Ahí vivieron 150 familias por dos años, y como sucede en otros casos, los mismos pobladores echaron a andar el trabajo para contar con algunos servicios básicos como drenajes. Esta vez estaban sobre terreno propiedad del INDE, por lo que la empresa solicitó una orden de desalojo que lleva nuevamente a estas familias a emprender un éxodo más para hallar otro destino incierto.
Una vez más, la fuerza de la ley y el peso de la autoridad recaen sobre los empobrecidos. El Estado castiga a los “invasores”, así como le ocurre a los migrantes, a sus familias y a todos aquellos que han quedado fuera de la repartición de tierras y oportunidades –y es que así lo demanda el sistema mismo. Se castiga a quienes constantemente rebuscan formas para seguir (sobre)viviendo y resistir a un sistema que busca sofocarles a toda costa; personas que han quedado fuera porque el Estado históricamente les ha negado sus derechos.
Y es cinismo lo que hace el gobierno cuando busca condenar a los “invasores” o a los padres de los niños emigrantes sabiendo que las causas de estas problemáticas son fruto de la inacción e inoperancia de éste y de cada uno de los gobiernos de paso, lo cual se constituye en verdaderos crímenes y delitos por parte de cientos de funcionarios por la dimensión y la gravedad de los daños y el caos causado.
El Estado está dispuesto siempre a colaborar en los desalojos pero sin siquiera tener en mente alguna política pública seria que busque dar solución al problema de la vivienda. Y es fundamental señalar que éste no es sólo un problema relativo a la falta de acceso a la vivienda digna. Las carencias vienen acompañadas de otras y que se autorrefuerzan, dibujando situaciones complejas a todo nivel (económico, social, político, etc.).
Las carencias materiales van acompañadas de otros tipos de carencias y situaciones difíciles en cuanto a salud, educación… en fin, de una situación tal de desprotección para una amplia población. Y es que la pobreza nunca aísla por sí misma a quien la sufre, ella se manifiesta socialmente como una condición colectiva de exclusión, tal y como afirman Barahona, Sauma y Torres.* La pobreza, pues, no es sólo carencia material, es también privación de capacidades básicas, por lo que es necesario visualizar que las dimensiones de la pobreza son muchas como la falta de acceso a los servicios sociales prestados por el Estado, la impotencia y la vulnerabilidad. (Barahona, Sauma y Torres, 2004).
Es importante señalar que los “invasores” no llegan a estas instancias por pura gana de molestar o por aventureros. Es la pura necesidad. Imagínese a padres de familia teniendo que tomar la decisión de aceptar el riesgo de llevar a su familia a vivir a un lugar plagado de peligros, desde la geografía hasta las personas y grupos con quienes deberán convivir, sabiendo que saldrán a trabajar y muchos dejarán a sus hijos solos –porque no hay de otra–, exponiéndose a las condiciones más duras de vulnerabilidad entendiendo que la única certeza es la inseguridad que han de enfrentar ante crisis de distinta naturaleza (ambientales, económicas, sociales, etc.).
Y si bien existen quienes se aprovechan de estas situaciones y lucran inescrupulosamente con estas necesidades, no se puede negar que los problemas de la gran población empobrecida de Guatemala son grandes y diversos, y no se puede tapar el Sol con un dedo –ni con una orden de juez.
*Barahona, Manuel; Paulo Sauma y Edelberto Torres Rivas. (2004). Democracia, Pobreza y Desigualdades en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Cuadernos de Desarrollo Humano, No. 2004-5. Guatemala: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Guatemala (PNUD).
