En Guatemala debemos analizar las lecciones y consecuencias de la condena del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH).
JOH representa una de esas historias latinoamericanas de tragedias y oportunidades perdidas. Empezó siendo una suerte de esperanza para Honduras, sucediendo a Porfirio Lobo Sosa, y éste al golpista Roberto Micheletti. Es común escuchar opiniones sobre JOH en cuanto a que el inicio de su gestión, en enero de 2014, lucía prometedor. Aunque con un posicionamiento ideológico hacia la derecha, era un presidente muy bien visto, si no favorecido por Estados Unidos. Su primer acto oficial como presidente fue suscribir una carta de intenciones con Transparencia Internacional para configurar un convenio entre ese ente internacional y su gobierno, el cual firmó en octubre de 2014.
Sin embargo, los indicadores de que esta era solo una ilusión no tardaron en producirse. En 2016 permitió la instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, inspirada en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, solo para bloquearla sistemáticamente. En 2015 estalló el escándalo de la malversación de recursos del Instituto Hondureño de Seguridad Social para financiar su campaña política, pero este fue solo el primero de una sucesión de escándalos de corrupción muy graves. En 2016 se sumó el asesinato de la activista ambiental indígena Bertha Cáceres y, tiempo después, quizá el peor augurio, vino el sospechoso y controversial fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió la prohibición constitucional de reelección presidencial, allanando el camino para que JOH se reeligiera en las elecciones de 2017, las cuales ganó en condiciones muy anómalas.
En 2019, las autoridades estadounidenses revelaron que JOH estaba siendo investigado por delitos asociados al narcotráfico, junto a su hermana y personas de su círculo más cercano, en tanto iniciaba un juicio por esos delitos en contra de su hermano. Desde entonces, Honduras se fue hundiendo en una crisis caracterizada principalmente por el convencimiento general de ser un país gobernado por un presidente al servicio del narcotráfico: ¡todo mundo sabía que el hondureño era un narcopresidente! Este convencimiento fue uno de los factores decisivos en la victoria electoral en 2021 de la hoy presidenta Xiomara Castro. Una vez operado el cambio de gobierno en enero de 2022, JOH fue extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado por narcotraficante.
La semana pasada JOH fue condenado en un tribunal de Nueva York, y pendiente de los recursos a los que tiene derecho la defensa, incluso, podría enfrentar la pena de cadena perpetua.
No descansemos en nuestro esfuerzo por que Morales, Giammattei, Martínez, Porras y sus pandillas enfrenten la justicia.
La historia de JOH no solo es para las hermanas y los hermanos hondureños. Es una advertencia muy seria para toda Centroamérica y el mundo y, por supuesto, para nosotros acá en Guatemala. Primero, nos enseña que «secretos a voces» como la corrupción galopante en los regímenes de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, el poder putrefacto que detentó Miguelito Martínez, y el que detentan Consuelo Porras y su pandilla en el Ministerio Público, o la corrupción de jueces como Fredy Orellana, no permanecen impunes para siempre.
Es verdad que para que la justicia alcanzara a JOH, la acción de Estados Unidos fue clave, pero esto también nos muestra que, incluso gobernantes como JOH, que en un momento buscaron congraciarse con nuestro vecino del norte reprimiendo migrantes y extraditando los narcotraficantes que les convenía –como también lo hicieron Jimmy Morales y Alejandro Giammattei–, en realidad no tienen garantizada impunidad.
No descansemos en nuestro esfuerzo por que Morales, Giammattei, Martínez, Porras y sus pandillas enfrenten la justicia. Seguro deben estar horrorizados de saber que el hondureño JOH fue condenado. Y que lo mismo les puede ocurrir.