Todas las leyes antes de serlo inician su ciclo de vida en el mismo sitio, cuando son presentadas, avanzan según el interés y la coyuntura política del Congreso: hay unas que corren por su aprobación y otras que dejan estancadas. Las iniciativas de ley que tienen que ver con mujeres y sus derechos, avanzan poco; las que tienen que ver con la diversidad, casi nada.
Las iniciativas de ley deben cerrar un circuito para llegar a ser decretos. A través de la página del Congreso de la República se establecen 13 pasos para completarlo. Estos inician en la Dirección Legislativa, cuando se recibe el proyecto de ley.
Para determinar el avance que las iniciativas en favor de las mujeres tienen desde la legislatura anterior (2016-2020), Plaza Pública buscó en el portal del Congreso de la República, aquellas que incluyeran palabras clave como: niñas, mujeres, trabajadoras y madres. Se amplió la búsqueda sobre derechos sexuales y reproductivos. Al respecto solo se encontró la iniciativa 5395, que dispone aprobar la ley de Identidad de Género. Esta avanzó hasta los dictámenes desfavorables de las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, y la de la Mujer. Para esto pasaron 11 meses desde que fue presentada.
En contraposición, la iniciativa de ley 5272, luego, Decreto 18-2022, atentaba contra la libertad y garantía de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Fue presentada en 2017, pero se estancó el año siguiente después del segundo debate. Las discusiones para que continuara su camino se retomaron tres años y medio después, justo cuando se conmemoraba el Día de la mujer. Fue aprobada el mismo día y luego vetada por Alejandro Giammattei.
Las iniciativas de ley que se encuentran en espera en el Congreso, y que en teoría parten hacia el aseguramiento de algunos derechos para las mujeres, (quienes conforman un poco más de la mitad de la población que habita en Guatemala) avanzan con lentitud. De 30 leyes presentadas desde 2016, que fueron analizadas para esta nota, solo se aprobadó una, la que establece el 19 de mayo como el día nacional de la comadrona guatemalteca, Iyom y/o Rati’t Ak’ al.
El resto se detienen o avanzan con extremada lentitud, como la iniciativa 4963 que dispone aprobar la ley reguladora del trabajo en casa particular. Esta fue presentada en 2016 y obtuvo dictamen desfavorable de la comisión de Trabajo el mismo año, mientras que la iniciativa 4981 para ratificar el Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos número 189 de la Organización Internacional del Trabajo, se estancó en segundo debate desde 2016.
Ser diputada al Congreso de la República implica un camino con dos desafíos: ocupar el cargo y ejercer la representación. Hay pocas mujeres diputadas, 31 de 160 escaños son ocupados por ellas y su participación se ve marcada por la diferenciación que se hace por su género.
«Para mí eso fue bien contundente desde campaña», comenta la diputada Ligia Hernández, «cuando la gente en la calle me decía ¿usted qué hace acá? Vaya a cuidar a sus hijos o si tiene hijos, dedíquese a cuidarlos».
El machismo juega un papel dentro y fuera del Congreso y esto empieza desde la adjudicación de roles de género. «Es más difícil para una mujer participar en los espacios de política porque son espacios que se han hecho creer que son para hombres», añade Andrea Villagrán, quien es diputada y considera que los obstáculos surgen desde el momento en que se quiere participar políticamente.
Según Hernández, la participación política de las mujeres es importante: «primero porque es un derecho, y porque también tenemos necesidades y demandas que no tienen los demás. Tú no escuchas a los diputados hablando de violencia sexual, no escuchas a los diputados hablando de acoso, no escuchas a los diputados hablando de los embarazos en niñas, ni siquiera los diputados distritales de los departamentos donde más niñas hay violentadas sexualmente, entonces esas necesidades, el tema de la gestión menstrual son temas que nos afectan a nosotras».
