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  • Una iniciativa de ley mal parida

    La sonrisa de oreja a oreja de la líder minoritaria en la Cámara de Representantes, la congresista por California Nancy Pelosi, no podía lucir más victoriosa.

    Creo que era la política más feliz en el Congreso estadounidense el pasado viernes luego de que el liderazgo republicano decidiera retirar la propuesta de ley en dicha cámara para reemplazar la reforma de salud autorizada bajo la administración del expresidente Barak Obama. Después de todo, fue durante su período como presidenta del Congreso cuando se aprobó la tan vilipendiada pero necesaria Ley de Acceso Asequible al Cuidado de Salud (ACA, por sus siglas en inglés y mejor conocida como Obamacare), que se convirtió en la principal afrenta a los republicanos y a la extrema derecha reunida en el Tea Party durante más de un lustro.

    Resulta que, pese a que los republicanos tienen el control absoluto en Washington, el presidente actual del Congreso, Paul Ryan, no obtuvo suficientes votos de parte de sus correligionarios para defender una propuesta que desde el principio había nacido deficiente. Ryan argumentó que «hacer cosas grandes es difícil» y que tendrán tiempo para reflexionar sobre qué habría podido salir mejor. Pero los republicanos han tenido siete años para trabajar y mejorar la actual ley. La destrucción de Obamacare fue una de las principales promesas y el caballito de guerra durante las pasadas elecciones, que en gran medida les sirvió para ganar la presidencia, el Congreso y al menos siete legislaturas estatales en noviembre pasado.

    Tres razones hay detrás de este primer fracaso que deja al actual inquilino de la Casa Blanca con un capital político severamente disminuido y su arte de la negociación en cómico entredicho. Una fue la incapacidad de obtener consenso en la misma bancada republicana, con una oposición frontal desde todos los ángulos: ni los moderados ni la extrema derecha se convencían de que la nueva Ley de Cuidado de Salud Americana (AHCA, por sus siglas en inglés) satisficiera sus intereses específicos. Además, tal parece que dejar esta tarea en Ryan, quien no ha destacado necesariamente como alguien con victorias legislativas significativas, no fue la mejor decisión.

    En segundo lugar, la ingeniería política fue chambona. No solo no obtuvieron el apoyo de su bancada, sino que no presentaron la propuesta a los demócratas ni la discutieron con otros actores importantes del sistema de salud como las asociaciones de hospitales, de mujeres, de protección de niños o de jubilados, que naturalmente se opusieron a la medida, sobre todo después de conocerse cifras de que hasta 24 millones de estadounidenses perderían su seguro médico en los próximos nueve años. La estrategia de tratar de obtener votos a como diera lugar en una determinada fecha, incluso sin que varios de los representantes la hubieran leído o cuando para el Senado no representaba una prioridad, fue otro salto al vacío.

    Finalmente, aunque esta es la razón del desahucio y el tiro de gracia, la organización y la resistencia ciudadanas influyeron en la decisión final de muchos congresistas republicanos. En cada distrito legislativo hubo una oposición constante de los ciudadanos, que, usando tácticas similares a las del Tea Party, inundaron con su presencia y con demandas claras las famosas reuniones de cabildo (o town halls) que los congresistas sostienen periódicamente con sus bases, o bien llamaron repetidamente a las oficinas de estos para expresar su rechazo a la ley. En realidad, la ACA todavía goza de mucha popularidad entre la ciudadanía estadounidense (54 % de aprobación), y el 71 % de los latinos consideran que la ley funciona y debería permanecer.

    Como dice Edelberto Torres-Rivas, la incompetencia nos sale cara. No solo en los trópicos, sino también en este país donde la improvisación, el fundamentalismo ideológico y el nepotismo últimamente desplazan y denigran la política. Como dijera el mismo presidente frente a la magnitud del problema, el tema de la salud es complicado. Y el tema migratorio también es complicado. Y gobernar también es complicado. Efectivamente, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Al igual que Jimmy Morales en Guatemala, gobernar no es oficio de outsiders ni de payasos, sino de liderazgos firmes y comprometidos con el bien común, y no ocurrentes y frívolos, para tropas locas.

  • El buen lobo

    El debate arrecia. Obama y Trump son la misma cosa. No, Obama y Trump son distintos. Poco se avanza mientras no aclaremos en qué son iguales o distintos.

    Así que comencemos desde el principio. Ambos surgen en la misma sociedad y de la misma cultura política, del liberalismo democrático anglosajón expresado en la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos. Los términos de ese entorno incluyen la libertad individual, el credo democrático (nunca igual que su práctica), un racismo fundacional, la fe en la superioridad de los Estados Unidos y sus ciudadanos, la realidad del poder y la riqueza que hacen creíble tal afirmación y la dedicación al mercado capitalista como solución universal.

    En este contexto, Obama no es un lobo con piel de oveja, como si engañara. Es un lobo, así a secas. Porque su sociedad se entiende mejor como una jauría: leal a ultranza con los propios, cariñosa con los pequeños de su especie, sin paciencia para quienes no ponen de su parte o no están dispuestos a salvarse por sus propios medios, rápidamente violenta con quienes percibe como agresores. Y su Estado se construyó para concretar esta visión.

    Esas características fundacionales y funcionales históricamente dieron dirección a las decisiones del poder en los Estados Unidos y ayudan a entender su lógica de acción. Piense lo anterior como principios que incorporan como normas una o más de dichas características. Por ejemplo: «Nosotros ponemos las reglas y deben cumplirse». Por esto no vale que llegue un migrante indocumentado y reclame beneficios, aunque contribuya más que proporcionalmente a la economía. O «la libertad individual de la gente es inviolable, pero no todos somos gente». Por eso tienen una sensibilidad exquisita al espacio personal, pero aun hoy blancos y negros no logran superar la tara de la discriminación racial y la sociedad entera debate con ahínco la nimiedad de disponer quién va a cuál baño. Y respecto al resto del mundo: «Si no eres parte de nuestro mercado, no eres parte de la solución». Por eso, en nombre del petróleo, atropellan alegremente la vida y las tierras de sus propios pueblos indígenas y maldicen para siempre a Irán o Cuba, aunque estos países nunca jamás les hayan hecho daño alguno. Y la crianza en este entramado de ideas la comparten Obama, Trump, el emprendedor en Silicon Valley y el carpintero desempleado de Texas.

    Pero, como con toda cultura, tales características se concretan de forma particular en cada individuo, en cada estadounidense. Y Obama resultó un estadounidense ejemplar. Al menos hoy y aquí, esto no implica juicio, sino descripción. Una descripción que él comparte con mandatarios desde Washington y Jefferson, pasando por Lincoln, hasta Eisenhower y Kennedy. Todos, sean conservadores, liberales, republicanos o demócratas, exhibieron y contribuyeron a concretar esas características de lealtad, cuidado, impaciencia y violencia.

    Por eso, de Obama no son ni sorprendentes ni engañosos hechos como las deportaciones masivas de centroamericanos o el castigo descomunal a Chelsea Manning (y su posterior indulto), puestos por la misma mano que afirmó el apoyo a la Cicig, la aprobación de leyes para garantizar los derechos civiles de las personas gays o la reforma del financiamiento de la salud. Acaso su problema fue ser demasiado tradicionalmente estadounidense: no fue sino el buen lobo que cuida de la jauría.

    Y es aquí donde el contraste con Trump se hace tan aleccionador. Porque, si Obama no era lobo con piel de oveja, sino simplemente lobo ejemplar, Trump es otra cosa completamente. Trump es el cazador camuflado y con la mano en el frío del rifle al que le importa poco que los lobatos estén bien o que se persiga a las ovejas. Él lo que quiere es llevarse una piel de lobo y hará lo necesario para conseguirla. Así implique ganarse la confianza de la jauría para acercarse lo suficiente o comprar un rifle más potente, del que no pueda escapar el lobo. Para él, las ovejas —todo lo que no es Estados Unidos— son puramente incidentales. Igual quitará un borreguito a su madre para usarlo como cebo o las ahuyentará avisándoles del lobo si con eso consigue una buena línea de tiro.

    Entendamos entonces: pensar que con Trump se puede tratar porque hace lo que dice es ingenuidad. Es no reconocer lo que siempre han sido los Estados Unidos y que hoy se ve amenazado. Para Trump todo se vale, pues su intención no tiene nada que ver con la jauría y su bien. Esto es lo que lo hace tan distinto, tan poco de fiar, tan peligroso.

  • Acabar con el legado de Obama

    Tras la sorpresa que causó la elección de Trump como presidente de los Estados Unidos, muchos en la prensa de esa nación prometieron abandonar el sensacionalismo. Reconocieron que su propio infoentretenimiento electoral había inflado la visibilidad del candidato.

    Poco duró la buena intención. Faltaban semanas para que tomara posesión, pero ya críticos y promotores por igual debatían sobre cómo acabaría con el legado de Obama. Pero hoy el señor de la tez naranja está sentado en el trono. Tiene acceso a las claves nucleares, y el significado histórico de su antecesor no es objeto de especulación, sino hecho dado.

    El asunto tiene dos aristas. Primero determinemos qué cuenta como legado. Al fin, todo gobierno asume el mando para hacer cosas nuevas. Cuando el poder pasa a manos de otro partido esperamos el cambio como viento que impulsa las velas de los ganadores. Llamemos entonces legado no a lo cotidiano, sino a los rasgos más profundos que configuran un mandato.

    Segundo, y por lo mismo, preguntemos qué significa borrar un legado. Vale aquí la cotidiana observación sobre meter y sacar clavos: con alguna dosis de esfuerzo podemos arrancar un clavo de la tabla en la que está ensartado. Pero el agujero queda. Algunas cosas se pueden borrar sin dejar rastros, pero muchas permanecen tan conspicuas en su ausencia, como si siguieran allí.

    Una síntesis de Univisión ya identificaba puntos claves del legado: la reforma migratoria, la reforma del financiamiento de la salud (el socorrido Obamacare), la política ambiental y energética, los acuerdos comerciales internacionales y la extraña y persistente obsesión de los estadounidenses por debatir quién usa qué baño. Agreguemos la guerra.

    Todas ellas, incluso la decisión sobre usar o no el inodoro con muñequito con falda, corresponden a la categoría de clavos que aun sacados dejan un agujero, y grande. No porque las soluciones de política sean permanentes —al fin, una orden ejecutiva se borra de un plumazo—, sino porque los temas a los que apelan siguen allí. Sobre todo porque el legado se construye primero en las razones para abordar los problemas.

    Así, ante el reto que plantea la masa amontonada que desde Latinoamérica sigue llegando al Norte por escapar de la miseria y la violencia, caben dos respuestas: verlos como gente o excluirlos de la oportunidad. Es en lo primero donde está el legado de Obama, no en una simple orden ejecutiva para los jóvenes soñadores.

    Ante los millones de ciudadanos del país más rico del mundo que sin embargo seguían sin acceso a una salud que no los quebrara, cabía admitir que triunfar sobre la enfermedad es un empeño solidario o insistir en que cada quien se salve como pueda. Lo primero es el legado de Obama. Tanto que hasta Trump, en típico escamoteo verbal, comienza a ofrecer «seguro para todos». Porque legado no es una ley, sino una admisión y una intención.

    Y ante los datos duros y calientes de un clima que hace más inhóspito el único mundo que tenemos, cabe reconocer que la transformación tecnológica a veces impone sacrificio o ejercer la perezosa voracidad de seguir extrayendo carbón y petróleo nomás porque se puede. Lo primero es el legado de Obama.

    Ante un capitalismo que hace agua porque llamó buena la desigualdad sin límite, cabe seguir la corriente en vez de retar a los señores del dinero. Y esa debilidad fue el legado de Obama. Un legado que Trump hereda y profundiza con su insularismo comercial. Y porque del presidente saliente fue no solo la intención solidaria, sino también la voluntad de derramar miles de bombas por todo Oriente Medio. Y allí también, con su intención de expandir las fuerzas armadas, Trump hereda el legado de Obama.

