Tres cabronadas y una Ley

La Ley para la protección de obtenciones vegetales está dando mucho de qué hablar, probablemente diez años a destiempo, pero nunca es tarde y “no hay mal que por bien no venga”.

Lo que parece una vulgar forma de disfrazar una ampliación presupuestaria puede darnos la oportunidad de tener un mejor ejemplar de una Ley necesaria, pero bien hecha; sin las tres cabronadas que a su nacimiento ha llevado incorporadas.

Primera cabronada: la ampliación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2014 por 550 millones de Quetzales que está incluida en el artículo 46 para rehabilitar y ampliar la Ruta CA-2 Oriente. Al no ser materia de la Ley, es causante de que la misma no vaya a ser reconocida por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) como un instrumento válido para la pertenencia de Guatemala a esa Organización, que si bien ya el país se adhirió al Convenio, la existencia de una Ley en la materia es el siguiente paso para asegurar la pertenencia. Además esta cabronada original es la que se supone no permitirá que la Ley sea corregida antes del 2015, porque es el beso del Príncipe que despertó la Ley dormida durante un quinquenio y deberá permanecer vigente hasta que se agote el ejercicio fiscal 2014.

Segunda cabronada: que en el artículo 50 se contemplen sanciones penales, como siempre que serán aplicadas al más jodido, prisión de uno a cuatro años y multas de mil a diez mil quetzales suenan a castigos para aquéllos que no pueden pagar defensa apropiada y a los que un monto de dinero como el que se menciona le afecta el presupuesto y la actividad económica. Vaya usted a ver si a alguna compañía usando material de reproducción vegetal propiedad de otra le pueden molestar diez mil quetzales de la sanción máxima, suena ridículo, suena a propina; es al pobre que pesquen incluso por ignorancia al que van a dañar. Éste es un tema que se debería circunscribir al orden de lo civil.

Tercera cabronada: que por causas como las cabronadas uno y dos, no podamos tener una Ley que proteja apropiadamente las obtenciones vegetales y condenemos a la agricultura guatemalteca a seguir en el eterno circulo vicioso y de barrena descendente que lleva como consecuencia de su improductividad y nula competitividad. La agricultura guatemalteca es improductiva y poco competitiva a la par de los países de la Región, ya no digamos a nivel mundial con un par de excepciones que se han logrado precisamente por haber desarrollado investigación. En Guatemala no se invierte en investigación e innovación agrícola, tampoco se puede comprar en el extranjero material nuevo, porque el que lo vendiera sabe que no estará protegido; sin motivar la investigación ni garantizar la propiedad de los materiales importados ¿Cómo vamos a mejorar la genética de los cultivos? ¿Cómo vamos a mejorar la productividad? ¿Cómo vamos a mejorar la calidad? ¿Cómo vamos a mejorar precios en los mercados internacionales? ¿Cómo vamos a asegurar disponibilidad de alimentos ante plagas?

O sea que: como está la Ley no se cumple con el compromiso adquirido en el marco del DR CAFTA, se amenaza al agricultor pobre y por su inoperancia se sentencia a la agricultura guatemalteca al eterno retraso, algo así como que aclaradas las dudas y resueltas las preocupaciones hay que tener una Ley funcional y justa, sin cabronadas.    

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