fundó en 1996 y que durante 27 años investigó actos de corrupción de seis administraciones de gobierno. El medio se despidió del público el 15 de mayo de 2023 ante el ahogo económico que supuso la detención de Zamora. Ningún proceso estaba vinculado a la libre emisión del pensamiento.

    Montoya y Castañeda se apartaron del caso durante la primera audiencia de declaración porque la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) les advirtió que eran investigados. Con los meses se supo que los acusaron por obstrucción de la justicia debido a que en una grabación de audio se les escucha asesorar a su cliente para crear documentos de respaldo por 200,000 quetzales de un total de 702,896 quetzales —unos 90,100 dólares— que Zamora recibió en 2013 de una empresa señalada de ser fachada para negocios ilícitos.

    Juicio Zamora, día 2: Así se financió elPeriódico y cómo una fuente traicionó al periodista

    Zamora se encargaba de conseguir fondos externos e internos en concepto de publicidad y donaciones para sostener a elPeriódico.

    Los dos abogados aceptaron los cargos de obstrucción a la justicia para evitar un proceso largo, y fueron condenados en enero y abril de 2023 a penas mínimas de tres años de prisión conmutables a razón de cinco quetzales diarios, más una sanción económica. Zamora también está procesado por el mismo delito que sus antiguos abogados.

    La estrategia contra el lavado de dinero

    La audiencia de primera declaración de Zamora, ocurrida en agosto de 2022 por el caso de lavado de dinero, chantaje y obstrucción a la justicia, la continuó el exoficial de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Christian Ulate, quien ejercía como litigante en Guatemala desde que se separó de la entidad internacional a finales de 2015.

    Este abogado costarricense, con experiencia como fiscal y juez, se apegó en todo momento a cuestionar la inexistencia del lavado de dinero. José Rubén Zamora recibió a finales de julio de 2022 dos aportes en efectivo, uno por  200,000 quetzales —unos 25,600 dólares— y otro por 40,000 quetzales de un empresario que quería quedar en el anonimato para evitar represalias por apoyar a elPeriódico, que llevaba meses en crisis financiera mientras hacía publicaciones en contra del  gobierno de Alejandro Giammattei.

    El aula del Juzgado Séptimo Penal de Torre de Tribunales, donde se celebró la audiencia de primera declaración el 08 de agosto 2022

    Zamora necesitaba utilizar el dinero para pagar la planilla de trabajadores del medio, así que le pidió al banquero Ronald García Navarijo,  su «amigo» y «fuente» de información según declaró en el juicio que enfrenta,  que le ayudara como lo había hecho con anterioridad. Este hombre fue directivo en el Banco de los Trabajadores y desde 2016 está vinculado a un caso penal por el saqueo de dinero de la entidad bancaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    García Navarijo ofreció ingresar el dinero a una de sus empresas y entregarle de inmediato un cheque a nombre de Aldea Global, S.A., la casa editora de elPeriódico. Zamora juntó los 240,000 quetzales con 60,000 quetzales que tenía en su vivienda y los mandó a la oficina de García Navarijo el 28 de julio de 2022.

    El momento de la transacción, en la que participaron dos empleados de Zamora y una persona de confianza de García Navarijo, quedó grabado a través de una cámara oculta. El piloto de Zamora entregó el dinero, el mensajero de Aldea Global entregó una factura y recibió un cheque para depositar. La grabación de esa transacción y el dinero fue entregado a la Feci, lo cual también quedó grabado en video. 

    Juicio a Zamora, día 3: la explicación de los Q300,000 del supuesto chantaje y el lavado de dinero

    Durante la audiencia de primera declaración, Zamora no dijo quién le dio el efectivo, pero aseguró a los reporteros que le consultaron que lo recibió de un empresario y que el dinero era legal y que usualmente recibía aportes de donación para mantener a flote las finanzas del medio de comunicación.

    En ese momento del proceso, el abogado Ulate tampoco tenía mayor información de la transacción financiera, por lo que decidió enfocar su estrategia en un elemento que aportó la misma Feci: demostrar que el dinero no era producto de actividades ilegales y que estaba bancarizado.

    Ulate contó a Plaza Pública que durante la audiencia la Feci transmitió la grabación de la incautación del dinero en la oficina de García Navarijo y notó que los agentes que revisaron los billetes quitaron los precintos bancarios.

    El testigo clave, el banquero Ronald García Navarijo, sale de la sala del Tribunal Octavo Penal, terminado su testimonio, el jueves 18 de mayo

    De aquel momento, el abogado Ulate tiene una certeza: «No se ve maldad de la oficial de policía (en la operación) pero se ve un procedimiento incompetente por parte de ella, porque (a los precintos bancarios)  los trataron como basura cuando eran parte de la investigación».

    Ulate recuerda que Raúl Falla, abogado de García Navarijo e integrante de la Fundación contra el Terrorismo, también habló de los distintivos bancarios durante  esa audiencia, y aseguró que irían tras los empresarios que eran objeto de extorsión.

    Aunque el abogado Ulate preguntó qué sucedió con los distintivos del banco, la única respuesta que le dieron era que no formaban parte del proceso. Así que su misión, cuando su cliente fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva, fue encontrar el origen del dinero y corroborar que eran de origen lícito y existía registro bancario de la procedencia.

    Ulate se encargó de buscar al donante anónimo. Se trataba de Alejandro Girón Lainfiesta, quien hizo el aporte económico a través de Juan Carlos Marroquín Godoy, primo de José Rubén Zamora.

    Juicio a Zamora, días 4 y 5: Las dudas alrededor de la principal prueba del Ministerio Público

    El abogado recuerda que lo primero que preguntó a Girón Lainfiesta fue si Zamora lo había extorsionado para obligarlo a darle dinero. Como respuesta, el empresario le dijo que no había recibido presiones y que su aporte había sido voluntario con la intención de ayudar a elPeriódico, que no había podido pagar ni salarios ni el aporte anual Bono 14 a sus empleados. En aquel momento le dijo que el dinero lo mandó a sacar del banco con un mensajero y lo entregó a Marroquín Godoy a cambio de publicidad.