    Y para terminar, los baños. El absurdo pico del témpano, rastro del pecado original de los Estados Unidos. Porque, ante la realidad de que somos distintos y diversos, cabe el reconocimiento de nuestra equivalencia y la inclusión, o la saña racista y sexista, el escarnio del otro. Lo primero es el legado de Obama, no solo por iniciativas judiciales u órdenes ejecutivas, sino por el simple hecho de ser él.

    No importa lo que pase en adelante. Cuando en el futuro lejano se hable de Donald Trump será para decir: «¡Ah!, el que vino después del primer presidente negro de los Estados Unidos». Acaso, y ya que la historia es severa con sus hijos miopes, para decir que fue el que vino después del único presidente negro de los Estados Unidos.

  • Ganar no es igual que tener razón

    El 2016 termina mal para quienes nos pensamos progresistas. Termina con la tentación de la desesperanza.

    Gana Trump en los Estados Unidos y desata el triunfalismo racista. El brexit en Inglaterra afianza el más estrecho insularismo británico. Más cerca de casa y en modesta escala, las malas personas y sus malas costumbres se arraigan en el Congreso y ahogan la reforma judicial.

    Perplejos, líderes y analistas en el Norte reflexionan: quizá no se supo apelar al gran pueblo. Quizá la gente vota por cualquiera que ofrezca mejorar su situación económica. Quizá los indiferentes son más.

    Pero ante el fracaso propio conviene entender el éxito ajeno. En cada caso, el ganador triunfó en buena lid: hizo su oferta, pidió los votos según las reglas y los consiguió. Pero no todos los triunfos son iguales. Algunos se consiguen empezando con ventaja. Más aún, algunas causas son inherentemente más fáciles de promover.

    La ventaja inicial es la más obvia. En una sociedad patriarcal empieza más adelante el hombre blanco que su contrincante mujer. Esta debe probar su aptitud cada día y en todo. Aquel la tiene por definición. Gana entre los hombres blancos porque ya es uno de ellos. Pero gana también entre quienes han vivido la dominación porque, «ni modo, así ha sido siempre». Aunque cueste articular este perverso sentido de orden cósmico.

    El asunto es más obvio visto por contraste. Piense en Obama. Es de origen la oposición a su candidatura hace ocho y cuatro años, la oposición a su presidencia hasta el día de hoy. Se resisten sus políticas no por el contenido, que ya otros las han ensayado incluso desde el republicanismo. Se resisten porque es negro. A pesar de su vida personal intachable, empieza mucho más atrás que otros y su triunfo encarna algo más inaceptable porque es negro.

    Esta anomalía insinúa la segunda razón por la que no todos los triunfos son iguales. Pero seamos explícitos. Hay victorias que son más fáciles porque su causa es ella misma más fácil: destruir es más fácil que construir. Por ello es más fácil promover el brexit que resistirlo. Basta un día sin juicio para salirse de la Unión Europea, para desmantelar 40 años de diplomacia económica.

    Trump navega sobre la misma ola. «Make America great again», dice. Porque es más fácil voltear la vista a un mítico pasado mejor que imaginar de nuevo la sociedad y luego esforzarse en construirla. Es más fácil persistir en la injusticia que cambiar. Es más fácil dar el voto a quien ofrezca quitar la responsabilidad de cambiar. Es más fácil imaginar que los chaparros morenos que llegan desde Centroamérica son el enemigo. Es más fácil esto que admitir que los empleos que se fueron a China nunca jamás regresarán y que, aunque regresaran, no habría estadounidense que los tomara. Es más fácil navegar con bandera antiintelectual que mandar a los hijos a la universidad e inventar trabajos nuevos para ellos.

    En Guatemala es igual. Basta quedarse en casa para que, en el Congreso, una vez más los componedores obstruyan la justicia. Es más fácil que salir a protestar. Es más fácil decir que a los indígenas les basta nuestra justicia injusta que construir un Estado para todos.

    El año termina con victoria para quienes empezaron con la ventaja del privilegio o del prejuicio. Triunfan quienes promovieron lo fácil por encima de lo difícil, la destrucción antes que la construcción, la costumbre antes que el reto de crear algo nuevo y mejor. Pero el problema no es que hayan triunfado, sino que ahora pueden hacer lo que ofrecieron. En el mejor de los casos, nada. En el peor, destruir lo que ha costado tanto armar. Como una Unión Europea imperfecta pero pacífica. Como el seguro de salud en los Estados Unidos, insuficiente pero un poco más amplio. Como legalizar una migración indispensable. Como afirmar una justicia difícil, pero para todos.

    El futuro nunca llega. Siempre se construye. El progreso nunca termina. Siempre se procura. Como especie no llegamos hasta aquí reforzando la ventaja, sino cuestionándola. A base de inconformidad construimos la democracia, redujimos la pobreza y controlamos la guerra. Progresamos imaginando futuros mejores y más justos, construyendo nuevas instituciones, organizaciones más complejas, sutiles y, sí, con libertades más difíciles de garantizar. Lo nuestro, lo humano, es contradecir siempre la ley del mínimo esfuerzo. El triunfo más profundo no es ganar la causa fácil, sino conseguir un mejor futuro para nosotros y nuestra descendencia.

  • ¿Cuál será el legado internacional de Obama?

    En poco menos de un año, el cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, concluirá su segundo mandato de gobierno a cargo del país más poderoso del mundo. Hace casi ocho años, cuando le disputaba la nominación demócrata a la senadora Hillary Clinton, el joven senador por Illinois despertaba muchas dudas sobre su experiencia y su preparación para ocupar la silla presidencial. A ello agreguemos que era un candidato negro, con todos los prejuicios, las sospechas y las ansiedades de la mayoría blanca asociados a la idea de verlo convertido en presidente.

    Uno de los famosos lemas de campaña de Clinton en ese entonces era quién de los dos estaría mejor preparado para contestar una llamada urgente a las 2 de la mañana. No hay que olvidar que, luego de dos períodos bajo la conducción errática e impopular del republicano George W. Bush, Estados Unidos se encontraba hundido en una crisis financiera e inmobiliaria que llevaría a una de las peores recesiones económicas en su historia, además de que libraba dos guerras, en Irak y Afganistán, con un caudal agobiante de bajas militares estadounidenses.

    ¿Ha sido Obama el líder del cambio? ¿Cuál ha sido su interpretación de las relaciones internacionales en un mundo cada vez más multipolar? De unos cuantos años para acá, mucho se ha hablado de la doctrina Obama, pero ¿en qué consiste?

    En un detallado reportaje en The Atlantic de abril, el periodista Jeffrey Goldberg se inclina a afirmar que el papel de Estados Unidos en el mundo cambió dramáticamente y resume la doctrina Obama en algunos aspectos clave. Primero, la admisión de que Estados Unidos no puede ejercer un nivel de control absoluto para intervenir sistemáticamente y apaciguar o terminar con las crisis internacionales —particularmente en Oriente Medio— sin que ello perjudique los intereses nacionales. Segundo, que las prioridades apremiantes son otras, principalmente el cambio climático, la expansión de las relaciones comerciales con Asia y la erradicación de los llamados califas del Estado Islámico.

    En sí, como buen pragmático, Obama apuesta por aquellas acciones que incrementalmente le pueden crear réditos al país, en lugar de arriesgarse en asuntos destinados a seguir fracasando, esperando que otros se ocupen de los desastres provocados por Estados Unidos.

    Esta nueva doctrina, mitad realista, mitad internacionalista y menos intervencionista que la de sus predecesores, ha enfurecido a sus críticos, quienes consideran que la inacción de Obama en Siria y su rechazo de enviar tropas a aquel país o a aquellos lugares donde el Estado Islámico tiene de rodillas a poblaciones enteras no hará más que precipitar el caos a nivel internacional. Esa moderación, que también ha impregnado su agenda doméstica, le ha valido críticas por no concebir estrategias más contundentes a largo plazo. El primero en admitirlo es Obama, a juzgar por una entrevista el domingo pasado en CNN, en la que expresaba que el peor error de su presidencia ha sido no haber contado con un plan posintervención para Libia luego de que derrocaran al dictador Muamar el Gadafi en 2011.

    En cuanto a América Latina y el Caribe, el patio trasero usualmente olvidado, castigado o intervenido recurrentemente sin resultados prometedores de gobernabilidad y prosperidad, la normalización de las relaciones con Cuba entra dentro de la categoría de prioridades y nuevos relacionamientos que pueden arrojar mayor éxito para Estados Unidos. Lo mismo se podría decir de la famosa Alianza para la Prosperidad en el Triángulo del Norte centroamericano y, en Guatemala, del apoyo diplomático brindado en los últimos años contra la impunidad y a favor del fortalecimiento de las instituciones de administración de justicia. Pero dichas estrategias levantan todo tipo de sospechas. Algunos grupos (tanto de izquierdas como de derechas) perciben una agenda intervencionista solapada, como la del supuesto golpe blando luego del desafuero del gobierno de Otto Pérez Molina por actos de corrupción.

    Al final del reportaje, Goldberg concluye que, mientras Bush va a ser recordado duramente por las cosas que hizo en Oriente Medio, Obama está apostando a que va a ser juzgado positivamente por las cosas que no hizo. Pero puede que la historia no sea tan benevolente con las cosas que hizo a medias.

  • Si rebuznan es buen signo

    Anduvo circulando en días pasados un artículo que hace creer que los Estados Unidos tienen intervenida a Guatemala. Y que los marxistas tienen copado el país bajo las órdenes de los otrora Panteras Negras, del camarada Barack Obama y del subcomandante Todd Robinson, embajador estadounidense.

    Bueno, eso no lo dijeron, pero estoy segura de que solo eso faltó para condimentar más sus argumentos. Es tal la aprensión de los articulistas que uno creería que el país está a punto de convertirse en otro territorio asociado del vecino del norte, con una agenda promarxista de tal magnitud que la agenda socialista del candidato presidencial demócrata Bernie Sanders palidece a la par. Y es tanta la angustia de sus autores y de quienes apoyan su teoría que uno hubiera querido ver ese nivel de patriotismo y de indignación cuando la CIA intervino en las operaciones liberacionistas para deponer el gobierno democráticamente electo de Jacobo Árbenz Guzmán en 1954.

    El artículo en cuestión, Un hombre gobierna Guatemala, pero no se llama Jimmy Morales, es una de las mejores historias de ficción de la pos guerra fría que he leído, al estilo John Le Carré. Y si no es porque le falta gracia habría creído que el periódico sarcástico The Onion lo había publicado en español. Pero el libelo no es más que una propaganda mediática bien hilvanada que las clases medias y altas de la guatemalité urbanita consumen acríticamente, a juzgar por su efusiva circulación en las redes sociales entre tanta gente de alcurnia, tan nostálgica de aquellos días del verdadero conservadurismo del imperio que realmente contraatacaba la amenaza comunista, cuando el país era limpio y seguro y no le daba por pretender tener sensual expos.

    El gran problema en el abordaje tan simplista de este tipo de discurso desde el conservadurismo estadounidense (o desde cualquier otro, y no solo en las derechas) es que pretende invisibilizar y desestimar cualquier tipo de agencia propia de los ciudadanos guatemaltecos en la lucha y conquista de sus derechos y anhelos. En la mente paternalista de los autores es inconcebible que los guatemaltecos logren ser los propios actores de su destino. En el imaginario de estos halcones cortados con hacha en las teorías de realismo político no existen comunidades organizadas que vienen demandando justicia por atropellos a los derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado, mucho menos si son indígenas y mujeres.

    Pero desde hace varios años la lista de investigaciones, la apertura de procesos y las condenas por parte del sistema de justicia en casos de mayor impacto, impulsados por víctimas, familiares y la ciudadanía en general, se extiende y sirve incluso de modelo a nivel internacional: además de la captura de los militares y de la condena por genocidio contra el general retirado Ríos Montt, mencionados en el artículo, se encuentran los casos de corrupción de La Línea por los cuales los exgobernantes Pérez y Baldetti guardan prisión preventiva, el inicio del juicio por esclavitud sexual contra mujeres q’eqchi’ de Sepur Zarco y el caso del niño Molina Theissen, entre otros casos paradigmáticos. Y por supuesto que cualquiera que ofrece dinero o donaciones a un gobierno o entidad (¡aunque las medicinas hayan expirado!) pone condiciones para ver el retorno de su inversión. Fortalecer el Estado de derecho apoyando al Ministerio Público y la labor de la Cicig no puede ser mal negocio ni allá ni aquí.