El machismo juega un papel dentro y fuera del Congreso y esto empieza desde la adjudicación de roles de género
«Cuando hablamos de participación política nos estamos refiriendo a una participación que nunca es individual, sino colectiva», recalca el antropólogo político Mario Enrique Sosa. Es decir, tiene un carácter colectivo aunque en ocasiones se vea protagonizada por individuos específicos en diversos ámbitos. Explica que el objetivo de la participación política es la búsqueda del acceso a espacios de poder, con el fin de concretar intereses, proyectos políticos y visiones del mundo y de la vida.
Un indicador de las condiciones democráticas de un Estado es la paridad, ya que se basa en la participación y la representación equilibrada de los ciudadanos. Según la organización Red Ciudadana en su informe Participación política de la mujer en Guatemala: «La participación de las mujeres en los espacios de poder y decisión es fundamental para que se defiendan y garanticen sus derechos en la construcción de políticas públicas».
En Guatemala, la participación de las mujeres es mínima en comparación con la de los hombres. Esta realidad se manifiesta en las diferencias de acceso a cargos dentro de los organismos del Estado.
El Presidente de la República, Alejandro Giammattei, abraza a la Ministra de Educación, Claudia Ruíz, al cierre de la ceremonia de entrega del Informe de Gobierno, en enero
En 70 ministerios y viceministerios del organismo ejecutivo, 15 (21.43 %) están liderados por mujeres, sólo una de ellas ocupa el cargo de ministra, en comparación con 55 liderados por ministros o viceministros (78.57 %).
En el Congreso de la República, por su parte, la participación de las mujeres apenas alcanza un 19.38 %. Es decir que de 160 curules, sólo 31 están ocupadas por mujeres.
La presencia en el Congreso sería la primera barrera con la que ellas se encuentran: poder participar y hacerse de una curul. Luego, su participación debe lidiar con prácticas sexistas y machistas de manera cotidiana. Andrea Villagrán recalca que las mujeres que logran superar esa primera barrera entran al Congreso para encontrarse nuevamente con las mismas limitaciones.
«Generalmente no son escuchadas, limitan mucho la palabra, cuando toman la palabra son cuestionadas sobre sus opiniones. Esto provoca que muchas mujeres prefieran no tomar la palabra, no opinar, no participar porque hay una recriminación muy fuerte sobre la capacidad que se tiene para hablar sobre ciertos temas», comenta.
Recuerda que al presentar la iniciativa sobre paridad y alternancia e inclusión de los pueblos indígenas, en 2021, que proponía reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos con el fin de garantizar una mayor participación de mujeres y pueblos indígenas en los procesos electorales, el diputado por el partido humanista, Douglas Rivero, sin darse cuenta que tenía el micrófono abierto, expresó: «¿Quién presenta estas mierdas?».
Sin valorar su preparación y trayectoria, Ligia Hernández comenta que la han llamado «la flor de la mesa, el adorno de la comisión» y que ha sido difícil tener el uso de la palabra. Dice que no se toma en cuenta que las mujeres diputadas también pueden ser madres, especialmente madres solteras.
Desde 2001 existe el Jardín Infantil del Congreso de la República. Este tiene como fin la educación, resguardo y cuidado de los hijos de trabajadores del Organismo Legislativo. Abarca desde cuidados maternales hasta el grado de preparatoria. Hernández comenta que al inicio de su legislatura se vió en la necesidad de ubicar un lugar donde pudieran darle atención de calidad a su hijo, cree ser la única diputada que ha utilizado este recurso.
No obstante, el trabajo legislativo está pensado y planificado sin tomar en cuenta el ejercicio de la paternidad y de la maternidad.
«Todas las reuniones empiezan bien temprano o a horas que le convienen a los demás o que no tienen la misma carga de trabajo que las mamás o de responsabilidad que las mamás», explica Hernández. Las reuniones son a determinada hora y «los varones no llegan a la hora que es, mientras uno ha corrido y ha dejado y ha puesto sobre la mesa un montón de cosas antes de llegar a los espacios», comenta: «yo casi renuncio a la posibilidad de ser políticamente activa por el tema de los niños ¿verdad?, de no tener dónde dejarlos, de ver quién me los podía cuidar. Entonces no dudo de que esa es la condicionante para muchas mujeres», puntualiza.
