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  • Arenales Forno ante la CIDH: “La Cicig se ha convertido en una fiscalía paralela”

    Arenales Forno ante la CIDH: “La Cicig se ha convertido en una fiscalía paralela”

    El embajador de Guatemala en Uruguay, Antonio Arenales Forno, fue el encargado de representar al gobierno de Jimmy Morales en la audiencia a puerta cerrada celebrada el lunes 1 de octubre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para abordar la crisis política del país. Según fuentes consultadas por Plaza Pública, no se salió del guion oficial promovido desde hace más de un año por el Ejecutivo y aliados: criticar duramente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a quien acusa de ser una “fiscalía paralela”.

    La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se convirtió en una “fiscalía paralela” y sus investigaciones sobrepasaron el acuerdo suscrito entre el Estado de Guatemala y la Organización para las Naciones Unidas (ONU). Esta fue la explicación que el embajador de Guatemala en Uruguay, Antonio Arenales Forno, dio a la decisión del presidente Jimmy Morales de poner fin al mandato de la agencia anticorrupción a partir del 3 de septiembre del próximo año.

    Lo hizo durante la audiencia celebrada el lunes en Boulder (Colorado, Estados Unidos), en el marco del 169 período de sesiones de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH), que debió de ser pública, pero que a petición del Estado guatemalteco se realizó a puerta cerrada, en privado. Según expuso el embajador guatemalteco ante los comisionados interamericanos, dado que la Cicig tiene fecha de caducidad, el Gobierno no considera “oportuno” que juegue un papel de liderazgo en el combate contra la corrupción, ya que el Ministerio Público puede hacerse cargo de las investigaciones.

    Según pudo saber Plaza Pública, la audiencia se extendió por espacio de una hora. Por parte del Gobierno acudieron, además de Arenales Forno, Rita Claverie, representante de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

    En el encuentro también estuvieron presentes Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos (PDH), y diversos representantes de la sociedad civil, como Gisela de León (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), Ramón Cadena (Comisión Internacional de Juristas), Lissette Vásquez (Fundación Myrna Mack), Gabriel Wer (Alianza por las Reformas) e Iduvina Hernández (Asociación Seguridad en Democracia). Ellos hicieron pública su intervención a través de una nota y ofrecieron una conferencia por videollamada que los periodistas siguieron en la sede del PDH.

    Según Alfredo Brito, la Cicig no es un tema de Derechos Humanos; por eso se pidió abordar en privado.

    Según José Alfredo Brito Ralón, Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, el Gobierno solicitó que la audiencia se realizara a puerta cerrada “ya que este es un tema que está abordándose entre el Gobierno de Guatemala y el Secretario General de las Naciones Unidas”. Según el funcionario, “hay temas sobre el acuerdo de la Cicig que se están abordando al amparo del Artículo 12 de dicho acuerdo, que se refiere a la solución de controversias y sobre las cuales todavía no se ha tomado decisión”. A pesar de que el Secretario atendió la llamada telefónica de Plaza Pública, prefirió contestar las preguntas a través de un mensaje de WhatsApp.

    El gobierno se apoya en el artículo 68 del reglamento de la CIDH para justificar la privacidad de la reunión: “Cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen, la Comisión, por iniciativa propia o a solicitud de parte interesada podrá celebrar audiencias privadas y decidirá quiénes podrán asistir a ellas”.

    No parece que el Ejecutivo se encuentre cómodo ante la fiscalización por parte de la CIDH de la guerra abierta en el país y en la ONU para deshacerse de la Cicig. Brito explicó que ellos creen que este asunto no se trata de una cuestión de Derechos Humanos, sino que es “un tema relacionado con la lucha contra la corrupción directamente”. Quizás por eso, Arenales Forno dejó constancia en el encuentro de las dudas que genera en el Gobierno de Morales la capacidad del organismo de la OEA para abordar este conflicto. A pesar de sus reticencias, los representantes del Ejecutivo acudieron al llamado de la CIDH.

    Que Arenales Forno haya representado a Guatemala ante la CIDH no fue algo casual. Este es un terreno conocido para el veterano diplomático. En 2012 fue el encargado de defender las tesis del Gobierno, entonces de Otto Pérez Molina, de que la institución internacional no era competente para decidir si la matanza de miles de indígenas mayas durante el conflicto fue genocidio como se debatía entonces en los tribunales.

    Era titular de la secretaría de la Paz (Sepaz) y llegó a declararse “indignado” con tal calificación. Aunque actualmente se encuentre en Montevideo, este antiguo asesor del expresidente encarcelado siempre aparece como una de las figuras a las que más se escucha en el gabinete de Morales. Y uno de los que mejor conoce las vicisitudes y mañas de la diplomacia, que exige más mano izquierda que el estilo desafiante exhibido por el Ejecutivo en sus últimas comunicaciones con la ONU.

    El Consigliere tiene un proyecto (I)

    Sobre los pormenores de la audiencia, las fuentes consultadas señalan que la discusión no se movió mucho de los parámetros en los que se encuentra estancado el debate dentro de la opinión pública guatemalteca.

    Por parte del Gobierno, beligerancia contra la Cicig y política de hechos consumados: la decisión de que la agencia anticorrupción termine su mandato el 3 de septiembre de 2019 está tomada, así que lo que queda es gestionar la “transferencia de capacitaciones”.

    Por parte de procurador y sociedad civil, preocupación por los ataques recibidos por la Cicig y el convencimiento de que estos buscan socavar “la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho y en particular la administración de justicia”.

    El relato: que el Gobierno y sus aliados (políticos, empresarios, exfuncionarios y demás sectores oscuros agrupados en el pacto de corruptos), acorralados por las investigaciones, han puesto fin al mandato de la comisión y, a su vez, han amenazado con desconocer el orden constitucional.

    Aquí también aparecen las amenazas y seguimientos sufridos por algunos de sus integrantes desde el pasado 31 de agosto, día en el que Jimmy Morales anunció que la Cicig no renovaría su mandato.

    Arenales Forno no apareció tan desafiante como lo hizo el presidente ante la Asamblea General de la ONU la semana pasada, pero mantuvo la misma línea argumental: la supuesta extralimitación de la Cicig, que habría abordado casos que no le competen. No hizo referencia a hechos concretos, como han apuntado tanto Morales como la canciller, Sandra Jovel, aunque sí mencionó el acuerdo suscrito entre la agencia anticorrupción y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado 16 de agosto.

    También, y en dos ocasiones según las fuentes consultadas, dejó caer una crítica hacia el MP, de quien dijo que había sido “complaciente” con esta progresiva ampliación de las capacidades de la Cicig.

