La lección importante que se debe tomar en cuenta con el arresto del político guatemalteco Mario Estrada es precisamente notar cómo este caso muestra un modelo ya conformado.
Es decir, las democracias del Triángulo Norte y la mexicana son perfectos ejemplos de cómo es posible ofrecerle a un cartel del narcotráfico el dominio entero de un país. No importa que se lo haya dicho a un par de agentes encubiertos. El hecho que aterra es que se atreva y que esto refleje —sin duda alguna— una práctica común en nuestro medio.
Hay una máxima que siempre se aplica a los contextos donde los pactos entre la clase política y el crimen organizado son parte ya del andamiaje político: con cada nuevo gobierno hay un nuevo capo protegido. Pero esas garantías, al igual que cualquier otro tipo de dinámica política, tienen que negociarse, cocinarse, y tristemente son parte del proceso de campaña, sobre todo en contextos donde, al estar privatizadas, nadie niega las maletas llenas de dinero. El pecado original de la democracia, que ha sido ponerle precio al acceso de las magistraturas, ha generado un efecto aún peor: que el narcotráfico sea una pieza vital en el entramado de las redes político-económicas. Y dada la realidad en la cual todos tienen precio, parece casi inevitable que esta condición deje de tener incidencia, pues resulta que la clase política se ha hecho dependiente en buena medida. El círculo vicioso parece no tener solución. ¿Quieres ganar una elección? Necesitas dinero, y mucho. Pero aquel a quien le sobra no te lo dará si no le vendes el alma o un país.
¿Quieres ganar una elección? Necesitas dinero, y mucho. Pero aquel a quien le sobra no te lo dará si no le vendes el alma o un país.
Como lo mencioné un tanto antes, México había sido ejemplo de lo anterior. Carlos Salinas pactó con el Cartel del Golfo y lo convirtió en el cartel protegido, en el cartel del sexenio. Posteriormente, el panismo haría lo propio con el Cartel de Sinaloa, al cual transformó en la megaestructura comercial que es. Y gracias a Netflix hoy todo mundo sabe que esto sucede en México desde los años 80 del pasado siglo XX. Félix Gallardo lo entendió muy bien: en la política todo tiene precio y todo se puede adquirir.
Al final del día, ¿qué tanto impacto tiene esto en la gobernabilidad de un país?
No se puede negar que la corrosión institucional que se produce al poner la infraestructura de seguridad al servicio del crimen organizado tendrá efectos gravísimos en la gobernabilidad, ya que un día te despiertas y te das cuenta de que la política de seguridad te la hacen los narcos. Y esa realidad es la que vivimos, la que nos hace países inviables no solo para generar desarrollo, sino también para construir un sentido de democracia que incluya confianza institucional, así como transparencia. Las reglas tienen precio. Por eso la oposición a la Cicig fue tan visceral, pues rompía el ethos mafioso y la comodidad de los mecanismos no formales que degradan una democracia.
No quería a la Cicig, pero cayó la DEA. Por suerte.
Y habrá más.