El gobierno recién instituido anunció desde la campaña electoral, su intención de considerar la minería como parte de su programa económico.
Como primer hecho relacionado con el tema, la semana pasada dio a conocer acuerdos para el aumento voluntario de regalías con la gremial de industrias mineras. Acto seguido, cobertura mediática y una ola de comentarios de la opinión pública en la que subyacía una serie de preguntas sin respuesta: ¿Cuáles son las regalías justas? ¿Qué riesgos ambientales representa en el largo plazo? ¿Qué políticas se han implementado en otros países? ¿Es esta la mejor alternativa para desarrollar al país?
Dichas preguntas son un reflejo de la complejidad del tema. La minería moderna de metales es un tema nuevo y complicado hasta para los países desarrollados. Tiene aristas que van desde lo económico, hasta lo químico y sociológico. Y con tal integralidad debe tratarse. El primer paso que debe darse es estudiar los diferentes aspectos y darlos a conocer a la población de manera digerible. Y abrir el debate.
Los medios de información juegan un papel clave. Deberán cubrir todas las aristas, no solo las obvias. La minería no es solo un tema económico y ecológico. Conlleva el manejo de temas científicos, epidemiológicos, de reacciones sociales, de política pública y de derechos de los pueblos indígenas, entre otros.
Las universidades y centros de investigación también juegan un rol primordial. Se necesitan estudios serios del tema que sirvan a los medios, a los tomadores de decisión y al ciudadano de a pie. Para sumar recursos y asegurar la imparcialidad de resultados, pueden hacerse alianzas con centros de estudios de renombre internacional con experiencia en la temática. Ya hay ejemplos, como el proyecto de colaboración Universidad Rafael Landívar- Universidad Complutense y la Universidad de Michigan en el que participó un equipo multidisciplinar. Pero deben multiplicarse los esfuerzos.
Claro que la mayor parte y responsabilidad las lleva el gobierno. El anterior no la quiso asumir sino en lo mínimo y por presiones internacionales, como cuando la Corte Interamericana dictó medidas cautelares por los potenciales daños causados por la Mina Marlin. Como es costumbre en Guatemala, comienzan a repartir curitas cuando ya todo mundo está en camilla.
Las consecuencias de haber montado al país en el negocio de la minería moderna sin debate social, un marco legal y política integral, han generado un conflicto social de grandes magnitudes. Quizá eso fue lo que detectó el anterior gobierno y por eso decidió que lo mejor que podía hacer era no hacer nada. Sabía que la industria extractiva moderna posee un íntimo vínculo con la gobernabilidad y la estabilidad política. De hecho, organismos como Naciones Unidas abrieron recientemente espacios de investigación e incidencia para esta temática por sus implicaciones sociopolíticas.
Si el actual gobierno ha tomado la decisión de trabajar el tema de minería de forma seria y responsable, no puede caer en la trampa de seguir cavando un hoyo de ingobernabilidad del que luego no pueda salir. No puede responder con mitos urbanos como que “el problema es solo producto de un par de ONG que viven del conflicto”. Si hacen su tarea, si estudian y escuchan, podrán tener mejor fundamento para saber lo que realmente está sucediendo y lo que puede suceder.
Hace unos días tuve una conversación con un alto representante de un organismo internacional. Me dijo “la minería es tema clave para ustedes ahora porque abre la oportunidad de discutir qué tipo de país quieren, los valores que respetan, el modelo de desarrollo que buscan y las consecuencias que afrontarán con sus decisiones, que esta vez no serán anónimos, llevarán nombre y apellido”.
Es momento de hablar de minería, señores. En serio.