Golpe de Estado y delitos de lesa cultura en Honduras (parte I)

El 28 de junio de 2009, las Fuerzas Armadas de Honduras apresaron y exiliaron violentamente al presidente José Manuel Zelaya Rosales, electo democráticamente a finales de 2005, provocando una de las mayores crisis sociales y políticas del país vecino y trastocando seriamente el proceso de construcción de la institucionalidad democrática en el que siguen inmersas la mayor parte de las sociedades del Istmo.

El régimen instalado posteriormente gobernó hasta el 27 de enero de 2010 sin haber sido reconocido oficialmente por la inmensa mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Este régimen de facto persiguió y despidió a la mayoría de los ministros del gabinete del presidente Zelaya y a casi todos los funcionarios que dirigían instituciones autónomas del Estado. Los colegas historiadores Rodolfo Pastor Fasquelle —secretario de Cultura, Artes y Deportes (SCAD)— y Darío Euraque —director del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)— son dos de los funcionarios que sufrieron, en su orden, el exilio y todo tipo de abusos por parte del régimen golpista de Roberto Micheletti.
La ampliamente conocida censura informativa impulsada por los medios televisivos y escritos a nivel internacional no solamente encubrió la dura represión sufrida por la oposición política, sino también las vejaciones y abusos que sufrieron tanto mis colegas como sus equipos de trabajo y otros intelectuales y promotores culturales hondureños en esos funestos días de garrotazos, gases lacrimógenos, disparos, intimidaciones, asesinatos, desapariciones y prisión política.
Gracias a los medios impresos y digitales de la región que mostraron un compromiso ético por mostrar sin condicionamientos la realidad de lo que sucedía en Honduras, algunos académicos pudimos dar a conocer las actuaciones cargadas de encono y estulticia emprendidas por las autoridades del régimen de facto en contra de Darío, Rodolfo y sus colaboradores. Actuaciones que terminaron por destruir años de intenso y minucioso trabajo por desarrollar una política cultural novedosa, incluyente, participativa y armonizada con la cooperación internacional que se orientaba al fortalecimiento de la gestión cultural y a la recuperación por parte de la ciudadanía de las identidades locales y regionales desde una perspectiva de los derechos culturales.
Todo este trabajo empezaba a romper la concepción tradicional de la identidad nacional basada exclusivamente en el legado de la cultura maya —mayanización— y empezaba a enriquecer la visión de la identidad nacional hondureña a partir una valoración más amplia de la presencia de otras etnias indígenas y la cultura afrodescendiente por medio de modalidades que las incorporaran a este proceso de reflexión en el que la Historia se constituyera en un saber privilegiado para comunicar esta nueva visión de Honduras como país.

Junto al exilio de Rodolfo y el venal despido de Darío, el impacto del golpe de Estado sobre la gestión y política cultural en Honduras se profundizó a partir de la imposición en distintos cargos de la SCAD y el IHAH de personas en su mayoría ajenas al ámbito cultural o al quehacer académico del país. También se destituyó —ilegalmente— al viceministro Salvador Suazo y se expulsó —mediante persecución y amenazas— a la directora de la Unidad de Gestión, Isadora Paiz; a la titular de la Dirección del Libro y el Documento, la escritora Rebeca Becerra, y a la directora de la Hemeroteca Nacional, la colega Natalie Roque Sandoval.

La desarticulación de los equipos de trabajo de la SCAD y del IHAH dio lugar a un retiro inmediato de la cooperación internacional y las autoridades impuestas por el régimen de facto subestimaron la totalidad de los esfuerzos institucionales anteriores, dando inicio a lo que la escritora Helen Umaña ha denominado inmejorablemente “la galopante incultura del gobierno de facto”, la que implicó para la política cultural del Estado de Honduras un retroceso de casi más de medio siglo. (continuará)

Autor