    Al margen de estas cuestiones, el actual embajador en Uruguay no se salió del discurso oficial. Tampoco mencionó otros temas abordados por los integrantes de la sociedad civil, como el hostigamiento a manos de cuerpos policiales. Culpó al secretario general de la ONU, António Guterres, de ignorar las protestas efectuadas por el Gobierno de Guatemala contra la Cicig, en general, y contra el comisionado Iván Velásquez Gómez, en particular.

    Reiteró el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción y dejó claro que el año que resta es para el “traslado de capacitaciones”, considerando que la Cicig no debe tener protagonismo en futuras investigaciones. Su receta: el incremento de presupuesto para la Fiscalía programado por el Gobierno y “ayudas” externas que no tendrían que pasar por el filtro de la Cicig.

    Arenales Forno habló del “nuevo comisionado” con quien el Gobierno deberá discutir los términos del fin de la Cicig.

    El Ministerio Público ha incrementado su presupuesto en los últimos ejercicios fiscales. Según el portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Finanzas, la Fiscalía tiene actualmente un presupuesto de 2.37 mil millones de quetzales. Que son 254 millones más que lo aprobado el año pasado y 686 más que en 2016. 

    Último detalle: Arenales Forno habló del “nuevo comisionado” con quien el Gobierno deberá discutir los términos del fin de la Cicig y la transferencia de capacidades al Ministerio Público. Este es un asunto que está pendiente. Desde el encuentro que mantuvieron Morales y Guterres en el marco de la Asamblea General de la ONU no ha trascendido ningún detalle.

    Este tuvo lugar el miércoles, 26 de septiembre, horas después de la incendiaria intervención del presidente ante el plenario. Minutos después, la canciller Sandra Jovel, mostró su confianza en acuerdo, que debería materializarse a través de una comunicación desde Nueva York. A día de hoy no hay noticias de que esta se haya producido. De este modo, Velásquez sigue siendo el comisionado y aunque por mandato expreso de la Corte de Constitucionalidad tiene permiso para entrar en el país, ha preferido seguir dirigiendo la comisión desde Nueva York.

    ConPruebas – Las falsedades y engaños de Jimmy Morales en su discurso ante la ONU

    A estas alturas, el tribunal constitucional ya debería de haber recibido los informes circunstanciados que pidió al presidente, al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart; a la canciller Sandra Jovel; y al procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar, para que expliquen cómo están cumpliendo el fallo, pero aún no se conocen noticias de ello.

    Mientras el embajador trataba de dirigir la atención hacia Nueva York, que es donde debería discutirse qué ocurre con el último año de la Cicig, según el punto 12 del convenio de su creación, los integrantes de la sociedad civil guatemalteca llegaron a Colorado con peticiones concretas: que se establezca un mecanismo de seguimiento a la situación en Guatemala; que se otorguen medidas en favor de jueces y magistrados que conocen de casos de alto impacto y que se encuentran sometidos a presiones y amenazas; que se emita un comunicado público por parte de la Comisión, urgiendo al Estado a respetar el Estado de Derecho y la institucionalidad pública; que se realice una visita de trabajo por parte de la relatora y que el próximo período de sesiones de seguimiento a la situación en Guatemala.

    Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la CIDH para Guatemala, dijo a la agencia Efe que la institución que representa está dispuesta a viajar al país “inmediatamente”. Su objetivo sería hablar con representantes del Gobierno, de la Corte de Constitucionalidad, del Ministerio Público y la sociedad civil para analizar el caso.

    Habrá que ver cuál es la respuesta del Gobierno de Morales, que advierte que no cree que el organismo de Derechos Humanos sea “competente” para abordar este asunto. Una de las preguntas que, según los participantes en la reunión, quedó en el aire: ¿está el Estado de Guatemala preparado para enfrentar a la corrupción y otros delitos sin la cooperación que durante los últimos 12 años ha brindado la Cicig? El Gobierno asegura que la Fiscalía tiene todas las capacidades para actuar sin este apoyo. Sin embargo, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, opina la contrario. “Si la Cicig se va, volvemos a lo de antes”, dijo semanas atrás en una entrevista con el medio digital salvadoreño El Faro.

  • Human Rights Watch: “El gobierno de Guatemala está al borde de violar la Carta Democrática”

    Human Rights Watch: “El gobierno de Guatemala está al borde de violar la Carta Democrática”

    En un comunicado emitido el miércoles, la organización internacional Human Rights Watch aseguró que las últimas decisiones del Gobierno de Guatemala sobre el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, justificarían que la Organización de Estados Americanos aplique la Carta Democrática Interamericana, que se invoca cuando se rompe el orden constitucional de un Estado miembro.

    Human Rights Watch advirtió de la gravedad de la situación a la que el presidente Jimmy Morales ha llevado al país, tras ordenar impedir el regreso de Iván Velásquez Gómez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Su director adjunto para América Latina, Daniel Wilkinson, en entrevista con Plaza Pública desde Washington, dijo que si el Ejecutivo guatemalteco desobedece las órdenes de la Corte de Constitucionalidad, justificaría que la Organización de Estados Americanos (OEA) invoque la Carta Democrática Interamericana para restablecer el Estado de derecho en Guatemala.

    La Carta Democrática Interamericana fue firmada en 2001 y supone un compromiso de los Estados del continente para responder colectivamente cuando existe una amenaza al orden, a los sistemas democráticos, explica Wilkinson.

    “Es importante responder no solo a los golpes de Estado sino a las amenazas que vienen del propio Gobierno»

    El documento establece consecuencias directas para los gobiernos que contribuyen a esta amenaza. “La ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro”, dice la carta, constituye un obstáculo para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y otros órganos de la OEA. Se suspenderán por lo tanto sus derechos de participación en la organización.

    Además, si se altera el orden constitucional, cualquier otro Estado o el Secretario General de la OEA podrán solicitar que se convoque el Consejo Permanente. Este consejo tiene la posibilidad de hacer las gestiones diplomáticas necesarias “para promover la normalización de la institucionalidad”, dice el documento.

    Wilkinson recuerda que la Carta ya se ha aplicado en varios países de América Latina. En Venezuela, en 2002; en Bolivia, en 2003, 2005 y 2008; en Perú en 2004; en Nicaragua en 2004 y 2005; en Ecuador en 2005 y 2010; y en Honduras en 2009.

    “Es importante responder no solo a los golpes de Estado sino a las amenazas que vienen del propio Gobierno —explica el director adjunto de Human Rights Watch—. Cuando hay un contexto en el cual el presidente, el Ejecutivo, decide no cumplir con órdenes judiciales, ignorar las decisiones de la misma Corte de Constitucionalidad, eso es violar el sistema constitucional del país”.