    Con la declaración de Girón Lainfiesta, quien negó cualquier tipo de presión, Ulate procedió a pedir el registro bancario para corroborar el origen del dinero. El empresario estaba dispuesto a confirmar la procedencia de los fondos a través del estado de cuenta, pero Ulate no pudo seguir con el caso. Antes de asumir la defensa le advirtió a la familia de Zamora que esperaba la confirmación para un puesto de trabajo en Honduras, en donde reside desde septiembre de 2022.

    Durante las pocas semanas que Ulate se ocupó de la defensa de Zamora se activaron las redes sociales «del netcenter» en su contra. Ese grupo de troles de Twitter volvieron a cuestionar la legalidad de su actividad como abogado en Guatemala, pero para él no fue algo nuevo, porque cuando dejó la Cicig para crear su propio bufete también fue atacado de la misma manera.

    La fiscal, Cynthia Monterroso, presenta la muestra de los 300.000 quetzales objeto de denuncia en contra del director de El Periódico, el 08 de agosto 2022

    Ulate estaba tranquilo porque contaba con todos los permisos legales y sus títulos estaban certificados por las entidades nacionales por lo que no tenía impedimento para trabajar. Aunque se dijo que recibió presiones para dejar el caso, Ulate asegura: «Lo sentí polémico, pero no como ninguna amenaza».

    Durante el juicio, que inició el 2 de mayo de 2022, dos personas han corroborado lo que Ulate quiso probar desde la audiencia de primera declaración, pocos días después de la captura de Zamora: un fajo de los billetes entregados en la oficina de García Navarijo tenía identificadores del Banco Industrial.

    Lo dijo el piloto de Zamora, quien rindió testimonio a pedido de la Feci y estuvo a cargo de trasladar el dinero de la casa de su jefe a la oficina de García Navarijo. El piloto presenció cuando  la persona que lo atendió hizo el conteo de una parte del efectivo. Y este hombre también confirmó que una parte de los billetes llevaban identificador del banco.

    El contrato de compraventa de una obra de arte

    Cuando Ulate dejó la defensa, Zamora quedó en estado de indefensión por algún tiempo hasta que el Instituto de la Defensa Pública le asignó a la abogada Fidencia Orozco. La familia buscó abogados, pero pocos querían asumir la responsabilidad ante un proceso tan complejo. Juan Francisco Solórzano Foppa, el exfiscal y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), asumió la defensa.

    En su estrategia surgió la presentación de un documento de compraventa de una obra de arte para justificar el dinero que entregó Girón Lainfiesta. El documento serviría como prueba para la defensa de Zamora; sin embargo, la Feci inició un proceso penal por obstrucción de justicia en contra de Solórzano Foppa y su socio, Justino Brito. Así como contra el empresario Girón Lainfiesta y Juan Carlos Marroquín Godoy, primo de Zamora, quien fue intermediario de la transacción.

    Un oficial del sistema penitenciario revisa al acusado del caso Política y Falsedad, Juan Francisco Solórzano Foppa, antes de que ingrese al tribunal, el 03 de junio 2021

    El contrato es parte del proceso penal y no ha sido público, pero la cuenta de Twitter @Eriol_Gt publicó imágenes que supuestamente corresponden al negocio. Este usuario de la red social opera como un netcenter que difunde información privilegiada de casos y celebra las acciones de la Fundación contra el Terrorismo, que acusa a Zamora.

    El análisis de la perito que presentó la Feci en la sexta audiencia judicial, indica que Zamora firmó una promesa de compraventa de una obra del pintor Elmar Rojas por el precio de 300,000 quetzales a favor del representante de la empresa  WCG, Sociedad Anónima. El documento está fechado el 25 de julio de 2022, pero la fiscalía ha usado un peritaje para indicar que ni la obra de arte es legítima ni se entregó el dinero directamente a Zamora y que el contrato no se elaboró cuando se hizo la operación de dinero.

    Girón Lainfiesta y Marroquín Godoy admitieron cargos de obstrucción a la justicia para evitar un proceso largo en prisión y obtuvieron condenas reducidas. En su declaración ante el juez, Marroquín Godoy dijo que mintieron a la Feci porque el documento se elaboró con fecha posterior a la entrega del dinero.

    Juicio a Zamora, día 6: La caída de la séptima abogada defensora y la soledad del periodista

    La Feci asegura que los abogados concertaron un plan para darle legalidad al dinero con un documento que se elaboró casi tres meses después de la transacción. La obra de arte es una pintura del fallecido artista Elmar Rojas, que según otra fuente está valorada en más de 500,000 quetzales —unos 64,100 dólares—.

    Juan Solórzano Foppa y Justino Brito también representaron a Zamora en el segundo caso que la Feci presentó por obstrucción a la justicia. Renunciaron a la defensa en marzo, aduciendo que eran objeto de persecución penal, fueron capturados a finales de abril y guardan prisión a espera de que se solucione su situación legal.

    Durante el juicio que enfrenta Zamora, la exfinanciera de Aldea Global, Flora Emilza Silva Ramos dijo que la información que le compartió Zamora sobre los 300,000 es que debían ser facturados por compra de publicidad. Dijo que era común que elPeriódico recibiera aportes por pauta que no se facturaban de inmediato o que no se usaban al momento de efectuar un desembolso.

    Una defensa no confrontaxtiva ante un tribunal hostil

    Durante el juicio, Zamora se hizo acompañar de los abogados Patricia Guillermo de Chea y su socio, Ricardo Szejner. La abogada dice que quiso dirigir una estrategia de buenas relaciones con la fiscalía y los querellantes. El primer día del juicio saludó a Ricardo Méndez Ruíz, querellante en representación de la Fundación contra el Terrorismo, y a Raúl Falla, quien además de pertenecer a esa organización representa a Ronald García Navarijo.

