En las ocasiones en las que Roberto Molina Barreto ha presidido la Corte de Constitucionalidad (CC), esta entidad ha emitido resoluciones que no solo violentan el Estado de derecho, sino que resultan en sí mismas un galimatías legal. Se trata de resoluciones que, al tener como propósito favorecer intereses particulares, vuelven un enredo la norma en la cual se basan y terminan por ser, literalmente, un mamarracho jurídico.
En 2013, diez días después de que el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A condenara por genocidio y por delitos contra deberes de humanidad a José Efraín Ríos Montt, la CC le procuró impunidad a este. Molina Barreto presidía el tribunal constitucional en aquel momento. Con al menos un voto en contra, la corte resolvió, contra derecho y en abierto prevaricato, hacer retroceder el proceso a etapas ya fenecidas, ya precluidas en lenguaje jurídico. Procesalmente, la CC no podía resolver en ese sentido sin que se hubieran agotado las instancias correspondientes.
Sin embargo, Molina Barreto se sacó literalmente de la manga la idea de resolver por esa vía la forma en la cual se garantizaría que Ríos Montt quedara libre de cargos. Técnicamente, la sentencia condenatoria no fue anulada. De hecho, tampoco fue apelada. Así, está vigente, pues ni esta ni el juicio fueron anulados. Es como si se tratara de una cinta de cassette que se adelanta o atrasa según el gusto de quien maniobra el equipo.
Pero los procesos judiciales tienen normas establecidas por medio de las cuales deben realizarse. En el caso de Guatemala, son los códigos Penal y Procesal Penal los que señalan las rutas. Estos se complementan con leyes como la del Organismo Judicial y, por supuesto, con el bloque de constitucionalidad relativo a los tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por Guatemala. Toda esa normativa y los años de jurisprudencia los mandó por un tubo el mamarracho jurídico de Molina Barreto.
Un acto ilegal al cual se encaramó merced al abuso de poder que ejerció como presidente de la CC en ese entonces. Acto que a su vez le permitió quedar bien con el entorno del condenado por genocidio, en especial con la hija de este, Zury Ríos Sosa. Seis años después sería compañero de fórmula de Ríos Sosa como aspirante a la vicepresidencia por el partido que esta dirige. Esos favores también le ayudaron a volver a la CC y asumir la presidencia de esta.
Los mamarrachos de resolución que emanan de la CC de Molina Barreto no son errores o pifias profesionales. Son claras violaciones a la ley llevadas a cabo con total conocimiento.
En el ejercicio de la presidencia de la CC, Molina Barreto ha vuelto a retorcer la ley para pagar favores a quienes lo llevaron de nuevo al máximo tribunal y consolidar la agenda legislativa de regresión democrática. Dio paso a las reformas a la Ley de ONG y trabaja a marchas forzadas por garantizar acciones encaminadas a favorecer a los grandes violadores de derechos humanos.
De la mente retorcida de ese magistrado al servicio de la corrupción y de la impunidad surgió el más reciente (y probablemente no el último) galimatías jurídico con dedicatoria. Pese a que la Constitución es clara en que la solicitud de imposición de un estado de excepción debe ser conocida por el Congreso durante tres días antes de ratificarla, el Ejecutivo emitió uno en agosto sin haber enviado la solicitud a tiempo. Con el período ya transcurrido, quedaba claro que estaba fuera de tiempo y que por ende perdía vigencia. La CC conducida por Molina Barreto resolvió que el Congreso debía reunirse para conocer dicho decreto y discutir su improbación.
Al quedar anulado ese decreto, el Ejecutivo se basó en la crisis de la pandemia, generada por su incapacidad, y emitió otro que sí envió a tiempo. El Congreso se reunió y rechazó dicho decreto, lo cual por ley lo anulaba. Sin embargo, oh, sorpresa, una vez más la CC piloteada por el chapucero Molina Barreto resolvió que el Congreso, si rechazaba el decreto, debía permanecer reunido para conocerlo y aprobarlo o improbarlo. Al texto de la CC que buscaba que el Ejecutivo ganara tiempo poco le faltó decirles a los diputados, uno por uno, cómo debían votar.
Pero no nos engañemos. Los mamarrachos de resolución que emanan de la CC de Molina Barreto no son errores o pifias profesionales. Son claras violaciones a la ley llevadas a cabo con total conocimiento y certeza de que solo buscan darles vida a la impunidad y a la corrupción a fin de extender la mano y recibir el pago que por ellas corresponda.