Los corruptos gozan de impunidad porque son muy poderosos. Derrotarlos no es fácil ni rápido. Es una batalla que requiere poder ciudadano.
Las negociaciones políticas que llevaron a los acuerdos de la semana pasada para el antejuicio de Otto Pérez Molina y la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC) constituyen una demostración de fuerza de quienes viven de la corrupción y la impunidad. Quienes hacen fiesta de violar las leyes sin castigo y de enriquecerse robando el erario público nos demostraron de lo que son capaces.
El partido Líder montó un show para lavarse la cara en el que supuestamente, con su mayoría en la comisión pesquisidora (tres de cinco integrantes), dio vía libre para retirar el antejuicio a Pérez Molina. Pareciera que allí atendieron el clamor popular por que el mandatario enfrente a la justicia y así se le gane una batalla a la corrupción y la impunidad, pero está por verse la posición del partido rojo en la votación final, en el pleno del Congreso de la República.
Y para entender que Líder es más un aliado que un opositor del oficialista Partido Patriota (PP), valga como evidencia incontestable la forma como el jueves pasado actuaron en connivencia para elegir al nuevo magistrado titular de la CC, Manuel Duarte. Con los magistrados de la impunidad, Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera y ahora Manuel Duarte, las mafias tienen control (tres votos titulares de cinco) de la todopoderosa e inapelable Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo? Pues vía el gobierno del PP y el partido Líder. ¿Qué tal?
Con la votación del jueves pasado, también algo nos debería quedar meridianamente claro: sin presión muy fuerte de la ciudadanía, el PP y Líder, votando en connivencia, nunca aprobarán las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a la Ley de Servicio Civil, a la Ley de Contrataciones del Estado y a las leyes del sector justicia. Estas son las reformas que están trabajando las mesas que fueron organizadas precisamente para atender el clamor popular por erradicar la corrupción. ¿Será que, con lo visto el jueves pasado, alguien todavía cree que, si las propuestas son buenas (es decir, si llegan a tener dientes para atacar la corrupción), la mayoría parlamentaria de Líder y del PP tiene la voluntad de aprobarlas? Ellos mismos demostraron que no.
La pantomima de levantar el antejuicio a Pérez Molina y la captura de la CC es un contraataque agresivo de la corrupción. La forma de enfrentarlo debe ser enérgica.
Por un lado, la Cicig y el MP dieron un golpe contundente en contra de la mafia enquistada dentro del partido Líder: la presentación de los antejuicios en contra de los diputados Mario Rivera, Mario Yanes, Mirza Arreaga y Luis Chávez, así como en contra del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, es un contragolpe fuerte. Sin embargo, estas solicitudes de antejuicio pueden sufrir una suerte similar a la del antejuicio contra Pérez Molina: deben pasar por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por comisión pesquisidora y por decisión del pleno del Congreso de la República, para luego regresar a la CSJ y, si todo sale bien, a un tribunal, todas estructuras con niveles de captura por parte de las mafias.
Así que la Cicig y el MP no deberían estar solos en esto. ¿Y la ciudadanía? La Cicig y el MP necesitan el apoyo decidido de una ciudadanía activa. Esta es una guerra, y la ganará el más fuerte. Y la Cicig y el MP, sin apoyo ciudadano, no son el más fuerte de los contendientes.
Así, para derrotar a la impunidad y a la corrupción, se necesita de todas y todos.