Fuera del Congreso, el machismo también permea la participación política de las diputadas. Ambas mujeres hacen referencia al discurso que los medios de comunicación y los netcenter mantienen sobre las mujeres en ese espacio político. Hernández explica que es complicado porque «intentas posicionar un tema, generar el debate, pero todo se diluye porque sos política, porque sos diputada, porque sos mujer, porque lucís de determinada manera. A las mujeres no se les mide de la misma manera que a los hombres, te limitan y te reducen a cómo debería de ser una mujer política», comenta.
Las diputadas Sonia Gutiérrez y Andrea Villagrán durante una sesión de interpelación convocada por el partido Winaq en 2022
Al profundizar en esa noción de la mujer política, la diputada señala que se espera que sea sumisa y medida en su expresión. En la experiencia de Andrea Villagrán, el discurso que se ha mantenido sobre su persona gira alrededor de cuestiones estéticas, profesionales y de roles de género. Por ejemplo, se burlaban de ella por estar soltera, por subir de peso y se cuestionaba su acceso al espacio político, haciendo referencia al tipo de relación que debe haber tenido para encontrarse ahí.
Otro gran problema al que se enfrentan, según Ligia Hernández, es la «interpretación antojada de la ley» por parte de los directivos del Congreso. Sobre esto, la diputada Villagrán expresa: «Lo hacen a su antojo, o sea, cuando les conviene lo hacen y cuando no, no. Es más a conveniencia y mucha discrecionalidad».
Consecuentemente, propuestas como la Ley Angelina y la Ley de Guarderías «no caminan dentro del Congreso, ni siquiera se han podido leer», expresa la diputada Hernández, menos si abordan temáticas sociales o si provienen de bancadas de oposición
«Tampoco es un favor lo que estamos pidiendo, la ley establece que deben entrar a un proceso. Creo que también existe cierto sesgo, de que si hablas de niñez o de mujeres, posteriormente vas a abordar otro tema más difícil de llevar, entonces te ven como como una enemiga», comenta.
Comisiones y jefaturas de bloque
En el Congreso hay funciones que se asumen, entre ellas la jefatura o subjefatura de bloque y la participación en las comisiones ordinarias.
Existen 20 bloques legislativos, cada uno agrupado por diputados de un mismo partido político. Se componen de jefe, subjefe e integrantes. Según el artículo 51 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo cada bloque legislativo deberá elegir un jefe y un subjefe de bloque, para luego presentarlos ante la Junta Directiva. Los jefes de cada bloque componen la junta de jefes que determina la agenda legislativa en cada sesión del pleno.
Según el artículo 52 de la Ley Orgánica, los jefes de bloque se deben reunir cada semana con la presidencia del Congreso para determinar la agenda que se propone al pleno en cada sesión, conocer los informes de la presidencia del Congreso, identificar asuntos de trascendencia e interés nacional, discutir propuestas, acordar horarios de reunión del pleno y de las comisiones, proponer la contratación de una auditoría externa. Cada jefe de bloque debe llevar un registro de lo abordado en cada reunión.
En 2023, de los 20 bloques legislativos, sólo cinco tienen mujeres en sus cargos de dirección. Los bloques son:
Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP): Vicenta Jerónimo, jefa.
Visión con Valores (Viva): Hellen Magaly Ajcip Canel, jefa.
Valor: Ana Lucrecia Marroquín Godoy de Palomo, jefa.
Winaq: Sonia Gutiérrez, jefa.
Unión del Cambio Nacional (UCN): Karla Andrea Martínez Hernández, subjefa.
Nueve de los bloques legislativos están compuestos en su totalidad por hombres.
Las comisiones constituyen órganos técnicos de estudio y conocimiento de los asuntos que se sometan a consideración del pleno o que promuevan su propia iniciativa e idealmente deben estar integradas por diputados especializados o con experiencia en el tema que aborden.
