Lo único que podemos asegurar con certeza sobre el proceso electoral de 2023 es que el oficialismo se cebará con lo que ya se configura como un aquelarre de corrupción.
En marzo pasado el Congreso de la República aprobó el Decreto No. 21-2022, Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica, una autopista de alta velocidad para la corrupción, conocida popularmente como la Ley Piñata. Originada de la iniciativa de ley número de registro 6043, que presentó un grupo de diputados encabezados por la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, y el presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM), Cándido Leal, es el instrumento con el que se está produciendo un robo de magnitud histórica en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Hoy, en nuestras narices y conforme usted lee esta columna.
Pero, los Q 3,191.2 millones de la ley piñata de marzo son insuficientes para saciar la avaricia de diputados distritales, alcaldes, síndicos, concejales, gobernadores y la demás corruptela asociada al poder local en municipalidades, gobernaciones departamentales, pero principalmente, en los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), los entes que en el presupuesto de 2022 el gobierno central les trasladará Q 3,263.2 millones.
Para alimentar el apetito de estos corruptos de los gobiernos locales, fue también que la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, y el presidente de la CFPM, Cándido Leal, en abril pasado lideraron la presentación de la iniciativa de ley número de registro 6068, la cual fue diligentemente recibió dictamen favorable de la CFPM, y la alianza oficialista aprobó la semana pasada con 92 votos como el Decreto No. 30-2022. La versión aprobada contiene solamente tres artículos, que modifican el Decreto No. 16-2021, con el cual se aprobó el presupuesto de 2022: el primero concede a los Codede una excepción de la obligación de devolver el dinero correspondiente a obras no ejecutadas o atrasadas; el segundo relaja los controles en línea del avance de las obras físicas; y el tercero, es una suerte de permiso legal para malversar el aporte extraordinario aprobado en noviembre por Q 290.0 millones, para que los Codede apoyaran la denominada Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, ahora pudiendo desviar esos recursos a obra gris.
Este decreto aprobado por el Congreso debe pasar al Organismo Ejecutivo, y el presidente Alejandro Giammattei debe decidir si lo sanciona y lo pone en vigencia, o lo veta devolviéndolo al Congreso. Numerosas y diversas voces se han alzado ya advirtiendo la naturaleza anómala de su contenido, y que constituye un permiso legal para robar y malversar recursos públicos, especialmente para alimentar las campañas de reelección de los integrantes de la alianza oficialista, es decir, el pacto de corruptos. Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el Frente Ciudadano Contra la Corrupción y Justicia Ya, se pronunciaron en cuanto a que el presidente Giammattei debe vetar este Decreto 30-2022.
La presión para que Giammattei vete este decreto debe ser enérgica, porque constituye una segunda ley piñata, con la cual son casi ya Q 6,455 millones los que se han puesto en manos de corruptos para financiar campañas electorales espurias. Debe reconocérsele a Giammattei que ha sido capaz de vetar mamarrachos legislativos aprobados por la alianza oficialista, como las mal recordadas Ley de protección de la vida y la familia, o las reformas a la Ley de contrataciones del Estado que exigen los alcaldes para zafarse de los controles sobre las adquisiciones públicas, pese a que eran temas que políticamente quizá le hubiesen convenido.
Así, está en manos de Giammattei frenar la vigencia de esta nueva ley piñata.