    No es entonces sorprendente que este tipo de rebuznos alarmistas se emitan cuando la sociedad guatemalteca avanza en su perenne lucha contra la impunidad en todos los ámbitos de la vida nacional y en la edificación de las instituciones llamadas a proporcionar una justicia pronta y cumplida de forma independiente.

    Guatemala todavía tiene un largo sendero que recorrer para que exista la suficiente voluntad política y se concreten las necesarias reformas sociopolíticas que garanticen una democracia funcional, propicien las condiciones para una prosperidad mejor compartida y generen mejores escenarios de gobernabilidad. Pero, parafraseando a Martin Luther King Jr., ese arco moral universal, con la fuerza y la voluntad de miles de guatemaltecos en busca de la verdad, la memoria y la reparación, se sigue doblando hacia la justicia. No arde Roma. Se le empeora la gangrena al dedo del dinosaurio.

  • Otro sueño americano en suspenso

    Otro sueño americano en suspenso

    La acción ejecutiva del presidente de EE. UU., Barack Obama, que prometió un alivio para unos cinco millones de migrantes en 2014 está detenida. Pero, aunque logre superar los bloqueos de los opositores, es seguro que otros seis millones que no recibirán los beneficios permanecerán indocumentados. Peor suerte corren aquellos de reciente ingreso, para quienes recibir asilo político es una posibilidad remota.

    Todavía no llega a tierra firme la acción ejecutiva de inmigración que el presidente Barack Obama anunció en noviembre del año pasado, que le permitiría a unos 5.6 millones de migrantes indocumentados legalizar su estadía en EE.UU, y al gobierno de ese país reducir casi en la mitad el número estimado de personas que vive de manera ilegal en su territorio. Además evitaría la separación entre ciudadanos menores de edad y sus padres indocumentados (si los padres llegaron a EE.UU. antes de 2010). Una impugnación de 26 estados congeló los nuevos beneficios migratorios (y otros aprobados en 2012) desde el 18 de febrero pasado, que el Departamento de Justicia apeló en una corte del Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans (Luisiana). La batalla se libra en las cortes, pero tiene repercusiones en las comunidades de migrantes y sus familiares afuera de ese país.

    Hace casi cinco meses, la Casa Blanca estimaba que otros seis millones de migrantes indocumentados quedarían desprotegidos—pues los beneficios no aplican a ellos. Las cifras, que provienen de estimaciones de 2011, ubican a al menos 11.5 millones de migrantes indocumentados viviendo en EE.UU. En cuatro años, las cifras podrían haber aumentado. Por aparte, se desconoce cuántos de los estimados 800 mil guatemaltecos indocumentados en ese país están entre los posibles beneficiarios o los desprotegidos. Para recibir los beneficios, el migrante debió llegar a EE.UU. antes de 2010 y ser padre de hijos nacidos o que residen legalmente en ese país, o haber llegado como menor de edad antes de 2010, entre otros requisitos.

    El 16 de febrero pasado el juez federal en Texas, Andrew Hanen, anunció que Obama carecía de las facultades para frenar las deportaciones, y decidir quién podía quedarse en ese país. Según Hanen, una magistratura debe decidir el asunto, no el Ejecutivo. Así, Texas lidera a 26 estados que rechazan la acción ejecutiva para todo el país, en tanto que otros 14 estados liderados por Washington y California pelean por aplicar los beneficios de la acción ejecutiva en sus jurisdicciones en apoyo a la apelación del Departamento de Justicia. Esta instancia también apela la impugnación de Texas para que los beneficios migratorios se puedan aplicar al menos en los estados que no figuran entre los 26 opositores. Es decir, en casi la mitad del país.

    Pero Hanen insiste en que la Casa Blanca violó el Acta de Procedimientos Administrativos porque no proveyó un mayor periodo, entre el anuncio de sus acciones y la implementación de las mismas, para facilitar la discusión y análisis de las repercusiones. El juez argumenta que Texas sufriría la mayoría de los efectos adversos de la decisión de Obama.

    El Pew Research Center en EE.UU. reveló en 2014 que Texas y Florida (opositores a la acción ejecutiva de Obama) están entre los seis estados donde se registró un incremento en la población de indocumentados. Los otros cuatro, California, Nueva York, Nueva Jersey, e Illinois, favorecen los beneficios migratorios. Reportes de prensa indican que la mayoría de migrantes guatemaltecos están en California, Nueva York, Florida y Texas.

    Vaivén judicial, trasfondo político

    El pulso por facilitar o bloquear la acción ejecutiva es judicial y político. Falta cerca de un año y medio para las elecciones en EE.UU., y el voto hispano y el apoyo a los migrantes son cada día más determinantes para ejercer cargos públicos.

    Por ahora, el juez Hanen es la punta de lanza del opositor Partido Republicano contra el oficial Partido Demócrata, la Administración Obama, y el movimiento pro-migrante. Hanen ya dejó vencer dos plazos que el Departamento de Justicia le impuso: el 25 de febrero pasado, cuando ignoró un “recurso de urgencia para levantar la suspensión”; y el 9 de marzo pasado, para emitir una decisión final respecto a la acción ejecutiva. En cambio, el juez pidió a cada uno de los 26 estados opositores responder directamente al recurso del Departamento de Justicia. Los 26 insistieron en la suspensión de los beneficios migratorios.

    Según Eric Olson, director asociado del Programa Latinoamericano en el Centro Woodrow Wilson (un centro académico de análisis en Washington, D.C.), el caso podría acabar en la Corte Suprema de Justicia. Hugo Mérida, representante titular electo ante el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), por la jurisdicción consular de Los Ángeles, California, dijo que si la Corte de Apelaciones ratifica la decisión de Hanen, el caso sí llegará a la máxima corte.

    La Casa Blanca dijo que “la Corte Suprema y el Congreso han dejado claro que el gobierno federal puede establecer prioridades cuando se trata de aplicar leyes migratorias”. Mérida afirma que “en ambas cortes, de Apelaciones y Suprema, la administración Obama tiene jueces muy afines”, lo cual podría favorecer a la acción ejecutiva. “Por el momento, no hay mucho qué hacer; es un tema de proceso legal al que hay que dar tiempo para que tome su curso”, explica el representante de Conamigua.

    “Por el momento, no hay mucho qué hacer; es un tema de proceso legal al que hay que dar tiempo para que tome su curso”, explica el representante de Conamigua.

    Mientras tanto, el Partido Republicano abre otros frentes contra los migrantes. Los republicanos preparan cuatro leyes que reducen los beneficios migratorios de la acción ejecutiva, y los beneficios de medidas migratorias anteriores (al limitar o eliminar los permisos para viajar a otras jurisdicciones o fuera del país). Algunos activistas aseguran que estas leyes también reducirían la protección hacia los refugiados, víctimas de trata de personas y violencia doméstica, con la posibilidad de una deportación. Además, podrían perjudicar a migrantes que ya trabajan legalmente en EE.UU.

    Por aparte, el Subcomité de Seguridad Fronteriza del Senado de Texas mantiene en suspenso la discusión de una ley que eliminaría las “ciudades santuario”, o ciudades donde ninguna autoridad puede preguntar el estatus migratorio durante interacción alguna con transeúntes o automovilistas, y ninguna cárcel local de la policía se puede utilizar para detener a migrantes indocumentados. El senador demócrata José Rodríguez interpuso una medida para retrasar la discusión de la iniciativa. “No queremos ser un estado donde el slogan sea, ‘muéstrame tus papeles’”, dijo Rodríguez. No obstante, algunos reportes indican que la discusión se podría retomar a corto plazo.

    En un ambiente donde las elecciones de 2016 ya generan discusión política en EE.UU., las medidas de los republicanos “no ayudan a un partido que trata desesperadamente de distanciarse de su imagen anti-migrante y anti-latino”, según La Voz de las Américas, un órgano informativo multi-media del gobierno federal estadounidense, para audiencias afuera de los EE.UU.

    La Casa Blanca justifica la acción ejecutiva como único rumbo a seguir después que el Congreso estadounidense rechazó la reforma migratoria que el Senado sí aprobó en junio de 2013. Esta reforma le permitirá a unos ocho millones de indocumentados, que llegaron al país antes de 2012, regularizar su situación migratoria si carecen de antecedentes penales, entregan sus huellas al Departamento de Seguridad Nacional y cancelan multas por la permanencia ilegal en el país.

    Algunos reportes de prensa indican que los traficantes de migrantes persuadieron a muchas familias a enviar o llevar a sus niños y adolescentes a EE.UU. bajo la falsa premisa que la aprobación de la reforma les facilitaría su ingreso y permanencia en ese país. Para 2014, se había duplicado la intercepción de menores de edad migrantes y centroamericanos en la frontera sur de EE.UU., en relación con el año de aprobación de la reforma en el Senado.

    Beneficios migratorios en el limbo

    El 6 de marzo el estado de Texas pidió a Hanen investigar si algunas de las medidas en la acción ejecutiva de migración ya se aplicaban pese a la suspensión. Siete días después, el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, dijo que una preocupación principal es que la administración Obama ya se adelantó con la implementación de un aspecto de los nuevos beneficios migratorios.

    “El asunto clave ahora es el extremo al que la administración Obama ha extendido permisos de trabajo a migrantes indocumentados, en contradicción directa con cuanto ha dicho a la corte distrital (en el contexto de las acciones legales)”, señaló Paxton. “(Ahora) cualquier implementación de las directrices del Presidente Obama serán difíciles, sino imposibles, de revertir”.

    La impugnación del juez Hanen afectó parcialmente el programa de Acción Diferida para aquellos Llegados (a EE.UU.) en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), en efecto desde agosto de 2012. El propósito de la DACA es proteger a los adultos que llegaron a EE.UU. como menores de edad. Los beneficiarios que necesitaban renovar su aplicación al programa no pudieron hacerlo después del 18 de febrero, pero al menos unos 100 mil solicitantes recibieron una extensión, que incluye un permiso de trabajo por tres años. La acción ejecutiva incluye la ampliación de cobertura de la DACA.

    En otros estados que rechazan la acción ejecutiva, como Kansas, los congresistas estudian una propuesta, que redactó el secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, “para recordarle a los migrantes indocumentados, que reciban ayuda de la acción ejecutiva de Obama, que todavía están ilegalmente en EE.UU.”. Kobach dijo que si la iniciativa de ley es aprobada, en ese estado ningún migrante indocumentado podría optar a una licencia de conducir, aun si le beneficia la acción ejecutiva y recibe un número del Seguro Social.

    La ley de Kansas también prohibiría la obtención de un permiso de trabajo, y le prohibiría a los empleadores deducir impuestos estatales de los salarios de los migrantes que contraten (aun si les beneficia la acción ejecutiva de Obama). “No necesitamos reconocer que esta amnistía ilegal aplica a Kansas”, dijo Kobach. No obstante, Kansas es uno de los estados donde para 2014 se había reducido la población de migrantes indocumentados, según el Pew Research Center.

    Otros estados que rechazan la disposición de la Casa Blanca son Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Louisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia Oeste y Wisconsin, además de Texas. El Pew Reserch Center destaca que, en Nevada, uno de cada cinco estudiantes escolares tiene una madre o padre indocumentado.

    En contradicción, las medidas migratorias parecen ser más estrictas en los estados con menor población nacida afuera de EE.UU. Según cifras de 2012 de The New York Times, en Kansas, se trata del 7%, y Arizona, del 15%, por ejemplo. Pero las medidas migratorias estrictas también se implementan en estados que rechazan la acción ejecutiva y cuyo porcentaje de población nacida afuera del país es más alto, como Florida y Texas, donde el 23% y 17% de sus residentes (respectivamente) no nacieron en EE.UU.

