Espiando a propios y a extraños
La publicación de un documento secreto del gobierno de Estados Unidos —donde se destapa el alcance de sus actividades de espionaje doméstico— ha desatado una controversia dentro y fuera del país.
Una providencia de la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera ordena a la compañía telefónica Verizon que entregue con una frecuencia diaria a la Agencia Nacional de Seguridad los datos de enrutamiento de todas las llamadas realizadas dentro de Estados Unidos o entre Estados Unidos y el resto del mundo, entre el 25 de abril y el 19 de julio del año en curso.
Edward Snowden, un experto en redes de computadoras, empleado de una firma contratista de la Agencia Nacional de Seguridad, entregó una copia de dicha orden al diario británico The Guardian y al estadounidense The Washington Post. El primero la publicó el 5 de junio pasado. En ella se dan instrucciones perentorias aVerizon para que ponga a disposición de la Agencia la siguiente información:
1. Identificación de toda llamada por el número del teléfono de origen y de destino y los códigos conocidos por sus siglas inglesas IMSI e IMEI, que se explican más adelante.
2. Identificación del lugar donde la llamada entra a la red de telefonía celular. No es claro en la orden judicial si deben incluirse los cambios de lugar a medida que la llamada se mueve de una conexión troncal a otra.
3. Tarjeta pre-pagada o tarjeta de crédito con que se paga la llamada.
4. Tiempo y duración de la llamada.
IMSI es el código que identifica la tarjeta SIM del usuario de un teléfono celular y que se compone de tres dígitos asignados al país de origen, dos dígitos asignados a la red celular y diez dígitos asignados al usuario o subscriptor.
IMEI es el identificador del celular mismo e incluye lugar de manufactura, código de fábrica, modelo y serie.
Esta orden — que parece la continuación de una emitida en 2006 — se puede renovar indefinidamente cada 90 días, impone a Verizon y a sus empleados silencio sobre su existencia misma, no tiene provisiones relativas a la destrucción eventual de la información y no limita el acceso a esta.
La orden excluye el nombre, la dirección y la información financiera de los participantes en una llamada, así como el contenido de la conversación. Según los técnicos, estas exclusiones son irrelevantes:
· Los datos exigidos son suficientes para que los investigadores puedan identificar las redes sociales de las que hace parte el subscriptor, la formación de grupos formales e informales, el encuentro de varios subscriptores en un lugar dado y la duración de su reunión.
· La información sobre torres de transmisión permitiría ubicar un celular en un radio de un kilómetro y saber si el subscriptor está estacionario, camina o se desplaza en un vehículo.
De esta manera, los funcionarios pueden efectuar un seguimiento estrecho sobre los grupos de oposición, vigilar los encuentros de periodistas con sus fuentes, por ejemplo, lo mismo que rastrear fugitivos y criminales, y hasta identificar quién tiene un affaire con quién.
Las reacciones
La reacción de la opinión pública en contra de este espionaje sistemático fue inmediata y severa. La mayoría de la gente está dispuesta a hacer sacrificios personales en aras de la seguridad nacional, pero no cree que sea necesario rastrear todas las llamadas que se producen en el país para identificar una en la que participe un terrorista.
· El gobierno del presidente Obama — reconociendo la gravedad de un escándalo que probablemente también incluya a AT&T y Sprint — se ha defendido de varias maneras; ha dicho:
– que los derechos individuales están protegidos por el hecho de que no se están recogiendo las conversaciones, ni los nombres ni las direcciones de los usuarios de teléfonos;
– que ha actuado conforme a la USA Patriot Act de 2001, que autoriza al gobierno a investigar amenazas del extranjero y a exigir documentos privados relevantes para una investigación; [i]
– que ha seguido los reglamentos de operación de la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera;
– que ha obtenido la orden judicial requerida;
– que los miembros del congreso han sido informados oportunamente;
– que la información recolectada ha permitido neutralizar docenas de posibles ataques terroristas;
– que no hay conflicto entre la libertad personal y la seguridad nacional.
· El congreso, por su parte, ha abierto una investigación, ya ha oído el testimonio de funcionarios del FBI y de la Agencia Nacional de Seguridad y ha radicado proyectos de reforma de las leyes sobre inteligencia.
· Los políticos y los comentaristas de los medios han reaccionado en medio de una gran confusión. Tras el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, el gobierno anterior puso en marcha planes de espionaje doméstico — extensos y arbitrarios — que fueron defendidos por los republicanos, aceptados con renuencia por algunos demócratas y criticados por otros.
Este episodio pone ahora a prueba la coherencia ideológica de ambos partidos. La mayoría de los demócratas tiende a respaldar al gobierno, pero los republicanos están divididos y los más extremistas consideran que esta vez sí ha habido una invasión innecesaria en la vida privada de los ciudadanos.