    Guillermo de Chea dice que su estrategia se enfocaba en hacer ver que el lavado de dinero es un delito complejo, que no puede ser documentado solo con la declaración de un testigo y una operación de entrega de dinero, como la que armó el denunciante, García Navarijo, y admitió la Feci.

    Los buenos tratos no funcionaron durante el juicio. La abogada reconoce que la presidenta del tribunal, Oly González,  le dio un trato «hostil» a lo largo de seis audiencias. Aunque González reprendió a fiscales, acusados y testigos durante las audiencias, Patricia Guillermo de Chea dice que fue ella a la que «agravió» más.

    Los abogados de la defensa de José Rubén Zamora, Patricia Guillermo de Chea y su socio, Ricardo Szejner, platican con el querellante, Ricardo Méndez Ruíz, durante un receso de la audiencia del 04 de mayo

    En la sexta audiencia del juicio la jueza González pierde la paciencia cuando Guillermo de Chea no logra estructurar una pregunta a una analista del Ministerio Público que presentaba conclusiones del peritaje documental y de audios recopilados por la Feci en contra de Zamora.  En una de las pruebas analizadas se encontraban capturas de pantalla de conversaciones entre Zamora y García Navarijo a través de la aplicación de mensajería Telegram y un extracto de la declaración de García Navarijo sobre esa comunicación.

    En el diálogo, Zamora comenta que necesita reunir un millón de quetzales para pagarle a los empleados y que ha sido difícil conseguirlo. García Navarijo refirió en su denuncia ante la Feci que Zamora quería obligarlo a lavar esa cantidad de dinero.

    La abogada Guillermo de Chea quiso desvirtuar esa declaración, pero su pregunta fue rechazada por el tribunal. «Hay que tener cuidado porque el contexto (de la conversación por Telegram) es otro, es una conversación libre y espontánea que mi patrocinado tiene. ¿Es lavado de dinero o simplemente es una conversación de un dinero que mi patrocinado necesitaba?» preguntó. La jueza González dijo que la analista no podía valorar si se trataba o no de lavado de dinero, porque no era su competencia.

    Caso Zamora es usado para empezar a investigar a periodistas y medios independientes

    La jueza pidió reformular la pregunta en un tono severo que acompañó con gestos de desesperación. Guillermo de Chea hizo varios intentos fallidos, y en el punto más álgido de la escena, se puso de pie para explicar a la analista lo que necesitaba dar a entender. La fiscal Cinthia Monterroso, de la Feci, no pasó por alto el momento y pidió al tribunal que la reprendieran porque intimidaba a la analista y cuestionaba su trabajo.

    Después de ese episodio, José Rubén Zamora quiso preguntar, pero tampoco logró formular sin emitir un comentario, lo que provocó que también recibiera una reprimenda. Después del receso del almuerzo, Zamora le entregó una nota escrita a mano a Patricia Guillermo de Chea en la que le pidió  renunciar.

    El día anterior había dejado la defensa el abogado Szejner por problemas de salud. «La jueza le pegó una gran gritada y después él paró en el hospital», contó Guillermo de Chea. La abogada recibió el pedido de Zamora con amargura. En la nota le indicaba que era evidente que no la dejaban argumentar y que tampoco podía seguir pagando sus honorarios. Guillermo de Chea cuenta que intentó convencer a Zamora de llevar su proceso hasta el final, pero él no aceptó. Renunció y por la tarde «con el pensamiento claro y consciente, despacio» desempolvó la cuenta de Twitter y publicó: «A solicitud de la fam.del Ing. Zamora accedí hacerme cargo de su defensa. El día de hoy, el Ing. Zamora informó q la Defensa Publica Penal se haría cargo de su caso. J. Ruben, yo soy una reconocida abogada penalista, no tú cómplice, ni defensora de otras causas. Q Dios t guíe (sic)».

    La abogada, Patricia Guillermo de Chea, trata de cuestionar a la perita del MP, Rosa Isabel Martínez Pérez, con respecto a una captura de pantalla visualizada en la sala del tribunal durante la audiencia del 11 de mayo

    Tres días después, la abogada explicó las razones de la publicación –que la Fundación contra el Terrorismo,querellante en el juicio contra Zamora, celebró y ayudó a difundir–. «En las notas (por escrito que intercambiaron Zamora y la abogada después del almuerzo) me pedía que dijera que no soportaba el mal trato que me dio el tribunal, y sí es cierto que me trató muy mal, bueno, la presidenta. Pero en lo personal soy una persona que soporta esos agravios. Entonces yo le digo que no puedo renunciar por esa causa porque no es verdadera».

    Patricia Guillermo de Chea asegura que le pidió a Zamora que le permitiera llevarlo al final y hacer un cierre del proceso. El juicio ya estaba avanzado, así que faltaba como mucho una semana de trabajo. «Yo sí puedo soportar», le dijo e insistió en lo que le ofreció al tomar su defensa: que no lo salvaría sino que lograría conseguir una pena de pocos años de prisión.

    «No quiso y dos periodistas me dijeron que él había externado opinión  (de que pidió su renuncia) porque mi trabajo era deficiente y por eso tuve que hacer ese tuit», indicó.

    La abogada insiste en que no quería hacerse ver como «una mártir» y tampoco quería dar argumentos para que su defendido «pudiera decir que era otro atentado a su defensa».

    «Por eso (dije que) no podía ser su cómplice», concluyó.

    José Carlos Zamora, hijo del periodista, dijo que le «sorprendió mucho» la reacción que la abogada tuvo en Twitter, pero también afirmó que la familia «está agradecida con ella» y que comprende la situación porque las audiencias han ocurrido en un ambiente tenso.

