De los numerosos y variados problemas que sufre Guatemala, son realmente muy pocos los que tienen soluciones viables y de corto plazo. El proyecto de presupuesto para 2015 es un buen indicador de lo limitadas que son las posibilidades del Estado guatemalteco para intentar, menos lograr solucionar alguno de estos problemas estructurales.
Sin embargo, un proyecto político auténtico y bien sustentado podría empezar buscando los problemas que se pueden solucionar, y que generen beneficios importantes a la mayoría de la población, por pocos que sean. Y con ello, ¿por qué no?, réditos políticos. Si los partidos políticos y sus candidatos no ven estas oportunidades, pues nos debería tocar a las y los ciudadanos, ponerlos en la agenda, como propuestas.
Un problema que es grave, que cotidianamente es un calvario par la mayoría de la población es el del transporte público, urbano y extraurbano, de la capital o de cualquier localidad de nuestro país. Por desgracia, nuestro transporte público está en manos de verdaderas mafias, que persiguen sus intereses, muchas veces mezquinos, con métodos violentos, y para quienes lo menos importante son los usuarios y sus derechos. En Guatemala, ser mujer o adulto mayor hace una gran diferencia al usar el transporte público, por la frecuencia y gravedad de los vejámenes que sufren.
Quienes controlan el transporte público reciben un subsidio millonario (Q245 millones propuestos para 2015 como parte del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, hasta hace poco a cargo del pre candidato del PP, Alejandro Sinibaldi), cuyo manejo se caracteriza por la opacidad y la corrupción. El asesinato de pilotos de autobuses, asaltos, homicidios culposos (mal llamados “accidentes”), extorsiones con crecimiento galopante, son sólo algunos de los muchos crímenes violentos asociados a nuestro transporte público. Los dueños de autobuses no sólo han amasado una cuota desproporcionada e ilegítima de poder económico, sino también político, ya que son quienes ofrecen el “servicio” de acarrear gente para mítines y otras actividades político partidarias, no digamos el día de las elecciones.
Y, ¿existe una solución viable y de corto plazo para semejante problema? En realidad, sí. Desde el punto de vista jurídico, el artículo 120 de la Constitución Política de la República permite la intervención estatal en empresas como las de autobuses, por lo que no hay necesidad de legislación nueva. Este gobierno desperdició la oportunidad que ofrecía el incremento al impuesto sobre circulación de vehículos, el cual es un mecanismo tributario que lograría una transferencia justa de quienes gozamos el privilegio de conducirnos en vehículo particular, para financiar la solución al problema que sufren los usuarios del transporte público (pero el gobierno siguiente puede corregir este error y hacerlo bien poniéndole destino específico al incremento de este impuesto). La Procuraduría de los Derechos Humanos tiene una defensoría específica para este tema, por lo que ya existe institucionalidad especializada. Y así, otros elementos que hacen que una solución sea viable, y en el corto plazo.
¿Qué es lo que hace falta? Un político visionario y capaz, con sentido estratégico, que entienda que ganaría más políticamente rompiendo el círculo vicioso de las mafias, y apostarle a beneficiar a la población. Que tenga la voluntad de hacerlo (no como Otto Pérez, que dejó ir esta oportunidad). Pero sobre todo, que tenga el valor de hacerlo.
Y sí, velar por los intereses de la ciudadanía y no por los de una mafia como la de los autobuseros, requiere valor. De los políticos, y de todas y todos nosotros también.
