Estado de sitio a la memoria

La tenebrosa voz de la impunidad niega el genocidio. El timbre pastoso del mascarón de proa que representa la política de Estado de revisionismo histórico, repitió ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que ya ha dicho el presidente de la contrainsurgencia.

La voz de la negación exigió en nombre del Estado de Guatemala que la CIDH se inhiba de conocer el proceso de genocidio.

Un acto que no es casual ni improvisado. Forma parte del libreto diseñado y ejecutado con precisión quirúrgica en el intento por retorcer el camino de la justicia. Al igual que la acción contrainsurgente que derivó en el genocidio que se juzga en las cortes nacionales e internacionales, el proyecto del revisionismo tiene su plan de operaciones y su estructura de comando.

Antes del cambio de autoridades, parecía ser una acción de militares retirados asaltados por el miedo de enfrentar la justicia por sus crímenes. Conforme se asentó el gobierno actual, uno a uno se han ido posicionando los hechos que dan vida a la hoy oficial política de negación.

Con el cinismo típico de los criminales apoltronados en el poder, actuando en nombre del Estado cuya estructura han asaltado y detentado, pretenden como dicen las abuelitas, tapar el sol con un dedo.

Porque si no, cómo pueden tener el descaro de negar los más de 240 mil muertos y desaparecidos durante el conflicto armado interno. Primero, dijeron que quienes murieron a manos del Ejército eran miembros de la guerrilla. O sea, casi un cuarto de millón de rebeldes en Guatemala contra un ejército de 45 mil.

Luego, aseguraron que no eran tantos. En un absurdo juego de los números, incluso han pretendido demostrar que “es  matemáticamente imposible matar tanta gente en tan poco tiempo”. No haría  falta una sesión de espiritismo para que Hitler les mostrara que sí es posible, cuando un ejército se constituye, como lo hizo el de Guatemala, en una máquina de matar.

Por eso, las comunidades y familiares de víctimas de genocidio, ejecución extrajudicial y desaparición forzada, vuelven a ser victimizadas cuando los funcionarios de Estado niegan no solo la responsabilidad por los crímenes perpetrados sino, incluso, la comisión misma de los hechos juzgados.

Al cacareo revisionista en la CIDH le precedió el cierre de los Archivos de la Paz en la Secretaría que no honra su nombre. Acciones que tuvieron como antesala declaraciones del propio presidente –por cierto, un general retirado ubicado en la zona de combate cuando se cometieron actos de genocidio en el área ixil–, quien demandó a las cortes no juzgar el genocidio.

Y justo la fecha en que se conmemora en el país el Día Nacional de los Detenidos Desaparecidos, el general gobernante le demanda a la CIDH no juzgar genocidio. Corea así, a la tenebrosa voz de la impunidad y pone el sello oficial de política de Estado al revisionismo histórico.

Travestido de general de la paz a general de la impunidad, el gobernante representa hoy día no la unidad nacional como le ordena la Constitución Política, sino el interés de un grupo de criminales que utilizó el poder que ostentaba para cometer genocidio, ejecutar extrajudicialmente y desaparecer a quienes se oponían al régimen autoritario.

Los cuerpos recuperados de las fosas en el destacamento militar de San Juan Comalapa, Chimaltenango –de donde ya se identificó a cinco detenidos desaparecidos que registra el “Diario Militar”– son una muestra palpable de ello. Como también lo son los casi 300 cuerpos obtenidos de las fosas en terrenos de la antigua zona militar de Cobán, en Alta Verapaz. Cuántas fosas más habrá en terrenos castrenses. Cuántos y cuántas detenidas desaparecidas están sepultadas en los patios de los cuarteles. Cuánto tiempo más durará el estado de sitio a la memoria.

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