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  • Cosechas inundadas en el Polochic: la soledad de las familias que viven del maíz

    Cosechas inundadas en el Polochic: la soledad de las familias que viven del maíz

    Miles de familias q’eqchi’ sobreviven con lo poco que les queda de comida. Unas cuantas mazorcas de maíz mohoso que lograron rescatar del agua. El río Polochic inundó todo y perdieron la cosecha que les aseguraría el alimento para el resto del año. Ante la crisis y el clamor por ayuda, el gobierno les responde con la usual burocracia.

    La cosecha se perdió. «Se nos jodió todo» dice Manuel Chub Choc, porque no tiene otras palabras para describir el lamentable final que tuvo la primera cosecha del año para las 37 familias de San Vicente 1 El Quinel, una de las 46 comunidades de Panzós, Alta Verapaz, afectadas por las lluvias de julio y agosto de este año.

    Casi medio kilómetro cuadrado de maíz podrido bajo el agua. Esta era la provisión de alimentos para el resto del año, la fuente para obtener semillas para la siguiente siembra y la única opción de generar ingresos para una población sin acceso a otras oportunidades económicas.

    Piel, ropa y actitud curtida por la vida en el campo, Manuel Chub  Choc, de 53 años, líder comunitario, ha trabajado casi toda su vida para producir lo que come, pero ahora está de brazos cruzados. La temporada lluviosa se adelantó y ha sido intensa. Los días en los que ha dado tregua solo sirven para avivar la humedad y alentar a las legiones de insectos que se prenden de las pieles sudorosas.

    Manuel Chub Choc habla el idioma maya q’eqchi’ y uno de sus vecinos traduce. «No sabemos qué vamos a hacer, necesitamos ayuda», resume. Aquí se respira desconsuelo. No es la primera vez que pierden la cosecha. Desde 2020 su situación, que ya era crítica, se agravó.

    La mirada en el suelo, la voz tenue, pocas palabras. No hay mucho qué decir cuando la realidad habla por sí misma. Levanta la vista y contempla el campo que lleva semanas inundado y que puede ver desde el patio de su casa. La milpa sigue de pie, aunque poco a poco se dobla, derrotada por la potencia del río Polochic. A pocos metros, en la parte del terreno que el río no alcanzó, muy cerca de la casa, hay un palo de mango que sigue verde, pero no tiene fruto.  Manuel Chub Choc niega con la cabeza para responder que no sabe  cómo enfrentarán esta crisis y la que viene: el hambre.

    Panzós es un municipio con 75,8% de pobreza extrema y la agricultura es la principal actividad productiva. Datos gubernamentales indican que en los municipios Cahabón, Panzós y Tamahú, todos de Alta Verapaz, y estos dos últimos del Valle del Polochic, hay 4,278 familias afectadas por daños en la cosecha de maíz y frijol en la temporada de 2022. Aunque, oficialmente, las cosechas no serán declaradas como pérdidas hasta que las autoridades concluyan las verificaciones en campo y termine la temporada lluviosa.

    En todo el país son 28,336 familias afectadas por daños en siembras de frijol y maíz para autoconsumo, de acuerdo a los datos preliminares del gobierno. Alta Verapaz aparece como el territorio más perjudicado.

    La respuesta del Estado

    Panzós está a 279 kilómetros de la capital del país, es un territorio maya q’eqchi’ y es el municipio de Alta Verapaz más afectado por pérdidas de cosechas de maíz para subsistencia este año. A pesar de esto, la ayuda gubernamental tardó en llegar.

    La municipalidad se declara incapacitada para brindar asistencia alimentaria y para tomar medidas de prevención que la misma comunidad ha solicitado para evitar las inundaciones, como colocar bordas en 80 kilómetros del río Polochic y otros cuatro afluentes que inundan varios poblados. «Esto empezó en 2020, hemos trabajado para salvar vidas, pero nosotros no tenemos presupuesto para eso», asegura el alcalde de Panzós, Ernesto Ramírez Caal.

    La milpa inundada por el Río Polochic, en julio

    Los fondos del gobierno municipal ya tienen destino. Renta de maquinaria para reparar caminos de tierra y proyectos de infraestructura. La prioridad son escuelas, institutos, con suerte algún puente, un proyecto de agua y un estadio. Porque en Panzós habrá pobreza y hambre por la crisis climática, pero el plan operativo presentado por la Alcaldía no se interrumpe. El alcalde Ernesto Ramírez Caal dio el visto bueno en mayo para pagar los 420,667 quetzales que costó el terreno para las instalaciones deportivas.

    La municipalidad le pidió al gobierno que le provea alimentos para 4,030 familias debido a la emergencia alimentaria. La solicitud salió en julio, desde entonces ha habido dos inundaciones más que perjudicaron a las mismas comunidades y la última noticia es que el apoyo llegará a mediados de septiembre. A 21 familias las dejaron fuera de la lista por errores en los números del Documento Personal de Identidad (DPI), informó la municipalidad.

    Cambio climático – punto de no retorno

    La oficina local del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) dijo que el listado oficial es de 4,009 personas y que descartaron a las que estaban registradas en dos comunidades. Esta vez atenderán a 429 personas más que cuando entregaron un paquete de alimentos a los afectados por las tormentas Eta e Iota.

    A los agricultores como Manuel Chub Choc, uniformados con botas plásticas, sudorosos por la jornada, y con las manos curtidas por el trabajo no les queda más que organizarse para entrar al bucle de la burocracia. Chub Choc es el coordinador del Consejo Comunitario de Desarrollo Local (Cocode) y con apoyo de otros comunitarios elaboró las listas de afectados con sus nombres y números de DPI. Su nivel de escolaridad es mínimo, por lo que otro vecino con habilidades para escribir los datos  se ocupa de la responsabilidad.

    Antes debían incluir fotocopias del documento de identidad, lo que suponía viajar hasta el centro urbano y pedir una cuota para el transporte y las copias, porque aquí están lejos de tener cualquier tipo de tecnología pues ni siquiera hay energía eléctrica.

    Unos de los puentes que atraviesa el Río Polochic cerca de los terrenos de Palma Africana

    El listado con los nombres de los necesitados llega a la oficina municipal o a la sede del MAGA, que solo dispone de cuatro empleados como extensionistas rurales para atender a un municipio de 84,484 habitantes, repartidos en 183 comunidades entre parajes, fincas, colonias, aldeas, caseríos y parcelamientos. Todo esto en un territorio de 730 kilómetros cuadrados.

    Este personal, cuya labor es asistir a los agricultores, no cuenta con los recursos mínimos para hacer su trabajo. Los empleados le dicen abiertamente a los comunitarios que para movilizarse dependen de  la ayuda de la municipalidad ya que no cuentan con combustible por parte del Ministerio, y que la comuna les apoya con insumos para impresiones y fotocopias.

    La esperanza de personas como Mauel Chub Choc y su comunidad es que esa lista de nombres que elaboraron con tanta dedicación e ilusión llegue a una autoridad en la capital y que alguien gire las instrucciones para que les ayuden.

    La sierra de las Minas y el valle del río Polochic: sus misterios y sus desgracias

    El MAGA le dio 250 millones de quetzales al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para que comprara alimentos. Con este fondo se entregarán bolsas de alimentos con 15 libras de frijol, 10 libras de arroz, 25 libras de harina de maíz nixtamalizada, 1 botella de aceite de poco menos de un litro, un kilo de avena y 5.5 libras de azúcar.

    Cuando estos productos lleguen, Chub Choc, el líder comunitario, tendrá que convocar a una reunión general para organizar el traslado de esa ayuda, desde el centro municipal hasta el caserío en el que viven, a poco más de una hora por un camino que obliga a cruzar dos ríos y una ruta de terracería. Esto significa que cada familia tendrá que pagar una cuota de transporte para tener acceso a la asistencia social.

    Una calamidad no reconocida

    La crisis de Panzós y del resto de municipios afectados por la pérdida de cosechas quedó fuera del Estado de Calamidad que decretó el gobierno de Alejadro Giammattei.

    Un estado de excepción permite agilizar la contratación de servicios para atender emergencias y pudo agilizar la contratación del dragado del río, pero Alta Verapaz quedó fuera del mapa de prioridades a pesar de la tragedia que viven en el territorio q’eqchi’ y de tratarse del departamento con mayor nivel de pobreza del país.

    Una onda del este, un sistema de baja presión por el ciclón tropical Blas y las «copiosas» lluvias por la tormenta Celia sirvieron para declarar la calamidad en Guatemala, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso y Sacatepéquez. Durante el estado de excepción el gobierno adjudicó 1,405.5 millones de quetzales y de esta suma solamente  el 2.1% fue para raciones de alimentos fríos y calientes para personas albergadas.

    El gobierno expuso que la declaratoria surgió a petición de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), que preside José Francisco Mejía, alcalde de El Jícaro, El Progreso. Puentes, pasos vehiculares y, entre otros, el agujero del kilómetro 15 ruta al Pacífico, en la ruta a Villa Nueva, fueron incluidos en los proyectos prioritarios.

    En el Congreso, los diputados resolvieron el lapsus de las autoridades cuando ampliaron la cobertura del decreto de calamidad a todo el territorio nacional, pero debido a que las lluvias mermaron a finales de julio, por la canícula, no extendieron el plazo del estado de emergencia.

    El decreto también asignó 400 millones de quetzales para el Ministerio de Comunicaciones y 600 para el Ministerio de Salud como fondo de emergencia.

    Hasta ahora, los únicos que han recibido ayuda del gobierno son las familias que tuvieron que salir de sus viviendas debido a las inundaciones. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reporta que de abril hasta agosto atendió a 2,042 personas en todo el país, a las cuales proveyó alimentos, colchonetas y kits de higiene. En Panzós fueron 246 afectadas.

    Distantes de las decisiones políticas que los afectan, Manuel Chub Choc y su comunidad esperan. En las casas de madera y techo de lámina, los truenos y aguaceros suenan a catástrofe, pero soportan con el deseo de que el río sea benévolo y no inunde tanto las casas. Niños, adultos y ancianos conviven con el peligro día y noche, porque los dos ríos que deben cruzar crecen en minutos.

    En junio, cuando se dieron cuenta de que todo se inundaba y que la situación era crítica enviaron a las aves de corral a otra comunidad ubicada en un cerro para salvarlas. 

    En 2020 estuvieron albergados un mes en el centro municipal cuando el río ahogó cosechas, perros, animales de patio y viviendas. Salieron en cayucos en medio de las correntadas de agua y cuando pasó la crisis volvieron a su realidad. Casas de madera, techos de lámina y suelo de tierra, sin energía eléctrica y al mismo punto de peligro por inundaciones en el que se encuentran hoy.

    El 2021 fue el año de la recuperación. Lograron hacer dos cosechas, pero este año ninguna. Los informes climáticos que maneja el MAGA dicen que la tormenta Celia, que ingresó a mediados de junio, dejó lluvias por 151.98 por ciento más de lo esperado en todo el mes para Panzós.

    El COCODE del Parcelamiento San Vicente 1 junto a miembros de la comunidad

    En la casa de Mauel Chub Choc viven 10 personas, sus hijos, un yerno y dos nietos de seis y dos años. En la alacena de la casa solo había una botella de aceite, unas cebollas, sal, unas bolsas con pasta, chiles cobaneros para tostar, jabón y cloro. Las mujeres administran los víveres y deben hacer lo que pueden con lo que tienen.

    En un cuarto de madera guardan las mazorcas que salvaron. Todas están húmedas, hay unas que ni siquiera se desarrollaron por completo y lucen pálidas y pequeñas. El maíz que  desgranaron echó raíces y en poco tiempo desarrolló manchas oscuras de moho. Aunque en la comunidad saben que eso puede afectar su salud, están dispuestos a comerlo. No pueden desperdiciar nada.

    Los hombres trabajaron bajo la lluvia para sacar esos pocos sacos de maíz del agua. La fiesta de la cosecha, en la que se involucra toda la familia, se convirtió  en una misión de rescate extremo. Los hombres navegaron en cayucos por el maizal inundado y tuvieron que sumergirse a poco más de un metro para escoger algunas mazorcas, pero por más que se esforzaron no pudieron hacer mucho y la mayoría del maíz se perdió.

    Este año, las familias agricultoras tuvieron que invertir mucho más en productos agrícolas debido al alza de los precios de las semillas, el fertilizante y los insecticidas por causa de la guerra de Rusia contra Ucrania.

    Costales de mazorcas recuperados tras las inundaciones son transportados en lanchas para cruzar el Río Polochic

    Un informe de la oenegé World Vision, elaborado por el economista Enrique Maldonado, recomienda que Guatemala busque importar fertilizantes de otros países, como Estados Unidos, Canadá y Noruega para evitar esa dependencia de naciones en crisis.

    Aunque el gobierno avaló subsidios a los combustibles y al gas propano, como medida de emergencia por el alza en los precios que provocó la guerra, ninguno de estos beneficios llegó a las familias de la comunidad San Vicente 1 El Quinel ni a otros poblados del municipio de Panzós.

    En la comunidad nadie cocina a gas y no tienen vehículos, y el subsidio no impidió que los costos de alimentos y los insumos agrícolas subieran de precio. World Vision analizó esta situación y recomendó «eliminar tanto el subsidio al gas propano como a los combustibles porque no llegan a las personas más necesitadas del país». También sugirió que los recursos se enfoquen en los agricultores de infrasubsistencia y subsistencia en situación de pobreza.

    A Manuel Chub Choc y a sus vecinos no les espera un futuro luminoso. Debido a las inundaciones, el precio del maíz subió de inmediato. El mercado ofrece el quintal a 250 quetzales en el centro municipal, un precio impensable para un poblado que con suerte ha logrado vender a los intermediarios a 100 quetzales el quintal. Esto es un quetzal por libra. 

    Un niño junto a su hermana desgranan mazorcas que no podrán comer en el Parcelamiento 1, El Quinel

    Sin fuentes de empleo cerca, lo que queda es que los hombres salgan del municipio para buscar un puesto como jornaleros provisionales en las fincas de Petén, mientras que las mujeres se quedarán a cargo de la familia y la vivienda. Esa es la única conclusión a la que han llegado. Es la única salida que tienen.

    Un estudio de 2019 financiado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Unión Europea, que analiza el impacto de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria y la pobreza en Guatemala, revela que el sueldo promedio de un jornalero a mediados de 2018 alcanzaba «apenas para cubrir entre el 27.8% y el 30% del coste de la Canasta Básica Alimentaria». Un jornal en la agroindustria puede dejar casi 100 quetzales, mientras que el pago habitual por el trabajo agrícola no supera los 50 quetzales, refieren los mismos pobladores.

    Manuel Chub Choc y otros integrantes de la comunidad reconocen que no podrán recuperarse rápido de esta pérdida. Invirtieron más dinero del planeado en esta cosecha, porque pagaron más por las semillas, fertilizantes y plaguicidas. Aunque eso preocupa, hay algo que les causa una mayor incertidumbre. El agua bajará, y quizá podrán volver a sembrar el próximo año. Sin embargo, sin medidas de prevención, lo más probable es que se repita la inundación.

    Vivir en el Polochic

    Los q’eqchi’ del Polochic han tenido una historia de lucha por la tierra. Panzós fue el epicentro de una masacre del Ejército en 1978. Uno de los orígenes de ese acontecimiento fue la repartición de tierras que se realizó durante el periodo de los gobiernos liberales.

    Desde entonces, los q’eqchi’ quedaron sujetos a un sistema de servidumbre ante los terratenientes que les despojaron de sus territorios con el aval del régimen político que emitió leyes para favorecerlos. La lucha por la adquisición de tierras continúa hasta estos días.

    En San Vicente 1 El Quinel residen 34 familias que equivalen a 32 hombres, 35 mujeres y 84 niños y niñas. Un total de 151 personas que tiene en posesión una finca de casi dos caballerías. La comunidad gestionó el proyecto y en el 2000 les otorgaron el territorio, el cual no han terminado de pagar al Fondo de Tierras.

    Lideresas y lideres de aldeas en Panzós asisten a una sesión convocada por la Municipalidad y el MAGA

    «Aquí había partes que eran pantanos, pero con otras áreas bonitas, planas», recuerda Francisco Coc, secretario del Cocode, uno de los pocos bilingües del poblado.

    A los primeros habitantes de esta comunidad no les importó que este lugar fuera un área inhóspita, sin acceso a servicios, infestada de mosquitos. Ansiaban la tierra y detrás de ellos todavía hay muchos más que  esperan.

    Para llegar al poblado hay dos rutas desde el centro municipal de Panzós. La principal es de tierra con cobertura de balastro para hacer más firme el terreno, pero en estos días está obstruida por la inundación del río.