    Nueva defensa

    «Mi papá no tiene otra alternativa que aceptar la defensa pública», dijo Zamora, hijo. Luego de varios meses de búsqueda de abogados, de escuchar tantas propuestas y también negativas a defender a su padre, así como enfrentar pagos de honorarios, lo que resta es resignarse a luchar con una abogada del Estado que, esperan, no sea objeto de ataques ni señalamientos de obstrucción penal.

    En agosto de 2022 un abogado renunció a seguir colaborando con Zamora y salió al exilio luego de  presentar una acción legal contra los funcionarios que ejecutaron el allanamiento en la casa de su padre en donde fueron retenidos su esposa e hijos.

    El Instituto de la Defensa Pública asignó a Fidencia Orozco, para que se ocupe del caso, pero el jueves 18 de mayo José Rubén Zamora fue sorprendido cuando en lugar de la abogada Orozco se presentó Joel Iván Reyes, a quien no conoce y quien desconoce del proceso.

    El cambio de defensor ocurrió el día en que fue convocado a declarar el acusador, Ronald García Navarijo.

    José Rubén Zamora junto con su nuevo abogado defensor, Joel Iván Reyes, durante la audiencia del 18 de mayo

    Pocos días antes de este evento que perjudica a José Rubén Zamora, la Fundación contra el Terrorismo emprendió una nueva misión al presionar en redes sociales para que se investigue a Ramón Zamora, antropólogo e hijo de Zamora, quien estuvo a cargo de elPeriódico desde la detención de su padre.

    La Fundación contra el Terrorismo publicó en redes sociales un segmento del testimonio de Juan Carlos Marroquín Godoy en el que afirma que Ramón Zamora participó en trasladar el documento de compraventa del cuadro por el que Marroquín Godoy y  Girón Lainfiesta fueron condenados y los abogados Solórzano Foppa y Brito enfrentan proceso penal por obstrucción a la justicia.

    Los días que siguen serán decisivos para José Rubén Zamora. De momento, su enfoque está en el juicio. Después, tendrá que responder por el caso de obstrucción a la justicia que le presentaron este año y en el que, según la Feci, buscaba crear documentos de respaldo para los 200,000 quetzales de un total 702,896 quetzales que recibió supuestamente sin justificación en 2013 de las empresas de García Navarijo.

    Las dos empresas que le proveyeron los fondos fueron Arca, S.A. y Grupo Bases, S.A., dirigidas por los directivos del Banco de los Trabajadores (Bantrab), a quienes en 2016 la Feci y la Cicig acusaron de «saquear el patrimonio del banco y enriquecerse a costa de los accionistas». Un caso que sigue abierto y  en el que García Navarijo tiene una medida sustitutiva.

  • Juicio a Zamora, día 6: La caída de la séptima abogada defensora y la soledad del periodista

    Juicio a Zamora, día 6: La caída de la séptima abogada defensora y la soledad del periodista

    A la mitad del juicio en su contra, José Rubén Zamora se quedó, otra vez, sin defensores. Esto ocurrió luego de que el periodista prescindiera de los servicios de la abogada Patricia Guillermo de Chea, quien minutos después arremetió contra él en Twitter.

    Han pasado ya seis audiencias desde que inició el juicio contra Zamora, señalado de supuesto lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, y contra Samari Carolina Gómez, exfiscal acusada de presuntamente revelar información confidencial de sus casos. En este tiempo, ambos declararon ante el Tribunal Octavo de Sentencia Penal, donde ya desfilaron casi dos docenas de testigos y peritos presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), a quienes todas las partes tienen derecho de interrogar.

    Mientras en Tribunales el caso avanza, Zamora ha pasado diez meses en prisión y perdido a siete abogados defensores, entre capturas y salidas del país. Además, tras su detención y embargo de cuentas bancarias, el medio que fundó, elPeriódico, pasó de despedir a 150 personas y dejar su edición impresa para intentar sobrevivir de forma digital, a anunciar este viernes 12 de mayo su cierre definitivo. El incremento de la persecución y hostigamiento contra sus colaboradores y anunciantes los llevó a dejar de operar.

    José Rubén Zamora es escoltado por guardias del sistema penitenciario en su llegada a Torre de Tribunales, el 09 de mayo

    Zamora continuamente pierde en este caso.

    Al quedarse sin defensores se reducen sus posibilidades de tener abogados de confianza, en el juicio eso se traduce a menos oportunidades de cuestionar de forma adecuada y consistente las pruebas en su contra. Es probable que tenga menos tiempo para prepararse ante la sentencia.

    En esta audiencia, el periodista prescindió de los servicios de la abogada Patricia Guillermo de Chea, por motivos económicos y porque mientras avanza el juicio se incrementaron las tensiones entre ella y la presidenta del Tribunal que lo juzga. Ahora, Zamora será defendido por un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal y el juicio se retomará el próximo 18 de mayo.

    La jueza y la abogada

    La sexta audiencia del juicio, donde se continuó con los interrogatorios a analistas, inició entre tensiones.

    La presidenta del Tribunal, la jueza Oly González, le llamó la atención en repetidas ocasiones a Patricia Guillermo de Chea, quien se había incorporado al caso unos días antes de que iniciara el debate.

    La jueza, quien se veía molesta y desesperada y que incluso se agarraba la cabeza con las dos manos, le insistía a la abogada que replanteara una de sus preguntas y que «aplicara las técnicas del interrogatorio».

    Juicio a Zamora, día 1: claves en la acusación y aviso contra más periodistas

    El pico de la tensión llegó cuando declaró Rosa Isabel Martínez Pérez, perita del Ministerio Público (MP) y presentó un análisis criminal sobre los cheques, chats y documentos que sirvieron para acusar a Zamora.

    Una de sus conclusiones fue que no se logró establecer la existencia de la obra de arte que Zamora habría vendido para juntar dinero para financiar elPeriódico y pagar salarios atrasados.