    Para refrescar la memoria: el pasado domingo la Corte de Constitucionalidad, en un fallo unánime pero ambiguo, dictaminó que el comisionado de la Cicig puede regresar al país después de que el gobierno impidiera su ingreso dos semanas atrás. Sin embargo, al día siguiente, la canciller Sandra Jovel, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y el Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar, dijeron que la prohibición contra Iván Velásquez continuaba vigente. Según la interpretación del Ejecutivo, la Corte no hacía referencia a Velásquez, a pesar de que estaba resolviendo una acción de amparo que se refería específicamente a él. Fue necesario que el abogado Alfonso Carrillo, quien planteó el recurso objeto de amparo otorgado de manera provisional el pasado domingo, pidiera al máximo tribunal una ampliación de este, a efecto de que aclarara si al indicar en el fallo “Comisionado o Comisionada” se referían a Velásquez Gómez o a otra persona. La noche del miércoles, en un fallo dividido tres a dos (los togados Dina Ochoa y Neftaly Aldana votaron en contra), los magistrados de la Corte aclararon que el amparado es Iván Velásquez Gómez, comisionado de la Cicig designado por el Secretario General de las Naciones Unidas.  

    La Corte de Constitucionalidad aclara su ambigüedad y obliga al Gobierno a permitir el regreso de Iván Velásquez

    “Con la ampliación no queda ninguna duda: el presidente Morales tiene que permitir el retorno del comisionado Velásquez. Si no lo hace, estará violando el Estado de Derecho”, señala Wilkinson.

    Según su criterio, las decisiones del Ejecutivo mostradas hasta el momento crean una situación de emergencia en la que la Carta de la Organización de Estados Americanos sería aplicable. “Esto quiere decir que la OEA, cualquier miembro o el secretario general podrían convocar una reunión del Consejo Permanente para estudiar la situación”, aunque estarían pendientes de que el Gobierno acate lo resuelto por la Corte y permita el ingreso de Velásquez al país para que continúe con su trabajo al frente de la Cicig hasta septiembre del próximo año, que es cuando vence el mandato de la comisión.

    Si el gobierno desobedece el dictamen, Guatemala entraría en una situación que la Carta Democrática contempla. “Es un tema de preocupación para todos los estados democráticos de la región”, asegura.

    “La comunidad internacional siempre ha tomado en cuenta las exigencias de la mayoría que sí quiere que avance la lucha contra la corrupción»

    ¿Por qué anticiparse?, se pregunta Wilkinson con relación al comunicado emitido por Human Rights Watch la mañana del miércoles. “El mismo presidente ha dicho que no va a aceptar órdenes ilegales. En el contexto, sugería casi amenazar que si a él no le gustaban las órdenes del poder judicial y de la Corte de Constitucionalidad, (estas) no se iban a cumplir”. El director de la organización recuerda que en un Estado de Derecho, el presidente no decide qué es la ley. Son las Cortes, y al mandatario no le queda otra opción que cumplir con lo que éstas ordenen. “Si el presidente decide no cumplir, estaremos ante una situación grave”, concluye.

    —¿El Estado está incumpliendo ahora?

    —Están al borde de violar flagrantemente la Carta Democrática.

    Según Wilkinson, la voz de la sociedad civil es clave en este contexto. “La comunidad internacional siempre ha tomado en cuenta las exigencias que vienen de la sociedad civil y de la calle, de la población, de la mayoría que sí quiere que avance la lucha contra la impunidad. Es muy relevante para cualquier respuesta de la comunidad internacional”, asegura.

    Por ahora plantea el siguiente escenario: si el Gobierno decide desatender la resolución de la Corte se convocaría a una sesión en la Organización de Estados Americanos para estudiar la situación. En ella, se escucharía al Gobierno de Guatemala, y también a las demás partes.

    El siguiente paso, buscar acciones diplomáticas para que el Ejecutivo rectifique. Si no hay interés de Jimmy Morales, se podrían llegar a situaciones más extremas. “Cuando hay una ruptura total, que llega casi a ser autogolpe, o una negación total de la democracia, puede llegar una acción como suspender al país de la OEA”.

    “Pero eso ocurría más adelante —prefiere no anticiparse tanto Wilkinson—. El primer paso es invocar la Carta y decir qué estamos viendo. Si el Gobierno no está cumpliendo con la Corte, si lo hace de forma flagrante, eso es una violación de la Carta y merece la atención y la respuesta de la OEA. Convocar una sesión y ver cómo se puede colaborar con el Estado”.

  • Mensaje reiterado

    Corría el inicio de la década de 1990. Las negociaciones de los tres países que firmarían el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés) entraban en la fase de ratificación en sus respectivos Parlamentos.

    Desde junio de 1991 hasta el 12 de agosto de 1992, los grupos de trabajo se reunieron en 389 ocasiones hasta que por fin el 7 de octubre del mismo año, reunidos en San Antonio, Texas, Carlos Salinas de Gortari, presidente de México; George H. W. Bush, presidente de Estados Unidos; Brian Mulroney, primer ministro de Canadá, y sus respectivos ministros, dieron lugar a lo que se llamó la ceremonia inicial del Nafta. No todos los mandatarios involucrados en este proceso celebraron con la misma intensidad. En la ceremonia oficial, llevada a cabo en Los Pinos, se entonó el himno mexicano inmediatamente después de haber firmado el tratado. Entonces, en ese concreto momento, todos tenían claro que los tiempos habían cambiado radicalmente. El salinato (período presidencial de Salinas de Gortari) celebraba por todo lo alto el cambio de modelo económico creyendo que había enterrado la dependencia petrolera, pero no notaba que estaría consolidando la dependencia comercial.

    Veinticinco años después, México propuso llevar esta relación a un nivel superior y comenzar a discutir una interconexión política. Si lo económico había funcionado bien, ¿por qué lo demás no? El Gobierno mexicano propuso la idea de una supercarretera que cruzara todo México y se interconectara con Estados Unidos y Canadá. Incluso postuló la idea de un tránsito agilizado y expedito para los ciudadanos miembros de la zona de América del Norte. La respuesta estadounidense no fue un no rotundo, pero tampoco fue la que esperaba el Gobierno mexicano (en ese entonces bajo la presidencia de Vicente Fox). Estados Unidos diseñó el Plan Alianza para la Prosperidad como el elemento instrumental de la denominada Convención de Monterrey, en la cual estipularon muy clarito que, si México quería de alguna forma integrarse a todos los demás aspectos que el Nafta no postula, debía cargar con el peso y el costo. A diferencia de la práctica en Europa, donde las asimetrías entre los países miembros y los socios aspirantes terminan siendo un compromiso político, en el caso de América del Norte no habría ese beneficio (en razón de la carencia de mecanismos regionales integradores, aspecto que Estados Unidos siempre consideró nocivo). La primera Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) presentó el proyecto de un banco de integración regional en el cual los mayores aportes serían canalizados por el Estado mexicano. «Si lo quieren, asuman el compromiso y paguen por ello». Claro, como todas las cosas que tienen lugar en México, cuando se ponen serias, lo prioritario se transforma en ahorita, el ahorita es tantito después y el tantito después lleva ya más de una década. La iniciativa, que requería un nivel de corresponsabilidad fiscal por parte de uno de los socios del Nafta (el más interesado en crear el sentido de integración más allá de lo económico), no se profundizó porque México no tuvo capacidad para cumplir las expectativas. Sí, ser parte de América del Norte sale caro.