    El otro acceso es más largo pues toma poco más de una hora. Implica cruzar dos ríos intimidantes en invierno y obliga a hacer el paso por entre los abundantes sembradíos de palma. Estas plantaciones y los terrenos cubiertos de maizales son la vegetación predominante en este territorio tropical.

    Un camino rodeado de maíz inundado por el desborde del Río Polochic

    En esta ruta las garzas forman parte del paisaje. Parecen habituadas al paso de los vehículos y personas. La blancura de su plumaje contrasta con el verdor de la palma y se las ve cazar y reposar con tranquilidad por entre las nuevas vertientes que el río se ha hecho a varios metros del cauce principal.

    Como si esta fuera una escena de otro continente, en el recorrido se  puede ver pastar a una manada de búfalos. Forman parte de la fuerza de trabajo de la agroindustria y, cuando no están enyuntados, avanzan por el reducido camino de terracería.

    Los fenómenos climáticos han cambiado el calendario de las siembras para los agricultores del Polochic. No solo porque las lluvias llegan más temprano y con más abundancia, sino porque se ha transformado la geografía de algunos territorios.

    Manuel Chub y otros comunitarios de San Vicente 1 El Quinel, cuentan que después de Eta e Iota, a finales de 2020, el río creció tanto que abrió tres nuevas vertientes que conducen el agua justo hasta las siembras.

    «Enero y agosto es tiempo de sembrar. En 2020 con Iota todo cambió. Sembramos pero cuando llueve así pasa que se inunda», relata. «Un poco de lluvia y sube el agua», agrega otro de los vecinos.

    Fortalecer la agricultura familiar

    En 2019 la FAO señaló que la inversión en la agricultura familiar es un aporte a la lucha contra la desnutrición y un estímulo para las economías locales. Guatemala es el país que presenta la mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil de la región, con un 49.8%.

    Sin embargo, el informe Guatemala: Análisis de equidad en el presupuesto de los Ministerios de Salud y Agricultura, presentado en febrero de 2020, expone que el MAGA no había sido efectivo al desarrollar el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (Paffec). Un programa creado en tiempos del Partido Patriota, y que funcionó de 2014 a 2019 con un presupuesto de 140 millones de quetzales.

    Miembros de la comunidad se reúnen en el Salón Comunal La Playa, en Panzós. Ahí juntan algunos costales de la siembra que han logrado recuperar luego de las constantes lluvias que dejaron inundados los terrenos

    El reporte señala falta de claridad en la estructura presupuestaria, actividades diseminadas en varios programas y subprogramas que hacían difícil la planeación ejecución, monitoreo, evaluación y la rendición de cuentas, y  un enfoque más centrado en repartir alimentos que en fortalecer las capacidades de los beneficiarios.

    Durante 2020 y 2021 el MAGA no asignó fondos para continuar con el proyecto de agricultura familiar. Fue hasta 2022 que asignaron un presupuesto de 200 millones que ha aumentado hasta 699.8 millones de quetzales para otorgar un estipendio de 1,000 quetzales a los agricultores que reciban capacitación y desarrollen trabajo agrícola, el pago de un seguro agrícola por lluvias o sequía, así como la adquisición de semillas, insumos agrícolas y, lo más reciente, alimentos a través del PMA.

    El MAGA tiene un presupuesto general de 1,6 millardos de quetzales este año, y para agosto había ejecutado 49,7%. De este monto, 241,6  millones están destinados a inversión, con una ejecución del 36%.

    Un vendedor de pescado cruza una parte de los terrenos inundados donde se perdió la siembra de la Comunidad La Playa, en Panzós

    Aunque después de las tormentas de 2020, el MAGA y otras entidades internacionales como la FAO y el Instituto Interamericano de Cooperación aportaron fondos para apoyar a los agricultores afectados por las inundaciones que dejaron las tormentas, la ayuda no quedó exenta de reclamos. En una comunidad de Panzós se quejaron de que les entregaron semillas que no sirvieron y que tenía noticias de otro poblado a los que les llevaron semillas para sembrar en época que no correspondía y que, ante la necesidad, terminaron por lavarla y cocinarla para su consumo.

    Los proyectos no llegan al mismo ritmo que las necesidades, como ocurrió con los alimentos por la COVID19, que fueron entregados un año después de lo previsto. Tampoco  existe una coordinación entre instituciones para resolver otras problemáticas para los agricultores. En el caso de Panzós, el MAGA planea entregar semillas, pero los afectados de varias comunidades no podrán usarlas porque su tierra está inundada y el Ministerio de Comunicaciones no ha respondido el pedido de la alcaldía de dragar el río Polochic.

    Otro desafío es que no hay certeza de que los estipendios de 1,000 quetzales que entregan a los agricultores serán utilizados para mejorar la situación alimentaria familiar o adquirir los insumos para la próxima siembra.

    La Municipalidad de Panzós junto al MAGA hacen entrega de productos de siembra a lideresas y líderes comunitarios

    Antonio Villatoro, coordinador municipal del MAGA, dice que por esa razón prefiere que las listas de beneficiarios de los proyectos sean las mujeres «A veces cuesta un poco, porque muchas veces las personas no utilizan el dinero para lo que es y en lugar de alimentos e insumos agropecuarios prefieren gastarlo en otra cosa. En las comunidades hay mucho machismo, los hombres se compran un teléfono o un aparato de sonido, en cambio las mujeres administran mejor y lo destinan para lo que es».

    Los habitantes de San  Vicente 1 El Quinel esperan los alimentos estatales, que alcanzarán para algunos días de alimentos, pero no saben si serán beneficiarios del proyecto de seguro por pérdida por otorgará 3,000 quetzales en efectivo. Aunque lo reciban, se enfrentan a que el terreno de siembra está inundado y las lluvias continuarán hasta octubre próximo.

    Fews Net, la Red de sistemas de Alerta Temprana de Hambruna, creada por la Agencia de los Estado Unidos para el Desarrollo (Usaid por sus siglas en inglés) señala que los hogares rurales de Guatemala continuarán transitando por un periodo de crisis que los llevará a medidas extremas, como migrar para obtener recursos y disminuir las raciones de alimentos en el hogar. Algo que ya ocurre en la comunidad San Vicente 1 El Quinel.

    Hector Choc vivió sufrió muy de cerca el desborde del río que llegó a dar a la banqueta de su casa y la pérdida de cultivos luego de haber quedado inundados por las constantes lluvias

    No solo por las pérdidas de cosechas anteriores y recientes, sino también por la disminución de oportunidades de trabajo temporal en el campo por el alza de los insumos agrícolas.

    «(…) solo les alcanzará para pagar deudas y comprar alimentos mínimos; por lo que seguirán recurriendo al uso de estrategias de afrontamiento tales como la migración atípica, a la continuidad de recorte de cantidad de alimentos para los miembros del hogar, y la venta de activos productivos».

    La incertidumbre ensombrece la vida para quienes viven en el trópico, a las orillas del Polochic. El alcalde Ernesto Ramírez Caal reconoce que la situación de los agricultores de Panzós es crítica. Se le ocurre que para librarlos de las inundaciones podría trasladarlos a otra finca, en la parte alta del municipio. Pero para eso necesitaría el apoyo del gobierno central, porque habría que designar un presupuesto millonario para comprar.

    El futuro para los agricultores de subsistencia es poco claro. Los afectados de Panzós representan apenas el 0.1% de la producción nacional y eso parece colocarlos al final de la lista de prioridades de un gobierno que está decidido a gastar a manos llenas en obras que reditúan votos. Con el terreno dañado, sin certeza de poder acceder a otra tierra para sembrar, ni la seguridad de que el gobierno invertirá en las bordas para el río, la única convicción que tienen es que están solos ante esta calamidad ocasionada por la situación climática y la histórica e insuficiente respuesta gubernamental.

  • El desalojo de la comunidad Palestina Chinebal y la sostenibilidad de las empresas

    El desalojo de la comunidad Palestina Chinebal y la sostenibilidad de las empresas

    Cuando investigué la estructura agraria en los municipios de Panzós y El Estor encontré que muchos de los pobladores de la región suroriental del Valle del Polochic llegaron en la década de 1950, huyendo de las extenuantes jornadas laborales y del maltrato que les daban los terratenientes en las fincas cafetaleras de San Pedro Carchá, Cobán, Tucurú y Senahú.

    Por más de medio siglo, las comunidades q’eqchi’ han demandado que el Estado les otorgue certeza jurídica sobre las tierras que habitan y trabajan. No tienen más que un pedazo de tierra y sus humildes viviendas para sobrevivir. Algunos consiguen trabajo con terceros. Son comunidades extremadamente pobres y abandonadas por el Estado.

    La aldea Chinebal inició sus trámites ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) a inicios de los años 70. El expediente de la comunidad, junto a otros 200 de comunidades de los municipios de Panzós y El Estor, se encuentra resguardado en el departamento jurídico del Fondo de Tierras; estos expedientes dan cuenta de las gestiones realizadas por las comunidades para regularizar la posesión de esas tierras.

    Pese a su permanencia pacífica y continuada en el lugar desde hace más de 70 años, las alternativas para lograr la certeza jurídica sobre sus tierras han venido cerrándose para las comunidades locales maya q’eqchi’.

    Al desaparecer la SAA, se cancelaron las mesas de diálogo y las comunidades de esta zona quedaron en total indefensión frente a las pretensiones de empresas y finqueros.

    En julio 2020, el gobierno del presidente Giammattei canceló la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), lo cual es grave pues significa la desaparición de la única institución que investigaba los casos en litigio y, aunque no siempre era ágil ni llegaban a buen puerto sus gestiones, la SAA representaba un espacio para investigar la tenencia y propiedad de la tierra, promover el diálogo y buscar soluciones entre las partes. Al desaparecer esa institución, se cancelaron las mesas de diálogo y las comunidades de esta zona quedaron en total indefensión frente a las pretensiones de empresas y finqueros.

    Cumpliendo la estrategia diseñada en octubre 2020, el sector privado en alianza con el gobierno han venido avanzando en cada una de las acciones recomendadas: se establecieron acuerdos tripartitos entre el CACIF, el Ministerio Público y el Registro General de la Propiedad; CACIF instaló su Observatorio sobre la Propiedad; y recientemente el MP inauguró la Fiscalía contra delitos de Usurpación, con lo cual la institucionalidad del Estado prejuzga de «usurpación» la mayoría de los conflictos agrarios presentes en la zona, sin haber agotado las fases de investigación (registral, histórica, social y cultural) y sin hacer uso ni hacer pública la información catastral que el RIC ha generado con financiamiento internacional.

    El Estado no ampara a las comunidades q’eqchi’ en su derecho ancestral o de primera ocupación, ni en el resto de derechos fundamentales y universales reconocidos en la Constitución de la República y en las convenciones internacionales: el derecho a la vida, a una vida digna, a la alimentación, a la salud y otros más.

    Las comunidades desalojadas solo saben del Estado cuando aparece para cumplir una orden de desalojo utilizando la fuerza, judicial o extrajudicialmente, dejándolas literalmente a la orilla del camino.

    Hay que tomar en cuenta que en esta región las propiedades privadas se crearon «en papeles». El Estado otorgó las tierras a personajes con poder político en documentos. La mayoría de las veces los terratenientes no vivían en la región y ni siquiera conocían las fincas. Éstas les fueron otorgadas violando aún las mismas leyes de la época.

    Déjà vu en el valle del Polochic

    Durante el gobierno del presidente Reina Barrios (1892-1898) se otorgaron fincas de 30 caballerías cuando la ley mandaba a otorgarlas solo de 15 caballerías. La ley establecía que no se podía adjudicar tierras a quienes ya las poseyeran y, en muy poco tiempo, tan solo dos propietarios —de apellidos Schlesinger y Anguiano— llegaron a concentrar el 67% de las tierras del Polochic.

    En 1972, esta zona fue declarada Zona de Colonización y el INTA realizó mediciones y motivó a las comunidades a presentar sus solicitudes y llenar expedientes. Las expectativas de las comunidades de poder legalizar sus posesiones crecieron. Pero los expedientes quedaron congelados.

    En 1978 la Diócesis de La Verapaz denunció que, mientras los campesinos hacían esfuerzos enormes por legalizar sus posesiones sin ningún resultado, algunos finqueros hacían maniobras para quitarles las tierras con procedimientos pseudo legales, todo tipo de presiones e incluso violencia.

    Estas tierras cobraron mayor interés para el sector empresarial a raíz del establecimiento del cultivo de la palma aceitera en los años 90. Hasta 1960 no había carretera que comunicara a Chinebal. No existía ninguna comunicación hacia Mariscos y la carretera al Atlántico; únicamente se podía avanzar a pie desde Pataxte hasta Río Zarquito, Selempín y Chinebal. Tampoco había comunicación hacia el noroccidente, hacia Telemán y Panzós. Durante la época seca lograba entrar algún tractor desde Sehú hasta Chinebal.

    La fauna y la flora eran exuberantes y solo se podía circular en tractor debido a las constantes inundaciones y el terreno pantanoso. Las comunidades, sin embargo, se establecieron, lograron cultivar sus alimentos y vivieron en esas condiciones, abandonadas por el Estado.

    Los pobladores de Palestina-Chinebal —como se denomina la comunidad de 94 familias desalojada violentamente el pasado 16 de noviembre 2021—, asientan su reclamo en que sus abuelos y padres fueron desplazados forzosamente del lugar durante el conflicto armado. Un poblador relata:

    «Este espacio era de nuestros padres y de nuestros abuelos. Lamentablemente, en el tiempo del conflicto armado ellos fueron sacados de aquí, ellos tuvieron que huir de este lugar y por esta razón nosotros estamos volviendo para recuperarlo. […] se amontonaron en un lugar que una iglesia evangélica les proporcionó para poder estar ahí, donde permanecieron durante mucho tiempo. Ellos siempre nos dijeron que este espacio era de ellos, que vivían aquí y tenían sus casas. Recuerdo que cuando teníamos 12 años nos empezaron a enseñar las brechas. Pero este espacio ha sido de mucho problema: así como se vivió en el conflicto armado estamos volviendo a sufrir: perder vidas, perder nuestras cosas».

    El exgerente del Fondo de Tierras Axel López, en su momento, les ofreció investigar la situación de la tierra reclamada y, hasta el 25 de junio de 2021, una mesa técnica abordaba su caso. No obstante, en noviembre pasado se reactivó la orden judicial de desalojo emitida en junio de 2020, dando paso al desalojo que vimos a través de las redes sociales: uso desproporcionado de la fuerza pública, más de 1,000 efectivos de la PNC y 100 radiopatrullas, destrucción con maquinaria pesada y quema de las viviendas, persecución de los hombres de la comunidad y la criminalización de 12 de ellos que enfrentan órdenes de captura.

    Una empresa será sostenible si establece relaciones respetuosas con las comunidades del lugar.

    Hace alrededor de dos años me entrevistó una firma consultora que formulaba la Política de Sostenibilidad para la empresa palmera Naturaceites. Esta empresa concentra grandes extensiones de tierra en el valle del Polochic, en Fray Bartolomé de las Casas y San Luis Petén. En esa ocasión opiné que la sostenibilidad de la inversión de la empresa tiene distintas dimensiones, y enfaticé en la sostenibilidad ambiental y social. En esta última dimensión una empresa será sostenible si establece relaciones respetuosas con las comunidades del lugar, si respeta sus derechos y cumple estrictamente con los estándares internacionales y las leyes.

    Les hice ver que la sostenibilidad social tiene también mucho que ver con conocer y reconocer la historia. Hoy en día la empresa palmera debe tomar en cuenta que entre 1981 y 1984 se desató la represión contra las comunidades de la zona, primero selectiva y luego masiva.

    Las heridas de aquella historia de represión aún no han sanado. Está muy fresco el recuerdo de la violencia ejercida por el ejército y por el administrador de la finca, que era al mismo tiempo comisionado militar. Aún está fresca la memoria de un anciano de Chinebal que fue torturado en el casco de la finca vecina a la comunidad, donde permanecía acantonado el ejército.

    Las secuelas del desplazamiento forzoso del pasado siguen presentes y se reeditan con los desalojos actuales, continúa el mismo entrevistado:

    «Después del desalojo nosotros no nos fuimos a ningún lugar. Toda la noche la pasamos a la orilla del camino, atentos con las mujeres y los niños. Lo que más me duele y molesta a mi es que los niños todo el día no comieron. Esto no es justo, no puede pasar; ellos no tienen la culpa. Simplemente nosotros hemos regresado acá para que ellos tengan alimentos y el gobierno hace lo contrario».

    En suma, le dije a los consultores que la sostenibilidad tiene que ver también con sanar heridas, con resarcir agravios y contribuir a no profundizarlos. Los principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos asientan como pilares prevenir, respetar y remediar. Aún es tiempo para que las empresas y el gobierno detengan los desalojos de las comunidades q’eqchi’ de las tierras que habitan legítimamente y que es lo único que tienen en esta vida.

