Todas están basadas en el extractivismo y la deposición de todo tipo de contaminantes fuera de las puertas de sus impulsores. Y aunque sabemos que las diversas modalidades productivas-extractivas siempre generan un riesgo de agotamiento, degradación y contaminación, también es cierto que en el marco de este sistema de producción −capitalista de doctrina neoliberal− los correctivos sólo podrán hacerse efectivos en el marco de una política pública fuerte que usa incentivos o controles para cuidar que tales actividades no degraden irreversiblemente la base del bienestar material y espiritual de los pueblos.
Suele encontrarse preocupaciones y acciones público-privadas para estos propósitos en otras latitudes, pero en Guatemala la actitud dominante de los agentes económicos es la de arremeter en contra de aquello que, desde su lógica, tiene precio en el mercado; de cooptar la instituciones públicas y reducirlas a su mínima expresión para eliminar controles; de abrir aquello que, por ahora, esta legalmente protegido; o de criminalizar a aquellos ciudadanos que denuncian y resisten estas agresiones, entre otros rasgos.
Consecuentes con la ignorancia y el servilismo, algunos columnistas, hablando del “acoso a las actividades extractivas” han llegado al extremo de pretender que la economía rija todos los ámbitos de la vida pública y privada, tales como el derecho, la propiedad y las prioridades del Gobierno. Contrariamente a estas ocurrencias, hoy está científicamente documentado que aquí lo único que está bajo acoso es la vida misma y la vida de las personas más vulnerables de este país, porque las modalidades económicas imperantes han degradado sistemáticamente los bienes naturales nacionales y, excluyentes como son, no han traído bienestar para el grueso de los habitantes de este país.
Esta consigna de ‘extraer aquí, ahora, sea como sea’, sólo es propia de aquellos inquilinos desleales que saben que estarán temporalmente en un lugar y lo único que les importa es extraer más y más. Esa actitud antinacional, totalmente inconsecuente con los sectores más vulnerables de Guatemala, es la que ha exhibido en toda su dimensión el aparato económico nacional. Más allá de algunos espectáculos sobre responsabilidad social empresarial, no hemos visto acciones de envergadura, provenientes del poderoso sector empresarial, para revertir o al menos detener los crecientes ritmos de degradación de todos los componentes y espacios naturales de este país. Parece que no es su problema, es el problema de aquéllos que no tienen otro país.
Contrariamente, hemos podido observar cómo el sector empresarial organizado ha demandado, en años recientes, la eliminación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas; por acción u omisión ha apoyado la ampliación ilegal de actividades económicas extractivas en espacios protegidos; ha exigido la persecución de ciudadanos que hacen uso de su derecho de protestar por la agresión a sus territorios. En fin, cierran filas tan fuertemente para defender la minería como para rechazar políticas y leyes a favor de desarrollo rural integral alternativo.
Imaginemos como estará el país en algunos años si los poderes corporativos impulsados por la consigna de ‘extraer aquí, ahora, sea como sea’, logran eliminar definitivamente esos escasos contrapesos legales y esas oscilatorias resistencias sociales. Seguramente lograrían que todo el territorio fuera un gran agro-sistema salpicado de comunidades pobres que sólo recibirían migajas, de enormes pantanos y basureros, de asentamientos sedientos…
La mayoría de esas comunidades rurales− a las que les han sido negados servicios dignos de salud, educación, comunicaciones, energía, entre otros, y oportunidad de generación de ingresos−, al menos viven cerca o se benefician de algunos bienes y servicios de ecosistemas naturales aun no alcanzados por aquellos. Pero ahora, hasta eso se les quiere quitar.