    Hoy la agenda del Nafta es secundaria para Estados Unidos, mientras que México apostó todos los huevos en esa canasta. Y hoy México no tiene ni la facilidad para cambiar la ruta ni canales abiertos de negociación con Estados Unidos, excepto los que la agenda estadounidense pone en la mesa. En el entorno de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, los rumores pasaron a ser una historia de terror. Sí, es cierto. A inicios del 2017, la delegación de alto nivel mexicana que visitó Washington (que debía preparar la visita de Peña) fue tratada de la patada, no hubo tono de negociación y se impuso la agenda. Y pocos reparan en el hecho de que Peña canceló su viaje a Washington, cuando pudo haber sido el primer presidente extranjero (o al menos latinoamericano) en reunirse con Trump.

    La historia se repite. El mecanismo lleva el mismo nombre, solo que ahora se corre más al sur de Estados Unidos. Esa receta del Plan Alianza para la Prosperidad, articulada en el contexto de América del Norte, se replica ahora en el Triángulo Norte. ¿El mensaje? Al entendido, por señas. Basta ya de la lógica tradicional de cooperantes dadivosos y de receptores irresponsables. Los tres países del Triángulo Norte y representantes de sus sectores privados se han comprometido conjuntamente a aportar recursos en los próximos cinco años. Esos recursos de compromiso (2 500 millones de dólares) abrirán el chorro de financiamiento del BID, el cual se estima en 750 millones de dólares. No hay almuerzo gratis. Los compromisos que se están haciendo muestran con total claridad que las economías de esta región tienen que apostar por la estabilidad política y por el desarrollo. Sí, hablamos de inversión privada, pero también de inversión pública. Por eso resulta ridículo que la administración del presidente Morales acepte esta agenda, pero que la ejecución presupuestaria muestre internamente que los ministerios vitales para cualquier Gobierno estén detenidos. Al mismo tiempo, es gravísimo que se perciba entre los actores políticamente relevantes que la experiencia Cicig es una amenaza a la soberanía, cuando, en efecto, permite depurar el sistema para empezar a confiar en él. Y es aún más aterrador que, en lugar de profundizar las alianzas público-privadas para abrir el chorro de inversión, lo que prima en el ambiente de debate es un escenario de inestabilidad política a raíz de la continuación o no del presidente.

    El mensaje es muy claro por parte de Estados Unidos. Tanto para México cómo para el Triángulo Norte. Si no te gusta la intervención, haz tu tarea. Si no la haces, no te puedes quejar de un estilo más invasivo por parte de Estados Unidos. En algún momento se tiene que tomar responsabilidad.

  • Priorizar para salvar vidas, el reto de la OMS

    Es un trabajo duro el que le espera al nuevo director general electo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El exministro etíope de Salud y Asuntos Exteriores, Tedros Adhanom, tiene 4 500 millones de dólares al año para gastar, pero, cuando se trata de mejorar la salud pública en un planeta de 7 500 millones de personas, deben usarse sabiamente.

    Por lo tanto, el nuevo director general debe priorizar áreas en las que un enfoque más agudo tendría resultados extraordinarios. Eso significa elegir las inversiones y las políticas que obtendrían más por cada dólar, yen, euro o libra que se gaste. Hacer esto también reforzará el caso de un aumento en el presupuesto de la OMS.

    Si se considera de este modo, la tuberculosis debe estar en la lista, ya que en ocasiones se ha pasado por alto y ha sido insuficientemente financiada. A pesar de ser el mayor asesino infeccioso del mundo, en 2015 recibió el 3.4 % de la asistencia para el desarrollo de la salud, en comparación con el 29.7 % para el VIH.

    Una investigación para el Consenso de Copenhague, el think tank que creé y que examina las mejores maneras de maximizar el impacto del gasto global en salud y bienestar, muestra que reducir las muertes por tuberculosis en un 90 % sería una de las inversiones más efectivas. Esto puede lograrse mediante una detección más activa, que conlleve realizar mayores diagnósticos y aplicar más tratamientos.

    Costaría alrededor de 8 000 millones de dólares estadounidenses ($) al año, pero resulta en 1.3 millones de muertes menos. En términos económicos, esto traería beneficios de $43 por cada dólar gastado. Mientras que la suma requerida supera el presupuesto de la OMS, sabemos que, cuando la organización lidera una iniciativa, otros tienden a seguirla.

    También de la intensificación de las iniciativas de inmunización provendrían ganancias significativas. Los investigadores del Consenso de Copenhague calculan que, por alrededor de mil millones de dólares al año, los programas de vacunación podrían ampliarse para proteger contra la neumonía y la diarrea infantil, de modo que se salvarían un millón de vidas adicionales cada año. Cada dólar gastado en esto generará $60 de beneficios.

    Los esfuerzos para continuar e intensificar la lucha contra la malaria también son muy valiosos, con beneficios de $35 por cada dólar gastado.

    La salud materno-infantil también merece ser priorizada. En Bangladesh, por ejemplo, nuestro trabajo muestra que las intervenciones nutricionales para las madres embarazadas y los recién nacidos deben ser una prioridad superior, ya que evitar un retraso del crecimiento transforma toda la vida de un niño. En Haití, nuestra investigación apoya el enfoque de la OMS en la atención materna y neonatal: lograr un 95 % de acceso a la asistencia sanitaria para las mujeres embarazadas reduciría la tasa de mortalidad materna en un 65 %.

    La planificación familiar también merece más atención. Más de 200 millones de mujeres no pueden conseguir anticonceptivos. El acceso casi universal costaría 3 600 millones de dólares, pero significaría 150 000 muertes maternas menos y 600 000 niños huérfanos menos. La reducción de las tasas de natalidad puede impulsar el crecimiento económico, el llamado dividendo demográfico. Los beneficios para la sociedad valen 120 veces el costo, por lo que esta es una magnífica inversión que debe ser propugnada por liberales y conservadores por igual.