    Ninguna iniciativa de combate a la pobreza logrará su cometido destruyendo la vivienda y los medios de vida de comunidades ya paupérrimas. Ninguna empresa ni inversión rural será sostenible imponiéndose sobre la población local, despreciándola y considerándola desechable.

    Solo una perspectiva racista y discriminatoria puede tolerar la destrucción de humildes casas con maquinaria y fuego como sucedió en Palestina-Chinebal, dejando a niños, ancianos, mujeres y hombres a la vera del camino.

    Ni la empresa ni el Estado pueden voltear la mirada hacia otro lado e ignorar que han creado una emergencia humanitaria para las familias desalojadas. Los protocolos internacionales sobre desalojos establecen la obligación estatal de respetar los derechos fundamentales y asistir a las víctimas de desalojos en cualquier circunstancia.

  • Tierras áridas, cosechas perdidas: En Panzós padecen a siete meses de Eta e Iota

    Tierras áridas, cosechas perdidas: En Panzós padecen a siete meses de Eta e Iota

    Se viene la segunda siembra del año y todavía hay terrenos cubiertos de arena. Han pasado siete meses desde que las tormentas tropicales Eta e Iota desbordaron el río Polochic. Hay familias que resisten y tratan de recuperarse, aunque un viento es capaz de botarles la milpa. Otras, no pueden sembrar y la ayuda de un proyecto económico del MAGA, FAO e IICA, es la esperanza, pero tarda en llegar por la burocracia.

    Manuel Ichic Cacao y su esposa Olivia, tenían como principal preocupación la amenaza de un desalojo. Ahora deben sumar la pena de los efectos del cambio climático en sus siembras. Vivir en Bella Flor, una finca en la cuenca del Polochic, es vivir con miedo.

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    El lugar es una planicie con tierras fértiles que estaba en desuso. En 2011, 27 familias se asentaron en el lugar. Aquí las personas viven sin pagar renta, en una tierra fértil, a cambio se someten a una subsistencia sin servicios básicos. El agua la toman de un nacimiento y la trasladan a través de mangueras. No tienen energía eléctrica ni drenajes. No hay escuela para los niños.

    Hija menor de Manuel Ichich y Olivia.

    La finca está ubicada a dos kilómetros de Panzós. Este municipio de Alta Verapaz fue uno de los más afectados por las tormentas Eta e Iota a finales de 2020.

    En Bella Flor siembran maíz tres veces al año, y es el sustento principal de la familia. Manuel refiere con pena que la milpa se ahogó por el desbordamiento del río Polochic. Era tanta el agua que terminó por extenderse sobre poco más de dos kilómetros de tierra y a un nivel que, en las partes más bajas, les cubría arriba de las rodillas. «Todo se pudrió», resume.

    A Olivia se le llenan los ojos de lágrimas cuando piensa en que, para sobrevivir sin la cosecha tuvieron que pagar un quetzal y cincuenta centavos por cada libra de maíz que consiguieron en el mercado municipal.

    Algo inimaginable para quien trabaja la tierra de sol a sol y acostumbra a vender ese producto a nada más que un quetzal.

    Entre la comunidad de Bella Flor y otras aledañas al río Polochic, después del desborde por las tormentas Eta e Iota dejaron las cosechas y caminamientos llenos de lodo y arena.

    En enero tenían que haber cosechado la siembra que se perdió. En febrero, la familia terminó de limpiar el terreno y volvió a empezar. A inicios de mayo, algo parecido a un remolino se formó en la planicie y revolcó la milpa. Las hojas están verdes y ya asoman mazorcas, pero ya no lucen erguidas. Manuel teme que el producto se le haya dañado y no termine de desarrollar.

    Este agricultor de 50 años asegura que por cada manzana de terreno invierte de 2,000 a 2,500 quetzales. Esa cifra no toma en cuenta los días de trabajo intenso que están marcados en su rostro tostado y en sus manos ásperas. La esperanza de este medio año es alcanzar una producción que asome a los 75 quintales por manzana. Una cosecha que no pueden darse el lujo de perder.

    Ayudar luego de Eta sería menos difícil sin un estado fallido

    Casas de palo por si tienen que salir

    Los habitantes de Bella Flor son resilientes. Fueron desalojados durante el gobierno de Álvaro Colom, que se ofrecía como socialdemócrata. Después de un tiempo dispersos, en lugares en donde no podían sembrar, y desempleados, volvieron a ocupar el sitio porque «no tenemos a dónde más ir», dicen.

    Viven en casas hechas con palos de madera atados con lazo y techos de nylon o lámina.  Las construcciones son informales, livianas, por si algún día tienen que salir por la fuerza. Cuando los expulsaron, los policías y soldados destruyeron las casas y las cosechas. Los que se opusieron terminaron presos.

    Olivia muestra uno de los huipiles que teje. Asociaba la lluvia fuerte al día que tuvo que salir con su esposo e hijos porque el río Polochic se había desbordado.

    Un desalojo es el peor escenario, uno que no quieren ni pensar pero que inevitablemente deben contemplar.

    Están fuera de la mira de las autoridades debido a su situación irregular. A ellos no llegó ni una bolsa de apoyo alimentario. Tuvieron que superar en soledad las consecuencias de las tormentas.

    Olivia teje güipiles con hilos de colores fuertes, y tiene crianza de pollos, chuntos (pavos) y cerdos. Este trabajo es adicional a las labores que realiza en casa, y le permite hacer una contribución económica para el sustento familiar.

    Los animales que tiene ahora no son los mismos que cuidaba en noviembre. Aquellos murieron afectados porque el nylon no soportó los aguaceros, luego tuvieron que vivir varios días entre el agua, con un clima parecido al de un sauna.

    La hija mayor de Manuel y Olivia pronto se mudará junto a otras 7 familias a un nuevo terreno ofrecido a los habitantes de Bella Flor. El resto insiste en quedarse porque dicen conocer ya el terreno y tener ya trabajados sus cultivos.

    Los tres hijos y dos hijas de la pareja, también contribuyen con el trabajo en la casa. Una de sus hijas ya formó su propia familia y pronto los dejará porque aceptó trasladarse a una finca que el Estado les gestionó en otro municipio de Alta Verapaz.

    Mientras, Manuel y Olivia sueñan en conseguir la titularidad de la tierra en la que trabajan. El Estado camina a paso lento para darles una respuesta. Los líderes del grupo de familias han tratado de averiguar a quién pertenece la finca, porque quieren dialogar, pero nadie les da respuesta.

    «Queremos comprar», afirman, pero la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), que sustituyó a la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), todavía no toca ni uno de los 1,323 casos de disputas de tierras que le asignaron. De estos, 113 están en el área del Polochic.

    A un año de la creación de la Copadeh, todo está atascado en la burocracia. La institución no ha recibido formalmente los archivos y tampoco tiene sede para atender las consultas de la región.

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    Tierras cubiertas de arena

    En Panzós hay 25 comunidades a las que el Polochic les quitó su capacidad productiva. Después de las tormentas y el desborde del río, las tierras fértiles quedaron arenosas. «Azolvadas» es el término correcto, explica Julio Juárez, técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

    Así quedó la tierra en Xucup, en el municipio de Panzós. Tierras fértiles ahora lucen desérticas. Foto : Cortesía, Julio Juárez, mayo de 2021.

    Juárez tiene en su galería de fotos una imagen de espanto. En la comunidad Xucup, de Telemán, aldea de Panzos, los maizales que el río ahogó, siguen de pie, pero la tierra luce desértica.

    Las familias afectadas subsisten con alimentos donados. La situación que viven es crítica, porque antes ya estaban mal y solo producían para subsistir y ahora están en peores condiciones porque no pueden sembrar.

    La esperanza de estas familias es un proyecto que inició en febrero y que impulsan la FAO y el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA) con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). Les han ofrecido asistencia técnica, un aporte de mil quetzales e insumos. El beneficio es para 2,792 familias, 1,520 son de Panzós y las demás están en El Estor, Los Amates y Morales Izabal. Los cuatro municipios fueron electos para este proyecto por ser los más afectados por las tormentas Eta e Iota.

    Estos son los nuevos pollos y pavos que la familia Ichich compró ya que los que tenían previo a las tormentas se ahogaron.

    A los damnificados de Panzós les darán semillas de maíz, frijol que, se espera, puedan cosechar en octubre. Evalúan si es posible darles yuca y camote, para apoyarlos con otros beneficios nutricionales. El dinero les permitirá arrendar tierra para volver a producir y tendrán acceso a gallinas ponedoras.

    Si esta iniciativa tiene éxito, si funciona para estas familias, podrán extenderlo a 105,000 más en 10 departamentos. Parece atractivo, pero tiene varias dificultades.

    Dependerá de aportes estatales que, según el MAGA, deben ser gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Además, presenta la terrible dificultad de que es lento. A siete meses de las tormentas, las comunidades solo han recibido capacitaciones.

    ¿Por qué ha demorado la entrega de los beneficios (aporte monetario e insumos agrícolas y pecuarios)?

    Adonay Cajas, asesor del MAGA, expone que se trata de la burocracia propia de este tipo de apoyos externos.

    •    «A finales de mayo y principios de junio terminamos de hacer la tabulación (de datos de beneficiarios). También hicimos una validación de datos ante el Renap (Registro Nacional de las Personas), para evitar que se nos pase alguna persona fallecida, y ahorita estamos en la coordinación logística para hacer los pagos. La meta es iniciar a finales de este mes».

    Antes de la tormenta Eta «todo el tiempo estamos construyendo riesgos»

    ¿Qué es lo que complicó el proceso?

    •    «Hubo que aprobar adendas (adiciones al contrato)… No solo es la parte operativa y salir a campo, sino que tenemos que garantizar la coordinación, que quede establecida cuál va a ser la función de cada parte que se involucra, y este es un tema que en paralelo también fue caminando pero no como esperábamos».

    Aunque se pidió conocer el informe en donde aparece la evaluación de las familias y el impacto en los cultivos, Cajas dijo que no lo han concluido.

    Mientras tanto, el invierno pega con fuerza. Las lluvias mojan las parcelas inservibles. ¿Volverán a ser productivas esas tierras?  

    Los vigilantes del río

    Romalda Col de Ichic, de 37 años, tiene una tienda frente al río Polochic. Vende bebidas frías en bolsa, algunas botellas de gaseosas y ricitos. Desde su puesto de madera logra ver toda la actividad que hay en ambos lados del río.

    Romalda, 37, tiene miedo de que vuelva la lluvia y se lleve todo otra vez. Para la tormenta tuvo que salir con sus hijos a refugiarse a la escuela urbana que funcionaba como un albergue temporal en Panzos.

    Camiones cargados de productos de consumo básico, de gaseosas, de agua purificada, galletas y «chucherías» como los que vende en su puesto, cruzan el afluente a través de una plataforma de hierro. El viaje demora menos de 10 minutos y cuesta 10 quetzales. Los tuc tuc llevan a pasajeros hasta los bordes del río y ahí están los potenciales clientes de Romalda.

    Es temporada de lluvias y después de un breve aguacero se alborota el calor. Ella ya no se inmuta, parece que no le afecta. Ni su negocio ni su casa, construidos con madera y lámina a unos pasos del río están seguros.

    En noviembre el río se desbordó y a ella no le quedó más que dejarlos. Junto a sus hijos salió de emergencia para refugiarse en una escuela en la zona urbana de Panzós. Si vuelve a ocurrir está preparada para huir.

    Erick Cuc, 45 años, se encarga de administrar una plataforma que financiaron los palmeros del área y funciona como ferry en el río Polochic. Su trabajo es de 12 horas diarias, pero también trabaja cuando hay emergencia en alguna de las comunidades.

    No tiene muchas pertenencias y no ha podido recuperar lo que perdió el año pasado. En su terreno tampoco puede sembrar. Antes producía plátanos, maíz y frijol, pero la tierra ya no funciona. Los agricultores dejan sin uso los terrenos que están cerca del Polochic porque saben el riesgo que corren los cultivos.

    «A veces los hijos quieren una fruta, pero por las inundaciones la tierra queda como arena», dice Romalda. Acostumbra venir por temporadas, y se retira cuando las aguas color café del Polochic empiezan a subir de nivel. Mientras habla en su natal q´eqchi´, algunos de sus hijos merodean curiosos. Unas ronchitas les cubren el rostro, pero ellos sonríen.

    Erick Samuel Cuc Cac, de 45 años, lleva nueve años como el encargado del «ferry», si es que así se le puede llamar a esta plataforma de metal. Cuando Eta e Iota azotaron el país, fue el único que se atrevía a subir a la estructura. No había carros o personas para trasladar, pero era su responsabilidad evitar que el río la llevara.

    Su trabajo era mantener activa la estructura, cuidarla, moverla de un lado para el otro «porque si no, la creciente hace que se junte la basura y se rompa el cable».

    Erick también es el representante legal de la comunidad Corazón de Maíz, una finca que colinda con Bella Flor. Ahí viven 35 familias y por tener el título de la propiedad tienen acceso a energía eléctrica.

    Las tormentas los afectaron, pero dice que no tiene mucho de qué lamentarse. «Perdí la tercera cosecha del año, pero antes saqué dos buenas, por eso me conformo. Ahorita esa milpa doblada el aire la botó, pero nosotros también la doblamos para que si llueve mucho no le entre mucho el agua», cuenta.

    Si la lluvia los afecta tienen que improvisar alguna alternativa para que no los perjudique tanto. Erick es capaz de pronosticar el comportamiento del río. Su técnica es sencilla. Cuando el río está muy tranquilo hay que preocuparse.

    Sin salir de Eta, Iota amenaza

    En cambio, si llueve con frecuencia en las partes altas, el afluente crecerá rápido y el agua fluirá sin afectarlos mucho. Eso le permite respirar tranquilo porque el río ha tenido buena actividad en lo que va de este invierno.

    El año pasado, en las vísperas de las tormentas, el río estuvo muy tranquilo. «En las noticias dijeron que se venía la tormenta y aquí se llenó todo en segundos», recuerda.

     

  • En Campur reconstruyen, pero Conred no confirma si es habitable

    En Campur reconstruyen, pero Conred no confirma si es habitable

    Toda la aldea Campur, ubicada al norte de Guatemala en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, quedó inundada tras el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota. Seis meses después las familias afectadas pidieron remesas o sacaron préstamos para reconstruir, lo hicieron sin tener certeza de que el lugar es seguro porque, pasado tanto tiempo, la Conred no ha emitido un dictamen sobre el área.

    Campur fue una aldea bajo el agua durante 72 días. Desde el 5 de noviembre de 2020 hasta el 16 de enero de 2021, los locales creyeron que su pueblo quedaría para siempre como una laguna, pero conforme cesaron las lluvias todo se secó. A seis meses de las tormentas Eta e Iota, el lugar está habitado, aunque no significa que todo volvió a la normalidad.

    Aquí nada es firme. Triste crónica de una visita a Quejá

    En buena parte de la comunidad no hay energía eléctrica y la distribuidora Energuate no pretende reconectarlos hasta que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) les certifique que el lugar está fuera de riesgo. La empresa es precavida, al igual que el gobierno, que no ha invertido un centavo en la reconstrucción de la comunidad.

    El panorama en Campur, Alta Verapaz, bajo la inundación provocada por la tormenta Eta, el 13 de noviembre. Juana Guerrero

    Campur es la aldea más grande del municipio de San Pedro Carchá, y es el hogar de un aproximado de 1,890 habitantes, casi todos maya q´eqchi´ según los registros censales.

    El centro de salud estatal ejemplifica la postura gubernamental. El edificio está cerrado, derruido, nadie lo descombró. En cambio, las casas y comercios vecinos fueron limpiados, rehabilitados con láminas nuevas o las que no quedaron tan oxidadas, y están habitados de nuevo.

    El centro de salud ubicado al centro de Campur permanece cerrado. Sin un informe de las autoridades correspondientes el Estado y el Ministerio de Salud no permiten su reapertura.

    Ramón Cu Xol, secretario del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de Campur, estima que el 75% de los pobladores volvieron a sus casas. Él también volvió, pero no ha querido invertir en su hogar hasta estar seguro de que la tierra es habitable.

    Otros, en cambio, no han querido esperar. Ha pasado medio año desde la tragedia y se atreven a construir casas de block y techos de concreto casi al borde de precipicios. Aquí la mayoría de personas tiene techos de lámina, así se observa y así lo tiene registrado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una terraza está fuera de lo normal.

    «Los que están construyendo es porque tienen sus familiares en Estados Unidos, tienen remesas. Los que no tenemos familiares en el extranjero estamos esperando a ver qué dice el gobierno» dice este líder local. Ya pasaron meses, siguen a la espera de un un informe que no llega.

