Y es aquí en donde se pone en evidencia la desigualdad e injusticia de nuestro sistema tributario: los que ganamos más o menos, tenemos la impresión (y pareciera que no del todo equivocada), que somos los que pagamos más. Al respecto, un empresario de éxito me dijo: «no se preocupe por los impuestos, sólo tiene que tener un buen contador». No sé en realidad qué quiso decirme con ello, pero resulta que mis ingresos no alcanzan para cubrir los servicios de un «buen contador», y si ello implicara algo malo, aun cuando tuviera los recursos, tampoco lo contrataría.
Como a todas las personas de clase media que tenemos que pagar impuestos, tampoco a mí me agrada hacerlo, pero lo hago porque forma parte de mis obligaciones ciudadanas. Esta situación se produce en mi caso, y considero que en el de muchas personas por lo que he escuchado, en doble vía. Por un lado, los problemas radican en que hasta el momento no he visto que esos impuestos se inviertan en su totalidad en obras que beneficien a toda la población, y no sólo a los bolsillos de los funcionarios de turno. Por otro, también como parte de la clase media asalariada, siento que yo pago más impuestos que aquellas grandes empresas, que tienen o han tenido hasta el momento la manera de evadir o sustraerse «legalmente» al pago de los impuestos de acuerdo a las ganancias «reales» que les generan sus negocios.
Esta situación no sucede en países como Alemania, por ejemplo, en donde las personas también se quejan de la gran cantidad de impuestos que pagan. Sin embargo, reconocen que sus impuestos son bien empleados. Hay un riguroso mecanismo de control para todos sin excepción, y cuentan con la posibilidad de conocer las inversiones que su trabajo genera. La mayoría de la población es de clase media, existe una minoría que posee grandes cantidades de dinero, y también hay pobreza, pero nunca en los niveles que vivimos en Guatemala o en los países como el nuestro.
Porque si los impuestos son bien empleados por los gobiernos, porque si los funcionarios tienen sanciones legales en caso de hacer uso inadecuado de los fondos públicos (ya sea para su propio beneficio o en inversiones erróneas), porque si todas las empresas pagan lo que corresponde a sus ganancias reales; entonces un país puede, o al menos tiene la posibilidad, de salir adelante.
Pero si la situación se produce de la forma en que hasta el presente se ha dado en Guatemala, en donde una clase social, la media, sigue pagando más impuestos cada vez, mientras que los que más ganan siguen buscando la manera de seguir pagando menos de lo que les corresponde, y si algunos funcionarios siguen malversando los fondos, entonces el país, por mucho que paguemos los asalariados, realmente nunca saldrá del atolladero en que se encuentra.
Particularmente prefiero la nueva ley tributaria que se ha aprobado. Sin embargo, me preocupa saber, ¿quién, de qué manera se verificará que las grandes empresas, es decir los que verdaderamente tienen muchos ingresos, tributen lo justo? El CACIF ya presentó un amparo con sus propuestas que sin duda los favorece. Mientras la situación se resuelve y aclara, repito, ¿quién, de qué manera se verificará que tributen lo que les corresponde? ¿Quién, de qué manera se controlará a los funcionarios públicos que se enriquecen de manera ilícita?
Si no tenemos mecanismos concretos y eficaces, si no contamos con acciones reales que respalden estas nuevas disposiciones tributarias con igualdad y justicia para todos, entonces lo único que se estará logrando es: que la cada vez más tambaleante clase media desaparezca; que los pobres sean cada vez más pobres; y que empeoren aún más las ya polarizadas condiciones de desigualdad económica que se viven en nuestro país.