    La acción continuada por la eliminación de la violencia de un miembro de la pareja también es vital. Nuestra investigación muestra que el costo anual de la violencia contra las mujeres llega a los 4.4 billones de dólares y el de los abusos a los niños a 3.5 billones.

    Me gustaría ver al nuevo director general enfocado aún más en el mayor problema ambiental del planeta: la contaminación del aire interior. Más de cuatro millones de personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con la inhalación de humos nocivos mientras cocinan sobre fuegos avivados con madera, ramitas y estiércol. Podemos arreglar esto con mejores hornos de cocción y haciendo llegar la red eléctrica a más gente.

    Ninguno de estos retos será la historia de salud de mayor interés periodístico. Pero el papel de la OMS y de su nuevo líder debería ser mirar los titulares pasados, así como las tendencias cambiantes de los contribuyentes y de la industria del desarrollo, y poner la atención en las áreas donde cada dólar aporte el mayor impacto.

  • Historia de embajadores

    En el juego de las relaciones bilaterales, la selección del perfil de un nuevo embajador (si será embajador de carrera o por nombramiento político) y el tiempo que la vacante tarde en ser ocupada establecen una escala de medición.

    Con ello puede cuantificarse la importancia que la relación bilateral tiene para alguno de los países involucrados. Por ejemplo, la actual embajadora en México, Roberta Jacobson, tardó casi ocho meses en ocupar su puesto. La Embajada de Estados Unidos en México se mantuvo ocho meses sin embajador. Menos mal que en su relación bilateral México y Estados Unidos se entienden como socios estratégicos. Me cuesta pensar que los estadounidenses harían lo mismo con sus embajadas en Londres y en Tel Aviv.

    También es cierto que el perfil del embajador (su experiencia previa) dice mucho de la forma como uno de los países llevará las riendas de la relación. De nuevo, en el caso de México, la embajadora Jacobson había sido (antes de ocupar el actual cargo) secretaria de Estado adjunta para los Asuntos del Hemisferio Occidental. Antes de estas funciones, desde el 18 de julio de 2011, ocupó el cargo de secretaria adjunta interina. Es decir, Estados Unidos envió como cabeza de su delegación diplomática no a una especialista en comercio, en integración o en seguridad, sino a una persona que conocía muy bien las dinámicas políticas en el contexto de las Américas, posiblemente con la intención de obligar a su contraparte mexicana a retransformarse en el interlocutor natural de Estados Unidos en la región. Este aspecto parece corroborarse, por cierto, si vemos la tensión diplomática actual entre México y Venezuela en la Organización de los Estados Americanos. México dejó de jugar la carta de respetar los actos soberanos de cada Estado y de esperar la resolución pacífica del conflicto para adoptar la posición estadounidense que busca aplicarle (como sea) la Carta Democrática a Venezuela.

    En eso de los perfiles, el embajador estadounidense en México durante los años del 2002 al 2009 fue Antonio Óscar Garza, Jr. El exembajador Garza (nieto de inmigrantes mexicanos) es un abogado (previamente secretario de Estado del Gobierno de Texas) cuya especialidad abarcaba también el conocimiento de los procesos jurídicos para la integración económico-comercial en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos. En esos años de la bonanza del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés), cuando Estados Unidos apostaba por la zona de América del Norte y tenía algún grado de deferencia por su vecino al sur, estos intereses se vieron reflejados en la selección de su embajador. Es más: aquí hay un detalle interesante. Antes de la gestión del embajador Garza, quien ocupó el puesto fue Jeffrey S. Davidow, también diplomático de carrera, pero el estilo de gestión de este (particularmente sus declaraciones sobre los problemas políticos mexicanos) le generaron la enemistad del Gobierno mexicano. Que Estados Unidos haya seleccionado un perfil más amable para con México demostraba que teníamos algo de importancia para la relación bilateral.

    México tampoco se ha quedado atrás en el juego del nombramiento de agentes diplomáticos en su relación con Estados Unidos. Por ejemplo, de 1997 a 2000, el embajador mexicano en ese país fue Jesús Reyes-Heroles González Garza, un político de carrera, priista, pero con estudios doctorales (MIT) en materia de economía. Su selección, en efecto, se debió a la prioridad de las relaciones bilaterales enfocadas en ese momento sobre el joven y promisorio experimento del Nafta. Pero Reyes-Heroles también mostraba el perfil del mexicano príncipe: de buena familia, blanco, egresado de una ivy league school, perfectamente bilingüe (la representación del mexicano promedio, claro). ¿La consigna? Mostrarles a los gabachos que hay mexicanos que pueden estar a su mismo nivel o por encima. En esa misma línea se puede mencionar a Arturo Sarukhán Casamitjana, diplomático de carrera y egresado de la universidad Johns Hopkins, quien fuera embajador de México en Estados Unidos del 2007 al 2013. Pero su sucesor, Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza (embajador por dos años), no era diplomático de carrera. Para efectos prácticos, entender su inglés requería de subtítulos. Fue un nombramiento político para darle una embajada (y qué embajada) a manera de premio a un ex procurador general de Justicia. Esto era ya el inicio de lo años cuando las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, de por sí tensas siempre, comenzaban a enfriarse.

    La nominación de Luis Arreaga como posible nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala (previa ratificación del Senado estadounidense) con base en su perfil dice mucho. Desde 2013 es el subsecretario adjunto de Estado para la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley. Tiene bajo su cargo todo lo que el Departamento de Estado analiza en términos de narcóticos y de crimen organizado. Ni siquiera México ha sido receptor de un embajador estadounidense con ese perfil. Es ridículo discutir en términos de si es pro-Ejército o proguerrilla, de si es conservador o comanche. Las lógicas del debate binario en Guatemala no valen en este caso. Entonces, entender las señales es fundamental.

    La percepción confirmada es que Guatemala no es sino un caso de narco-Estado. Y su relación bilateral se jugará en esa cancha, donde la intromisión estadounidense será igual o mayor.

  • Reduciendo la desnutrición y la pobreza

    Reducir la desnutrición más allá de la agricultura.

    Hace unos días, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) presentó un estudio en el cual evaluaba Feed the Future, uno de varios programas de cooperación de Estados Unidos en Guatemala. El programa tiene como objetivo reducir la pobreza y la desnutrición crónica y para ello se enfoca en tres estrategias: desarrollar cadenas de valor en horticultura y café, mejorar la nutrición vía intervenciones de salud y mejorar la gobernabilidad a nivel municipal. Comprender su funcionamiento y sus limitaciones debería ayudarnos a mejorar nuestras políticas en un tema crucial para el país. Además, puede permitirnos mejorar el tipo de negociación que mantendremos los Gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica con Estados Unidos en estos meses.

