Según los resultados de la segunda vuelta electoral, hasta ahora no desmentidos, el candidato Alejandro Giammattei Falla resultó electo presidente de la república. En su tercera participación a la primera magistratura, Giammattei Falla logró su cometido y, pese a los pronósticos, milagrosamente remontó en un 200 % sus resultados en primera vuelta.
De esa cuenta, el político, de profunda raigambre conservadora y de encendido discurso autoritario y antidemocrático, empieza a figurar como principal imagen política en abierta competencia con el actual ocupante de la presidencia, Jimmy Morales Cabrera, este último al frente de un gobierno que está de salida, pero en control formal del poder en el Ejecutivo junto con sus principales alfiles y sostén político: la canciller Sandra Jovel y el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.
El complemento del esquema de Morales Cabrera es la fuerza del pacto de impunidad que conduce al Congreso de la República: un grupo encabezado por el mismo presidente del Legislativo, delfín del difunto expresidente y alcalde Álvaro Arzú. De acuerdo con información que ha corrido en círculos legislativos, la intención de los actuales diputados, entre los cuales hay 108 que no lograron la reelección, es aprobar leyes catalogadas como regresivas y restrictivas de derechos.
Entre dichas leyes estaría la referida a la supuesta protección de la familia, contenida en la iniciativa 5,272 y que penaliza incluso el aborto espontáneo, a la vez que anula derechos a la población LGBTI y amenaza con oficializar el discurso de odio en contra de esta. De igual forma, estaría la iniciativa 5,239, supuestamente sobre actos de terrorismo, pero que de hecho es una ley mordaza que criminaliza la protesta social. También estarían la iniciativa 5,257, que modifica la actual Ley de Organizaciones No Gubernamentales, y la 5,148, que introduce reformas al Código Penal.
De aprobarse dichas normas, quedaría establecido legalmente el marco represivo con que actuaría el gobierno de Giammattei Falla. En tanto, la aplicación de estas ha sido, de hecho, la tónica del accionar del gobierno de Morales Cabrera. Uno y otro, el del mandato que agoniza y el del que aún no ha nacido, tienen como tónica el sentido dictatorial y autoritario.
Callar la voz de la prensa es una de las más abiertas manifestaciones antidemocráticas y dictatoriales, algo en lo que Morales y Giammattei han mostrado particular habilidad.
Ni por asomo piensan que, pese a su vocación antiderechos, la ley los obliga a respetarlos, garantizarlos e incluso protegerlos. Morales Cabrera celebró su primer año de gobierno con el incendio del hogar Virgen de la Asunción, que llevó al asesinato de 41 niñas y al intento de asesinato de otras 15. Giammattei acciona como presidente sin banda ni botón, pero declarando sin respingo su vocación autoritaria. En una de sus primeras apariciones ante la prensa, no solo no dejó hablar a una reportera, sino que, en una actitud de abierta violencia verbal contra una mujer, impidió que la periodista cumpliera su función.
Callar la voz de la prensa es una de las más abiertas manifestaciones antidemocráticas y dictatoriales, algo en lo que Morales y Giammattei han mostrado particular habilidad. Ni uno ni otro ocultan su molestia con ese componente esencial de la democracia. Ambos expresan claramente su animadversión y califican de sesgada a la prensa independiente que los cuestiona.
De igual forma, ni Morales ni Giammattei se molestan en ocultar su rechazo y desprecio por el ejercicio de los derechos humanos y la defensa de estos. De ahí la importancia que les asignan a normas en discusión encaminadas a restringir derechos. Morales está al frente de un gobierno que intensificó la tolerancia y quizá hasta la participación en actos de violencia contra personas defensoras de derechos. Giammattei encabeza un gobierno electo que tiene ante sí casi un semestre antes de asumir formalmente, pero que ya declara su abierta vocación dictatorial.
Dos cabezas que emergen de una misma columna sostenida por la estructura excluyente, racista y violenta del Estado nación nacido de la colonia. Un Estado y sistema que, lejos de transformarse para avanzar hacia el ejercicio democrático, retrocede a pasos agigantados hacia conductas de encomenderos y discursos de inquisidores.