· Abogados prominentes — que ocuparon posiciones en los dos últimos gobiernos — defienden esta iniciativa diciendo que el gobierno solo está cumpliendo con la ley, que las operaciones de inteligencia de Estados Unidos se realizan gracias al sistema de vigilancia más costoso, comprehensivo y diverso del mundo, que no ha habido una invasión significativa de la privacidad individual.
· Los activistas de derechos civiles y garantías políticas rechazaron en su momento el espionaje ordenado por Bush y han empezado una batalla judicial y de opinión para bloquear el ordenado por Obama.
Sus argumentos cubren varios puntos:
– que el gobierno está haciendo una legislación secreta que no da oportunidad a una discusión comprehensiva en el congreso y entre el público;
– que el sistema de vigilancia no funciona independientemente y rara vez rechaza las pretensiones del gobierno;
– que la ley restringe los poderes de espionaje doméstico del gobierno a la investigación de casos específicos y no le permite recoger información sobre toda la población;
– y que la orden judicial a Verizon no es válida pues la corte solo tiene competencia con respecto a cuestiones de inteligencia exterior.
Existe la posibilidad de que el gobierno pida que se rechacen sus demandas, alegando que son potencialmente perjudiciales para la seguridad nacional, lo cual sería legalmente procedente.
Traicionando a Big Brother
Entre tanto, Edward Snowden se harefugiado en Hong Kong, buscando protección frente a la investigación penal emprendida en su contra por el gobierno de Estados Unidos. El caso puede tener bases legales sólidas: además de dar a conocer el espionaje doméstico de la Agencia Nacional de Seguridad, también hizo públicos dos programas de manejo de datos — PRISM y Boundless Informant (oInformante sin límites) — ambos originalmente orientados a trabajos de inteligencia en el exterior.
PRISM, creado por directiva presidencial en 2007, es un programa de recolección de registros de conexión y de audios, videos, fotografías, correos electrónicos, “chats” y documentos circulados por internet en otros países. Entre las compañías participantes se cuentan Skype, Facebook, Microsoft, Apple, Yahoo, Google, AOL, PalTalk y Youtube, aunque obviamente todas han negado el hecho.
Informante sin Límites, por su parte, es una operación de registro y análisis de toda la inteligencia que la Agencia Nacional de Seguridad colecta en el resto del mundo.
Se puede argumentar — aunque los voceros del Estado estén en desacuerdo — que al documentar el espionaje doméstico, Snowden ha divulgado una información que debería estar en el dominio público y ha probado que el gobierno viola las leyes de seguridad nacional, al interpretarlas erróneamente. Esto constituiría un servicio social suficiente para contrarrestar los efectos perjudiciales que pueda tener la divulgación de un secreto de Estado.
Pero la información sobre espionaje en el exterior puede configurar un acto de traición y de colaboración con el enemigo, difícil de justificar. Los países poderosos, y algunos que no lo son, hacen espionaje como parte de su estrategia de defensa. En este caso Snowden sería víctima de la ficción histórica y legal de que el espionaje propio es el único legal y ético.
Al confirmar la existencia y divulgar los métodos del espionaje practicado por Estados Unidos en el exterior, facilita el trabajo de contraespionaje de amigos y enemigos, y teóricamente pone en peligro la seguridad nacional de su patria.
Informantes sin límites
Un aspecto adicional que pone de relieve este episodio es el alto grado de privatización de funciones tradicionales del Estado que se ha alcanzado en Estados Unidos. Por ejemplo, la compañía que empleaba a Snowden es una firma de consultoría de propiedad del Carlyle Group. En 2012, tuvo ingresos por seis mil millones de dólares, 98 por ciento de los cuales se originaron en contratos con el gobierno. Aún más: 22 por ciento — es decir, mil trescientos millones — provino de trabajo de inteligencia. Es parte de un universo de 1`100.000 contratistas que tienen acceso a información confidencial o secreta.
Probablemente se va a venir un gran debate sobre el espionaje doméstico, porque existe una honda preocupación con respecto a la protección de la vida privada y de la intimidad. Pero se va a ignorar el problema del espionaje internacional, porque a nadie le importa ni existe una fuerte oposición al gobierno en este ámbito.
Eso sí — contra toda consideración de prudencia y de buen juicio — seguirá el auge de los contratistas privados, que desempeñan tareas muy delicadas para el Estado.
El presidente Obama lleva las de perder: se confirma con este episodio que su imagen de gobernante progresista, liberal y de avanzada se está desplomando frente a las expectativas de quienes lo eligieron.
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[i] El título completo es “Ley para Unir y Fortalecer a los Estados Unidos Creando Instrumentos Apropiados Necesarios para Interceptar y Obstaculizar el Terrorismo”.
* Abogado, economista e investigador social, residente en Nueva York. Artículo publicado en Razón Pública, 16 de junio.