    Los 14 estados que favorecen la acción ejecutiva están encabezados por California, uno de los estados donde residen más guatemaltecos, y (según la Fiscalía General de ese estado) que tiene al menos un millón de migrantes que califican para beneficios de la acción ejecutiva. Le siguen Washington, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Nuevo Mexico, Oregon, Rhode Island, Vermont, Distrito de Columbia, y Nueva York.

    Lo que está en juego

    El 20 de noviembre pasado, la acción ejecutiva de Obama ofrecía este panorama claroscuro:

    (1) Posibilidad de aplicar a tres años de gracia, sin peligro de deportación, y a permisos de trabajo, si llegó a EE.UU. antes de 2010 y tiene al menos un hijo que es ciudadano o residente legal estadounidense. Este programa es conocido como Acción Diferida para padres de hijos ciudadanos o residentes, o DAPA (por sus siglas en inglés). Este beneficio estaba previsto para comenzar el 19 de mayo. El propósito de la DAPA es proteger a los padres indocumentados cuyos hijos nacieron en EE.UU.

    (2) Protección y ampliación para 1.2 millones de migrantes elegibles para el programa DACA..

    Según la abogada Jennifer Podkul, de la ONG estadounidense Derechos de los Migrantes y Justicia, “la DAPA y DACA sólo son útiles para detener una deportación mientras Obama sea presidente; después de eso, nadie sabe qué ocurrirá”.

    (3) Expansión del programa para trabajadores migrantes especializados, que podría resultar en la llegada de entre 150 mil y 200 mil nuevos trabajadores a EE.UU.

    (4) Fortalecimiento de la frontera y las prioridades del gobierno federal (nacional) para las deportaciones, y el programa “Comunidades Seguras”. Este consiste en contratar cárceles locales para retener y entregar migrantes indocumentados a agentes federales, entre otros aspectos.

    Uno de los lineamientos de la acción ejecutiva es que el Departamento de Seguridad Nacional contrate a 20 mil nuevos oficiales de la patrulla fronteriza, para frenar o reducir nuevos ingresos de migrantes indocumentados. Actualmente hay 21 mil agentes asignados, el mayor número en la historia, que aún resultan insuficientes al país para blindar la frontera. Para ubicar a un agente cada tres metros en la frontera sur estadounidense de 3,218.7 kilómetros, en dos turnos de 12 horas, se requeriría al menos 1.1 millones de agentes por turno, según reportes de prensa.

    Continúan las deportaciones

    La suspensión de la acción ejecutiva, aún si es temporal, todavía hace vulnerables a los posibles beneficiarios. La Asociación de Abogados de Inmigración Estadounidenses (AILA) afirmó tener indicios de que agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) han capturado a migrantes que podrían calificar para beneficios, y comenzaron el proceso para su deportación. Los reportes salen de ciudades como Nueva York (aunque este estado no se ha pronunciado contra la acción ejecutiva) o Charlotte (Carolina del Norte), donde la ICE ignora los lineamientos de la acción ejecutiva que priorizan la deportación de migrantes indocumentados con antecedentes policiacos o conductas criminales, vinculados al terrorismo, o que cruzaron la frontera recientemente, tienen una orden de deportación pendiente, o no acudieron a una cita con un juez de migración.

    La ICE eliminó de sus oficinas cualquier información acerca de los beneficios migratorios hasta que haya una decisión favorable en firme. Ahora la AILA cree necesario que el gobierno federal “despeje dudas sobre la discreción procesal” de los agentes de la ICE. Esta ambigüedad atemoriza a los migrantes indocumentados frente a cualquier autoridad en general.

    La ICE eliminó de sus oficinas cualquier información acerca de los beneficios migratorios hasta que haya una decisión favorable en firme. Ahora la AILA cree necesario que el gobierno federal “despeje dudas sobre la discreción procesal” de los agentes de la ICE.

    Sin embargo, la directora de la ICE, Sarah Saldaña, dijo que las deportaciones continuarán según las prioridades establecidas. En marzo, la ICE capturó en diversos estados a 2,059 personas originarias de 94 países. Los detenidos tienen antecedentes delictivos por homicidio, robo, pornografía infantil, violación sexual y/o secuestro, entre otros. Mil de los detenidos ya tenían varias condenas, 58 pertenecen o tienen vínculos con pandillas, y 89 ya fueron condenados por crímenes sexuales, según datos de la misma ICE. Otros 476 son migrantes indocumentados que han sido deportados antes de EE.UU. El reingreso ilegal a EE.UU. después de la deportación conlleva una sentencia máxima de 20 años de cárcel. Los detenidos que no sean enviados a juicio, o a una audiencia con un juez de migración, serán deportados.

    Entre el miedo y la desinformación

    Las deportaciones atemorizan a los posibles beneficiarios de la acción ejecutiva. Aún así, los abogados expertos en migración insisten en que quienes podrían calificar deben reunir los documentos requeridos para calificar, en lugar de esperar a que quede en firme la acción ejecutiva para iniciar ese proceso. “Deben preparar sus documentos para solicitar el beneficio, porque los programas abrirán sus puertas eventualmente”, dijo Karen Tumlin, abogada del Centro Nacional de Ley Migratoria, en EE.UU.

    En noviembre pasado, después que Obama reveló el contenido de la acción ejecutiva, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala anunció el lanzamiento de un plan informativo para asistir a la comunidad guatemalteca en EE.UU. Los consulados de Guatemala en Los Ángeles (California), Nueva York, y otras jurisdicciones, anunciaron la ampliación de su horario de atención y el número de consulados móviles, para brindar mayor información al respecto. También buscaron alianzas con organizaciones no gubernamentales para ofrecer talleres informativos acerca de los beneficios de la acción ejecutiva.

    Pero en Nueva York, uno de los estados con mayor presencia de guatemaltecos, el activista de origen guatemalteco Juan Carlos Pocasangre afirma que todavía hay mucha gente desinformada, que no recibe una guía acerca de cómo prepararse, o que tiene temor de aplicar a los beneficios por falta de información. “Lo más triste es que mucha gente sí podría calificar, pero no están preparados con los documentos necesarios, lo que les tomará mucho tiempo, o les impedirá calificar”, explicó el activista.

    La acción ejecutiva no beneficia a los 74 mil menores de edad indocumentados que llegaron a EE.UU. entre octubre de 2013, y diciembre de 2014, ni a sus padres, o a los adultos que les acompañaban, en el caso de quienes viajaban acompañados. Su única opción para permanecer en EE.UU. es solicitar asilo o refugio, aunque tienen pocas probabilidades de obtenerlo. Entre 2005 y 2014, sólo el 47% de los menores de edad que solicitaron asilo y tenían un abogado, obtuvieron el beneficio. Entre los solicitantes sin abogado, sólo el 10% lo obtuvo.

    La ley estadounidense garantiza que los niños que llegan a EE.UU. reciban una audiencia con un juez de migración, en lugar de simplemente ser deportados. Durante la audiencia, el juez decidirá si el niño o adolescente tiene un caso válido de asilo. Podkul explicó que cuando un menor de edad gana un caso de asilo, puede aplicar para su residencia legal un año después y quedarse permanentemente. Según el caso, el beneficio es extensivo a sus padres. Sin embargo, la abogada advirtió que es casi imposible para un niño probar que es elegible para asilo sin un abogado.

    De los 74 mil menores de edad interceptados en la frontera sur de EE.UU., entre octubre de 2013 y diciembre de 2014, al menos 59 mil han recibido una audiencia con un juez de migración, y esperan una decisión. Podkul dijo además que una acción judicial interpuesta el 20 de febrero pasado evitará que el gobierno pueda detener familias completas  bajo el pretexto de desestimular migración indocumentada a futuro. “Esta es una gran victoria que nos hace bastante felices”, dijo la abogada, quien investiga las condiciones de los centros de detención para menores de edad y sus padres.

    Por aparte, los migrantes centroamericanos que residen legalmente en EE.UU., con hijos en sus países de origen, podrán solicitar refugio para sus hijos si los quieren llevar a EE.UU. En diciembre pasado, el gobierno estadounidense anunció que aceptará 4 mil solicitantes para el año fiscal 2015 en EE.UU. (octubre 2014-septiembre 2015), que dividirá entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Este beneficio no forma parte de la acción ejecutiva de Obama.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala anunció que con el “Programa de refugiados/admisión condicional en EE.UU. para menores en Guatemala, El Salvador y Honduras con padres presentes en los Estados Unidos de América” se busca evitar que los niños y adolescentes se trasladen por tierra de forma indocumentada, para reunirse con sus padres en EE.UU.

    La Cancillería informó que los padres pueden solicitar, desde EE.UU., el estatus de refugiados para sus hijos, si estos son menores de 21 años y solteros. El trámite también se puede hacer desde el país de origen de los menores, pero con la asistencia de “una agencia de restablecimiento financiada por el Departamento de Estado”.

    El alcance de estas medidas, y de la acción ejecutiva, puede ser relativo. Según Olson, es previsible que el gobierno estadounidense se enfrentará a otra crisis migratoria a largo plazo, mientras prevalezcan en Centroamérica razones para migrar.

    “Aunque la acción ejecutiva del Presidente (Obama) cobre vigencia, no creo que reducirá la migración irregular desde México y Centroamérica”, dijo el analista del Wilson Center. “Estos ajustes en estatus (migratorio) en EE.UU. se hacen por razones humanitarias y prácticas vinculadas a EE.UU., y tienen poco impacto en las razones para migrar como la violencia y la pobreza en la región”. Como ejemplo, Olson dijo que la reducción en la migración irregular desde México tiene poca relación con acciones estadounidenses y mucho que ver con cambios demográficos en México, y una mayor demanda de mano de obra en el norte de ese país.

    Según varios estudios, las razones para migrar, en el caso de los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, dependen del sector del país donde viven. Eso determina si huyen de la violencia, de la pobreza, o de ambas.  Para atender las causas de la migración e intentar mermar el éxodo centroamericano hacia EE.UU., los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras ahora apuestan al programa “Alianza para la Prosperidad”. Este recibirá financiamiento del Banco Interamericano para el Desarrollo y, quizá, un millardo de dólares de EE.UU., si el gobierno de Obama consigue la aprobación del Senado y el Congreso para 2016.

    La propuesta persigue mejoras en salud, educación, seguridad, generación de empleo y gobernabilidad. Sin embargo, existe el temor de que los beneficios no lleguen a las capas más pobres en la región, como se pretendía con el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y EE.UU. (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) hace más de 10 años y no se consiguió. El Wilson Center está convencido de que un esfuerzo regional, nacional y comunitario es clave para obtener resultados. Pero no hay garantías de que el plan y la ayuda estadounidense funcionen a largo plazo, y reduzcan la migración de miles de centroamericanos.

    Según Olson, el millardo de dólares que solicitó el Ejecutivo en EE.UU. puede tener un impacto en la migración si se concentra en esfuerzos para involucrar a líderes comunitarios y a la sociedad civil. “Será mejor si está menos concentrado en (luchar contra) el narcotráfico internacional y más enfocado en construir comunidades fuertes y en apoyar iniciativas locales”, dijo el analista.

    Panorama a corto y largo plazo

    Olson no descarta que si todo permanece igual, en algún momento a futuro, EE.UU. “sin duda” deberá decidir qué hacer con los 6 millones de migrantes indocumentados que quedaron afuera de la acción ejecutiva. Quizá para entonces la cifra sea mayor.

    “Si la migración en México es un factor menor ahora en relación a hace cinco años, es posible que lo mismo pueda ocurrir en Centroamérica, pero requerirá que los gobiernos y la sociedad civil hagan las cosas de manera distinta”, dijo Olson.

    Por ahora, más de la mitad de los migrantes recién deportados pretende volver a EE.UU., según la Casa del Migrante. Y quienes desisten, lo hacen más para evitar los peligros y precariedades de viajar como indocumentado, que esperanzados por las mejoras económicas que el gobierno promete a largo plazo.

    Los 6 millones de indocumentados que están en EE.UU. y no califican para los beneficios permanecerán en la sombra, esperando otro alivio migratorio, intentando evitar la deportación a toda costa. Los otros 5 millones, con beneficios en el limbo, esperan que la Casa Blanca gane el pulso en las cortes para dejar de temer la deportación. La abogada especializada en casos de migración en EE.UU., Jessica Dominguez, dice que no hay plazos específicos para que el impase se resuelva. Puede tomar días, semanas o meses.