Terminada la presentación del Segundo Informe de Gobierno, en enero 2022, el Presidente de la República, Alejandro Giammattei, cruza mirada con la diputada de la bancada Semilla, Lucrecia Hernández Mack
Actualmente, existen 38 comisiones en el Congreso. Es obligación de los diputados el participar en al menos dos y máximo cuatro comisiones de trabajo. El o la presidente, vicepresidente y secretario de la Junta Directiva de cada comisión, deberán pertenecer a distintos partidos políticos, esto según los artículos 27, 28 29 y 30 de la Ley Orgánica.
En 2020, tan solo 20 mujeres (el 17.54%) ocuparon distintos cargos directivos en las comisiones de trabajo. Nueve en la presidencia, seis en la vicepresidencia y cinco en secretarías. Al año siguiente, 19 (16.67 %)ocuparon cargos directivos, seis presidentas, siete vicepresidentas y seis secretarías. En 2022, la cantidad de participación aumentó muy poco, habiendo siete presidentas, 10 vicepresidentas y cuatro secretarias, un total de 21 mujeres (el 18.42%) en cargos directivos.
En 2023, de los 20 bloques legislativos, sólo cinco tienen mujeres en sus cargos de dirección
2023 es el año con menor cantidad de participación de mujeres, teniendo un total de 18 (15.79 %) en cargos directivos. Nueve de ellas ocupan presidencias, tres vicepresidencias y seis secretarías. En los últimos cuatro años, el promedio de participación de mujeres en las juntas directivas de las comisiones ordinarias es de 17.10%.
La diputada Villagrán ofrece una mirada sobre la realidad de organización y división del trabajo en las comisiones legislativas. Expresa que es común que se entreguen a dedo por la Junta Directiva, se negocia con los partidos el tipo de comisión que cada uno tendrá. También indica que existen comisiones favoritas entre los diputados, como de Finanzas Públicas y Moneda, Energía y Minas, Ambiente, Obras Públicas, Salud y Asistencia Social, entre otras.
La Comisión de la Mujer es un espacio principal para el abordaje de las denuncias y necesidades de la diversidad de grupos de mujeres existentes, pero que está inactiva los últimos dos años y anterior a eso era percibida como una castigo por los diputados.
A decir de la diputada Villagrán: «Es una comisión que nadie quiere, o sea no es una comisión que genera ingresos o que puedan ahí generar corrupción. No es de esas comisiones, no es de las favoritas». Y agrega: «El chiste era que al que peor le caía (al presidente del congreso) por fregar le asignaban la comisión de la mujer. Se la asignaban a un hombre o se la asignaban a un bloque legislativo donde sólo había hombres. Era como una gran vergüenza, verdad, o sea era un castigo y burla».
El bloqueo de la comisión de la mujer surge a partir de la actividad que tuvo en 2020 y 2021. Desde reunirse con múltiples organizaciones de mujeres hasta presentar iniciativas como la reforma a la ley Alba Kenneth e iniciativa de ley de fomento a la salud menstrual digna.
«Eso también te da mucha cancha y visibilidad y pues nos bloquearon a partir de ahí. La comisión fue entregada pues a los aliados del oficialismo, de hecho aliadas. Lo que te demuestra es que hay cero compromiso con las mujeres del país, de hecho, no ha pasado ninguna iniciativa a favor de las mujeres y las que hemos apoyado, las que hemos impulsado pues están varadas», dice Villagrán.
El Presidente de la República, Alejandro Giammattei, entrega a la nueva Presidenta del Congreso, Shirley Rivera, una copia del segundo informe de gobierno recién presentado en su discurso frente al pleno del congreso, en enero 2022
La diputada Villagrán señala que hoy en día la comisión ni siquiera tiene trabajo y se reportan sesiones que nunca se llevaron a cabo. Indica que exigieron a la presidenta Shirley Rivera que dejara de dar la comisión a hombres. «Ella, siendo mujer, al menos que respetara eso. Y sí lo hizo, se la dio a una mujer, pero le puso la condición de que la comisión no tenía que trabajar», dice la diputada y continúa: «Es algo con lo que (la presidenta) se siente muy incómoda, porque a pesar de ser mujer pues no necesariamente lidera la lucha de los derechos de las mujeres. Al contrario, o sea, ha hecho que no se aborden temas de mujeres, por el contrario se le quite presupuesto».