    Cuando llegó el turno de la abogada Guillermo de Chea de interrogar, esta mencionó que dentro del informe de la experta existe una captura de pantalla de una conversación entre Zamora y García Navarijo por Telegram, donde hablan sobre la publicación de una esquela, a la que consideró que el MP le dio una connotación distinta.

    La abogada, Patricia Guillermo de Chea, trata de cuestionar a la perita del MP, Rosa Isabel Martínez Pérez, con respecto a una captura de pantalla visualizada en la sala del tribunal

    Esto es lo que dice la extracción del chat usada como prueba.

    —García Navarijo: «Te agradezco de corazón mi estimado muchachón, sinceramente estoy triste por eso, al final la vida termina y me ha hecho reflexionar mucho eso. ¿Y cómo te ha ido?».

    —Zamora: «Tremendo. Necesitamos un millón para hoy y solo he conseguido 150,000 quetzales, el martes de la semana entrante me dijeron que tienen 250,000, el miércoles 200 y el viernes 300,000, pero la gente está muy ofuscada, necesitan ya su Bono 14».

    —García Navarijo: «Primero Dios muchachón, siempre has salido adelante».

    Juicio Zamora, día 2: Así se financió elPeriódico y cómo una fuente traicionó al periodista

    La abogada Guillermo de Chea dijo que allí «jamás se habló de lavado de dinero» y durante varios minutos trató de cuestionarle a la analista del MP por qué el chat se incluyó en el informe. La perito respondió que no fue ella quien llegó a esa conclusión, sino que Ronald García Navarijo, quien denunció a Zamora, dijo que esa era una prueba de que lo «quería obligar a lavar dinero».

    «En el análisis se dice que es un lavado de dinero, pero el contexto es otro, esa es una conversación libre y espontánea de mi patrocinado. ¿Eso es realmente un lavado de dinero o simplemente es una conversación sobre un dinero que él necesitaba como empresario», preguntó.

    La jueza González le pidió que reformulara la pregunta porque la perito no estaba autorizada para llegar a esa conclusión. Guillermo de Chea la volvió a plantear, la jueza la rechazó, luego la abogada se paró y se acercó hasta la mesa donde estaba la perito y trató de explicarle su pregunta. Este ir y venir duró unos 20 minutos. En ese momento González se mostró molesta y se llevó las dos manos a la cabeza. La fiscal Monterroso pidió que llamaran al orden a la abogada y la señaló de faltar el respeto a la trabajadora del MP.

    La presidenta del Tribunal, la jueza Oly González, durante la audiencia del 11 de mayo

    «Le voy a recordar las técnicas del interrogatorio, por favor adecuémonos a eso, las preguntas deben ser claras, concisas y directas, no impertinentes ni capciosas», dijo la presidenta del Tribunal.

    Guillermo de Chea trató varias veces de replantear su pregunta, pero al final declinó y en su lugar Zamora pidió la palabra para intentarlo él.

    «Hágalas si las hace conforme la ley, si no yo diré que no contesten», respondió la jueza González.  Zamora no es un abogado por lo que tampoco logró plantear la pregunta de la forma en que consideraba el Tribunal que era aceptable.

    Juicio a Zamora, día 3: la explicación de los Q300,000 del supuesto chantaje y el lavado de dinero

    Aún así, el periodista sí logró preguntar si el MP analizó el párrafo anterior y el que sigue en esa captura de pantalla presentada como prueba. La respuesta fue que no. La Fiscalía solo tomó en cuenta tres mensajes intercambiados, no el contexto de la conversación.  

    Al no lograr que sus preguntas fueran aceptadas por el Tribunal, Zamora y su defensa tuvieron menos posibilidades de cuestionar las pruebas en su contra.

    La frustración del periodista era evidente.

    La abogada, Patricia Guillermo de Chea, durante un receso de la audiencia del 04 de mayo

    Casi al finalizar la sexta audiencia, el periodista le anunció al Tribunal que prescindiría de los servicios de Guillermo de Chea por motivos personales. Después se conoció que Zamora tendría dificultades económicas para pagar sus honorarios. Esto ocurrió dos días después de que su otro abogado, Ricardo Sergio Szejner, renunciara a continuar en el juicio porque sufre de arritmia cardíaca y no puede estar bajo presión.

    La jueza le dijo que solicitaría al Instituto de la Defensa Pública Penal que le nombrara a un abogado de oficio para que se quede a cargo de lo que resta del juicio.

    Juicio a Zamora, días 4 y 5: Las dudas alrededor de la principal prueba del Ministerio Público

    González le advirtió a Guillermo de Chea que ella todavía seguía siendo abogada del periodista hasta que se nombrara a su sustituto. Sin embargo, horas después la abogada arremetió contra Zamora a través de Twitter, donde dijo que aceptó el trabajo a solicitud de la familia del acusado.

    «J. Rubén, yo soy una reconocida abogada penalista, no tu cómplice, ni defensora de otras causas. Q Dios t guíe», escribió a las 19.15 horas.

    La publicación fue ampliamente difundida por cuentas anónimas de netcenter y celebrada por la Fundación Contra el Terrorismo y sus abogados, querellantes en este caso.

    La audiencia continuará el próximo 18 de mayo. Queda pendiente que declaren dos testigos y tres peritos de la Fiscalía, así como un testigo propuesto por Samari Gómez.

  • Juicio a Zamora, días 4 y 5: Las dudas alrededor de la principal prueba del Ministerio Público

    Juicio a Zamora, días 4 y 5: Las dudas alrededor de la principal prueba del Ministerio Público

    El MP acusa al periodista José Rubén Zamora con la grabación que hizo Ronald García Navarijo, el banquero que le habría montado una trampa para que fuera detenido. Ese audio fue presentado en el juicio, donde la analista que lo extrajo del iPad fue interrogada y entre confusión, reveló posibles contradicciones en el manejo de la prueba.