    Este 7 de abril, el juez Hanen rechazó de nuevo una petición del Departamento de Justicia de levantar la prohibición a la entrada en vigencia de la acción ejecutiva. El 17 de abril próximo, la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans podría escuchar los argumentos de las partes antes de decidir el caso.

  • Once millones de personas dependen de la reforma

    Once millones de personas dependen de la reforma

    Demócratas y republicanos estadounidenses coinciden en la necesidad de regularizar la situación de los migrantes en su país. Aunque todavía debe debatirse sobre el método para lograrlo, mantener un control más estricto de las fronteras se plantea ya como una de las ideas centrales. Pero la propuesta trae también buenas noticias para los migrantes que ya viven dentro de aquellas fronteras.

    Han pasado 27 años desde que se aprobó la última reforma migratoria en Estados Unidos, durante la administración de Ronald Reagan. Recientemente, fue el actual presidente de ese país, Barack Obama, quien volvió a poner la discusión en la agenda, durante la campaña electoral de 2012.

    La reacción sobre este tema fue casi inmediata después de que Obama fuera reelecto. En enero de este año, un grupo conformado por senadores republicanos y demócratas establecieron una hoja de ruta para elaborar la ley que legalice a 11 millones de migrantes; entre ellos cerca de 1.3 millones de guatemaltecos. Además se espera que en marzo se conozca también la iniciativa oficial del gobernante.

    La posibilidad de la reforma significa una oportunidad para muchas personas que viven en la irregularidad en la unión americana, pero también representa un riesgo para quienes no califiquen, pues no sólo perderían la oportunidad de insertarse formalmente a la sociedad, sino que aumentarían las probabilidades de exponerse a una deportación.

    Regularización y control fronterizo

    The new gang of eight (la nueva pandilla de ocho) es el nombre con el que se conoce al grupo de senadores responsables del primer planteamiento en el que se puede basar la reforma migratoria. Sus miembros son los demócratas Chuck Schumer, Dick Durbin, Michael Bennet y Bob Menéndez, y los republicanos John McCain, Lindsey Graham, Mike Lee y Jeff Flake.

    Su propuesta se divide en cuatro ejes. El primero de ellos representa los objetivos principales de la reforma: crear una vía para otorgarle la ciudadanía a migrantes que ya están en Estados Unidos, al mismo tiempo que fortalecer la seguridad fronteriza y evitar que la permanencia de los extranjeros exceda los permisos establecidos.

    La mayoría de los puntos incluidos en este eje se centran en la parte relacionada con el fortalecimiento de fronteras –en especial con la zona fronteriza del sudoeste del territorio estadounidense–, como dotar de recursos a las entidades encargadas de su vigilancia y mejorar los controles de las personas en puntos de ingreso como aeropuertos.

    Sin embargo, también plantea que los migrantes indocumentados se acerquen al Estado para tener un registro de ellos. Los datos de cada persona permitirán decidir quiénes cumplen los requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense y quiénes no. La propuesta establece que las personas con registro criminal quedarán excluidas y se las deportará inmediatamente.

    Según el analista internacional Roberto Wagner, será importante que en este proceso se defina qué tipo de faltas o delitos estarán incluidos, pues puede haber faltas menores que no ameriten la descalificación inmediata para que un migrante se nacionalice estadounidense.

    Las personas que se registren tendrán que acogerse primero a un sistema temporal en el que tendrán que pagar sus impuestos y multas, demostrar que hablan inglés y dar constancia de su historial de trabajo desde que están en Estados Unidos. Después de 10 años, podrían optar a la ciudadanía.

    A criterio de Wagner, en esta fase muchas personas pueden enfrentar el riesgo de no cumplir los requisitos y ser deportados. Aspectos como una constancia irregular de empleo, o una documentación falsa por parte de los patronos pueden poner en peligro el proceso y provocar que muchas personas tengan miedo de acercarse a las oficinas gubernamentales.

    “Aún es prematuro tratar de decir quiénes sí y quiénes no”, sostiene Claudia López, miembro del Instituto de Investigaciones y Gerencia Política (Ingep) de la Universidad Rafael Landívar, pero agrega que la situación de muchas personas que “viven en la oscuridad” se mantendría, ya que las posibilidades de obtener el visto bueno se limitarán a quienes tengan más capacidad de insertarse en la sociedad estadounidense.

    Los otros elementos de la propuesta bipartidaria

    El segundo eje de la reforma de los senadores recalca la diferencia entre las posibilidades de los mejor calificados y el resto: Uno de los objetivos del sistema de migración es garantizar la futura prosperidad económica. Es por ello que, además de enfocarse en ciertas características especiales de los migrantes, se buscará atraer a “los mejores y los más brillantes del mundo”. Para este fin se otorgarán permisos de permanencia a profesionales extranjeros que hayan obtenido posgrados en ciencia, tecnología, ingeniería o matemática en una universidad estadounidense.

    El tercer eje es fortalecer la verificación de empleo. Es decir, establecer controles acerca del historial de trabajo, situación actual y empleadores de los migrantes. “Reconocemos que los inmigrantes indocumentados vienen a Estados Unidos casi exclusivamente por trabajo”, expone la propuesta. Es por ello que plantea que la forma de reducir la migración ilegal es por medio de un sistema “duro, justo, efectivo y obligatorio” para esta verificación. Es por ello que propone también multas y sanciones penales para empleadores que incumplan con las normas establecidas, así como sistemas de control para evitar los robos de identidades.

    Una de las dudas que siguen aún sin respuesta es qué pasará con los futuros migrantes, aquellos que no formen parte de las primeras oleadas de personas registradas ante el sistema en busca de su regularización.

    Para este propósito se plantea la posibilidad de que empleadores estadounidenses contraten mano de obra menos calificada proveniente del extranjero. Los contratistas deberán demostrar que no fue posible encontrar la mano de obra requerida en su país y que los trabajadores extranjeros no desplazarán a los estadounidenses.

    En este eje se propone también crear programas de acuerdo a las necesidades de agricultura, regular el flujo de ingreso de migrantes según las necesidades de trabajadores y establecer estrictos controles de cumplimiento de derechos laborales.

    TPS y reforma

    Antes de que se hablara de la reforma migratoria, los esfuerzos de Guatemala se concentraban en obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que otorga Estados Unidos a determinados países y consiste en un trato especial para migrantes de países que han sufrido graves desastres naturales o enfrentan conflictos armados internos. Tras el paso del huracán Mitch, en 1998, Estados Unidos ofreció un TPS a las naciones centroamericanas que resultaron afectadas por el desastre natural, pero el gobierno de Álvaro Arzú lo rechazó. El Gobierno de Álvaro Colom intentó que se otorgara este estatus después de los desastres ocasionados por la tormenta Agatha y la erupción del volcán Pacaya, sin éxito.

    La petición se ratificó durante la administración de Otto Pérez Molina debido al terremoto ocurrido en San Marcos en noviembre pasado. No obstante, después de que Obama anunciara la propuesta de reforma migratoria, el mandatario guatemalteco indicó que desistiría de la búsqueda del TPS.

    No obstante, expertos en el tema dudan de que esta decisión sea la correcta. Reynosa, delegada de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), en la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (Menamig), sostiene que Guatemala no debe dejar de insistir. “No hay que abandonar la lucha. El TPS permitiría mejores oportunidades para muchos guatemaltecos en Estados Unidos”, agrega.

    El TPS tiene limitaciones, pues nada más incluiría a los guatemaltecos que hayan migrado en un período determinado. Pese a ello, Claudia López asegura que contar con un TPS beneficiará al menos a algunos de los migrantes que no llenen los requisitos de la reforma.

    Aun así, ni la reforma migratoria ni el TPS –si todavía fuera una posibilidad– detendrán las deportaciones de guatemaltecos, que han ido en aumento durante los últimos diez años. Reynosa señala que durante 2012 el número de deportados guatemaltecos fue de 3,225. La cantidad sobrepasa los 2,090 que se registraron en 2011.

    Aún cuando cruzar la frontera sea cada vez más difícil, López desconfía que estos controles sean suficientes para disuadir a las personas que intentan cruzarla sin documentos, pues la falta de oportunidades laborales seguirá llevando a las personas a intentarlo.

    La investigadora añade que hay menores de edad centroamericanos que prefieren la ruta a través de México, en la que mueren tantas personas al año, pero que les representa más probabilidades de sobrevivir que quedarse en su país debido a las condiciones de inseguridad.

    La prioridad de Obama

    “Envíenme un proyecto de ley de reforma migratoria integral en los próximos meses y lo voy a promulgar de inmediato», expresó el Presidente estadounidense en un discurso del pasado 12 de febrero. Sin embargo, se espera que el mes próximo llegue también al Congreso la iniciativa del Presidente. Según Obama, no haber logrado antes la reforma es uno de los principales fracasos de su primer período presidencial.

    Su diseño preliminar, publicado por el secretario de Prensa de la Casa Blanca, coincide en lo esencial con la de los senadores, tanto en sus objetivos como en la forma de alcanzarlos. Sin embargo, en la propuesta de Obama, los migrantes que obtengan la residencia temporal podrían optar a la ciudadanía después de cinco años. Además, esta propuesta no condiciona la naturalización a la seguridad fronteriza, pues ambos temas se ubican en ejes diferentes.

    Flora Reynosa considera que uno de los puntos más preocupantes en materia de derechos de las personas que emigran a Estados Unidos es que ambas propuestas se enfocan en fortalecer el control de las fronteras.

    Su preocupación radica en que se proveerá de más recursos a la patrulla fronteriza que ya ha sido señalada por violaciones a derechos humanos. “El año pasado recibimos dos cadáveres por esta causa, y éstos son sólo los casos de los que tenemos conocimiento”, agregó la delegada. También explicó que al ponerse más estrictos los controles fronterizos, los migrantes se verán obligados a buscar rutas menos vigiladas que pueden ser más peligrosas.

    Las iniciativas deben formalizarse, discutirse y aprobarse en las dos cámaras que conforman el Congreso estadounidense. Es posible que en este proceso –en el que intervienen visiones muy diferentes sobre el contenido que debe llevar la reforma–, surjan nuevas iniciativas o los proyectos actuales sufran modificaciones con respecto a sus planteamientos originales. Mientras eso sucede, continuará la esperanza de quienes vieron a dos partidos rivales unirse en una misma causa y el escepticismo de quienes temen que las condiciones para su naturalización sean muy difíciles de alcanzar.

  • El sabor agrio del apoyo al precio del azúcar

    El sabor agrio del apoyo al precio del azúcar

    Detrás de cada caramelo o lata de refrescos hay un complejo programa gubernamental de aranceles a la importación y préstamos a los agricultores que establece el precio del azúcar. El programa, que de una forma u otra funciona desde poco después de la fundación de Estados Unidos, es responsable del éxito del sector azucarero de la Florida, que mueve $616 millones al año, el mayor productor de azúcar de caña del país.

    Por Amy Green – Florida Center for Investigative Reporting

    Ese éxito, según estudios del gobierno e independientes, le cuesta a los clientes cada vez que compran algo. Los estudios, entre ellos un informe de la Oficina de Fiscalización del Gobierno (GAO, por sus siglas en ingles), concluye que el programa infla el precio del azúcar en Estados Unidos y les cuesta a los consumidores unos $2,000 millones anuales en costos adicionales de los alimentos. A pesar de su impacto adverso, el programa sobrevive gracias a las sustanciales donaciones políticas del sector azucarero, que están entre las más generosas del sector agroalimentario. En este ciclo electoral, los productores de caña de azúcar gastaron $3.6 millones en contribuciones de campaña, superando al sector tabacalero, que contribuyó $2.8 millones.

    El sector azucarero es tan fuerte como siempre y gasta millones en mantener un programa de apoyo a los precios que infla el costo de muchos alimentos, como el pan, el jugo de frutas y el ketchup. El programa es parte de la Ley de Reforma Agrícola, de los Alimentos y los Empleos, conocida como la Ley de los Agricultores, que da forma a las políticas en materia de agricultura, desarrollo rural, conservación ambiental, asistencia alimentaria y otros sectores.

