Corría el año 2001 y residía en ciudad de México, en la última etapa de mi formación académica de postgrado. Debido a que en ese momento buscaba referentes teóricos para elaborar mi tesis, asistí entonces a un evento académico en el Colegio de México. Conocí entonces el concepto que cambió el curso de mi énfasis profesional: la noción del Estado anómico, del sociólogo alemán Peter Waldman. Unos años antes, cuando cursaba otro programa de posgrado, ya había encontrado el concepto de dualidad institucional del politólogo argentino Guillermo O´Donnell. Ambos marcos teóricos me parecieron muy sugerentes para entender la realidad guatemalteca.
Desde ese momento, asumí ambas perspectivas para entender la compleja realidad de Guatemala, caracterizada siempre por lo que entonces imaginaba era una «maldición tercermundista», o lo que otros autores han llamado el «síndrome de fracasomanía». Una situación en la que el país está condenado a repetir sus múltiples errores, una y otra vez, sin posibilidad real de cambio. Unos años después, elaboré un concepto adicional que estaba íntimamente relacionado con los dos anteriores: anomia regulada. Mi corazonada era que lo que permitía el Estado anómico y la dualidad institucional, era justamente la forma en que se sanciona y se aplica las normas legales, por lo que la sabiduría popular estaba en lo correcto: «hecha la ley, hecha la trampa».
Sintéticamente, el concepto de Estado anómico se explica justamente en esa realidad dual, en la que existen realmente dos instituciones: la formal o de fachada, que se caracteriza siempre por discursos cargados de conceptos legales y promesas morales que apelan siempre al ideal de bien común y del Estado de Derecho, y la informal, donde se toman decisiones amañadas que solamente utilizan el ropaje legal e institucional para legitimar decisiones previamente tomadas que solo buscan garantizar la defensa de intereses particulares o sectarios. El mecanismo que permite esa sorprendente dualidad es justamente la trampa legal: los vacíos, contradicciones o interpretación aleatoria del lenguaje oscuro con el que usualmente se aprueban las leyes, en la necesidad de defender los intereses, cualquier artimaña es válida.
«Anomia del Estado»: la forma perversa en que la acción estatal produce no pocas inercias perversas
Durante muchos años, he desarrollado la reflexión sobre nuestro país basándome en esa triada de conceptos académicos; el concepto de institucionalidad dual, para entender las múltiples contradicciones institucionales; la idea de anomia regulada, para comprender porque existen tantas leyes inoperantes que a nadie le preocupa reformar y por último, la noción de que del Estado anómico, emerge muchas acciones y regulaciones que solamente reproducen la anomia en múltiples campos y dimensiones de la realidad. Por eso, en el 2017, acuñamos el término de «anomia del Estado»: la forma perversa en que la acción estatal produce no pocas inercias perversas.
Los primeros años de la aplicación de este marco teórico fueron complejos. Aunque a todos les parecía sugerente el concepto, la forma en que se podía aplicar era siempre deficitario: era la descripción de las consecuencias, más que la comprensión de cómo se reproducía esta inercia perversa dentro del sistema político guatemalteco. Esta dificultad de entender conceptualmente la anomia que produce el Estado cambió a partir del 2015. Desde entonces, hay abundante evidencia que el Estado es anómico, debido a la forma casuística, amañada y poco consistente en la que se aplica el marco legal e institucional guatemalteco.
El proceso de designación de quien conducirá el Ministerio Público y la forma en que se desarrollan los acontecimientos en la elección del Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala pueden verse desde la perspectiva de la institucionalidad dual. En ambos ejemplos, existe el uso deliberado del marco legal e institucional para favorecer opciones favorables a los intereses dominantes: nada nuevo bajo el sol.