«El capital no duerme, no tiene nacionalidad ni corazón», decía un maestro.
Yo le agregaría: «Se concentra en los linajes histórico-coloniales que dominan a Guatemala, que nos manipulan y convierten en sus defensores o en reproductores del sistema y que tienen la capacidad de amagar las crisis con eficacia, de controlar todos los niveles y esferas del Estado y de diversificarse ad infinitum para garantizar la perpetuación de la acumulación, indiferente a la pobreza, la desigualdad y la discriminación».
Desde 1524, la estructura jurídica y política del Estado se hizo con ellos y para ellos para garantizar que la riqueza producida fuera con el menor costo posible por medio de la explotación de la mano de obra indígena —y no del tan trillado concepto de la competitividad—, de los privilegios garantizados por el Estado y de la permanente corrupción-impunidad. Así ha sido el origen de la riqueza de los actuales sectores dominantes, aglutinados en el Cacif e insertados en diferentes espacios de decisiones del Estado.
José Molina Calderón (Prensa Libre) ha escrito varios artículos sobre empresas familiares, la mayor parte de ellas de herederos coloniales, los cuales dan fe de lo afirmado arriba. En uno de ellos él dice: «Desde la época colonial hay empresas familiares que han llegado hasta el siglo XXI». En distintos artículos menciona nombres de esos colonizadores: Arrivillaga, Samayoa Mejía y muchos más que garantizaron la riqueza fácil y segura a través del control del Estado. Ostentaban cargos políticos y militares al mismo tiempo, y otros familiares eran de la jerarquía eclesiástica. Controlaron desde la génesis colonial la producción de caña de azúcar y los ingenios, así como el monopolio de la producción y distribución de licores. A través de subastas públicas, que ellos promovían desde el Gobierno, se hacían de grandes extensiones de tierras alrededor de la capital.
Criaban ganado, tenían negocios en Centroamérica, aumentaban sus propiedades en la medida en que se involucraban en el Gobierno e incursionaron en la industria textil. De todo esto obtuvieron privilegios, por ejemplo en la exclusividad de la producción de algodón durante determinado tiempo o en la obra pública para garantizar sus actividades económicas. «Samayoa Mejía también fue promotor del muelle de Iztapa y del puerto de San José con el objeto de exportar sus productos al exterior. Incursionó en una mina de plomo y plata en San Juan Sacatepéquez», afirma Molina Calderón.
La preocupación por la democracia es de consumo popular, y el aprovechamiento de la ficción democrática es para ellos.
Enviaron a sus hijos a educarse en Europa y se especializaron en desarrollar «políticas empresariales acertadas y estrategias en las relaciones con el Gobierno». Aprendieron a mandar; y el grueso de la población, reducida a las sobras de la actividad agrícola, del pequeño comercio y de la artesanía, a sobrevivir y obedecer, a migrar permanentemente en el ámbito interno y a otros países, México primero y Estados Unidos recientemente. Ese modelo económico, de matriz colonial, sigue vigente, produciendo riqueza concentrada para las élites históricas y pobreza, desigualdad y exclusión par el resto de la población.
Las crisis que ha vivido el país en cinco siglos han sido por pugnas internas y acomodamientos de la oligarquía. Los hitos de la historia oficial son causados por sus intereses: la independencia, la república, el liberalismo, las revoluciones, la guerra interna, la paz, la globalización y la conflictividad actual son los mejores ejemplos. Sin embargo, los impactos negativos recaen en la población. La preocupación por la democracia es de consumo popular, y el aprovechamiento de la ficción democrática es para ellos. La conflictividad social, la polarización y el enfrentamiento racial y económico no los distrae de su función central: concentración excesiva de capital y control del modelo económico.
Actualmente controlan lo estratégico del mercado: azúcar, cemento, licores, alimentos esenciales y de consumo diario, bebidas de todo tipo, telecomunicaciones, sistema bancario, crédito, grandes inversiones, minería, medicamentos, energía eléctrica, distribución de gasolina, producción agrícola de exportación, textiles, construcción, importaciones, etcétera, igual que como los dejó la Colonia.
En esas condiciones, como lo señalaremos en la próxima entrega, cualquier política pública o privada que implique inversiones, directas o indirectas, nacionales o extranjeras, forzosamente llega en primer lugar a ese mercado controlado, monopólico, al igual que los mayores beneficios. Y de ganancia, la producción de migrantes pobres, con su caudal de remesas, también le resulta beneficiosa a este.
De no cambiar los destinatarios y ejecutores de las inversiones públicas, de no garantizar la democratización de las políticas de desarrollo, de no invertir en el desarrollo humano, la concentración de la riqueza, la desigualdad y la pobreza seguirán aumentando. Por tanto, en esas condiciones no son buenas las inversiones.