    La evaluación revisa la situación en Guatemala, los programas del Gobierno de Guatemala y la manera como funciona Feed the Future. Luego se dedica a discutir las implicaciones de las metas del programa, la conveniencia y la relevancia de dichas metas y la posibilidad de lograrlas. El informe, Tracking Promises, escrito por la doctora Reid Hamel, puede leerse aquí. También puede verse el video de la presentación aquí.

    La discusión es abundante, pero prefiero concentrarme en dos puntos. Primero, es ingenuo pretender que Feed the Future tenga el financiamiento y los instrumentos para alcanzar sus metas si el Gobierno de Guatemala no se compromete a proveer los servicios públicos que deben acompañar la inversión. Pero también se necesita replantear la forma como se pretende reducir la desnutrición y la pobreza, pues las intervenciones que se están haciendo en la actualidad no necesariamente llegan a la población deseada ni están teniendo el impacto que se quisiera.

    Sobre los servicios públicos, el informe dice que necesitamos dedicar más recursos para salud e infraestructura vinculada con agua potable y drenajes. Al mismo tiempo, en el evento se reconoció que se necesitan cambios importantes en el servicio público para que los recursos adicionales funcionen. Aquí, dos comentarios propios. Primero, no podemos olvidar la lucha reciente de la ministra de Salud con los sindicatos por lo que estos pedían como parte del pacto colectivo. Segundo, relacionado con lo anterior, no hay que olvidar que el Frente Nacional de Lucha, sindicato del Ministerio de Salud, fue de los que salió a manifestar a favor de Otto Pérez Molina. Es difícil creer que dicha defensa se debiera a afinidad ideológica o porque realmente creían que con ello salían a defender nuestra «incipiente democracia». Hay allí un claro indicio de lo que algunos llaman «la vieja política»: aves rapaces que atentan contra el bienestar de la población.

    Sobre replantear la intervención para lograr disminuir la desnutrición y la pobreza, el estudio reconoce que necesitamos generar oportunidades laborales fuera del sector agrícola. Esta preocupación va de la mano con lo que ha argumentado en otras latitudes el personal de Usaid, que reconoce los límites de las estrategias agrícolas para mejorar la nutrición de la población más pobre en países en desarrollo. No hay razón para creer que el sector agrícola es la solución para toda la población pobre del país. ¿Por qué? Porque, incluso con intervenciones de encadenamientos productivos agrícolas, hay poca capacidad para integrar a los más pobres; porque no todas las regiones del país son de alta productividad agrícola para bienes que se venden a altos precios; porque no todas las regiones del país logran escapar de los problemas de sequías o de inundaciones; etc. Ahora bien, sería también un error creer que la solución es promover el autoempleo informal dedicado a la exportación de artesanías, como a veces le gusta sugerir a la cooperación internacional. Es como pasar de un callejón sin salida a otro, pero con más colores.

    En conclusión, este es un buen informe para ayudarnos a mejorar el nivel de la discusión sobre nuestras políticas y sobre la forma como funciona la cooperación internacional en Guatemala. Ojalá más guatemaltecos interesados en el tema comenten al respecto.

  • Algunas historias de relaciones…

    … pero de orden diplomático. Llevar las relaciones diplomáticas con la Revolución cubana fue siempre una tarea complicada.

    Esto, en razón de que Fidel Castro fue una figura increíblemente pragmática, que supo poner el dedo en la llaga cuando había que hacerlo. La intención de este artículo no es ni defender ni atacar los logros de la revolución. Tampoco me refiero al ya viejo debate sobre la democratización y el problema de los derechos humanos en Cuba. Lo anterior es un debate maniqueo.

    Lo que mi artículo sí pretende es recordar algunas crisis diplomáticas generadas a raíz del diálogo con la isla. Quizá una de las relaciones más tórridas haya sido la cubano-mexicana.

    Cuando la Revolución cubana sucede, hay un gran primer punto de duda: la orientación de dicho proyecto. A pesar de las expropiaciones y la expulsión de extranjeros incómodos, había un debate abierto sobre si la revolución era en efecto una hija del marxismo. Esta incógnita se mantuvo entre 1959 y 1962, sobre todo en las sesiones de la OEA. La reunión anterior al famoso 24 agosto de 1962 había tenido precisamente dicha discusión y había enfrentado a México y Estados Unidos, con este último planteando que no bastaba el bloqueo. Por un lado, Estados Unidos con el discurso —muy conocido— sobre que en su zona natural de influencia no podía tolerar un proyecto político marxista de afinidad con Rusia. Y por el otro, México argumentando que la Revolución cubana no era marxista. Por lo tanto, ni el bloqueo ni la eventual expulsión de la OEA tenían justificación. El Gobierno mexicano de ese entonces, si bien priista, no era de izquierdas al estilo de Lázaro Cárdenas. La administración de López Mateos tenía un sesgo claramente industrial, lo cual lanzaba la pregunta de por qué la defensa de la revolución. Fue quizá el antiamericanismo tan propio del priismo lo que amarró las relaciones cubano-mexicanas y le dio a México la opción de convertirse en el articulador del panamericanismo.

    Cuando la Cuba de Fidel se declara abiertamente marxista, lo hace hasta en 1962. Afirmó Fidel: «[Cuba tendrá] un programa marxista-leninista ajustado a las condiciones objetivas exactas de nuestro país» (citado por Tad Szulc en Fidel: A Critical Portrait, pág. 568). Estados Unidos buscó entonces acelerar la expulsión invocando el artículo sexto del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que en suma afirma la necesidad de considerar «las amenazas a la paz y a la independencia política de los Estados americanos que puedan surgir de la intervención de potencias extracontinentales, encaminadas a quebrantar la solidaridad americana». Para evitar la expulsión, fue la delegación mexicana, dirigida por el embajador Tello (de quien hay un busto en el Parque de la Dignidad, en La Habana), la que planteó entonces la tesis de la incompatibilidad: «Existe una incompatibilidad radical entre la pertenencia a la Organización de los Estados Americanos y una profesión política marxista-leninista, como lo sería también con una profesión monárquica absoluta» (Tello, México: una posición internacional [n. 2], pág. 129). La cuestión no era la esencia, sino la forma: buscar que Cuba aceptara la tesis de la incompatibilidad para que saliera voluntariamente de la OEA y evitara la inevitable expulsión, lo cual sucedió. Al momento de la votación, solo cuatro países votaron en contra de expulsar a Cuba (México entre ellos). De ahí en adelante, México articularía una relación muy particular con el régimen de Castro, siempre bajo el principio de la doctrina Estrada de «no emitir opinión sobre asuntos soberanos de otros Estados».