    Vista frontal del comedor que atiende Dominga Choc Ba. Después de la inundación y de haberlo perdido todo tuvo que asociarse con otra vecina para volver a comprar todo el mobiliario necesario.

    Mientras tanto, el bullicio regresó a Campur. Los tuc tuc se agolpan en la estrecha calle principal a la espera de pasajeros que bajan a esta área para comprar alimentos. Los buses de pasajeros que van a Carchá o a Fray Bartolomé de las Casas circulan con regularidad, el mercado está activo. El humo de las cocinas a leña de los puestos de comida se pierde entre la lluvia de mayo. Aquí, en donde hace poco se formó una enorme laguna, la vida debe continuar.

    Sin salir de Eta, Iota amenaza

    Campur bajo evaluación

    Dominga Coc Ba, de 35 años, recuerda el día que tuvo que huir de su negocio. Fue el 5 de noviembre y se resistía a dejar su venta porque tenía un congelador lleno de carne de res y pollo que, tenía esperanza, podría cocinar para vender.

    El servicio de energía había quedado suspendido en el área comercial, en la estrecha calzada principal de Campur, debido a las fuertes lluvias que anticiparon la llegada de Eta. La carne estaba en riesgo, y ella también.

    Blanca Sierra, 70, es propietaria junto a su esposo de una pequeña tienda que ellos mismos atienden. Para poder volver a comprar nuevo producto y electrodomésticos solicitó un préstamo de Q25,000 a Banrural pero dice que por su edad le fue muy difícil que

    «Señora, salga de ahí, es peligroso» recuerda que le decían cuando la tormenta estaba cerca, pero ella no creía que todo se fuera a inundar.

    Su tienda estaba en un área elevada, pasaron dos días para que el agua que caía del cielo se juntara con la que emergía de la tierra, pero ella resistía. Cuando una de las casas que está a la orilla de la calle principal sucumbió y sus tobillos quedaron sumergidos, casi a la altura del corte, que es su vestimenta tradicional, resolvió salir con lo que pudo llevar en brazos.

    Para que sus tobillos se mojaran, el nivel de inundación ya era de varios metros. Con la tenaza que tiene en la mano manipula la carne y también la usa como extensión de su brazo para señalar al otro lado de la calle, en donde se observan los vacíos que dejaron las casas y locales que se desmoronaron por la fuerza del agua.

    Las estructuras que siguen en pie no tienen fundamento seguro. Están a la orilla de algo que parece un embudo de tierra, del que salió el agua que los inundó durante poco más de dos meses.

    En realidad, esos embudos tienen un nombre técnico. Los geólogos los llaman sumideros o dolinas. Entre el pueblo los conocen como siguanes o desagües naturales, comunes en áreas como Campur, en donde abunda la piedra caliza.

    Un deslave pone en alto riesgo la estabilidad de una vivienda en Campur. Juana Guerrero

    César Montenegro, coordinador de la carrera de Geología del Centro Universitario del Norte (Cunor) de la Universidad de San Carlos, trata de explicar de forma sencilla lo que pasa debajo de la tierra en esta aldea. «Campur está metido en unos hoyos que parecen como palanganas. Esas son las dolinas».

    A la orilla de estas dolinas hay decenas de viviendas. Algunos han sido creativos y colocaron columnas largas para poder tener una base para edificar, al nivel de la carretera, una vivienda que aparenta estar sobre un terreno plano. Otros hicieron casas de dos niveles hacia abajo, y unos cuantos más construyeron techo de concreto donde antes todo era lámina galvanizada.

    El geólogo visitó Campur en marzo de este año como integrante del Consejo Científico que tiene a su cargo emitir un informe de la situación de la aldea.

    Crédito: César Fernando Monterroso, coordinador de la carrera de Geología del CUNOR – Usac.

    El Consejo Científico está integrado por los delegados de diferentes instituciones y operan bajo la dirección del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). Este consejo se activa a pedido de la Conred, que pide informes técnicos en casos de riesgo.

    Durante su visita, el geólogo tomó varias fotografías para documentar sus principales hallazgos. Las dolinas fueron manipuladas por los habitantes. Algunos las convirtieron en un desagüe particular, porque en la comunidad no existen. Colocaron tubería para desechar aguas residuales, en algunos casos les colocaron tapas de concreto. En otros, «la gente empezó a rellenar para aplanar y formó una capa que obstruye la salida natural», dice Montenegro.

    Montenegro aclara que esto no fue la causa principal del anegamiento en la aldea, pero no descarta que haya contribuido. Debajo de la tierra fluyó mucha agua y esta buscó una salida,  pero se encontró con que también había lluvia que buscaba desaguar y no tenía por dónde hacerlo. El resultado: un taponamiento que mezcló agua, lodo, piedras, y dejó todo sumergido.

    Casa destruida de Aracely Pereira, 62. Durante la tormenta su casa fue de las primeras en ser arrastradas. Ella estaba dentro y resultó con las piernas amputadas. Ahora ya no saben dónde vive. Ahora estos son los restos de lo que quedó de su casa.

    Yeison Samayoa, director del Insivumeh, atiende una entrevista en su oficina de la ciudad capital, a 269 kilómetros de Campur. Delegó en el subdirector Francisco Juárez la coordinación del Consejo Científico. El dictamen está en proceso, lleva tiempo, dicen los dos.

    Empezaron a trabajar en febrero y esperan terminarlo a finales de mayo. «Es de evaluar, de hacer estudios, de ir a campo. Llegar a un consenso (de agenda y asignación de viáticos para las salidas) entre tantas instituciones se vuelve complejo», señala Samayoa.

    Cuando se les cuestiona por qué demora el informe, señalan que el proceso lleva tiempo. «El fin del Consejo es dar una opinión técnica y científica, hay que tomarlo con calma y hacer todos los análisis respectivos» añade Juárez.

    En Campur lo menos que hay es calma. Si no regresaban a sus terrenos, a sus siembras de café, milpa, frijol, si no levantaban los pequeños negocios, ¿de qué iban a vivir?

    Vivienda en reconstrucción

    Si concluyen el informe a finales de mayo, todavía falta otro trecho por recorrer.

    La Junta Ejecutiva de Conred, que es la única que puede declarar un área en riesgo, o dar recomendaciones, debe analizar la información y emitir una resolución. Esta Junta está dirigida por el Ministerio de la Defensa y la integran otros nueve representantes de ministerios, el Colegio de Profesionales, los Bomberos y el Cacif.

    El geólogo Montenegro señala que su opinión técnica fue recomendar la instalación de una estación meteorológica en Campur, que las dolinas o desagües naturales sean rescatados y que la comunidad tenga un ordenamiento territorial, para que ya no permitan la edificación en las zonas bajas con mayor riesgo.

    Si llegara fuera aprobada, la urgencia de los habitantes de Campur por recuperar sus vidas hace que no sea sencilla de cumplir.

    Uno de los vecinos entrevistados en Campur, que no quiso dar una entrevista formal, contó que rehabilitó la vivienda de sus hijas en el mismo lugar en donde que emergió de la tierra escapó en forma de catarata. Su plan B es que si el área vuelve a ser afectada, trasladará la estructura de madera y lámina sobre las rocas enormes que tiene a un costado, dentro de su mismo terreno.

    Esa piedra es dura y se mantuvo firme a pesar de la inundación. Eso, para él, es un indicador que le da tranquilidad. Reconoce que será difícil construir ahí, pero está dispuesto a correr el riesgo. Es la herencia que su esposa repartió a sus hijas, que iniciaron su propia familia, y no están dispuestos a perderlo. Es su plan independientemente de lo que el Consejo Científico o la Junta Ejecutiva de la Cored recomiende.

    El alcalde de San Pedro Carchá, Winter Coc, sugirió el traslado de la comunidad a otro terreno cerca de la cabecera municipal. La idea no convence a los pobladores.

    La ayuda se secó, igual que el agua

    Los pobladores de Campur han recibido ayuda de organizaciones no gubernamentales y particulares. El 7 de mayo, el Gobierno de Japón culminó el proyecto de rehabilitación de cuatro sistemas de agua en el que invirtieron 250,000 dólares.  Dominga Coc Ba, recibió un aporte de mil quetzales de la organización Plan Internacional, pero quedó fuera de otros beneficios como la dotación de láminas que hizo la Municipalidad de San Pedro Carchá, porque no tiene casa propia.

    A la comunidad le donaron colchones, ropa, dinero, alimentos cuando todo estaba anegado. Desde que volvieron a sus casas, la ayuda disminuyó.

    El Cocode de Campur viajó a la capital en la primera quincena de mayo para solicitar ayuda a diferentes instituciones de gobierno. Sienten que desde que el agua desapareció los dejaron olvidados.

    Piden techo mínimo, que no significa otra cosa que láminas. También quisieran que el Fondo para la Vivienda (Fopavi) del Ministerio de Comunicaciones, les apoye para rehacer las pequeñas casas de block y lámina. Piden que el Ministerio de Cultura les provea zapatos a los poco más de 700 niños, niñas y adolescentes que perdieron hasta los útiles escolares en la inundación. Quieren que les den un bono del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), como el que repartieron por el COIVD19. Y también quieren que les reparen la carretera de ingreso, que quedó en peor estado por causa de las tormentas.

    Población de Campur se aglomera a la orilla de una zona inundada en el centro del pueblo para recibir la ayuda humanitaria de los rescatistas de la Cruz Roja Guatemalteca, el 15 de noviembre. Juana Guerrero

    A la ruta nacional 05, que une con la Franja Transversal del Norte (FTN), le faltan 25 kilómetros para llegar a Campur, y este tramo está en condiciones casi intransitables. Campur tiene varias salidas, desde ahí se puede ir a Chisec y a Fray Bartolomé de las Casas, otros municipios de Alta  Verapaz. Los líderes comunitarios se quejan de que les hayan dejado tirado el proyecto de construcción de siete kilómetros de carretera hacia el Pajal. Llevan 12 años con la ilusión de que lo terminan y no pasa nada.

    Cuentan que en el sector colocaron balastro, pero apenas en una primera fase. Hace poco llegó maquinaria, pero se fue sin terminar. De Campur a Valle Verde, Fray Bartolomé de las Casas, se derrumbaron dos partes de la carretera, y ahí «la pobre gente aportó para arreglarlo y echarle piedra para que pasen las coaster de transporte y camiones pesados», relata otro líder local.

    En Campur lo que escasea es el dinero y lo que urge es reactivar el comercio. Y sin esas rutas de transporte todo se encarece y dificulta.

    Hondonadas de donde “brotaba el agua” y dónde empezó la inundación de Campur, cuentan los vecinos.

    Ramón Cu Xol, el secretario del Cocode, menciona una realidad ineludible. Ellos no pueden presionar al Consejo Científico para que agilice el informe, «porque somos comunitarios y no podemos exigir». En cambio, el gobierno, ese sí que puede, «porque son ellos los que tienen el mando. Yo creo que por vía de gobierno sí pueden porque (los que deben tomar la decisión) son empleados del gobierno».

    A ellos nadie les ha explicado lo que los técnicos del Consejo Científico dicen. Que hacer un estudio lleva tiempo, y que hay que esperar a que las agendas de todos los participantes coincidan para que se reúnan y tomen decisiones. Cuando el Consejo emita su informe, la Junta Ejecutiva de Conred tomará otro tiempo para tomar la decisión final. ¿Cuándo? No hay respuesta.

    Ayudar luego de Eta sería menos difícil sin un estado fallido

    Organizarse para prevenir

    En tanto se resuelve el futuro de Campur, la población se organiza. Luego del desastre que provocaron las tormentas tropicales, quedó establecida la Coordinadora Local para la Reducción de Desastres. Carlos Choc Choc, que la dirige, dice que su objetivo es «salvar vidas».

    Este maestro de educación física se involucró en el rescate de las familias durante la emergencia. Vive en la parte alta de la aldea y en su vivienda albergó a varias personas.

    Las viviendas periféricas de Campur, se reflejan en el agua que sepultó por completo el centro del pueblo. Juana Guerrero

    Cuenta que lo que más le interesa es ubicar sitios para establecer albergues en caso se repita la historia de la inundación. En la comunidad todos saben que alguna vez este territorio fue una laguna. A quien se le consulta, narra un relato que no está escrito ni tiene más fuente que la tradición oral.

    El lugar era una finca de café que habitaron alemanes. A ellos se atribuye haber plantado dos ceibas al pie de cada extremo de la laguna. Los árboles siguen en pie, pero el agua con el tiempo se secó. Otros dicen que llevaron combustible de un barco para agilizar el proceso de evaporación. Historias que sorprenden, que no cuadran. 

    La población vivió con temor durante meses, incluso cuando bajó la inundación. Escuchaban retumbos, sentían que temblaba. Una tenebrosa novedad, porque aquí la constitución geológica, con piedras enormes en casi todo el territorio, que sirven de fundamento en la construcción de las casas, se enteran de los sismos que asustan en la capital  porque nunca los han sentido. Esto ya paró, pero el temor es latente.

    Después de permanecer más de 69 días bajo el agua, las viviendas que se pudieron salvar quedaron dañadas con láminas oxidadas, madera podrida y pintura desgastada.

    Cuando Carlos Choc Choc apoyó con el rescate de personas, habilitaron una escuela, la única que está en la parte alta para recibir a los perjudicados. Resulta que el agua les quedó a 800 metros de distancia. Él narra que la falta de organización los afectó mucho. La población salió para donde pudo, por las tres salidas que tiene la aldea, y eso dificultó la distribución de la ayuda.

    El ingreso más accesible era por San Pedro Carchá, entonces los que quedaron de ese lado sí que recibieron apoyo de forma ágil. A los demás había que trasladarla en pequeñas balsas y de a pocos.

    También les pasó que la ayuda llegaba a unos líderes y creció la desconfianza por la forma en que la distribuían. El secretario del Cocode, Ramón Cu Xol, tiene una explicación para esto. «Han venido asociaciones de pastores, pero somos 641 familias y nos dicen escojan 100 familias y las otras son las que se quedan molestas».

    La temporada de lluvias ha iniciado con fuerza en Campur y las calles que hace 6 meses se inundaron ahora también se acumula el agua.

    El propósito del encargado de la nueva Colred es que el apoyo se distribuya de forma más equitativa. También tiene el peso de organizar a la comunidad para capacitarla. Lo más importante, por el momento, es que todos sepan que si llueve dos días continuos o ven que el agua vuelve a brotar del suelo, no deben esperar. Tienen que salir pronto a buscar refugio. También quiere que todos sepan la importancia de los siguanes, para que los limpien y dejen libres para que el agua de lluvia desfogue de forma natural.

    Cu Xol, del Cocode, dice que ellos incluyeron en sus solicitudes de apoyo que les donen tinacos de agua. «Si nos tenemos que mover, por lo menos podremos llevar nuestros tinacos. Porque nos dimos cuenta durante los tres meses que estuvimos albergados, que casi dejamos sin agua a los vecinos (que los ayudaron)».

    La mentalidad en Campur es de prevenir hasta en estos detalles, aunque para quien lee pueda resultar descabellado.

     

  • Sin salir de Eta, Iota amenaza

    Sin salir de Eta, Iota amenaza

    Después de los daños causados por Eta, no hubo tiempo para pensar en la reconstrucción. Estas son las historias de familias en Morales, Izabal, donde apenas lograron salvar algunas reces; en Panzós, Alta Verapaz, muchas ya huyeron; y en Puerto Barrios alargaron su estadía en un albergue. Todo ocurre de nuevo en menos de dos semanas.

    Yuvini y Orlando residen en diferentes ubicaciones de Morales, un municipio del departamento de Izabal que quedó bajo el agua a causa de la tormenta Eta. Yuvini vive en la aldea Sioux, que quedó inundada desde la semana pasada, y Orlando en un área más elevada, que al menos le permite alejarse pocos metros de la zona en riesgo de inundaciones.

    «Lo que antes hizo el tractor ahora fue la tormenta Eta: Destruyó nuestro maíz»

    Ayer 17 de noviembre, por la amenaza de Iota, Yuvini y su familia abandonaron su casa. Otra vez.

    En esta ocasión evacuaron por el temor de repetir lo que vivieron en los primeros días de noviembre. El patio, convertido en laguna. La casa, ahogada. Los muebles y electrodomésticos inservibles. Apenas lograron salvar algunas reses al arriesgarse a cruzar uno de los ríos sobrecargados, para luego ponerse a salvo.

    Mientras esperan la llegada de Iota, todo es suspenso y preocupación. No saben si ahora será peor que la semana pasada. Lo que hay es el recuerdo de la vida que fue.

