Siendo un servicio público, además de los usuarios el otro factor de poder debería ser el gobierno, central y municipal. Sin embargo, en nuestro país no es así, ya que el factor de poder predominante no son los usuarios ni el gobierno, sino los propietarios de los buses, ya sea estén organizados como empresas privadas o como cooperativas.
La semana pasada rechacé el perdón a las multas de tránsito impuestas a los autobuseros, en muchos casos verdaderos cafres del volante. Los paros y otras medidas de hecho de esta gente evidencian que en Guatemala el poder en el tema del transporte público está en manos equivocadas.
En otros países los usuarios y el gobierno se equilibran, logrando un sistema de calidad, en donde la comodidad, respeto y satisfacción de los usuarios es lo más importante. Todo esto a un precio accesible a todos los usuarios, especial y prioritariamente para los más pobres.
Un sistema que privilegia el usuario no se dedica a incrementar las ganancias de los proveedores del servicio. Es un sistema necesariamente subsidiado, ya que al no ser la generación de ganancias su propósito y al anteponer los intereses del usuario, se justifica la intervención del Estado para cubrir los costos de operación del sistema. Entonces, el propósito del subsidio no es proteger las ganancias de los dueños de los buses, sino mantener accesible el servicio público, sobre todo a quienes tienen menor capacidad de pago.
Desde hace décadas, en Guatemala a los usuarios no solo se les ha negado el derecho a exigir un buen servicio, sino que hasta se les ha reprimido violentamente, con lamentables pérdidas de vidas. Este hecho histórico posiblemente ayuda a explicar por qué los usuarios tienen una actitud tan pasiva o temerosa ante los abusos abiertos y flagrantes en su contra.
Creo firmemente en que esta no es, ni debe ser una lucha perdida. Estimo que esta situación es una bomba de tiempo que volverá a explotar, razón por la cual deben redoblarse los esfuerzos porque los usuarios, y la ciudadanía en general, recuperen la cuota de poder que legítimamente le corresponde. Pero es una tarea que está lejos de ser fácil, ya que prevalecen el miedo y el recuerdo de la represión, además del abuso violento y continuo.
Pero no es imposible. Los ejemplos abundan alrededor del mundo, en los que los usuarios organizados son capaces de incidir y presionar a las autoridades a que el transporte público funcione como debe ser. En Guatemala, desde 2001 existe la Asociación de Usuarios de Transporte Urbano y Extraurbano, una iniciativa en la dirección correcta, pero incipiente en cuanto a su efectividad y resultados.
Y es que acá el gobierno y las municipalidades no cumplen con su parte. Tienen por un lado un pasado nefasto de represión y muerte. Pero hoy, el presente no es mucho mejor, ya que guardan un silencio e inacción imperdonables, con las excepciones de los sistemas “transurbano” y “transmetro”, hoy aún insuficientes, y el primero en riesgo de volverse insostenible.
Pero sobre los sistemas nuevos, la gran pregunta de fondo es: ¿cuáles son las garantías que ofrece el gobierno para abrir espacios apropiados para que los usuarios reclamen sus derechos? Quizá el primer paso sea que los usuarios pacíficamente vuelvan a exigir lo que legítimamente les pertenece: el derecho a un servicio de transporte público digno, accesible y de calidad.
¿Tendrá el presente gobierno el valor de asumir este reto?