La historia de los pueblos de Guatemala es la del despojo y la inequidad: un relato que el pueblo q’eqchi’ puede atestiguar en infinidad de sucesos que están investidos de corrupción y de acciones represivas de profunda inhumanidad.
En 1978, la comunidad de Panzós, en Alta Verapaz, fue masacrada el 29 de mayo. Liderada por Adelina Caal Maquín, conocida como Mamá Maquín por su rol dirigente, la población intentaba recuperar las tierras que le habían sido arrebatadas brutal e ilegalmente. Llegaron al pueblo para sostener una reunión convocados por el alcalde municipal, quien había acordado con el Ejército la trampa que les costó la vida a más de 30 personas, entre ellas Mamá Maquín.
Cuatro años después, los esposos de las mujeres de Sepur Zarco fueron detenidos y desaparecidos por miembros del Ejército que ocupaban un destacamento en la comunidad. Dicha instalación militar cumplía las funciones de sitio de recreo para la oficialidad. Ante la desaparición de sus maridos, las mujeres se presentaron al destacamento para inquirir por su paradero. Lejos de tener respuesta, fueron esclavizadas sexual y laboralmente por los miembros de la unidad, al amparo y bajo la conducción de sus jefes. En este caso hay una sentencia por la acción contra las mujeres. No hay respuesta sobre el paradero de quienes reclamaban la devolución de las tierras arrancadas ilegalmente.
En 1968, las familias que ocupaban la comunidad de Chicoyogüito, en las cercanías de Cobán, Alta Verapaz, fueron desalojadas violentamente por el Ejército. La acción criminal obedeció a la ocupación de dichas tierras por parte de la entidad armada, la cual construyó en el sitio la Zona Militar 21 Antonio José de Irisarri. De dichas instalaciones, hoy pomposamente llamadas Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (Creompaz), han sido exhumadas 585 osamentas. De estas, 128 ya fueron identificadas mediante prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico). Se trata de personas detenidas y desaparecidas por miembros del Ejército.
El lunes 30 de octubre del corriente año, las familias instaladas en el área que estas renombraron Chab’il Ch’och’, en Izabal, fueron desalojadas con base en una orden emitida por Reginalda Pantaleón Palencia, jueza segunda de paz de Livingston, Izabal. Los terrenos habían sido reocupados por dichas familias, cuando se hizo público que Otto Pérez Molina, quien ostentaba título a su nombre, estaba prisionero por acciones de corrupción que incluyen el robo de fondos públicos con los cuales adquirió propiedades en el área. Con ello, la comunidad recuperaba un terreno que ocupaban ancestralmente y que en 1902 había sido entregado por el Gobierno a la colonización alemana. Les fue devuelto en 1944 y nuevamente arrebatado durante la apropiación de grandes extensiones de tierra por parte de generales del Ejército de Guatemala entre las décadas de 1960 y 1970, en la fase de construcción de la Franja Transversal del Norte.
Las tierras de Chab’il Ch’och’, antes llamadas Chinamachacas, han pasado por varias manos de manera irregular, mediante una intrincada red de relaciones que el Centro de Medios Independientes (CMI) describe para ilustrar las motivaciones del despojo más reciente. Entre otros elementos, la denuncia comunitaria de la presencia del socio de Pérez Molina y prófugo, el exministro Alejandro Sinibaldi, a quien las comunitarias y los comunitarios habrían visto en el lugar.
Para el despojo de Chicoyogüito, según decreto del gobernante Miguel Ydígoras Fuentes en 1961, no hubo empacho en precisar los motivos, pues consideraron «urgente asegurar para el Ejército la tenencia o posesión de los bienes donde se encuentran sus instalaciones militares o destinados para sus servicios y, asimismo, impedir que otras dependencias del Estado dispongan de ellos con perjuicio de la institución militar» (El Guatemalteco, diario oficial del 5 de octubre de 1961).
Para los otros desalojos se ha esgrimido la titulación a nombre de quienes ostentan los documentos generados mediante fraude de ley, según documentó el peritaje histórico registral en el caso Sepur Zarco. Dichos mecanismos, como examina el CMI en sus informes, han sido la práctica común del despojo de las tierras ancestrales del pueblo q’eqchi’, el cual no se desplaza por vocación nómada, sino por el histórico robo violento de sus tierras. Bien harían las autoridades en recurrir a evaluaciones histórico-registrales antes de autorizar desalojos territoriales que violan los derechos humanos y desnudan de cuerpo entero la brutal inequidad en Guatemala.