    La preocupación tiene sentido. Según la Coordinadora para la Reducción de Desastres (CONRED), todos los municipios de Alta Verapaz e Izabal tienen amenaza alta de inundaciones. Hay 59 municipios con esta alerta. 124 podrían resultar afectados. Para las primeras horas después del ingreso de Iota, ya reportaba 2,343 personas evacuadas, 25 viviendas en riesgo y 22 con daños.

    Además de Alta Verapaz e Izabal, las estimaciones dicen que podría haber daños en Guatemala, El Progreso, Escuintla, Santa Rosa, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz, Petén, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa. Más de medio país.

    Los suelos están saturados por las lluvias que provocó Eta. Aunque en los últimos días Iota perdió intensidad hasta convertirse en tormenta tropical, todavía representa un peligro para Guatemala, aún si llegara como depresión tropical.

    Esa vulnerabilidad no la creó Eta, tampoco Mitch, Stan o E12. Michelle Tercero, experta en sistemas de información geográfica del Instituto de investigación y proyección sobre ciencia y tecnología (Incyt) de la Universidad Rafael Landívar, explica que la mayoría de los municipios tiene un índice de vulnerabilidad social alto o muy alto. En este escenario alimentado por bajos niveles educativos, poco acceso a vivienda y servicios básicos, proteger la vida, dice la investigadora, debe ser producto de un constante monitoreo climático y con un sistema de alerta temprana. Alta Verapaz está a la cabeza de estos riesgos.

    Orlando García, con señal de Internet que ya presenta fallas en la tarde del martes 17 de noviembre, está refugiado en su casa con la certeza de que la suya no se inundará. En la mañana compró leche y el vendedor le dijo que no pasaría al siguiente día porque los dueños de las reses las habían trasladado por seguridad. Está pendiente de las noticias a través de la televisión y las redes sociales y comparte algunas imágenes que «los cuates» le trasladan.

    En 1998, cuando el huracán Mitch también lo inundó todo, supo que su vivienda quedaba en un área elevada. Eta le reconfirmó que su terreno está a salvo porque el agua se estancó a un par de metros de distancia. Sus vecinos sí, ellos salieron por la mañana a diferentes refugios.

    Aquí nada es firme. Triste crónica de una visita a Quejá

    Josué y los que huyeron de El Quetzalito

    Josué Ayala, alcalde comunitario de la comunidad El Quetzalito, en Puerto Barrios, Izabal, vive ahora en una escuela junto a 95 de las 235 personas de su comunidad. Los pobladores no creían que un huracán degradado a tormenta y luego a depresión tropical los pudiera vencer.

    Como comunidad rural, se organizaron para solucionar su problema. Los hombres se quitaron la camisa. ¿Quién necesita más ropa mojada cuando el Sol no alumbra? Entraron al agua y colocaron sacos de arena en el hueco por el que el agua se les colaba.

    Terminaron la barda, pero el agua que todo lo vence amenazaba con inundarlos. Se rindieron y decidieron por la vida. Un grupo de cristianos evangélicos les proveyó ayuda para que pudieran salir en pequeñas embarcaciones.

    El 6 de noviembre salieron y ahora la mayoría está refugiada con parientes en zonas altas. Las 95 personas que no tenían a dónde ir viven en los salones de la escuela Entre Ríos, en Puerto Barrios. Ahí aguardan a que pase Iota, la amenaza que los mantiene en lo que para ellos parece una realidad paralela.

    Ahora están a 55 kilómetros de la comunidad, en salones escolares que ahora funcionan como refugio. La mente la dejaron en El Quetzalito, en donde ya bajó el agua y se quedaron las posesiones y los recuerdos de una vida.

    El daño continúa. Más de 17 mil personas todavía están en albergues oficiales. Hay 166,687 en resguardos temporales no oficiales, es decir, personas que huyeron de las inundaciones y se refugiaron en otros lugares con familiares y conocidos. Están de posada, esperando que el agua baje.

    Casi todos los municipios son vulnerables «pero no es imposible evitar la pérdida de vidas»

    Golpe por COVID, Eta y ahora Iota

    Eunice López y los cuatro integrantes de su familia buscan con urgencia una nueva casa. Eta dañó la que habitaban en Tactic y, ante la alarma del nuevo huracán, solo piensan en encontrar un lugar en dónde estar a salvo y ubicar las pertenencias que rescataron.

    Entre las posesiones están las máquinas industriales que usa para diseñar y fabricar ropa desde mediados de 2019. Después de la crisis económica que dejó el COVID19, la llegada de la tormenta Eta le vuelve a golpear las finanzas y con Iota las cosas se le complicaron más.

    «Ir a un albergue es lo último que queremos hacer, porque por salvarnos de una tormenta no nos vamos a exponer al virus», dice. Esa decisión les ha costado dinero. Su papá, mamá, una hermana, su abuela, su perro y un gato, pasaron varios días en la habitación de una pensión que cobra casi 600 quetzales por noche.

    El miércoles 18 de noviembre, cuando Iota se redujo a depresión tropical, Eunice y su familia amanecieron en su casa. Lograron poner a salvo todas sus cosas y se quedaron con lo básico, a la espera de que los ríos y las cascadas no vuelvan a inundandarla. 

    Mientras tanto, Eunice no para. Ha encontrado casas en renta en Carchá y en Cobán, pero todo supera su presupuesto. Le piden depósito y alquiler juntos cuando su empresa está parada. Ni pensar en un préstamo, porque su situación financiera no es estable y sus familiares cercanos también están sobreviviendo a la emergencia. El lunes 16 de noviembre, Eunice trasladó la maquinaria industrial de su negocio a un local a medio construir que alguien le prestó. Es temporal. La familia sigue buscando un nuevo hogar.  

    Eta en territorio COVID19: preocupan los albergues, posibles focos de contagio

    En Panzós están a punto de perderlo todo, otra vez

    En la comunidad La Isla, a orillas del Polochic, están a punto de dejarlo todo para buscar refugio. Hace dos semanas, cuando el río creció por Eta, salieron en cayucos hacia el albergue del Salón Municipal de Panzós, Alta Verapaz. Ahí estuvieron siete días. Perdieron siembras, animales y utensilios. El lodo inundó sus casas. El mal tiempo por Iota representa un nuevo peligro, pero el Estado es el mismo: no han recibido ninguna alerta.

    «Está lloviendo algo recio y el río está creciendo», dijo Manuel Choc, de La Isla. «Estamos mirando qué vamos a hacer. Estamos preocupados». Nadie les ha dicho si es necesario salir, pero ya lo están pensando. Están atentos a si el río crece.

    La semana pasada lograron rescatar algunos sacos de maíz, pero fueron los menos. Algunas familias tenían 30 y ahora solos les quedan 14 o diez. Algunos hombres de la comunidad, una decena, se quedaron ahí, sobre los cayucos, cuidando lo poco que tienen y esperando a que el río bajara.

    Una taza embarrada yace en el suelo, el jueves 12 de noviembre, en la casa de Manuel Choc Chub, el día en que la familia regresó a su hogar, después del paso de la tormenta Eta

    La Isla, como Quejá, la comunidad de Alta Verapaz donde estiman que murieron más de 40 personas, son zonas de riesgo constante. ¿Por qué alguien quisiera vivir al lado de un río que en cualquier momento podría llevarse todo, o bajo una montaña que colapsa fácil? En una entrevista a Plaza Pública, el experto en análisis de riesgos, Ricardo Berganza, explica que hay familias que tienen tan poca certeza de lo que comerán mañana que pondrán poca atención ante una amenaza que ocurrirá en un año. «Todos los seres humanos tenemos prioridades, si tenemos problemas para comer, para vestirnos, o si tenemos problemas porque los delincuentes controlan el territorio, la gente va a tener prioridad de supervivencia. Sus prioridades no van a ser salirse de esta casa que está en riesgo, eso puede tratarse después, procrastinan ese tipo de intervención». Además, muchas comunidades ocupan estos terrenos porque son el fruto de desplazamientos históricos, desde la reforma liberal hasta el conflicto armado. En Guatemala el riesgo es un factor construido a lo largo del tiempo.

    David de León, vocero de Conred, dijo que ya avisaron a las municipalidades para que alerten a la población y empiecen a evacuar. Pero a algunas comunidades, como en La Isla o Río Zarco Jones, también en Panzós, no ha llegado nadie.

    «El río Zarco ya está creciendo. Desde ayer empezó a llover», dijo Juan Pedro Chub, de Jones. «Aquí no ha venido nadie. Nosotros salimos y estamos en otra aldea». Son 35 familias. Ellos lo perdieron todo. No lograron rescatar ni un saco de maíz. «Pedimos posada varios días mientras esperamos que el agua empiece a bajar», agregó.

    Juan Pedro reitera que necesita ayuda. «No tenemos nada qué darle de comer a nuestros hijos», afirmó.

    El Gobierno de Guatemala oculta datos de los beneficiarios de los fondos de rescate

    Según CONRED solo se han evacuado 19 personas por Iota. De León afirmó que hay personas en Los Amates y Morales, Izabal, que decidieron no evacuar por miedo a que les roben sus pertenencias. «Comprendemos esta situación, pero es necesario que las personas vayan a algún lugar de resguardo», dijo.

    Evacuar es necesario, pero no siempre es una opción. Sobre todo, por la falta de alertas que lleguen a la población y de albergues para atender a todas las personas afectadas. 

  • Aquí nada es firme. Triste crónica de una visita a Quejá

    Aquí nada es firme. Triste crónica de una visita a Quejá

    Esta es la crónica de una visita a la aldea Quejá, en Alta Verapaz, o lo que queda de ella. Solo es posible llegar en helicóptero, los caminos están destrozados, los sobrevivientes en shock y los rescatistas quebrados por las escenas que presencian.

    Las casas en la aldea Quejá parecen de cartón.
    Parecían.

    Los deslaves partieron en dos las paredes de concreto y las hizo cambiar de forma. Ahora están como arrugadas, separadas en dos y son inhabitables.
    Las que existen. 

    Otras solo ya no existen.

    Quejá ahora es un lugar desolado donde solo están los perros, las gallinas y otros animales. No hay nadie en las viviendas, «es un momento muy doloroso para todo el pueblo», dijo acongojado el alcalde de San Cristóbal Verapaz, Ovidio Choc Pop.

    La búsqueda de sobrevivientes y fallecidos en la aldea Quejá por parte de los equipos de rescate, el domingo 08 de noviembre

    Esta comunidad es parte del municipio de San Cristóbal, está sobre el camino conocido como W7, una de las rutas más importantes para Alta Verapaz. La carretera, de terracería, conecta al departamento con Quiché y es la ruta directa para comerciar con México. Si es tan importante para la economía debería estar en perfectas condiciones. En realidad, es una zona descuidada que padece constantes derrumbes. Las personas soterradas por los deslaves también son constantes.

    Una zona de tragedias

    Antes que las lluvias por la tormenta Eta provocara deslaves que soterró a personas, casas y caminos, en Quejá había unas 300 familias divididas en 2 sectores, según Marcos Choc, secretario  del COCODE de Santa Elena. Sumaban cerca de 200 hogares ahora dañados. En Saquixim, comunidad vecina, había otras 150. Al menos diez quedaron sepultadas bajo tierra.

    Antes de la tormenta Eta «todo el tiempo estamos construyendo riesgos»

    A la entrada de la «zona cero», nombre utilizado para referirse al punto central de la emergencia, ahora un río de tierra y agua se abre paso como camino. En la distancia se vislumbran escombros de viviendas. Pareciera que no hay nadie, que están en otro lugar, como si nadie hubiera vivido ahí.

    Frente a los patios de las casas destrozadas, los animales sobrevivientes continúan su rutina diaria, los cerdos se bañan en el lodo, los patos nadan, los chompipes pican y pican entre el aguacero, varios perros cuidan el frente de cada hogar, pero hay silencio, solo interrumpido por los pasos que desde lejos se escuchan venir.

    Los restos de una vivienda, en Quijá, después del paso de el alud

    Esos pasos pertenecen a Edwin Gualim y su acompañante, unos de los pocos pobladores que aún rondan la comunidad.

    «La lluvia empezó desde el sábado y siguió y siguió hasta ayer», cuenta. «Estaba viendo para la montaña cuando todo eso se derrumbó», y extiende la mano para señalar desde dónde bajó esa enorme masa que causó el desastre. «Eso pasó como a la 1 de la tarde, luego siguió lloviendo y rápido la gente reaccionó, tuvo que salir de aquí sin nada». Gualim dice que su familia está bien, hasta ayer por la tarde, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportaba que, a nivel nacional, la tormenta Eta provocó 16,278 personas damnificadas, 69,520 evacuados, 9,174 albergados, 105 desaparecidos y 31 fallecidos.

    Lluvias como las causadas por la tormenta Eta nunca pueden ser oportunas, pero lo son aún menos en Alta Verapaz, el departamento con mayor índice de pobreza extrema, 83.1% de sus pobladores viven en esta condición, según la Encuesta Nacional de Condciones de Vida (Encovi). El exceso de agua arruinó cosechas de maíz,las mismas que debía alimentar a las familias durante los próximos meses.

    «Rápido venimos a ver qué fue lo que paso con las casas que se quedaron bajo tierra», cuenta el acompañante, Mario Lem, «pero el derrumbe siguió, entonces mejor fuimos a sacar a nuestras familias, somos en total 15 y las cosas no importan… Allá arriba se juntan muchos nacimientos de agua y cuando llueve se vienen, pero nunca había pasado algo así. En donde estamos tenemos dónde dormir, pero no comida ni agua».

    Los cadáveres de una señora de 50 años, un niño de 9 y otro de 2, aproximadamente, no identificados todavía, yacen a la par de otros dos fallecidos en la iglesia católica de la aldea.

    Lo que narra Lem es en realidad más frecuente de lo que parece, aunqueigual de trágico. El 4 de enero de 2009 ocurrió un deslave similar en la aldea los Chorros, ubicada en la misma ruta que la aldea Quejá. Bajo el deslave quedaron sepultadas más de 30 jornaleros que viajaban en un camión, la Conred reportó al siguiente día que el acceso de maquinaria era imposible porque la tierra era inestable, por lo que la búsqueda de los cuerpos debió ser con palas. Tres semanas antes dos personas murieron, cinco quedaron heridas y dos desaparecieron también producto de un derrumbe en la zona.

    Hay factores históricos y sociales que empujan a las personas a habitar zonas vulnerables, ha explicado el experto en gestión de riesgos Ricardo Berganza. «Todos los seres humanos tenemos prioridades, si tenemos problemas para comer, para vestirnos, o si tenemos problemas porque los delincuentes controlan el territorio, la gente va a tener prioridad de supervivencia. Sus prioridades no van a ser salirse de esta casa que está en riesgo, eso puede tratarse después».

    Los rescatistas no siempre están preparados emocionalmente

    Llegar al lugar no es sencillo. Durante las primeras horas, imposible. Edin Oswaldo Lem, oficial secretario de la 86 compañía de bomberos y miembro de la brigada de rescate de la región norte, fue uno de los primeros intentar llegar a Quejá.

    El día que reportaron los primeros deslaves, 5 de noviembre, los rescatistas decidieron rodear la aldea Los Chorros que, al igual que en 2009, colapsó. El intento fue un fracaso, intentaron de nuevo a las 4 de la maña del viernes, otro grupo tampoco logró salir. El Ejército también quiso llegar pero de la misma forma careció de suerte. El bombero Lem narra estos intentos con la voz entrecortada y los ojos vidriosos. Los rescatistas lograron llegar al lugar hasta el día siguiente.

    Empiezan las tareas de rescate. Frente al derrumbe y las casas soterradas, una casa aún en pie sirve para alojar a más de cien rescatistas, entre ellos bomberas y bomberos, brigadistas, militares y policías de varios puntos del país. A un lado, un grupo de pobladores prepara comida para alimentarlos.

    Un zapato destaca en el medio del lodo después del paso del alud, entre los demás escombros.

    Más abajo trabaja el primer grupo que intenta encontrar algún cuerpo, pero lodo y rocas impiden que sus herramientas penetren los escombros. Había más de 75 personas desaparecidas, estimaba en ese momento el vocero de los Bomberos Municipales, «ha habido más deslizamientos dificultando aún más, y puede llevarnos hasta una semana encontrarlos».

    En otro punto de la zona cero un grupo distinto busca cuerpos. Entre ellos Edgar Chávez, mayor de Bomberos departamentales desde hace 28 años, narra que muchos de sus colegas a veces no están psicológicamente fuertes para esta tarea. «A la hora de encontrar un cadáver en condiciones como esta área se les prepara para ello… Me pereció impresionante ver a las señoras protegiendo a sus hijos y buscando cómo salir de este lugar».

    Deben pasar al menos 72 horas para confirmar si no hay ningún sobreviviente. Según los rescatistas, hasta el viernes aún escuchaban gritos de niños y señoras pidiendo ayuda.