    Al menos ese fue el mito. En la práctica, el México priista y el régimen de Castro tuvieron momentos de tensión. Casi nadie recuerda el secuestro en 1972 del vuelo 705 de Mexicana de Aviación. El vuelo, que partió de la ciudad de Monterrey, fue secuestrado por un grupo de guerrilleros miembros de la Liga de Comunistas Armados (un grupo mexicano de extrema izquierda). Los secuestradores pidieron asilo en Cuba. Cuba lo otorgó, el Gobierno mexicano concedió las demandas y todo terminó. Pero México y Cuba tensaron las relaciones comerciales, lo que hizo que el Gobierno mexicano redujera su ayuda al régimen. ¿Cómo lograba México esa relación con Cuba frente a Estados Unidos? Lo que pasa es que México tampoco hacía mucho por impedir las acciones estadounidenses.

    Sin embargo, hay que tomar en cuenta que México nunca rompió relaciones con la isla. Este era un ménage à trois: Cuba articulaba su antiamericanismo, al cual México se adhería para reafirmar su independencia frente a Estados Unidos (lo cual era simbólico, no real). Al mismo tiempo, México evitaba que el castrismo impulsara grupos insurgentes en territorio mexicano (al menos así se creía). Y Estados Unidos encontraba en México un interlocutor con la isla.

    Una contención muy interesante que se haría tensa. En 1988, el gobierno de Castro criticó el acercamiento de México a Estados Unidos diciendo: «Los niños mexicanos reconocían más a Mickey Mouse que a los héroes nacionales». Hay que recordar que eran los años inmediatamente anteriores a la firma del Nafta. Sin embargo, Castro y Salinas de Gortari limaron asperezas.

    Sería durante la administración de Fox cuando las cosas se pondrían feas. Difícil olvidar el famoso comes y te vas. Vicente Fox no imaginaba que la inteligencia cubana grabaría su charla con Fidel pidiéndole que, para no ofender al expresidente Bush Jr., no estuviese presente en la comida de gala de la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo que se realizaba en Monterrey. Lo que pasa es que Bush Jr. había dicho que no quería estar en el mismo cuarto con Fidel. Una grabación de esa charla se puede escuchar aquí. Luego de eso vendría la condena de México a Cuba en materia de derechos humanos en el 2002, con la cual se rompería la tradición priista de no intervenir en asuntos soberanos de otros Estados. En 2004 rompieron relaciones.

    Rescato solamente la famosa frase de mi amigo Jorge Castañeda Gutman, excanciller del gobierno foxista, que planteaba una nueva agenda en términos de que «se acabó la relación con la Revolución cubana y se inician las relaciones con la república de Cuba».

    Aspecto que aún sigue en una discusión maniquea.

  • Los desterrados

    Estaba convencido de que pasaría el resto de mis días en Europa. Tenía más de lo que necesitaba. Sin embargo, decidí regresar a Guatemala a finales del 2012, después de casi nueve años de exilio autoimpuesto. Volví al encierro, a la psicosis de la inseguridad y a las injusticias que me perforan el ánimo a diario. No fue masoquismo. Creo.

    Por supuesto que no todo fueron rosas. En Europa sentí por primera vez las espinas directas del racismo, del clasismo, de no tener una red de apoyo para conseguir dónde vivir y trabajar, sin referencias personales ni laborales, entre otras cosas. Una disminución considerable de los privilegios que tenía en Guatemala, pero llevando una vida cómoda, con acceso a servicios básicos aceptables. Entendí que hay algo inherente al ser humano que nos vincula al lugar de origen y que, por muy lejos que escapemos y por deplorable que nos parezca ese lugar, no podemos ignorarlo. Nos persigue. En esos nueve años se gestó en mí un amor extraño por mi país. No me refiero a lo que se suele escuchar sobre Guatemala: clima, naturaleza, volcanes, ruinas, textiles y la amabilidad de la gente. Sentí las injusticias más cercanas, más personales. Me sentí parte de un territorio que me reclamaba y exigía, que me tenía inquieto, que me llamaba y me despertaba indignación y ternura por igual. Me descolocó.

    Hace varias semanas visitamos con otros voluntarios de JusticiaYa los 48 cantones de Totonicapán. Un gran ejemplo de organización comunitaria y de protección del bosque y de los recursos naturales. Allí pude comprobar nuevamente que ese extraño amor por el terruño no es algo nuevo y es compartido. Investigando y escuchando sobre esta y otras formas de organización ciudadana en el país, me llamó la atención que la mayoría están ligadas al cuidado y la defensa de un territorio. Comprendí que parte de la dificultad de consolidar las movilizaciones del año pasado se debe a la ausencia de un territorio común. Había uno conceptual: la corrupción. Y algunos más físicos, como el territorio digital de las redes sociales y ciertas plazas centrales. No obstante, es difícil asumir y comprometerse con la lucha por una sociedad distinta cuando no hay una identidad compartida, cuando la diversidad es considerada peligrosa y el territorio está fragmentado en millones de individuos. No es tarea sencilla describir lo guatemalteco. ¿Existe tal cosa más allá de los lineamientos legales y del adoctrinamiento patriótico?

    Esto es más evidente en los núcleos urbanos, particularmente en la capital. Somos los nuevos desterrados. Los despolitizados. Nuestro espacio se limita al hogar, a la casa de estudios (a veces), a nuestro trabajo y a nuestro cuerpo. A nuestra individualidad. Luchamos desde allí y solo si la injusticia nos toca muy cerca. Este rasgo, me parece, se repite en otras urbes más allá de nuestras fronteras. La diferencia es que en Guatemala lo tenemos acentuado por el aislamiento sobredimensionado al que nos empuja la inseguridad y por el contraste inmediato de varios grupos y comunidades que no lo comparten porque defienden sin titubear su territorio y por el concepto colectivo que tienen de él.

    En estos tiempos en los que se prioriza la urbanización, debemos reconocer y aceptar que hay otras concepciones de territorio y otras visiones de desarrollo y éxito. Si las luchas en nuestro país son territoriales, un ejercicio indispensable es que seamos los mismos habitantes los que determinemos en cada localidad qué necesitamos y queremos, qué entendemos por desarrollo y cómo lo podemos impulsar. Un ejercicio que requiere empatía, diálogo y cooperación para establecer espacios temporales y permanentes en los que podamos coincidir más, conversar y organizarnos mejor. Donde lo individual genuinamente nutra lo colectivo y viceversa. Donde el sentido de pertenencia al territorio haga del destierro la excepción, y no la regla.

  • Hagamos que el Estado evolucione

    La Constitución Política de Guatemala, en su sección tercera del capítulo II, desglosa los derechos de las comunidades indígenas. Sin embargo, bajo la concepción del Estado unitario se reduce a reconocimiento y protección cultural, protección y acceso a tierras comunales y cooperativas y protección en traslación por trabajo.