    La ley se renueva cada cinco años y debe expirar el 30 de septiembre de este año. Varios políticos destacados tratan ahora de poner fin al programa. Lo que está en juego es el sector azucarero de la Florida, con un impacto económico estimado de $4.5 millones.

    El candidato presidencial republicano Mitt Romney es uno de los críticos del programa. “Tenemos que eliminar los subsidios y dejar que el mercado funcione debidamente”, expresó Romney en enero. Aunque los productores de azúcar afirman que el programa no debe considerarse un subsidio, puesto que no incluye pagos a los agricultores, los legisladores han presentado numerosas medias con el fin de modificar o eliminar el programa.

    Un propuesta que elimina el programa fue presentada el año pasado por el senador Richard Lugar, republicano por Indiana y miembro de la Comisión de Agricultura del Senado, y recibió apoyo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Kraft Foods, la Asociación de Usuarios de Edulcorantes, la Asociación Nacional de Fabricantes, el Everglades Trust y Americans for Tax Reform, una organización liderada por el cabildero y activista Grover Norquist, conocido por persuadir a 1,100 políticos de todo el país a firmar una promesa de no apoyar nuevos impuestos.

    Pero la propuesta del senador Lugar, que se modificó posteriormente para reformar el programa azucarero en vez de eliminarlo, fracasó junto con otras. Los dos senadores de la Florida, el demócrata Bill Nelson y el republicano Marco Rubio, votaron contra eliminar el programa. Nelson, cuya campaña de reelección contra el representante Connie Mack se considera una de las batalla que determinará el control del Senado, es el segundo mayor beneficiario de ese foro legislativo del sector azucarero en este ciclo de elección, en que ha recibido $42,000 en contribuciones.

    El mayor beneficiario es la senadora Debbie Stabenow, demócrata por Michigan y presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado. Stabenow, que ha recibido $49,986 en contribuciones, también votó contra poner fin al programa. Rubio en su momento fue considerado candidato a la vicepresidencia con Romney y expresó en una autobiografía recientemente publicada que en su campaña del 2010 recibió donaciones por valor de $5,000 del sector azucarero. El Senado aprobó su versión de la Ley de Agricultores en junio, que protegió al programa azucarero. Pero ahora la ley está en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y puede enfrentar más oposición.

    La política del azúcar

    La Florida produce anualmente 2 millones de toneladas de azúcar de caña, la mitad de la producción nacional. El sector, asentado en el Area Agrícola de los Everglades, es una zona de 700,000 acres de tierra fértil al sur del Lago Okeechobee que incluye parte de los condados Glades, Hendry, Martin y Palm Beach. El área representa 27 por ciento de lo que eran los Everglades. La zona es tan compacta y remota que muchos floridanos nunca han visto un cañaveral.

    Aquí, el mayor ingenio azucarero del mundo, propiedad de U.S. Sugar Corp., muele 42,000 toneladas diarias de caña, equivalente al 10 por ciento del suministro nacional de azúcar. Durante la zafra azucarera, que corre de octubre a abril, la molienda funciona las 24 horas. U.S. Sugar es el mayor productor nacional de caña de azúcar y es propietaria de un ferrocarril independiente, el South Central Florida Express, que conecta los cañaverales con las líneas ferroviarias principales. Aproximadamente 36 por ciento del azúcar que consume el país es de la caña, el 44 por ciento de la remolacha y el resto es importado. En Estados Unidos se cultiva la caña de azúcar en Florida, Louisiana, Texas y Hawaii, mientras que la remolacha azucarera se cultiva en 11 estados, desde las Grandes Planicies hasta el Oeste. La política y el sector azucarero han estado entrelazados desde hace mucho tiempo en la narrativa de la política estadounidense.

    El sector ha jugado un papel de apoyo a los más altos niveles. En 1996, por ejemplo, el presidente Bill Clinton y la interna Monica Lewinsky estaban en el Salón Oval, en medio de una conversación sobre su relación, cuando el teléfono sonó. La interna declaró posteriormente al fiscal independiente Kenneth Starr que la llamada era de un productor de azúcar a quien recordaba como “Fanuli.” Lewinsky se refería a Alfonso Fanjul, quien con su hermano José es dueño de Florida Crystals Corp., la empresa que tuvo sus orígenes en Cuba antes del comunismo.

    Si se incluyen sus filiales, Florida Crystals es el mayor refinador de azúcar del mundo, con una capacidad anual superior a 7 millones de toneladas y operaciones en la Florida, California, Louisiana, Maryland, Nueva York, Canadá, México, Inglaterra y Portugal. Que Clinton haya tomado en el Salón Oval la llamada de un Fanjul durante un encuentro con alguien que definiría su presidencia ilustra cuánta influencia tiene el sector azucarero en Washington, D.C. Los hermanos Fanjul han mantenido su influencia a lo largo de los años.

    Hoy los Fanjul, conocidos como Alfy y Pepe, son conocidos por su riqueza y vínculos políticos. Marco Rubio, cubanoamericano y político respaldado por el Tea Party que con frecuencia arremete contra los excesos del gobierno, escribió sobre los Fanjul en su autobiografía, An American Son, y describió su papel en su campaña del 2010 por llegar al Senado. “Al final de agosto hubo un ligero aumento en nuestras actividades de recaudación”, escribió Rubio. “Estamos recogiendo más sobres en mis discursos.

    En algunas de las actividades de envergadura mediana estamos recaudando hasta $20,000. Los envíos por correo están comenzando a genera dinero. La joya de la corona en el trimestre sería la actividad recaudadora en Nueva York a finales de septiembre, patrocinada por la familia Fanjul, una familia cubanoamericana propietaria de un gran conglomerado azucarero y de bienes raíces. Suena increíble, pero si el evento logra su meta, tenemos buenas oportunidades de recaudar 1 millón de dólares este trimestre”.

    Una de las razones de la influencia política del sector azucarero es su voluntad de unir recursos entre los competidores con intereses comunes para mantener el programa intacto. Por ejemplo, un competidor de U.S. Sugar convertido en aliado es American Crystal Sugar Co., el mayor productor de remolacha azucarera del país con ingenios en el Medio Oeste. American Crystal Sugar es el mayor beneficiario de donaciones del sector azucarero en el sector agroalimentario, un poderoso grupo de intereses especiales cuyas donaciones políticas son mayores que las del sector de defensa. American Crystal Sugar ha gastado $1.6 millones en este ciclo electoral, seguido por $1.2 millones de Altria Group (anteriormente Philip Moris Companies), $577,000 de Weaver Popcorn Co. y $571,000 Florida Crystals, de los Fanjul. U.S. Sugar ha gastado $166,300. Juntas, American Crystal Sugar, U.S. Sugar y Minn-Dak Farmers Cooperative, de Dakota del Norte, son propietarias de United Sugars Corp., con sede en Minnesota, que las compañías describen como una cooperativa de mercadotecnia.

    La alianza revela la colaboración entre el mayor productor nacional de caña de azúcar, U.S. Sugar y el mayor productor de remolacha azucarera del país, American Crystal Sugar, lo que convierte a U.S. Sugar en el mayor productor y distribuidor nacional de azúcar refinada de Estados Unidos. La alianza también coloca al producto de la empresa floridana en distritos legislativos a nivel nacional. El gasto de American Crystal Sugar para fines políticos ha aumentado significativamente, de $300,000 a $600,000 a principios de la década del 2000 a $2 millones en ciclos electorales recientes. En lo que va de este año, American Crystal Sugar ha gastado $1 millón en cabildeo a nivel federal. American Crystal Sugar también mantiene un comité de acción política que ha recaudado $2.6 millones este ciclo electoral.

    Legisladores de la Florida están entre los principales beneficiarios del sector azucarero. Además del senador Nelson, los mayores beneficiarios en este ciclo electoral son Mike Haridopolos, presidente de la Cámara de Representantes de la Florida ($39,940), quien el año pasado abandonó la batalla republicana por el escaño de Nelson; el representante Tom Rooney ($31,250), un republicano cuyo distrito incluye la región donde se cultiva caña de azúcar; Connie Mack ($29,000), el candidato republicano al Senado federal cuyo padre ocupó el escaño entre 1989 y el 2001, y la representante Debbie Wasserman Schultz ($24,500), presidenta del Comité Nacional Demócrata. El sector azucarero tiende a favorecer a los demócratas, que son más receptivos a los programas gubernamentales, pero los gastos revelan un esfuerzo por conseguir apoyo bipartidista. El presidente Barack Obama ha recibido $22,700 del sector azucarero, por ejemplo, mientras que el candidato republicano Romney, ha recibido $22,500.

    El programa hace posible que se cultive caña de azúcar en la Florida, según Lance deHaven-Smith, profesor de Administración Pública en la Universidad Estatal de la Florida, que estudia la política floridana y su historia. “Se le denomina un problema de acción colectiva. Las personas que tienen un interés en el programa lo defienden a capa y espada, siempre están trabajando en eso”, dijo deHaven-Smith. “Pero la otra parte, la gente que paga un poco más por el cereal para desayunar, nunca lo ven y nunca se movilizan. Ese es el problema”. El programa garantiza a los productores un precio mínimo al controlar la oferta y limitar las importaciones con aranceles. Cuando la oferta es elevada, el programa va más allá y permite préstamos a los productores para que puedan entregar su producción al gobierno. Desde los años 1970, como resultado de este apoyo a los precios, el precio del azúcar en Estados Unidos casi se ha duplicado en comparación con el precio mundial la mayoría de los años.

    El diferencial de precios representa el costo alimentario más significativo del programa para los consumidores, según Michael Wohlgenant, profesor de Economía de la Agricultura de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, quien ha estudiado el programa azucarero estadounidense. Un informe de Wohlgenant calcula que el programa le cuesta al consumidor $2,400 millones al año y ofrece a los productores $1,400 millones al año en beneficios. Otros estudios apoyan las conclusiones de Wohlgenant.

    Un informe de la GAO del 2000, el más reciente disponible, concluyó que el programa le costó a los consumidores de edulcorantes de Estados Unidos $1,900 millones en 1998. Un informe del Departamento de Comercio federal del 2006 concluyó que los altos precios del azúcar eran un factor importante en la pérdida de más de 10,000 empleos entre 1997 y el 2002 entre los productores de alimentos endulzados por cada empleo salvado en el sector de producción azucarera a través del programa.

    El precio inflado del azúcar en Estados Unidos también ha contribuido al uso extendido del almíbar de fructosa de maíz como alternativa de costo menor, aunque en años recientes el precio de este producto ha aumentado con la demanda de etanol del maíz, mientras el precio del azúcar no ha variado mucho. Por otra parte, al limitar las importaciones, el programa ha deprimido el precio mundial del azúcar en casi 8.5 por ciento, concluyó Wohlgenant, lo que afecta las finanzas de los agricultores más pobres del mundo.

    Wohlgenant opina que el precio mundial de azúcar hoy es lo suficientemente elevado para sostener los precios en Estados Unidos, lo que hace innecesario el programa. “Creo que todos concuerdan con esto: si se eliminara el programa, el precio bajaría en Estados Unidos, pero no por debajo del apoyo a ese precio”, dijo Wohlgenant. Pero anteriormente ha habido intentos de eliminar el programa azucarero. En 1974, cuando el precio de los bienes básicos se disparó debido a la crisis del petróleo, la inflación y la escasez mundial de esos bienes, los legisladores suspendieron el apoyo a los precios del azúcar.

    Wohlgenant calculó que si el azúcar estadounidense iba a competir en el mercado global sin apoyo del gobierno, el precio mundial del producto aumentaría 8.5 por ciento, pero el de Estados Unidos se desplomaría 41.5 por ciento, muy beneficioso para los consumidores pero muy negativo para los agricultores en la deprimida Area Agrícola de los Everglades.

