El autoritarismo democrático en Guatemala

Autor: Luis Mack luismack@gmail.com

«Nunca ha habido una democracia sin adjetivos; el principal que yo le añadiría es el que hemos estado discutiendo: una democracia con muchos elementos autoritarios» (Lorenzo Meyer).

Recientemente tuve la oportunidad de organizar un conversatorio sobre el sistema democrático guatemalteco con dos destacados profesores que imparten clases en el área de Sociología de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y, después de pensar en las difíciles condiciones en las que se desarrolla nuestro sistema político, empezamos a pensar que, paradójicamente, pese a que se desarrollan elecciones de forma periódica, nuestra democracia no tiene nada de democrática, pues exhibe ciertas características profundamente autoritarias. La conjugación de ambas palabras, democracia autoritaria, suscitó ciertamente un acalorado debate conceptual, especialmente porque este término es un perfecto oxímoron: una contradicción semántica que por momentos parece absurda.

Escuché el referido concepto por primera vez en una disertación del gran historiador Lorenzo Meyer al describir los rasgos autoritarios que exhibe el régimen democrático mexicano. Descubrí entonces que nuestra democracia padece de algunos de esos rasgos autoritarios. Al igual que en México, las élites económicas y políticas de Guatemala nunca se comprometieron realmente con la apertura democrática en el período 1983-1984, años en los que se diseñó el actual sistema político vigente, por lo que de forma casual o deliberada establecieron un sistema plagado de inercias perversas.

El primer tipo de inercia perversa proviene del sistema de partidos políticos. Pese a que ha habido plena alternancia partidaria desde 1985 hasta la fecha, ha habido continuidad política debido a que las organizaciones partidarias son realmente redes de inclusión que han sabido persistir detrás de la fachada de las siglas. Esta continuidad se debe en gran medida a la inercia perversa que proviene del esquema de financiamiento partidario. El sistema electoral que se instauró con la Constitución Política de la República de 1985 combinó una muy laxa regulación del financiamiento electoral con una muy baja cuota de este. Además, se desarrolló con una marcada ausencia de financiamiento para la organización y la vida del partido. Esta combinación de elementos determinó que las estructuras partidarias fueran capturadas por quien paga las facturas tanto de la organización partidaria como del financiamiento electoral. Los partidos, lejos de ser estructuras de intermediación, se convirtieron en la agencia de empleo y de lobby político de los financistas políticos.

La democracia guatemalteca, lejos de ser representativa, sigue siendo altamente elitista, como lo eran los gobiernos previos a 1985.

La segunda inercia proviene de la legislación electoral, que combinó un diseño de distritos que garantiza la inequidad en la representación del ciudadano, un sistema de elección de diputados por listas cerradas y bloqueadas que impide la rendición electoral de cuentas en el Congreso y una regulación minimalista de partidos políticos que hace muy difícil la representatividad ciudadana, además de que favorece la competencia inequitativa de partidos políticos en el proceso electoral. En la práctica, la falta de control sobre el órgano legislativo garantiza que los intentos por reformar la legislación electoral de forma profunda sean prácticamente imposibles, con lo cual cada cuatro años debemos lidiar con las inercias perversas del sistema.

La tercera inercia es cultural y social. Muchos ciudadanos votan por las razones equivocadas, ya sea movilizados por el miedo al candidato que consideran más nefasto —la lógica del menos malo— o impulsados por el compromiso de voto que han obtenido a cambio de bienes, servicios o la promesa futura de ellos —el clientelismo político— o por cualquier otra razón diferente al convencimiento político de votar por el mejor o más preparado. En la práctica, los ciudadanos siguen validando, por diferentes razones, un sistema caduco, poco representativo y amenazante.

La acumulación de inercias determina que, lejos de representar el sentir de la población, los gobernantes de 1985 a la fecha se hayan dedicado a convertir el aparato estatal en un gran instrumento para garantizar la concentración del poder y la riqueza de manera que se garanticen los intereses políticos dominantes. La democracia guatemalteca, lejos de ser representativa, sigue siendo altamente elitista, como lo eran los gobiernos previos a 1985. La diferencia, por supuesto, es que dichos gobiernos eran impuestos por la vía de los golpes de Estado o por los fraudes electorales, mientras que los instituidos de ese año en adelante han sido democráticamente electos en las urnas.

La democracia autoritaria, por lo tanto, es un sistema autorreferencial que, debido a sus inercias, niega la verdadera alternancia democrática y afinca un dominio de largo plazo que está lejos de representar a la mayoría de la población.

  • Luis Mack

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    Luis Mack luismack@gmail.com
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