Los primeros rastros modernos datan de 1832, cuando se estableció que “todo plantío que no se hubiese conocido en el Estado, o cuyo cultivo no se hubiese practicado, y todo ramo nuevo de industria, quedan libres de cualquier impuesto y derechos por el término de 10 años”. Ésta fue la primera dosis moderna de una droga poderosa, cuyos adictos ansían con voracidad.
En 1885 se intentó diversificar la agricultura con privilegios fiscales para el cultivo y producción de cacao, quina, algodón, hule, añil y henequén. Una crisis “justificó” declarar el café y el azúcar libres del pago de derechos de exportación durante los próximos 10 años. En 1897 se permitió que tanto Cantel como la Cervecería Centroamericana importaran maquinaria y materia prima, sin pagar impuestos.
Al inicio del siglo XX, los contratos de concesión para la UFCO, IRCA y la Empresa Eléctrica, todos símbolos de vergüenza nacional y abuso estadounidense, no faltaron las exenciones de impuestos abusivas. En 1950, la ley de fomento industrial derogó la mayor parte de impuestos aplicados a las importaciones de materiales de construcción, materias primas y equipos utilizados por las nuevas empresas nacionales, con un sesgo a privilegiar el sector algodonero.
En 1959 se aprobó una nueva Ley de Fomento Industrial, pero que también recurrió a los privilegios fiscales para empresas nuevas: exención por 10 años del pago de derechos de importación de materiales de construcción, materias primas y maquinaria. Por cinco años gozaron de exención del impuesto sobre utilidades de las empresas lucrativas y se les concedió reducción de un 50% en los cinco años siguientes. Además, esta norma aplicaba a cualquier otro impuesto que se decretara en el futuro. Las industrias existentes también recibieron privilegios similares. Complementariamente, a las empresas nuevas se les protegió con aranceles altos, supuestamente para promover mercados cautivos.
También en 1959 se aprobó la Ley de Fomento Avícola, y en 1960 la Ley de Fomento de Siembra de Hule, ambas plagadas de privilegios fiscales. En 1963 se aprueba el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales, que generalizó la exención al ISR y otros impuestos así un incremento a los aranceles por la importación de bienes terminados, pero se eliminaron los aranceles por la importación de insumos para la producción. Como resultado, entre 1963 y 1970 se produjo una “guerra” centroamericana, en la que los países se pelearon por lograr ser el que más privilegios ofrecía para atraer inversión.
En 1979 se aprobó la Ley de Fomento para la Descentralización Industrial, declarando “necesidad” nacional el establecimiento de nuevas empresas fuera del departamento de Guatemala. Otorgó privilegios como exoneración parcial de ISR en plazos de ocho a 10 años, además de financiamiento preferencial y asistencia técnica. En ese año también se aprobó la Ley de Incentivos a las Empresas de Exportación, privilegiando a las empresas establecidas fuera del departamento de Guatemala, nacionales o extranjeras, que se dedicaran a la manufactura de productos de exportación hacia fuera de Centroamérica.
En 1989 se aprobaron los Decretos 29-89 (maquilas) y 65-89 (zonas francas), ampliados en 2004. Ahora nos salen con una “nueva” ley de promoción de inversiones y empleo (iniciativa 4644), lo mismo desde hace más de 180 años: privilegios fiscales para mantener la adicción de quienes no pueden sobrevivir, menos competir, sin ellos.
Si usted cumple su responsabilidad democrática de pagar impuestos al igual que todo ciudadano honrado y cree en un contrato social justo, ¿no le parece que es momento de decirle a los adictos a los privilegios fiscales ¡ya basta!?