    “Dado el estado de la economía en esa zona, cualquier baja de el precio del azúcar sería devastadora”, dijo Phil Bacon, vicepresidente de iniciativas regionales y locales del Centro Collins de Política Pública, un centro de estudios no partidista. “Si la gente puede comprender lo que la acerera U.S. Steel significaba para Pittsburgh, cuando las acerías cerraron y todo eso entonces pueden comprender lo que esto significaría para esta zona. Esta región necesita diversificar su economía, pero por ahora, debido al hecho de que el negocio azucarero ha tenido algún apoyo de precios y le ha ido bastante bien durante el último año y medio o dos años, todavía tiene sentido que la región siga centrada en el sector azucarero”.

    Estado azucarero

    Belle Glade es una de media docena de comunidades en el Area Agrícola de los Everglades, donde los cañaverales se extienden hasta el horizonte, meciéndose con el viento. “Esta es la zona más significativa de cultivo de alimentos en Estados Unidos”, dijo Rick Roth, presidente de Roth Farms, sentado en su modesta oficina en Belle Glade. “California es un estado donde se cultivan mucho más alimentos, pero lo hacen en una zona de 400 millas. Nosotros cultivamos en una zona todo el año. Nadie más hace eso”.

    Roth Farms es una granja mediana que cultiva en varios miles de acres caña de azúcar, lechuga, maíz, granos y arroz. El padre de Roth estableció la finca en 1948 tras mudarse a la Florida desde Ohio con su familia, pero no comenzó a cultivar caña de azúcar hasta 1962. Hoy Roth calcula que dos terceras partes de sus tierras se dedican al cultivo de la caña de azúcar. El padre de Roth fue miembro fundador de la Cooperativa de Cultivadores de Caña de Azúcar de la Florida, que cultiva y muele la dulce gramínea para los 46 dueños de la cooperativa. Roth pertenece a la junta directiva de la cooperativa desde 1994. Juntos, la cooperativa y Florida Crystals, de la familia Fanjul, son propietarios de American Sugar Refining, con sede en Nueva York, que como filial de Florida Crystals se autocalifica como el mayor refinador mundial de azúcar de caña con una capacidad de 7 millones de toneladas. La cooperativa también contribuye a los gastos políticos del sector azucarero y ha donado $51,750 en contribuciones políticas este ciclo electoral. Roth participa en la política, dona dinero a candidatos y parte de su tiempo a la Oficina de Granjas de la Florida, en calidad de activista no pagado, porque dijo que la política es “un deporte de contacto”. “Uno de los mayores crímenes es que la gente se queja de la política pero nunca participan”, dijo.

    La agricultura es un negocio arriesgado que depende de las condiciones del tiempo y de los mercados mundiales, dijo Roth, y el programa azucarero ayuda a los cultivadores a mitigar ese riesgo. “Lo que el programa azucarero hace a mi favor como cultivador es que me da estabilidad, puedo ir al banco y decir: ‘Miren, estoy produciendo tanta cantidad de vegetales y tanta de caña de azúcar’ “, dijo. ” ‘¿Me hace un préstamo de $2 millones para plantar mis cosechas?’ Entonces me dicen, ‘Sí’. Quieren los estimados: ¿cuáles son los costos, a cuánto va a vender el azúcar? Y tener un programa de apoyo significa que el banquero conoce con certidumbre que no va a tener que vender el azúcar por debajo de este precio. Sabe que le van a pagar por lo menos 18 centavos y sabe que yo voy a poder vender toda mi azúcar … “No puedo vender mis tierras y salir completamente de este negocio, y entonces dentro de 10 años decir ‘Bueno, el precio de la caña de azúcar aumentó, regreso al negocio’ “, dijo Roth. “Esa tierra es ahora más cara, no puedo venderla y comprarla después. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es algún tipo de seguridad para que los agricultores sigan produciendo”.

     

    Las grandes empresas azucareras de la Florida

    U.S. Sugar Corp. es el mayor productor nacional de caña de azúcar. La compañía, con sede en Clewiston, tiene una alianza de mercadotecnia con American Cristal Sugar Co., de Minnesota, el mayor productor nacional de remolacha azucarera. La alianza hace de U.S. Sugar el principal productor y distribuidor nacional de azúcar refinada. Florida Crystals Corp. es el mayor refinador mundial de azúcar, con una producción que excede los 7 millones de toneladas anuales y con operaciones en la Florida, California, Louisiana, Maryland, Nueva York, Canadá, México, Inglaterra y Portugal. Con sede en West Palm Beach y propiedad de los hermanos Alfonso y José Fanjul, Florida Crystals se describe a sí misma como una compañía familiar con raíces en la Cuba precastrista. La Cooperativa de Productores de Caña de Azúcar de la Florida cultiva y muele caña de azúcar para sus 46 dueños, que comparten los ingresos. Junto con American Sugar Refining Inc., propiedad de los hermanos Fanjul y con sede en Nueva York, que como filial de Florida Crystals se autocalifica del mayor refinador de azúcar de caña del mundo, con una capacidad de producción de 7 millones de toneladas.

    Las investigacion para este reportaje fue parcialmente financiada por United Arts of Central Florida.

    Este reportaje del Florida Center For Investigative Reporting es reproducido con su autorización.

     

  • La idea casual que oxigenó el debate sobre las drogas

    La idea casual que oxigenó el debate sobre las drogas

    Otto Pérez Molina inició su mandato presidencial con ganas de entrar en la historia y en tres meses ha logrado un buen golpe de efecto. Pero con una propuesta que nunca le pasó por la cabeza en sus dos décadas en política: la despenalización de las drogas.

    Lo mencionó por primera vez el sábado 11 de febrero, sin avisarle a nadie de su gabinete, y el 13 de abril lo planteará al resto de presidentes del continente y aspira a conversarlo en una reunión privada con su colega Barack Obama en la Cumbre de las Américas en Cartagena.

    Este capítulo era imposible de vaticinar. Hace justo un año, el 8 de abril de 2011, el mismo Otto Pérez desechaba la idea de la despenalización durante un debate presidencial. En agosto de 2011 se publicó un cable estadounidense filtrado por WikiLeaks en el que el exmilitar reconocía que en 2007 su partido había tenido “una relación mínima” con un miembro de una familia de capos y en el que el embajador estadounidense no descartaba que su campaña hubiera tenido financiamiento de narcos. El entonces presidenciable recordó que había purgado al capo del partido y con promesas de endurecer la batalla al incluyendo a la fuerza élite del ejército, intentaba despejar cualquier duda sobre su compromiso contra las mafias. En su primer mes como gobernante confirmó el uso de kaibiles, la unidad élite castrense, para combatir a los traficantes, y creó el puesto de zar antidroga dentro del Ministerio de Gobernación. Pero todo cambió de la noche a la mañana, y quienes conocen al mandatario intuyen que se trató de una apuesta calculada.

    “Sabemos que es contradictorio, sabemos que tiene oposición de algunos, pero hay que hablar de la despenalización en el tema de la droga, esto lo que nos va permitir es sacar el tema a discusión, no es un tema solo de Guatemala, es de analizar de manera regional para que digan cuáles son las ventajas o desventajas”, dijo ese día de febrero Pérez Molina tras presentar las líneas centrales de su gobierno en un think tank, un centro de pensamiento.

    Treinta años de debate en la periferia del poder

    Ciertamente no es la primera persona en el planeta que critica la política prohibicionista que ha dominado la política estadounidense durante el último siglo. En 1914, Woodrow Wilson creó la ley contra los narcóticos, en un paradigma que llegó a ilegalizar el alcohol entre 1919 y 1933. El presidente Richard Nixon potenció esta cruzada en 1970 cuando publicó la ley de sustancias controladas y declaró la “guerra contra las drogas” para erradicarlas de la faz de la Tierra. Diez años después, a finales de los setenta, empezó una corriente a favor de la despenalización de la marihuana en California, que logró algunos avances para la descriminalización de los consumidores, pero fue luego barrida por Ronald Reagan en 1981. El republicano aseguró que acabaría con el consumo de drogas en Estados Unidos, básicamente encarcelando a todos los consumidores que pudiera. EE.UU. es el país con mayor porcentaje de sus ciudadanos encarcelados, con 0.8 por ciento de sus habitantes tras las rejas y el principal consumidor mundial de cocaína, con un 2.4 por ciento, según la última encuesta oficial. Desde los ochenta, la guerra contra las drogas fue impuesta por Estados Unidos al resto del planeta, en especial a América Latina, que no opuso mucha resistencia.

    Fue impuesta con contradicciones, pues la CIA (la Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés) permitió a los ejércitos de Guatemala, El Salvador y Honduras controlar el tráfico de droga en los años ochenta e inicios de los noventa para financiar las luchas contrainsurgentes contra guerrillas de izquierdas; con el escándalo Irán-Contras como testigo. Esto le abrió la puerta al narcotráfico y a las armas en el Istmo.

    No obstante, la política oficial de Washington fue una: la guerra frontal contra las drogas. Y desde entonces el debate sobre la despenalización salió de los Estados y pasó a la academia, a la sociedad civil, algunos medios y a exfuncionarios de gobierno. El punto de inflexión del movimiento mundial que pide romper con los mitos y buscar el fin de la “guerra contra las drogas” ha sido la Comisión global sobre política de drogas, encabezada por los expresidentes Henrique Cardoso (Brasil); César Gaviria (Colombia); Ernesto Zedillo (México); George Shulz, exsecretario de Estado de EE.UU.; el exsecretario de la ONU Kofi Annan; Louise Arbour, otrora Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos o los intelectuales Carlos Fuentes de México y Mario Vargas Llosa de Perú.

    En junio de 2011 calificaron la política actual contra las drogas con dos palabras: un fracaso. Y pidieron tres cosas. “Descriminalizar a los consumidores y asegurar tratamientos para su rehabilitación”; “un trato de respeto a los derechos humanos para las cadenas más bajas en la industria del narcotráfico, como campesinos, correos (mulas) o pequeños vendedores”; y alentaron a los gobiernos a “experimentar modelos de regulación legal de las drogas (en especial la marihuana) para socavar el poder del crimen organizado y salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos”.

    Parten de la premisa de que el consumo de drogas es un asunto de salud pública y que la prohibición no sólo es un fracaso para evitar el consumo, el tráfico y la producción, sino que provoca que los precios de la droga suban y que los mafiosos ensayen las peores atrocidades para hacerse con ese dinero de los consumidores. Recuerdan que a pesar de las incautaciones de droga y de las capturas de capos, la producción se mantiene y los traficantes, nuevos, logran llevar la droga a su destino con mucha violencia y corrompen a la sociedad en el trayecto.

    Que el cartel de los Zetas, el más sangriento de todos, sea formado por exmilitares mexicanos y guatemaltecos entrenados por Estados Unidos para combatir el narcotráfico o que bancos estadounidenses y latinoamericanos estén en el centro de la operación de lavado de dinero proveniente de las drogas son otros dos argumentos liberacionistas.

    La premisa de los prohibicionistas es que los criminales que se dedican al tráfico de drogas se enfocarán en otros tráficos ilegales, como el de mujeres o el de armas, y que la violencia continuará porque los liberacionistas parten de premisas equivocadas.

    Amagues latinoamericanos

    No es que la Comisión sobre las Drogas en junio de 2011 ni el presidente de Guatemala en el inicio de 2012 hayan despertado de la nada un sentimiento antiprohibicionista en parte de América Latina. Es que había suficientes señales para notar que la desesperación por la violencia en Colombia, México y Centroamérica –la región más violenta del mundo junto al Caribe según la ONU– exigía el debate de alternativas a la guerra contra las drogas.

    En noviembre de 2011, el presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que estaba de acuerdo con la despenalización, pero que no lideraría el tema, en una entrevista al periódico inglés The Guardian. Era la segunda vez que un presidente en funciones lo mencionaba, aunque fuera hipotéticamente: antes, en 2008 sólo el hondureño Manuel Zelaya había deslizado la idea, sin que nadie le tomara en serio ni que él hubiera insistido.

    “El mundo necesita discutir nuevos enfoques… Un nuevo enfoque debe intentar quitar el rédito de la violencia que viene con el narcotráfico. Si eso necesita legalizar, y el mundo cree que es la solución, yo estaría de acuerdo. No me opondría… Yo discutiría legalizar la marihuana y más que la marihuana; consideraría legalizar la cocaína si hay un consenso mundial porque esta es la droga que más nos ha afectado en Colombia, (pero yo) no sería la vanguardia de este movimiento porque sería crucificado”, afirmó el bogotano en noviembre de 2011.