    La única ruta fue el aire

    Es viernes 6 de noviembre, cerca de las 13:00 horas, un helicóptero aterriza a las afueras del centro de San Cristóbal, desciende el coronel retirado Maynor Mus Tujab, exviceministro de defensa y nombrado por las autoridades locales como coordinador del primer reconocimiento vía aérea del lugar, que hasta el domingo era la única ruta de acceso a la comunidad.

    Quien acompaña al coronel es la sargento técnico Berta Alemán, bombero rescatista del batallón humanitario de rescate del Ejército. Realizó el reconocimiento de la comunidad, que para el viernes reportaba 16 deslizamientos y desprendimientos. «Vi con mis propios ojos y sentí el dolor de la gente por haber perdido sus casas y todas sus propiedades, me partió el corazón», dijo aun con dificultades para respirar. Según su informe, el derrumbe se partió en dos e incomunicó a varias comunidades más. También consignó que el hambre ya empezaba a ser un problema.

    Los restos de una vivienda después del paso del alud, en la aldea Quijá

    El segundo vuelo llevó al alcalde de San Cristobal Verapaz, que descendió con más información. La brigada del Ejército ingresó por tierra desde Quiché ya había dado con algunos cadáveres. El primero era el de una señora de aproximadamente 50 años. Luego un niño y un bebé. Todos sin identificar. Fueron todos los cuerpos que encontraron.

    El día siguiente, Sábado 7, desde temprano empezaron a llegar vuelos con las primeras bolsas de ayuda humanitaria a Santa Elena, (comunidad vecina en la que encontraron refugio). La mayoría de víveres eran donados de los vecinos de San Cristóbal Verapaz y la municipalidad. Para entonces las casi 3,000 personas de distintas comunidades afectadas y albergadas en los distintos puntos,  llevaban más de día y medio sin comer, los salvó el poco alimento que la comunidad de Santa Elena pudo compartir a sus refugiados.

    Entre idas y venidas con alimentos, medicina y cuerpos de socorro, entre ellos la Brigada de Rescate Internacional Tlatelolco Azteca (TOPOS), descienden en el campo de futbol de San Cristobal, un helicóptero con Nidia Gonzales, una médico con las primeras personas rescatadas. Es una mujer embarazada que necesita llegar de urgencia al hospital del municipio, también un anciano al que se le ve desorientado. «Hay demasiado hacinamiento, la gente está en pésimas condiciones, las mujeres están lavando ropa con el agua del desagüe que pasa por la escuela. ¡Hay un lodazal! Había un aula con 30 pacientes niños y adultos, otra aula con 55, otra con 70 y 86 personas», detalla la doctora Nilda Gonzales.   

    Ese mismo día, pero en la zona cero, encontraron dos cuerpos más, una menor de doce años y un menor de diez, aproximadamente. Al rededor de las 15:00 horas suena el silbato que reunirá a los encargados de cada institución socorrista para actualizar información.

    Para las 17:00 horas el clima empezaba a empeorar de nuevo, llovía y un ambiente tenso se respiraba en el lugar.

    Los rescatistas empezaron a designar espacios para pernoctar en el suelo, eligieron una casa que seguía en pie, resistía frente a un derrumbe. Ofrecieron a la periodista de Plaza Pública un espacio en la vivienda, pero un grupo de cinco personas prefirió abandonar el lugar a pie, ella los acompañó.

    Para salir debían caminar por una hora hacia la comunidad Santa Elena, la única vía de salida era bajando desde la aldea Quejá, debían seguir y luego atravesar un río que aún arrastraba láminas, ropa y escombros. Quien los guiaba era un comunitario de Quejá, que pese a perder a uno de sus seres queridos en la tragedia, aun sonreía.

    Una paloma rescatada por un soldado

    El camino entre las enormes montañas era fangoso. Una hora después, cuando llegaron a Santa Elena, llegó una noticia: ocurrió otro deslave, muy cerca de donde los rescatistas estaban planificando pernoctar.

    Según Edgar Diéguez del cuerpo de Brigatec, los socorristas escucharon retumbos, partieron el grupo en cuatro y huyeron del lugar para refugiarse en la zona alta de las montañas, tal como lo establecía el plan de emergencia. Todos los rescatistas están a salvo, comfirmó Diéguez. Por suerte, el tercer deslave descendió hacia el sur, sin tocar el área de trabajo.

    La lluvia provocó de nuevo impotencia en los pobladores. Mientras, el resto del departamento como Cobán, Carchá, Tactic, San Juan Chamelco, Lanquín, Santa Cruz, entre otros, colapsaban bajo grandes inundaciones nunca vistas.

    El COVID19 ya no es prioridad

    Es de noche en Santa Elena y llueve, los niños se divierten fuera quemando cohetillos. Una iglesia alberga varias familias, no cuentan con camas ni frazadas, hay niños por todas partes, algunos lloran.

    En la aldea Santa Elena, comunitarios se concentran frente a la sede de la escuela comunal, bajo la mirada de los soldados, llegados a ofrecer apoyo.

    «Yo soy de Quejá», cuenta un refugiado. «Salimos todos con la familia, sin ropa sin nada, los niños sin comida, unos 80 venimos de allá. ¿Qué vamos a hacer para alimentar a los niños?», se pregunta. «¿Dónde vamos a cocinar? Aunque sea para los niños. Solo unos cuantos han logrado comer.»

    El sobreviviente cuenta que a los niños les dio paludismo «por el susto», también diarrea. «Las personas están enfermando, nos venimos bajo la lluvia. Necesitamos algo de comida y ayuda para los que perdieron a sus familiares».

    Sebastián Cal, primero en transmitir por Facebook lo sucedido, comparte que las familias están distribuidas en varios puntos. «Entiendo que por lo difícil del acceso no ha llegado la ayuda, pero necesitamos ropa, alimento, colchonetas, hay niños que se quedaron en orfandad. Ahora nuestro plan es trasladar a algunas familias hacia Chixoy, porque aquí ahora no hay agua potable y desde hace 4 días estamos sin luz eléctrica».

    La escuela de Santa Elena habilitada a refugio para varias familias que quedaron sin techo

    Al luto se suma la falta de alimento, ropa y medicinas. ¿COVID19? El virus pasa a segundo plano. La mayoría de personas no tienen mascarillas, Cal añade que a Quejá nunca llegó el virus, pues tuvieron siempre los cuidados y protocolos, ahora están junto a otras comunidades y teme que el virus se pueda propagar.

    Si bien la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID19 (Coprecovid) emitió un guías de protocolos para los albergues, expertos consideran que no es posible cumplirlos pues ni siquiera los albergues estaban preparados para los efectos de la tormenta Eta. Por su parte, el Ministerio de Salud anunció que hará pruebas de coronavirus solamente a las personas sospechosas de estar contagiadas.

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    Mujeres lavan la ropa en el agua turbia del desagüe que pasa al lado de la escuela, en Santa Elena

    Las comunidades que hoy cohabitan son Quejá, Chepenal, Finca Primavera, Santa Rosa y Sequixim.

    La mayor interrogante para los comunitarios en este momento es qué van a hacer ahora que no podrán regresar a su comunidad, saben que pasarán meses en restablecerse, con la opción de que, por acuerdo de ley, el lugar sea declarado camposanto.

  • El artista a quien un coronel le dijo “el indio no debe tener talento”

    El artista a quien un coronel le dijo “el indio no debe tener talento”

    Oswaldo Lem Pérez no sabe de viajar lejos como sus obras exhibidas en Estados Unidos, España, Francia y recientemente en Brasil. Su historia, la del muralista y pintor maya poqomchí, describe el conflicto entre el arte y los espacios disciplinarios, y de cómo dentro de las filas del ejército enfrentó al coronel que figura en el caso de desaparición de Efraín Bámaca, mejor conocido como “Comandante Everardo”.

    El nuevo coronel se dirigió al regimiento el mismo día que Oswaldo regresó de vacaciones en abril de 2003. Por entonces, sargento mayor especialista en la zona militar número 21 de Cobán, hoy Creompaz, en Alta Verapaz.

    Durante la formación, el militar -zacapaneco- preguntó:

    –¿Quién es el artista de las obras que están en la bodega? ­Que dé un paso al frente –y Oswaldo obedeció.

    –¡Un enano!, ¡un indio!, ¡un tacuacín!, no puede ser artista –Oswaldo se contuvo.

    –¡El indio no debe tener talento! ¡El coronel soy yo! ¡Nadie más aquí puede ser famoso! –Y giró su primera orden:

    –Desocupen la bodega (repleta de pinturas de Oswaldo) y quemen todo –algunos soldados las querían para decorar sus casas, pero el coronel se negó.

    –¡Lo que no alcancen a quemar se va a la basura!

    El militar zacapaneco era Mario Ernesto Sosa Orellana. Sobre él pesa una denuncia del “Caso Bámaca” por la desaparición forzada, tortura y muerte de Efraín Ciriaco Bámaca Velásquez o “Comandante Everardo”, militante de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) durante el conflicto armado. Por este caso también se llegó a vincular al expresidente y general Otto Pérez Molina.

    Hace 16 años de la escena que todavía perturba al artista.

    Los ojos de Oswaldo se nublan y enrojecen. Un minúsculo brillo se asoma entre sus párpados. Sus dedos con restos de pintura blanca tientan inquietos el lápiz con que dibuja al compás de esta historia, compartida al final de una clase a los niños de Casa Hun Bat´z.

    La escuela también es galería de arte donde exhibe sus obras y academia comunitaria de dibujo y pintura en San Cristóbal, Alta Verapaz, él la dirige desde hace dos años. Sus alumnos son niños y niñas de cinco a 14 años. Lo describen:

    – ¡Ojos color café! ¡Piel oscura! ¡Muy paciente! ¡Usa lentes! ¡Es alegre! ¡Cariñoso y amable!

    –Me van a chivear –dice el artista.

    Oswaldo dibuja, pinta, escribe, canta, danza, hace teatro y resguarda antigüedades que le donan. Es un estudioso de la historia de su pueblo.

    Al menos seis de sus piezas se exhiben fuera del país y otras cinco son portadas de libros como “Tras las huellas del puma” y “Rojizo amanecer”, resultado de investigaciones junto al antropólogo y etnohistoriador Ruud van Akkeren, acerca del origen e historia del pueblo Poqomchí, del cual desciende.

    Como al coronel zacapaneco, sus manifestaciones artísticas disgustaron a más de uno por la crudeza y fineza con que plasma sobre sus lienzos la identidad, cosmovisión e historia de un pueblo que sufrió los vejámenes del conflicto armado interno. Al caminar por San Cristóbal, Alta Verapaz, se aprecian algunos de sus murales, “Juventud Coartada” es de los más controversiales. Lo llamaron “blasfemo” por representar a Dios cubriéndose los ojos ante las atrocidades que cometió el ejército contra el pueblo.

    A los 17 años lo obligaron a integrar las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Era eso o terminar junto a otros jóvenes en alguna fosa en la zona militar. «Tenemos familiares que sufrieron mucho en ese tiempo por las masacres», recordó Cristina, su hermana menor.

    «…siempre quise conocer las interioridades del ejército, la disciplina y el “lavado de cerebro” para llegar a ser muy obedientes.»

    Oswaldo Lem Pérez, de 54 años, el séptimo de 13 hijos de una pareja de comerciantes y artesanos del maguey, toma un tiempo esa tarde lluviosa para conversar acerca de los días que espera no vuelvan.

    El contenido de sus murales aborda la memoria histórica y el conflicto armado interno, ¿cómo lo toman los vecinos de San Cristóbal?

    Complicado. La población critica porque piensa que debemos olvidar, pero la historia la debemos conocer. Me sucedieron algunos incidentes en la elaboración de los murales.

    Con “Juventud Coartada” represento a un pueblo torturado por un soldado que en su vestimenta tiene el nombre de la zona militar número 21, ahora Creompaz. El soldado personifica al monstruo que fue el ejército en ese tiempo. Durante su elaboración me amenazaron dos señores, dijeron que ojalá lo hubiera hecho en los años ochenta porque ya no tendría los sesos en el cráneo. Eso fue grabado y denunciado por un medio alternativo. A mí no me intimidaron porque es parte de nuestra historia y fui parte de ella.

    ¿Cuándo empezó a tocar esos temas desde el arte?

    Desde niño tuve esa conciencia, vi la desigualdad en la escuela. Mi condición de pobreza extrema era evidente, mi primer par de zapatos los tuve a los 16 años, eso me despertó. Empecé a involucrarme con grupos en la iglesia católica. De adolescente, junto a otros jóvenes aprendí sobre las condiciones sociales de países muy pobres como África, Asia e India. Eso me impactó. También conformé un grupo musical, “Los hombres de maíz”, una estudiantina estilo andino donde cantábamos de Los Guaraguao “Las casas de cartón” y “tío Juan”.

    Así hasta trabajar en la fábrica de calzado Cobán a los 19 años. Ahí me di cuenta de la explotación. La necesidad de trabajar de la gente y solo esa única fuente de empleo seguro en el pueblo, y sigue siendo así.

    –A esa edad leyó El Anticristo de Friedrich Nietzsche y El Capital de Karl Marx, libros brindados por sus amigos y que influenciaron su pensamiento. Oswaldo escribió un boletín sobre los sueldos bajos de la fábrica, y otras denuncias. A los 24 años lo ascendieron de puesto por sus habilidades contables. Cinco años después lo despidieron por instigar a la gente a pensar y prepararse teóricamente para organizar un sindicato de trabajadores. Jamás dejó de alzar la voz.–

    «Me dijeron, “¡hasta aquí te aguantamos!”, me dieron cinco minutos para despedirme de mis compañeros y me sacaron escoltado del guardia». Su familia temió por su seguridad pues hablar de ello era prohibido y peligroso.

    Al ejército, ¿cómo llegó?

    En 1990, después del despido me ofrecieron la oportunidad de ingresar a la fábrica de municiones del Ejército en Cobán. Eran tiempos de guerra, pensé en mi seguridad.

    Solicitaban a alguien con educación media y que practicara un deporte, yo era perito contador y al igual que hoy, practicaba el fútbol. Me costó mucho adaptarme a ese lugar y aunque mis ideales eran otros, mi necesidad económica era urgente. Además, siempre quise conocer las interioridades del ejército, la disciplina y el “lavado de cerebro” para llegar a ser muy obedientes. La curiosidad de cómo funciona ese gran aparato que hasta hoy es poderoso.

    ¿Tiene lugar el arte dentro del ejército? O mejor dicho, ¿cómo logró manifestar sus habilidades artísticas en ese espacio de disciplina?

    En ese entonces la zona militar número 21 era un secreto de Estado, muy reservados con la información que manejaban. No había libertad para expresarse, era la regla.

    Resistí por mucho tiempo la necesidad de expresarme artísticamente. Padecí mucha ansiedad hasta que años después en las celebraciones se realizaban concursos de canto, teatro y deportes. Me involucré en las artes, desde el teatro hice un guión. Esa fue la primera vez que se dieron cuenta de mi inclinación artística y me felicitaron.

    Hubo un concurso de salutación en un certamen de belleza en la institución y gané el primer lugar. En San Cristóbal siempre ganaba los primeros lugares. Para el décimo aniversario (de la zona militar) se ordenó un concurso de dibujo para el logotipo de las invitaciones, gané el primer lugar. Se dieron cuenta que también le hacía al dibujo y a la pintura.

    Entonces, sí valoraron esas iniciativas…  

    Sí. ¡Ahí empezó el principio de mi fin!

    –Al notar sus habilidades lo trasladaron a un taller técnico en donde fabricaba herramientas para la elaboración de repuestos de maquinaria con diseños artísticos. Se sorprendían de su trabajo, los altos mandos empezaron a tomarle aprecio. Lo observaban como a un ser extraordinario y diferente dentro de aquel grupo de sujetos uniformados. «Un podio falso, así lo veo ahora».–

    Obtuve reconocimientos y muchos aplausos por mis creaciones, por esas habilidades en solo dos años me ascendieron al grado más alto al que puede aspirar un especialista (sargento mayor), eso empezó a molestar a muchos de mis compañeros que llevaban 10 años en el mismo puesto. Desde ahí empezaron a verme con malos ojos.

    Llegó un coronel de apellido Salazar que admiraba mucho mi trabajo y me pedía cuadros de paisajes que además me pagaba. Ordenó que quien quisiera alguna de mis obras tenía que pagar por ella.

    En 2000 llegó otro coronel de apellido Vega Alemán, que me apoyó mucho.  Era amante de los concursos de belleza y un día pidió una escenografía que impresionara a la sociedad de Cobán. Los dibujantes no tenían idea de cómo hacerlo por lo que me ofrecí de un día a otro. Parecía imposible, pero entre todos lo logramos, fue impresionante, realicé grandes pinturas movibles y llegaron a opinar que la escenografía era más bella que las concursantes (sonríe).

