La semana pasada escribí sobre la enorme responsabilidad de la Corte de Constitucionalidad (CC), como el destino común de todas las controversias judiciales en Guatemala. Llamé a fiscalizar y exigir a ese alto tribunal que cumpla con la ciudadanía con la honorabilidad y honradez que tanto se requiere para frenar y erradicar algún día el cáncer de la impunidad en nuestro país.
Hace una semana me referí al rol de la CC en las decisiones sobre la constitucionalidad de la legislación tributaria. Sin embargo, los eventos del jueves y vienes pasados nos empujan de nuevo a la CC, esta vez para tomar una decisión sobre el enredo jurídico que se ha vuelto la contraposición de actuaciones de juezas y jueces, unos a favor y otros en contra de la realización del juicio en contra de Ríos y Rodríguez.
Una maraña ininteligible para la gran mayoría de guatemaltecas y guatemaltecos, enredo de argucias “legales”, pero harto ilícitas, no para defender la inocencia de los acusados, sino para entrampar el proceso judicial. Nótese que no se está atacando la acusación de la fiscalía, sino la capacidad del sistema judicial de juzgar.
Si aceptamos el paradigma, por demás válido, que la justicia debe ser ciega, igual para todas y todos, entonces la cosa debería ser relativamente sencilla. Si alguien es acusado de cometer un crimen, primero se le investiga, sea este un ex jefe de Estado o el propio presidente de la República. Toda acusación, particularmente las más graves, deben ser investigadas. Si resultado de la investigación se encuentran pruebas suficientes, entonces el acusado es llevado a juicio. En el juicio, tanto la defensa como la parte acusadora deben presentar sus medios de prueba, y el juez o la jueza deben asegurar la imparcialidad del proceso, y su integridad en cuanto a que se conozcan todas las pruebas de acusación o descargo. Con base a toda esta información, se emite una sentencia, condenando o absolviendo.
Ningún sistema de justicia es perfecto, pero para los que funcionan mejor, éste es un proceso normal, en el que día a día siguen estas fases, y se condenan y absuelven a los acusados. Lo que no es normal es que un sistema judicial no pueda empezar y concluir el proceso. Es tan anormal que los juicios no puedan iniciar (con un montón de gente en prisión “preventiva”), y peor aún que habiendo iniciado, se obstruya su normal desarrollo.
Al margen de la verborrea de leguleyos, me parece que las víctimas que se han presentado como testigos merecen respeto. El tribunal podrá condenar o absolver al acusado, según se fundamente en la ley, pero lo que no debe y no podría si quiera atreverse a hacer es anular el valor testimonial de lo dicho por los testigos. ¡Un poco de respeto por favor!
Respeto que, sí, también merecen los peritos, tanto de la parte acusadora como de la defensa. Señores magistrados de la CC, el peso de las respectivas expectativas de los partidarios de la justicia y el combate contra la impunidad recae sobre ustedes, los magistrados titulares: Héctor Hugo Pérez Aguilera (presidente), Mauro Chacón Corado, Roberto Molina Barreto, Gloria Patricia Porras Escobar y Alejandro Maldonado Aguirre. Y también de los cinco magistrados suplentes: Juan Carlos Medina Salas, Ricardo Antonio Alvarado Sandoval, Carmen María Gutiérrez Solé, Héctor Efraín Trujillo Aldana y María De Los Ángeles Araujo Boh.
Los corazones de toda Guatemala están pendientes de su honorabilidad y honradez. Sean responsables, Guatemala se los exige.