    En 1957, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) canaliza su objetivo de promover la justicia social y lanza el Convenio 107, el cual, con conceptos como «integración progresiva» y «mejoramiento de condiciones de vida», plasmaba un marco conceptual al supuestamente inevitable desaparecimiento de las colectividades indígenas o tribales.

    El desconocimiento sobre instituciones de autoridad ancestral y la falsa idea de una única ruta de desarrollo estaban intentando erradicar aquellas particularidades culturales que detenían el progreso.

    Fue hasta en 1989, en conjunto con organizaciones de pueblos indígenas, cuando la OIT promovió el Convenio 169, sobre pueblos indígenas y tribales. Este se convertiría pronto en la máxima herramienta internacional para la defensa de los derechos indígenas.

    «Esta corte es del criterio de que el Convenio 169 analizado no contradice lo dispuesto en la Constitución y es un instrumento jurídico internacional complementario que viene a desarrollar las disposiciones programáticas de los artículos 66, 67, 68 y 69 de esta, lo que no se opone, sino, por el contrario, tiende a consolidar el sistema de valores que proclama el texto constitucional», respondería la Corte de Constitucionalidad a la consulta sobre la pertinencia del acuerdo que hizo el Congreso en 1995.

    El convenio fue firmado y ratificado. Entró en vigor en Guatemala en 1997.

    En 1996, entre los acuerdos de paz, se firmó el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en el cual el Gobierno de Guatemala se compromete a hacer lo necesario para construir un Estado que respete e integre a las comunidades y sus necesidades a las instituciones de aquel. Dicho acuerdo, el Convenio 169 y el apartado constitucional de comunidades indígenas conforman el marco jurídico-político de esta discusión.

    El Estado moderno tiene una herencia directa de la cultura de conquista y de sometimiento de los reinos europeos de la Edad Media. Herencia que prefiere criterios ideológicos uniformes para facilitar el sometimiento colectivo, el cual busca a través de la imposición. Dicha intención de imponer es la causante de cientos de conflictos y de guerras en la historia humana moderna.

    Hoy vemos con preocupación cómo la relación entre potencias como China, Rusia y Estados Unidos se tensa año tras año. La historia nos enseñó, con las guerras mundiales y con la guerra fría, hasta dónde puede llegar el nivel de escalada de los conflictos y lo dañino que esto resulta para la humanidad.

    Es momento de que, como integrantes de una sociedad diversa, con al menos 24 culturas distintas en nuestro territorio, asumamos la construcción de un Estado diverso y abierto a las particularidades que puedan favorecer la relación entre personas. Es momento de iniciar la construcción de un Estado plurinacional, en el cual quepamos todos.

    Nadie sabe aún cómo hacerlo, pero les propongo que empecemos con abrir la mente a la discusión. Quizá reconocer los sistemas de justicia comunitarios dentro de las instancias oficiales sea un buen primer paso.

  • Plan para la Prosperidad: ¿oportunidad o espejismo?

    Como cooperación estadounidense, el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN) levanta expectativas altas. Pero ¿cuál es su potencial real?

    El foro organizado por la Universidad Rafael Landívar (URL), la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), realizado la semana pasada, contribuye a aterrizar esas expectativas. Quizá el primer desengaño que este evento logró es que, si bien el plan incluye cooperación estadounidense, en su diseño la posibilidad de alcanzar sus metas depende mayoritariamente de recursos nacionales. Es decir, alcanzar sus objetivos depende más de los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que de la ayuda norteamericana. Esto obliga a plantear una pregunta muy natural: si el plan de todas formas depende de las posibilidades y capacidades de cada país, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la diferencia con o sin plan?

    Esto lleva a otro punto que resulta muy esclarecedor: la cooperación estadounidense en recursos adicionales no incrementará el presupuesto nacional. Pero, según la presentación realizada por el Ministerio de Finanzas Públicas, en el presupuesto de 2016 están contempladas asignaciones de gasto público vinculadas al PAPTN por un monto de 5 474.4 millones de quetzales, de los cuales la cartera de Finanzas reporta ejecutados, al 31 de marzo de 2016, un total de 343.2 millones, el 6.1 %. A primera vista es impresionante y esperanzador ver que la ejecución del PAPTN ya empezó, pero un examen cuidadoso del reporte de Finanzas revela que estos rubros de gasto son los usuales de cualquier año, que no es financiamiento ni gasto nuevo o adicional al usual. Es decir, lo que se reporta básicamente es el presupuesto usual, pero con etiquetas en programas que podrían ajustarse a los objetivos del PAPTN.

    Y, bueno, ¿cómo esperar avances o cambios si el único cambio en el presupuesto que se está ejecutando es uno de forma, una etiqueta que dice «plan de prosperidad», y nada nuevo, ninguna mejora de fondo? ¿Cuál es el impacto real que tendrá una etiqueta colocada a lo que se hace siempre?

    Entonces, si el presupuesto nacional no recibirá recursos adicionales, ¿los hay en el plan? La respuesta es sí, pero los recursos adicionales que aportará la cooperación estadounidense los ejecutará Usaid y sus empresas contratistas, no el Gobierno guatemalteco. Es decir, los criterios y las prioridades de los destinos para esos recursos los decide Washington D. C., no Guatemala. Y con esto surge otra pregunta inquietante: ¿cuál es la sostenibilidad del plan en el tiempo? Por ejemplo, si Donald Trump ganara las elecciones estadounidenses, ¿el plan mantendría su diseño y sus prioridades de la misma forma como está siendo diseñado y ejecutado por la administración Obama?

    Y que el plan obedece a las prioridades de Washington se evidencia en los sesgos que el evento organizado por la URL, la UVG y la Flacso reveló. Por un lado, el plan tiene un marcado sesgo en el tema de seguridad, ya que en el planteamiento original del presidente Obama dicho tema tenía destinado el 30 %, en tanto que en la versión en ejecución los temas de seguridad y defensa absorben el 58 % de los escasos recursos disponibles. Por otro lado, los ejes estratégicos del plan tienen un marcado sesgo proempresarial, con el cual el plan terminaría beneficiando a los que menos lo necesitan. Y ya veremos a los de siempre exigiendo sus derechos adquiridos, al mejor estilo de las maquilas y las zonas francas llorando por privilegios fiscales.

    Sin duda, este plan puede ofrecer oportunidades que vale la pena aprovechar, pero es imperativo, primero, evaluarlo en su justa dimensión y, segundo, advertir sus debilidades y sesgos, pues, sin acuerdos sociales y fiscales que lo complementen, es difícil creer que alcanzará sus objetivos por nobles que sean y bonitos que suenen.