En la medida en que los gobiernos se sucedían, se creaban más plazas para acomodar simpatizantes, parientes y amigos. Los puestos bajo renglones presupuestarios 011 y 022 ofrecían estabilidad laboral de largo plazo. Empero, había que respetar ciertos requisitos y formalidades y cada puesto tenía un salario predeterminado.
Si bien se hablaba de funcionarios corruptos, el juego estaba más o menos controlado. Existían pactos entre sectores sociales para ocupar los puestos más importantes, y las facciones internas en los colegios profesionales se iban alternando en algunos puestos políticos. Tenían poder de negociación.
En aquella época, la corrupción era como la marea. Cuando los cuadros superiores se dedicaban a robar, ello se conocía pronto y los cuadros menores hacían lo propio. Los de arriba, los elefantes, se llevaban toneladas. La cadena alimenticia de la corrupción se activaba según el tamaño y los de hasta abajo, las hormigas, se llevaban gramos. Mientras un alto funcionario se apoderaba de alguna finca de caballerías, por ejemplo, las hormigas cargaban con el café, el azúcar, los lápices y sacapuntas, las llantas de medio uso. Se sentían con derecho.
En medio de aquello, la estabilidad laboral hacía que muchas personas no participaran de aquello. Hasta existía el orgullo de ser empleado de gobierno. Había personas probas y dedicadas, que cuidaban su empleo y se tomaban en serio lo de servidores públicos, sin ofender a quienes hoy hagan lo mismo.
Cuando había cambio de mandos, todo el sistema se detenía. Se observaba la conducta de las nuevas autoridades. Si el funcionario o funcionaria eran honrados, ello se transmitía hacia abajo.
Todo cambió con el gobierno de Álvaro Arzú. Se pensó que los puestos superiores debían ser para empresarios, porque tenían una genética diferente y podían dominar cualquier disciplina tan solo aplicando su visión (esto se contagió a los militares). Se puso de moda aquello de definir la Misión y la Visión de las instituciones. Usando de pretexto el desprestigio de la clase burócrata, se deshicieron de ella. Los retiros con y sin incentivo se dieron de forma masiva. Los recomendados políticos fueron sustituidos por recomendados empresariales, hasta que los políticos retomaron el mando, compartiendo el botín con los financistas. La mayoría de empleados pasaron a partidas presupuestarias por contrato (e.g. renglón 029), donde se perdieron prestaciones y derechos, pero podían sacar pecho llamándose consultores y asesores.
Al perderse la perspectiva de estabilidad laboral, se estableció una nueva cultura: la de tumbe y desmonte. Se acabó la carrera de servidor público (que con todo y sus defectos, se basaba en méritos y requisitos claros). La ley de Servicio Civil se fue a la basura. Los salarios fijos de los renglones 011 y 022 se convirtieron en discrecionales, a capricho. Hoy, son un desvergonzado escándalo.
Ahora se sabe que cada partido llega con su equipo completo, pues no existe obligación de respetar contratos. Es borrón y cuenta nueva. “Coja, que atrás vienen cogiendo”.
La gestión tipo empresarial no demostró ser mejor que la anterior, fue un espejismo que ha costado cientos de millones de quetzales. Hoy todo es negocios. En lo oscuro, en lobbies de hotel, en restaurantes con cerveza por cubeta.
El experimento falló aparatosamente. Es hora de diseñar una nueva ley de Servicio Civil y restituir la carrera de servidor público. Esta discusión sí es de interés nacional, mucho más legítima que aquella de dos años más de lo peor para retirarse mejor.