Hablar de un presupuesto legal y de otro real no solo es fiscalmente opaco, sino que además podría ser inconstitucional.
Ya han transcurrido cuatro meses desde la cadena nacional del 27 de enero, en la que el presidente Alejandro Giammattei anunció una readecuación presupuestaria. Se confirma una vez más que Giammattei mintió, pues los hechos son que el presupuesto no ha sido modificado. El techo presupuestario vigente sigue siendo 107.8 millardos de quetzales, y no los 94.4 millardos que se han venido anunciando desde entonces. No se ha emitido ningún acuerdo gubernativo que modifique los techos presupuestarios institucionales, y el Congreso de la República no ha aprobado ningún decreto que modifique el techo presupuestario global.
En el evento de rendición de cuentas que el Gobierno presentó la semana pasada, el presidente y el ministro de Finanzas Públicas insistieron en la idea de manejar dos presupuestos: uno legal y otro (¿ilegal?) readecuado, que refleja la realidad de lo que el Gobierno realmente está ejecutando. Desde el punto de vista financiero, la cosa parece muy clara y sencilla: un techo presupuestario global autorizado para gastar de 107.8 millardos de quetzales, pero ellos dicen y prometen que solo gastarán 94.4 millardos y, por ende, que dejarán de ejecutar la diferencia de 13.4 millardos.
Ahora bien, la política fiscal ya ha madurado y evolucionado para ir mucho más allá de balances financieros o, como popularmente se dice, de una danza de millones. La política fiscal también tiene que ver con los resultados de los movimientos financieros y con transparencia fiscal, es decir, hay una obligación de que la información fiscal sea clara y veraz. Así, lo que está haciendo el Gobierno podrá tener sentido desde un punto de vista financiero, pero es profundamente opaco.
¿Qué intereses políticos o sectoriales están detrás de la insistencia en mantener el techo presupuestario alto?
Manejar un presupuesto legal y otro real violenta los estándares y códigos internacionales de transparencia fiscal. Más allá de la jerga técnica complicada, la situación es muy sencilla: si un ciudadano quiere saber qué porcentaje del presupuesto se ha ejecutado al día de hoy, puede ingresar a la plataforma en línea del Sistema de Contabilidad Integrado (Sicóin) y consultar el dato. El problema con lo que está haciendo el Gobierno radica en que la contabilidad estatal registra el presupuesto legal y no admite otro presupuesto que no sea el legal, de modo que rechaza correctamente lo que el presidente y el ministro están haciendo. Así, para saber el porcentaje de ejecución presupuestaria, hay que esperar cuatro meses para el próximo informe de rendición de cuentas, un retroceso de décadas y que desecha lo hasta ahora logrado.
Pero, de nuevo, en la política fiscal moderna la gestión del Gobierno no se evalúa solamente con un porcentaje global de ejecución presupuestaria. Es preciso analizar los movimientos financieros, como los resultados detallados por entidad, programa, subprograma, proyecto, actividad, y así toda la estructura programática del presupuesto. Para toda esta desagregación está cargado el presupuesto legal, y se carece de datos del presupuesto real o ajustado al que se refieren las autoridades.
Además, como agravante muy preocupante, la muy anómala situación de manejar dos presupuestos podría estar violando el artículo 237 de la Constitución Política de la República, en cuyo párrafo segundo se establece que la unidad del presupuesto es obligatoria. Un problema legal que se podría evitar haciendo lo que la misma Constitución ordena: el Congreso debe modificar el presupuesto para que refleje la realidad.
¿Por qué Giammattei se niega a solicitar al Congreso la modificación del presupuesto para así transparentar su ejecución? ¿Por qué ni siquiera busca hacer una modificación interna por la vía de un acuerdo gubernativo de presupuesto? ¿Qué intereses políticos o sectoriales están detrás de la insistencia en mantener el techo presupuestario alto?