    Empezaron a llover invitaciones y recorrimos municipios. Decían que el trabajo era sorprendente. Así fui teniendo más y más privilegios, comía y compartía en la mesa de los oficiales a pesar de ser un grupo muy cerrado. La molestia entre mis compañeros aumentó.

    ¿Se cuestionó sobre esos privilegios que alguna vez criticó?

    Sí, fue confuso. Sentía que traicionaba mis ideales, pero nunca quise sentirme superior a nadie, siempre compartí con ambos grupos. Mis amigos empezaron a cuestionar mi pasado. Cometí el error de contar en reuniones de grupo mis ideas sobre la injusticia, cosa que nadie ahí sabía. Les compartí mi forma de pensar, algo que después utilizarían en mi contra. Me veían como un traidor. “¿Qué corona tenés?” me preguntaban, pues llegué a compartir mucho con los altos mandos.

    «..Me sentía diferente, ya no estaba disfrazado, eso era para mí el uniforme militar.»

    En 2001 apareció un documento (en el Ejército) en donde se exigía garantizar 11 puntos entre los que incluía un mejor trato personal, bienestar, sueldo puntual, transporte y uniformes para los elementos del ejército. Muchos fueron fuertemente castigados y rescatados un 24 de diciembre por personal de Naciones Unidas. Llegué a protestar por esa injusticia y empezaron a ver que alzaba la voz.

    Cuénteme del día que el coronel ordenó quemar sus pinturas.

    Ese fue un día muy intenso y grave. No quise botar ni una sola lágrima, me refugié y fui a respirar a donde nadie me viera. Me sentí impotente, pues tocó mi rebeldía escondida. 

    El coronel (Mario Ernesto) Sosa Orellana siguió pidiéndome favores pues las invitaciones llegaban, pero como él mismo anunció que yo no debía tener ninguna fama, me negué por el mal trato que me dio. Dejé de expresarme. 

    Las pinturas eran parte de mí, sentí mucho dolor. Las hice con mucha dedicación.

    Luego siguieron los ataques, yo ya no estaba tranquilo, me hostigaban y vigilaban todos mis movimientos. Investigaron que en la fábrica anteriormente había sido despedido por protestar y ver por el bienestar del personal, me acusaron directamente del boletín encontrado tiempo atrás en la zona militar, cosa que esta vez no había hecho.  

    Comenzó el gobierno de Oscar Berger y se mandó a reducir el ejército. El coronel Sosa Orellana aprovechó para sacarme. Me investigó y sus conclusiones fueron que yo era un comunista infiltrado, un revolucionario. No escribí ese boletín, solo mostré mi talento sin dañar a los demás.

    Al final me obligaron a renunciar por ser una persona no muy grata. El coronel me dijo bajo amenaza que si no firmaba la renuncia iba a eliminar a mi familia y después a mí, porque no quería a nadie alzando la voz y cambiando la mentalidad a los elementos. 

    En un momento me dijo “¡arrodillate!”, “pedime perdón y así no te vas”.

    Al escucharlo pasó por mi mente la frase del Ché Guevara, la de no morir arrodillados, entonces tuve el valor de decirle a la cara que prefería irme que arrodillarme ante alguien que por tener un alto grado se siente superior a los demás. Ni con Dios lo hice, menos ante él.

    Al enterarse de mi partida todos hicieron una valla para despedirme. Yo no pasé porque todo era una farsa. Caí en depresión por un tiempo, pero a la vez, al salir sentí una gran felicidad. Me sentí libre.

    –El coronel Mario Ernesto Sosa Orellana fue integrante de la G-2, tenía denuncias por tratos similares en otros destacamentos militares. Según un reporte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo describe como un oficial de Inteligencia, y figura en el caso de desaparición forzada de Efraín Bámaca Velásquez, “Comandante Everardo”, dirigente campesino indígena durante la época del conflicto armado. En 2019 durante el período de elecciones generales, el militar retirado se postuló por el partido de la Unión del Cambio Nacional (UCN) en la segunda casilla al listado de diputados distritales por Zacapa. No ganó.–

    Sanó, volvió a pintar, ¿cómo se reconcilió?

    En 2004 la Secretaría de la Paz convocó a un concurso de pintura por el octavo aniversario de la Paz. Para liberar tensión de lo sucedido participé con la obra “Protagonistas de la Paz”. No fue seleccionada, pero fui invitado de honor en la exposición del Palacio Nacional de la Cultura. Fue una gran experiencia compartir con personajes de la política y el arte. Me sentía diferente, ya no estaba disfrazado, eso era para mí el uniforme militar.

    El cuadro del mural lo compraron y se lo llevaron a Nuevo México (Estados Unidos), también fue portada del libro “¿Qué fue lo que pasó?” sobre lo ocurrido en el conflicto armado en San Cristóbal Verapaz.

    En 2005 en esas presentaciones, me encontré con un oficial del ejército que me apoyaría para denunciar a Sosa Orellana por el agravio. La interpuse (la denuncia) ante la Procuraduría de los Derechos Humanos pero nunca hicieron nada, curiosamente el expediente se extravió. El caso llegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, pero solo dieron un mes para agotar recursos internos, algo imposible dentro de la justicia de Guatemala por tratarse de un oficial de alto rango. Fui a tantas instituciones, pero nadie me apoyó, ni mis compañeros, supongo que por miedo.

    En 2007 fui parte del grupo de artistas indígenas para la dignificación de las artes. En 2009 presentamos un documento de políticas públicas para el desarrollo y dignidad de las artes indígenas, recorrimos el país y galerías, cumpliéndose así varios de mis sueños de infancia.

    Desde ahí el arte me ha ayudado, es una medicina. Gracias a este grupo cambió el rumbo de mi vida. No debe quedar en el olvido todo lo que nos pasó. Hay que plasmarlo por medio del arte, en las paredes, en los libros, porque los gritos aún se escuchan, algunos lo ignoran, otros quieren olvidarlo, pero lo tienen en el corazón. Tengo la habilidad de expresarme y seguiré haciéndolo.

    –«A él le gusta expresar las injusticias del pueblo y plasmar en las paredes lo que siente. Nosotros lo apoyamos», cuenta Cristina, su hermana.–

    Una abogada me hizo comprender que puedo salir adelante con el talento que me fue dado, aunque yo nunca haya salido del país, mis pinturas ya llegaron lejos y eso es una gran satisfacción para mí, mi pueblo y mi familia. Todo eso me ha dado el arte.    

    –La lluvia se aligera y la conversación termina. Oswaldo cierra las ventanas de Casa Hun Bat´z y apaga las luces. Al caer la noche termina sus tareas de pintura pendientes, y de nuevo se reúne con la familia para contarse su jornada.–

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  • Pambach, un paraíso en la miseria

    Pambach, un paraíso en la miseria

    Pambach es una comunidad pocomchí, ubicada en la montañosa zona de Alta Verapaz, que esconde una terrorífica historia: la del día en que los hombres del pueblo fueron detenidos y asesinados. El hecho ocurrió hace 35 años, pero población sigue esperando respuestas y explicaciones: ¿por qué los atacaron? ¿Algún día se sabrá quiénes fueron los responsables?

    Juana Calach trató de mantener cerrada la puerta de madera de su casa. La madrugada del 2 de junio de 1982, escuchó unos pasos que rodeaban su vivienda y presintió que le iban a tumbar la puerta. Entonces, sin pensar mucho, como suele suceder en las emergencias, se puso de pie y trató de echar toda su fuerza contra la puerta. La defendió todo lo que pudo, pero no fue suficiente y de un golpe fuerte se la derribaron. Un comando de soldados del Ejército ingresó y se llevó lo más preciado: a su hijo Miguel.

    En su intento por defenderlo se fracturó una mano. No hubo médico que la enyesara, ni medicina que aliviara su dolor. Desde entonces, esa mano que nunca sanó, es un recordatorio constante del día en que su hijo y otros 71 hombres fueron llevados por la fuerza hacia la muerte. Les dijeron que los enlistarían en el Ejército, pero fue un engaño. Juana Calach encontró a su hijo muchos años después, entre las osamentas enterradas en la antigua sede militar de Cobán, Alta Verapaz, hoy conocida como el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Misiones de Paz, (Creompaz).

    Tiene 79 años y es una de las ancianas que emitió su testimonio como anticipo de prueba en el caso conocido como Creompaz. En la antigua sede militar, fueron encontradas, enterradas en fosas clandestinas, poco más de 500 osamentas de víctimas del conflicto armado interno. En su idioma pocomchí y gracias a la traducción que hace su hijo Roberto, Juana Calach acepta a charlar unos minutos sobre su vida.

    Eduardo Say

    Es una mujer dada a los abrazos y las sonrisas. Anda descalza y sus pies llevan las marcas del lodo sobre el que siempre camina.

    Mientras dos de sus hijos y dos pequeños nietos escuchan, Juana cuenta que Pambach, una aldea de Santa Cruz Verapaz, ha sido la tierra de sus ancestros. Ahí nacieron sus abuelos, sus padres, ella, sus hijos y ahora, sus nietos. Cinco generaciones en esa espléndida zona montañosa. Esa raíz profunda que echó su familia, la detuvo de huir luego de la incursión militar del 1982.

    De haberse ido, habrían perdido la única tierra que tenían para sembrar y vivir. En aquella fecha, los terrenos eran propiedad privada. Con el paso del tiempo el propietario le otorgó dos manzanas a cada habitante.

    En el pueblo hay varias viviendas con acceso a energía eléctrica. Los que están a la orilla del camino tienen el privilegio de tener televisión por cable. Otros, como doña Juana, viven con un foco de luz. Pero ninguno paga un recibo de energía. Hace unos años, ante los cobros excesivos, según afirman, decidieron unirse a la lucha del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) para la nacionalización de la energía eléctrica. Y, mientras esa sea la consigna, tienen servicio, pero no lo pagan.

    Creompaz, el secreto militar y un caso que no avanza

    Todas las casas están rodeadas de animales de patio, vacas y siembras. Maíz, tomate, maicillo, coliflor, entre otras verduras y hortalizas. La producción, en algunas familias, alcanza para cubrir la subsistencia y la venta. Doña Juana depende de sus hijos para tener unos sacos de maíz al año para su subsistencia. Vive sola y se sostiene, adicionalmente, con los Q400 del aporte al adulto mayor que ofrece el Estado. Roberto ayudó a varios ancianos, como su madre, a que completaran la documentación legal para exigir el beneficio económico.

    El maíz y ese dinero son los únicos ingresos que tiene doña Juana. Su casa es un pequeño refugio de tabla, con piso de tierra y una cama de madera en la que tiende cada noche un petate para dormir. La dureza de su lecho es la analogía perfecta para explicar cómo ha sido su vida.

    Como la mayoría de viviendas, la suya posee dos tinacos de agua que recibieron como donación de un proyecto internacional, en los que se recolecta el agua de lluvia y del sereno nocturno. Esa es la única fuente de agua limpia a la que tienen acceso. En época de sequía todos deben recorrer largas distancias para conseguir un poco de agua en cualquiera de los 10 nacimientos que hay en la montaña.

    Nancy Ical, una joven enfermera que se encarga de la jefatura del Centro de Salud de la comunidad, asegura que el agua es una de las causas principales por las que se enferma la población. Infecciones respiratorias, gastrointestinales y pulmonías, son los tres males que se tratan en el lugar. El Ministerio de Salud elevó de categoría este año a ese Centro de Salud, para que se ocupara de atender las necesidades de ocho aldeas vecinas con una población de 4, 512 personas, aunque mantiene las mismas instalaciones de un centro de convergencia. 

    En 2008, doña Juana recibió un resarcimiento económico de Q24 mil del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), como muchos otros en el pueblo. Ella resolvió que el dinero sería la única herencia que podría repartir entre los hijos y así se le desvaneció el dinero. Dejó un poco para unos gastos personales, como ropa, y se acabó.

    El dinero ni siquiera pudo alcanzar para atender enfermedades propias de la edad. Ni para resolver problemas viejos, como la fractura no atendida en la mano izquierda.

    En 2012, cuatro años después de recibir la compensación estatal, se confirmó el hallazgo de las 564 osamentas en la antigua base militar de Cobán, ahora Creompaz. En aquel momento empezó el trabajo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) para sacar los cuerpos y encontrar a sus deudos. 

    A doña Juana le entregaron los restos de su hijo en 2013. Ya lo enterró, al menos físicamente.

    ***

    Pambach es la imagen perfecta para una postal turística. Aunque, por supuesto, este no es un destino promovido por el INGUAT. La aldea está ubicada en una quebrada, tupida de altos pinos y diversa vegetación. De noviembre a enero, el clima es lluvioso. Y debido a que no hay carretera asfaltada, el ascenso de poco más de cinco kilómetros, se vuelve lodoso y complicado. Sin embargo, la vista es un privilegio, casi toda la ruta es un mirador.

    En la comunidad viven 1,281 personas de la etnia pocomchí, distribuidas en alrededor de 200 familias. El frío y la lluvia de la temporada hacen que la mayoría de los habitantes permanezcan en su casa temprano en la tarde y hasta después del amanecer. Casi todas las casas son de tabla, lámina y piso de tierra.

    Roberto Jalal Calach, es hijo de doña Juana y se ha convertido en un importante líder en su comunidad. Tiene 47 años, apenas había cumplido los 12 años cuando se llevaron a su hermano Miguel y a los otros hombres jóvenes y adultos.

    Roberto es ahora padre de familia, agricultor y, por temporadas, empleado de una empresa de seguridad. Ha sido líder comunitario y concejal (por el extinto FRG de 2008 a 2012).

    Eduardo Say

    Es una persona activa y propositiva. Aunque ya no tiene un cargo en el pueblo, se encarga de coordinar ayuda para satisfacer varias necesidades. Tramitó la instalación de una torre de telefonía, porque estaban incomunicados. Promovió la pavimentación de algunas laderas empinadas que funcionan como pasos comunitarios y la construcción de tanques de captación en los 10 afluentes naturales del poblado.

    Fue él también quien convenció a casi todo el pueblo para que entregaran sus muestras de ADN a la FAFG. Gracias a eso, se han identificado 44 osamentas de hombres del pueblo.

    Al principio, la intención de Roberto y el resto de la población de Pambach, no era llevar el caso a los tribunales. Sino saber qué le había ocurrido a sus parientes. “No es que queramos la justicia, sino encontrar y saber que ya están muertos y ya no esperar más. Porque si no los encontramos de repente van a aparecer (vivos)”.

    Un día antes de que se llevaran a los hombres de Pambach, el Ejército había irrumpido para quemar viviendas y detener a algunos pobladores. La mayoría de la población ni se metió y hasta sintió alivio de que los soldados hubieran hecho sus desmanes y se hubieran retirado.

    Los sobrevivientes recuerdan que los militares los sacaron a la fuerza de sus casas para reunirlos en una explanada. No hubo tiempo de vestirse ni de preguntar por qué irrumpían de ese modo violento en su privacidad.

    Por eso el 2 de junio nadie los esperaba.

    Los sobrevivientes recuerdan que los militares los sacaron a la fuerza de sus casas para reunirlos en una explanada. No hubo tiempo de vestirse ni de preguntar por qué irrumpían de ese modo violento en su privacidad. Los reunieron a todos, separaron a los hombres jóvenes y adultos de las mujeres y después de interrogar a varias personas, amarraron a los hombres y se los llevaron.

    El abuelo de Roberto Jalal recibió la instrucción de traducir del español al pocomchí unas palabras de consuelo para las madres, esposas y hermanas que se quedaron solo con sus hijos pequeños: “No tengan pena, se van a ir a prestar servicio militar y siempre les van a mandar su telegrama”.

    El telegrama nunca llegó. A Miguel y a 43 hombres más los identificaron tres décadas después en la fosa identificada con el número 17 en Creompaz, en donde solo había restos masculinos. Los hombres de Pambach.

    Eduardo Say

    ***

    Después del hallazgo, el Ministerio Público (MP) les explicó que esas muertes no podían quedar impunes. La Unidad Especial de Delitos del Conflicto Armado Interno, de la Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo del caso, unificó esa masacre a otras más en un expediente judicial. Entre esas se encuentra la de la comunidad Río Negro, en San Cristóbal Verapaz. Elena Sut, a cargo de esa unidad, explica que la imputación que se presentó en enero de 2016, vinculó a 23 mandos del Ejército que estuvieron en servicio de 1981 a 1986. De estos fueron detenidos 14.

    Adicional al juicio por genocidio al pueblo Ixil, en el que están acusados los generales retirados Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, este es el segundo caso en la historia nacional, en donde los acusados son los que ocuparon los puestos más altos en la escala jerárquica castrense. Entre ellos figura Benedicto Lucas García, oriundo de Alta Verapaz, quien se desempeñó como Jefe del Estado Mayor del Ejército en 1982.

