Treinta años después

Han transcurrido tres décadas desde la noche en la cual Noé de Jesús Beteta Álvarez asesinó a la antropóloga Myrna Elizabeth Mack Chang por órdenes del Estado Mayor Presidencial (EMP). Desde los primeros momentos, durante el procesamiento del cuerpo de Myrna, la maquinaria de impunidad, sólida y estructural en 1990, se aseguró de no dejar huella.

El entonces director de la Policía Nacional, Julio Caballeros Seigné, por ejemplo, indicó que no se había podido procesar debidamente la escena porque esa noche había llovido. Tal y como consta en los documentos del juicio contra Beteta, un informe del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) desmiente dicha afirmación. Es ese uno de los tantos textos que forman parte de los más de tres mil folios de que consta el expediente, tramitado con base en el sistema inquisitorio que regulaba el Código Procesal Penal en vigor en ese entonces.

Cada obstáculo que enfrentó la hermana de Myrna, Helen Beatriz Mack Chang, para esclarecer el crimen dio luces sobre los cuellos de botella del sistema de justicia y sobre el funcionamiento de la maquinaria asesina en el Estado. El EMP no actuó ni ordenó el asesinato de Myrna solo porque sí. Lo hizo porque la consideró enemiga interna y ejerció contra ella su acción terrorista. Buscaba castigarla por su trabajo académico, que esclarecía la estrategia contrainsurgente contra las poblaciones desplazadas y forzadas a vivir como nómadas en la montaña, perseguidas por el Ejército. Dar a conocer esa práctica cruel e inhumana contra la población representó para Myrna pagar con su vida el atrevimiento de hacer academia y de mostrar al mundo la barbarie militar en Guatemala.

El proceso por autoría material esclareció ante los tribunales el rol de la inteligencia militar en este tipo de crímenes de Estado. Permitió identificar cómo desde la entidad castrense se extendían tentáculos hacia cuanta dependencia estatal (incluido el sistema de justicia) hiciera falta para lograr sus propósitos y salir impune. Quedó incorporado y documentado en el proceso que, una vez puesto el ojo en una persona convertida en blanco de la inteligencia militar, esta era espiada y seguida y se le abría un expediente. Una vez analizados los resultados de la vigilancia, se tomaba la decisión de «proceder», lo cual representaba la ejecución.

Es allí donde, en la tenaz y gigantesca tarea de procurar justicia por el caso, Helen encontró los laberintos construidos para mantener impunidad. Por ello trabajó con el equipo de la Fundación Myrna Mack, fundada en 1993, para producir los cambios necesarios para superar los baches descubiertos. El dolor se convirtió en energía para analizar y alimentar la resiliencia que llevó a proponer cambios al Código Procesal Penal.

El rostro no es otro que el de Helen Mack, cuya persistencia llevó al cambio trascendental del modelo inquisitivo al acusatorio, así como a la separación de ámbitos entre la PGN y el MP.

De esa cuenta, muere el viejo sistema inquisitivo basado en el trámite de papeles y nace el sistema acusatorio —juicio oral— en el proceso penal en Guatemala. Con este se produce también la separación entre el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), que hasta ese momento eran una sola entidad a cargo de una misma persona.

A partir de entonces, la PGN ejerce la labor de abogacía o representación legal del Estado, en tanto que el MP ejerce la persecución penal. Conforme el tiempo transcurre, se producen cambios que van solidificando las capacidades de investigación y profesionalización, que esperaron más de una década para que se iniciaran, durante la administración de Amílcar Velásquez Zárate. Estas alcanzaron momentos culminantes con las gestiones de Claudia Paz y Paz y de Thelma Aldana. De una institución anodina, destinada a ver pasar los hechos, la entidad llegó a contar con los más amplios respaldo y credibilidad ciudadanos, algo que ahora está en cuestión por las acciones de la titular del MP, Consuelo Porras Argueta, quien apenas salva el pellejo institucional gracias a la tarea del equipo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y de fiscales distritales incorruptibles.

Si bien el avance que desde 1990 ha podido darse en el sistema de justicia desde el ámbito de la persecución penal es resultado del trabajo de muchas personas, al final tienen un nombre y un rostro. El nombre es el del caso Mack, pues su procesamiento llevó a descubrir los nudos de la enorme y sólida cuerda de la impunidad de los crímenes de Estado y de la corrupción en el sistema. El rostro no es otro que el de Helen Mack, cuya persistencia llevó al cambio trascendental del modelo inquisitivo al acusatorio, así como a la separación de ámbitos entre la PGN y el MP.

A 30 años del asesinato de Myrna, no podemos menos que renovar el reconocimiento a su labor como investigadora y su contribución a la academia. De igual forma, como sociedad necesitamos rescatar y recuperar el alcance de los aportes de Helen Mack Chang a la transformación de la justicia en Guatemala. Si hoy en día contamos con sistemas aún precarios pero perfectibles para ser efectivos, es gracias a esa contribución nacida del dolor transformado en energía. Las alas de la mariposa que voló en las montañas acompañando comunidades desplazadas y perseguidas se despliegan nuevamente para recordarnos que no todo está perdido si somos capaces de ofrecer el corazón.

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