Al preguntarle a Ligia Hernández si su participación en el Congreso es tan profunda como ella quisiera, responde: «No, de repente, no, y no solo la mía, sino la de todas las compañeras. Es imposible que puedan avanzar los temas que nos interesan como mujeres, en un Congreso dominado por hombres, en una junta directiva sí, presidida por una mujer, pero rodeada de hombres y de machos abusivos», dice.
El machismo del Congreso, dice, «es un reflejo de lo que pasa afuera y que permea también los partidos políticos. Hay un conservadurismo claro también, que nos limita. Es un espacio también muy violento, con mucho ataque, donde se demerita lo que se hace, entonces es también difícil»
Según estudios e informes regionales, Guatemala está hasta atrás de América Latina sin una reforma concreta para garantizar la participación de mujeres como candidatas a cargos de elección popular. El resto de países han trabajado en reformas o leyes para encaminarse hacia la paridad de género en la participación política.
La paridad busca que exista una relación de pares, de iguales. Sin importar las diferencias, debe haber igual cantidad de oportunidades. La paridad de género busca ese mismo equilibrio específicamente entre hombres y mujeres. Este término se relaciona al ámbito político, pues con el paso del tiempo se hizo más necesario responder a la necesidad de representatividad de mujeres en cargos públicos.
Para la mayoría de países este es un camino que comenzó hace años, sin embargo, en Guatemala la paridad sigue siendo una idea que no se concreta.
Para Steffany Figueroa, de Red Ciudadana, la paridad de género aporta en más ámbitos que la participación. «La paridad no solo es que las mujeres accedan al poder sino que también es una forma de medir la calidad de la democracia. Porque cómo se puede decir que se está en un país representativo y democrático cuando esto no se ve reflejado en los puestos de toma de decisión», apunta.
En el Tribunal Supremo Electoral, solo hay dos mujeres en la toma de decisiones, representando el 22,22%
De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) se estima que para el 2023 la población del país sea de unas 17,602,431 personas, donde el 50.8 % son mujeres. El censo 2018 mostraba que las mujeres constituyen el 51.53 %, es decir son más de la mitad de la población.
Este dato implicaría que existiera un porcentaje similar de participación en cargos de elección popular y de administración pública, tanto en diputaciones como en ministerios, municipalidades, organismo legislativo y en el sector justicia, sin embargo la realidad no es representativa.
Para la internacionalista Xóchilt Curruchiche, la ausencia de paridad es un reflejo de la realidad guatemalteca. «Guatemala en estas mismas condiciones de desigualdad, de corrupción, de toda una agenda antiderechos, es coherente que no tengamos una ley de paridad de género», afirma.
La iniciativa de ley 5893
El 16 de marzo del 2021 fue recibida por la Dirección Legislativa la iniciativa de ley 5893, Ley de Paridad, Alternancia e Inclusión de Pueblos Indígenas. En esta se busca garantizar no sólo la participación de las mujeres, también la de los pueblos indígenas. El único avance fue ser presentada en el pleno el 7 de abril de ese mismo año.
Este esfuerzo había surgido desde varias organizaciones de mujeres. Steffany Figueroa fue parte de la mesa técnica de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came), del Tribunal Supremo Electoral y recuerda que en ese momento, en 2020, existió mucha resistencia al tema por los diputados hombres, de distintos partidos políticos.
«Guatemala, es muy conservadora y por eso creo que se ven renuentes y les asustan mucho los términos ‘paridad’ y ‘equidad’ a los hombres, porque creen que les estamos quitando puestos de poder y eso no les gusta y los disfrazan con cosas como: ‘no es que si las mujeres quieren participar que participen’, y nosotros les explicamos que no es que la paridad vaya a dañar la democracia interna de los partidos políticos, sino que realmente es una forma de impulsarla», comenta.
Petrona Mejía, diputada por el distrito de Chimaltenango asegura que el camino de esta iniciativa empezó a ser complejo desde que se conoció en el Congreso, pues los diálogos previos fueron organizados y con acuerdos.
