En 1978, con la intención de subir en un cien por ciento el valor del pasaje, los dueños de los buses estuvieron en el centro de la tormenta en que se convirtió el rechazo ciudadano a dicha pretensión. Varios líderes sociales perdieron la vida durante las protestas que fueron brutalmente reprimidas. Finalmente, el gobierno central y municipal, acordaron el subsidio al servicio de transporte como mecanismo para evitar que los costos del mismo se cargaran a los bolsillos de las y los usuarios del mismo. Es decir, tenía como beneficiarias y beneficiarios finales a quienes hacían uso del sistema para movilizarse en la ciudad.
Más de tres décadas después, el costo del servicio de transporte ha subido en un dos mil por ciento (subió de cinco centavos a un quetzal) para el público y el costo real prácticamente el doble, según el monto del subsidio entregado a los empresarios. Esta situación, que entre 2004 y 2011 ha representado un ingreso de dos mil 122.3 millones de quetzales para los empresarios, es la norma de la relación entre el Estado y la banda de ladrones mal llamados empresarios de transporte urbano.
En la actualidad, puede verse la disputa mediática entre la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU) y la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos (ASOPAGUA), quienes se pelean por el manejo de los millones destinados al subsidio. Un mecanismo llamado a favorecer las condiciones de vida de sectores vulnerables pero que, según la forma en la que se ejecuta, es más bien un foco de corrupción y rentismo (mecanismo según el cual se obtienen rentas por ingresos públicos sin hacer nada a cambio).
Y ése es el caso de los miembros de AEAU y ASOPAGUA. Los primeros concentraron la administración del subsidio y además, cobraron a los de ASOPAGUA mil quinientos quetzales mensuales por unidad para la cual entregaban el dinero público. El Estado les otorgaba el dinero a cambio del servicio que debía incluir cambio de unidades, atención eficiente, educada y profesional. La verdad es muy distinta. La atención es pésima, plagada de abusos y carente de profesionalismo al extremo de que pilotos de buses carecen de licencia y en ocasiones de experiencia en el manejo de tal clase de servicio.
En el calvario que el uso de este sistema representa para las y los capitalinos, hay responsabilidad grave de funcionarios del Ejecutivo y de los ocupantes de la Municipalidad de Guatemala −estos últimos casi eternos en el cargo- quienes han jugado partidos amistosos con los empresarios a fin de mantener este mugroso servicio de transporte.
El transmetro, -los buses verdes- inició con la compra de unidades articuladas (gusanos) y se gestiona mediante el alquiler de éstos, por parte de los empresarios a la municipalidad. Los mismos fueron comprados con parte del subsidio. Es decir, le sacan doble raja al sistema.
El transurbano -los azules-, se inició con el otorgamiento de las licencias de rutas a cuatro empresas (número de entidades en las que se fusionaron las anteriores 28 que prestaban servicio). Éstas son, Tendencias Modernas Latinoamericanas S. A., Expansión Corporativa Mileniun S. A., Rutas Metropolitanas de Transporte S. A., Concesionarios de Transporte S. A., cuyos representantes son, Rudy Leonel Maldonado Castillo, Luis Alfonso Gómez González, Mario Enrique Vargas Salazar y Víctor Hugo Figueroa Ortiz, respectivamente. Estas cuatro “empresas”, de acuerdo con el artículo 1º. de la ley que dio vida a su negocio, es decir el Transurbano, debieron haber concluido el 6 de junio de este año la instalación del servicio y la importación de los más de 2,500 buses.
Pero, no sólo no completaron la importación de las unidades sino que, a las pocas que están operando han empezado a quitarles asientos, han anulado el servicio de seguridad y las paradas de los mismos han perdido el sistema de iluminación.
Los buses rojos (tomates), son, por así decirlo, la última categoría y hoy día el área de mayor riesgo para las y los usuarios. Es el terreno en donde son asesinados el mayor número de pilotos, ayudantes (brochas), usuarios y propietarios. Las condiciones de inseguridad para los operadores de este subsistema son las que nos ubican entre la lista mundial de profesiones más inseguras, según el diario The Sun.
Pero los “tomates” no sólo tienen esos problemas. Son quizá el campo en donde se producen los peores abusos y se lleva a cabo la mayor cantidad de crímenes contra quienes utilizan el servicio. Crímenes que, en el caso de las muertes de pilotos, según han indicado reiteradamente autoridades de seguridad, provienen de las mismas empresas que disputan el control del dinero estatal.
De tal suerte que el mecanismo de subsidio entregado a los ladrones con carnet de empresario es un total fracaso. Pese a ser nuestro bolsillo y nuestros impuestos lo que paga a precio alto el servicio de transporte, en realidad no hay forma de que se controle el uso del dinero regalado a los dueños de las unidades.
Tiempo es ya de intervenir el servicio. De construir una entidad estatal con jurisdicción municipal e invertir la plata en sustituir el obsoleto sistema de ladronismo empresarial. De crear otro, que garantice cumplir la sencilla pero importante misión de transportar día con día a las y los usuarios del transporte público a un costo razonable con la pobreza generalizada en Guatemala. Posponer la decisión es ser cómplices del crimen, la corrupción, el rentismo y el robo descarado de nuestros recursos.