    En las últimas dos jornadas de audiencias en el juicio contra Zamora y la exfiscal Samari Gómez, han declarado ocho personas, entre testigos, analistas y peritos. Con sus exposiciones se van juntando las piezas del rompecabezas de este caso por supuesto lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias y revelación de información confidencial.

    Unas de las principales pruebas de la nueva Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), representada en el juicio por la fiscal Cinthia Monterroso y su auxiliar Edvin Alexander de León Menchú, son las grabaciones que hizo en secreto Ronald García Navarijo, el exbanquero del Banco de los Trabajadores, quien durante muchos años fue una fuente de información para Zamora, a quien le montó una trampa para denunciarlo.

    Personal del Ministerio Público acomodan cajas de documentos en la sala del Tribunal Octavo Penal antes del comienzo de la audiencia del 08 de mayo

    La reproducción de esas imágenes y audios durante el juicio y el interrogatorio hecho por las partes revelaron fallos del Ministerio Público, que no le entregó al Tribunal toda la documentación disponible y dejó dudas sobre cómo se hizo la extracción de información de los aparatos de García Navarijo.

    Mientras tanto, Zamora avizora que será condenado y anuncia que aunque demuestre su inocencia, será hasta que su caso llegue a una corte internacional, podrá salir de la cárcel. La exfiscal Gómez, señalada de filtrar información, insiste en que el MP no tiene pruebas en su contra, ya que no especifica cómo, cuándo, dónde, ni qué datos habría revelado.

    Esto pasó.

    Las grabaciones del agente secreto no autorizado

    García Navarijo, según Zamora, empezó a grabarlo a escondidas en agosto del 2021, once meses antes de su captura en julio de 2022.

    «García Navarijo estuvo en un proceso continuado de grabarme en tres o cuatro ocasiones para comprometerme, para pedir cosas que solo lo beneficiaban a él. Lo hizo antes de notificarlo al MP, sin autorización judicial», señaló Zamora.

    Para ese tiempo, la entonces fiscal Samari Gómez acababa de iniciar una nueva investigación que relacionaba a directivos de Bantrab con financiamiento a partidos políticos entre 2011 y 2015.

    José Rubén Zamora camina por un pasillo de Torre de Tribunales antes de acceder a la sala del Tribunal Octavo Penal donde se desarrollará la audiencia del 08 de mayo

    El entonces banquero se enteró y acudió a la Feci a pedir copia del expediente, al cual tenía derecho de acceder por estar implicado;al revisarlo detectó que había tres cheques que giró a favor de la empresa Aldea Global, S.A., la casa editora de elPeriódico.

    Con esa información, García Navarijo le dijo a la entonces fiscal Gómez y a la Feci, que quería convertirse en colaborador eficaz, sin embargo, a escondidas del Ministerio Público, inició reuniones con personas que podrían estar implicadas para buscar justificar las transacciones.

    Entre ellas, se comunicó con Zamora, lo citó a una reunión junto a sus abogados y la contadora de elPeriódico, y los grabó mientras discutían cómo crear una estrategia legal que le permitiera «cerrar el ciclo» de esos cheques y evitar que la Feci lo persiguiera.

    Juicio a Zamora, día 1: claves en la acusación y aviso contra más periodistas

    «Por un lado, el sindicado (García Navarijo) se estaba reuniendo con otras personas para tratar de desviar la investigación, mientras que a nosotros (en la Feci) en teoría nos estaba entregando información; estaba jugando un doble papel», explicó Gómez a los periodistas durante un receso del juicio.

    Dicha reunión ocurrió en agosto de 2021, once meses antes de la captura del periodista. La grabación fue reproducida en el juicio el lunes 8 de mayo, donde también fue interrogada Maritza Marleny Pérez Pérez, analista del Centro de Recopilación, Análisis y Difusión de Información Criminal de la Policía Nacional Civil, quien fue la encargada de extraer los datos del iPad y iPhone de García Navarijo.

    Entre los datos que extrajo de los aparatos, hay un audio de una llamada entre García Navarijo y Zamora, donde el periodista le dice «me llamó Juan Francisco (Sandoval), y sus amigos de la Feci dicen que Curruchiche va a retomar el caso del Bantrab».

    Samari Gómez, ex auxiliar fiscal del Ministerio Público

    La Fiscalía usa esa grabación para acusar a Gómez de revelar información del caso a su exjefe en la Feci, Sandoval, cuando este ya no trabajaba en el Ministerio Público. Durante el juicio, ella negó los hechos, y aseguró que en ese tiempo solo recibió un mensaje de él, donde la felicitaba por su graduación como abogada.

    Durante el interrogatorio, la defensa de la exfiscal Gómez le preguntó con insistencia a Pérez por qué si según las fechas ella recibió el aparto el 5 de septiembre, cómo es posible que la fecha de la descompresión del archivo digital es del 28 de agosto. La analista se mostró confundida ante la pregunta, y no aclaró la diferencia de fechas; dijo que no tenía la cadena de custodia a la mano.

    El juez Otto Hugo Valvert Veras intervino y le preguntó a Pérez si era posible establecer que el aparato de donde ella extrajo la información, es el original, es decir, donde la llamada fue grababa. Ella respondió que no podía establecer si ese dispositivo es el original donde se grabó el audio.

    La emboscada

    Jorge González Barrios Santos, fue el mensajero de elPeriódico a quien el 28 de julio de 2022, Flora Silva, la contadora del medio, le asignó la entrega en una oficina de la zona 10, una factura y un recibo de caja, donde a cambio le darían un cheque.

    A la misma oficina llegó Roberto Vicente, piloto del medio, quien tenía asignado entregar una bolsa que contenía adentro los 300,000 (unos US$38,400)en efectivo que están en disputa en este caso. 265,000 (unos US$33,900)tenían un cintillo del Banco Industrial, dijo Zamora.

