En Guatemala, la inteligencia civil o criminal, como se le llama en el resto del mundo, es un soporte no solo para la investigación criminal, sino también para la toma de decisiones estratégicas y operativas que permiten la contención de la criminalidad organizada y de la delincuencia común.
El primer aspecto es un aporte al combate de la impunidad y viene fortalecido. Pero reducir el trabajo de inteligencia civil a este aspecto no solo limita su capacidad en aras de la protección de las personas y de sus bienes, como bien fundamental que se debe proteger, según lo determina nuestra Constitución, sino que además pone en riesgo la investigación criminal misma, ya que esta dependería de un método poco convencional para determinar los campos de acción de la tarea investigativa.
Pero ¿qué es la inteligencia civil en Guatemala y cuáles son sus funciones? Empecemos con el nombre. Este resulta del Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. En este se decía que era necesaria la reforma del sistema de inteligencia en Guatemala, ya que la inteligencia, por la dinámica impuesta por el conflicto armado interno, estaba concentrada en la esfera militar. Es decir, la obtención de información y su análisis eran tareas exclusivas de las estructuras militares creadas para tal efecto: la llamada G2 y el Estado Mayor Presidencial. Esto significaba la concentración de todas las áreas de la inteligencia del Estado en manos de una sola institución, el Ejército de Guatemala.
De ahí que la propuesta del acuerdo de fortalecimiento sea aplicar el principio de desconcentración y especialización. Tres fueron los ámbitos de inteligencia identificados: estratégico, militar y aquel que tiene como función servir para la contención del crimen. Con el propósito de subrayar el carácter no militar de esta última, el término inteligencia civil se deriva como sinónimo de inteligencia criminal. Todos estos ámbitos comparten como naturaleza de su trabajo el llamado ciclo de inteligencia, entendido como el proceso de planificación, identificación de información, recolección de esta, su procesamiento y su posterior análisis, que permite la producción, distribución y difusión de productos de información que de manera oportuna se les traslada a los decisores políticos. Ahora bien, lo que las diferencia en su carácter de especialización es su objeto de atención y la manera como se concreta el ciclo de inteligencia. Esto quiere decir que para cada ámbito de inteligencia hay un tipo de objetivo específico de búsqueda y análisis, que determina los tipos de instrumentos para realizarla. De esa suerte, la inteligencia civil resulta diferente de la estratégica y militar tanto por el tipo de información como por el tipo de búsqueda y por los propósitos para el uso de sus resultados.
La inteligencia estratégica constituirá el insumo para la Presidencia de la República en materia del mandato constitucional de lograr los objetivos nacionales, tarea que le compete a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE). La inteligencia militar tiene la responsabilidad de la obtención y producción de información referente a amenazas militares, tal como lo indica la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad en su artículo 29, y está a cargo de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional (DIEMDN).
A la inteligencia civil, como inteligencia criminal y de acuerdo con el artículo 3 del decreto 71-2005, Ley de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici), le compete «obtener, evaluar, interpretar y difundir la inteligencia para proteger del crimen organizado y la delincuencia común los interés políticos, económicos, sociales, industriales, comerciales, tecnológicos y estratégicos de la república de Guatemala…». Esto significa la puesta en marcha del ciclo de inteligencia para anticipar, prevenir o controlar la actividad criminal, tanto organizada como común.
Ahora bien, esto se lleva a cabo en dos niveles: el operativo, que tiene el objetivo de lograr un resultado específico en términos del cumplimiento de la ley, es decir, la identificación de perfiles de criminales, de vínculos de sospechosos y de su participación en crímenes, etcétera; y el estratégico, que permite la identificación de los modus operandi, las tendencias y los patrones de la delincuencia, nuevas amenazas y un impacto potencial de los factores externos.
¿Cómo logra todo esto la Digici? A través de productos identificados claramente en su ley. Continuaremos explicando esto más adelante.