Del serranazo al perezazo

Autor: Iduvina Hernández iduvina@plazapublica.com

En un principio parecían antagónicos. Sin embargo, al final, sus acciones y sus vínculos les han pintado casi iguales. Ambos se han sentado en la poltrona de la primera magistratura y ambos han sido protagonistas de la ruina del sistema democrático.

En mayo de 1993, el entonces presidente Jorge Serrano Elías, se antojó de dar un golpe de Estado. Mediante un decreto de gobierno disolvió el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, lo que significó que concentrara los poderes de Estado en el Organismo Ejecutivo. Para garantizarse el control, impuso censura de prensa. Acción que fue ejercida desde la oficina de la subsecretaria de Relaciones Públicas de la Presidencia, a cargo de Ingrid Roxana Baldetti Elías.

Tan solo la actuación independiente del Tribunal Supremo Electoral, presidido por Arturo Herbruger, impidió que Serrano concretara el golpe mediante la convocatoria a nuevas elecciones al Congreso. El movimiento social de rechazo al acto tiránico del jefe del Ejecutivo, creció al grado que impidió el respaldo militar que podría haberle consolidado en la dictadura.

El movimiento ciudadano que empujó la anulación del golpe, derivó en la designación de un gobernante para completar el período constitucional. Designación que recayó en el entonces titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio.

Con de León Carpio, asumió como jefe de Estado Mayor Presidencial (EMP), el entonces Director de Inteligencia Militar, Otto Fernando Pérez Molina. En ese entonces, logró vender ante el empresariado, en particular al grupo Gutiérrez-Bosch, la imagen de un oficial defensor del sistema democrático. De hecho, presentó denuncia penal contra Baldetti Elías, por la desaparición de cámaras de vídeo del EMP.

Años después, cuando Pérez Molina inicia su carrera política y forma el Partido Patriota, su otrora enemiga aparece codo con codo junto a quien llegaría al Congreso en 2008 y a la presidencia en 2012. Dos años después de asumir, sin emitir un decreto como Serrano, Pérez Molina está en el centro de las acciones que han llevado a la destrucción del sistema democrático.

Desde el Ejecutivo salieron las directrices y personajes encaminados a negociar con las comisiones de postulación las nóminas de candidaturas para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones (SA). Luego de las opacas negociaciones en este espacio, los operadores del Ejecutivo, incluido el propio Pérez Molina, gestaron la alianza perversa con su presunto adversario Manuel Baldizón del partido Libertad Democrática Renovada (Lider). Producto de dicha alianza, en sesiones precipitadas y sin mayor trámite, los diputados del PP y Lider integraron la CSJ y las SA.

Lejos de evaluar expedientes o de tan siquiera debatir sobre las calidades de las designaciones, ambos partidos se amancebaron en la aventura de controlar y con ello destruir, al sistema de justicia. De nuevo, un movimiento social que actúa legalmente consigue un amparo provisional que detiene la toma de posesión de quienes fueron nombrados por el Congreso en el marco de los negocios desde la presidencia. El asalto al Organismo Judicial queda momentáneamente detenido.

Sin embargo, los ojos del Ejecutivo también están puestos en el Congreso y en la compulsiva necesidad de control y concentración del poder. De manera que, ante la aparente rebelión de sus aliados momentáneos (Lider y otras bancadas pequeñas), el PP maniobra para impedir quedar fuera de la Junta Directiva (JD) del Congreso en el período 2015-2016. Grupos de choque, al estilo empleado por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) en 2003, cercaron las entradas al Legislativo a fin de impedir el ingreso de los parlamentarios. De acuerdo con las informaciones publicadas, los cabecillas de las bandas son operadores del PP y empleados de la municipalidad de Mixco, dirigida por Otto Pérez Leal, hijo de Pérez Molina. Estos agresores, en las afueras del Congreso, incluso utilizaron gas pimienta para agredir a los congresistas que intentaban entrar al Palacio Legislativo. Ante la inevitable presencia de diputados, el presidente del parlamento, Arístides Crespo, también del PP, impidió a toda costa la realización de la plenaria.

El serranazo representó un momento de crisis que movilizó al país para retornar a la institucionalidad. Resultado de dicho evento, Serrano, aprendiz de dictador, terminó exiliado y está pendiente de enfrentar proceso penal por sus actos contra la ley.

El perezazo, que ha dejado en coma al sistema de poderes, busca endilgar a otros la destrucción del sistema. Mediante acciones de propaganda y difamación, pretenden hacer creer que quienes en pleno uso de derechos y garantías constitucionales reclaman la independencia judicial, afectan la institucionalidad. Sin embargo, la evidencia está más que clara y si el sistema languidece es porque de enemigo de Serrano, Otto Pérez Molina ha pasado a ser su más insigne imitador. 

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