    No obstante que el caso se inició con altas expectativas de juzgar el pasado y a quiénes daban las órdenes, el proceso ha sufrido varios reveses. Solo ocho acusados fueron enviados a juicio y todavía quedan nueve prófugos.

    El MP ha presentado varios recursos legales porque, según Set, la jueza Claudette Domínguez dejó “en el limbo jurídico” a varias víctimas. De las 564 osamentas encontradas en Creompaz, 143 han sido identificadas a través de ADN, lo que significa que ya se sabe cuál era su nombre, apellido y parte de su historia. Y la cifra va en aumento. Sin embargo, la juzgadora solo aceptó imputar a los acusados por 29 de esas personas. La mayoría de los que fueron admitidos pertenecen a la comunidad Pambach.

    Dejar fuera del proceso a las víctimas identificadas, no pronunciarse por cada una de ellas y no aceptar los cargos por abusos sexuales contra las mujeres, dice Set, genera “un sentimiento de no acceso a la justicia y de que el caso por su pariente no va (a juicio)”.

    Según los fiscales, los sobrevivientes están decididos a declarar. En lista tienen a no menos de 300 personas dispuestas a viajar desde sus comunidades, no solo de Pambach sino desde la Franja Transversal del Norte, para contar lo que vivieron. Por lo menos dos amparos han sido presentados ante la Corte de Constitucionalidad, quien tendrá la última palabra para resolver las peticiones del MP.

    ***

    Eduardo Say

    En la casa de Isabel Chub todo está rodeado de una oscuridad grotesca. Es abuela, tiene 71 años. Su cabello es canoso, es de pequeña estatura, delgada, pómulos sobresalientes. Es morena y tiene la mirada acuosa. Vive junto a un hijo y su esposo, que está enfermo.

    Solo habla pocomchí. En su casa, de dos cuartos, vive con los pollos amarrados a la cama, para evitar que se le escapen. Uno de los gallos canta incansablemente, para anunciar que llegó el medio día.

    Isabel perdió a su hijo, Santiago Ja Mo. El muchacho de 25 años no lleva los apellidos de sus padres, porque lo inscribieron sus abuelos. Era militar, usó el traje verde olivo y patrullaba. Su sede estaba en Jutiapa.

    El día de la detención masiva de hombres, estaba en su casa con un permiso de descanso. Como no hubo tiempo de dar explicaciones y no pudo presentar un documento con la licencia, fue capturado por otros soldados, iguales a él.

    Sus restos también aparecieron en la fosa de Creompaz. Los brazos en posición de estar atados, hacia atrás y un trapo cerca de donde una vez estuvo su boca. Quienes los mataron no quisieron escuchar suplicas ni gritos de auxilio, así que los silenciaron con lo que encontraron y luego les cortaron el cuello con un arma punzocortante. No hubo disparos, todos fueron degollados.

    Aunque Isabel también enterró los restos de su hijo, y merece la reparación que otorga el PNR, no ha podido recibir ningún beneficio. Está científicamente comprobado que ella es la madre de Santiago, pero el hecho de que no lleve los apellidos de ella y su esposo, obstaculiza el resarcimiento del Estado.

     De haber recibido el dinero, Isabel Chub lo habría invertido en (señala el techo) reparar su casa, por donde se filtra el aire frio todos los días y por donde se le cuela el agua, cada vez que llueve. Y en estos meses, llueve recio y casi todos los días.

    La única esperanza de solucionar ese problema es recibir el resarcimiento. Pero El PNR atraviesa temporadas difíciles, desde hace varios años. Les han reducido las asignaciones para atender a las víctimas, muchas de ellas ancianas, como Isabel.  

    Eduardo Say

     “Así como a nosotros nos hicieron esa maldad, así que respondan ellos (los acusados) también”, afirma, cuando se le pregunta qué espera del juicio que se lleva en la capital.

    Mientras esperan a que se resuelvan el juicio o los trámites de resarcimiento, a las mujeres de Pambach les toca luchar. Isabel cuenta que a veces siembran una cuerda de frijol, maíz y cilantro, para vender. Esos ingresos los ajustan con los Q400 que ella y su esposo reciben del gobierno cada mes.

    Como es la única mujer de la casa, es la encargada de proveer la alimentación. Todos los días camina 20 minutos diarios por empinadas colinas para ir al molino de nixtamal. Esa rutina es obligatoria para proveer de tortillas calientes a su familia.

    ***

    En todas las familias de Pambach hay historias de los hombres desaparecidos. Abelardo Mash Caal tenía 20 años en 1982, pero se salvó de que se lo llevaran porque era “pequeño, como desnutrido”.

    Mash es delgado y sonriente. Trabaja en la construcción de un pequeño edificio que patrocinó una organización externa, para que lo usen los jóvenes de secundaria. A pocos pasos de esa edificación, se encuentra la Escuela Oficial de Pambach, un edificio de un nivel que ya es insuficiente para atender a los más de 200 niños en edad escolar.

    A un costado de la escuela, se construye desde hace cuatro años la ampliación de la primaria. Un edificio de dos niveles que financió el Consejo de Desarrollo.

    Toda esa área en donde de enero a octubre se pasean los niños, fue el lugar en donde el Ejército concentró a todo el pueblo, aquel 2 de junio. Roberto Jalal ha pensado que por ahí debería ubicarse un monumento con los nombres de las víctimas.

    Si el juicio prospera y llega a sentencia, Roberto cree que la comunidad debería exigirle al Estado una reparación digna.

    Eduardo Say

    En su imaginación ha dibujado cinco grandes proyectos que se deberían realizar: el abastecimiento de agua entubada para cada vivienda (unas 200 aproximadamente). El asfalto de ocho kilómetros del periférico de Pambach, así le llaman a todo el recorrido que se hace desde el punto de ingreso hasta las circunvalaciones en un camino principal dentro de la aldea; la edificación de un centro comunal, la construcción de un instituto básico y la colocación de gramilla y graderíos en el campo de fútbol.

    Ahora que el proceso lleva meses detenido, el desconsuelo se le nota en el rostro y en sus palabras. “Vamos a esperar, si llega a juicio está bien y si no, pues qué se va a hacer”.

    “La carretera es lo más importante. Eso lo debemos pedir al gobierno, no es con el alcalde porque el municipio es pequeño. Yo les he dicho a las señoras que el plan es demandar al Estado para que nos pavimenten todo”, concluye.

    Alfredo, el encargado de finanzas del Consejo Comunitario de Desarrollo de Pambach, confirma que ese es el deseo de toda la comunidad. “Se llevaron a mi papá. Nuestras mamás tuvieron que buscar chance para darnos una tortilla y por eso esperamos que ahora nos apoyen, porque ahora la carretera se está reduciendo un poco”, asegura.

    Solo la población de Pambach está consciente de su problema. La expectativa de lo que pasa en los tribunales de la capital, los mantiene alertas.

    Antes de hablar de Miguel, su hijo secuestrado, doña Juana respira hondo. “Saber cómo fuera ahora si estuviera vivo. Tal vez me apoyaría. A veces me estoy solita. O los nietos, tal vez vendrían a traerme algo. A veces ya no pienso en él y se me olvida, y a veces me vuelvo a acordar”. Entonces le vienen los dolores de cabeza.

    Su valentía y fortaleza se notan en cada palabra y en sus actos. Cuando rindió su testimonio, cuenta que sintió tal dolor de cabeza y de corazón que “le agarró el desmayo”. Le tuvieron que mojar la cabeza con ruda para que se recuperara. Eso de pedir justicia no es nada fácil. 

    Eduardo Say

  • Guatemala se está cayendo a pedazos

    Solo en una mente trasnochada o en la cabeza de una persona que vive completamente ajena a la realidad puede caber la idea de que Guatemala está mejor que nunca.

    La mentira emanada de la boca de muchos funcionarios públicos es tan frecuente como inimaginable en sus alcances y propósitos. Pero no se puede tapar el sol con un dedo. Y mientras intentan matizar el crudo entorno citadino que los rodea y los escenarios rurales que les son extraños —porque dieron la espalda al pueblo—, las terribles circunstancias en que la población sobrevive arrostran su farsa y su vileza.

    Algunos de estos escenarios son casi infernales. Veámoslos.

    Primer tablado: la semana pasada, un periodista verapacense dio a conocer, por medio de redes sociales, el caso de una familia completa acometida por leishmaniasis en la aldea Cubilgüitz, a escasos 50 kilómetros de Cobán, Alta Verapaz. Es la enfermedad que —durante los años 50 y 60 del siglo pasado— se conocía como úlcera del chiclero o enfermedad de los pobres.

    Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), «la leishmaniasis es causada por un protozoo parásito del género Leishmania […] y se transmite a los humanos por la picadura de flebótomos hembra infectados. […] La pobreza aumenta el riesgo de leishmaniasis. Las malas condiciones de vivienda y las deficiencias de saneamiento en los hogares (ausencia de sistemas de gestión de residuos, alcantarillado abierto) pueden promover el desarrollo de los lugares de cría y reposo de los flebótomos». Ni qué decir del hacinamiento que atrae a la mosca vector, el cambio climático, el calentamiento de la Tierra y la degradación del suelo como factores propicios para la enfermedad. Así lo advierte la OMS.

    «¿Cuál es la novedad?», me dijo un intento de político cuando le comenté la noticia. Mi respuesta fue: «¡Carajo! ¡Estamos igual o peor que hace 60 años!». Porque padecer una enfermedad endémica en las tierras bajas de Alta Verapaz (a solo 50 kilómetros de la cabecera departamental, situada en tierras altas) que hace seis décadas no pasaba de ser una noticia alarmante venida de las regiones chicleras de Petén es para caer en la cuenta de que nuestro andamiaje estatal está cayéndose a pedazos.

    Otro escenario: ¿tiene usted idea de lo que significa ser nadie, no tener identidad ni documento alguno que lo ampare para buscar un empleo, no poder cobrar un simple cheque, no poder mostrar su documento personal de identificación cuando se le requiera, no poder realizar ningún trámite administrativo o legal…? Pues el infierno este lo viven miles de guatemaltecos en la actualidad por la incapacidad del Estado para proveer, a través del Registro Nacional de las Personas (Renap), tan esencial documento.

    Así los hechos, da la impresión de que el preámbulo de nuestra Constitución Política, que reza: «Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social…», viene siendo una especie de Impromptu fantasia, con muchas polirritmias, bello e inalcanzable. Tanto así que —ante semejante barbaridad— el mismísimo procurador de los derechos humanos calificó la situación de los afectados como «violación al derecho de identidad de las personas», ya que, supongo, muy lejos quedó la primacía de la persona humana como sujeto y fin de nuestro orden social ante semejante barbaridad.

    Y como una costumbre reiterativa y diabólica, la mentira sigue dejando huella. Ahora resulta que hasta Óscar Chinchilla, el nuevo presidente del Congreso (tan nuevo como anodino), está en entredicho ante el descubrimiento de un rotativo en orden a una reunión que sostuvo con Jimmy Morales tres días antes de su elección. Según el mismo rotativo, el diputado lo niega. Bien valdría entonces que aclare ese entresijo porque mal comienza su gestión ante semejante duda.

    ¡Ah!, pero yo vi y escuché a un diputado de Alta Verapaz (uno de esos que nos hace sufrir vergüenza ajena) ponderar al dicho nuevo presidente en un programa televisivo. Recordé a la sazón el sexto tema de los sermones del obispo José Piñol y Batres, quien desde un simple púlpito encendió la chispa que terminó con el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Decía Piñol y Batres de la mentira en los funcionarios públicos y en ciertas categorías sociales de Guatemala: «Nos falta franqueza para tratarnos. Disimulamos con arte singular. En presencia de algunos, somos corteses, si se quiere empalagosos […] La adulación, que es la forma más odiosa de la mentira, consiste en alabar a alguno sobre sus méritos y por interés propio […] Sobre la falsedad, ¡qué doloroso es decirlo!, ha llegado a convertirse en el fondo del carácter nacional»[1]. Y, de verdad, qué bien lo hacía el dichoso diputado. Empalagoso como él solo.

    Colofón: el intento de político con quien dialogué acerca de los temas anteriores no entendió. Se despidió de mí reiterando que Guatemala está mejor que nunca. El dicho remedo no supo vislumbrar que Guatemala se está cayendo a pedazos. Y conste que lo reseñado son tan solo tres de muchos contextos que así lo demuestran.

     

    ***

    [1] Estrada Monroy, Agustín (1979). Datos para la historia de la Iglesia en Guatemala. Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. Pág. 373.

  • ¿Qué está sucediendo en Alta Verapaz?

    Es un secreto a voces: jóvenes y señoritas de entre 14 y 17 años están desapareciendo en nuestro departamento. La población no tiene ni la menor idea de la causa, y la angustia colectiva va en aumento.

    En mi artículo de hace ocho días reseñé que «entre mayo y agosto se celebra la feria titular de la mayoría de municipios de Alta Verapaz. Particularmente durante el mes de agosto. Y este año sucedió lo que otros años no había acontecido: la desaparición de cuando menos cuatro adolescentes durante celebraciones de los pueblos más grandes».

    Mas las ferias no parecen ya ser parte del tablado. Tales sucesos continúan. Ello ha provocado que cuando menos siete colectivos se pronuncien al respecto. Entre ellos, Paso a Paso, Rojav, Ajoder y otros, que de manera respetuosa pero contundente han solicitado a la Gobernación departamental dar urgentemente con el paradero de los desaparecidos; al MP, a la PNC y a la Digici, coordinar esfuerzos para agilizar las labores investigativas y las pesquisas contra los autores materiales e intelectuales; a la PGN, activar de forma más inmediata las alertas Alba-Keneth; a la PNC, brindar seguridad a los establecimientos educativos; al Mineduc y a la Asociación de Colegios Privados, generar acciones para responder oportuna y efectivamente al problema; y a las familias altaverapacenses, mejorar la comunicación e integración familiar y retomar los valores morales que han cedido ante la desintegración y otras noxas que golpean frontalmente a las familias.

    Este llamado de los colectivos me conmovió. Me hizo recordar un fragmento de Mensaje para la XLVIII Jornada Mundial de la Paz 2015, «no esclavos, sino hermanos», constituido en homilía de la misa en la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios: «Los Estados deben vigilar para que su legislación nacional en materia de migración, trabajo, adopciones, deslocalización de empresas y comercialización de los productos elaborados mediante la explotación del trabajo respete la dignidad de la persona. Se necesitan leyes justas […], que defiendan sus derechos fundamentales y los restablezcan cuando son pisoteados, rehabilitando a la víctima y garantizando su integridad…».

    El tema es atinente a la legislación, a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de la persona. Y tal es el argumento del llamado de los colectivos sociales de Alta Verapaz.

    Me conmovió porque nunca antes, en esta región, colectivos sociales de diferentes pensamientos, objetivos y propósitos habían aunado esfuerzos en pro de los valores morales como ahora se hizo y se está haciendo. En realidad habíamos caído en ese estuario entre el consumismo y la falta de realidad del posmodernismo que pondera al hombre con licencia para matar y aplaude aquellas felonías devenidas de los antivalores que, como telarañas, nos han embrollado y maniatado hasta el silencio mismo. Mas la petición del respeto a la dignidad humana afloró con la vehemencia del llamado del papa Francisco y nos está poniendo en una misma ruta, muy diferente a la lógica de la locura.

    Esa lógica de la locura indica que a la violencia debe responderse con violencia. Por lo tanto, las víctimas y sus familiares deben asumir un fanatismo tan criminal como el de los secuestradores y los torturadores. ¡Vaya ruta equivocada! No cabe duda de que la exposición diaria a la crueldad deshumaniza.

    Yo tengo confianza en el MP, la PNC y la Digici. Creo que a estas alturas algo o mucho habrán hecho y considero que la postura tomada por los colectivos mencionados es la correcta: el diálogo razonado. De nada sirve en estos momentos hepáticas protestas o señalamientos. Ante una dificultad o un estado de calamidad, los seres humanos estamos llamados a congregarnos, y no a disgregarnos. Lo segundo implica hacerle el juego al mal.

    De mucha importancia es el final del numeral 6 del comunicado de estas asociaciones —publicado en las últimas horas en las redes sociales—: «Los padres de familia deben retomar sus responsabilidades en el cuidado, la vigilancia y la protección de sus hijos». Es muy importante porque debemos reconocer que, en varios estamentos de nuestra sociedad, la responsabilidad como valor se nos ha escapado de las manos.

    Los altaverapacenses y los guatemaltecos en general debemos caer en la cuenta de que es el momento de tomar posturas. ¡No al flagelo del secuestro! ¡No a la violencia que genera más violencia! ¡No a la indiferencia que mata por medio del viscoso limo del silencio!