El techo presupuestario de 2013, vigente en 2014, es de Q 67 millardos. Técnica y jurídicamente, el 80% podría considerarse con el financiamiento asegurado: Q 50.4 millardos de impuestos (75% del techo), y Q 3.7 millardos de ingresos no tributarios (5% del techo). No así el 20% restante (Q 13 millardos).
En este agujero fiscal, 8% corresponde a los Q 5.4 millardos en bonos el Tesoro que el Congreso aprobó para el año pasado, deuda que, según la opinión del Gobierno, la Constitución permite considerarla “pre autorizada” también para 2014. Pero jugar a interpretar la Constitución es muy riesgoso. ¿Se atreverá el gobierno a desafiar al Congreso contrayendo deuda bonificada en 2014, sin la aprobación que también ordena la Constitución?
Arriesgarse a violar la Constitución podría ser un riesgo explicable (pero nunca justificable), si resolviera el problema. Pero el agujero es del 20% del presupuesto, y colocar los bonos que fueron autorizados el año pasado cubriría solamente 8%. Los préstamos presupuestados en 2013 representan el 6% del presupuesto, y no debemos olvidar que, aunque con enormes dificultades, el Congreso aprobó estos préstamos al final de 2013 y ya fueron desembolsados y ejecutados. Al contrario de los bonos, los préstamos requieren previo a su aprobación en el Congreso, un proceso largo de preparación y negociación con los organismos financieros internacionales. Proceso que no se hizo para 2014.
Pero, adicional a los agujeros de 8% de bonos y 6% de préstamos, el Gobierno ha reconocido una brecha en los impuestos de 5% del presupuesto, asociada a la debacle del sistema aduanero (capturado por mafias y crimen organizado), el retroceso en el impuesto sobre circulación de vehículos y otras medidas equivocadas de política tributaria. Éste es un desafío mucho más severo que el de la aprobación del endeudamiento, ya que requiere la recuperación de la SAT, lo cual no sólo es técnica y políticamente difícil, sino que en caso de lograrse el proceso no es rápido, comprometiendo la disponibilidad oportuna de los recursos en 2014.
Al agujero de 19% del presupuesto por endeudamiento no aprobado (14%), y el problema de las aduanas (5%), se suma 1% por una irresponsable sobreestimación en las donaciones corrientes (alrededor de Q 900 millones). Semejante deficiencia en el financiamiento del gasto, explica por qué el gobierno prácticamente está obligado en2014 aincrementar sustancialmente el financiamiento vía deuda bonificada a por lo menos Q 8 millardos, pero debe tomarse en cuenta que en realidad le urgen Q 13 millardos.
Y para terminar de complicar la situación, el techo de gasto corriente resulta insuficiente para cubrir el incremento salarial para el magisterio y el servicio de la deuda pública en 2014. Una solución sería mutilar el presupuesto de inversión pública para cubrir estos compromisos, pero eso está prohibido por la Constitución. Así que, de nuevo, si el Gobierno no quiere arriesgarse a violar la Carta Magna para cumplir estos compromisos, está obligado a acudir al Congreso y solicitar la ampliación del presupuesto, específicamente el techo para el gasto de funcionamiento.
La disyuntiva para el gobierno es entonces muy compleja: violar la Constitución colocando bonos sin autorización y cubrir el incremento para los maestros y el servicio de la deuda con el presupuesto de inversión; o, acudir al Congreso y repetir el calvario sufrido en 2013 para la aprobación de los préstamos. Y bueno, violar la Constitución no debiese ser una opción… ¿no?
Ésta es una crisis fiscal que requiere mucha atención y responsabilidad, y dejar de lado la bulla del “harinazo”.