Sobre las reformas electorales

Autor: Lisardo Bolaños Fletes lisardobolanos@correo.com.gt

Planteo discutir brevemente algunas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y algunos de los retos que estas implican.

Quiero empezar por el lado del gasto. Yo comenzaría por limitar la publicidad electoral. En lugar de establecer una larga lista de prohibiciones, la ley podría definir que la única forma de promoción de un partido político sea a través de espacios publicitarios en los que compartiría espacio con los otros partidos. Más aún, dichos espacios estarían limitados. Esto implicaría un número limitado y equitativo de espacios publicitarios en los medios de comunicación, así como en las vallas. Y en lugar de pensar en multas debería pensarse en la reducción del financiamiento público para cada partido, así como del presupuesto total de este (lo cual solo tiene sentido si se evalúa por el lado del gasto presunto). Es más, el TSE podría ser el que pague dicha publicidad y se podría prohibir que los partidos políticos paguen por publicidad de cualquier otra manera.

Además, deberían asignarse recursos al TSE con el fin de que se otorguen becas a jóvenes para que puedan estudiar especialidades en la administración de partidos políticos. ¿Realmente estos cuentan con personal que sepa administrar adecuadamente el tipo de partidos políticos que queremos para Guatemala o solo cuentan con gente que sabe manejar máquinas compravotos llenas de corrupción? Dada la falta de personal preparado, hay que financiarlo. Aprender a manejar partidos políticos de la manera como se realiza en Europa, y no en Estados Unidos, sería muy positivo.

En cuanto al ingreso, yo considero que el financiamiento privado puede tener un rol legítimo en el proceso electoral. Especialmente cuando se reconoce que el financiamiento privado permite incrementar la competencia partidaria. Recordemos que el partido político del presidente de turno tiene ventaja en aquellos casos en los que el Gobierno controla una gran porción de la economía (México en el pasado, Venezuela) o cuando el partido político en el Gobierno puede hacer fácil uso de los recursos del presupuesto nacional para la campaña política (léase Guatemala).

En Guatemala, la dinámica del dinero privado en campañas políticas no solo tiene que ver con generar suficiente competencia electoral. Un problema es la preocupación de que tales fondos sirven para obtener contratos de Gobierno. En ese sentido, yo le pondría más atención a cómo los funcionarios terminan beneficiándose económicamente por otorgar dichos contratos que al tema electoral. Este problema entre financistas y contratos de Gobierno debería abordarse de manera más directa.

Por un lado, penalizar a las juntas calificadoras en el caso de mala calidad de los productos o de procesos en los que no se justifica que exista poca competencia en el proceso de licitación. Si las juntas calificadoras se penalizan, va a haber menos gente dispuesta a seguirles el juego a sus jefes. Claro, ello no va a resolver el problema de corrupción de manera directa, pero sí va a reducir el tipo de proveedores que van a querer involucrarse en dicha actividad, al menos si van a entregar los productos y van a ser de mejor calidad. El segundo elemento es entrarle a la corrupción. Allí las propuestas de enriquecimiento ilícito y la de testaferrato son importantes. Tercero, mejorar la capacidad de los mandos medios y altos en términos de compras de Gobierno y análisis financiero, entre otras materias, lo cual implica mejorar la contratación y la capacitación del sector público. Todo esto es irrelevante si algo no cambia: la posibilidad de usar las amenazas de muerte para lograr que los trabajadores del Gobierno cedan a la corrupción. Por eso el cuarto punto tiene que estar relacionado con procesos de investigación independientes que logren detectar este tipo de problemas, lo cual probablemente involucra la realización de escuchas telefónicas, por ejemplo.

El problema que yo considero el más grave en las campañas políticas es que el financiamiento privado se genera para lograr impunidad. En este caso no hay contratos de por medio, no hay juntas calificadoras, no hay bienes a entregar. Lo que tenemos son, entre otros, grupos vinculados con el contrabando y el narcotráfico, cada vez más fuertes, cuyas actividades están vinculadas al uso de violencia. Así, pueden matar de manera impune, robar de manera impune.

Hay una serie de propuestas que uno podría sugerir para afrontar este problema. Para muchos, estas ideas pueden verse como simplemente kicking the can down the road (patear la lata más adelante en el camino, es decir, creer que se resuelve el problema, pero solo se retrasa su aparición). Sin embargo, no deberían desecharse siempre que se cuente con un TSE de alto nivel y que pueda protegerse de las amenazas (lo cual es un tema de reforma que debe discutirse). Primero, podríamos proponer un sistema para verificar si existen fuentes legítimas de financiamiento, cuya principal fuente de información provenga del registro de la SAT: solo se puede aportar a partidos políticos un porcentaje de lo que se ha pagado en los últimos tres años en concepto de ISR e IVA. Segundo, podríamos proponer que el límite de campaña se determine por el lado del gasto. Se establecería un gasto presunto a partir de los bienes y los servicios que consumen y se calcularía a precios de mercado. Si el gasto presunto es superior al límite de campaña, entonces vendrían las consecuencias negativas. A lo largo de los años he visto varias auditorías de medios que muestran que algunos partidos ya han sobrepasado dicho límite, pero, como el límite suele medirse por el lado del ingreso declarado, y no del gasto presunto a precios de mercado, suele ser ignorado por las autoridades.

Todo esto no va a ser suficiente. Por ello considero esenciales un incremento del financiamiento público y límites estrictos a lo que puede aportar el sector privado (atado al gasto presunto y a los límites a la publicidad). No propongo la eliminación del financiamiento privado porque siempre es posible el abuso por parte del partido político del presidente de aprovecharse de su posición y tratar de instaurar modelos de autoritarismo competitivo (ver el libro de Levitsky y Way al respecto). Ya hemos experimentado en Guatemala y en América Latina lo mucho que les gusta a los políticos perpetuarse en el poder, así que tampoco hay que ser demasiado ingenuos y creer que todo se va a resolver con el financiamiento público.

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