En fechas recientes, un grupo de guatemaltecos hizo pública su decisión de organizarse para convocar, desde sus particulares lecturas de los hechos y desde sus propias visiones políticas, a una refundación del Estado. Decidieron hacerlo con fuerte difusión mediática en el extranjero y haciendo sobresalir a quienes, según ellos, poseen el mayor y más amplio conocimiento público.
Si bien ese grupo de ciudadanos estaba en el pleno ejercicio de sus derechos, para muchos su acción resultó, más que una osadía, un sacrilegio. Desde varios puntos cardinales del espectro político del país llovieron las críticas, las negativas y las descalificaciones, aun antes de que el citado grupo hiciera oficialmente su aparecimiento. Hubo los que, sin ser invitados a participar, hicieron pública su posición de que ¡para nada! podrían estar en una iniciativa de ese tipo. Se pronunciaron también los que se sintieron ultrajados porque eso de la refundación del Estado es ya su marca, su idea, y no pueden otros venir a apropiársela.
El principal impulsor y articulador de la propuesta es el expresidente Jorge Serrano Elías. Exmilitares y un excombatiente guerrillero asumieron también papeles protagónicos. El secretario general del partido Convergencia no estuvo presente ni se pronunció como parte del proyecto, pero, promovido como tal por los medios, hizo que los diputados de su bancada pintaran su raya y dejaran claro que en ese proyecto nunca estarían. La dirección del partido aclaró que lo que habían realizado eran simples diálogos, pero el daño ya estaba hecho. Desde su propia visión de la sociedad y del poder, Convergencia y sectores aliados han venido insistiendo también, desde su constitución, en la refundación del Estado guatemalteco.
Convocar a los distintos sectores de la sociedad para refundar, recrear, rehacer, reformar o como se quiera llamar al acto de incidir en la reforma profunda del sistema político guatemalteco es un derecho de todos. Como en su derecho están los que, invitados directamente por algunas de las propuestas, opten por no participar. Varios esfuerzos incipientes, marginales y sectorizados se vienen haciendo para tratar de influir en la reforma del sistema político y del aparato del Estado. Todos tienen el soberano derecho de hacerlo, de proponer ante la ciudadanía sus ideas y, si les parece, de convocar a más actores para sumarse a su proyecto. Ya el gran capital y sus intelectuales lo intentaron con su fracasado proyecto ProReforma, y parte de esos mismos sectores, con la misma actitud sectaria, dibujaron sus reformas a leyes importantes en su propuesta Visión de País. Exigieron su aprobación y, obviamente, no lo lograron.
Las múltiples pero estrechas y hasta sectarias visiones que los actores presentan, así como su tendencia a marginar de inmediato a los que no piensan como ellos y a insistir en la aprobación de toda su propuesta sin aceptar negociación, han hecho que hasta ahora ninguna propuesta logre convocar a amplios y diversos sectores de la población.
Propuestas como la autoproclamada Plataforma Nacional para la Reforma del Estado (PNRE), por ejemplo, en la cual se decía que estaban desde los de chile hasta los de azúcar, apagó todo su ímpetu reformista con la renuncia y la detención de Pérez Molina. El supuesto amplio consenso de más de 150 organizaciones quedó, al parecer, en nada. Sus principales líderes y promotores, que aceptaron la indicación del gran capital de no sacar la cabeza, pero que soñaron con fungir como ministros en un supuesto gobierno de transición, hoy se repliegan a sus pequeñas organizaciones e instituciones sin lograr construir hasta ahora un amplio frente a favor de reformas profundas que efectivamente democraticen la vida política del país.
Todo indica que la propuesta de los serranistas no pasará de un intento más, sea por sus propios errores de convocatoria o porque, en el desesperado protagonismo de sus principales impulsores, la sumatoria de participantes y, en consecuencia, su capacidad de incidir en los procesos políticos que se avecinan serán limitadas.
Valga anotar, sin embargo, que en ese esfuerzo se ha hecho evidente que aquello de la unidad granítica del Ejército, por suerte, no es más que palabras huecas, pues los exoficiales que se han sumado a ese proyecto han dejado claro que al menos ellos no son portadores del síndrome de Onoda, por lo que no ven ni terroristas ni comunistas en cada plato de sopa. Esto ya es un gran paso, pues las reformas del Estado y del sistema político —que son dos cosas distintas pero más que complementarias— no se pueden lograr desde posiciones autoritarias e intransigentes, mucho menos excluyendo a unos porque son anticristos o comedores de niños, como sucedió cuando en 1985 se redactó y aprobó la actual Constitución.
El proyecto serranista, si bien tiene esa ventaja, ha hecho demasiado énfasis en eso de que exmilitares y exguerrilleros han decidido trabajar juntos, cuando en la actualidad son muchas otras las corrientes sociales y políticas las que tienen que ponerse de acuerdo para alcanzar reformas profundas. El conflicto armado ya fue superado. Sus actores jugaron ya su papel. Hoy son otros actores, en otros escenarios, los que se tienen que poner de acuerdo.
Serrano mismo deberá aceptar que, si quiere aportar a la reforma profunda de las estructuras políticas del país, debe, antes que nada, asumir sus culpas, reconocer sus errores del pasado y aceptar que, si en un momento se embelesó con el supuesto inmenso poder que la Presidencia le concedía, eso de intentar sacar a sombrerazos a los que junto con él corrompían el poder público únicamente condujo a fallidas reformas que permitieron no solo la supervivencia de esos grupos delincuenciales, sino, lo más lamentable, la piñatización de los recursos públicos.
Hablar de reformar el Estado desde lejanas ciudades es tan irreal como imaginar que las demandas serán aprobadas solo porque se dice hablar en nombre de los de abajo o porque se tiene el control de las riquezas del país. Mientras no se establezcan diálogos y negociaciones que efectivamente conduzcan al respeto del libre juego democrático y a la construcción de una sociedad equitativa, en la que todos tengan los mismos derechos y la posibilidad de cubrir sus básicas necesidades, los intentos por refundar el Estado serán fallidos.