Un intento por aprobar una norma que ordenaría guardar arresto domiciliar a reos o convictos mayores de 80 años o afectados por alguna enfermedad terminal, resultó fallido. El deseo de trasladar a tribunales militares el procesamiento de delitos de lesa humanidad, también quedó en el aire, aunque expresado.
La primera acción la ejecutó el Congreso luego de que el diputado Christian Boussinot, ahora integrante de la bancada independiente –por haberse separado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)–, que encabeza el presidente del legislativo Roberto Alejos. La travesura de Boussinot consistió en introducir la discusión de una iniciativa que tenía dictamen favorable desde hacía tres años y que buscaba modificar los Códigos Penal y Procesal Penal. Sin embargo, para sorpresa de algunos congresistas, el texto introducido era distinto del documento aprobado tres años atrás. Al extremo de que, además de presentarse con un párrafo mutilado, se acompañaba con una hoja de firmas ilegibles pese a que el texto original contenía firmas y nombres de los diputados que dieron el visto bueno para la iniciativa.
El cambio realizado eliminaba la frase “a excepción de los procesados por delitos de lesa humanidad” en el párrafo en cuestión. Con la mutilación y al aprobar cambios, que en definitiva no son necesarios pues hay legislación vigente en la dirección propuesta, se buscaba favorecer a los pocos reos y procesados que son mayores de 80 años, entre ellos: Oscar Humberto Mejía Víctores y Héctor Mario López Fuentes, sindicados de genocidio.
La segunda acción, la solicitud de trasladar los procesos por genocidio a tribunales militares, fue introducida por la defensa de López Fuentes, precisamente un día después del fallido intento de aprobar una ley falsificada.
Uno y otro acto están claramente relacionados con la intención de favorecer a perpetradores de graves violaciones a derechos humanos y se ven como acciones enmarcadas en el plan de defensa diseñado por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) y sus organizaciones aliadas en la asociación Familias.
Ambos hechos, producidos también luego de que se conoce y, por lo tanto se confirma, que el Ejercito de Guatemala es responsable por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de detenidos desaparecidos. Esto, en virtud de la identificación positiva mediante cotejo de muestras de ADN, de dos cuerpos encontrados en una de varias fosas exhumadas de cementerios clandestinos en el destacamento militar de San Juan Comalapa, Chimaltenango.
Ante la evidencia inobjetable de la responsabilidad por estos crímenes, como también resulta inobjetable por genocidio, el grupo de choque que ha constituido la AVEMILGUA se apresta a gestionar la Ley de Punto Final, cuyo texto se encuentra ya en manos de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, esperando el momento de llevarla al pleno.
A la senda torcida que intenta marcar el esfuerzo de impunidad, la sociedad debe oponerle la senda de la rectitud en procura de justicia, en reconstrucción de la memoria y en esclarecimiento de la verdad. Negar el pasado, ocultarlo, “desaparecerlo” como a las víctimas, solo puede beneficiar a los perpetradores. Investigar, conocer, difundir y recordar para no olvidar, en cambio, es la única acción posible para evitar que estos hechos se repitan. Una ley de punto final es la peor herencia que cualquier legislador puede entregarle a sus electores porque se hace cómplice de los crímenes que intenta ocultar. Ni punto final ni fuero militar, solo memoria, verdad y justicia podrán devolvernos la dignidad como pueblo, capaz de enfrentar su pasado y asumir las riendas de su futuro.