Esta semana, una abogada mostró el rostro de la dignidad. Claudia González corrigió la plana al juez Jimi Bremer, quien la criminalizaba.
Ella delineó el debido proceso ante la cínica violación del mismo. Una práctica constante en la oleada criminalizadora del pacto mafioso que en los últimos días se ha incrementado. Son acciones despreciables de funcionarios, en especial del Ministerio Pùblico (MP) y el Organismo Judicial (OJ), quienes, aunque siempre han sido parte de la arquitectura estatal, se habían ocultado de la luz.
Pero eso cambió con la cooptación de la institucionalidad democrática, gracias a dos ejecutores: Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
El gobierno de Jimmy Morales, encaramado a la presidencia sin mayor mérito que conseguir el beneplácito de la élite depredadora, fue el alfil perfecto. El dinero aportado ilegalmente a su campaña resultó una buena inversión. Morales canceló a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y anuló su impacto en la depuración del sistema de justicia y persecución penal. Al nombrar a Consuelo Porras al frente del MP, puso la tapa al pomo a su hazaña aniquiladora.
Su sucesor, Alejandro Giammattei, llevó el esfuerzo de Morales a su máxima expresión en todos los sentidos. Le dio un período más a Porras en el MP a fin de garantizar la impunidad como política pública. Luego, profundizó los mecanismos de latrocinio de los recursos del Estado e hizo del cinismo una forma de gobierno y del saqueo estatal, un estilo de vida.
Una vez desarticulada por la cooptación la institucionalidad democrática, emergieron con fuerza jueces y fiscales de la corrupción, quienes habían permanecido en la sombra.
Claudia es un ejemplo de dignidad que toca replicar en la defensa de la democracia.
La danza de millones que surgió de las caletas de la oligarca élite depredadora rindió sus frutos. La corrupción ha tenido a su servicio una estructura instalada en los tres poderes del Estado y el sistema de partidos políticos que para sus fines ha empleado a un patacho de individuos devenidos en sicarios del terrorismo judicial y difusores (netcenter) de discurso de odio y narrativas de impunidad.
Sin embargo, con las elecciones –y cuando creían que su hazaña perversa sería coronada con el voto– terminaron lapidados por la voluntad ciudadana por un cambio y la esperanza de restaurar la primavera quebrantada siete décadas atrás.
El monstruo de la corrupción y la impunidad fue herido gravemente con la doble derrota en las urnas. De allí que, en su afán de salir indemne, cual elefante en cristalería, rompe todo viso de democracia y viola flagrantemente libertades y derechos. La continuada agresión al entramado jurídico electoral y atentado al proceso, es una muestra de ello. Otra se ve en el sostenido abuso de la persecución penal como arma de venganza y de tortura. Una prueba es la intrusión a la casa de los padres de Juan Francisco Sandoval, exfiscal y jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), así como la implantación de evidencia a fin de incriminarle y deslegitimarle. Además, torturarle emocionalmente al provocarle obvia preocupación, pues sus padres son adultos mayores agredidos con una demostración abusiva de fuerza innecesaria.
Otra muestra es la detención ilegal de Claudia González, abogada defensora de cien personas operadoras de justicia espuriamente criminalizadas. La captura de González nace de una denuncia perversa de Blanca Stalling, penosamente magistrada del OJ, quien le acusa de un delito que la abogada no cometió. Sin embargo, el poder de la corrupta Stalling es tal, que no solo se libró de procurar favores judiciales a su hijo delincuente, sino que retornó a su magistratura y cobró salarios retroactivos. No conforme con ello, usó sus influencias para perseguir a quien, en cumplimiento de su deber, la investigó.
Al contrario de sus acusadores y perseguidores, así como de quienes nos han llevado a la debacle, Claudia González, como gente de bien, camina con la frente en alto. Ella ha dado la cara con dignidad y corregido la plana al juez quien, abusando de su autoridad, ordenó ilegalmente su captura y privación de libertad.
Claudia es un ejemplo de dignidad que toca replicar en la defensa de la democracia. En la tarea inaplazable de actuar como pueblos en un solo abrazo para desterrar al monstruo bicéfalo de la corrupción y la impunidad.