Mientras más sectores opinan sobre la necesidad de ampliar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el mandatario sigue con la evasiva. De hecho, no ha ocultado su incomodidad con la Cicig, aunque se ha cuidado mucho de expresar claramente sus intenciones. La ambigüedad ha sido su estrategia.
Durante su visita al país, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, remarcó el interés de su Gobierno por ampliar el mandato de la comisión. Habló, incluso, de la posibilidad de que el modelo se replique en El Salvador y Honduras. Es decir, además de Cicig en Guatemala, habría una Cicies en El Salvador y una Cicih en Honduras: un esquema que involucraría al Triángulo Norte de Centroamérica debido a los altos índices de criminalidad y violencia.
La afirmación de Biden es un mensaje más de un alto funcionario estadounidense que expresa preocupación por el flagelo que representan la impunidad y el entorno que la provoca. Y es una reacción a las maneras evasivas de Otto Pérez Molina. A la afirmación del mandatario guatemalteco de que la comunidad internacional no querría financiar más tiempo para la Cicig, la respuesta fue contundente. Los Gobiernos amigos seguirían apoyando económicamente la presencia de la entidad en Guatemala, pues consideran que esta continúa siendo necesaria.
Ante tamaño tapaboca, el presidente Pérez Molina se inventó un mecanismo de evaluación que lanzaba a otros entes la responsabilidad de recomendar ampliar el mandato o no. De esa suerte, le pasó la papa caliente al ministro de Gobernación, a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público. Bien se cuidó de asegurar que no habría participación de la sociedad civil en el proceso, pese a que la iniciativa que derivó en la integración de la Cicig es resultado de un esfuerzo ciudadano en contra de la impunidad.
La falla casi total del sistema de justicia y la persistencia de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (ciacs) fueron la razón por la cual surgió la Cicig. No obstante, su presencia, su método de trabajo y, particularmente, la imposibilidad de ser controlada para fines perversos unificaron a quienes vieron en esta una amenaza a su poder.
Llevar adelante el mandato ha sido muy difícil para la Cicig, puesto que, paradójicamente, debe coordinar con las instancias que también han sido resquebrajadas por la impunidad. Pese a tremendo valladar, ha logrado conformar equipos de trabajo nacionales capaces de marcar la diferencia.
Tal ha sido el alcance de los tentáculos de quienes le temen que el proceso por desfalco de más de 400 millones de quetzales en el Ministerio de la Defensa estuvo estancado por varios años. Fue cuesta arriba llevar a juicio, en el ámbito nacional, a la estructura responsable de la masacre de Pavón en 2007. Ha sido prácticamente imposible procesar a jueces venales que utilizan como mercancía su poder de impartir justicia.
Las posibilidades están a la vista. Forzar el cierre de la Cicig en septiembre, cuando concluye su mandato actual, solo será de beneficio para las estructuras criminales. La sociedad entera será la única damnificada. Por el contrario, ampliar su mandato sin reducir sus alcances favorecerá la administración de justicia, la investigación criminal y la construcción de una cultura de respeto al Estado de derecho.
De ahí el creciente consenso en la ampliación del mandato, de tal suerte que Otto Pérez Molina se queda cada vez más solo en su afán. Habrá que ver hasta dónde mantiene su ambigua, obstinada y dictatorial actitud contra la ampliación del mandato. El hecho de que en su calidad de gobernante le corresponda suscribir la solicitud de ampliación no significa que actúe solamente en función de su interés.