Institucionalización de la impunidad

Aunque de manera formalista debiera haberse completado el proceso de transición desde el conflicto armado interno, tal parece que no se ha logrado.

Desde el punto de vista de la justicia transicional, es decir aquellos procesos y mecanismos encaminados a resolver los problemas derivados de abusos a gran escala y violaciones a derechos humanos, aún hay enormes deudas pendientes. Deudas que se acrecientan con la acción misma del Organismo Ejecutivo, al parecer empeñado en institucionalizar la impunidad.

El discurso de toma de posesión del actual gobernante, Otto Pérez Molina, arroja luces al respecto de su línea de acción política en la materia. Contenido que desarrolla la afirmación realizada cuando era aún candidato, relativa a negar el genocidio perpetrado contra la población maya, por parte del Estado guatemalteco. 

Al poco de haber tomado posesión, el discurso y el contenido se materializan en un hecho que la misma prensa dejó de analizar en su dimensión completa cuando, el mismo gobernante se atrevió a indicar a los tribunales que no juzgaran el genocidio como delito en Guatemala. A la clara negación de un hecho más que documentado, en su expresión del desacuerdo Pérez Molina añadió la intromisión abierta en la indispensable independencia de poderes. Una cosa es que él, más como exmilitar operando durante la comisión de los actos de genocidio que como político en funciones de gobernante, disienta de la conclusión jurídica sobre los hechos y otra muy distinta es que pretenda usar su investidura para desviar la acción de la justicia.

Según se han dado los distintos hechos, pareciera ser que la tendencia va hacia la institucionalización de prácticas encaminadas a negar la historia, a borrar la memoria y a disputar, junto a la misma Asociación de Veteranos Militares de Guatemala -AVEMILGUA-, la verdad jurídica sobre los crímenes de lesa humanidad.

Así lo documentan los pasos dados en la última semana de mayo, relativos a la disolución de la Dirección de Archivos de la Paz, dependencia de la Secretaría de la Paz -SEPAZ-, o la tendencia a la desaparición o anulación del Programa Nacional de Resarcimiento -PNR. En lo concerniente al aspecto ideológico, destaca en este entorno la afirmación del titular de la SEPAZ, el abogado Antonio Arenales Forno -galardonado por el Ejército guatemalteco-, en el sentido de que él no está de acuerdo con que se diga que aquí hubo genocidio.

Para el jefe de la SEPAZ, como para el gobernante, cabe el mismo señalamiento. En lo personal pueden disentir de la verdad jurídica pero no cabe, de hecho es ilegal, que utilicen su investidura para torcer un proceso o para proteger a quienes están o sean juzgados por estos actos criminales.

Y lamentablemente eso es lo que sucede. No es un secreto que cualquier declaración presidencial, en cualquier país, es asumida como una opinión que marca líneas de acción o rutas a seguir. Si a estas se suman declaraciones de la institucionalidad oficial y las mismas se refieren a campos y ámbitos de justicia que incluyen temas de trascendencia nacional como los juicios por genocidio, la situación se complica. Y se complica mucho más aún si también le suman acciones de disputa jurídica por parte del Estado de manera oficiosa. Así se podría interpretar la intencionalidad de pedir  a la Procuraduría General de la Nación (PGN) un análisis jurídico al respecto de la procedencia de juzgar el genocidio en las cortes nacionales. Este análisis requerido a la PGN, sería alimentado con una consulta que el Ejecutivo intenta hacer a la Corte de Constitucionalidad (CC), con el mismo motivo.

De concretarse estos elementos, el riesgo mayor sería que la propia CC emitiera dictamen sobre la consulta, siendo que en el entramado judicial le correspondería conocer en última instancia las resoluciones judiciales por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Esta parece ser en todo caso, la intención detrás de realizar semejantes consultas, encaminadas a inhabilitar a la entidad a fin de desarticular jurídicamente los procesos y por lo tanto institucionalizar la impunidad. En tal sentido, a los poderes fácticos, ocultos o paralelos que han sostenido al crimen organizado en su intervención en el sistema de justicia, se sumaría, nada más, pero nada menos, que el propio Organismo Ejecutivo, como promotor de la institucionalización de la impunidad. Camino peligroso, vergonzoso pero también, imperdonable. 

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