Petrona Mejía, diputada por el distrito de Chimaltenango
«Este proceso está teniendo obstáculos desde el momento en que se presentó, allá afuera venía bien porque nosotras las mujeres diputadas siendo ladinas e indígenas unimos esfuerzos para poder presentarla. Tuvimos obstáculos y hasta que se hizo la exigencia pudimos lograr que se recibiera en la comisión y ahora le están dando obstáculos que no la quieren aprobar ni pasar, ¿dónde está el problema? Aquí, en el Congreso. Allá afuera sí hubo una buena estructura», explica la diputada.
La resistencia a siquiera conocer esta ley tiene sus raíces en otras violencias que enfrentan las mujeres guatemaltecas día a día, se dediquen o no a la política. Para Lins Tillit, de la Asociación Alas de Mariposas, el poco avance de esta iniciativa tiene que ver con el temor de perder los espacios de poder que ahora le pertenecen en su mayoría a hombres. Pero también responde a las violencias contra las mujeres. «A la misoginia, discriminación y falta de voluntad política de no reconocer que en Guatemala las mujeres somos el 54% del padrón electoral», asegura.
La Asociación Alas de Mariposas forma parte de la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia. En una conferencia de prensa frente al TSE el 1 de marzo, exigieron medidas que garanticen la participación de las mujeres en las próximas elecciones.
«Hemos visto en estos últimos tiempos que no se ha emitido ninguna medida de acción afirmativa que promueva y garantice la participación política de las mujeres. En ese sentido, el decreto de la convocatoria a elecciones, 1-2023 del TSE, no contempló ninguna medida para las mujeres y los pueblos», indicaron. Además compartieron otras demandas hechas por esta alianza, «Estamos solicitando que se emita un acuerdo que prohíba a los partidos políticos utilizar el cuerpo de las mujeres en campañas electorales, igual la indumentaria maya y la utilización de las caras y los cuerpos de las niñas y los niños en la campaña
Paridad y cargos públicos
Aunque en la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, aprobada en 1999, se incluía en el artículo 23 la promoción de mecanismos para lograr la plena participación política de las mujeres, en Guatemala se carecen de estrategias y mecanismos concretos que indiquen cuotas por género o representación paritaria en las postulaciones de los partidos políticos a cargos de elección pública o bien en aquellos cargos que se ocupan por designación.
La paridad de género en la política garantiza que los partidos políticos contemplen un porcentaje determinado de mujeres dentro de sus candidaturas. Para que el sistema de inclusión sea efectivo debe realizarse de manera alternante o de «zipper». Esto significa que cada partido realiza una lista de candidatas y otra de candidatos, luego se alterna una persona de cada lista para que el patrón sea hombre-mujer o mujer-hombre.
Para Steffany Figueroa, otro de los factores determinantes para que las mujeres queden electas, aún con estas medidas paritarias, es el método de conteo de votos. «El sistema de conteo de votos es a través del método D’Hondt, no se garantiza que vayan a estar, por ejemplo, los quince del listado, verdad. Pero sí se garantiza que por ejemplo a partir de tantos votos quedan cuatro y de esos cuatro son hombre-mujer, hombre-mujer
En Guatemala, el método D’Hondt es utilizado para la elección de diputaciones y las de corporaciones municipales. Este sistema pretende asignar escaños de manera proporcional, conforme a los votos. Sin embargo, este sistema descarta a aquellos que no alcancen el 3 % de votos. Este sistema divide la cantidad de votos que recibe cada partido entre la cantidad de escaños puestos en las elecciones. Los resultados de estas divisiones, de manera consecutiva, determinan a las personas que ocuparán los cargos.
