A más doxa, más populismo

Autor: Carmen Ortiz carmenortiz@correo.com.gt

La lamentable muerte del estudiante del Colegio San Sebastián, motivó una vez más una tupida lluvia de opiniones en las redes sociales. Algunas buscaban culpables, otras criticaban al gobierno y las más atrevidas se apresuraron a proponer soluciones.

Si algo es evidente en este tipo de situaciones es la superficialidad de los análisis y las posiciones movidas por la emotividad que crea el ambiente mediático.  La política debe ser sensible, sí, pero también racional e instruida, es por ello que me llama la atención el reduccionismo y la simplificación que tiende a hacerse de problemas complejos.

Por ejemplo, el populismo legal se evidencia en quien cree que la aprobación de una ley es la solución a la inseguridad, o bien, el endurecimiento y ampliación de las penas. En este sentido sería interesante conocer la experiencia de países que han optado por este camino ¿Habrán logrado una reducción significativa de robos y homicidios? Fernando Carrión, investigador de FLACSO, Ecuador, suele afirmar que los efectos son nulos. Varios tuits insistieron en que la pena de muerte es la solución. Una persona escribió: “El estudiante muerto y el ladrón, bien gracias”. Obviamente no se enteró de que el ladrón también murió de un paro cardíaco tras ser linchado aparentemente, por los compañeros del estudiante fallecido.  Es decir,  si bien la pena de muerte no se aplica por el sistema de justicia, sí está siendo aplicada por gente común y corriente que ante el sentimiento de indefensión, reacciona con venganza y piensa que la mano dura es  la mejor opción. ¿Han logrado estas acciones inhibir a los delincuentes?

A la anterior receta se suma otra en función de construir más cárceles, cuando ya está más que comprobado que éstas operan como centros de estudios superiores de criminales. Por qué no pensar en medidas alternativas. En Chile, cuyo hacinamiento en centros penitenciarios ya superaba el 70%, se promulgó una ley que establece el uso de un brazalete electrónico para condenados por delitos menores. Quienes lo usan pueden cumplir las penas en los lugares donde viven y bajo supervisión.

Actualmente, el Estado de Guatemala gasta alrededor de Q 16 millones mensuales en la alimentación de los privados de libertad, a este dato hay que sumar los gastos administrativos.  Esa cantidad es equivalente al  presupuesto “anual” con el que tuve que trabajar en la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia (ahora Secretaría de Inteligencia Estratégica), en 2007.  Es absurdo.

Algunas estimaciones dan cuenta de que a un empresario le cuesta alrededor de Q30,000 crear un puesto de trabajo en el sector formal de la economía, es decir que con 16 millones  podrían crearse alrededor de 542 nuevos empleos al mes, y 6,510 al año. Si uno de los factores de riesgo para que una persona se convierta en delincuente es la falta de un empleo, pues no hay duda de que estamos errando en las soluciones.

scroll to top