    Lo que ambos desconocían es que todo era parte de un operativo de la Feci y García Navarijo. Esa misma mañana la fiscalía solicitó a la Policía Nacional Civil a agentes encubiertos para tomar fotografías y hacer seguimiento a los trabajadores.

    Juicio Zamora, día 2: Así se financió elPeriódico y cómo una fuente traicionó al periodista

    Ambos entraron a una sala de reuniones donde un aparato fue colocado en posición para grabar. Martín Lorenzo Godoy fue el agente asignado para hacer la vigilancia y fue citado a declarar. Allí confirmó que ese mismo día lo citó la Feci, y que al llegar a la oficina fue recibido por García Navarijo y que tomó fotografías desde la sala de espera.

    Otro de los testigos que declaró fue Luis Humberto Chinchilla Estrada, amigo desde hace diez años de García Navarijo, quien dijo que este le llamó para pedirle el favor de ir a su oficina a recibir un dinero. Chinchilla accedió y fue quien recibió a los exempleados de elPeriódico, a quienes les dijo un nombre falso. Allí recibió la bolsa con los 300,000 quetzales en efectivo y contó solo una parte, 100,000 (unos US$12,800). En su declaración confirmó que sabía que sería grabado, que los fardos de 200 quetzales tenían un cintillo del Banco Industrial, lo que según la defensa, demuestra que el dinero tenía origen lícito.

    El testigo Jorge González Barrios Santos, mensajero de elPeriódico, observa un vídeo proyectado en la pantalla de la sala del Tribunal Octavo Penal durante la audiencia del 08 de mayo

    La grabación de este encuentro, que duró unos 20 minutos, fue reproducida en la audiencia, donde la defensa cuestionó la metadata, ya que tenía una fecha de modificación posterior al día en que ocurrieron los hechos. En el juicio también se escuchó el día de la reunión, Chinchilla bromeó con los extrabajadores del medio, y al despedirse les dijo:

    —Están servidos, si se portan mal me avisan

    Chinchilla dijo que le entregó el sobre con el dinero a García Navarijo.

    Al salir de la oficina, el mensajero llegó a una agencia del Banco Industrial ubicada en la Calzada Roosevelt e intentó depositarlo. Allí la agente de la caja cuatro le notificó que la cuenta estaba inactiva. La joven también fue citada a declarar en el juicio.

    Juicio a Zamora, día 3: la explicación de los Q300,000 del supuesto chantaje y el lavado de dinero

    Durante el interrogatorio hecho al mensajero, la fiscal Monterroso le cuestionó si alguna otra vez estuvo en una reunión similar. Respondió que un día, no recordó la fecha, él y Roberto Vicente llevaron 150,000 en efectivo (unos US$19,200) a una tienda de accesorios deportivos ubicada en un pequeño centro comercial. Allí contaron todo el dinero, él entregó una factura y recibo de caja y le entregaron un cheque.

    Se queda sin uno de sus abogados

    En menos de un año desde que fue capturado, Zamora perdió a seis de sus abogados; cuatro fueron capturados, y dos de ellos fueron condenados por obstrucción de la justicia y dos más siguen en prisión; otro más se fue del país.

    El más reciente fue Ricardo Sergio Szejner, quien ejercía la defensa durante el juicio junto a Patricia Guillermo de Chea. En el quinto día del debate, la abogada anunció al Tribunal Octavo que su colega no continuaría en el caso porque sufrió de arritmia cardíaca y que no podía seguir sometido a presión, sino reposar completamente durante un mes.

    José Rubén Zamora discute con su abogada, Patricia Guillermo de Chea, durante un receso de la audiencia del 09 de mayo, en la cual no se presentó el otro defensor, el abogado Ricardo Sergio Szejner

    Con esto, Zamora se quedó en el juicio solo junto a Guillermo de Chea, a quien el Tribunal le ha llamado la atención constantemente por su uso de las técnicas para interrogar a los testigos. El periodista se sienta detrás de ella y en muchas ocasiones él toma la palabra para hacerle peticiones al tribunal y preguntas a quienes declaran. Pero esta situación ha incomodado al Tribunal.

    «Usted tiene el derecho de preguntar a los testigos, pero señor José Ruben Zamora, coordine con sus abogados porque no le voy a estar dando la palabra a los tres. La ley dice que si hay 100 abogados defensores, en el debate solo pueden haber dos y puede preguntar uno», dijo la jueza Oly González.

    Mientras más avanza el juicio, Zamora se visualiza condenado. En una entrevista hecha momentos antes de que empezara la audiencia, el periodista dijo que llevará su caso a cortes internacionales.

    José Rubén Zamora recorre casi corriendo las gradas de Torre de Tribunales, antes del comienzo de la audiencia del 08 de mayo

    «Estoy convencido de que antes de que termine mayo, en uno de los casos judiciales más rápidos de la historia de Guatemala, voy a ser sentenciado; aunque demuestre la trazabilidad del  dinero, voy a ser sentenciado. Hasta que (el caso) llegue a una corte internacional, en unos seis o siete años, tengo chance de ser declarado inocente», dijo.

    elPeriódico constantemente denunció que las y los integrantes de las salas de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, fueron electos bajo componendas en el Congreso, que al no votar por los nuevos magistrados, ha permitido que los actuales continúen en sus funciones tres años más que el mandato establecido en la Constitución.

    Zamora sigue firme en asegurar que los 300,000 por los que lo acusan, son lícitos, ya que 265,000 quetzales contaban con cintillos que prueban que venían del Banco Industrial.

  • Caso Zamora es usado para empezar a investigar a periodistas y medios independientes

    Caso Zamora es usado para empezar a investigar a periodistas y medios independientes

    En la audiencia donde el presidente de elPeriódico, José Ruben Zamora, fue ligado a proceso por un segundo caso donde se le acusa de conspiración para la obstrucción de justicia, el Ministerio Público solicitó ampliar la investigación a periodistas y medios de comunicación independientes. Argumenta que sus publicaciones obstaculizaron el trabajo del MP.