Con este método de conteo de votos el número de casilla dentro de la planilla es determinante, pues según explica Steffany, hay puestos en las listas que difícilmente podrían tener un puesto en el Congreso. «Hay casillas en específico que nunca van a quedar o que difícilmente queden. La idea es que tampoco se coloquen a las mujeres en los distritos que no van a quedar, en las casillas que saben que jamás van a pasar o muy difícilmente van a llegar a acceder al poder
Una meta más allá del cargo público
Si la llegada de las mujeres a cargos públicos es un camino complicado de transitar, ejercerlo también es un reto. Pues aunque tienen la misma autoridad que sus compañeros hombres, estos mismos las demeritan o no les escuchan. La diputada Petrona Mejía cuenta que ha tenido que recurrir a métodos poco comunes para ser escuchada dentro del Congreso de la República. «Uno tiene que buscar estrategias para que uno sea escuchado, en mi caso yo llevé un silbato para que se me diera la palabra. A veces sigue pasando lo mismo», recuerda.
A veces la discriminación no viene sólo por el hecho de ser mujer, se intersectan otros factores como sucede cuando se es racializada. De las 31 diputadas, sólo tres son mujeres mayas. Petrona Mejía es una de ellas, mujer maya kaqchikel que ha vivido limitaciones a su participación en su paso por el Congreso.
«Tenemos que ver la participación también de las otras compañeras porque son limitadas. No solo a mí me pasa eso, le pasa a otras compañeras y a nosotras el doble por ser mujeres y por ser indígenas. Y eso se ve en la participación, es notorio, está en todo el ámbito aquí en este poder del Estado. Nuestra participación está muy limitada y existe más machismo y más con nosotras las mujeres indígenas», indica.
Solo en la Corte Suprema de Justicia la representatividad se acerca con mujeres a cargo de 6 de las 11 magistraturas
La participación de las mujeres mayas, garífunas, xincas, así como de personas trans y de otras identidades, es un tema necesario para que exista una representatividad certera.
Para que este concepto pase de la teoría a la realidad no basta solamente con que mujeres o mujeres mayas lleguen a los puestos de toma de decisiones, según Xóchitl Curruchiche, es necesario que sean conscientes de los temas que atraviesan las vidas de estas personas.
«Yo creo que tenemos que ser un poco más críticos con eso porque seguramente van a llegar muchas mujeres a ocupar cargos de elección popular en todo el Ejecutivo y el Legislativo, van a llegar un montón de mujeres también, pero eso no significa que para nosotras sea de verdad un avance significativo a favor de nuestros derechos, un compromiso y sobre todo una representatividad de mujeres mayas», explica que con esto no se refiere a que una ley de paridad no sea funcional, simplemente hace énfasis en que esta logrará cambios a largo plazo.
Participación política limitada y en riesgo
Guatemala no cuenta con políticas de paridad o cuotas de género que garanticen la participación política de las mujeres, a diferencia del resto de países de Latinoamérica. Además la participación se ve limitada por violencias que les atraviesan de manera particular.
Petrona Mejía explica que las mujeres tienen temor de participar en política porque relacionan que deben pagar grandes cantidades de dinero para participar y además temen dañar su imagen pública.
El presidente Giammattei abraza a la ministra de educación, Claudia Ruíz, al cierre de la ceremonia de presentación del Informe de Gobierno, el 14 de enero. La ministra es la única mujer al frente de los 14 ministerios
La mujer se vuelve una imagen pública y ahora con las redes sociales a veces destruyen la vida de las personas. Y a eso ellas le tienen miedo, ‘no tengo dinero’ y ‘luego van hablar de mí y todo lo que van a decir de mí, mejor no’. Tengo ganas de hacerlo, pero al ver la violencia política ahora, mejor no participo, mejor me quedo», refiere Mejía.
«Una ley de paridad de género sí ayuda a disminuir esa violencia política, explica Xóchitl Curruchiche, pero tampoco es una solución inmediata, sino que es una solución a largo plazo», comenta. Que las mujeres tengan presencia en cargos de elección popular no implica su participación plena.
«Solo con el hecho de tener a una mujer en un cargo de elección popular no significa que esta mujer tenga conciencia de género, que tenga conciencia de la realidad que atraviesa el país», explica Xóchitl. «No solo se trata de ser mujer o ser indígena sino que se trata de tener esa conciencia en querer transformar estas desigualdades», concluye.