    La reunión de presidentes del Sistema de Integración Centroamericano (Sica) junto a los de México y Colombia en diciembre de 2011, hace cinco meses, dio otro aviso, pero se quedó a las puertas. En uno de los documentos finales se incluyó un párrafo en el que se afirmó que si no se puede reducir el consumo de drogas, se deberá “explorar todas las alternativas posibles para eliminar las ganancias exorbitantes de los criminales, incluyendo opciones regulatorias o de mercado orientadas a ese propósito”.

    La estafeta improbable, el boicot y la política de Estado

    Y sin mucha planificación, el presidente de Guatemala tomó la estafeta y lo anunció ante los micrófonos el 11 de febrero sin que lo supieran sus ministros. Propuso un debate sobre la despenalización de las drogas. De hecho, diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza –los únicos que en el Congreso han mencionado el tema–, pidieron por escrito a los ministros de Gobernación y de Relaciones Exteriores y a los secretarios de Inteligencia y Privado de la Presidencia información sobre la política nacional o la propuesta oficial sobre el tema y estudios que lo respaldasen. Pero todos respondieron por escrito a mediados de marzo que no existían tales y que había sido una decisión de la Presidencia.

    No obstante, en febrero el Presidente envió a la vicepresidente Roxana Baldetti a una gira por los cinco países centroamericanos para invitarlos a debatir sobre el tema el 24 de marzo para llevar una posición común a la bianual Cumbre de las Américas, con los 34 gobiernos del continente, este 13 y 14 de abril en Cartagena, Colombia.

    Esto no cayó en gracia a Washington. Su presidente Barack Obama, otrora crítico de la guerra contra las drogas y promotor de un debate alternativo cuando era senador en 2004, está en año electoral y se opone a que se piense en una despenalización en América Latina. Que además sea una propuesta de un vecino tan periférico como Guatemala, a cuya toma de posesión presidencial enviaron únicamente al jefe de los Cuerpos de Paz el 14 de enero, los tiene a contrapié.

    Centroamérica normalmente es noticia en Estados Unidos, en Europa y en el resto del mundo por catástrofes naturales o por los niveles de violencia. No por instalarse en propuestas audaces que cambien los paradigmas mundiales. O que al menos obliguen a cuestionárselos.

    Entonces la Casa Blanca empezó su ofensiva diplomática para impedir que Guatemala lograra llevar el tema de la despenalización a la Cumbre de Cartagena. En febrero visitó el país Janet Napolitano, la secretaria de Justicia, para oponerse en público y frente a Pérez Molina a la idea de la despenalización, lo cual fue aplaudido por algunos medios conservadores. En la primera quincena de marzo, el vicepresidente estadounidense Joseph Biden participó en una reunión con presidentes centroamericanos en Honduras y ni siquiera dio una conferencia de prensa. Dijo que era sano debatirlo, pero que se oponían a la alternativa. En la segunda quincena de marzo, llegaron al país los subsecretarios de Estado William Brownfield y María Otero, para oponerse también en público.

    Ante la persistencia de Guatemala, que convocó a una cumbre de presidentes centroamericanos el 24 de marzo para tratar el tema del debate sobre la despenalización en preparación para la Cumbre, Washington dio una vuelta de tuerca. Casi en silencio, los presidentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua desistieron de participar sin previo aviso, acusando a Guatemala de querer manipular la agenda.

    Llegaron Laura Chinchilla, de Costa Rica, y Ricardo Martinelli, de Panamá. Dos presidentes conservadores como Pérez Molina. Guatemala les presentó una propuesta: 1) Intensificar la incautación de drogas, y que lo decomisado sea compensado por los países consumidores. 2) Crear una corte penal regional para juzgar cuatro delitos: narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y tráfico de mujeres. 3) Despenalizar el tránsito de droga, crear corredores y establecer puestos de control. 4) Reglamentar la producción y el consumo y crear una agencia regional que asuma la responsabilidad de regular, vigilar y registrar el tráfico. Chinchilla fue la única que se mostró de acuerdo con la propuesta de abrir un debate continental sobre la despenalización.

    Además de ser el primer gobierno en el planeta que presenta formalmente la iniciativa de debatir la despenalización de las drogas desde la producción hasta el consumo (que después ha ido evolucionando en precisión y contenido hasta convertirse en una invitación a regularlas de una manera distinta), Guatemala dio otra vuelta de tuerca en respuesta a Estados Unidos: Pérez Molina acusó públicamente a Washington de boicotear la reunión del 24 de marzo en Antigua por medio de presiones al salvadoreño Mauricio Funes.

    Después de la reunión de Antigua, el gobierno de Guatemala recibió una invitación de Chatham House, uno de los think tanks más prestigiosos de Europa, para exponer su idea de despenalización. La última semana de marzo y a Fernando Carrera, secretario general de Planificación, fue enviado una gira por Londres, Washington y Nueva York para explicar la propuesta de Guatemala a académicos, a los think tanks más influyentes (Brookings Institution, Woodrow Wilson Center), a oenegés como la Washington Office for Latin America (WOLA), a la Open Society Foundation, y a funcionarios del gobierno estadounidense y de la ONU.

    Por una de estas presentaciones en Londres llegó la invitación de The Observer, la edición de fin de semana The Guardian, para que el presidente Pérez Molina escribiera una columna.

    Aquella columna del 7 de abril, cuya versión original  en español apareció un día después en Plaza Pública, fue calificada por el medio británico como “un hito” en el debate. En ella, Otto Pérez mezclaba los argumentos usuales con otros menos comunes: que dos décadas de “guerra contra las drogas” no han siquiera frenado el consumo, que el debate entre los que piden mantener la prohibición y los que quieren la liberalización absoluta es ideológico, que es necesario un debate serio y ver el asunto desde el punto de vista de la salud pública y sobre todo proponerse legalizar el consumo y la producción “en el marco de un marco regulador estricto”.

    Mientras tanto, añadió, “Guatemala no dejará de honrar sus compromisos internacionales en el combate al narcotráfico. Pero tampoco deseamos seguir siendo testigos mudos de un auto-engaño de proporciones globales”.

    La columna motivó un editorial por parte de The Guardian en el que le pide a Obama coherencia para sumarse al revitalizado debate. Ahora el tema de la despenalización o la regularización de las drogas es el tema candente en la antesala de la Cumbre de las Américas. Y desde esta semana, lo que empezó titubeante se presenta también como una política de Estado de Guatemala.

    ¿Por qué Pérez Molina? ¿Por qué ahora?

    Como ha sucedido en toda su carrera, al inescrutable Otto Pérez es muy difícil comprenderlo si no es por sus actos. Y ni en Washington ni en Europa ni en Guatemala hay una explicación certera entre los políticos, los académicos y la opinión pública sobre los motivos que llevaron a Pérez Molina a tomar la batuta en el tema de la despenalización de las drogas.

    The Economist lo ninguneó en febrero como un presidente que buscaba obtener más fondos de Estados Unidos; Plaza Pública recordó ese mismo mes que la ayuda estadounidense no es significativa, US$2 millones (Q15.5 millones) para este año. Natalie Kitroeff, una investigadora del Council on Foreign Relations en Nueva York, profundizó sobre la interrogante.

    “¿Pero cuál es la jugada maestra de Pérez Molina? Una teoría popular es que está tratando de presionar a EE.UU. para levantar el embargo de armas desde 1978 por las violaciones a los derechos humanos del ejército en el conflicto armado interno. Tiene sentido porque ha expresado su deseo de comprar armas estadounidenses. Y amenazar con despenalizar las drogas podría presionar a EE.UU. Pero Pérez Molina también puede estar haciendo un intento más ambicioso de cambiar los fundamentos de la relación de Estados Unidos con Guatemala y Centroamérica. La región ha estado lejos de la atención estadounidense para América Latina. El llamado al debate pone a Guatemala en el radar de Washington y reafirma su autonomía”, concluye Kitroeff.

    Falta un detalle. Guatemala no está amenazando con dejar de perseguir narcos. Oportunamente, el 3 de abril fue capturado uno de los capos más buscados y principal contacto de los Zetas en el país. Esto no es suficiente a criterio de algunos círculos conservadors en Washington, que ven en la propuesta de Pérez Molina una justificación previa para ser benevolente con los traficantes.

    La iniciativa, eso sí, da oxígeno internacional a un presidente que es exmilitar y que tuvo que decir en su discurso de toma de posesión que pedía a la comunidad internacional el respeto a la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas. Fue una toma de posesión con raquítica presencia internacional de jefes de Estado (Centroamérica, México, Colombia, Guyana y Georgia). Y muchos de los reportajes a nivel mundial sobre el nuevo presidente hablaban del temor de reveses en los avances en derechos humanos y la lucha contra la impunidad, y las preocupaciones porque un general de un ejército de pasado criminal tomara la jefatura de Estado de Guatemala.  

    Era un presidente que no despertaba ninguna simpatía en el mundo, en un país pequeño y conservador, con un Estado desfinanciado y un sistema político corrupto, y una buena parte de la sociedad abrazando crecientemente una cultura mafiosa, con la renuncia a cualquier moral que eso implica. Y es que después de todo, el narcotráfico sirve de válvula de escape para sociedades desiguales y con la dignidad mal distribuida, en las que el dinero es una de las pocas alternativas para conseguir un status de dignidad y poder.

    Pero de un inicio de gobierno acorralado, de pronto, tres meses más tarde, Otto Pérez Molina y Guatemala están en el centro del escenario, y su propuesta camino de convertirse en el centro de la Cumbre de las Américas. La afirman en el Huffington Post, en Al Jazeera, en The Economist, en Razón Pública de Colombia, en una entrevista a Pérez Molina y a Santos en el Washington Post, en todos lados.

    Qué puede pasar en Cartagena

    La cita en Cartagena de este viernes y sábado es crucial, pero está lejos de ser definitiva. En vez de un punto de llegada, puede aspirar a ser un punto de partida. La despenalización no está entre la agenda oficial de la cumbre, que hablará sobre desarrollo e inversión. Estados Unidos probablemente procurará que no aparezca en la declaración final. Y Guatemala tiene pensado incluirlo en el discurso de Otto Pérez Molina frente a la asamblea y en las reuniones bilaterales. De hecho, Guatemala pidió una reunión bilateral a Barack Obama, cuando a lo más que había aspirado el país antes era a una reunión regional con los seis presidentes centroamericanos y dominicano.

    En los pasillos parlamentarios de la OEA, organizadora del evento, hay gran expectativa sobre el tema, explica Fernando Carrera, de Segeplan, quien acompañará al presidente a la cita. “Lo que busca Guatemala es ganar condiciones para generar un diálogo”.

    La iniciativa de Guatemala ha animado a Colombia y a México, cuyo presidente Felipe Calderón se reunió esta semana con Cardoso y Gaviria (los ex mandatarios que formaron la Comisión de Drogas) para explorar vías para plantear el tema y logró que la cumbre de presidentes de México, Canadá y Estados Unidos girara en torno a la responsabilidad estadounidense en la violencia ocasionada por la guerra contra las drogas. Costa Rica está anuente a participar en el diálogo y Uruguay podría sumarse. Y la diplomacia brasileña, determinante en Suramérica, debate puertas adentro el asunto. Guatemala incluso pudiera pedir que se cree una comisión de expertos para empezar el debate técnico sobre el tema.

    Estados Unidos probablemente intentará vetar que las palabras “regularización de las drogas” aparezcan en la declaración final o en una comisión. Guatemala, junto a Colombia, México, Costa Rica y otros países, intentará ganar el pulso simbólico. Pero sólo es una primera parada. La siguiente será posiblemente en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre. De momento, en una idea que parecía accidental y que ahora se ha convertido en una política de Estado, Otto Pérez Molina ha conseguido oxigenar su imagen internacional, entrar en la historia y colocar a Guatemala en el centro del debate mundial que podría ser sólo el inicio del fin del siglo de la guerra contra las drogas.