    La fiscal Cinthia Monterroso, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci)  presentó al  juez Jimi Bremer recortes de prensa de noticias sobre ella, jueces y Ronald García Navarijo, quien es testigo en el primer caso presentado contra Zamora. La fiscal argumentó que los periodistas que publicaron información pudieron cometer «obstaculización de la justicia».

    En los últimos meses, elPeriódico hizo publicaciones relacionadas al caso de Zamora; al testigo que lo acusó, Ronald García Navarijo; los 30 millones de quetzales congelados por el Ministerio Público y que podían ser liberados a falta de oposición de la fiscalía a cargo; así como una investigación que evidenció cómo Monterroso utilizó su cargo pidiendo información privada para fines personales.

    Editores y reporteros de El Periódico sacan fotografías recuerdo de la última placa de la edición impresa del diario, el 30 de noviembre 2022. La crisis financiera generada por la detención de Zamora decretó la quiebra del medio

    Según argumentó, las publicaciones «pudieron afectar la integridad física, el honor principalmente o los bienes con el fin de influir en su comportamiento u obstaculizar el cumplimiento de sus funciones».

    La fiscal agregó que Zamora no podía actuar solo y por eso mencionó a los columnistas Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquin Godoy. Además de la directora de elPeriódico Julia Corado; el exeditor, Gerson Ortiz. Además de los periodistas Alexander Valdez, Cristian Velix, Rony Ríos y Denis Aguilar.

    Monterroso fue más allá y pidió que se autorizara la investigación del financiamiento a «medios independientes» —sin mencionar alguno en específico— pues, asegura, se debe saber «cuáles son las instrucciones de investigar ilegalmente a  jueces y fiscales. Seguirlos hasta sus casas. Porque pueden haber otros medios y reciben el mismo financiamiento», argumentó.

    Según datos de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), en 2022 se reportaron 105 agresiones a periodistas y medios de comunicación. En diciembre del año pasado, producto de la captura de Zamora, elPeriódico redujo su plantilla en un 80% y su versión impresa dejó de circular.

    La edición impresa de El Periódico salió de las manos de las encargadas del ensamblaje por última vez el 30 de noviembre 2022

    El juez a cargo de esta audiencia fue Jimi Bremer, quien aceptó la petición de la fiscal Monterroso. Inició su argumentación diciendo que en Guatemala sí existe la libertad de expresión.  «Censurar a los medios de comunicación en un estado democrático es impensable, es decir que tal reportero, tal periodista tenga que presentar a una entidad de gobierno y decir: esto es lo que voy publicar mañana en ningún Estado democratico se puede tener».

    Sin embargo, aceptó «certificar lo conducente» (en palabras no técnicas significa iniciar una investigación) contra los periodistas.  «¿Pensar que el Ministerio Público me esté utilizando procesalmente?…tengo la responsabilidad de resolver lo que está planteando el MP que me ha puesto a la vista publicaciones que no puedo considerar si es delito o no, pero sí ordenar si hay la comisión de un tipo penal que esté afectando maliciosamente a fiscales, operadores de justicia, jueces, magistrados o imputados», explicó Bremer. Agregó que sea otra fiscalía la que se haga cargo en la investigación contra los periodistas y medios.

    Evaden tribunal de imprenta

    El vicepresidente de la APG, Mario Recinos, indicó que la resolución del juez es un retraso en la libertad de expresión.

    «Se está ampliando la judicialización de casos contra periodistas. La constitución es clara y establece que ninguna crítica a funcionarios o empleados de gobierno es delito. Por esto no deberían ni ser citados los periodistas. Estamos viendo una situación similar a la de Nicaragua» indicó Recinos.

    La Nicaragua de los periodistas apátridas: «Quieren declarar la muerte civil a cualquiera que piense distinto»

    La legislación guatemalteca contempla un mecanismo para juzgar, en caso así se considere, el actuar de los medios de comunicación. El mecanismo es el Tribunal de Imprenta y está establecido en la ley de Emisión del Pensamiento.  Estos fueron establecidos para llevar casos donde las personas que crean haber sido ofendidos por publicaciones de Prensa puedan acudir con juez de primera instancia que ordenara la integración de un Tribunal de Imprenta.

    No obstante, en los últimos años diferentes funcionarios han utilizado otros mecanismos legales para perseguir y criminalizar a periodistas. Figuras como la excanciller del gobierno de Jimmy Morales, Sandra Jovel; la candidata presidencial, Sandra Torres, o la directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo; utilizaron la Ley de Femicidio para evitar que medios como elPeriódico o La Hora hagan publicaciones que las mencionen.

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    Los argumentos presentados por el MP y avalados por el juez muestran un nuevo mecanismo para perseguir a periodistas.

    Segundo caso contra Zamora

    Este martes fue ligado a proceso el periodista José Rubén Zamora por un segundo caso por el posible delito de conspiración para la obstaculización de la justicia. El presidente de elPeriódico se encuentra detenido desde el 29 de julio del 2022 cuando fue capturado por un caso de lavado de dinero y chantaje.

    Derivado de ese caso el MP presentó un segundo caso donde se le acusa que intentó obstruir la justicia para que no fuera investigado por el primer caso.

    Rubén Zamora fue ligado a proceso el día de hoy por un segundo caso, por el posible delito de conspiración para la obstaculización de la justicia

    Según la acusación, Zamora habría recibido 200,000 quetzales los cuales intentó ingresar al sistema bancario con la ayuda del exbanquero Ronald Garcia Navarijo, pero este lo grabó y denunció ante la fiscalía.

    En este caso la exgerente financiera de elPeriódico, Flora Silva, se declaró culpable al igual que el exabogado de Zamora, Mario Castañeda. Ambos solicitaron ser juzgados bajo la ley de aceptación de cargos para reducir su pena.